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Por Deby Calderón Vega

El Estado burgués y colonialista costarricense se niega a resolver la problemática de ocupación de tierras indígenas en manos de no-indígenas. Existen una serie de leyes y convenios internacionales que reconocen los derechos de los pueblos originarios, como los 24 territorios claramente delimitados que deberían ser inalienables, no transferibles y exclusivos para los pueblos indígenas. Incluso, desde 1977 con la aprobación de la Ley Indígena, se estableció que toda persona no indígena dentro de los territorios debía ser reubicada, expropiada o indemnizada, responsabilidad que le compete al Estado y, que después de 40 años no avanza.

Los pueblos originarios se cansaron de esperar y en los últimos años tomaron la justicia en sus manos,  construyendo un movimiento de recuperaciones de tierras, el cual implica que las comunidades toman los territorios, los defienden contra los usurpadores y se establecen con sus familias. De esta manera vuelven a trabajar la tierra bajo sus formas tradicionales, acorde a sus cosmovisiones y sus históricas formas de relacionarse con la tierra y con el ambiente natural.

Esta lucha tiene un contenido ecologista, aunque no necesariamente explícito. Tampoco se puede agotar en este aspecto porque contiene una importante carga simbólica, ancestral, cultural y de empoderamiento de los pueblos. El capitalismo provocó una ruptura en el metabolismo socio-natural con la apropiación privada de la tierra y los bienes naturales; de hecho el desarrollo del capital está ligado a la colonización de América que facilitó la acumulación de riquezas, materias primas y nuevos mercados para la expansión del capital.

La colonización continúa. Esto es evidente en las actividades económicas que desarrollan ilegalmente dentro de los territorios los no-indígenas, como la ganadería, el cultivo de piña o la tala de árboles maderables. El Estado contribuye con esto al no realizar los desalojos y no brindar seguridad a los pueblos. La fuerza policial y la institucionalidad judicial colonialista son otros ejemplos: hay casos donde jueces y policías tienen vínculos familiares con terratenientes, lo que encauza sus acciones en defensa de sus intereses. La impunidad garantizada por la institucionalidad estatal en el caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz hace más de 4 meses no deja lugar a dudas.

La lucha por recuperaciones de tierras busca establecer una relación entre seres humanos y naturaleza de respeto, de extraer lo necesario para sobrevivir, de protección de las fuentes de agua, bosque y vida. Volver a establecer un metabolismo entre seres humanos y naturaleza, de intercambios de materia y energía donde se priorizan la sustentabilidad y no el lucro privado como en el capitalismo. Estar en contra de la dinámica destructiva del capitalismo es buscar otras formas de relacionarnos con nuestro ambiente natural, y los pueblos indígenas tienen importantes experiencias y conocimientos que compartir en la tarea de construir un mundo sobre otras bases.

Desde el Nuevo Partido Socialista (NPS) nos solidarizamos con la lucha de los pueblos indígenas por la recuperación de sus territorios históricos, así como seguimos exigiendo justicia y castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Sergio Rojas.