La jornada del martes 12 de septiembre ha estado marcada por una gran cantidad de movilizaciones públicas que reunieron cerca de 400.000 manifestantes en más de 150 ciudades francesas. La convocatoria fue llamada por la CGT de Philippe Martinez, con el apoyo de numerosos sectores, ante el creciente descontento de amplias franjas de trabajadores con respecto a los planes del nuevo presidente. Esto se debe a que el gobierno recientemente electo ha marcado el tono de lo que se viene con un discurso duro: “yo seré de una determinación absoluta, no cederé nada ni a los vagos, ni a los cínicos, ni a los extremos.”

De esta manera, Macron anticipa la seriedad del ataque que empieza a descargar sobre todos los trabajadores, que incluye la aprobación por ordenanzas (decretos) de la reforma del Código de Trabajo, la baja de las ayudas económicas para la vivienda (APL), el aumento de las contribuciones sociales generales (CSG), el congelamiento de los salarios y el despido de miles de funcionarios públicos, una oleada de privatizaciones múltiples, la supresión de 150.000 empleos subsidiados, el aumento de la edad jubilatoria, la estatización de las aseguradoras del desempleo y la supresión de tres cuartos del impuesto sobre la fortuna.

Un plan global en el que el gobierno está totalmente convencido de pasar a la ofensiva, al tiempo que refuerza su arsenal represivo, intentando convertir las disposiciones del “estado de emergencia”, impuesto por Hollande bajo la supuesta intención de luchar contra el terrorismo, en la legislación común dentro de la Constitución. Un hecho gravísimo, que sin dudas estará al servicio de reforzar la presencia militar que se encuentra presente cotidianamente en las calles de Francia, para controlar, reprimir y perseguir las protestas sociales que se vienen, a los habitantes de los barrios populares y a las poblaciones inmigrantes.

Es que el plan de Macron es avanzar sobre todo aquello que su predecesor no logró realizar debido a la fuerte resistencia nacida de la lucha contra la ley El Khomri. Por eso, en Francia se habla de una ley laboral XXL, que tiene como objetivo terminar la tarea que los “socialistas” en el poder no pudieron completar. Las exigencias de la patronal no tienen límites y se encuentran en el camino de retornar a los principios del siglo XX, en materia de derechos laborales, disminuyendo drásticamente, por ejemplo, la cantidad de indemnizaciones correspondientes por despido injustificado.

Por estos motivos, la jornada del 12 de septiembre ha marcado el puntapié de inicio de una resistencia que empieza a expresar sus reservas de lucha, basadas en lo que fue la experiencia del año anterior contra el gobierno precedente. Una resistencia que debe construirse no gracias a las direcciones sindicales, sino a pesar de ellas. Una de las principales lecciones de la lucha contra la ley El Khomri es el desenmascaramiento del rol traidor que la burocracia sindical juega al momento de las luchas y movilizaciones de este estilo. La burocracia sindical tiene un papel de mediación y es por eso que administra la bronca entre sectores de trabajadores, posando como combativa, pero traicionando ante la primera oportunidad. Evidencia de esto son las reiteradas reuniones que los líderes de las centrales sindicales como la CGT, FO y otras, han tenido con el presidente y su primer ministro, porque ellos apuestan al diálogo, un diálogo que no puede traer nada bueno para los trabajadores.

Muestra de este factor de mediación en la administración de la bronca para que se vaya diluyendo mientras las reformas laborales se aprueban, son los llamados sectorizados que tienen como expresa intencionalidad la división y disgregación de todo plan de lucha unificado. Por eso, hoy en día abundan las convocatorias: la CGT movilizará el 21 de septiembre, la Francia Insumisa de Mélenchon, el 23, las federaciones FO y CGT del transporte llaman a huelga a partir del 25 de septiembre, los funcionarios públicos se manifiestan el 26 contra los despidos, el 28 contra el alza de las CSG y contra el congelamiento salarial el 10 de octubre, mientras que los obreros metalúrgicos se manifestarán el 13 de octubre por la defensa de su convenio colectivo.

Si bien es absolutamente necesario y progresivo que todos estos sectores se mantengan en las calles y movilizados, es necesario construir un frente único de movilizaciones que golpee con un solo puño, porque el responsable político de todos los ataques es el gobierno de Macron y es a él a quien hay que detener con su plan regresivo para los trabajadores. Hay que ampliar y unificar las movilizaciones superando la pasividad y división que se quiere imponer desde las direcciones sindicales y desde los políticos reformistas como Mélenchon, quienes no tienen ninguna intención de enfrentar realmente y hasta el final al gobierno. Para derrotar la ofensiva reaccionaria y anti-obrera hay que superar a las direcciones sindicales y reformistas, yendo más allá, para unificar las movilizaciones, con el objetivo de apuntar claramente al responsable político, para derrotar a Macron y su política de regresión social.