Documento Internacional del Congreso

América Latina en rebelión

Defender la más intransigente independencia de clase. Construir corrientes socialistas revolucionarias consecuentes

Septiembre, 2006

INTRODUCCIÓN

El nuevo MAS realizará en diciembre su IV Congreso, junto con la segunda reunión de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie. Estarán presentes compañeros de Brasil, Bolivia, Paraguay, Francia, Palestina ocupada y otros países.

En esta oportunidad, una de las discusiones centrales es la situación latinoamericana y la ubicación que debemos tener los socialistas revolucionarios frente a los nuevos gobiernos que caracterizan hoy a varios de los países de la región.

Se ha abierto un debate estratégico: ¿cómo caracterizarlos y cómo ubicarse frente a ellos? ¿Cuál es la estrategia, la política y la orientación para construir alternativas independientes, de clase, revolucionarias y socialistas? Esta discusión, a su vez, también servirá para darle un marco más general a los desafíos y tareas para nuestro país.

Porque lo que está planteado en la actual coyuntura latinoamericana es utilizar el actual momento preparatorio de la lucha de clases –donde emerge un proceso de recomposición social y política de los trabajadores– para construir fuertes y orgánicas corrientes y/o partidos obreros y socialistas de vanguardia, afrontando las discusiones programáticas y estratégicas que abre el actual proceso político.

Sin duda, no se trata de un problema que atañe sólo a nuestra organización. El debate cruza al conjunto de la izquierda que se considera revolucionaria, y ésa es la razón por que hemos decidido hacer público este documento, que consideramos un aporte al debate de toda la militancia socialista. Por esto mismo también buscamos en nuestro período precongreso organizar y hacer participar a compañeros jóvenes y trabajadores que si bien hoy no son de nuestro partido, tienen interés en sumarse a esta discusión.

I. EL MARCO INTERNACIONAL

Crisis de hegemonía, empantanamiento en Medio Oriente y “desobediencia”

El primer elemento para el análisis de la actual situación latinoamericana es el hecho de que se está viviendo una coyuntura mundial de fuerte crisis hegemónica de EEUU. Hay una crisis política en el gobierno de Bush que tiene mucha importancia, porque está a la vista de todo el mundo que Bush pasa por un momento de enormes dificultades producto del empantanamiento en Iraq y Medio Oriente. Es por esta razón que crecen las manifestaciones de “desobediencia” al amo del norte.

La crisis hegemónica de Estados Unidos tiene dos planos, el coyuntural y otra estructural. Este última hace a la declinación de su posición en el mundo: el hecho de que hoy su PBI no supere el 20/25 % del mundial, cuando en la posguerra llegaba al 50%; su transformación en país deudor neto; la ausencia de diferencias cualitativas en lo que hace a niveles de productividad respecto de los demás imperialismos; el debate alrededor de China como potencia emergente, etc. El aspecto coyuntural alude al desmanejo por parte de la administración Bush de la intervención en Medio Oriente, que a su vez pone más en evidencia los problemas estructurales.

De este modo, el proyecto de “nuevo siglo americano” hace agua por los cuatro costados, agravado ahora por la derrota de Israel ante Hezbollah. Como señala Wallerstein, “Ahora EEUU está en visible decadencia. Más y más analistas comienzan a decirlo abiertamente (...) los realistas con claridad de pensamiento reconocen que la estrella estadounidense va apagando su luz. La cuestión que subyace en todos los pronósticos serios es, entonces, ¿de quién será el siglo XXI?”

En ese sentido, la derrota de EEUU-Israel en el Líbano es el primer elemento de la situación mundial. No todos los días las masas del mundo tienen una imagen tan contundente de cómo uno de los principales agentes de los Estados Unidos, como el Estado de Israel, recibe una paliza como la que recibió en el sur del Líbano. Casi se lo podría llamar “el Vietnam del estado sionista”, su primera derrota contundente, quizás con un mayor impacto político y “psicológico” que estrictamente militar.

Desde ya que, al mismo tiempo, se trata sólo de un round, y para nada se puede descartar que gobiernos como el de Bush y el israelí, cual fuga hacia adelante, vuelvan a la carga con redoblada furia destructiva. Pero no hay duda de que este golpe ha servido para reforzar la coyuntura de crisis y de inusual imagen pública de debilidad del “imperio”.

En estas condiciones, se ha abierto un espacio político para que haya una coyuntura de crisis hegemónica mundial y para el surgimiento de gobiernos con rasgos “desobedientes”: “los líderes políticos de todas partes hacen cálculos en torno a esta realidad y formulan sus políticas en concordancia a cómo creen que se resolverá la crisis” (Wallerstein).

¿Cómo entender, si no, el alcance del desafío de Irán a la “comunidad internacional” alrededor de su plan nuclear; que Chávez se pasee por el mundo y amenace con comprarle armas nucleares a Irán, o que Evo Morales intente forzar una renegociación de contratos gasíferos y petroleros que, aunque de ninguna manera representa una auténtica nacionalización, rompe con el modelo de saqueo de los 90? En vez de las “relaciones carnales” con EEUU, se busca colocar al Estado como “socio” de las multinacionales. ¿Cómo se entiende todo esto?

Creemos que se comprende, precisamente, en el marco de esta coyuntura de crisis hegemónica, que empezó como crisis de “legitimidad” a comienzos del siglo XXI. Muchos comentaristas destacan que la valoración de los Estados Unidos en la opinión pública mundial es la más baja en décadas. Y esto hoy ha dado un salto ante la crisis, el descontrol y el fracaso en Irak; ante la reciente derrota de EEUU-Israel en el Líbano y, más en general, frente al hecho de que en todo Medio Oriente el “policía del mundo” no logra imponer el orden que pretendía. Graficando esto, un analista internacional señala: “al poder global de Estados Unidos le están saliendo enormes agujeros. Junto con la otra gran realidad asiática, la ASEAN, la OCS recuerda urbi et orbi que el mundo se organiza al margen de Estados Unidos”. Algo que, aun con una cuota de exageración, no deja de expresar una de las tendencias de la realidad internacional.

Esta crisis desafía una lectura esquemática de la mundialización del capitalismo que podría llevar a perder de vista la vigencia renovada de la ley del devenir histórico apuntada por León Trotsky: el desarrollo desigual y combinado, que permite explicar por qué comienzan a aparecer en el momento actual ciertos rasgos y tendencias característicos de otros períodos.

Por ejemplo, en la economía mundial hay tendencias a la “homogeneidad” (en el sentido de la tendencia a la igualación de las condiciones de explotación y al libre movimiento de los capitales), pero también a la fragmentación y heterogeneidad, con la reaparición de rasgos “estatistas” y medidas de un relativo proteccionismo económico. O el hecho de que junto con una propensión al reforzamiento brutal de las relaciones de desigualdad y opresión entre naciones imperialistas y semicoloniales, emergen situaciones de “desobediencia” y un período con mayores tensiones interimperialistas en el terreno económico-comercial o político-diplomático (no así militares), además de realidades económicas y geopolíticas nuevas, como China.

Dice al respecto el economista marxista Michel Husson:

“La mundialización capitalista apunta esencialmente a la constitución de un mercado mundial y a poner a los trabajadores en competencia directa. La tendencia es al establecimiento de normas universales que actúan a la vez sobre los salarios y la rentabilidad. Poner en competencia a los trabajadores ejerce una presión para igualar a la baja las condiciones de existencia (...). Esta igualación a la baja de los salarios y al alza de las tasas de ganancia conduce a fenómenos de expulsión de los asalariados más costosos y de los capitales insuficientemente rentables (...).

Es necesario, sin embargo, insistir en el carácter contradictorio de este proceso, que permite comprender por qué no podría conducir a una configuración estable de la economía mundial (...). La historia del capitalismo no es, por lo tanto, lineal: la fase inicial de mundialización corresponde a un retorno a una suerte de estado salvaje. (...) la configuración actual de la economía mundial está acompañada de una profundización de las contradicciones ligadas al proceso de mundialización capitalista. El ‘Imperio’ está en realidad profundamente dividido, y se puede ver en esto la expresión moderna de la ley del desarrollo desigual y combinado. En efecto, se ve aparecer una doble línea de fractura en el seno de las zonas de esta economía mundial: entre Estados Unidos y las otras economías dominantes, alrededor de la baja del dólar, y entre las economías dominantes y los ‘países emergentes’. Estos últimos amenazan a la estabilidad del conjunto de la economía mundial, ganando partes del mercado y logrando aumentar el precio de las materias primas, especialmente el del petróleo” (La mundialización desequilibrada).

Es en este contexto que se explica la aparición de gobiernos y movimientos con rasgos nacionalistas burgueses. Es decir, con elementos de “desobediencia” o “desafío” al imperialismo yanqui. Es importante subrayar que esta “desobediencia” se expresa fundamentalmente en relación al gobierno de Bush, y de ninguna manera respecto del conjunto de los países imperialistas. El historiador marxista argentino Milcíades Peña señalaba con su habitual brillantez cómo los gobiernos nacionalistas de su época (mediados del siglo XX) se enfrentaban a uno u otro imperialismo sólo para entregarse a uno más “benévolo”:

“existen roces –que pueden llegar a la lucha militar– entre la burguesía nativa y el imperialismo (...). Pero, en todo momento, las diferencias entre la burguesía nacional y el imperialismo se insertan dentro de una unidad fundamental de intereses económicos y sociales. De ahí que todos los roces entre la burguesía y el imperialismo tienen un carácter ficticio porque no se proponen liquidar al imperialismo, sino llegar a un acuerdo más provechoso con él, y son, en esencia, la lucha del competidor más débil” (Industria, burguesía industrial y liberación nacional).

Es el caso “gemelo” de Chávez en Venezuela y Ahmadinejad en Irán (uno “progresista” y otro súper reaccionario desde el punto de vista político-ideológico).[1] Y más allá de éstos, hay una emergencia de “nacionalismos energéticos”, en los que regímenes de naturaleza política muy distinta se afirman en la arena internacional a partir del manejo monopólico o semimonopólico de recursos naturales estratégicos como el gas o el petróleo. Dice el economista marxista Claudio Katz:

“La resolución adoptada por el gobierno de Morales constituye la antítesis simbólica de las privatizaciones de los 90 (...). Esta nacionalización se inscribe en un giro estatizante a escala internacional. Con el precio del barril por encima de los 70 dólares y Estados Unidos embarcados en guerras imperialistas para asegurarse el abastecimiento de combustible, todos los países productores tienden a incrementar la participación del Estado en la renta petrolera. Esta apetencia se comprueba en los gobiernos de cualquier signo y en países tan diversos como Rusia, Irán, Arabia Saudita o Nigeria. Actualmente, las empresas públicas controlan el 80% de las reservas y el 40% de la producción petrolera global, y se observa una reconstitución del cartel de productores semejante al proceso que potencio a la OPEP en los años 70 y 80” (“América Latina: El torbellino de la integración”).

El trasfondo económico en determinados países o regiones es que crece el cuestionamiento a determinados aspectos del neoliberalismo hegemónico en los últimos 20 años, y que –queremos ser categóricos en esto– sigue siendo la tónica mundial. Y sobre una base material que siquiera los gobiernos “nacionalistas burgueses” cuestionan, sino que por el contrario usufructúan: la superexplotación de la clase obrera en las condiciones del desmonte de las conquistas de la segunda posguerra, de las contrarreformas en el terreno de las relaciones laborales.[2]

Habrá que ver qué alcances históricos tiene el periodo en el que estamos entrando, lo que dependerá, evidentemente, del desarrollo de la lucha de clases. Pero ya se perfila un panorama menos lineal y con más heterogeneidad. El elemento “homogéneo” es la voluntad de descargar todo el peso de la economía en la superexplotación de la clase obrera, pero hay más heterogeneidad desde el punto de vista de las mediaciones políticas y económicas burguesas, de la aparición de gobiernos capitalistas con rasgos más “estatistas” y “proteccionistas”, que buscan confundir (y en esta coyuntura lo logran) a amplios sectores de masas.

Este fenómeno plantea, precisamente, la necesidad de no encandilarse y reafirmar una orientación de intransigente independencia de clase. Esto es: no capitular a ellos, como es el caso de muchas tendencias de la izquierda que, en su “embelesamiento” por Hugo Chávez o Evo Morales, pierden el punto de vista de clase y socialista.

Latinoamérica en Estados Unidos y emergencia de una nueva clase obrera

“Cuanto más coloca Estados Unidos a todo el mundo bajo su dependencia, tanto más depende del resto del mundo, con todas sus contradicciones y convulsiones amenazadoras (...) esto introduce en su economía más y más elementos de desorden europeo y asiático”. León Trotsky, Sobre Europa y Estados Unidos.

El segundo elemento a subrayar es la situación política al interior de los propios Estados Unidos, incluidas las repercusiones allí de las convulsiones de la situación mundial y regional. Aquí sólo queremos destacar un hecho de características históricas ocurrido en la primera mitad de 2006: la irrupción del movimiento de inmigrantes, que puede interpretarse como la irrupción de Latinoamérica en EEUU. El ciclo de rebeliones populares pareció estar metiéndose dentro de EEUU por la vía de la puesta en pie de los 41 millones que constituyen la comunidad latina del país. En ese sentido, fue un hecho cargado de simbolismo que el paro latino haya tenido lugar el 1° de Mayo. Lo que, junto con ayudar a recuperar el Día Internacional de los Trabajadores como día de lucha en EEUU, tiene una significación potencial de clase de inmenso valor, más allá de los vaivenes concretos del movimiento. Porque se trató de una jornada de paro de un sector muy importante de la nueva clase obrera norteamericana, uno de los más oprimidos en su doble condición de explotados y sin papeles.

Esta irrupción configura un dato de enorme importancia, que habrá que medir hasta dónde llega. La posibilidad de un “emparejamiento” de la situación política de EEUU con la regional, obviamente, sería de importancia incalculable para todo el continente.[3] Porque no hay que perder de vista que EEUU ha venido siendo el elemento más reaccionario de la situación internacional. Si los elementos de crisis política y posible irrupción desde abajo se desarrollaran, en combinación con las dificultades de EEUU en el orden internacional, servirían para quebrar la situación política reaccionaria que sigue imperando hoy en EEUU, lo que abriría una nueva situación internacional.

Otro elemento de importancia del último período ha sido el levantamiento estudiantil en Francia. No es éste el lugar para desarrollarlo, pero queremos retener aquí la simultaneidad de procesos donde emergieron, indirectamente, sectores de la nueva clase trabajadora por la vía del reclamo inmigrante en EEUU y, en Francia, de un movimiento estudiantil que no apareció con reivindicaciones puramente estudiantiles, sino alrededor de reclamos vinculados a las condiciones laborales.

El impacto que representaron estos procesos mostró una tendencia a la irrupción de contingentes de la nueva clase trabajadora, esto es, la emergencia de luchas masivas en las que tienen mayor relevancia reivindicaciones de la clase trabajadora, aunque estas luchas no hayan aparecido como, ni sean directamente, luchas obreras, sino de inmigrantes y estudiantiles.

Claro está que esto no puede servir para negar ni perder de vista que en lo que constituye hoy el centro de la situación mundial, el Medio Oriente, se trata de un proceso “popular”, con una marcada ausencia de rasgos de clase y con la hegemonía de distintas variantes islámicas.

Pero esta tendencia que estamos subrayando tiene mucha importancia estratégica para el análisis de la situación regional. Porque no hay que olvidarse que pocos años atrás, al calor del desempleo de masas y la desestructuración social, la mayoría de los analistas se subieron al carro de la “muerte del proletariado”, cantando loas a los “nuevos movimientos sociales”. Esto fue acompañado por análisis económicos mecánicos y catastrofistas (en los que hace escuela el PO en nuestro país) y la apología, como alfa y omega de la lucha social, de los Sin Tierra en Brasil o los movimientos originarios en Bolivia.

Es cierto que el capitalismo mundial tiene marcadas tendencias a la desestructuración social y la barbarie, pero, al mismo tiempo, es evidente también cómo se renueva la acumulación de capital con el surgimiento de nuevas ramas productivas y de nuevos países con peso industrial. Y si hay acumulación capitalista, hay posibilidades de desarrollo (relativo), de las cuales emerge una nueva generación obrera. Este elemento es visible, incluso, en países como la Argentina y América Latina toda, donde se sufrió un proceso de fuerte desindustrialización y primarización de la economía. Pero la actual recuperación económica muestra no sólo que su parque industrial no ha sido totalmente liquidado, sino que surgen nuevas ramas productivas. No es casual la emergencia de un proceso de recomposición de los trabajadores con expresiones como la UNT y la C-CURA en Venezuela, el CONLUTAS en el Brasil, las experiencias clasistas en nuestro país y luchas del proletariado de importancia, como es el caso reciente de los mineros chilenos de La Escondida o la actual huelga contra los despidos en la Volkswagen en Brasil.

II. EL CICLO POLÍTICO LATINOAMERICANO

El ciclo de las rebeliones populares y la larga coyuntura de mediación, “estabilización” y extensión

Es en este contexto de crisis hegemónica y “desobediencia” que se ubica la actual coyuntura latinoamericana. La sensibilidad que hay que tener, lo que no hay que perder de vista, es que en América Latina, aun mediado por los nuevos gobiernos, sigue habiendo un proceso de una enorme importancia, riquísimo. Si Medio Oriente es hoy el centro de los acontecimientos internacionales, Latinoamérica continúa siendo la región del mundo donde el proceso de lucha de masas y los motivos políticos que emergen de él son los más profundos y “clásicos” a nivel mundial. Como dice agudamente István Meszáros: “es mucho más probable en un futuro no muy distante que se verifique el reventar de una revolución social en América Latina más que en cualquier otra región (...) con implicaciones de largo alcance para el resto del mundo” (“Bolívar y Chávez: el espíritu de determinación radical”).

En este marco, lo que estamos viviendo es una (larga) coyuntura de mediación electoral. Se trata de los nuevos gobiernos “centroizquierdistas”, emergentes de los procesos de crisis y con más o menos elementos de continuidad con respecto a los 90. Pero la definición global que hay que retener es que el ciclo político abierto a comienzos del siglo XXI continúa, expresando una relación de fuerzas más favorable para las masas trabajadoras respecto de las dos décadas anteriores.

Por proceso de “mediación” entendemos el hecho de que si hace pocos años el punto de referencia para el análisis pasaba por la magnitud, desarrollo y extensión de las rebeliones populares –en un contexto de inestabilidad que configuraba situaciones de “crisis de gobernabilidad”–, hoy, el proceso aparece “reabsorbido”, en el sentido de que todo lo que aparecía como potencialidad desde abajo se presenta como capacidad desde arriba. Un ejemplo es que los medios corren detrás de cada gesto o reunión de Chávez, Morales o Kirchner; presidentes que se adornan, como si fueran atributos suyos, con todas aquellas concesiones y cambios que se han visto obligados a dar en la perspectiva de conceder algo para mantener lo esencial, es decir, el orden social capitalista imperante.

En este marco de estabilización política y recuperación económica, lo que está a la orden del día no son las grandes irrupciones de lucha popular sino, más bien, la reelección de los actuales mandatarios. Lula va por la reelección en un país donde no hubo rebelión popular; el PT llegó al gobierno “preventivamente” precisamente para evitarla. Sin embargo, le surge una candidatura por izquierda como la de Heloisa Helena. Chávez también busca de manera plebiscitaria la reelección en diciembre. En nuestro país, se adelantó la agenda electoral. En Bolivia, el gobierno de Morales aparece consolidado, y aunque no hay que descartar choques en la Constituyente, ésta se presenta muy “pactada”.

En síntesis, en varios países de la región que estuvieron cruzados por la rebelión popular (Venezuela, Argentina y Bolivia) y otros de gran importancia como es el caso del Brasil, el proceso político aparece en lo inmediato “estabilizado”. La excepción podría ser Ecuador, donde la perspectiva no aparece tan clara, pero difícilmente pueda contrapesar las tendencias coyunturales latinoamericanas de mediación y estabilización.

Sin embargo, junto con el actual proceso de “mediación”, se ha hecho presente otro de signo contrario: el de la “extensión”, esto es, el ingreso de nuevos países en el proceso regional, en circunstancias de crisis políticas o ascensos en la lucha popular (aunque sin llegar a configurar nuevas rebeliones). Ha sido el caso de la inmensa movilización estudiantil que golpeó fuerte al recientemente asumido gobierno de Bachelet en Chile, el caso de las elecciones en Perú y la votación de Ollanta Humala, que ganó la primera vuelta, o el escandaloso fraude electoral en México y la movilización que desató. Se trata de procesos que tienden a “emparejar” el conjunto de la región con un signo a “izquierda”. En este marco, la reelección de Uribe en Colombia –con un ausentismo del 60% del padrón– configura una excepción reaccionaria a la norma del conjunto de la situación regional, la emergencia del “progresismo”.

En este sentido, el caso de Humala en el Perú es un ejemplo ilustrativo. Su elección constituyó un terremoto político, aun cuando haya sido derrotado en la segunda vuelta por Alan García, porque no hay que perder de vista que Perú fue, por más de una década, la paz de los cementerios. Hubo entre mediados de los 80 y la década del 90 la friolera de 80.000 desaparecidos o asesinados por la represión del Estado. Es en ese contexto que se da la votación de Humala como reflejo distorsionado de que el ciclo de las rebeliones populares y el proceso regional andino mismo están entrando en el Perú. Reflejo distorsionado y no directo, porque no se dio en el terreno de la lucha de clases inmediata, sino en el mismo terreno “mediado” electoral burgués que hace parte de la actual coyuntura regional. Pero que expresa de todos modos agudas contradicciones. Aunque Humala sea una figura burguesa y tramposa, más parecida al ex presidente de Ecuador Gutiérrez que a Morales o Chávez, no por eso ha dejado de tener un importante impacto como reflejo electoral de que incluso en el Perú se empieza a abrir una nueva etapa más emparentada con la tónica del resto de la región.

En línea con este proceso de “extensión” se encuentra el caso de Chile. Bachelet ganó las elecciones en uno de los países más reaccionarios de la región, donde el peso militar es omnipresente –producto de que no hubo “ruptura” tras la caída de la dictadura”– y donde el neoliberalismo y las “relaciones carnales” con EEUU son políticas de Estado. Sin embargo, incluso en este país, uno de los más estables de Latinoamérica y donde más cuesta superar la derrota de los trabajadores, se desató un movimiento de lucha estudiantil y popular de masas que categóricamente arruinó el inicio del mandato de la presidenta. En estos momentos, la coyuntura parece estabilizada, aunque hay que tomar nota de la importancia de la reciente huelga de los obreros mineros del cobre. Pero la popularidad de Bachelet no se recupera, y lo ocurrido podría estar configurando un cambio en la tradicional estabilidad del país de la última década.

Por su parte, en México se ha desatado un proceso de lucha democrático contra el fraude electoral. La dirección ultra reformista y burguesa de Obrador y el PRD la está llevando al desgaste, pero podría eventualmente desbordarse. No hace falta recordar que la “caída” del PRI se produjo de manera totalmente mediada y por la vía electoral del triunfo del PAN (partido burgués de derecha), reafirmándose el NAFTA con los Estados Unidos. Es decir, se trata de otro de los grandes países “estables” de la región, que mantiene políticas de colaboración estrecha con EEUU a la vez que de un régimen muy reaccionario con tremendos problemas nacionales, democráticos y agrarios no resueltos, como lo demuestra el mismo fraude ejercido sobre una variante de centroizquierda 100% capitalista como la de Obrador.

En síntesis, más allá de la actual coyuntura regional de mediación, el mapa político general latinoamericano muestra un flujo de fondo donde el ciclo de rebelión, en lugar de terminar de reabsorberse, más bien parece estar extendiéndose, si bien de manera “acolchonada”. Parte de esto es el hecho que se está esbozando una tendencia a una mayor profundidad, desde el punto de vista social, del proceso de las luchas. Es decir, la propensión a una mayor centralidad en la pelea de los sectores de trabajadores asalariados.

En todo caso, se observa la evidente la ausencia de derrotas categóricas del proceso de la lucha. Más bien, la tendencia ha sido a la reabsorción democrático-burguesa del proceso por la vía del mecanismo de conquistas-concesión-trampa.

La propia coyuntura económica mundial y regional contribuye fuertemente a esta estabilización, pero la historia podría cambiar si la situación de la economía diera un giro. Estamos en un período preparatorio donde tarde o temprano, ante la magnitud de las crisis estructurales no resueltas y en ausencia de derrotas de los trabajadores y las masas populares, pueden llegar a estallar nuevas crisis. Que plantearán la perspectiva estratégica de pasar del actual ciclo de rebeliones populares a la pelea por auténticas revoluciones sociales que desborden por izquierda a los actuales gobiernos de mediación burguesa.

Ese ciclo político, que sigue abierto, le da un contexto a la fuerte mediación kirchnerista en la Argentina. Luego de las elecciones de octubre 2005, habíamos definido el cierre del proceso revolucionario en nuestro país desde el punto de vista de la crisis de dominación, que a esta altura resulta evidente. Pero no por eso la Argentina deja de estar inscripta en ese ciclo político de conjunto, lo que puede plantear, en el futuro, circunstancias de reapertura de la crisis.

Estabilización económica y continuidad de la crisis estructural

Aclaramos que en este punto nos concentraremos en la economía y no desarrollaremos otro aspecto de la crisis orgánica que marcó y marca la situación regional: la crisis de los sistemas de partidos tradicionales y de las instituciones de la “democracia”. Se trata de elementos de crisis de dominación que siguen presentes, como lo muestra, por ejemplo, la agenda de la Constituyente en Bolivia, por tomar sólo un caso.

Hay un importante sustrato material en los fundamentos de la actual coyuntura de mediación y estabilización: la recuperación de la economía regional, luego de que varias de ellas se sumieran en situaciones catastróficas.

Hay que partir de subrayar que las convulsiones que se produjeron especial, pero no únicamente, en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, dieron el tono a los primeros años del siglo XXI en el marco de una difícil situación del continente por las transformaciones de la globalización y la imposición del llamado Consenso de Washington. Un decálogo neoliberal puro y duro que, gracias a la colaboración prácticamente incondicional de las burguesías latinoamericanas, se aplicó con más profundidad que en otras regiones del mundo.

El fenomenal endeudamiento y la nueva división mundial del trabajo, por un lado, y el desmonte de cualquier barrera defensiva, por el otro, condujeron no sólo a una caída generalizada de la economía sino también a una explosión de miseria y a una ampliación de la brecha que las separa de los países centrales, que se transformó en abismo.

América Latina retrocedió en todos los terrenos. Perdió relevancia industrial, decayó su participación en el comercio internacional y fue desplazada por el Sudeste Asiático como principal destino periférico de las inversiones extranjeras. Estas transformaciones reaccionarias aumentaron el desempleo, redujeron los salarios y provocaron una terrorífica expansión de la pobreza.

Así, al iniciarse el siglo XXI, la situación de América Latina estaba signada por “cuatro desequilibrios” (Katz): la explosiva combinación de endeudamiento externo, especialización exportadora en productos de baja elaboración, intercambio comercial deficitario y erosión del poder adquisitivo, que desencadenaron las periódicas turbulencias de la economía latinoamericana.

Pero en la actual coyuntura de “bonanza” de la economía mundial, crisis de hegemonía e irrupción de los “nacionalismos energéticos”, esto parece haber variado. Hoy, las principales economías latinoamericanas están creciendo (aunque a ritmos muy desiguales) y sobre todo se registran superávits (algunos importantes) en el comercio exterior.

Sin embargo, esto no significa que haya cambiado ni mejorado cualitativamente su inserción estructural en la economía mundial, ni que se hayan resuelto las causas más de fondo de la crisis económica y social que afecta a toda la región. Las razones de la actual “mejoría” son, en primer lugar, consecuencia de una coyuntura mundial que puede variar en plazos relativamente cortos, lo que para las vulnerables y dependientes economías latinoamericanas se traduciría inevitablemente en estallidos y convulsiones).

En segundo lugar, se ha producido una “adaptación” de las economías regionales al fin de las condiciones que marcaron la borrachera de privatizaciones e ingreso de capitales de los primeros años de la década del 90. Y esto, en algunos países, ha implicado ciertos cambios en relación con el neoliberalismo salvaje de los primeros tramos de los 90.

La década del 80 es conocida como la “década perdida” de América Latina, por el estancamiento de las economías y las primeras crisis de la deuda externa. Durante la primera mitad de los 90, con el pretexto de remediar la crisis de la anterior, se aplicaron en todas partes, aunque desigualmente, las recetas del “Consenso de Washington”. Eso significó cambios en la esfera de la producción y de la inserción de cada país en la división internacional del trabajo.

En los primeros años de la década del 90, todo pareció ir sobre ruedas. Con grandes desigualdades según los países, las aperturas y privatizaciones atrajeron una oleada tanto de inversiones directas como de préstamos e inversiones de cartera (compras de acciones y otros valores en las bolsas). Fueron años de “dinero fácil” para los gobiernos y gran parte de las burguesías de la región. Esto permitió a muchos países, entre ellos Argentina y Brasil, sostener la estabilidad de la moneda con una grotesca sobrevaluación respecto del dólar, y al mismo tiempo darse el lujo de mantener déficits de la balanza de bienes y servicios (importar más de lo que se exporta) y déficits del presupuesto del Estado. La mayor parte de los países pasó así a depender en mayor o menor medida del flujo de capitales del exterior. Esto produjo, entre otras consecuencias desastrosas, un crecimiento veloz del endeudamiento, haciendo que la deuda externa latinoamericana llegara a su cúspide de 767.000 millones en 1998.

Pero ya desde mediados de los 90 las cosas comenzaron a complicarse. El problema de fondo es que en la división mundial del trabajo impuesta por la globalización, América Latina, si bien no se precipitó al pozo de África, tampoco logró la performance de China y otros países de Asia. La ola de inversiones directas fue en buena parte a las empresas públicas privatizadas y no a sectores que implicaran mejorar substancialmente la inserción en el mercado mundial. Tampoco el capital “nacional”, en gran medida fusionado, subsidiario, asociado o subcontratista de las corporaciones transnacionales, se encaminó en ese sentido. La “apertura” arrasó con muchos sectores calificados de ineficientes, pero no los reemplazó en la misma medida por otros “competitivos” en el mercado mundial. Al mismo tiempo, dejó millones de desocupados, lo que agravó la miseria mientras supuestamente “crecía la economía”.

La renuncia –de raíces históricas– de las burguesías latinoamericanas a cualquier proyecto de industrialización autónoma e integral, la liquidación de buena parte de la industria sustitutiva de importaciones y la adopción del modelo de armaduría-montaje conectado mundialmente han sido la principal causa de que la tasa de desempleo en las ciudades latinoamericanas casi se duplicara entre 1994 y 2002.

A medida que se fueron agotando las empresas estatales a privatizar o las empresas privadas “nacionales” a adquirir, la rueda empezó a girar en sentido opuesto. Ya no era cuestión de recibir inversiones directas o de cartera, sino de enviar ganancias al exterior de las inversiones ya realizadas. Al mismo tiempo, crecía el servicio de la deuda. En el comercio exterior también las cosas se iban complicando, por la sobrevaluación de las monedas locales cuyos extremos fueron la convertibilidad de Argentina o la dolarización de Ecuador. Y en esos años, a su vez, el dólar se había sobrevaluado respecto del yen y las monedas europeas. Todo eso contribuía a restar competitividad a las exportaciones latinoamericanas.

Otro factor grave fue que desde 1998 al 2002 los países no petroleros de América Latina habían sufrido un deterioro de los términos del intercambio (relación entre los precios de los productos de exportación y los que se importan) del 15%. Y además, desde 1997 al 2002, Latinoamérica padeció una caída absoluta del 25% de los precios de sus productos básicos no petroleros.

Estos y otros motivos (las crisis de 1997 del sudeste de Asia y el default de Rusia en 1998, la amenaza de un colapso de Brasil el mismo año, el imán de la “burbuja” de Wall Street de 1995 al 2000, etc.) llevaron a un “no va más”. Los gobiernos y las burguesías latinoamericanas no podían seguir con el mecanismo de cubrir los distintos déficits con más emisión de deuda y/o inversiones directas del exterior o de cartera.

Del dólar barato, el remate de las empresas públicas, los déficits comerciales y fiscales, y el crecimiento galopante del endeudamiento externo, se fue pasando al dólar caro, a las devaluaciones de las monedas sudamericanas, a los superávits fiscales y del comercio exterior logrado mediante un importante aumento de las exportaciones (a lo que colabora el actual salto fenomenal en el precio de las materias primas), así como gracias a una cierta caída de las importaciones manteniéndose deprimido el consumo popular.

Así, Argentina, Brasil, Chile o Uruguay registran no sólo superávits comerciales sino también excedentes fiscales inéditos. El estado impone –incluso en el caso de los gobiernos que se venden como más “progresistas”– una severa restricción del gasto público que va al pago de la deuda. El campeón de este nuevo esquema del siglo XXI es Lula, con récords de superávit primario superiores al 5% del PBI. No es necesario aclarar las consecuencias de esto en el empleo, el salario y los sistemas de educación, salud y seguridad social.

En síntesis: la base estructural de la “recuperación” regional es una “economía de la miseria”, donde el crecimiento económico coyuntural no se refleja en una disminución equivalente de la pobreza y la indigencia. Esto tiene sus razones: en la actualidad, todas las economías son “exportadoras”. Esto es más pronunciado, incluso, en los países “periféricos”. El gran comprador mundial es, obviamente, los Estados Unidos, que es el que acumula también los mayores déficits fiscales, de balanza comercial y de endeudamiento externo.

En estas condiciones, junto con la devaluación de las monedas, es fundamental mantener lo más bajo posible el nivel de los salarios, para hacer “competitivos” los precios de las mercancías exportadas. De allí que se mantenga estructuralmente –más allá de cierta recuperación del empleo y de la batería de asistencia social estatal– una “economía de miseria” que afecta a la mayoría de las capas trabajadoras. Aquí es donde mueren las palabras de los nuevos gobiernos “populares”: un festival de planes sociales para “contener la pobreza”, a la vez que se remachan las peores condiciones de esclavitud laboral y superexplotación del proletariado industrial y los trabajadores heredadas de los 90.

Al mismo tiempo, esto hoy incluye –en situaciones de mayor o menor continuidad neoliberal– una mayor posición de arbitraje del Estado en el ciclo de la economía y determinado tipo de regateos respecto del imperialismo. Eso explica, por ejemplo, la “nacionalización” del gas de Evo Morales, la recuperación de la gerencia de PDVSA por parte de Chávez o, incluso, los muy tímidos avances de Kirchner respecto de la demanda de participación estatal en algunas privatizadas (el regreso del Correo Argentino y de Aguas Argentinas a manos del Estado, o la demanda de recuperación de la “acción de oro” en Aerolíneas Argentinas). En el plano regional, el rechazo del ALCA, la firma de Tratados de Libre Comercio y la afirmación del Mercosur expresan de diversas maneras estas pujas regionales y entre capitalistas.

En este retorno de las pujas y disputas entre Estados y sectores capitalistas –que no expresan ningún interés popular y donde los trabajadores no tienen nada que ganar– muchas veces los gobiernos actúan de “agentes de negocios” de sus empresarios amigos o de los capitales radicados en la región. Esta realidad, que se manifiesta más claramente en Venezuela y Bolivia, aunque hay elementos de esto en Kirchner o incluso Lula, depende también del grado de radicalidad de los procesos que han dado origen a los nuevos gobiernos, lo que constituye un cierto violentamiento del decálogo neoliberal puro y duro imperante en los 90.

Por último, tampoco hay que perder de vista que dentro de estas transformaciones generales se producen desarrollos desiguales con consecuencias sociales. Surgen o se recrean ramas de la producción y los servicios, que implican la emergencia de nuevos sectores de trabajadores asalariados. De esa manera va apareciendo, sobre todo, pero no solamente, en los países más desarrollados de la región, una nueva clase trabajadora y una nueva generación obrera.

La mediación reformista y el proceso de recomposición de los trabajadores

Las calamidades sociales, el descontento, las protestas y rebeliones, por un lado, y la crisis de alternativa socialista frente al capitalismo –y de otra forma de poder político frente a la democracia burguesa–, por el otro, abren en esta coyuntura un amplio espacio para corrientes (y gobiernos) que prometen mejoras dentro de los marcos del capitalismo y la democracia burguesa.

Estas mediaciones no se presentan fáciles de superar, sobre todo en los casos donde estos gobiernos impulsan “reformas”, como Chávez y Morales, pero tampoco incluso allí donde el “reformismo” es una estafa lisa y llana (el caso de Lula). La llegada al gobierno de estas corrientes permite comenzar a hacer la experiencia con ellas (es decir, comprobar que nada cambia en lo esencial), pero esta experiencia en ningún caso tiene ritmos acelerados. Esto ocurre por una variedad de razones, en las cuales tiene un peso no menor la coyuntura económica favorable que vive la región.

El caso quizá más evidente es el gobierno del PT en Brasil, presentado como el gran experimento de alcances mundiales del “reformismo del siglo XXI”. Pocas veces se han visto al principio tantas expectativas en las masas y, al final, un espectáculo como el del continuismo neoliberal y la corrupción del gobierno petista.

Sin embargo, el PT, se apresta a lograr la reelección de Lula, aunque esto ocurre no sin pagar un gran costo: la elección de Heloisa Helena (más allá de todos los límites reformistas de su discurso) podría alcanzar niveles históricos para una votación de la extrema izquierda, incluso tomando parámetros internacionales.

Como ya hemos señalado, también Chávez y Kirchner buscan la reelección. Y Morales domina el escenario político de su país. Si en Chávez y Morales esto responde a las “reformas” que han hecho (o se han visto obligados a hacer), en Kirchner se observa que se ha beneficiado de la estabilización y la recuperación económica del país.

Asimismo, esto remite a un hecho que se percibe en muchos países. En los últimos años, los socialistas revolucionarios y otros sectores más o menos radicalizados hemos estado frecuentemente al frente de importantes luchas y de grandes movimientos sociales. Pero nuestra influencia política sobre sectores de las masas en general es sensiblemente menor que el peso de los movimientos que encabezamos; una brecha nada fácil de salvar. A esto se suma un déficit estratégico: la escasa penetración entre los “núcleos duros” del proletariado industrial generalmente dirigidos por la burocracia sindical, en los cuales la mayoría de las corrientes revolucionarias somos extremadamente débiles y/o marginales.

Sin embargo, al tiempo que actúan estas tendencias a la “estabilización”, también comienzan a percibirse tendencias de signo opuesto. Hay un flujo de fondo, una corriente más profunda, que tiende a desarrollar procesos de recomposición del movimiento obrero y de los trabajadores asalariados; más allá de que la propia coyuntura de mediación incide, como ocurre hoy en Argentina. Este “flujo de fondo” se manifiesta principalmente en dos terrenos: el de la recomposición sindical y el propiamente político (si bien la separación no es siempre tan nítida).

En el plano sindical, se destacan la UNT y la C-CURA de Venezuela, el surgimiento de CONLUTAS en Brasil y el desarrollo de las nuevas direcciones y organismos combativos y clasistas que dirigieron parte de los principales conflictos en Argentina de los últimos tres años. Este proceso de recomposición, en la actual coyuntura, no está exento del desarrollo de una serie de luchas obreras de características diversas.

Se ha verificado desde una tendencia más ofensiva a la recuperación de conquistas perdidas en el período anterior, como la pelea por la jornada de 6 horas en el subte de Buenos Aires o por el pase a planta permanente de sectores enteros de trabajadores contratados, hasta peleas más defensivas, en la actual coyuntura de estabilización, contra los despidos. Un ejemplo es la fuerte pelea en la Volkswagen de San Pablo contra 1.500 despidos, que debe ser la más importante del proletariado industrial en años en ese país. Recientemente tuvo lugar la triunfante huelga de los mineros del cobre de La Escondida (Chile) al calor del astronómico aumento de este commodity en el mercado mundial, así como las peleas de los mineros con México. En el caso de la Bolivia bajo Evo Morales, está en curso, entre otras, una importante pelea de los docentes urbanos de La Paz. Y en Venezuela hubo y hay una serie de importantes luchas reivindicativas. En la Argentina, en medio de la actual coyuntura estabilizada, hay más bien una serie de peleas defensivas contra despidos, de tipo más molecular.

Esto indica que aun en medio de esta larga coyuntura de mediación y de cierto apogeo de los gobiernos centroizquierdistas en la región, la profundización social del proceso de la lucha, al compás de la recuperación económica, es expresa una tendencia al ingreso a la pelea de importantes sectores obreros y de trabajadores. Este proceso, si bien hoy no configura un ascenso obrero de conjunto y tiene rasgos más reivindicativos que políticos, tiene inmensa importancia estratégica hacia el futuro.

En este marco, la coyuntura ha puesto una tarea central en la agenda de los socialistas revolucionarios: la pelea contra la cooptación y/o estatización de las organizaciones u organismos obreros. En Venezuela, contra el intento de Chávez de liquidar la independencia de la UNT. En Bolivia sucede lo mismo respecto de Evo Morales y la COB. Es clásico que los gobiernos “bonapartistas sui generis” o de frente popular, que se asientan muchas veces en movilizar sectores de masas en sus regateos o peleas con el imperialismo, necesitan de un movimiento de trabajadores y sus organizaciones absolutamente dependiente de ellos; esto es, necesitan la estatización de las organizaciones obreras y populares.

De ahí que la pelea por su independencia –ya subrayada por Trotsky en sus escritos sobre estos gobiernos– se trata de una tarea estratégica que está hoy a la orden del día. Porque mantener la independencia hoy es lo que puede permitir que mañana la clase obrera cumpla un rol mucho más central que el que cumplió en la primera oleada de la rebelión.

En el plano más estrictamente político, también hay un proceso en curso: la tendencia en la vanguardia de las luchas y de esos procesos de recomposición a adoptar posiciones políticas más a la izquierda. Sucede que las mediaciones reformistas son ampliamente mayoritarias e, incluso, hasta se recrean relativamente después de sus crisis. Sin embargo, simultáneamente y a su izquierda, comienzan a aparecer corrientes en disidencia que les ofrecen pelea. Esto constituye un fenómeno objetivo, si bien muy heterogéneo, y que trasciende la relativa fuerza o debilidad de quienes las componen.

Así, la crisis con el PT en Brasil llevó a la constitución del PSOL (y el actual frente electoral con el PSTU, lo que tiene mucha importancia), que ante todo expresa ese fenómeno objetivo, a pesar de los grandes límites electoralistas y reformistas de los que adolece esta experiencia.

En Venezuela, a la izquierda del chavismo “oficial”, se expresa –de manera aún demasiado incipiente– el Partido Revolución y Socialismo, encabezado por caracterizados dirigentes de la nueva central obrera, la UNT, y de la corriente C-CURA. En este caso, se trata de una expresión de independencia más organizativa que política ante la realidad que sus principales dirigentes (de la mano de ambos MSTs de Argentina) vienen defendiendo una política de apoyo político a Chávez y de voto acrítico a su candidatura electoral. Esta postura y las presiones oportunistas que sufren dirigentes obreros como O. Chirino o S. Pérez Borges de parte de corrientes como el MES de Brasil o el MST-Alternativa argentino, entre otras, dejan latente el peligro de una involución en esta experiencia. Sin embargo, hasta ahora el PRS expresa una dinámica progresiva en cuyo seno hay que luchar.

En Bolivia, lamentablemente, se ha frustrado por ahora, dada la absoluta inconsecuencia de los dirigentes de la COB que se mantienen independientes del MAS, la conformación de un Instrumento Político de los Trabajadores. Sin embargo, a medida que avance la experiencia con el gobierno de Evo Morales, el proyecto del IPT se podría replantear.

Con sólo pasar revista a estas tendencias objetivas al surgimiento de corrientes a la izquierda del reformismo, salta a la vista su heterogeneidad y las características peculiares que asume en cada país. En ese sentido, no es viable intentar establecer modelos válidos para todos los países, como absurdamente pretende el MST Alternativa de Argentina en relación con el PSOL.

Sin embargo, se plantea en la vanguardia latinoamericana y en las corrientes socialistas revolucionarias un trascendental debate: ¿alrededor de qué ejes delimitadores y fundacionales hay que luchar por agrupar políticamente a la vanguardia que, con mayor o menor claridad y conciencia, tiende a ubicarse a la izquierda de los reformistas?

Para los marxistas sólo puede haber un criterio nítido de diferenciación. Y ese criterio es de clase. Es decir, si se está o no por la más absoluta independencia de la clase trabajadora y sus organizaciones de todo gobierno o corriente burguesa. Es sobre esos sólidos cimientos sociales que hay que asentar la construcción política de organizaciones y partidos a la izquierda de las grandes corrientes reformistas.

Los dos planos de la recomposición se relacionan con otro elemento que venimos subrayando: que la clase trabajadora está volviendo a escena. En buena medida se trata de una nueva clase trabajadora, tanto generacionalmente como por los sectores de la producción y los servicios en las que hoy existe. Y junto con ese regreso a escena de los trabajadores, se han venido desinflando los mitos sobre los “nuevos sujetos sociales” desarrollados en los 90.

Es falso, por ejemplo, que las rebeliones de Bolivia hayan sido estallidos puramente “indígenas”. El centro insurreccional ha sido la comuna proletaria de El Alto, cuyos habitantes son, a su vez, originarios. Por supuesto, esa combinación no se puede ignorar. Pero en ella es fundamental no perder de vista el carácter de trabajadores de los luchadores alteños. En Argentina, en el centro del último ciclo de luchas –hasta abril de 2006– en su centro estuvieron los trabajadores ocupados. Los conflictos en el subte, telefónicos, petroleros, hospitales (también a nivel de contratados y/o precarizados como en Taym) tuvieron una enorme repercusión pública. Por primera vez en años, hubo meses en los conflictos en el sector privado superaron a los del sector estatal. En 2005, en Panamá, un gran movimiento de huelga generalizada durante varios días obligó al gobierno a dar marcha atrás en sus planes de reformas neoliberales. En Venezuela, el surgimiento de la UNT se produjo a partir de la centralidad que adquirió la clase obrera en la lucha contra el paro-sabotaje en PDVSA.

La realidad es que ninguno de los “movimientos sociales” ha podido reemplazar la centralidad de la clase trabajadora urbana, y en especial del proletariado industrial, en los países más avanzados de la región. Con todos los cambios de la globalización, esa centralidad estructural no sólo se mantiene sino que se ha visto reafirmada. Si esa centralidad estructural no logra traducirse en movilización social y hegemonía política, ningún movimiento de sectores socialmente “marginales” (sin tierra de Brasil, desempleados de Argentina, comunarios de Bolivia, indígenas de Chiapas, etc.), por más progresivo que sea, podrá sustituir esa carencia.

Esto se relaciona con la respuesta a la pregunta que antes planteamos: ¿con qué ejes delimitadores hay que luchar para agrupar políticamente a la vanguardia? ¿Con qué proyecto? ¡Alrededor de partidos o movimientos de la clase trabajadora! Sólo contando con su propio instrumento político –absolutamente independiente, separado y distinto de todas las corrientes burguesas de derecha o de “izquierda”– la clase trabajadora podrá agrupar a su alrededor el más amplio bloque de todos los explotados y oprimidos (las clases medias empobrecidas, las masas excluidas y en la miseria, los pueblos originarios, los campesinos, etc.).

Tanto la experiencia de las revoluciones del siglo XX como ahora de las luchas y rebeliones con que despunta el siglo XXI, nos dicen que la lucha por el socialismo, por la revolución socialista, sólo puede plantearse desde la movilización y la hegemonía de la clase trabajadora.

Entonces, hoy la gran tarea es ganar a la vanguardia, a los activistas obreros y sociales, para luchar por esa perspectiva política y para impulsar ese estratégico proceso de recomposición. Esa es la tarea central de este período “preparatorio”.[4]

III. LOS NUEVOS GOBIERNOS

Nacionalismo burgués y frente populismo. Por una delimitación de clase

Salvo excepciones como la reelección de Uribe en Colombia, lo que predomina en América Latina es una variedad de gobiernos y movimientos políticos que se presentan como “de izquierda” y/o “progresistas”. Bajo esta denominación hay sin embargo una variedad de posiciones y situaciones políticas. Se trata de un debate de inmensa importancia estratégica: la caracterización y ubicación que debemos tener los socialistas revolucionarios respecto de los nuevos gobiernos en Latinoamérica.

Tenemos gobiernos burgueses normales, como es el caso de Bachelet, Tabaré Vázquez y Lula, extremadamente “conservadores”, continuistas y neoliberales. En un lugar “intermedio” hay otros gobiernos burgueses más o menos “normales”, como Alan García en Perú (de retórica populista) y más característicamente el de Kirchner. En el caso de éste, como “hijo burgués” del Argentinazo, la línea continuista es “post-neoliberal”. Es decir, matizada con una serie de concesiones y cambios en la regulación del capitalismo argentino, en última instancia subproducto de la rebelión popular.

Sin embargo, cuando nos desplazamos hacia la “izquierda”, aparecen gobiernos también burgueses “anormales”, como los de Chávez y Evo Morales, con diferencias respecto de su procedencia de clase. Chávez es un gobierno nacionalista burgués en condiciones de crisis hegemónica de los Estados Unidos. En el caso de Morales, estamos ante un gobierno de frente popular.

Sobre las características especificas de este tipo de gobiernos burgueses “anormales”, veamos una clásica definición de Trotsky que conserva toda su actualidad:

“En los países industrialmente atrasados, el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación con el proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación con los capitalistas extranjeros” (“La industria nacionalizada y la administración obrera”).

Aclaremos que estos gobiernos del siglo XXI se apoyan, más que en el proletariado, en los sectores populares en general. En verdad, su política hacia la clase obrera es donde más se manifiesta su carácter de clase burgués.

En el caso de Chávez, se trata de la emergencia, en las condiciones específicas del siglo XXI y de la propia Venezuela, de un gobierno nacionalista burgués con muchos de los rasgos marcados por Trotsky respecto del “bonapartismo sui generis” de su época. Es decir, con “condiciones especiales de poder estatal” que le permiten maniobrar por “encima” de las clases, apoyándose en las masas populares, haciéndoles concesiones y “disponiendo de cierta libertad” respecto del imperialismo.

Sin embargo, aunque Chávez gusta definir al suyo como un gobierno “obrerista”, debe estar absolutamente claro que no estamos ante un “gobierno de los trabajadores”. Se trata de un gobierno burgués, asentado en una de las instituciones principales del Estado burgués, el ejército, y que viene cerrando crecientes acuerdos con sectores de la gran burguesía y las multinacionales que operan en su país (ver al respecto, por ejemplo, el ilustrativo artículo de Flor Beltrán en Socialismo o Barbarie 86)

Al mismo tiempo, está claro que el de Chávez configura un gobierno burgués “anormal”, en el sentido de que si la subordinación al imperialismo en la característica distintiva de los gobiernos latinoamericanos, su emergencia como gobierno independiente es una característica política evidentemente propia del chavismo. No es accidental que haya intentado ser depuesto por el golpe de abril del 2002, ni que haya sufrido el paro-sabotaje de principios del 2003. Al salir triunfante de ambos eventos, así como del referéndum revocatorio del 2004, esas instancias afirmaron la independencia de su gobierno respecto del imperialismo yanqui. El retiro del embajador en Israel durante la agresión sionista al Líbano es otra expresión de esta independencia.

La base material de este comportamiento se asienta en lo que definimos como el actual desarrollo de los “nacionalismos energéticos”: el manejo monopólico –que no excluye, sino que más bien presupone, acuerdos de asociación “mixta” con las multinacionales– por parte del estado de la extracción de petróleo y de una parte importante de la renta petrolera.

Pero nada de esto niega que se trata de un nacionalismo burgués que sigue manteniendo fraternales relaciones con los demás países imperialistas, que paga puntualmente la deuda externa y que no ha tocado nada de la gran propiedad industrial, agraria, comercial, financiera y de medios de comunicación, por lo que Venezuela sigue siendo un país 100% capitalista. En todo caso, se trata de un capitalismo con fuertes rasgos de capitalismo de Estado, muy lejos de la prédica de Chávez del “socialismo en el siglo XXI” y más emparentado con los nacionalismos burgueses que jalonaron la región hacia mediados del siglo pasado.

En efecto: a semejanza de Chávez, “los gobiernos ‘bonapartistas sui generis’, como los de Perón, Nasser, Getulio Vargas, Paz Estensoro, etc., característicos de la segunda posguerra, consiguieron apoyo en las masas haciéndoles concesiones. Estas, en ocasiones, chocaron con los mezquinos intereses inmediatos de las burguesías nativas, aunque esas concesiones fueron hechas con vistas a los intereses históricos y de mas largo plazo de desarrollo capitalista nacional independiente (...). Una característica fundamental de estos regímenes es que expropiaron políticamente a la clase trabajadora y las masas populares. Hicieron todo lo posible para que no tuviesen una expresión política propia e independiente” (Roberto Ramírez, “¿«Revolución bolivariana»?”, en AAVV., Rebeliones en América Latina).

En el caso de Bolivia, ya hemos señalado que se trata de un gobierno de frente popular. Esto es, un gobierno que tiene la particularidad de que es una organización de masas, no burguesa, la que llega al gobierno del Estado capitalista, y adquiere necesariamente el carácter de un gobierno de conciliación de clases. En última instancia, por el contexto del Estado y de las relaciones de producción capitalistas, se trata de un gobierno burgués. Sin embargo, la organización que llega al gobierno no es burguesa: es obrera, campesina o pequeño burguesa.

Es el caso de Evo Morales. Porque el MAS de Bolivia es un “movimiento-partido” pequeño burgués y campesino reformista, que llega al gobierno a gestionar el Estado burgués boliviano y sacarlo de su crisis mortal. Es un movimiento-partido de base campesina con un funcionariado pequeño burgués y una intelectualidad con aspiraciones burguesas. Un gobierno clásico de frente popular, con la diferencia de que su base social no es obrera, sino campesina.

La discusión acerca del carácter de los actuales gobiernos supone todo un debate al interior de la izquierda. Hay extremos de capitulación, como aquellos que se mofan de la izquierda que considera que Chávez es un gobierno burgués. Pero si no lo es, ¿qué es? ¿Un “gobierno del pueblo”? ¿“Nuestro gobierno”? Este tipo de posiciones, que configuran una bancarrota total, son típicas de algunos de los grupos que giran en torno al MST Alternativa en la Argentina.

Por su parte, los compañeros del MST-El Socialista plantean que “todos los gobiernos de la región son de frente popular”, incluso Kirchner. Esto es directamente disparatado. Kirchner es el emergente de un partido burgués tradicional como el PJ, no de una organización de masas, y el suyo es el gobierno del principal partido burgués tradicional, el peronista. Esta diferenciación tiene su importancia porque frente a un gobierno burgués normal y uno “anormal” de frente popular hay matices a la hora de hacer política.

Pero también tenemos diferencias con los compañeros del PO, el PSTU y el PTS. Por ejemplo, para los dos últimos, el gobierno de Lula es de frente popular. A nuestro modo de ver, el caso de Lula tiene su especificidad, dado que el PT fue en su momento un partido de trabajadores reformista. Pero a estas alturas nos parece evidente que ha perdido completamente ese carácter y se ha consumando su transformación en un típico partido burgués.

Con el PO, las diferencias son más amplias: sigue sosteniendo la equivocada estrategia del “Frente Único Antiimperialista”, en este caso frente al gobierno de Evo Morales, al que llamaron públicamente a apoyar.

Este debate es tan apasionante como complejo, porque en varios casos amplios sectores de masas tienden a considerarlos como “su gobierno” (como es visible con Chávez y Evo Morales). En otros, al menos, gozan de un amplio (aunque pasivo) apoyo popular, como ocurre con Kirchner. A esta dificultad se suman sus veleidades de “desobediencia” y “antiimperialismo” en el contexto de la actual crisis hegemónica, que les permiten opacar aún más su carácter de gobiernos 100% capitalistas.

Esta es la razón por la cual es tan importante hacer una clara definición de clase de estos gobiernos: es la única manera de dar sustento a una estrategia de intransigente independencia de clase frente a ellos.

La situación de Cuba

Aunque más no sea sumariamente, tiene una especial relevancia para la situación latinoamericana el actual momento político que vive Cuba. En primer lugar, se puede decir que el proceso restauracionista, que avanzó varios pasos durante la década del 90 con el cambio de aires mundiales y regionales, está en cierto modo “detenido”: Cuba no es –no aún, en todo caso– un estado capitalista, y mantiene las progresivas características de independencia del imperialismo yanqui que distinguen a ese país desde 1959. Por esto mismo, el ciclo de rebelión popular inaugurado a principios del siglo, junto con la situación en Bolivia y, sobre todo, Venezuela, han vuelto a poner a Cuba en el debate de la izquierda.

A todo esto se le suma que el país se ha visto últimamente beneficiado por los acuerdos con Venezuela dentro del contexto del ALBA, que le garantizan no sólo la provisión que necesita de petróleo, sino incluso un excedente que puede reexportar para hacerse de divisas.

Nada de esto niega que, al mismo tiempo, no siga presente en Cuba un conjunto de inversiones de multinacionales en distintas ramas de la economía como el turismo, la industria farmacéutica en general y la medicina en particular, ni que la hostilidad con Estados Unidos no implique, al mismo tiempo, relaciones de mucha proximidad con otros países imperialistas como España y el actual gobierno de Zapatero. Así como es un hecho que se mantiene o se amplía la brecha social entre la capa burocrática y los trabajadores que se fue creando en las ultimas décadas y que pegó un salto en los 90.

Sin embargo, el “lustre revolucionario” que conserva Castro en la región sirve como otro elemento de legitimación de estos nuevos gobiernos latinoamericanos con los que tiene relaciones más estrechas, sobre todo Chávez y Morales. El primero se ha mostrado como el mandatario más cercano durante la enfermedad de Castro, precisamente en momentos donde en la política interior de de Venezuela la orientación apunta más bien a la “estabilización” y al estrechamiento de lazos con las multinacionales.

Cuba no es un estado socialista –en el sentido más lato del término ya que, estrictamente, la existencia efectiva del socialismo excluye la del Estado–, pero tampoco lo consideramos un estado obrero, como lo hace la mayoría de las corrientes socialistas revolucionarias de nuestro continente. Lejos de ser un “modelo” a seguir por los procesos revolucionarios en curso en la región, el retorno a métodos más “clásicos” de lucha de clases y los elementos de democracia de bases, aun en ausencia del desarrollo de elementos de radicalización socialista y con una limitada centralidad obrera, constituyen un punto de apoyo imprescindible para la perspectiva de auténtica revolución socialista por la que creemos que hay que luchar. Esta centralidad conciente de la clase obrera es imprescindible para abrir la transición al socialismo, transición que quedó abortada en la isla casi desde el inicio de la experiencia revolucionaria.

Esto no significa que Cuba sea un estado burgués: ya hemos señalado que la restauración del capitalismo aún no se ha consumado. A nuestro modo de ver, con las especificidades del caso que vienen de su proximidad e independencia del imperialismo yanqui, es uno de los últimos Estados burocráticos sobrevivientes de la caída del estalinismo, donde por una serie de circunstancias históricas y políticas que aquí no podemos desarrollar, la clase obrera cubana de la ciudad y el campo no es la que tiene en sus riendas el poder, ni en el terreno político ni en el de la gestión de la economía. Para que esto ocurra, debería desarrollarse un proceso de lucha y movilización desde abajo que sin dejar de defender de manera incondicional a Cuba del imperialismo, impusiera una revolución política y social que desplace a la burocracia castrista del poder. Esto es, una revolución antiburocrática y auténticamente socialista, que si bien no debería cambiar el aspecto meramente jurídico de la propiedad, sí debería hacer pasar los medios de producción efectivamente a manos de los trabajadores.

La experiencia de Cuba nos debe servir también para explicar por qué no se puede esperar la estatización generalizada de los medios de producción de parte de gobiernos como el Chávez, contra las ilusiones compartidas también, lamentablemente, por muchos que se consideran parte de la izquierda revolucionaria.

Porque cabe recordar que en las propias nacionalizaciones en Cuba a principios de los 60 influyeron dos factores políticos de peso hoy ausentes.

Por un lado, la presión producida por el choque con el imperialismo yanqui que, en ese momento histórico, y a pesar de la existencia de la ex URSS, estaba en el apogeo de su hegemonía. Se trato de un paso empírico y defensivo de la dirección castrista frente al sabotaje y el bloqueo de las multinacionales y el gobierno norteamericano. Sin duda, en el sentido antiimperialista y anticapitalista –pero no socialista–, estas estatizaciones configuraron un paso progresivo respecto del imperialismo, aunque con la gran limitación de haber sido realizadas “desde arriba”.[5]

Y en segundo lugar, hay que subrayar que Castro toma estas medidas contando con una “garantía social”: el hecho de que en la ex URSS (luego de su degeneración), China y los países del Este europeo, las estatizaciones no significaron automáticamente que los medios de producción quedaran bajo el control directo de los trabajadores. Por el contrario, quedaron en manos de una burocracia que se aseguró así su posición social como capa privilegiada y que usufructuó de la parte del león del plustrabajo social generado por los trabajadores y arrebatado a la burguesía y el imperialismo.

Ante la desaparición de la ex URSS (guardiana mundial de la burocracia estalinista), esta última condición hoy no existe: ante la expropiación generalizada de los medios de producción, se adelgazan las mediaciones para que los trabajadores no le pasen por encima a estas direcciones. Así, no sorprende que la dirección castrista asesore a Chávez en el sentido de descartar de plano cualquier curso similar: todo va en el sentido del capitalismo de Estado y de la conformación de empresas mixtas estatales-privadas con los grandes grupos capitalistas.

Pruebas al canto: consultada respecto de en qué estadio se encontraría la “revolución bolivariana”, una conocida intelectual castrista y asesora de Chávez, Marta Harnecker, contestó: “en el estadio de profundizar la revolución, en el esfuerzo de hacer más eficiente el aparato de estado, de pelear contra la corrupción, purificar la policía y los órganos estatales de seguridad, y de trabajar por profundizar la democracia participativa e implementar una lógica económica diferente: una lógica humanista basada en la solidaridad”.

El paralelo con la falsa prédica de la “humanización del capitalismo” es evidente, y lo demuestra que al ser consultada sobre “el más importante paso en el proceso político desde que Chávez definió la ‘dirección socialista’ de la Revolución Bolivariana”, Harnecker responde con toda franqueza: “Seguramente lo sorprenderé cuando afirme que no ha habido ningún paso relevante hacia esa dirección. Lo que está ocurriendo (...) es una lógica humanista basada en la solidaridad (...) en realidad, lo que está pasando en Venezuela no es socialismo”.

Y cuando el entrevistador observa que “la insistencia en el socialismo como la única vía viene, paradójicamente, al mismo tiempo que los esfuerzos que están siendo hechos para incorporar al sector privado en los planes económicos del gobierno”, Harnecker remata reconociendo que “esto es algo contradictorio para la visión clásica del socialismo como una sociedad en la cual todos los medios de producción deben estar en manos del estado, eliminando las raíces de la propiedad privada. En esta visión, el énfasis está puesto en la propiedad y no en el control de los medios de producción. Cuando Chávez habla del socialismo que intenta construir en Venezuela, siempre deja claro que habla del ‘socialismo en el siglo XXI’ y no de una copia de modelos socialistas anteriores. Lo que es central en Venezuela hoy es acabar con la pobreza” (tomado de International Socialist 109, pp. 32-34).

En síntesis, el “nuevo” socialismo del que habla el caribeño no supone expropiar a los capitalistas ni acabar con la ley del valor. En realidad, de auténtico socialismo no tiene nada, sino que se trata a lo sumo, como hemos dicho, de elementos de capitalismo de Estado. Hasta allí llega todo el “socialismo” del que Chávez es capaz.

Reformismo en el siglo XXI y la “nacionalización” del gas en Bolivia

En todo caso, son fuentes de confusión no sólo la prédica “socialista” de Chávez, sino también de las limitadas y tibias reformas que efectivamente llevan adelante algunos de los nuevos gobiernos de la región.

Desde hace varios años, sobre todo en el contexto de los Foros Sociales Mundiales, se viene hablando de un “nuevo reformismo”. Tras el fiasco de Blair y su “Tercera Vía”, el experimento “reformista” volvió a la palestra cuando al asumir Lula en 2003; pasados casi cuatro años, se constata que se trata de una de las experiencias de mayor permanencia neoliberal en la región. En ambos casos, se trataba de un “reformismo sin reformas”: pura retórica acompañada de continuismo neoliberal en los hechos.

Pero con Chávez y, sobre todo, con la reciente “nacionalización” del gas en Bolivia, se abrió el debate sobre la emergencia de un reformismo que sí lleva adelante ciertas reformas.

En el caso boliviano, el más complejo de la actual coyuntura, lo primero a señalar respecto de la “nacionalización” de Evo Morales es que estos gobiernos, bajo la presión de la lucha de clases y de las rebeliones populares, para poder cabalgar sobre ellas y administrarlas, reabsorbiéndolas garantizando la gobernabilidad capitalista, se ven obligados a adoptar una serie de limitadas reformas, dentro del ya citado mecanismo de conquista-concesión-trampa. Profundizar sobre esto es de enorme importancia estratégica para no marearse.

Es un hecho que hay ciertas “reformas”, muy circunscriptas, por parte de gobiernos (Chávez y Morales son los ejemplos más claro, pero no los únicos) que se han visto obligados a conceder una serie de limitadas concesiones para frenar, desviar y mediar el proceso de la lucha.

En ese sentido, no se trata de “puro continuismo”. Hay ciertos cambios en la regulación del capitalismo e incluso cierto tipo de reformas, aunque en general de carácter más político que económico. Pero incluso en el terreno económico, cambian ciertas reglas de juego cambian, y desde ese punto de vista no es ilícito hablar de cierto “reformismo”.

Insistimos: no todo es retórica hueca; hay auténticas concesiones, en mayor o menor grado. Lo que hay que subrayar es que todo lo que contienen de “audaces” estas medidas tiene su origen en la acción de las masas, y todos los límites provienen del carácter 100% burgués de los nuevos gobiernos.

Lo que queda entonces es un muy limitado tipo de reformas, con cambios en la regulación estatal pero con pocas consecuencias materiales favorables a las masas. Porque a comienzos del siglo XXI, las condiciones económicas no tienen nada que ver con las “vacas gordas” del boom capitalista de la posguerra (Estado benefactor); más bien, son lo opuesto: continúa, de conjunto, el período neoliberal de la economía capitalista mundial, con casi cero espacio para concesiones significativas a las masas. De paso, esa diferencia de contexto económico es uno de los elementos más importantes para distinguir el actual ciclo de los gobiernos nacionalistas con el de la segunda posguerra.

Al mismo tiempo, es clave comprender y hacer entender, frente a la demagogia de los gobiernos de la “causa nacional”, que éstos de ninguna manera van a lograr un desarrollo de las fuerzas productivas, sin lo cual no puede haber reversión estructural y estratégica a las condiciones de vida de las amplias masas. Para que hubiera un auténtico desarrollo de las fuerzas productivas, estos gobiernos tendrían que tomar medidas reales y estructurales medidas anticapitalistas: la expropiación de los grandes monopolios burgueses, la nacionalización de la banca y el comercio exterior imponiendo realmente el no pago de la deuda externa, el impulso a la unidad latinoamericana combinada con la planificación socialista de las principales ramas de la economía a escala continental, etc., nada de lo cual, evidentemente, están dispuestos a hacer.

Ahí está el caso de Chávez, dilapidando parte importantísima de la renta petrolera extraordinaria de la que hoy goza Venezuela. O los subsidios K a los empresarios y la política del “desendeudamiento”, que da mayores márgenes de maniobra a su gobierno (como ocurre también con Lula) pero a partir de la orientación totalmente capitalista de destinar los ahorros nacionales a cancelar las deudas con la banca imperialista.

Lo propio ocurre incluso con la “nacionalización” del gas en Bolivia, a cargo del Estado burgués sin ningún tipo de control obrero. Y es sabido que en el país andino –como en el resto– hay una larga tradición de parasitismo, corrupción e ineficiencia en el aparato estatal. Por ejemplo, Evo Morales ya se ha visto obligado a remover al presidente de la YPFB “refundada” por un desfalco de 35 millones de dólares, y el nuevo presidente designado por el gobierno del MAS viene de desempeñarse nada menos que como gerente de ¡Petrobras! Y por otra parte, hoy el proceso mismo de la “nacionalización” está totalmente paralizado: el ministro de Hidrocarburos Soliz Rada acaba de reconocer que desde el 1º de mayo no ha entrado al fisco un solo peso más tras la “nacionalización”.

Al respecto, alerta muy bien Claudio Katz:

“El alcance efectivo de la nacionalización es por ahora una incógnita (...) constituye un importante paso adelante, cuya afirmación depende tanto del monto como de la utilización de la nueva renta estatal. Si los fondos públicos se destinan a favorecer a los grupos capitalistas, la nacionalización reproducirá todos los vicios del estatismo petrolero que se han verificado desde México hasta Kuwait. Una capa de burócratas reciclará el excedente para enriquecerse y facilitar la acumulación subsidiada de los empresarios afines al gobierno de turno (...). Una larga experiencia de estatizaciones burguesas demuestra que el número de empresas traspasadas al sector público no es sinónimo de mejoras populares. Sólo la presencia, control e intervención directa de los movimientos sociales en la administración de los nuevos fondos permitirá asegurar su utilización en beneficio de la población” (“El torbellino de la integración”).

Otro ejemplo de derroche de recursos escasos es el proyecto de “capitalismo andino-amazónico” fogoneado por García Linera, vice de Morales. No podría haberse imaginado idea más romántica y despilfarradora de fondos, ya que el proyecto afirma que parte importante de la renta petrolera no debe ser destinada a la industrialización del país, sino al “fortalecimiento de las economías familiares” tal cual son hoy. Es decir, operar una transferencia de recursos no en la perspectiva del desarrollo de la gran producción sino para el sostenimiento de la pequeña propiedad. Según las palabras del vice boliviano:

“La construcción de un Estado fuerte que regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para potenciar formas de autoorganización y de desarrollo mercantil propiamente andino y amazónico (...) Es una falsa utopía pensar que todos se convertirán en empresarios formalizados. Seguirán trabajando familiarmente y a nivel domestico por lo menos por los próximos 50 años. La idea es que tengan soporte económico, acceso a insumos, a mercados, que generen en su régimen económico (artesanal y familiar) procesos de bienestar. Quizás la movilidad social sea pequeña y la mayoría siga en la economía familiar de pequeña y mediana escala, pero con mejores condiciones de vida y productividad” (en Le Monde diplomatique 79, edición argentina).

Aclaramos que no se trata de oponerse, ni siquiera en el caso de la transición socialista, a subsidiar por un período a la pequeña propiedad: la reivindicación de “créditos baratos” para estos casos hace parte del programa de la revolución socialista. Pero algo muy distinto es destinar el centro de los recursos naturales y de generación de divisas a este sector y no a la inmediata industrialización del país.

Por eso, resulta clave, estratégico, comprender y explicar que se trata, precisamente, de “reformas” muy limitadas –a veces incluso ficticias– y no de transformaciones revolucionarias reales anticapitalistas, porque las hacen gobiernos burgueses, desde el Estado burgués, en un contexto capitalista y sin romper realmente con el imperialismo, lo que hace que resulten socavadas desde el momento mismo en que se toman.

El marco teórico más general para entender medidas como la nacionalización parcial del gas es, creemos, el que estableciera de manera tan brillante como educativa Milcíades Peña hace años:

“No todo el capitalismo argentino es privado. Pero las empresas pertenecientes al Estado –el ‘capitalismo de Estado’– se comportan exactamente igual que las empresas privadas, sólo que empeorando las deficiencias de éstas. La burocracia que dirige las empresas estatales se encuentra orgánicamente ligada a la burguesía por la naturaleza de sus actividades mediadoras y reguladoras (...). Como resultado, en la medida en que la burocracia de las empresas estatales tiene poder de decisión, lo emplea con los mismos criterios burgueses que guían a los empresarios privados. Y en un país como la Argentina, estos son los criterios de una burguesía atrasada, dependiente del capital extranjero, que por el hecho mismo de no poder sobrepasar el horizonte del régimen capitalista es incapaz de formular una política apta para superar el atraso y la dependencia. El atraso argentino, la baja productividad del trabajo nacional, son realimentados diariamente por el accionar de este capitalismo de Estado que, dilapidando sin cesar recursos escasos, refuerza la dependencia del país frente a las metrópolis del capital. Lejos de ser un ‘instrumento de crecimiento económico’ (...), el ‘capitalismo de Estado’ en la Argentina constituye un factor de estancamiento tanto por lo que hace como por lo que deja de hacer, por el continuo despilfarro de recursos escasos en que incurre, así como por la completa inoperancia en el sentido de planificar su acción con vistas a elevar la productividad” ( Industria, burguesía industrial y liberación nacional, pp. 102-103).

En síntesis, lo que cabe retener es la idea de que se patea el tablero respecto de las normas de los 90. Esto no es “continuista”, sino algo distinto: son medidas de “capitalismo de Estado”, diferentes al neoliberalismo puro y duro, en condiciones de rebelión popular, de mediación electoral y crisis hegemónica. Pero lo que ocurre como contracara es que se trata de “reformas” enteramente capitalistas, que no van a dar soluciones de fondo.

En el caso de la “nacionalización” del gas, por ejemplo, lo que hay es más bien un regateo entre el capitalismo de Estado boliviano y las multinacionales. La renta petrolera y gasífera ha pegado un salto espectacular, acompañando el precio del barril de 20 dólares a entre 60 y 75 dólares el barril. El negocio petrolero está en plena expansión, ya que explotaciones costosas como la offshore, casi inviables con un barril a 20 dólares, a 70 u 80 dólares es negocio puro, una inversión de retorno asegurado.

¿Qué es lo que está por detrás del nuevo evangelio de las “empresas mixtas”? ¿Cuál es el mensaje implícito del capitalismo de Estado? Un establecimiento de nuevas condiciones a empresas que de todas maneras siguen haciendo grandes negocios con márgenes de ganancia altísimos. Eso es lo que hizo Chávez en Venezuela, en el marco de asociaciones empresarias “mixtas” que le den “sólo” el 10% de la producción a las multinacionales. Pero se trata igualmente de ganancias que significan fortunas. Porque en la abrumadora mayoría de los casos las multinacionales no invirtieron un peso en la exploración petrolera, la parte más costosa del negocio. Los dos mayores yacimientos gasíferos de Bolivia ya estaban descubiertos y puestos a funcionar por YPFB cuando Petrobras asumió su administración.

Entonces, lo que tenemos son nuevas reglas de reparto de la renta con los privados para mejor gestionar el Estado capitalista en condiciones de rebelión popular latente.

IV. LOS DEBATES ESTRATÉGICOS

La política frente a las medidas “progresivas”

El ya señalado carácter “anormal” de algunos gobiernos burgueses de la región y la emergencia de un nuevo “reformismo” que adopta medidas “progresistas” plantean el problema de la política a adoptar por los socialistas revolucionarios frente a ellas. Se trata de una discusión estratégica.

Tomaremos, nuevamente, el ejemplo de la “nacionalización” del gas en Bolivia. Aunque esta medida tenga cierto costado de “pateo de tablero”, es enteramente burguesa respecto de la perspectiva de la transformación social de Bolivia. Entonces, no podemos apoyarla, porque va en el sentido de “resolver” esta tarea de manera burguesa, es decir, parcial, inconsecuente y limitada, lo que equivale a no resolverla. Da concesiones al movimiento de masas, pero en la perspectiva de salvar al Estado burgués boliviano, no de liquidarlo. Los socialistas revolucionarios no podemos apoyar políticamente una medida que vaya en la perspectiva de salvar al Estado burgués y que no cuestiona de fondo las reglas de juego del capitalismo, por más “antiimperialista” que parezca.

En la tradición marxista revolucionaria, el criterio de principios es que no se pueden apoyar medidas políticas burguesas porque son parte de un todo político: el mantenimiento del sistema capitalista. Y éste es, justamente, el caso de la “nacionalización” del gas de Evo: hace parte de una política global, de conjunto, de liquidar la rebelión popular boliviana.

Por supuesto, sí es una obligación utilizar estas medidas para plantear llegar más lejos: “queremos que se vaya hasta el final, que se expropie todo el gas, que pase a manos de los trabajadores, no de los militares”. Y, frente a posibles encontronazos con el imperialismo, enfrentamientos con las empresas multinacionales o intentos de re-privatización total, es una obligación la defensa de Bolivia; como también, en la pelea por los contratos petrolíferos, defendemos el derecho soberano del Estado boliviano de resolver los contratos bajo su propia jurisdicción. Como señala la declaración de SoB Bolivia sobre el gas, en todo conflicto entre la nación opresora y la oprimida, nos colocamos en el terreno de la oprimida.

Pero el punto de partida es que cada medida que toma un gobierno burgués, sea “nacionalista” o de frente popular, es parte de una totalidad, del carácter burgués del gobierno y del Estado. Y el otro elemento fundamental, estratégico y decisivo, es que siempre sostenemos la independencia de clase de los trabajadores y su autodeterminación. Una renegociación de los contratos significa un reparto distinto de la renta en condiciones más ventajosas para el Estado boliviano. Pero nuestro ángulo es de clase: ¿qué tanto de esa renegociación va a ir a parar de manera efectiva a la clase trabajadora? Por eso nuestro programa es que las empresas deben ser efectivamente expropiadas y pasar a manos de los trabajadores.

Decía Milcíades Peña:

“Un largo siglo después del Manifiesto Comunista, los sembradores de confusiones afirman que es ‘estrecha y egoísta’ la reivindicación que postula soluciones ‘de clase’ para el barco que se hunde. Toda la política marxista –en la cuestión nacional tanto como en la esfera económica o en cualquier otro aspecto de la realidad social– es una política de clase. Está dictada por los intereses históricos del proletariado, que lucha para liberar a la humanidad de todas las formas de opresión (...). El partido proletario puede y debe resolver el problema nacional por sus propios métodos” (cit., p. 164).

¿Qué significa, entonces, que las empresas pasen a manos del Estado? Obviamente, no somos “liberales” en el sentido de que apoyemos que estén en manos privadas. Pero ¿qué significa que pasen a manos del Estado burgués? ¿En qué se diferencia una nacionalización burguesa de una anticapitalista? ¿Quién debe controlar y dirigir esas empresas? En esta discusión esta el núcleo de nuestra posición respecto de las nacionalizaciones burguesas, porque las estatizaciones capitalistas (como categóricamente señalara Trotsky en sus valiosos textos sobre Latinoamérica) no configuran formas de “socialismo” sino de capitalismo de Estado. Es por esto que hay que luchar por la expropiación total de las empresas bajo control y/o administración obrera, como parte de la lucha por el poder de la clase trabajadora.

Respecto de las medidas “progresistas” de los gobiernos nacionalistas burgueses o de frente popular, creemos que tiene total actualidad la ubicación que al respecto defendiera Nahuel Moreno –apoyándose en Trotsky– en su polémica con la OCI francesa, y que citáramos en nuestro debate con corrientes como el MES de Brasil [6]:

“La pregunta es: ¿es posible apoyar los pasos o medidas progresivas de un gobier