Por Rafael Salinas, SoB n° 393, 18/8/16

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El “proceso de paz” en su laberinto

“¿Cómo saldré yo de este laberinto?”
(Simón Bolívar agonizando,
diciembre 1830, Santa Marta, Colombia)

El gobierno de Colombia, por un lado, y la dirigencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), por el otro, deben estar haciéndose la misma (y famosa pregunta) del Libertador en sus últimos momentos. Es que el llamado “proceso de paz” que parecía casi finiquitado, se ha complicado inesperadamente en su último tramo… y por el lado menos pensado.

La gran sorpresa es el motivo. Es que no se trata de diferencias de fondo, insalvables, entre dos partes que aún están negociando detalles.

Recordemos que el 23 de septiembre del año pasado, en La Habana, bajo la bendición de Raúl Castro, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el representante de las FARC firmaron un acuerdo global, pero que dejaba muchos puntos pendientes a resolver en el 2016.[1]

Sin embargo, después de largos forcejeos y amenazas de ruptura, han ido llegando a coincidencias en casi todos esos temas. Y el 23 de junio último, también La Habana, se suscribió el “Acuerdo de cese del fuego bilateral y definitivo”.

Fue una ceremonia de resonancia internacional, donde participaron el presidente Santos, el representante de la FARC “Timochenko”, Raúl Castro, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, Michelle Bachelet, Nicolás Maduro, el presidente de México, representantes de EUUU, de varios gobiernos europeos y hasta de la misma UE, etc., etc. Sólo faltaba el Papa para hacer cartón lleno.

Aunque este “Acuerdo de cese del fuego” tampoco es el documento final, faltan sólo detalles que se completarían –supuestamente– en pocas semanas. Sin embargo, si bien habría unanimidad internacional en poner fin a este conflicto, la cosa en Colombia se estaría complicando.

Fatídico plebiscito

Dando todo por hecho, el gobierno de Santos dispuso realizar un plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las FARC. Uno sus propósitos es el de enfrentar la ofensiva de la oposición de extrema derecha, encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe, promotor de los paramilitares durante sus mandatos del 2002 al 2010. Este personaje, que inició su carrera ligado al Cartel de Medellín [2], se opone a la cesación de esta guerra de medio siglo.

El presidente Santos –y todo el mundo – daba por sentado que la mayoría de los electores votaría a favor del acuerdo de paz. Muchos también pensaban lo mismo en el bando de Uribe, donde se discutía inicialmente la alternativa de una campaña de rechazo al plebiscito como tal, para no quedar como perdedores auspiciando directamente el NO.

La gran sorpresa, para unos y otros, fueron las últimas encuestas, luego de oficializarse la convocatoria al plebiscito. Algunas dan un triunfo muy ajustado del SI, pero otras pronostican un NO rotundo al acuerdo de paz.

Esto marca un retroceso cualitativo del SÍ en relación a sondeos anteriores. “En junio sólo el 39 por ciento señalaba que votaría NO. Ahora, cuando la convocatoria al plebiscito es una realidad, la cifra de los opositores asciende al 50 por ciento. En cuanto al número de personas que respaldan el SÍ, en las últimas seis semanas esta cifra bajó del 56 al 39 por ciento, es decir, 17 puntos. El número de indecisos se duplicó, al pasar del 5 al 11 por ciento.”[3]

En la izquierda latinoamericana comienza a haber asombro ante estas cifras. Se daba por descontado que “el pueblo colombiano votará SÍ a la paz”, etc., etc.

Sin embargo, las cosas no son tan simples. En primer lugar, “el pueblo colombiano” ha sido tradicionalmente condicionado para que no vote, y para que se mantenga al margen de la política. Las elecciones más concurridas apenas superan un 50% de los inscriptos… y un porcentaje apreciable lo hace llevado por aparatos clientelistas. “Colombia es todavía un país clientelista donde el voto de opinión es minoritario”, alerta la revista Semana (23/07/2016) de Bogotá. Y en una votación donde no se juegan candidaturas, la concurrencia popular tiende a ser aún más baja, como ha sucedido en plebiscitos de gran importancia política, como el de la Constituyente en 1990. [4]

Por eso, curándose en salud, la Corte Constitucional y el Congreso que convocaron el plebiscito, dispusieron que será válido… ¡con sólo la concurrencia del 13% de electores! O sea, se prevé que la inmensa mayoría de los electores no irá a votar. Y, como suele suceder en estos casos, en las urnas estarán sobre-representadas la burguesía, la clase media alta y las opiniones más a la derecha.

A esto se suman otros factores no menos importantes… y negativos para el gobierno y el voto por el SÍ. El fundamental, es que existe un profundo y creciente descontento en las masas populares con el gobierno Santos. Según los últimos sondeos, en este segundo mandato un 76% está en contra del gobierno. El descontento se debe ante todo a la situación económico-social, más que al tema de la paz con las FARC. Pero el plebiscito sería la oportunidad de darle a Santos el garrotazo de un “voto castigo”.

Colombia, aunque ha logrado capear la crisis mejor que Estados latinoamericanos como Venezuela o Brasil, sigue siendo un país de desigualdades brutales. Su “crecimiento” –nada espectacular (un 3% en 2015) – se debe al impulso del “extractivismo” minero, al agribussines que implica reventar aún más al campesinado, etc. Nada de esto ha beneficiado a las masas trabajadoras y populares de la ciudad o el campo.

Finalmente, también pesa otro factor fundamental que favorece el voto NO y que da combustible a personajes de extrema derecha como Uribe. Y de esto, en buena medida, son responsables las propias FARC. Nunca tuvieron una política dirigida a ganar a las masas trabajadoras y populares de las ciudades. Por el contrario, mucho de lo que hicieron las afectaban o, por lo menos, daban “combustible” al discurso y las acciones de personajes como Uribe.

Originariamente, las FARC expresaron una legítima defensa de sectores del campesinado –que era la mayoría de la población colombiana– ante las brutales injusticias y crímenes respaldados por los gobiernos de Bogotá. Pero desde entonces, Colombia se fue urbanizando. Hoy el 75% vive en las ciudades.

La preocupación fundamental de las FARC –como en general, la de los “partidos-ejército” guerrilleros– nunca ha sido la clase trabajadora de las ciudades ni en general las masas populares urbanas. Las FARC llevaron al extremo este déficit de clase en su política.

Como señalábamos hace tiempo, “las FARC realizan acciones y atentados que dañan a las masas urbanas, aun a las más pobres. En los últimos tres años, derribaron más de mil torres de alta tensión, dejando sin luz durante semanas a ciudades y poblaciones; sabotean acueductos y la población queda sin agua; destruyen puentes; dinamitan oleoductos produciendo catástrofes ecológicas; ponen coches-bombas en las ciudades, etc. La política de secuestros no es menos contraproducente: la mayoría afecta a sectores de clase media, que no puede pagar guardias ni custodios como los grandes millonarios. Nada de esto atrae hacia las FARC las simpatías de los afectados. Por el contrario, los empuja al apoyo de fascistas como Álvaro Uribe”. (“Un debate necesario: la política de la guerrilla colombiana”, Socialismo o Barbarie, 28/02/2002)

Hoy Uribe, aunque ya no es presidente, se sigue beneficiando de eso. En verdad, la mayoría de la población no desea seguir con la guerra, aunque detrás de Uribe están los sectores burgueses y del aparato del Estado para los que la guerra representa un buen negocio que no quieren perder. Pero el ex-presidente no se presenta como belicista sino como un gestor de la paz. Su lema es: “Decir NO al plebiscito es decir SÍ a la paz”.

La fundamentación de este trabalenguas es que acuerda con la paz, pero que para lograr una paz auténtica, no debe haber impunidad para las FARC. Además de los correspondientes castigos, postula la proscripción de sus dirigentes de la actividad política.

Claro que Uribe, al mismo tiempo, postula la impunidad para los crímenes de la represión, que superan abrumadoramente a los que podrían achacarse a la guerrilla.

Así Colombia, que hasta hace poco se exhibía como uno de los países menos problemáticos de América Latina, podría entrar en un huracán político.

Notas:

1.- Rafael Salinas, “Acuerdo en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC”, SoB, 01/10/2015 (http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=6315) y Ana Vázquez, “Colombia – Investigación y castigo cero a los genocidas”, SoB, 29/10/2015 (http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=6711).

2.- Documentos de agencias del gobierno de EEUU, publicados en 2004 por la revista Newsweek, ubicaban a Uribe, a los inicios de su carrera profesional, en el puesto 82 entre 106 colaboradores del Cartel de Medellín.

3.- Horacio Duque, “¿Fracasará el SÍ en el plebiscito de la paz?”, ALAI, 09/08/2016.

4.- Con una población de más 40 millones, sólo votaron 3,7 millones.

Contra el plebiscito, por una Asamblea Constituyente realmente democrática

Al anunciarse los citados acuerdos de La Habana, el 23 de septiembre del año pasado, los sintetizamos diciendo que eran “una paz sin trasformaciones sociales radicales ni castigo a los genocidas”.

Se habla vagamente de una “Reforma Rural Integral” cuando en lo concreto todo se orienta al “agribussines”… y hoy las tres cuartas partes de la población no vive ya en el campo.

Asimismo, los crímenes de guerra, achacables en su abrumadora mayoría a las fuerzas del Estado y a los paramilitares que auspiciaba, quedarían impunes. Para eso, los acuerdos disponen un sistema similar al utilizado en Sudáfrica en beneficio de los represores racistas blancos después de la abolición del apartheid. Los torturadores y genocidas confesaban sus crímenes, se mostraban “arrepentidos”… y se volvían a su casa.

Pero en Colombia, sería peor aún. Se establecería una justicia ad hoc, bautizada como “Jurisdicción Especial para la Paz”. Tendría “competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos…”

Esto pone un inaceptable signo igual entre una guerrilla que, más allá de sus desastres políticos, nació como una legítima rebelión de las masas campesinas, y sus criminales represores… ¡Los dirigentes de las FARC han aceptado la “teoría de los dos demonios”!

Pero no sólo eso. La perspectiva de los dirigentes de las FARC es seguir el camino de los ex-guerrilleros que se convirtieron en administradores del Estado patronal en Nicaragua, El Salvador, Brasil, Uruguay, etc. A eso aspiran abiertamente.

En esta situación, hay que rechazar la trampa antidemocrática del SÍ o el NO. Es necesario luchar por una salida realmente democrática, como sería la de una Asamblea Constituyente, que fuese producto de una gran movilización de los trabajadores y el pueblo de Colombia.