Por José Luís Rojo, Editorial SoB 439, 14/9/17

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¡Sigamos en las calles!

“Al ser consultado sobre si, como denunció el defensor oficial Fernando Machado, las camionetas de la Gendarmería Nacional que participaron en el operativo del 1ª de agosto pasado, cuando desapareció Maldonado, habían sido lavadas, Otranto afirmó: ‘Quedará a evaluación de cada una de las partes. Yo entiendo que no. Está en claro en todos los peritajes que están llenas de cosas las camionetas” (La Nación, 11/09/17).

El caso Maldonado es el tema excluyente de la actual coyuntura. Como ilustrando la sucesión de momentos políticos distintos que se ha vivido a lo largo del último año, luego de unas PASO dominadas por el macrismo, la desaparición de Santiago Maldonado se instaló en el centro de la vida política nacional colocando al gobierno a la defensiva. El clímax de este momento fue la marcha del viernes 1/09 y el impacto internacional de su desaparición forzada.

Sin embargo, es evidente que en los últimos días Macri logró articular una contraofensiva. Cuando parecía que se veía obligado a dar un giro, el gobierno reafirmaba su orientación encubridora original apoyándose en la supuesta “falta de compatibilidad genética” en las muestras tomadas de los móviles de la Gendarmería el 1º de agosto, evitando –al menos por ahora- la apertura de una crisis política.

El gobierno ha reafirmado así la amalgama y el encubrimiento original llegándose al extremo que Bullrich amenace ahora con “ser muy duros con los que hicieron acusaciones falsas y difamaron”…

Se está así frente a un verdadero pacto de impunidad donde el juez Otranto y la fiscal Ávila son piezas clave junto a la Bullrich, Macri, Pablo Noceti, los jefes de la Gendarmería y los escribas a sueldo de los multimedios, todos en defensa de este gobierno empresarial del ajuste y la represión.

Por esto mismo debe estar claro que para poder lograr la aparición con vida de Santiago, para ganar esta batalla contra su desaparición forzada y el encubrimiento, contra el giro reaccionario que pretende imponer Macri en la situación del país, la tarea principal es seguir en las calles: seguir la campaña por la aparición de Santiago; no quitarle al gobierno el hierro de la presión popular por su aparición con vida.

Un pacto de impunidad

Veamos algunos de los principales elementos del caso.

El primero que salta a la vista es el pacto de impunidad que rodea la desaparición de Santiago; las responsabilidades colectivas del gobierno, la justicia y la Gendarmería alrededor de la misma.

Existe un elemento que estaba presente desde el inicio pero al que no se le prestó la suficiente atención: el rol nefasto –¡casi provocador hay que decir!- que vienen cumpliendo el juez Otranto y la fiscal Ávila. Ninguno de los dos está cumpliendo su función específica. Con Otranto está el problema de que es juez y parte. Otranto ordenó la represión de la Gendarmería a los mapuches el 31 de julio y fue cómplice de la nueva represión del 1º de agosto. Además, tiene en sus manos la causa por la detención de Jones Huala (dirigente mapuche), un verdadero preso político del gobierno nacional y provincial.

¿Cómo un juez comprometido con la represión de la Gendarmería podría impartir justicia de manera independiente?; varios sectores ya han señalado que si tuviera “ética profesional” ya se hubiera apartado de la causa.

Para colmo, existe otra situación irregular: la fiscal Ávila, que se supone debe actuar como parte acusadora (en este caso frente a la responsabilidad del Estado), actúa en tándem con el juez de la causa –el propio Otranto- en vez de cumplir su papel de fiscal.

Si estas autoridades judiciales son las que manejan las causas abiertas –una por habeas corpus, otra por desaparición forzada de persona-, es evidente que lo que hagan o dejen de hacer es clave para la evolución de las mismas; autoridades judiciales cuya parcialidad no resiste la menor prueba.

Otranto no ha logrado acusar a nadie luego de más de 40 días de desaparecido Maldonado… Se trata de un juez que en los primeros 10 a 15 días de ausencia de Santiago no ordenó ningún peritaje, ninguna investigación de los integrantes de la Gendarmería y los móviles utilizados (nada fue precintado, las huellas dactilares y los restos genéticos bien pudieron ser borrados); sólo emitió una orden por “averiguación de paradero” para que se busque a Santiago en hospitales y lugares de tipo similar.

Su parcialidad es tan evidente que no se le caen dos palabras sin que en una se acuse al pueblo mapuche. Sus maniobras distractivas son tales que, por ejemplo, manda a rastrillar el río Chubut (¡a lo largo de sus 810 kilómetros de longitud!), cuando especialistas en la topografía y orografía del sector han declarado que por el tipo de río que es el Chubut un eventual cuerpo o bulto de regular tamaño no podría recorrer más que 200 o 300 metros desde el punto en el que fuera arrojado (ver el testimonio de Pedro Güiraldes, ingeniero civil de orientación hidráulica y conocedor de la provincia; La Nación, 9/09/17).

Este pacto de encubrimiento tiene así un pívot de enorme importancia en las mismas autoridades judiciales que están actuando en la causa y que seguramente reflejan los intereses, el estado de ánimo de los sectores pudientes y blancos de la región en defensa de su propiedad privada contra la población originaria.

Claro que esta verdadera Santa Alianza de la impunidad no podría no estar comandada desde el gobierno nacional. Pablo Noceti, defensor de genocidas de la última dictadura y segundo a cargo del Ministerio de Seguridad, estuvo en el lugar de los hechos dirigiendo la represión pero no se le ha visto un pelo ni escuchado palabra en el último mes.

Y Patricia Bullrich se ha mantenido estos 40 días al frente de un operativo de confusión, amalgama, pistas falsas, enredos y acusaciones de lo más descabelladas y procedimientos para ocultar la verdad.

Si en algún momento se pensó que el gobierno daría un giro, fue una falsa apreciación: por boca de Patricia Bullrich – ¡que ahora pide ser “reivindicada” por su esfuerzo en el “esclarecimiento” del caso!- la política oficial sigue siendo la del primer día: la defensa cerrada de la Gendarmería como fuerza; la negativa a que el Estado y el gobierno hayan tenido alguna responsabilidad en la desaparición de Santiago; el cerrado rechazo a la que es la única hipótesis coherente en el caso (como afirma la familia del propio Maldonado, por otra parte): que a Santiago se lo llevó la Gendarmería durante el operativo represivo del 1º de agosto (Gendarmería que actuó bajo la evidente cobertura política del gobierno nacional).

El mecanismo de la amalgama

El caso no podría estar tan enredado si no se hubiera llevado adelante un plan sistemático para lograr este objetivo; plan sistemático orquestado desde lo más alto del gobierno.

La amalgama es tremenda y tiene que ver con lo siguiente: transformar a las víctimas en victimarios. Nos explicamos: las víctimas de la represión, del amedrentamiento, de la opresión secular son el pueblo mapuche y particularmente en el caso de su desaparición, Santiago.

Pero resulta que no es así: en una lógica descabellada que apela a la despolitización y a los prejuicios más bajos, los mapuches serían “un pueblo antipatriótico”, que quieren “separarse de la Argentina”, representado por grupos “terroristas” que posee “manuales de guerra”, y que se dedican a obstruir la causa: “Cuando no se pasó del otro lado del río no fue por respetar un lugar sagrado, sino que no se podía pasar porque no había posibilidad de imponerse físicamente, había un policía con un perro, nada más. No se pasó porque ellos decidieron que no se pasaba y ellos [los mapuches] eran muchos. No se pudo pasar, no porque era una tierra sagrada, sino porque ellos no lo permitieron” (declaraciones del juez Otranto al diario La Nación, 11/09/17).

Debería quedar claro que el juez no solo es un provocador profesional, sino un enemigo jurado del pueblo mapuche.

Al propio Santiago se lo sindicó en un supuesto “atentado terrorista” contra un puestero de Benetton (cosa que luego quedó descartada); que había sido herido con un cuchillo; que “huyó a Chile”; a Entre Ríos; que una pareja lo levanto haciendo dedo camino al sur; etcétera.

Veamos de qué hablamos cuando hablamos de amalgama: se trata de la mezcla de datos e informaciones sin ton ni son, falsas, que no buscan la verdad sino impactar en un público desinformado, apelar a sus prejuicios y colocar acusaciones descabelladas que nada tienen que ver con la verdad.

El método de la amalgama política es connatural a los regímenes más reaccionarios, a los gobiernos totalitarios, a las dictaduras, a los sistemas de provocación y delación de las fuerzas represivas; es con la amalgama y los prejuicios con los que Lanata, Leuco, Morales Solá y otros escribas a sueldo buscan darles “argumentos” a la base social macrista; darles fundamentos a este operativo para intentar llevar hacia la derecha la situación política nacional.

Macri se muestra “indignado” cuando se lo asocia a la dictadura militar; pero el arsenal de acusaciones y amalgamas, de acusaciones falsas y reaccionarias que destila el gobierno desde el 1/08 están sacadas, precisamente, de las peores prácticas de este tipo de gobiernos: una campaña de desinformación, que busca confundir, que no se llegue a la verdad, que Santiago nunca aparezca (¡profecía auto cumplida que pregona cotidianamente Morales Solá en las páginas de la Nación!).

Como ejemplo histórico de una enorme amalgama podemos recordar el caso Dreyfus casi un siglo y medio atrás en Francia. Se trató de un capitán judío con un alto cargo en el Estado Mayor del ejército francés al que por cuestiones de política se le acusó falsamente de conspirar con los militares alemanes contra Francia; un cargo de alta traición.

Francia se polarizó por mitades; su mitad más reaccionaria, restauracionista de la monarquía, católica, estuvo contra Dreyfus. Los sectores más progresistas incluso de la burguesía, la izquierda socialista, los sectores populares, salieron a defenderlo.

Se propagaron las más grandes amalgamas que se puedan recordar; se hizo una campaña de mentiras, se apeló al atraso político y a los más bajos instintos y se condenó a Dreyfus. Sin embargo el hecho creó tal conmoción (en Francia e internacionalmente) que años después Dreyfus fue absuelto y recuperó su rango militar.

Salvando las inmensas diferencias históricas y de todo tipo, el caso sirve de todos modos de ejemplo de cómo funciona la amalgama, lo más apartado a la verdad de lo que pueda haber; en ese sentido algo parecido al caso de Santiago.

¿Quién cuestiona el régimen del ’83?

Es evidente que el gobierno quiere hacer pasar la desaparición de Santiago para forzar un giro a la derecha en la situación del país. Durante algunas semanas otra de las campañas montadas fue la de la “violencia” que supuestamente se ejercería desde la oposición al gobierno…

Parte de esto mismo fue el argumento de Morales Solá de que estos “violentos” estarían “rompiendo el pacto de 1983” (en el sentido de que los asuntos políticos de la sociedad se deben sustanciar de manera “pacifica”).

Aquí hay varias cosas que señalar. La primera es que la democracia de los ricos conquistada en la caída de la dictadura militar tiene dos caras. Por un lado, implica importantes conquistas democráticas; unas relaciones de fuerzas que, por ejemplo, contienen como un elemento fundamental que hasta el día de hoy las FF.AA. genocidas no hayan podido recuperar credibilidad; que tengan inmensas dificultades para intervenir en los asuntos internos del país; que sigan debilitadas por su responsabilidad en el genocidio de los años ‘70.

La otra cara es que la democracia de los ricos no deja de ser un régimen de dominación de los de arriba; una de las formas políticas de la explotación capitalista: de ahí que todos los gobiernos “democráticos” desde 1983 (desde Alfonsín hasta Macri pasando por los K), bajo formas y estilos distintos, con matices entre ellos, hayan defendido los mismos intereses de fondo: los de los capitalistas (y regularmente también del imperialismo).

Ahora bien: la democracia de los ricos puede ser cuestionada desde la izquierda o la derecha. La democracia patronal se ve cuestionada por la izquierda cuando surgen formas de democracia directa de los de abajo; cuando es en las calles y en las luchas populares donde se marca la agenda política; cuando, en definitiva, se va a una forma superior de democracia política: la democracia de los explotados y oprimidos.

Pero eso no quita otra cosa: que desde la izquierda y los trabajadores defendemos las conquistas democráticas cuando son atacadas desde la derecha (como es el caso ahora de la desaparición de Santiago); incluso defendemos conquistas parciales y limitadas como el voto universal –¡qué, atención, también es un mecanismo de engaño y trampa de la voluntad popular!- cuando es cuestionado desde la derecha (por ejemplo planteándose eliminar las elecciones de medio término como han declarado Macri y Michetti).

Eso es lo que está ocurriendo hoy con la desaparición forzada de Santiago: si el régimen del ’83 tiene una conquista es que la sociedad explotada y oprimida no deja pasar casos de impunidad; no deja pasar desaparición políticas como las de López y Maldonado sin que se arme un escándalo mayúsculo, un proceso de movilización, un enorme costo político para las autoridades (sean Cristina o Macri).

Es que el método de la desaparición forzada de personas es propio de las dictaduras militares, de los genocidas: una circunstancia inaceptable dadas las correlaciones de fuerzas y los aspectos democráticos radicales que contiene una democracia de los ricos como la del ’83.

Morales Solá puso el dedo en la llaga pero construyendo una amalgama desde la derecha: ¡son Macri y Bullrich, los empresarios y el imperialismo, Leuco, Lanata y él mismo los que están detrás de socavar las libertades democráticas que posee el régimen del ’83! Y están detrás de esto porque las conquistas y la sensibilidad democrática que posee una parte importante de la sociedad opera como un obstáculo mayúsculo a sus planes: relaciones de fuerzas que trazan un límite y dificultan hacer de la Argentina un país “normal” a gusto de los de arriba.

Por Santiago y por López, sigamos en las calles

En definitiva: hay que seguir en las calles si no se quiere que se imponga la impunidad, si se pretende que Santiago aparezca con vida, si se busca ponerle un límite real al giro a la derecha que quiere operar el gobierno; un límite frente al cual una estrategia puramente electoral como la que impulsa Cristina Kirchner no alcanza, es falsa: ¡se trata de una raya, un límite que hay que trazar en las calles, en la lucha!

El próximo lunes hay que marchar en La Plata, CABA y el resto del país por Jorge Julio López; hay que subrayar la responsabilidad del kirchnerismo en su desaparición, en el hecho escandaloso que hasta el día de hoy, luego de 11 años de su desaparición, no haya noticias de su paradero.

Pero al mismo tiempo es urgente que ponerle fecha a una nueva movilización nacional por Santiago; una nueva movilización para que no se siente el precedente de un segundo desaparecido en democracia de los ricos.

Por Santiago y por López, sigamos en las calles.

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