A principios de la semana pasada, el apartamiento de Renan Calheiros (PMDB-AL) de la presidencia del Senado desencadenó una crisis política e institucional que se resolvió de forma favorable a Calheiros y el gobierno, pero las nuevas denuncias de corrupción que involucran el financiamiento ilegal de la campaña y los favores a empresas contratistas ponen en tela de juicio, una vez más, no sólo el avance de la agenda reaccionaria, sino también la propia sustentación del gobierno de Temer.

El lunes 5 de diciembre, Renan Calheiros (PMDB) fue destituido por una medida cautelar del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello. Esta medida cautelar tiene su antecedente en la anterior decisión del Tribunal Supremo, que apartó a Eduardo Cunha de la presidencia de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, la posición de Mello fue que Calheiros, al igual que Cunha, debe ser destituido porque el 1º de diciembre de este año fue acusado en un caso de malversación de fondos [1].

En medio de la decisión judicial para removerlo, el martes 6 de diciembre Calheiros escapó “como el diablo huye de la cruz” de un oficial de justicia para no ser notificado oficialmente. Además decidió, en colaboración con la Mesa Directiva del Senado, no acatar la orden judicial, argumentando que una decisión unilateral no podía apartar al presidente de otro poder, y esperaría la decisión del pleno de la STF.

Para hacer esta historia aún más intrigante, el vicepresidente del Senado, Jorge Viana (PT-AC), y la dirección del PT fueron decisivos en la construcción del acuerdo entre los “tres poderes” para mantener a Calheiros en la presidencia del Senado. Viana llegó a declarar que si se mantenía la decisión de destitución, estaba dispuesto a renunciar a la presidencia del Senado, lo que haría que la presidencia cayera en manos de Romero Juca, uno de los principales organizadores del gobierno de Temer y de las contrarreformas.[2]

Luego de un acuerdo que involucra a la presidencia del STF, al gobierno de Temer, al PMDB y al PT, el pleno del Tribunal Supremo, el miércoles 6 de diciembre, votó 6 contra 3 por la caída de la medida cautelar, reponiendo a Calheiros en la presidencia del Senado, pero de forma que esté imposibilitado de asumir la Presidencia de la Nación en caso de vacancia temporal o definitiva de ese cargo, pues su condición de acusado lo impediría.

Este episodio pone de manifiesto una vez más que no hay independencia del Poder Judicial en relación al gobierno de Temer y la oligarquía política del Poder Legislativo, como nos quieren hacer creer. Hay innumerables ejemplos de que el Poder Judicial está al servicio no sólo de la dominación burguesa en “sentido amplio” sino también de sus políticas reaccionarias inmediatas, como la PEC 55. El Tribunal Supremo no quiere abrir la posibilidad de hacer fracasar el voto en la segunda ronda del PEC este año. Para intentar poner fin a esta crisis, restablecer las relaciones armoniosas entre los poderes y devolver el favor al Poder Judicial, el primer gesto de Calheiros al volver al cargo fue retirar de la agenda de votación un proyecto de ley sobre el abuso de autoridad que tenía como meta inmediata contener las investigaciones de la Operación Lava Jato.

Las contradicciones se acumulan y pueden dar vuelta el juego

Esta crisis político-institucional sirve para hacer una nueva calibración entre los poderes del Estado para que siga funcionando la ofensiva reaccionaria en marcha. Por lo tanto salieron circunstancialmente fortalecidos de la crisis Temer, Calheiros, la oligarquía política y todas las demás fuerzas que hoy son fundamentales para garantizar el voto de la PEC 55, medida táctica fundamental para hacer pasar las contrarreformas que se esperan para el próximo año.

Pero esta demostración grotesca de que las principales instituciones del Estado están al servicio de un ataque directo a las condiciones básicas de vida de los trabajadores, profundiza la crisis. La crisis política ya se venia manifestando en la bajísima popularidad del gobierno, el crecimiento de la abstención electoral en los grandes centros urbanos, la crisis de la representación de los partidos tradicionales y la polarización política y social que gana las calles y se manifiesta en la radicalización de los discursos y las acciones.

Hay una tendencia a que la votación de la PEC 55 en la segunda ronda en el Senado sea aprobada, ya que la relación de fuerzas todavía está marcada por la unidad burguesa en torno a esta medida, la traición de los aparatos sindicales y políticos, la movilización aún parcial de los trabajadores y la juventud y la fragmentación de la izquierda socialista. Sin embargo, las contradicciones se acumulan y pueden llevar a que este equilibrio de fuerzas se modifique en el próximo periodo.

Como elementos contradictorios a la tendencia al avance de la agenda reaccionaria tenemos la profundización de la depresión económica, que posee un nivel de desempleo con potencial político explosivo; la crisis financiera de los Estados, que puede dar lugar a duros enfrentamientos entre los gobiernos y los funcionarios (el caso actual del Estado de Río de Janeiro es un ejemplo), y los destellos en la conciencia de las masas de que las contrarreformas provocarán retrocesos históricos en sus condiciones de vida empiezan a movilizar a la clase obrera [3].

Más allá del crecimiento gradual de estos elementos de resistencia, estas últimas semanas hubo nuevas denuncias de corrupción que afectan directamente a Temer y todos los aliados. En tan sólo una de más de 70 nuevas denuncias acerca del esquema Odebrecht (empresa constructora más grande del país), Temer aparece directamente pidiendo una contribución financiera ilegal por valor de 10 millones de dólares al propietario de dicho contratista. Este nuevo hecho hace que se abra una nueva coyuntura política, en la que no sólo están en cuestión las contrarreformas, sino también el propio gobierno.

En verdad, ya estamos en otra coyuntura política, pues la estrategia de la clase dominante es aprobar en lo inmediato la PEC 55 en el Senado para asegurar el avance de la agenda reaccionaria. Ya se instaló la idea de que Temer perdió totalmente su apoyo político y necesita ser reemplazado. De hecho, comienzan las especulaciones en torno a nombres de confianza de la burguesía que puedan asumir el gobierno a partir del próximo año en una votación indirecta en el Congreso.[4]

Se necesita una política independiente contra la corrupción

A pesar de que no sea el tema central de esta nota, es importante dejar constancia de un posicionamiento sobre el tema de la corrupción, ya que se ha convertido en un problema cada vez más importante para la lucha de clases y, en consecuencia, para la política de la izquierda socialista.

Desde el comienzo del año pasado, esta cuestión se planteó en las manifestaciones de la derecha por el impeachment a Dilma. La clase dominante ha sabido, a través de los movimientos de la derecha, aprovecharse de la indignación popular contra la corrupción endémica para movilizar a la clase media y sectores del proletariado convencidos de que la solución a sus problemas se reduce a la lucha contra la corrupción.

Que la clase dominante haga política para disputar una parte de la clase media y el proletariado no es nada nuevo. Es parte sustancial de la política burguesa transformar sus intereses particulares en intereses universales. La cuestión aquí es cómo la izquierda debe disputar con la derecha este tema, atrayendo a los trabajadores y jóvenes a la luchar contra la agenda reaccionaria que está pasando en el Congreso y por una salida política de los trabajadores a la situación.

El debate en la izquierda acerca de cómo disputar con la derecha el tema de la corrupción demuestra que, por su impresionismo y falta de referencia clasista, un sector de la izquierda socialista ha desarrollado una variante oportunista para hacer frente a este problema.

Como la nueva derecha (MBL y Vem Pra Rua) puso como eje la revocación de Calheiros, surgió durante la semana pasada en el interior de la izquierda una discusión sobre la posibilidad de llevar a cabo actividades conjuntas. Esta, por ejemplo, fue la posición de la dirección del PSTU [5], que en una nota lamentó que las direcciones de estos movimientos no aceptaran la propuesta de realizar una movilización conjunta contra la corrupción el 4 de diciembre.

Una posición similar tiene el MES [6]. Esta corriente parte de una apreciación correcta de la necesidad de disputar las masas que están en las calles contra la corrupción para fortalecer la lucha contra el gobierno, pero sin dejar claro que esto se hace manteniendo las fronteras políticas y organizativas de la independencia de clase. Así, terminaron orientando a su militancia a ser parte de los actos reaccionarios del 4 de diciembre.

Está claro que la operación Lava Jato refleja fisuras entre el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, lo que no significa que para mantener la gobernabilidad, la maniobra palaciega reaccionaria y avanzar en la ofensiva contra los trabajadores no actúen de forma coordinada; fue justamente eso lo que ocurrió durante el proceso del impeachment. Por supuesto que esto no impide que se sigan produciendo hechos que exponen el carácter profundamente corrupto del Estado burgués, lo que agrava aún más la crisis política. Esto no quiere decir que no tengamos que mantener la más absoluta independencia política respecto de esa operación de la Justicia Federal. Nuestra agenda en relación con la lucha contra la corrupción tiene que tener un carácter completamente diferente del que presentan los fiscales federales, pues estos presentan, en medio de su paquete de “lucha contra la corrupción”, medidas totalmente reaccionarias, como es el caso de la extinción de hábeas corpus, por ejemplo.

No debemos depositar ninguna ilusión en la Justicia Federal; nuestro programa anticorrupción tiene que partir de identificar que la corrupción es inherente al sistema capitalista y debe combatirse con la expropiación de los bienes de los empresarios y políticos burgueses involucrados. Y no detenerse allí, sino responder a la creciente demanda de democracia mediante la exigencia de convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana y democrática impuesta por la movilización de los trabajadores y la juventud.

A partir de una orientación programática independiente podemos guiar la lucha contra la corrupción, pero de manera independiente en el programa, la organización y la dirección. El acto en contra de la corrupción del 4 de diciembre fue dirigido por la burguesía que apoya la agenda reaccionaria de Temer y defiende medidas antidemocráticas. Por lo que la izquierda necesita construir una agenda de lucha contra la corrupción dentro de su campo para atraer a los trabajadores y parte de la clase media sin mezclarse ni política ni organizativamente con la burguesía.

La necesidad de un Frente de Izquierda Socialista

La posición de Viana (PT) y la dirección de ese partido en el episodio de la medida cautelar que apartó a Calheiros de la presidencia del Senado deja claro que tiene un firme compromiso con la gobernabilidad burguesa, incluso si está al servicio de ataques históricos contra la clase obrera, como en el caso de PEC 55, el Bienestar de la contrarreforma, la contrarreforma laboral y otros.

Renunciar a aprovechar la crisis político-institucional del comienzo de la semana pasada para poner en cuestión la agenda reaccionaria que se está procesando en el Senado se transforma en un crimen político, una traición abierta a los sectores de la clase trabajadora y sectores de izquierda que  todavía depositan expectativas en el PT. Los sectores que creían que después del impeachment ese partido podría cumplir algún papel progresivo en la lucha de clases, tienen en la posición de Viana y la dirección del PT un balde de agua fría y ningún motivo para permanecer en sus filas.

Así que estamos frente a una situación que combina enormes desafíos y oportunidades para la izquierda socialista. El desafío se refiere a la necesidad imperiosa de crear un Frente de Izquierda Socialista independiente que pueda dar un combate contra la burocracia del PT y organizar la resistencia contra los ajustes reaccionarios de Temer [7]. Desafío que plantea la posibilidad de que ese frente dispute franjas masivas de los trabajadores y la juventud, posibilitando que la izquierda socialista se construya como un factor político concreto en la lucha de clases en los próximos años.

Contra la PEC 55, por “Fora Temer” y por elecciones generales ya

Los desafíos del próximo periodo son enormes, comenzando por la resistencia contra la votación en la segunda ronda del PEC 55. En este sentido, es criminal que ninguna de las principales centrales, empezando por la CUT, esté llamando a actos centralizados contra esta votación.

También es escandaloso que el CSP-Conlutas, dirigido por el PSTU y otros sectores de la izquierda, no haya hecho o llamado a un acto unificado con el Frente Povo Sem Miedo (FPSM) contra el PEC 55 para el día de su votación en la segunda ronda en el Senado. Esto en un nueva coyuntura política en la que el gobierno de Temer pende de un hilo y que los jóvenes y los trabajadores han dado ejemplos en todo el país de lo que es posible y quieren resistir. [8]

Teniendo en cuenta esta disposición a luchar y las nuevas acusaciones de corrupción que ponen en cuestión directamente al gobierno, es posible pelear contra la votación de la PEC 55 y reavivar la movilización por “Fora Temer”. Movilización que no puede restringirse a una salida por la negativa, pues la burguesía tratará de resolverla a través de la elección indirecta en el Congreso de una figura bonapartista para seguir imponiendo las contrarreformas.

Es necesario que, además de presentar la propuesta de “elecciones generales ya”, el conjunto de la izquierda pase a defender una política de los trabajadores para una crisis estructural que se profundiza cada vez más. En este sentido, no podemos restringirnos a una salida puntual, necesitamos una solución política más integral. Por eso defendemos la construcción de la movilización desde abajo por una Asamblea Constituyente democrática y soberana para resolver todos los problemas democráticos pendientes y refundar el país a partir de los intereses de los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, los negros y todos los oprimidos.

¡Fuera Temer! ¡No a la PEC 55! ¡No a la contrarreforma previsional! ¡Prisión y expropiación de todos los corruptos! ¡Elecciones generales ya y Asamblea Constituyente democrática impuesta con la lucha!

[1] Calheiros fue acusado por la STF de peculado (los gastos de un hijo extramatrimonial fueron pagados por las contratistas). Vale la pena decir que ese es apenas uno de los siete procesos en los que está siendo investigado por la Policía Federal.

[2] Esta traición abierta a la lucha contra el PEC 55 de un partido que dice ser la oposición, sólo puede entenderse dentro de un acuerdo más general de preservación de la gobernabilidad entre el PT y los demás partidos burgueses durante el proceso de impeachment a Dilma. Entre Calheiros, la dirección del PT y el Tribunal Supremo de juicio político, acordaron que la pérdida del mandato de Dilma no significase la pérdida de los derechos políticos, por ejemplo. De esta forma, renunciando a la presidencia del Senado, el PT, a expensas de los intereses de los trabajadores, mantuvo un acuerdo de gobernabilidad y le devolvió a Calheiros el favor concedido en ocasión del impeachment.

[3] Miles de metalúrgicos de São Bernardo do Campo fueron a las calles el viernes 9 de diciembre contra la reforma previsional.

[4]  Esto es así porque para que se llame a una nueva elección presidencial, Temer tendría que renunciar antes del 31 de diciembre.

[5] http://www.pstu.org.br/prisao-e-confisco-dos-bens-de-todos-os-corruptos-e-corruptores-fora-temer-e-esse-congresso-corrupto

[6] http://esquerdasocialista.com.br/esquerda-precisa-unir-luta-contra-o-ajuste-luta-contra-corrupcao/

[7] Por supuesto, esto se hace exigiendo a la burocracia que organice la lucha y denunciando cuando no lo hace o cuando traiciona a los trabajadores y la juventud.

[8] En Brasilia, el 29 de noviembre, más de 20.000 estudiantes y trabajadores hicieron un acto radicalizado contra la PEC 55.