argentina

Presentamos el proyecto de Documento Nacional del IV Congreso del nuevo MAS. Nos hemos apoyado, en lo que hace a sus consideraciones más generales, en las definiciones provistas por el proyecto de Documento sobre América Latina.

En este marco, queremos hacer referencia a tres aspectos específicos que están más trabajados en este texto. En primer lugar, hacemos notar que la coyuntura política del país y también de algunos países de la región, parecen haber ido incorporando una serie de elementos de polarización política. Las amenazas represivas en México a la Comuna de Oaxaca, los enfrentamientos en Huanuni, Bolivia, entre cooperativistas y mineros asalariados, y la desaparición de López, junto con el accionar de una patota oficialista contra los trabajadores del Hospital Francés y los enfrentamientos intra aparato del PJ bonaerense el 17 de octubre parecen abonar elementos que recuerdan que el ciclo de crisis más de fondo de la región y el país sigue vigente. Este elemento se desarrolla junto con un análisis de las características específicas del gobierno y el régimen político en la era K.

Sin embargo, la principal novedad de este texto está referida a los elementos más estructurales del análisis. En este sentido, nos parecía importante en nuestro esfuerzo de elaboración pasar de los aspectos más estrictamente políticos del análisis a los movimientos subterráneos que son los que, en última instancia, los determinan. Es por esta razón que en se hace un estudio más detallado del trasfondo económico del gobierno de Kirchner, así como de la disposición de fuerzas objetivas de la clase obrera hoy en la Argentina y del proceso de recomposición en curso.

Es a partir de este marco más estructurales que el documento intenta fundamentar una caracterización y orientación de dimensión más estratégica: la previsión de que, eventualmente, un próximo ascenso más de conjunto de las luchas de los trabajadores tendrá en su centro a la nueva generación que ha entrado a trabajar en los últimos años. Así como la posibilidad, como desde hace años no se ve, de que entren a tallar más en la lucha sectores del proletariado industrial, cuyas filas y planteles se han visto recompuestos en los últimos años.

Finalmente, en vista de que consideramos esta discusión de interés no sólo para la militancia de nuestra organización, sino para el conjunto de la vanguardia y el activo del resto de las tendencias de la izquierda, hacemos público, como lo hicimos con el texto latinoamericano, también este proyecto de Documento Nacional.

De manera muy esquemática y sucinta, comenzaremos por dar cuenta de los sucesivos momentos políticos que siguieron a la asunción del gobierno de Kirchner, así como su contexto regional, hasta la coyuntura actual.

En su momento habíamos definido a Kirchner como “hijo burgués del Argentinazo”, lo que remitía tanto al cambio de ciclo de la lucha de clases que le dio origen como a los límites políticos del Argentinazo mismo. En los textos del Congreso anterior (diciembre 2004), asimismo, nos referíamos a los progresos del gobierno K en la estabilización, relegitimación de las instituciones cuestionadas y reabsorción del proceso iniciado en diciembre de 2001.

Luego de las elecciones de 2005, además, establecimos que como producto del éxito del gobierno en la reconstitución de las instituciones, del fin del continuo proceso de deterioro económico y social que se extendió hasta 2003 –a caballo de la recuperación económica y del empleo– y del respaldo político logrado por Kirchner en esas elecciones, que sancionaba el consenso alrededor de la figura presidencial, era lícito hablar de cierre del Argentinazo en tanto que crisis de dominación.

Sin embargo, inmediatamente cabía efectuar una aclaración: el hecho de que la burguesía y su elenco político hubieran podido cerrar la tremenda crisis política, económica y de dominación que eclosionó en diciembre de 2001 no significaba, en modo alguno, un “retorno al punto de partida”. Por el contrario, la definición de “cierre del Argentinazo” asumía como premisa que las nuevas relaciones de fuerzas entre las clases y el nuevo ciclo político que venía a cerrar el largo período de derrota de los 90 ya formaban parte de la realidad política. En ningún caso cabía interpretar esa definición en un sentido de regreso al ciclo de derrotas y retroceso de la etapa precedente.

Esta aclaración cobraba más fuerza y relevancia aún si se la relacionaba con el contexto político internacional en general y latinoamericano en particular. En verdad, el comienzo del siglo XXI –haciendo una cronología aproximada– representó en ambos casos el fin de una etapa de permanente retroceso para el movimiento obrero y para el marxismo revolucionario. Lo que dimos en llamar, a nivel del globo, el “giro de Seattle”, y a nivel regional, el proceso de “rebeliones en América Latina” daban –y dan– un marco más amplio a la lucha de clases en la Argentina, cuyas coordenadas son esencialmente distintas a las de los 90, aunque pervivan parte de sus pesadas herencias.

Por otra parte, la relativa estabilización lograda por Kirchner y el “relegamiento” en la memoria popular de los acontecimientos de 2001 guardan también una estrecha relación con procesos análogos que tienen lugar en nuestro continente en los últimos años. Como hemos señalado en otros textos, puede decirse que a la “primera fase” del ciclo de rebeliones en América Latina, con los picos explosivos de Ecuador en 2000, Argentina en 2001, la derrota del golpe contra Chávez en 2002 y el derrocamiento de dos presidentes en Bolivia (2003 y 2005) le sucedió una “segunda fase” de estabilización a partir del surgimiento de los gobiernos centroizquierdistas de “mediación” en prácticamente toda Sudamérica.

Aunque las especificidades nacionales tienen una importancia innegable, es evidente que hay una serie de elementos comunes coadyuvantes al surgimiento de gobiernos como el de Kirchner, Chávez, Evo Morales, Lula, Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet o Alan García. Esos factores comunes son, en primer lugar, de índole política; esto es, la respuesta post facto o preventiva a procesos de agitación y / o rebelión popular, en condiciones de crisis social, rechazo a las recetas neoliberales y un afloramiento del sentimiento antiimperialista. Pero también inciden pautas económicas más generales, como lo demuestra el momento de crecimiento y saneamiento fiscal que está atravesando el conjunto de los países de la región, aprovechando el ciclo favorable de la economía internacional. Ya desarrollaremos esto en el capítulo respectivo.

En todo caso, cabe retener el concepto de que las tendencias a la consolidación temporaria de los gobiernos de mediación como el de Kirchner exceden las vicisitudes locales y se inscriben en un contexto como mínimo regional.

Dicho esto, corresponde dar cuenta de la situación política de los últimos dos años en términos generales. Tal como estimáramos en 2004, el 2005 fue un año en el que se verificaron dos procesos paralelos. Por un lado, una mayor estabilización política y económica, apoyada en la relegitimación de la figura presidencial y en el mantenimiento de la tendencia a la recuperación económica, respectivamente. Por el otro, a caballo de esa misma reactivación y de un recalentamiento de la inflación, se dio un proceso de luchas obreras por salario –con una importante presencia de los trabajadores del sector privado– como hacía años no se veía. Sin duda, el hecho de que por primera vez en bastante tiempo empezara a darse una baja de la desocupación, contribuyó a alejar el fantasma de la “muerte social” del despido entre los asalariados. Asimismo, comenzó un declive en el impacto político y en la capacidad organizativa de los movimientos de desocupados, que habían sido los principales protagonistas de la vanguardia luchadora en el período 2001-2003. Por el contrario, quienes fueron ocupando la palestra fueron los trabajadores ocupados, con dos características: se trataba de sectores más de servicios que industriales, y los conflictos más importantes tenían a su frente direcciones independientes, con un fuerte peso de la izquierda independiente. Las luchas del Hospital Garrahan y de los trabajadores del subterráneo, fueron emblemáticas del período al que hacemos referencia.

A comienzos de 2006, parecía que esas dos tendencias generales –consenso mayoritario alrededor del gobierno y luchas obreras por salario poniéndose en el centro de la geografía social de la lucha– se mantendrían y consolidarían. El impacto nacional del conflicto de los petroleros de Las Heras, en la propia provincia del presidente, que cuestionaba la política salarial del gobierno con métodos radicalizados –hubo un policía muerto– sugería una posible profundización de ese proceso.

Sin embargo, en el marco de un accionar de intervención política en la economía cuyas características desarrollaremos en el capítulo económico, los acuerdos paralelos realizados por el gobierno hacia marzo de este año en precios (con la burguesía) y salarios (con la ayuda de la burocracia sindical) lograron detener esa dinámica incipiente. De hecho, con pocas excepciones –en general locales y de limitada repercusión política–, el “convenio marco” del 19% de aumento salarial para todo el año como techo para todas las discusiones salariales dejó prácticamente cerrado el tema para el conjunto del movimiento obrero. Esto dio lugar a una coyuntura que denominamos “planchada” en términos de agitación social, sin que por otra parte se abriera un momento político abiertamente reaccionario. La tónica era la estabilización de las variables políticas, económicas y sociales.

Es en ese contexto que se hizo sentir con más fuerza la hegemonía política del gobierno, que dejó muy poco margen para el accionar de la oposición burguesa y pareció incluso “cerrar” el año político dejando la sensación de que el proyecto reeleccionista (con Kirchner o con Cristina Fernández) ocupaba toda la escena.

Sin embargo, en las últimas semanas, el clima político aparece enrarecido. La desaparición de Jorge Julio López, sumado a la patoteada y respuesta de los trabajadores del Hospital Francés, más los incidentes en San Vicente entre facciones del PJ, introducen elementos de polarización política, de inestabilidad y hasta de crisis política que desarrollamos más abajo.

Como ya apuntáramos, esta realidad no parece ser sólo una peculiaridad “nacional”, sino que se enmarca en una tendencia regional reciente a situaciones de polarización política, que podrían estar preanunciando un tercer período dentro del ciclo político general, marcado por elementos de mayor inestabilidad y eventuales enfrentamientos. Esta situación, y su posible dinámica, serán desarrolladas a continuación en el capítulo sobre gobierno K y régimen político.

En síntesis, aun manteniendo la definición del cierre del Argentinazo y de fase de estabilización y mediación, es importante subrayar que tanto a nivel nacional como regional el ciclo de la lucha de clases que cerró la derrota de los 90 sigue abierto. Si se pierde de vista el hecho de que la relativa estabilización política y social lograda por el gobierno de Kirchner se da en el contexto de un ciclo político con profundas tendencias a la inestabilidad, se corre el riesgo de sucumbir al impresionismo y / o de quedar desarmados frente a eventuales crisis o convulsiones políticas.

Contingencia que es perfectamente posible, además de que una evolución de ese tipo tampoco está en absoluto descartada para los demás países de la región. Como veremos más abajo, las condiciones de la actual fase de mediación y estabilidad relativa se sustentan, en Argentina y en América Latina, sobre bases bastante menos firmes de lo que la burguesía y el imperialismo desearían.

En el documento sobre Latinoamérica decíamos que, salvo excepciones, lo que predomina en el continente es una variedad de gobiernos que se presentan como “de izquierda” y/o “progresistas”. [1] Sin embargo, añadíamos que bajo esta denominación se escondía una variedad de posiciones y situaciones políticas. Señalábamos, por un lado, la existencia de gobiernos burgueses completamente “normales”, como los casos de Bachelet, Tabaré Vázquez y Lula; gobiernos extremadamente conservadores, continuistas y neoliberales. Por el otro, en el costado “izquierdo”, ubicábamos a los gobiernos burgueses “anormales” de Chávez y Evo Morales; con características de nacionalismo burgués el primero y de frente popular el segundo.

El gobierno de Kirchner se coloca entre uno y otro extremo, en un punto intermedio, con rasgos que le son propios. Dar cuenta de ellos es parte importante de los objetivos de esta sección.

El de Kirchner podría definirse como un gobierno burgués “más o menos normal”, en el que, por tratarse del “hijo burgués del Argentinazo”, la línea continuista ha sido matizada por una serie de cambios en la regulación del capitalismo argentino.

Aquí nos concentraremos básicamente en cinco cuestiones: a) las razones del “hegemonismo” kirchnerista; b) la continuidad de la crisis del sistema de partidos, el rol de la oposición burguesa y de la Iglesia; c) la reapertura de la lucha democrática; d) la caracterización de que se ha abierto una nueva coyuntura política, marcada por una crisis política en el gobierno K y por elementos de polarización, y e) la “volatilidad” del escenario hacia las elecciones del 2007.

Una característica del actual ciclo político en América Latina es que todos los nuevos gobiernos quieren contar con más tiempo para ejecutar sus proyectos. Chávez ha manifestado que quiere quedarse hasta el 2030. Evo Morales, aun atravesando una grave crisis, no le va en zaga: su vice García Linera dijo que “harían falta 50 años para cambiar Bolivia”. En nuestro país, mientras Kirchner dejaba trascender que no quería presentarse a la reelección, se habla de “asegurar el proyecto” mediante una sucesión de mandatos Kirchner (el actual presidente y su esposa) hasta 2020, al tiempo que se monta una supuesta “concertación” fracturando a la UCR.

A escala más modesta, la mayoría de los gobernadores kirchneristas buscan modificar la Constitución o recurrir a artilugios similares para asegurarse la reelección indefinida. Ya lo hizo Alperovich en Tucumán y ahora lo intenta Rovira en Misiones. En esta última provincia, el intento ha terminado por catalizar una fuerte oposición de todo el resto de los partidos burgueses, incluyendo el PJ “oficial” de Puerta, en torno al obispo Pigna que podría imponerle una derrota a Rovira y al propio Kirchner, que alentó las aspiraciones de aquél. Incluso el gobernador bonaerense Solá, jaqueado por la desaparición de López, busca un pronunciamiento de la Corte Suprema provincial en ese sentido.

Los constitucionalistas se rasgan las vestiduras, y la oposición política burguesa –que no siempre expresa mecánicamente a la burguesía económica– acusa al gobierno de “hegemonista” y “avasallador” de las instituciones y los partidos. Prédica que se ha visto reforzada en medio de la crisis política (aunque por ahora “en las alturas”, sin irrupción del movimiento de masas) que se ha terminado abriendo a partir de los enfrentamientos violentos entre fracciones del aparato sindical y político del peronismo bonaerense en San Vicente.

¿Qué refleja todo esto? La base de fondo a los intentos de perpetuación es el hecho de que no se viven tiempos “normales”, fácilmente encuadrables dentro de la alternancia formal de los mandatos. El argumento es, como gusta repetir Kirchner, que “se ha salido del infierno, pero no se ha llegado al purgatorio”. Es decir, que el objetivo de construir un “capitalismo normal” no sólo todavía no se habría alcanzado sino que necesitaría varias gestiones para consolidarse. También se argumenta que la “alternancia” regular es lo mejor para los países estables, pero que en esta “castigada Latinoamérica”, no es tan fácil darse estos lujos.

El razonamiento tiene una parte de verdad. En el contexto del ciclo de rebeliones populares inaugurado a comienzos de este siglo, los nuevos gobiernos burgueses emergentes de ellas tienen la necesidad de contar con mayores márgenes de maniobra de los característicos en los 90. Se trata de gobiernos que no sólo operan como una mediación a las luchas y revueltas populares: buscan arbitrar intereses, poniéndose “por encima” de los conflictos entre las clases sociales, las fracciones internas de la clase dominante y el propio imperialismo.

Este rol que pretenden asumir como condición para poder estabilizar el régimen y el sistema es uno de los rasgos de lo que en la literatura socialista se conoce como “bonapartismo”, aunque le falten otros.

Precisamente, el incremento de las luchas populares, la debilidad de la institucionalidad burguesa clásica –marcada a fuego con las rebeliones– y la necesidad de gestionar un Estado con más capacidad de acción política y económica que en el período neoliberal clásico de los 90 explican algunas de las formas políticas del proyecto kirchnerista que tanto escandalizan a la oposición burguesa. Entre ellas, su insistencia en la necesidad de perpetuar su gestión.

Nada de esto significa, por supuesto, el inicio de un nuevo “movimiento histórico” con el que a veces deliran los kirchneristas. Así lo corrobora el bochorno de San Vicente. Mucho menos que el supuesto “proyecto Kirchner” vaya a orientarse en un sentido “antiimperialista” o “popular”. Se trata más bien de todo lo contrario: la búsqueda de instrumentos y atribuciones que le permitan reabsorber las rebeliones populares con las que despuntó el siglo en nuestros países.

En síntesis, se trata de casi una cuestión de “instinto de conservación” para el elenco político y franjas importantes de la burguesía local: sentar condiciones para que uno y otras eviten perecer en la morsa de las tendencias más agresivas de la mundialización imperialista, por un lado, y las rebeliones populares que podrían poner en cuestión toda la dominación capitalista, por la otra.

De ahí, también, la emergencia de mecanismos de intervención política en la economía que implementa Kirchner, aun sin llegar siquiera a constituir un capitalismo de Estado à la Chávez. Veremos esto en la sección sobre economía.

A estas tendencias “hegemonistas” contribuye también el desprestigio de las instituciones de la democracia en general y la crisis del sistema de partidos en particular. La institución presidencial se ve fortalecida por encima de un sistema de partidos muy golpeado, que poco puede hacer en el sentido de la clásica “división de poderes” propia de las condiciones de “normalidad” de la democracia burguesa.

Porque, siguiendo una tendencia que es mundial, los partidos políticos tradicionales se vacían cada vez más de contenido para transformarse en cáscaras sin base social activa de masas ni lineamientos ideológicos distintivos. Por eso, reflejan de modo cada vez mas directo una dependencia de su soporte económico-material, vinculado a la gestión del Estado.

El caso de los “radicales K” y la devaluada candidatura de Lavagna son ilustrativos al respecto. Los dirigentes radicales que tienen responsabilidad “ejecutiva” –esto es, gobiernan algo– son, no casualmente, los más proclives a acordar una coalición electoral con Kirchner. ¿Las razones? Simples: dependen, como la sombra al cuerpo, de la caja del Estado.

En cambio, los radicales “políticos” –que no gestionan grandes distritos– y los duhaldistas y menemistas desplazados del poder buscan reagruparse alrededor de un candidato “potable” como Lavagna. Esta coalición –cuyo futuro es de lo más incierto– es más “ortodoxa” en su visión de la economía y más renuente a imponer regulaciones al dios mercado que la “coalición kirchnerista”.

Por su lado, la derecha clásica como Macri y López Murphy –que vuelve a asomar en la coyuntura gracias a los traspiés del gobierno– representa la defensa de un esquema neoliberal puro y duro, sumado a un discurso “institucionalista” y “republicano”.

En este marco, en los últimos tiempos la oposición burguesa ha incrementado su agresividad como parte de la nueva coyuntura de crisis política y polarización. Sin duda, ha utilizado en su favor la serie de hechos de las últimas semanas, junto con las peleas del gobierno con la Iglesia y la ventaja que parece sacar Pigna en Misiones.

En esto hay una especie de división de tareas al interior de la clase dominante. La burguesía “económica”, casi unánimemente, viene sosteniendo la política económica del gobierno K. Porque es un hecho que, desde la devaluación de 2002, se ha reestablecido la unidad burguesa en torno a la política económica que está llevando a la mayoría a tener ganancias como nunca.

Sin embargo, esto no se traslada mecánicamente al terreno político. El juego de la oposición burguesa es connatural al régimen político patronal, y parte importante de la “recuperación institucional” tiene que ver con que la oposición no sea la que “está en la calle”, sino la institucional, burguesa y “moderada”: Macri, Lavagna, López Murphy o Carrió. Pero hay otra razón menos “general”: crece el descontento entre determinados sectores del imperialismo y la burguesía alrededor del “arbitrario” estilo de mediación de Kirchner. Se impondría, entonces, ponerle una serie de límites y contrapesos, batalla a la que se ha sumado con fuerza la jerarquía de la Iglesia Católica.

Volviendo a la subsistencia de la crisis del sistema de partidos: en un escenario donde lo que mandan son las coaliciones “gelatinosas” basadas en el aprovechamiento de la gestión y los recursos del Estado, se expresan las profundas grietas en una de las principales instituciones del régimen democrático burgués: los partidos patronales. Situación que, en el caso de la UCR, está en la antesala de la crisis terminal, contribuyendo al hegemonismo oficialista.

En todo caso, más allá del señalado vaciamiento internacional de los partidos patronales, en el caso argentino aparece un elemento adicional: esta realidad es producto de que aún no se ha cerrado del todo la crisis de las instituciones abierta en diciembre de 2001. El “que se vayan todos” no se pudo imponer, pero sigue presente y resonando en las entrañas de los partidos y las instituciones de la “democracia”.

2.3 Las contradicciones de la política kirchnerista y la lucha democrática

En el marco anterior se inscribe la política de derechos humanos del gobierno K, que ahora ha hecho crisis con la condena a Etchecolatz y la desaparición de López. Se trata, básicamente, de un intento relegitimador de las instituciones de la democracia al cual le han surgido consecuencias no queridas.

No es la primera vez que un gobierno capitalista oficie de “aprendiz de brujo”: es decir, que desate con su acción desde arriba consecuencias por abajo que vayan más allá de sus intenciones. Es el caso de la anulación de las leyes de impunidad. Se trata del terreno más “reformista” del actual gobierno, en el cual, efectivamente, se dio un giro en redondo respecto de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indulto (aunque hay que recordar que éstos últimos no han sido anulados).

Sin embargo, esto no quiere decir que haya sido el propio gobierno el impulsor de juicios como el de Etchecolatz, y menos aún la imposición de la figura del genocidio, que abre las puertas para un eventual juzgamiento de represores del pasado y del presente. Si esto ha ocurrido es porque entre las brechas abiertas “en las alturas” estuvo la acción independiente de los organismos de derechos humanos que no han sido cooptados por el gobierno, y que fueron los que impulsaron el juicio y la condena a este genocida a cadena perpetua. Es decir, ha sido la lucha popular y no el Estado –como certeramente se cantaba a las puertas del tribunal– la que obtuvo este importantísimo triunfo. Aunque, al mismo tiempo, producto de los elementos de polarización que se están viviendo, lamentablemente López haya terminado desaparecido a manos de un grupo fascista, lo que configura un precedente no menos grave.

El caso es que la imputación de delito de lesa humanidad implica su imprescriptibilidad, por lo que en un eventual derrame de causas contra militares en actividad no habría una línea clara de demarcación respecto de quiénes podrían ser afectados y quiénes no. De ahí la reacción o zarpazo fascista de la desaparición de López, el acto por la amnistía a los genocidas en Plaza San Martín y la introducción de un elemento “setentista” en la coyuntura.

Esta situación se ha transformado, finalmente (por acumulación de la desaparición de López, la acción de matones del gobierno en el Hospital Francés y el bochorno de San Vicente), en una crisis política. El gobierno, que sólo buscaba un terreno “gratis” desde el cual llevar a cabo la relegitimación de las instituciones de la “democracia”, con su política ha contribuido a generar una dinámica de polarización. Esta es la responsabilidad que la oposición burguesa y la Iglesia se encargan de achacarle cuando dicen que “Kirchner vive preso de los 70”.

Esta misma realidad es la que ha reabierto un importante proceso de lucha democrática, aunque todavía más en la amplia vanguardia que en las masas. Este proceso, con toda seguridad, tendrá nuevas instancias por delante, para las cuales hay que prepararse buscando puntos de apoyo para la intervención del partido.

Pasaremos revista ahora a algunos elementos de la nueva coyuntura que se ha abierto en las últimas semanas, con la sucesión de hechos ya mencionada: la condena a Etchecolatz; la desaparición de López; la escandalosa patoteada K contra los trabajadores del Hospital Francés y el papelón oficial por los enfrentamientos entre facciones del PJ en San Vicente.

El conjunto de estos elementos ha terminado de abrir una nueva coyuntura marcada por la fuertes elementos de crisis política, si bien, por ahora, más bien superestructural. Pero la coyuntura está muy dinámica; los sentimientos democráticos se han ido sensibilizando y, en cualquier momento, podrían eclosionar en una amplia movilización o irrupción de masas, que hasta ahora el gobierno ha logrado evitar. Cualquier nuevo giro en la situación, cualquier paso en falso, podría hacer pegar un salto a esta crisis política, que se perfila como la más grave bajo el gobierno de Kirchner.

Hay corrientes que, ante esta realidad, han salido a afirmar que habríamos entrado en una coyuntura reaccionaria; es decir, ante un giro a la derecha de la situación política. Pero esto no es así, por lo menos no todavía. Es evidente que se han ido acumulando una serie de elementos reaccionarios, el más grave de los cuales es la desaparición del compañero López. Pero este hecho expresa, centralmente, un zarpazo fascista, pero defensivo, que no alcanza por sí mismo a imponer un giro reaccionario en el conjunto de la situación política.

Ubicarse de esta manera es peligroso en un doble sentido. Por un lado, contribuye a hacer pasar una política que tiende a diluir la responsabilidad política de Kirchner en los actuales hechos. Y, además, puede ayudar a plantear una errónea orientación de “frente único con el gobierno”, como la que se escucha desde corrientes como el MST-Unite. Esto sería un error completo: de ninguna manera estamos ante las puertas de un golpe de Estado, ni nada que se le parezca, hecho que sí nos pondría ante la obligación de defender incondicionalmente al gobierno de Kirchner, aunque sin darle un gramo de apoyo político.

En todo caso, los recientes hechos (incluida la proyección nacional de la lucha del Francés), aunque no cambian este carácter defensivo de las luchas, muestran la emergencia de un período político donde pegan un salto elementos de polarización política. Lo que no excluye nuevos zarpazos reaccionarios, contra los cuales hay que prepararse política e, incluso, prácticamente.

Esta coyuntura con elementos de polarización parece presente no solo en nuestro país. Ya hemos aludido a los casos de México (fraude electoral y amenaza de represión en Oaxaca), la crisis política del gobierno de Evo Morales, con el enfrentamiento de mineros y cooperativistas en Huanuni, e incluso el grave desalojo represivo por parte del gobierno de Bachelet de los colegios secundarios ocupados.

Precisamente, esta evolución está inscripta en la lógica del ciclo político regional que estamos transitando, que combina condiciones de rebelión popular larvada con el surgimiento de gobiernos de mediación electoral, pero donde no se han resuelto los problemas de fondo.

Es entonces que comienzan a aparecer sectores de la propia burguesía, incluida la Iglesia, que buscan poner límites al arbitraje que hacen desde arriba estos mismos gobiernos de los intereses patronales y sociales. Es el caso de la derecha reaccionaria de Podemos en Bolivia, bloqueando la Constituyente; la consumación del fraude contra Obrador en México; el ascenso electoral de la oposición de Chávez en Venezuela o el aparente fraude electoral en Ecuador.

En síntesis: es la propia dinámica de la situación política la que esta llevando a estos elementos de polarización. Se trata del choque entre las tendencias reales (las contradicciones sociales no resueltas) y las mediaciones “formales”; esto es, el hecho que, en última instancia, parafraseando la frase de Alfonsín, con la “democracia” –o con el “progresismo”– no se come, no se educa y no se cura.

Hasta hace pocas semanas, la reelección (con Néstor Kirchner o con Cristina Fernández de Kirchner) parecía poco menos que un hecho consumado. La misma oposición burguesa se conformaba con un rol “testimonial”, para colmo dividida. A nivel de las franjas de izquierda, parecía obvio que Kirchner terminaría “llevándose todo”.

Pero esto podría estar cambiando. Todavía es muy prematuro hacer previsiones sobre el impacto de esta cadena de hechos sobre la popularidad de Kirchner. Además, falta mucho para elecciones y, en el ínterin, la dinámica política podría volver al carril normal, sobre todo si la situación de la economía sigue sobre rieles. Además, el gobierno se las ha ingeniado, hasta ahora, para evitar que estas crisis le impacten directamente. Pero el bochorno de San Vicente le ha pegado demasiado cerca. Y cualquier otro hecho de un tenor similar podría impactarlo de lleno.

El desarrollo de estas tendencias de “polarización” y un cierto adelgazamiento del “centro” político que expresa Kirchner abrirían, seguramente, compuertas electorales más consistentes hacia la derecha. Lavagna podría quedar desflecado por su mismo carácter “centrista”, además de estar demasiado pegado a los aparatos impresentables y decadentes de Duhalde y Alfonsín. Posiblemente sea la dupla Macri-López Murphy la que logre capitalizar electoralmente en mayor medida esta crisis, y en menor medida el ARI de Elisa Carrió.

En este contexto, la propia izquierda “roja” podría llegar a tener una elección menos testimonial si es que un sector de jóvenes y trabajadores avanza en su experiencia con Kirchner.

De todos modos, sería un error apresurar definiciones aún abiertas. Sólo efectuamos estos señalamientos a los efectos de dejar sentado que el eventual desarrollo y profundización de la crisis política abierta podría incluir un escenario electoral más complejo para la reelección K. Un ejemplo fue el repunte de Alckmin frente a Lula en Brasil, forzando la segunda vuelta. También podría haber sorpresas en Venezuela.

Los lineamientos generales de política y táctica electoral se presentarán en una resolución específica al Congreso. Pero desde ya dejamos claro que, sin duda, la campaña electoral será un importante eje de actividad en el 2007.

A más de tres años de gestión de Kirchner, cabe recordar la polémica respecto de los grados y niveles en las continuidades y rupturas de este gobierno con los anteriores, en particular en referencia al “modelo” neoliberal más ortodoxo de los 90 y el menemismo, sin modificaciones durante los dos años de De la Rúa.

Una posición es la sostenida en primer lugar por el propio gobierno y su amplia cohorte de defensores (vocacionales o a sueldo) de que estamos ante una “nueva Argentina” que implica un quiebre esencial con los 90 no sólo en lo político sino también en lo económico. Sin rebasar, claro está, los marcos del orden social vigente, el paso a un capitalismo argentino “serio”, en contraste con la “fiesta” menemista, si no se ha completado, estaría al menos en vías de hacerlo.

Frente a esto, desde diversos sectores de izquierda se han señalado los evidentes elementos de continuidad con el “modelo” neoliberal clásico, pero este justo señalamiento ha llevado a veces a generalizaciones que borran las diferencias específicas entre el gobierno Kirchner y sus predecesores.

¿Estamos ante un nuevo patrón de acumulación capitalista? ¿El gobierno actual no es sino una variante sofisticada de más de lo mismo? Frente a esta disyuntiva simplificadora, la respuesta es negativa en ambos casos.

En el análisis que sigue, sostenemos que, por un lado, no puede hablarse en absoluto de un cambio radical ni en la estructura productiva global ni en la inserción argentina en la economía mundial (cambio que, por ejemplo, sí experimentaron ciertos países como los del sudeste asiático, en particular Corea del Sur, aun en un marco de mantenimiento de las relaciones sociales capitalistas). Se conservan incólumes los rasgos fundamentales del capitalismo argentino: su atraso industrial y de infraestructura global, su dependencia de la producción agraria y la falta de todo proyecto estratégico autónomo de su clase dominante respecto del imperialismo.

Por el otro lado, sin embargo, se verifica una modificación real de la matriz de la época menemista en el sentido de la consolidación de una tendencia a la intervención política del Estado en la economía (lo que no debe confundirse, como hacen los panegiristas oficialistas, con un crecimiento del rol del Estado como actor económico propiamente dicho). Por otra parte, sin cuestionar los lazos más globales y profundos de la dependencia respecto del imperialismo, el gobierno de Kirchner buscó y busca establecer relaciones de negociación real en una posición sin duda subordinada pero distinta del alineamiento automático y las “relaciones carnales” en todos los terrenos. Los elementos de identidad y diferencia se hacen más visibles, respectivamente, en la actitud hacia el gobierno de EEUU por un lado y hacia el FMI y el resto de los organismos multilaterales de crédito por el otro.

Los cambios introducidos en el funcionamiento económico desde el Argentinazo fueron esencialmente dos, ninguno de los cuales es atribuible a Kirchner sino a su inmediato antecesor, Duhalde: la devaluación del peso y el default (que se ha levantado pero fue un paso necesario para la “acumulación primitiva” de los cambios en la economía). Kirchner pudo erigir el superávit fiscal como pilar de la política económica a partir de la espectacular transferencia de valor hacia la clase capitalista en su conjunto, con los sectores exportadores llevándose la parte del león. La inédita robustez de las cuentas públicas es una moneda de dos caras: la reducción real del gasto social del Estado y una fuente de ingresos inexistente en la Argentina del 1 a 1, las retenciones a las exportaciones.

Sobre esa base fiscal Kirchner consigue márgenes de acción política para su rol de árbitro: en la negociación de la “nación” con los acreedores externos (canje y cancelación de deuda con el FMI), en las disputas interburguesas, en los conflictos entre los capitalistas y la clase trabajadora y, como hemos dicho, en el establecimiento de límites al accionar del “mercado” a la menor amenaza de éste a las condiciones de estabilidad política. Así lo ejemplifica la intervención estatal –reiteramos: con medios políticos, no estrictamente económicos– en terrenos como el de la inflación vía el control de volúmenes de exportación (el caso de la carne) y del índice mismo de precios (el cuasi control de precios de los productos con mayor impacto en la medición del INDEC; la política de subsidios al transporte y la energía).

El resultado de esto es un cambio no abrupto pero real en el reparto del producto social entre las distintas fracciones de la burguesía, partiendo de ciertas premisas. Primera, es la clase capitalista en su conjunto la que se ve beneficiada; segunda, y por eso mismo, la política económica kirchnerista no implica ninguna modificación sustancial en las relaciones entre el capital y el trabajo en favor de este último. En ese sentido, y más allá de los discursos, no hay duda de que no asistimos a nada parecido a un proceso de concesiones significativas a la clase trabajadora, directas o indirectas (como hubo bajo el primer peronismo), ni a ninguna forma de “Estado de bienestar”.

Se trata, en suma, de una modalidad de neoliberalismo de tono más “productivo” e incluso “industrialista”, que toma cierta distancia del parasitismo financiero reinante en los 90 (sin eliminarlo en absoluto, cabe aclarar) y en el que a la vez se introducen elementos de regulación económica parcial desde el poder político estatal. Por otra parte, los límites de ese “productivismo” se manifiestan tan pronto se intenta una comparación con las políticas “desarrollistas”, reales o declamadas, frustradas o relativamente exitosas, en boga entre los años 50 y los 70. El contexto global de la mundialización capitalista, a la vez que coyunturalmente –en los últimos cuatro o cinco años– permitió cierto margen de beneficio relativo a algunos países subdesarrollados, opera como una camisa de fuerza a toda veleidad “desarrollista” en el marco de la asimetría fundamental de las relaciones entre el centro imperialista y la periferia.

Finalmente, en el terreno social, se refuerzan las tendencias a la redistribución de valor y plusvalor en detrimento de los trabajadores con la consiguiente desigualdad creciente en los ingresos de las clases. La detención de los rasgos más brutales del deterioro social y la pauperización pone de manifiesto, justamente, lo profundo de las transformaciones en la estructura social, a punto tal que incluso tras un ciclo de alto crecimiento que lleva más de tres años, los nódulos de desigualdad y pobreza extrema se revelan imposibles de disolver.

En lo que sigue, intentaremos desarrollar estos elementos de la economía argentina bajo Kirchner.

Ningún analista serio deja de observar que uno de los factores de mayor peso que incidieron en la “milagrosa” recuperación económica tras la catastrófica caída del PBI, el empleo, la actividad y los ingresos en 2002 fue la coincidencia de una maxidevaluación con un ciclo económico internacional inusualmente propicio.

El crecimiento económico mundial, la abundancia de liquidez (dinero disponible para invertir), la baja de las tasas de interés internacionales y, en particular, los precios récord de diversos commodities (granos, materias primas) y petróleo –en particular a partir de la demanda china– contribuyeron al crecimiento en toda América Latina.

La tendencia histórica al deterioro de los términos de intercambio (el ensanchamiento de la diferencia relativa de precios entre los productos primarios y los industriales en perjuicio de los primeros) se detuvo e incluso se revirtió temporariamente. Como resultado, en toda la región se verificó un espectacular crecimiento de sus exportaciones y del superávit fiscal, con baja inflación.

De hecho, a pesar de que fue el país que más devaluó su moneda, Argentina tuvo, entre 2002 y 2005, un crecimiento anual de exportaciones del 12,8%, bastante inferior al de la mayoría de los países de la región como Chile (26,1%), Bolivia (23,7%), Brasil (21,8%), Ecuador (21,5%), Uruguay (19%), Colombia (17,9%) o Paraguay (17,8%).

Conviene tener presente el dato para desmitificar las tonterías sobre un supuesto “boom exportador” logrado gracias a las bondades del “progresismo” kirchnerista. De hecho, entre 2001 y 2005, el total de exportaciones creció en Argentina un 50%, pero en Brasil, Chile y Perú el aumento superó el 100%.

De paso, digamos que esta evolución se explica, en partes casi iguales, por el aumento del volumen exportado y por el de los precios internacionales.

A este elemento decisivo para la balanza de pagos se agrega el fin temporario de la restricción en las fuentes de crédito –para no hablar de la renovada capacidad financiera de Venezuela, por ejemplo, gracias a la suba vertical del crudo– y el hecho de que los flujos de inversión hacia los llamados “países emergentes” están en su pico histórico. Un informe de Sebastián Campanario recaba opiniones unánimes: “es uno de los mejores momentos para las inversiones en países emergentes que vi en mi vida” (Mark Möbius, Fondo Templeton); “en Latinoamérica se está dando una conjunción única de altos superávits fiscales, baja inflación y elevado apetito de de los inversores externos” (Dante Caputo, Deutsche Bank Argentina), y ya hay incluso un debate entre economistas sobre si este fenómeno es meramente la fase positiva de un ciclo o se trata de una “mejora estructural”, de un “cambio de paradigma” (Clarín, 26-3-06). En todo caso, hay consenso en que se trata de un momento único de interés entre los inversores.

Así, no extraña que algunos analistas expliquen irónicamente el “éxito” de Kirchner en el frente económico externo como el resultado del “factor SS”: soja y suerte (Daniel Muchnik en Clarín, 18-9-06).

Conviene dejar sentado desde el comienzo que, contra cualquier discurso de “refundación”, uno de los principales elementos de continuidad entre la Argentina K y el período anterior es el tipo de inserción del país en la economía mundial y la globalización.

Si la falta de proyecto estratégico de largo plazo es un rasgo endémico de la burguesía argentina desde su nacimiento mismo (lo que hemos señalado como distinción entre “burguesía local” y “burguesía nacional”), con mayor motivo puede afirmarse esto de la salida a la crisis del default del 2001. Tanto el propio default como los pasos económicos que siguieron fueron en parte forzados por las circunstancias y en parte una respuesta empírica y sin plan alguno más allá de la emergencia.

El “rebote” tras la brutal caída del PBI, combinado con el contexto internacional favorable ya mencionado y ayudado por la recuperación de los saldos de divisas (resultado tanto del default como de la devaluación) generó un marco económico distinto al de la catástrofe de 2002. Sin embargo, eso no significa un cambio de fondo en cuanto a la estructura productiva tradicional, al perfil de las exportaciones ni, por ende, ningún proyecto de reinserción de Argentina en la mundialización.

En ese sentido, hablar de “modelo” de economía kirchnerista es un despropósito. Más allá de las veleidades de capitalismo “desarrollista” o industrialista, el lugar de Argentina en la división mundial del trabajo muestra que en el centro siguen estando los productos primarios (especialmente granos), aceites, combustibles y productos primarios en general, esto es, básicamente el complejo agroindustrial, en su mayoría en manos de multinacionales. En todo caso, el costado industrial, claramente minoritario en la generación de divisas, está circunscripto esencialmente a ciertos nichos productivos altamente competitivos, con rasgos de semifactoría.

productos primarios                                   45,6%
manufacturas de origen natural                    19,2%
manufacturas de valor agregado intermedio     17,7%
manufacturas de bajo valor agregado               6,7%
manufacturas de alto valor agregado                2,00%
otras                                                          8,8%

Sobre un total de 36.922 millones de dólares liquidados por los exportadores en 2005, el detalle es como sigue (en millones de dólares):

Cereales y oleaginosas                 12.469
Alimentos y bebidas                      4.073
Petróleo                                      3.495
Química, caucho, plástico               3.445
Automotriz                                   3.384
Manuf. metales comunes                2.610
Comercio                                     1.558
Textil y curtidos                            1.420
Otros productos agropecuarios         1.157

Para 2006 se estima que las exportaciones llegarán a 45.000 millones de dólares. Pero el 84% del aumento de las exportaciones respecto de 2005 se concentró en sólo cuatro rubros: residuos y desperdicios de alimentos, mineral de cobre y sus concentrados, carburantes, material de transporte y semillas y frutos oleaginosos.

El panorama en las importaciones es completamente distinto, y muestra hasta qué punto Argentina está lejos de empezar a postularse como país industrial. Si el perfil de las exportaciones está dominado por los productos primarios y las manufacturas de origen primario o de bajo valor agregado, las importaciones muestran el peso abrumador de la dependencia argentina en materia de bienes de capital (insumos para la industria, aunque buena parte de lo que ingresa como tal corresponde en realidad a bienes de consumo: celulares, PCs, etc.). Sobre un total de importaciones por 29.700 millones de dólares, el rubro “bienes de capital, insumos industriales, piezas y repuestos” representó 23.800 millones, es decir, el 80%.

Si se comparan los saldos del comercio exterior en 2005 por rubro, tenemos el siguiente resultado: en cinco rubros (1. animales y productos animales, 2. productos vegetales, 3. grasas y aceites, 4. alimentos y bebidas, 5. productos minerales), el saldo de exportaciones menos importaciones es de 21.200 millones de dólares a favor. Pero si tomamos otros cinco rubros (1. bienes de capital y equipos eléctricos, 2. productos químicos, 3. plásticos y caucho, 4. transporte, 5. óptica y medicina), las importaciones superan a las exportaciones en 11.300 millones de dólares.

Un trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino señala que las exportaciones argentinas están “fuertemente concentradas en no más de 10 rubros que explican casi el 70% del valor exportado”, encabezados por cereales, aceites, carne y petróleo crudo, mientras que en las exportaciones industriales se destacan “las manufacturas de ensamblaje, de bajo valor agregado”. Por ejemplo, los automotores tienen un 60% de contenido importado.

Estas cifras y estos rubros son una radiografía del atraso relativo argentino respecto no ya de potencias industriales sino de otros países de desarrollo mediano, para no hablar de Brasil. Ya aclaramos que no hay sustento para la tesis del boom exportador, dado que la mayoría de los países de América Latina también mejoraron su performance exportadora por razones que exceden a la región. De hecho, Argentina fue de los países donde menos se incrementó, en porcentaje, el volumen exportado (por ejemplo, Brasil saltó de 58.200 millones de dólares en 2002 a un estimado para este año de 130.000 millones de dólares).

Y la prueba de que no hay ningún avance cualitativo del lugar de Argentina en el mercado mundial capitalista es que su participación en el comercio global, tras una larga declinación desde la posguerra, está virtualmente estancada:

1948: 2,8%
1954: 1,2%
1966: 0,8%
1978: 0,5%
1997: 0,41%
2002: 0,34% (Brasil: 0,9%)
2006: 0,39% (Brasil: 1,03%)

Este perfil general es matizado, pero no modificado sustancialmente, por la aparición de algunas empresas, ramas o nichos productivos que, aprovechando el aumento de competitividad propiciado por la devaluación y con cierto volumen de inversión en alta tecnología lograron acomodarse en el mercado mundial. Es el caso en primer lugar de Techint-Tenaris, junto con otros actores de trascendencia regional como Arcor, Aluar y (no muchos) otros. Lo que se ha dado en llamar el fenómeno de las “multilatinas”, sin embargo, tiene un desarrollo mucho más pronunciado en Brasil, México y en menor escala Chile que en Argentina. Por otra parte, en casi todos los casos se trata de proyectos donde el capital imperialista es integrante o asociado, vía fondos de inversión o cotización en Bolsas extranjeras.

En todo caso, cabe puntualizar dos cuestiones. Primera: este proceso en modo alguno implica una variante que se postule como cabeza de lanza de ningún proyecto “nacional” con pretensiones de independencia respecto del capital imperialista; al contrario, la relación que se plantea es invariablemente de colaboración, cuando no de sociedad. Segunda: desde el punto de vista capitalista, sin embargo, representan el máximo nivel de desarrollo y concentración tecnológica y de valor, así como de productividad y competitividad en el mercado mundial. En ese sentido, son parte de un proceso objetivo de reconfiguración y renovación de la clase obrera industrial, que no se puede perder de vista y al que nos referiremos más abajo.

También hay una muy incipiente apuesta a promover las exportaciones de Pymes, basadas no en grandes volúmenes (economía de escala) sino en especialización y oferta a medida para determinados proveedores y mercados (además de una explotación brutal del trabajo). Pero este desarrollo ronda por ahora no más del 5% de las exportaciones, y este sector en todo caso sólo podría crecer como complemento a un verdadero cambio de “paradigma productivo” hoy inexistente.

También es preciso ser equilibrados respecto del problema de las relaciones del gobierno y el país con el imperialismo, ya que el tema no se resuelve con la mera constatación de que no ha habido ninguna ruptura con EEUU y ni siquiera con el Fondo Monetario. Sin duda, tampoco estamos ante ningún “giro copernicano” en las relaciones diplomáticas. En verdad, la relación con el imperialismo en general y con EEUU en particular (lo que no es exactamente lo mismo) plantea matices que hay que discernir.

Por empezar, los lazos fundamentales de subordinación política al imperialismo yanqui se mantienen en lo esencial. Sin caer en las sobreactuaciones lacayunas de la década menemista, la diplomacia argentina no ha confrontado seriamente en ningún caso las decisiones de política exterior de EEUU, que ha acompañado en decisiones cruciales como el envío de tropas a Haití (operación liderada por el Brasil de Lula).

Además, justamente debido a su aura de “progresista” y hasta “centroizquierdista” –según la geografía de Washington–, el gobierno argentino es un excelente socio para una de las estrategias de EEUU en la región: la contención de gobiernos y países “problemáticos” como Venezuela y Bolivia. Tanto en su intervención en la crisis de mayo-junio de 2005 en Bolivia como en su relación con Chávez, Kirchner se ha demostrado como un interlocutor muy fiable para los yanquis, capaz de cumplir roles que al Departamento de Estado o a las embajadas respectivas les están vedados.

Por otra parte, esta útil “sociedad” –de la que Kirchner espera recoger frutos económicos en materia de inversiones yanquis, como lo demostró en su reciente visita a EEUU– no significa el regreso al grosero “alineamiento automático” ni a las “relaciones carnales”. La política exterior argentina implica cierto margen de manejo propio; un ejemplo reciente es el compromiso de voto a Venezuela para el Consejo de Seguridad de la ONU a pesar de las presiones de Condoleeza Rice. Y el gobierno de Kirchner, sin obstaculizarlas seriamente, busca –como muchos otros, en realidad– diferenciarse de la retórica y la práctica guerrerista de Bush.

Ese manejo más “independiente” se hizo más visible en el terreno de los bloques regionales y la cuestión del ALCA, que fue saldada con el rotundo fracaso –por ahora– de ese proyecto. Las aristas de recolonización brutal del ALCA son incompatibles con una región que atraviesa un ciclo de lucha de clases ascendente, expresado en forma distorsionada por los gobiernos de mediación centroizquierdista.

Frente a un proyecto política y económicamente intragable, Kirchner optó por recostarse en el bloque regional. El Mercosur atraviesa un sinnúmero de problemas y contradicciones –por ejemplo, ofrece poco a los socios menores como Uruguay y Paraguay, tentados por EEUU vía los Tratados de Libre Comercio–, pero a falta de algo mejor resultó, por ejemplo, una vía de contención para Venezuela. De esa manera, el bloque se muestra como un paraguas político que beneficia tanto a Chávez (que recibe aire contra el aislamiento político que busca imponerle EEUU) como a Kirchner y Lula. En cambio, la viabilidad y proyección propiamente económicas del Mercosur todavía están por verse y se hallan sujetas a variables, justamente, menos económicas que políticas, como el signo de los gobiernos que lo integran. Está lejos de ser una “política regional”, como lo demuestran los coqueteos con EEUU de parte no sólo de Tabaré Vázquez y Duarte Frutos sino del candidato presidencial brasileño Alckmin.

En todo caso, el terreno que Kirchner publicita como el de los grandes cambios respecto de los 90 es el de la deuda externa y la relación con el FMI. Sobre esto se ha hecho un seguimiento desde el periódico, por lo que sólo resumiremos aquí los trazos más gruesos.

En primer lugar, la supuesta “pelea” de Kirchner con el FMI tiene dos premisas. La primera, el rol declinante que esta institución tiene en la actual coyuntura, por una serie de razones de las cuales no la menor es que se ha demostrado incapaz de prevenir estallidos económicos y/o políticos. La “burocracia” del FMI es cuestionada por el propio imperialismo, en particular el yanqui. La segunda es que la “independencia” respecto del FMI se compró bien cara: no sólo los casi 10.000 millones pagados al contado el año pasado sino el conjunto de pagos desde 2002, que suman otros 16.000 millones.

Una vez más, el viento a favor internacional, en particular en el terreno financiero, ayudó al gobierno a sacar las castañas del fuego respecto del problema de la deuda, que de ser una urgencia permanente a corto plazo ha vuelto a ser –como lo fue entre 1983 y 2001– un problema estructural “a mediano plazo” con el que tendrá que lidiar “el gobierno que viene”.

Lo que el gobierno llama “solución al problema de la deuda” fue una combinación de una transferencia directa brutal a los acreedores externos (mega pago) y un cambio de denominación de la mayoría de los títulos (de divisas a moneda nacional), a nuevas tasas y plazos, con un financiamiento resuelto en el corto plazo y un cambio importante en el perfil de los acreedores. El peso de los acreedores (y prestamistas) locales (bancos y AFJPs) en el total de la deuda es bastante mayor que antes del “megacanje”. Esa operación permitió a los acreedores extranjeros 1) hacer un gran negocio, en el caso de los compradores recientes de títulos; 2) reducir su exposición y/o sus pérdidas en sus préstamos a la Argentina, en el caso de los fondos de inversión y bancos extranjeros, y 3) cobrar hasta el último centavo y sacarse de encima a un deudor molesto, en el caso del FMI y demás organismos financieros internacionales, a los que se sumaría ahora el Club de París.

Por lo demás, nada de esto significa que el país se haya desembarazado de la espada de Damocles que es la deuda pública. Si bien la relación deuda/PBI ha bajado –del 85% del PBI al 70%–, en términos internacionales sigue siendo muy alta, muy por encima de la de Brasil y de la situación de la propia Argentina pre-default, cuando la deuda equivalía al 60% del PBI. Y en este terreno, como en otros, Kirchner está librando cheques contra una cuenta que por ahora tiene fondos pero que mañana puede quedar en descubierto. Por dar un ejemplo: la recuperación de las reservas al nivel anterior al mega pago al FMI es festejado por el oficialismo como un triunfo, pero los economistas serios alertan sobre el inminente regreso del déficit “cuasifiscal” por la emisión de Letras del Banco Central.

El gobierno transmite calma porque sabe que no tendrá necesidades financieras acuciantes durante este año y 2007 como mínimo. No es tan seguro qué pasará después, porque ese esquema se sostiene sobre la base de un superávit fiscal importante y continuo que depende de factores sólo en parte estructurales y en buena medida coyunturales. En resumen, también respecto de la relación con el imperialismo encontramos un patrón similar al de la inserción argentina en el mundo: una continuidad en lo que hace a los rasgos más esenciales y una serie de cambios que, sin ser despreciables ni meramente cosméticos, se montan sobre condiciones políticas y económicas relativamente contingentes. No hay ninguna “nueva matriz” en la relación con el imperialismo sino un realineamiento y reacomodamiento que se explica más por el cambio de ciclo político en América Latina y en Argentina que por una modificación real y sustancial de la base económica capitalista.

Como ya señalamos, las medidas “estructurales” más profundas desde 2001 fueron la devaluación y el cambio de perfil de la deuda externa primero con el default y luego con el mega canje. Al salto automático de competitividad de las exportaciones argentinas se le sumó, como rasgo peculiar de la economía kirchnerista, un fuerte crecimiento de la tasa de explotación, con aumentos inéditos de la productividad del trabajo.

Ésa es la base material de que el capitalismo argentino bajo Kirchner muestre un peso relativo menor del parasitismo financiero –que igual goza de buena salud vía el festival de bonos, que generó “un ciclo de excepcionales ganancias para los que apostaron a invertir en activos en pesos emitidos por la Argentina” (Clarín, 27-7-05)– y un sesgo más “productivista”, donde el sector industrial recompone ganancias a expensas de los trabajadores pero también, en parte, de los sectores capitalistas que antes disfrutaban de la pura rapiña financiera en detrimento de la industria.

El núcleo del funcionamiento de la política económica (y de la política a secas) de Kirchner es el superávit fiscal, situación de la que un jefe de Estado argentino goza en esta magnitud por primera vez en décadas. Según el economista Octavio Frigerio, el superávit “garantiza la sustentabilidad del sistema financiero y provisional, ya que buena parte de los bonos públicos está en manos de los bancos y AFJPs. Es lo que garantiza que habrá recursos genuinos para afrontar los vencimientos de deuda”.

El origen del superávit es conocido y tiene dos caras. Por un lado, los mayores ingresos del Estado vía retenciones a las exportaciones, que absorben una parte de la renta extraordinaria de varios sectores, sobre todo el agro, tras la devaluación, complementado por el impuesto al cheque que grava indirectamente el conjunto de la actividad financiera. De esta manera, la devaluación y el nuevo tipo de cambio “le permiten al Estado captar una parte de la renta cambiaria del comercio exterior y (…) una parte de la renta extraordinaria del agro y la industria, generada por la suba de precios internos por encima de los insumos y los salarios” (Clarín, 30-4-05).

Por el otro, el tremendo ajuste en términos reales del gasto público nacional y provincial, cuyos grandes perjudicados fueron los jubilados, los asalariados estatales y el gasto social general. El regreso de una inflación del orden del 10-15% colaboró en la tarea de aumentar ingresos y licuar gastos. Por otra parte, salvo los impuestos mencionados, no hubo ningún cambio en la regresiva estructura tributaria argentina, lo que se refleja, como veremos más abajo, en los inéditos índices de desigualdad.

Para tener una idea de en qué medida el “superávit récord” depende de esos dos factores, consideremos los siguientes datos. Los ingresos del Estado en 2005 en concepto de retenciones y derechos de importación alcanzaron los 13.600 millones de pesos, y para 2006 se estimó un superávit fiscal de 17.800 millones de pesos.

Pero la magnitud del ajuste no le va en zaga: el Presupuesto 2006, al no ajustar por inflación salarios estatales ni jubilaciones, logró un ahorro de 4.400 millones y 5.100 millones de pesos, respectivamente, esto es, un 53% del superávit previsto.

El ajuste se concentra eminentemente en el gasto social, porque, naturalmente, la prioridad la tiene el servicio de la deuda pública, al que se agregan, en proporción creciente desde 2004, los subsidios a capitalistas privados, sobre todo en el área de servicios. En 2001, el gasto público representaba el 35,7% del PBI, mientras que en 2004 sólo llegó al 28,9%. Los rubros que más bajaron fueron previsión social (-31%), educación (-28%), y salud (-24%).

El cuadro siguiente resume la evolución del gasto público, en porcentaje del PBI:

Seguridad social 6,0 (43% del gasto total) 4,5 (34% del total = 9.000 millones menos)

Si la Nación se ajustó, también lo hicieron las provincias, cuyo gasto salarial cayó del 56 al 45% del total entre 2001 y 2004. Además, se vieron obligadas a aceptar la Ley de Responsabilidad Fiscal (pedida por el FMI), que pone un tope al gasto ligado al PBI del año anterior. Después de tres años de contribuir al superávit fiscal, en 2006 tienen superávit cero, y su deuda equivale al 100% de la recaudación tributaria. El principal acreedor (70% del total) es el Estado nacional. Esta licuación del superávit no se debió a la recuperación del salario sino al mayor gasto en obra pública, que compensa la falta de inversión privada. De paso, la dependencia financiera de las provincias respecto de las arcas nacionales es la base material del trasvasamiento de gobernadores e intendentes radicales al proyecto político kirchnerista.

Es también sobre la base de este superávit que el Estado interviene y arbitra políticamente en la economía, sin llegar a constituirse en actor económico propiamente dicho. Correo Argentino, AySA o Enarsa no son las puntas de lanza de un “estatismo” fantasmal sino las excepciones (las dos primeras, resultado de estrepitosos fracasos de la gestión privada) que confirman la regla general de que el principal motor económico de la economía kirchnerista es la actividad privada.

Sin embargo, el “mercado”, dentro de un marco general que no cuestiona en lo esencial la apertura económica de los 90, está sujeto a ciertos controles más o menos informales en determinadas áreas sensibles. El Estado hace un monitoreo permanente de las variables económicas que puedan tener impacto político.

De allí las iniciativas de acuerdos de precios y salarios, que funcionan como un marco general no oficial para el conjunto de la economía y mantienen a raya el peligro inflacionario. Lo propio sucede con los premios y castigos para los capitalistas según su comportamiento económico resulte más o menos funcional al proyecto político: el gobierno regula sus relaciones con las distintas fracciones de la burguesía por la vía de combinar herramientas como subsidios (transporte, energía, servicios públicos), retenciones (agro, petróleo) e incluso el cierre de exportaciones (carne). También utiliza los subsidios como mecanismo compensatorio para las privatizadas por el retraso de las tarifas (lo que generaría inflación y costo político).

Que definamos esta intervención estatal como política significa que se inmiscuye en la economía pero con objetivos políticos. No hay ni sombra de que se propicie un rol del Estado en la economía propio de los nacionalismos burgueses de los 50 y los 60 y de los modelos “desarrollistas”. Por ejemplo, no hay inversión pública significativa en infraestructura, salvo para tapar los agujeros que deja la desidia privada, ni menos todavía un retorno al welfare state o estado de bienestar. La evolución del gasto estatal que reproducimos más arriba despeja toda duda acerca de cualquier desvío fundamental respecto de un funcionamiento económico esencialmente “neoliberal”.

Asimismo, es una práctica sistemática del gobierno, desde 2003 hasta el Presupuesto 2007, subestimar los ingresos y sobrestimar (en realidad, subejecutar) los gastos a fin de que al gobierno le quede un superávit real mayor al votado en el Congreso. Este excedente de recursos se maneja con los criterios totalmente políticos y clientelares ya mencionados: subsidios a capitalistas “amigos”, financiamiento a gobernadores e intendentes aliados, etc.

Hemos adelantado que tras la crisis de 2001 y la devaluación hubo una evidente redistribución del plusvalor entre los sectores burgueses, en el marco general de que en su conjunto la burguesía se vio beneficiada por una brutal transferencia de valor en detrimento de los trabajadores. Esa redistribución operó vía el reacomodamiento de precios relativos de las ramas de la producción y los servicios, en el marco de que ese ajuste de precios relativos benefició en general a la burguesía y perjudicó al conjunto de los asalariados. De fondo, la política económica kirchnerista se basa en volver estable y “sustentable” la transferencia de ingresos introducida inicialmente por la devaluación del peso.

Los sectores que emergieron como ganadores, acreedores de la parte principal de esa masa de plusvalor, fueron, está dicho, los productores de bienes (transables), especialmente los ligados a la exportación.

En cambio, las compañías privatizadas de servicios y los bancos dejaron de percibir la monstruosa renta en pesos que, durante el 1 a 1, convertían inmediatamente en dólares con seguro de cambio gratuito a cargo del Estado. El fin de este negocio fabuloso hizo que varias privatizadas y bancos extranjeros directamente vendieran sus activos y se fueran del país.

Justamente, uno de los cambios bajo Kirchner es que muchas compañías que gestionaban servicios públicos como electricidad, gas, agua y teléfonos se retiraron tras la caída en la tasa de rentabilidad y sus problemas de endeudamiento. Esto dio lugar a la llegada de fondos de inversión locales (Mindlin, Werthein, Ivanissevich, Coinvest) y extranjeros (Ashmore, Maratón, Fintech, Aberdeen Asset, Exotics, Farallón, UBS, Nextar), que compraron las deudas a entre un 15 y un 35% del valor nominal. El hecho de que “los nuevos accionistas no acreditan una sólida experiencia en el negocio de los servicios públicos, que se caracterizan por (…) una perspectiva de ganancias mucho más acotada que las que manejan los fondos de inversión” (Carlos Montero, del Instituto Argentino de Servicios Públicos) abre un interrogante. ¿Cuál es la real capacidad y compromiso de operadores que entraron en el negocio con una visión aún más especuladora y de corto plazo que la de otros operadores internacionales? Porque esto se da en el marco de una crisis de infraestructura que requiere inversiones urgentes para no colapsar, sobre todo en el área energética. Así lo resume el conocido neoliberal Manuel Solanet, de FIEL: “todos estos negocios obedecen a oportunidades puntuales más que a una corriente inversora. Los fondos que compran [a estas compañías] no son estratégicos” (Clarín, 7-11-05)

Por otra parte, otro de los “ganadores” de la crisis fue el propio Estado: bajo la gestión kirchnerista, una parte de las divisas generadas por la revitalización de las exportaciones y el renovado superávit de la balanza de pagos fue a parar a las arcas estatales, dándole al gobierno el margen financiero que hemos descripto.

El otro gran motor de la expansión económica es el aumento de la explotación de la clase obrera, con cifras de productividad que baten récord tras récord. Si comparamos el costo laboral en la industria manufacturera en 2005 respecto de 1997 (es decir, antes de la recesión y con la industria creciendo al 9% anual), encontramos que mediante la combinación de salario, volumen de producción y cantidad de trabajadores, ese costo es ahora un 28,4% inferior (y un 33% inferior si se lo compara con 2001, según la Secretaría de Industria). Por dar el ejemplo de algunas ramas: en alimentos, el costo bajó un 15,1%; en bebidas alcohólicas y no alcohólicas, un 30%; en automóviles –con un menor volumen de producción–, un 54,8%, y en calzado, un 56,3%.

El número total de obreros ocupados respecto de 1997 es un 13,8% inferior. Mientras que los precios de fábrica de manufacturas agropecuarias e industriales, también en relación con 1997, subieron un 120% (pero un 225% en químicos y un 261% en acero), el salario promedio subió sólo un 85%, aunque el salario industrial, a diferencia del estatal y de los trabajadores en negro, rebasó la inflación minorista, que subió en el período un 65%.

Este sesgo “productivista” de la economía en detrimento del sector servicios es claramente mensurable: en el período 1993-2001, la contribución del sector productor de bienes al PBI promedió un 31,5%, mientras que en el período 2002-2005, la proporción ascendió al 42%, tendencia que se reforzaba en 2006 (la última medición del INDEC, del segundo trimestre de este año, estimaba que el sector productor de bienes contribuía en un 43,6% del PBI). De hecho, en 2005 se superó por primera vez el nivel de actividad industrial de 1998.

Otro parámetro de estos cambios es el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires: “las privatizadas perdieron participación (…) y ganaron terreno otras firmas (…) Petrobras, Grupo Galicia y Alindar representan, juntas, más del 50% de la composición del índice” (Clarín, 25-7-05).

En realidad, la devaluación le vino como anillo al dedo a toda la industria en general, y es por eso que la UIA aplaude el dólar alto, que también conviene a las finanzas estatales (las retenciones a las exportaciones sostienen el superávit). Éste es el punto central donde coinciden los intereses del actual elenco político y los de la burguesía industrial y exportadora, que está más que satisfecha con esta competitividad que se origina en el tipo de cambio, no en ampliación de la inversión, esto es, genuina acumulación de capital. Lo que sigue sin existir, ni de parte del Estado ni de parte de este sector de la burguesía, es ningún proyecto “capitalista nacional productivo” a largo plazo.

Precisamente, mal puede haber un proyecto “nacional” cuando en 2003, la participación extranjera representaba el 75% de la facturación de las principales 1.000 empresas (en 1993, el 50%), y de las 500 más grandes, el 67% tenían participación extranjera, en la amplia mayoría de los casos mayoritaria (en 1993, sólo el 44%). De entre las 500 empresas más grandes, las de capital nacional sin participación extranjera aportaban sólo el 15% de las exportaciones y del valor agregado, mientras que las de capital extranjero en más de un 50% aportaban el 78% y el 80% respectivamente. Los principales países inversores son EEUU (25% del total), España (23%) y Brasil (19%).

Es verdad que desde 2003 ha habido una cierta “reaparición” de capital nacional en algunas ramas antes ocupadas por multinacionales. Pero esto se ha dado sobre todo en el área de servicios, con las limitaciones ya apuntadas. En cambio, en la industria continúa el proceso de extranjerización (aunque con mayor participación de empresas brasileñas, mexicanas y chilenas, en ese orden), con el traspaso de empresas emblemáticas como Acindar, Quilmes, Loma Negra y Grafa. Aunque el gobierno intenta hacer ver este proceso como “parte de la inercia del esquema económico anterior” y que “el capital nacional se está ampliando” (secretario de Industria Miguel Peirano en Clarín, 26-5-06), esto es por ahora una tendencia subsidiaria o una expresión de deseos.

En todo caso, para poder hablar de una verdadera reconversión del perfil industrial argentino debería constatarse una corriente de inversión, esto es, de acumulación de capital, muy por encima de lo que se verifica hoy. Las cifras de “crecimiento récord” (en realidad, volver a los niveles de producción de 1998) no deberían ofuscarnos hasta el punto de ignorar que, desde 2003, la recuperación se logró esencialmente sobre la base del aumento en el uso de la capacidad instalada. Como dice el economista Marcelo Lascano, “Argentina creció con lo que tenía: hubo inversión de reposición y poca inversión nueva”. Lo confirma en cifras el consultor Orlando Ferreres, para quien, de los 40.000 millones de dólares de inversión, sólo 5.000 millones corresponden a nuevos emprendimientos; el resto se destina a mantenimiento. Con un puñado de excepciones (Siderar, Aluar, automotrices, complejos aceiteros), no hay grandes proyectos industriales, y Claudio Lozano, de la CTA, se queja de que las empresas “no reinvirtieron en línea con las ganancias obtenidas” (Clarín, 24-1-06). A esto debe agregarse que en muchos casos se trata de proyectos con fuerte apoyo oficial en subsidios.

Según Ferreres, entre el 60 y el 65% de las ramas está trabajando al límite de la capacidad o llegando a él. La inversión es la asignatura pendiente, el cuello de botella que poco a poco el gobierno admite que debe enfrentar.

Por otra parte, la rama récord en crecimiento que empuja la inversión es la construcción (+21% en el primer semestre 2006), no el sector de equipo durable (el que indica el verdadero aumento de la capacidad productiva). Este último sector alcanzó su pico de crecimiento en 2004 y desde entonces, si bien aumenta, no lo hace a un ritmo comparable, mientras que la construcción pasa a ocupar un lugar cada vez mayor en el conjunto de la inversión bruta.

Mientras que el Ministerio de Economía difundió un cuadro muy optimista en inversión de equipos y nuevas plantas, que en siete de meses de 2006 estaría casi alcanzando los niveles de todo 2005, un estudio del Banco Río señala que, por el contrario, el gasto en equipo durable se desaceleró considerablemente en 2006, y los motores de la expansión son claramente la construcción y el consumo. Estas señales contradictorias indican que es aún prematuro intentara proyectar una tendencia al respecto.

En cuanto a la tasa de inversión, en verdad, considerando que el promedio 1993-1999 fue del 18.9% del PBI, la performance de 2004 (19,2%), de 2005 (21,5%) y la estimada para 2006 (22-23%), si bien es ascendente, no alcanza a configurar un cambio cualitativo en el proceso de acumulación de capital.

Finalmente, cabe insistir en que toda esta configuración económica, con todo lo que tiene de específica respecto de la anterior, mantiene una línea de continuidad en un aspecto clave: el cuadro social. Más allá de las diferenciaciones internas dentro de los asalariados, que examinaremos más abajo, el “crecimiento récord” no sólo no ha logrado revertir la escandalosa desigualdad social heredada del período anterior, sino que la estabiliza y en algunos terrenos la refuerza.

A pesar del descenso de las catastróficas cifras de pobreza, indigencia y desocupación registradas en 2001-2003, se hace evidente que hay un “núcleo duro” de población excluida que la economía kirchnerista no afecta sino que consolida, aunque la tendencia a la pauperización general de la sociedad se haya detenido y, para algunas capas sociales, empezado a revertirse.

Parte de ese núcleo duro es el 20% de la población (7,7 millones de personas) que gana $ 82 al mes o menos, pero de ninguna manera se limita a ese sector. Se mantiene la brecha récord en la desigualdad de la distribución del ingreso, señalada por el hecho de que el 10% más rico gana 36,5 veces más que el 10% más pobre.

Asimismo, la persistencia del fenómeno del empleo precario –que, pese a todos los discursos y carteles oficiales, sólo bajó de un 49% a un 45% en tres años– dio lugar al creciente de desarrollo de una nueva categoría, la “pobreza con empleo”. El 80% de los hogares pobres tiene a su frente a un/a trabajador/a ocupado/a cuyo salario es inferior al nivel de la canasta básica de pobreza ($ 853). De este modo, la política salarial kirchnerista ha “logrado” que, a diferencia del piso de la crisis, la principal causa inmediata de pobreza sea no la desocupación sino los salarios de miseria.

Dos datos son ilustrativos al respecto. Primero: si bien la masa salarial global creció, gracias al descenso de la desocupación, el ingreso individual promedio creció por debajo de la inflación, por lo que el poder de compra promedio del salario sigue un 8% debajo del nivel de 2001. Segundo: un estudio del Banco Credicoop recuerda que la participación de los asalariados en el PBI era en 2001 del 32%; en la actualidad, sólo del 24%, lo que demuestra que el dólar alto y la inflación le vienen muy bien a los exportadores y al fisco, pero no a los trabajadores.

3.6 Conclusión: “modelo de coyuntura” y regulación política de una economía neoliberal

Lo que ha dado en llamarse “economía K” se perfila, entonces, no como un proyecto estratégico sino como un “modelo” cuyo origen es más político (el cambio de ciclo de lucha de clases nacional y regional) que propiamente económico. En consonancia, el elemento más específico de la economía argentina bajo Kirchner es, precisamente, la nueva presencia que tienen el gobierno y el Estado como factores de intervención en la economía en un sentido de regulación del “mercado” y del capitalismo “neoliberal” a partir de criterios políticos.

Aquí radican, en verdad, tanto los aspectos de novedad como de continuidad del actual proyecto. Por un lado, en su rol de “arbitraje” el gobierno se asienta sobre la base de relaciones de fuerzas entre las clases categóricamente distintas a las de los 90; son ellas las que le confieren ese margen de acción relativamente “autónomo” respecto de las distintas fracciones burguesas (en el sentido de que es capaz de ejercer su “regulación” sobre todas ellas).

Por el otro, el hecho de que este gobierno no es “hijo” de ningún proceso estructural de modificación de los patrones del capitalismo argentino, sino de un cambio político, le recorta en el terreno económico el relativo “vuelo propio” que pretende exhibir –y de hecho ejerce– la gestión kirchnerista. De allí que a la hora de darle sustentación social al “proyecto K”, no hay para el gobierno otra variante más que recostarse sobre los sectores burgueses más tradicionales e insertos en el mercado mundial.

Contra lo que muchos creen, el sesgo “productivista” de la política económica no es el resultado de ninguna convicción “desarrollista” profunda del elenco gobernante, sino que expresa justamente la voluntad de apoyarse en el sector de la burguesía que ha salido más favorecido de la salida de la crisis de la convertibilidad. El reanimamiento de la producción industrial bajo el paraguas cambiario de la devaluación, la recuperación del consumo interno y los altos precios internacionales de los commodities que exporta el país modificaron el peso relativo de los sectores burgueses a favor de los “productores” y contra los “proveedores de servicios” y el sector más ligado a la rapiña financiera pura.

En un sentido, se repite la ecuación menemista de establecer una alianza con la fracción burguesa más fuerte, sólo que en el 2003 ese sector ya no es el mismo que en los 90. De paso, esto demuestra que el “personal político” burgués argentino, a la vez que no representa de manera directa e inmediata a tal o cual sector de la burguesía, tiende a realinearse –de manera totalmente empírica y sin plan alguno– con la fracción burguesa que en cada coyuntura representa mejor los intereses del conjunto de la clase capitalista. Lógicamente, al tratarse de una clase socia menor del imperialismo y sin proyecto autónomo ni estratégico, mal puede este u otro gobierno avanzar en ese sentido. Los escasos ejemplos de desarrollo relativamente independiente a partir de un proyecto iniciado desde el poder político y no de algún sector capitalista, lo que incluyó la cuasi creación de una burguesía desde el Estado, se dieron en otro contexto histórico y en condiciones que la mundialización capitalista vuelven casi imposibles de reproducir.

En suma, el Argentinazo y el nuevo ciclo político en América Latina hicieron inviable políticamente un capitalismo neoliberal “salvaje” y “desregulado” como el de los 90, pero no cambiaron el carácter de la estructura capitalista del país ni de su ubicación en la división internacional del trabajo. Allí radica, insistimos, tanto la fuerza como la debilidad del kirchnerismo como proyecto.

Por otra parte, ciertas variables fundamentales del actual esquema (viento a favor de la economía internacional, solvencia fiscal amparada en un esquema “sustentable” del servicio de deuda) son por definición no estructurales sino coyunturales y hasta contingentes, más allá de lo corta o larga que sea esa coyuntura. Por lo tanto, si bien de manera lenta y todavía sin consecuencias políticas, comienzan a acumularse tensiones en diversos planos (cuentas fiscales, inversión, infraestructura, inflación, tipo de cambio) cuyo ritmo de maduración no es fácil de prever. Puede ser más rápido que lo que estiman hoy los economistas, pero parece difícil que se acelere tanto como para complicarle al gobierno su plan reeleccionista en 2007.

Para concluir esta sección, digamos que en el terreno social –contra las hipótesis de “pauperización indefinida” y creciente que barajaba el PO, por ejemplo– lo que se verifica es un crecimiento de la importancia del trabajo asalariado, en particular el productivo. No hay “piqueterización” de la sociedad, si bien es verdad que se consolida un “núcleo duro” de excluidos o semi excluidos a los que les resultará muy difícil reinsertarse en el mercado laboral. Lo que hay es más bien una extensión (volviendo a los niveles anteriores, en verdad) de la relación salarial en un contexto de aumento de la produvcción (y la explotación), del fenómeno de la pobreza con empleo y de una fuerte segmentación de los trabajadores por rama industrial, por tipo de contrato, por nivel salarial y hasta por franja etaria (edad). Estas variables, por otra parte, se combinan de una manera que será objeto de análisis más detallado en la sección siguiente.

4. La recuperación objetiva de la clase trabajadora, el surgimiento de una nueva generación y las tareas del próximo período

Desde 2002 se está produciendo un proceso de recuperación objetiva de las fuerzas de la clase obrera. Éste es el trasfondo y la base material de la transformación que se ha venido operando en la geografía económica y social de la lucha. A partir de 2004 estamos asistiendo a un cambio de grandes proporciones que muestra una tendencia cada vez mayor a la centralidad en la lucha de parte de los trabajadores ocupados. Al cabo de diez años en los que el centro de la lucha social estuvo ocupado por los movimientos piqueteros, ahora son los ocupados los que han pasado a la vanguardia de la pelea. Y a pesar de la actual coyuntura defensiva y de relativa chatura en cuanto a las luchas reivindicativas de los trabajadores, la perspectiva es que sea la clase obrera con trabajo la que mantenga y profundice este rol de vanguardia.

Esto es así, entre otras cosas, porque el posible deterioro –a mediano plazo– de la situación económica se encontrará frente a una realidad de recomposición relativa de los planteles obreros respecto al comienzo del proceso de 2001. El actual proceso de pelea molecular contra los despidos y la precariedad puede ser un puente hacia un eventual ascenso más de conjunto del proletariado industrial.

Para esto hay que prepararse política y también prácticamente. Esos aprestos deben ser una de las dos grandes tareas partidarias en el próximo período, junto con la construcción de nuestra juventud nacional. Esto implica tomar medidas para ser parte, volcarse, reflejar y hacer la experiencia con una nueva generación obrera que emerge, al tiempo que hacemos ingentes esfuerzos para resolver lo que más difícil y estratégico (en el marco de que necesitamos seguir aumentando nuestra “masa crítica” en la juventud estudiantil): estructurar jóvenes compañeros en las grandes fábricas automotrices, del neumático, alimenticias y siderúrgicas, y en sectores de servicios estratégicos como las comunicaciones, los grandes centros de distribución y el transporte.

A partir de abril de 2002 comenzó una recuperación de la economía que aún se mantiene. Desde esa fecha se ha vivido un crecimiento sostenido del PBI (del 36,8% en el primer trimestre de 2006 contra igual período del 2002) y, en una proporción mayor aún, del PBI industrial: 60% en mayo 2006 contra marzo 2002, con un aumento en la utilización de la capacidad instalada entre abril 2002 y abril de 2006 del 55,1% al 71,6% (Informe Macroeconómico del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, junio 2006, en www.uia.org.ar).

Esto mismo es lo que ha permitido una disminución general de la tasa de desempleo y, consecuentemente, un aumento de la tasa de ocupación. Si bien esto muestra grandes desigualdades regionales y por rama de la economía, es un hecho que en este marco se han recuperado de manera importante los índices de ocupación asalariada industrial, y ha entrado a trabajar una nueva generación obrera, que ha renovado –en proporciones variables– los planteles de las fábricas.

El límite de esta realidad es que, en términos generales, no se hace más que volver a los índices previos a la crisis, es decir, los de 1998, el año de mayor crecimiento en el período de convertibilidad. [2] En este sentido, se conserva la estructura laboral heredada de los 90: una gran fragmentación en las condiciones de contratación, trabajo y salario de la clase trabajadora, dividida no sólo entre ocupados y desocupados, sino también –al interior de los propios ocupados– entre un núcleo de efectivos y una periferia de contratados y tercerizados.

Sin embargo, a pesar de esta herencia de fragmentación, este cambio categórico en la geografía social y económica de la clase obrera no podía dejar de tener consecuencias estratégicas a la hora del proceso de lucha y recomposición de los trabajadores. Como hemos dicho, desde finales de 2004 la clase obrera ocupada ha pasado al centro de la lucha social, desplazando del rol de vanguardia a los movimientos de trabajadores desocupados. Y todo indica que, pasada la actual coyuntura, esta tendencia se va a reafirmar, por lo que se puede esperar una entrada en escena del proletariado industrial, que hasta ahora no ha dado grandes luchas, pero que es muy posible que las dé ante los primeros síntomas de crisis.

¿Por qué? Porque en el mediano plazo, un eventual cambio de las tendencias de la economía va a encontrar los planteles en toda una serie de fábricas y ramas de la producción recuperados tanto numérica como generacionalmente. No es razonable suponer que los trabajadores dejarán pasar, por ejemplo, una eventual ola de despidos sin luchar. Hay una disposición de lucha distinta a cuando en la década del 90, en incluso durante el Argentinazo mismo, en condiciones de catástrofe económica, imperaba a nivel de los lugares de trabajo el terror al desempleo, lo que imponía un comportamiento conservador a los trabajadores, sobre todo en la industria (el fenómeno denominado “fábricas tumba”).

Asimismo, cabe esperar que más temprano que tarde haya una reacción ante la inflación creciente (aun contenida parcialmente por los “acuerdos de precios”), que se devora con rapidez los aumentos salariales acordados por la burocracia con el gobierno y la patronal.

Pasaremos revista a algunos datos estadísticos para sostener lo que estamos señalando. Según un estudio de la CTA, en el primer semestre de 2004, la población del país alcanzaba a 38.627.222 personas, de las cuales el 90,3% habitan en las ciudades (“Estructura de la fuerza laboral”, marzo 2005, Instituto de Estudios y Formación).

Este solo dato –característico de nuestro país– ya hace al factor más objetivo de la centralidad potencial de la clase trabajadora en los destinos del país, relacionado con el carácter “moderno” –aun en su tremenda desigualdad– de la estructura social argentina, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos.

En este marco, la PEA (Población Económicamente Activa) urbana es de 16.001.475 personas, de los cuales 10.124.303 son asalariados urbanos, con exclusión de los patrones. Dentro de este universo (actualizado a abril 2006), 7.155.252 son asalariados privados y 2.774.154 son asalariados estatales. Mientras tanto, 2.331.796 revisten como desocupados y 2.447.670 como subocupados (II trimestre del 2004, Boletín estadístico CTA, septiembre 2004). Dentro de este contingente de asalariados, 8.197.488 pertenecen al sector “servicios”, 1.387.857 a la industria manufacturera, 649.906 revisten en la construcción y 51.363 en la explotación de minas y canteras (Claudio Lozano, “Notas sobre la actual etapa económica”, abril 2006, en www.cta.org.ar).

Por supuesto, no se trata sólo de la importancia de los números absolutos: el peso estratégico del proletariado industrial –y de otras capas de trabajadoras que hacen tareas conexas al proceso de producción– radica en que es el único productor de valor (riqueza) y el de mayor productividad (mercancías producidas por horas de trabajo) en el conjunto de la economía.

En estas condiciones, desde abril de 2002 se verifica una clara recuperación del empleo asalariado en general y del industrial en particular (registrado y no registrado). Según distintas fuentes, se han creado en los últimos años alrededor de tres millones de puestos de trabajo, con una proporción creciente de ellos en la industria. Si a abril del 2006 había 1.387.857 de asalariados en la industria, en el primer trimestre de 2003 totalizaban sólo 1.071.339. En la construcción, se paso de 509.633 en abril de 2003) a los actuales 649.906. Es decir, ganancias netas de 300.000 y 140.000 trabajadores respectivamente, con un índice de crecimiento del 7,6% entre abril de 2005 y abril de 2006 (un poco por detrás del ritmo de crecimiento del producto industrial, lo que demuestra cómo la patronal sigue acumulando ganancias por productividad). Según el informe industrial de la UIA ya citado, “para lo que resta del año, y según estimaciones de Ecolatina, la industria lidera el ranking de creación esperada de puestos de trabajo (21,5% del total esperado)”.

En este marco, en lo que respecta al proletariado industrial, también es importante destacar la importancia relativa de las distintas ramas de la producción, porque hace a sus batallones más importantes. Podemos apoyarnos en los datos de ventas de las cinco ramas más importantes del sector industrial y en las tres de servicios en el total respectivo de ventas. En la industria, alimentos y bebidas (31,6%), petróleo y derivados (30,6%), químicas (11,4%), automotrices (9,8%) y siderurgia (6,1%) representan casi el 90% del total. En los servicios, los tres principales rubros son comercio (40,4%), telecomunicaciones (25,1%) y energía, gas y agua (17,2%), esto es, el 82,7% del total (Lozano, cit.). Tal es el panorama, a grandes rasgos y exceptuando al comercio minorista, de las ramas donde se encuentran las principales industrias y servicios, con las mayores concentraciones de trabajadores.

Para tener una idea aproximada del peso relativo de cada rama de producción industrial respecto del empleo (sin dar cuenta de la composición interna de cada rama, ni de los diferenciales de productividad y composición orgánica del capital), nos vemos obligados a utilizar datos de 1997 (el año más importante respecto del PBI industrial de la serie tomada por el INDEC, que sólo está actualizada hasta 2001). Sobre un total de 858.377 trabajadores asalariados, el detalle es el siguiente: alimentos y bebidas, 233.919; fabricación de sustancias y productos químicos, 74.604; fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques, 54.536; textiles, 53.174; productos elaborados de metal (excepto maquinaria y equipos), 50.268; fabricación de maquinarias y equipos, 46.483, y productos de caucho y plásticos, 43.613 trabajadores (Encuesta industrial anual del INDEC).

Como hemos señalado, esta recuperación numérica va acompañada de la subsistencia de la herencia de los 90 que Kirchner intenta legitimar: una gran fragmentación, es decir, una gran variedad de situaciones dentro de la clase obrera, dividida entre un núcleo de trabajadores efectivos y en blanco y una serie de “anillos concéntricos” que abarcan variadas situaciones salariales [3] y de contrato de trabajo. Estos anillos van desde el trabajo en negro, precario, subcontratado y/o tercerizado hasta el más lejano, el que configura los actuales contingentes del “ejército industrial de reserva”: el subempleo y el desempleo liso y llano.

Todo esto presenta una estructura objetiva de la clase trabajadora distinta a la que caracterizaba al país 30 años atrás, cuando las tasas de desempleo y subempleo no superaban, respectivamente, el 5% para el promedio 1975-1989 (Juan Iñigo Carrera, “Realidades de la economía argentina”, junio 2001). Asimismo, las condiciones de contratación eran, relativamente, mucho más homogéneas, con elevados índices de sindicalización y conquistas alcanzadas en convenios colectivos de trabajo que abarcaban un amplio universo de trabajadores en relación de dependencia. La herencia de esta transformación se remonta no sólo a los 90, sino al trabajo comenzado por la dictadura militar.

Así, mientras en mayo de 1990 el porcentaje de asalariados no registrados llegaba al 25,2%, en 2004, del total de la población asalariada, sólo el 51,7% trabajaba en blanco y un 48,3% lo hacía en negro (INDEC, Encuesta Permanente de Hogares). Y el trabajo en negro no implica sólo la falta de aportes jubilatorios y de seguro de salud (obra social). La condición laboral informal agrega a esas características la falta de cobertura por accidentes de trabajo y de derechos como la indemnización por despido, las vacaciones pagas o los límites a la duración de la jornada de trabajo. Además, a quien trabaja en esa condición le es casi imposible acceder a tarjeta de crédito o a préstamos bancarios. Es la esclavitud lisa y llana en el siglo XXI, que afecta a prácticamente la mitad de la clase obrera con trabajo. Porque al primer trimestre de 2006, el trabajo en negro, pese a la recuperación económica y a las “campañas” oficiales, se mantenía en el 44,3%, afectando a 4,75 millones de personas. Por otra parte, del total de puestos de trabajo creados en los últimos años, el 70% consistió en empleos en negro.

La propia tasa de desempleo y subempleo, que ha mostrado una tendencia decreciente al compás de la recuperación económica (del 24,3% en el primer trimestre de 2003 al 12,8% en el mismo período del 2006, cifra que no incluye a los beneficiarios de planes sociales), se mantiene, sin embargo, en niveles de dos dígitos que son muy elevados respecto de la media histórica del país. Esto indica que el desempleo va a seguir permaneciendo como un dato estructural de la economía del país. Por esta misma razón, se dan las situaciones gemelas de alto desempleo conviviendo con elevadas tasas de sobreocupación y superexplotación de los ocupados. Es significativo que, a mayo de 2003, 2.842.000 trabajadores estaban incluidos en la categoría de “población sobreocupada” o “sobreempleo”, esto es, con jornadas superiores a las 45 horas semanales, lo que es prácticamente el reverso de la situación de desempleo absoluto que caracterizaba a un número parecido de trabajadores desocupados para el mismo período.

Estas condiciones de superexplotación y precariedad laboral son la base material que facilita o refuerza el régimen de “despotismo de fábrica”, es decir, el hecho clásico del que ya hablaban Marx y Engels de la dictadura de la patronal. Respecto de las condiciones de contratación y salario, de organización y estándares de la producción, etc., el patrón impone sus criterios y la base obrera no tiene arte ni parte.

Ahora bien, la clase trabajadora argentina ha construido históricamente sus formas de organización, de las que subsiste, a nivel de fábrica, una instancia clásica y de la misma importancia estratégica hoy que hace décadas: la organización de base de los delegados y las comisiones internas. Se trata de instancias que está planteado, en el proceso de recomposición abierto, recuperar de manos de la burocracia sindical. Porque sobre todo a nivel del proletariado industrial, el proceso comienza por estos organismos tradicionales, que siguen siendo una inmensa conquista de la clase obrera en nuestro país, aun cuando en la mayoría de los casos se encuentren en manos de la burocracia.

En circunstancias de ascenso, estará planteada también la pelea por la generalización de instancias organizativas y de pelea ad hoc (comités de lucha) que establezcan un “doble poder” a nivel de las empresas, así como la coordinación de varios lugares de trabajo: desde circunstancias de ocupación del lugar de trabajo y de imposición de mecanismos de control obrero hasta experiencias de administración obrera de la unidad productiva en crisis. Parte de esto en los últimos años –con sus alcances y sus límites– ha sido la experiencia de las fábricas recuperadas.

En este marco, desde ya que los mecanismos de fragmentación y precarización laboral no sólo han tenido un sentido estrictamente económico (por ejemplo, tercerizar tareas) sino de dominio: ante la demostración de radicalización y “poder obrero” de las experiencias marcadas por el Cordobazo, la burguesía se dio la tarea, a partir de la dictadura militar, de atomizar a la base obrera para garantizar su explotación y dominación. Es por esto que no sea casual que en aquellas estructuras o sectores donde son mayoritarios los trabajadores en condiciones precarias, en muchos casos, directamente, no existe siquiera la elemental representación sindical del delegado.

Las condiciones objetivas de recuperación de la producción en distintas ramas son el trasfondo y base material del proceso molecular en curso de reorganización de los trabajadores. Las condiciones de esclavitud laboral, el sueldo que no alcanza, el ver cómo la patronal gana fortunas, son un aguijón permanente al todavía poco visible pero creciente descontento.

Tras las transformaciones de los 90 en el sentido de una tremenda fragmentación, ahora está teniendo lugar un hecho revolucionario en las entrañas de nuestra clase: está en marcha una profunda tendencia en sentido inverso, con el surgimiento de una nueva generación obrera, que está dando sus primeros pasos y haciendo sus primeras experiencias. Este desarrollo comenzó con la recuperación de la economía y no se detiene, porque tiene características de un proceso estructural, orgánico.

Hay un doble recambio en las filas de la clase obrera. Por un lado, generacional: decenas de miles de jóvenes están consiguiendo su primer trabajo, mayoritariamente en condiciones de precariedad laboral. Por edades, la distribución actual de la fuerza laboral total (incluye trabajadores de todas las categorías y no trabajadores) es la siguiente: 3 millones entre 15 y 24 años (19,8%); 8,9 millones entre 25 y 49 años (57,7%); y 3 millones entre 50 y 65 años (19,4%). Pero presumimos que, incluso por la importancia del esfuerzo físico del trabajo proletario, las proporciones de jóvenes son mayores en la industria y la construcción.

Por otro lado, también se recuperan los planteles en importantes ramas de la producción: automotrices, alimenticias, siderúrgicas, neumático, etc., o despuntan otras nuevas a nivel de los servicios, como es el caso de las comunicaciones y los call-centers, que muchas veces incorporan estudiantes universitarios o trabajadores con alta calificación laboral.

Esta nueva generación está haciendo sus primeras armas. Y justamente esto es lo que señala que el proceso de reorganización podría estar preparando las condiciones para dar un salto en calidad, aunque más no sea –por ahora– en el sentido más estructural y objetivo del término, razón por la cual es poco visible todavía. No obstante, como ya hemos señalado, puede preanunciar para el futuro grandes luchas obreras para las cuales hay que prepararse desde hoy.

Esta nueva generación, por lo molecular del proceso, no es aún tan visible. Pero están surgiendo nuevos delegados y activistas a partir de los organismos sindicales tradicionales. Es cierto que como proceso es muy desigual: en algunos casos por lugar de trabajo y en otros hasta por sección. Pero desde el punto de vista de los revolucionarios, es estratégico, porque es nuestra clase la que está preparando sus nuevos destacamentos y sus nuevas armas.

Es una tarea fundamental apuntalar este proceso para que no se quede en el camino, ayudando a que los nuevos activistas que surgen en las fábricas no queden en descubierto ante la burocracia y la patronal, a que no sean presa fácil del despido, de los aprietes o los castigos. Esto significa organizarse en forma cuidadosa y señalar a fuego a los soplones de los burócratas, junto con empujar toda acción que lleve a mejorar las condiciones de trabajo y salario y prepararse para echar a la burocracia. Es decir, se trata de buscar el momento en el que haya acumulación suficiente de condiciones para imponer delegados e internas luchadoras, antiburocráticas, antipatronales y clasistas. Esta es la tarea que está a la orden del día por todo un período: impulsar con todo la organización por abajo e independiente de nuestra clase.

4.1.6 Principales zonas geográficas de radicación industrial, de servicios y extractivas. Breve sinopsis histórica de la industria.

Es de utilidad repasar en un muy somero pantallazo, a modo de hipótesis, las principales zonas geográficas de radicación de la industria en nuestro país, por su importancia estratégica para los socialistas revolucionarios.

A lo largo del siglo XX hubo básicamente tres momentos del desarrollo industrial. A fines del siglo XIX y comienzos del pasado, lo dominante eran los servicios (expansión de los ferrocarriles) y la industria ganadero-industrial (el caso de los frigoríficos que, desde el punto de vista de su centralidad en la lucha de clases, cerraron su ciclo ya en la década del 40). A partir de los años 30 y 40, se desarrolló una industria liviana sustitutiva de importaciones: textil, alimenticia y metalúrgica de “línea blanca”, así como el comienzo de la extracción de petróleo. Luego, en los 60, vino la oleada “desarrollista” (de la mano del imperialismo yanqui), que incluyó, sobre todo, las automotrices, la siderurgia y la industria química, y, en las actividades extractivas, el desarrollo del petróleo, entre otras. Se mantuvo el modelo “sustitutivo de importaciones” con una mayor complejización de la industria, lo que, de todas maneras, nunca superó el estadio de pseudo-industrialización, como la definiera brillantemente Milcíades Peña. [4]

Sin embargo, en los 90 se vivió un proceso de relativa (no absoluta, como era la vulgar posición de los que sostenían que “no había más industrias ni obreros”) desindustrialización y reprimarización de la economía (tendencias que venían desde la dictadura militar). Esto se combinó con una cierta “modernización” en determinadas ramas de la industria (con importaciones de bienes de capital aprovechando el dólar bajo), fuertes aumentos de productividad y una tendencia hacia la especialización productiva en determinados sectores y “nichos” industriales. La actividad industrial se contrajo al 15% del PBI total, al tiempo que aumentó el índice de concentración y centralización de capitales.

Entre las ramas dinámicas (más allá de los vaivenes coyunturales) resultantes de las transformaciones de dos décadas se encontraban: alimentos, bebidas y tabaco, con un crecimiento del 26,3% entre 1980 y 1994-98 (el mayor exponente de la señalada reprimarización a nivel de la industria); luego, celulosa y papel, petroquímica, metales básicos (acero y aluminio) y automotrices. Las tres primeras avanzaron el 27,4% en el mismo período, y aumentaron su participación en el conjunto del producto industrial. Al mismo tiempo, otros importantes sectores disminuyen su participación relativa, como es el caso de productos metálicos, maquinarias y equipos y los minerales no metálicos como la producción de cemento (Jorge Schvarzer, “Problemas actuales de la estructura productiva argentina. Elementos para un diagnostico”, 1997). Esta es, a trazos muy gruesos, la historia de la industria en Argentina hasta comienzos del siglo XXI.

Desde 2002, como ya hemos señalado, se vive un proceso de recuperación industrial a partir de la redistribución del plusvalor que operó la devaluación (de los servicios y las finanzas hacia la industria y, en menor medida, gracias a las retenciones, el campo). Este proceso está marcado por dos características básicas: a nivel de la gran industria, el agro-industria y el sector extractivo, la mira está puesta en las ventas al exterior. Pero, junto con esto, también hay cierta recuperación de la producción industrial sustitutiva de importaciones.

Sin embargo, el límite de este proceso es que no se trata de un cambio en la configuración estructural de la industria ni del lanzamiento de un proceso sostenido de inversión y acumulación. Globalmente, la producción industrial sigue en los niveles de 1974, y su recuperación se basó más en un mayor uso de la capacidad instalada ociosa más que en el aumento de esta misma capacidad mediante inversiones genuinas.

Más bien, la industria del país se ubica en la división internacional del trabajo manteniendo acentuados rasgos de “armaduría”, “ensambladora” o “maquila”, con fuerte importación de partes producidas en el exterior. Por ejemplo: tras la devaluación hubo una recuperación de la industria autopartista pero, al mismo tiempo, la importación de autopartes –sobre todo de motores y cajas de cambio– no deja de aumentar, y el déficit comercial autopartista alcanzó en 2005 la friolera de 2.000 millones de dólares (Clarín, 21-5-06). Esto es índice de la ausencia de una configuración interna integrada de su industria. Sin embargo, no por esto Argentina deja de ser el tercer país en desarrollo industrial de Latinoamérica, luego de Brasil y México.

Pasemos entonces a la localización geográfica de la industria. Los núcleos de radicación industrial han ido acompañando las distintas fases de la industria misma y, actualmente, hay una recuperación de la última configuración geográfica industrial, pero con modificaciones. No se trata del surgimiento global de una nueva radicación geográfica, pero sí debe señalarse el traslado de industrias hacia el interior del país.

Los sectores más importantes de radicación industrial siguen siendo, entonces, en gran medida los clásicos de las últimas décadas del siglo XX. En primer lugar, la zona norte del gran Buenos Aires (Vicente López en menor medida, San Isidro, San Fernando y Tigre / Pacheco), aunque en una configuración “expandida” que se ha ido alejando más y más de la Capital Federal, hasta llegar a las actuales radicaciones, más o menos “vírgenes” todavía desde el punto de vista sindical, como los polos industriales de Garín, Tortuguitas y, sobre todo en los últimos 15 años, el de Pilar.

Respecto de las empresas de mayor importancia de la zona, a las clásicas automotrices como Volkswagen y Ford se suman Fate (neumáticos); alimenticias como Kraft / Terrabusi, Bimbo, Molinos y otras de importancia; varias fábricas metalúrgicas autopartistas históricas (aunque con cambio de dueños y modernizadas en mayor o menor grado); griferías como FV (en Villa Rosa); dos de las más grandes químicas del país como Procter & Gamble y Unilever, y algunos de los frigoríficos más importantes como el Rioplatense.

Sobre la ruta Panamericana, esta zona se extiende hacia Campana, donde siguen teniendo peso metalúrgicas grandes como Siderar (ex Siderca), cerveceras como Quilmes e Isenbeck y nuevas automotrices como Toyota. Contigua a esa ciudad está Zarate, donde la multinacional agroindustrial Monsanto posee puerto propio. Siguiendo hacia Santa Fe está la ciudad de San Nicolás, de tradicional radicación de las más grandes siderúrgicas del país, como Techint, y cerca de allí, otra histórica radicación siderometalúrgica es Villa Constitución, con Acindar.

Más hacia el norte, ya en la provincia de Santa Fe y en torno a Rosario y San Lorenzo, tiene peso la agroindustria (aceiteras), así como la General Motors. En el caso de Córdoba, esta ciudad sigue siendo cede de una importante radicación automotriz y autopartista, aunque fue achicada y reconvertida a lo largo de los 90.

En el sur del Gran Buenos Aires, otra zona de importante radicación industrial es el corredor La Plata-Berisso-Ensenada, zona de radicación de las refinerías de petróleo y de astilleros como el Río Santiago. Más cerca de la Capital, en Quilmes, se ha radicado recientemente la fábrica de motocicletas de Honda, y en la localidad de Llavallol, la multinacional del neumático Firestone.

Deben sumarse a este panorama radicaciones industriales operadas en los 80 con los programas de “promoción industrial”. Los casos más desarrollados son los de Villa Mercedes, provincia de San Luis, y la recuperación de la armaduría electrónica, sobre todo en Tierra del Fuego (Río Grande).

Respecto de la industria extractiva, hay nuevas empresas mineras en el noreste y sureste del país a lo largo de la Cordillera de los Andes sin mayor organización o experiencias de lucha sindicales que conozcamos hasta ahora. A esto se agrega la clásica industria petrolera en Neuquén –verdadero centro industrial del sur del país– y las provincias del sur de la Patagonia continental (Chubut y Santa Cruz), con centro en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

A nivel de los sectores de servicios, de comunicaciones y transportes, sobresale la importancia de la Capital Federal (telefónicos, call centers, subterráneos), Córdoba y Rosario, así como las cadenas de hipermercados y distribuidoras de alimentos, como la Coca Cola y otras.

Como hemos adelantado, desde 2004 se verifica un hecho de enorme importancia en el terreno de la lucha entre las clases: el ingreso a la pelea de importantes sectores de la clase obrera ocupada como no se veía desde finales de la década del 80, aun cuando en el último periodo este proceso está pasando por una situación de mediación.

Contra los agoreros de la “muerte de la clase obrera” y los teóricos de los “nuevos movimientos sociales”, en el post Argentinazo que estamos transitando reapareció con fuerza la lucha reivindicativa de los trabajadores ocupados, sector de la clase obrera que, claramente, se ha transformado en la vanguardia de la lucha. [5]

Esto ha ocurrido en las condiciones ya señaladas de recuperación de la economía y cuando sobre todo los sectores más calificados y con contrato formal de la clase obrera –ante la destrucción de la calificación laboral y un menor temor al despido– lograron hacerse valer en una serie de huelgas duras, aunque este proceso no logró extenderse al conjunto de la clase.

Contra lo que vulgarmente se cree, son los sectores más calificados y mejor pagos los que han estado a la vanguardia de la lucha en circunstancias clásicas (por dar sólo dos ejemplos, la Revolución Rusa y el Cordobazo). [6] En este sentido, no hay que caer en ningún tipo de concepción demagógica o populista, a la vez que se debe combatir contra las eventuales tendencias sindicalistas y “corporativas” de los mejor pagos desde una perspectiva de unidad de las filas obreras y unidad de clase.

A partir de abril de 2006, con la dureza exhibida por el gobierno ante la huelga petrolera y los acuerdos salariales con la CGT, prácticamente se cortó esta oleada de luchas de importancia y que tuvieron una gran proyección política nacional. Pero esto no quiere decir que hayan desaparecido: en las condiciones defensivas creadas por los acuerdos salariales –que abarcaron sobre todo al núcleo de trabajadores privados “formales”–, se han venido sucediendo una serie de luchas subterráneas del sector más precarizado por sus condiciones de contratación, contra graves accidentes de trabajo y contra despidos que afectan, las más de las veces, a sectores del activismo obrero. Sin olvidar, en las últimas semanas, la vuelta de una lucha de alto impacto político como la del Hospital Francés, con varias características comunes con la oleada de luchas reivindicativa anterior.

En perspectiva, y aun cuando el 2007 será, globalmente, un año marcado por las elecciones presidenciales, es de prever que las luchas moleculares de los sectores más precarizados continuarán. Y que este proceso, eventualmente, actúe como puente o sea preparatorio de una posible irrupción más de conjunto de sectores del proletariado industrial ante la probabilidad de que, en algún momento, la acumulación de contradicciones en la economía conduzca a una nueva crisis.

El proceso de recomposición de los trabajadores ha tenido en los últimos años dos antecedentes de gran importancia, [7] por no hablar de las asambleas populares que, más bien, en última instancia reflejaron a sectores de la clase media pauperizada, lo que no quita que haya tenido su influencia y dejado sus trazos entre los trabajadores.

Por un lado, el movimiento de trabajadores desocupados combativo tuvo su génesis en las puebladas del interior con fuerte peso o tradición anterior de trabajadores: el caso de Plaza Huincul y Cutral-có en Neuquén y Tartagal y Mosconi en Salta (no casualmente, todas localidades con fuerte peso anterior de YPF) en 1996 y 1997. Estos casos o lugares emblemáticos popularizaron entre amplios sectores sin trabajo (pero también con impacto duradero en las luchas de los ocupados) el método de los cortes de ruta y diverso tipo de prácticas asociativas y solidarias. Cuando el proceso llegó al Gran Buenos Aires con los famosos cortes de la ruta 3 en La Matanza (monopolizados, en la primer etapa, por la CCC y la FTV de D’Elía), al tiempo que se masificó, adquirió un carácter más “territorial” y “popular”, en el sentido de que, si bien mantuvo un carácter general de movimiento social urbano de trabajadores desocupados, tendieron a perder peso los elementos de tradición más obrera y cobrar más auge los “populares”.

Es sabido que al interior del movimiento surgieron una serie de corrientes, y que un límite general que tuvo prácticamente a lo largo de todo su desarrollo –mas allá de algunas experiencias en el interior– es que su programa no estuvo enfocado a la pelea por trabajo genuino ni por la unidad de clase con los ocupados, sino la reivindicación “corporativa” de más y más planes sociales.

Entre los movimientos “combativos”, esto caracterizó no sólo a las corrientes populistas y la CCC, sino también, lamentablemente, al MST (que llevo a cabo una construcción totalmente aparatista y burocrática “desde arriba”) y al PO. Partido este último, que, como es sabido, llevó a cabo toda una “teorización” alrededor del fenómeno piquetero como síntesis “en sí misma” de toda la clase trabajadora, perdiendo totalmente de vista la importancia estratégica de la clase obrera ocupada (y, dentro de ella, de la pelea por ganar al proletariado industrial). Desde un punto de vista prácticamente opuesto en todos sus términos a los del MST y el PO y los movimientos orientados por ellos, la estratégica cuestión de la pelea por trabajo genuino y la unidad de clase con los ocupados, aun en minoría, sí caracterizó y sigue caracterizando a la experiencia del FTC. [8]

Esta riquísima experiencia dejó una serie de enseñanzas de impronta duradera hacia el resto de los trabajadores. [9] Y si bien hoy no están a la vanguardia y difícilmente vuelvan a recuperar ese rol, sin embargo, a pesar del actual evidente declive de los movimientos, no se puede descartar una recuperación ante un eventual deterioro de la economía. Y, sobre todo, que los movimientos combativos e independientes, sigan teniendo un importantísimo rol que cumplir a la hora de la unidad de clase y del apoyo a las luchas de los ocupados. A esto hay que apostar.

El segundo antecedente fue el caso de la experiencia de las fábricas recuperadas, de menor masividad, pero más “calidad”, ya que pusieron sobre la mesa el cuestionamiento a la propiedad privada capitalista y dieron lugar a que, en una importante cantidad de establecimientos pequeños y medianos (unos 120), hayan sido sus trabajadores los que se hicieran cargo de las instalaciones y la producción, mostrando las potencialidades de la clase obrera al frente de la economía.

Este proceso de recuperación de empresas no ha sido sólo nacional. Cabe subrayar que una experiencia similar se desarrolla en Venezuela, con su punto más alto en la ocupación por dos meses de PDVSA por parte de los obreros petroleros a comienzos de 2003 y su puesta a funcionar por los obreros, experiencia que fue desmontada por el propio Chávez. Cuando hablamos de la mayor “calidad” de esta experiencia respecto de los movimientos desocupados, nos referimos al hecho de que la posición de “poder” potencial económico y político de la clase obrera con los medios de producción en sus manos es desde todo punto de vista mayor que la situación en este sentido de “desposesión” y “administración de la miseria” de los desocupados.

Sin embargo, esto no quita los fuertes límites economicistas que terminaron teniendo también la mayoría de estas experiencias. Es sabido que el movimiento quedó hegemonizado por dos sectores peronistas (Caro y Murúa, de derecha y “centroizquierdista”) que lo recondujeron hacia la constitución formal de cooperativas y el economicismo de la competencia de sus trabajadores con los demás en el mercado. El PTS, que demagógicamente ha exigido siempre la formación de un “movimiento único” a nivel de los movimientos de desocupados, nunca impulsó esta orientación en el terreno donde estaba llamado a cumplirlo, a partir de las experiencias de Zanon y Brukman. Para colmo, en esta última llevó adelante una orientación desastrosa que no permitió pelear adecuadamente por la recuperación de la fuente de trabajo cuando las trabajadoras fueron desalojadas en 2003. Y cuando esta recuperación se logró, y como producto de una serie de inexplicables desaciertos que nunca fueron objeto de un balance mínimamente serio, [10] terminaron entregándole la fábrica a Caro. A decir verdad, ni el PO –desde la ANT– ni el PTS –a partir de la experiencia de las fábricas recuperadas– tuvieron la orientación de impulsar un ámbito real de centralización del conjunto de la vanguardia que permitiera pegar sobre los ocupados en el momento de apogeo del Argentinazo.

En síntesis, a pesar de los límites señalados, que hacen también a las peleas de estrategia al interior de la izquierda, tanto el movimiento piquetero combativo como la experiencia de recuperación de fabricas han dejado enseñanzas duraderas y estratégicas para el proceso más de conjunto de recomposición de los trabajadores, constituyendo inmensos laboratorios de la lucha de clases. Y no sólo esto: en condiciones de reaparición de la crisis, en una combinación distinta donde va a tener más centralidad la acción de los ocupados como tales, no es descartable para nada que ambas experiencias se reaviven. Más aún teniendo en cuenta que, aun tras haber sido reabsorbidos, divididos y cooptados en buena medida desde el Estado y el gobierno, los fenómenos de organización que ambas expresan no han sido totalmente liquidados.

Si bien durante el Argentinazo los ocupados (ante el rol de la CGT y la CTA y la presión del terror a la “muerte social” que implicaba el despido) tuvieron una actitud mayoritariamente conservadora, en los últimos años han pasado al frente de la lucha. En lo que sigue, trataremos dar cuenta de este proceso.

La totalidad de conflictos que se produjeron promediando 2004 hasta abril de 2006 configuraron un verdadero ciclo de luchas: un proceso de peleas que si bien no llegó a configurar un ascenso de conjunto (por ejemplo, no alcanzó a plantear el problema de la huelga general), visto en su integridad expresó un categórico proceso de luchas de los asalariados, estadísticamente el mayor desde comienzos de la década del 90. Dar cuenta de él tiene su importancia para sacar lecciones y enseñanzas hacia el futuro.

Hacer el listado de las principales huelgas que jalonaron este ciclo tiene su importancia para poder visualizarlo de conjunto. Hubo algunos importantes triunfos (si bien parciales y/o sectoriales, sin afectar a gremios enteros) o al menos “empates”. No derrotas de importancia, aunque es más discutible el caso de los petroleros de Las Heras, no casualmente la última lucha de importancia de este ciclo. Característica que se mantuvo a pesar de lo que se esmeró el gobierno por atacar y aislar las luchas más duras, con la acusación indiscriminada de “huelgas salvajes” y/o dirigidas por los “trotskistas”. Fueron luchas duras que, en general, forzaron la mano gubernamental y, en varios casos, tuvieron una dirección independiente. Un patrón que, según parece, se mantendrá en las futuras luchas de importancia.

Tomando las más importantes, cabe mencionar las luchas de ferroviarios del Gran Buenos Aires; Telefónicos de la Capital; los compañeros del Subte; la tercerizada Taym (entre otras tercerizadas de limpieza); el duro conflicto del hospital Garrahan; la aerolínea Lafsa; los compañeros del diario Crónica (con 9 heridos y ocupación parcial del quinto piso del edificio); los docentes salteños; los compañeros de hospitales de Córdoba; las opositoras del SUTEBA (con la experiencia, en junio del 2005, de un paro de seccionales opositoras del Gran Buenos Aires por fuera del sindicato); los conflictos del pescado en Chubut y Mar del Plata; el corte de la Panamericana por parte de los obreros de Ford y Volkswagen (dirigidos por la burocracia del SMATA); el conflicto de los docentes universitarios; los no docentes en Mar del Plata (ocupando el Rectorado por más de un mes); los pasantes telefónicos de Atento; estatales de distintas reparticiones, sectores y provincias; camioneros (Moyano); Sanidad (West Ocampo). El final de este ciclo estuvo marcado, fundamentalmente, por los petroleros de Las Heras, de balance muy contradictorio. Sin embargo, en este marco, hubo una dura lucha que parece estar operando de “puente”, con varias de las características que venimos señalando, y que hoy vuelve a emerger: la ya señalada del Hospital Francés.

Esta última oleada de luchas tuvo una serie de rasgos propios. En primer lugar, un carácter más bien “reivindicativo”, en la medida en que estas peleas se han dado en condiciones de relativa estabilización económica y política del país. Razón por la cual los compañeros mayormente no vieron su enfrentamiento como yendo directamente contra el gobierno. En general, las nuevas direcciones independientes tuvieron dificultades (o peor, “ideologías”; sobre todo en el caso de las adscriptas al MIC, como sectores del cuerpo de delegados del subte o de los MSTs) para enfrentar la presión “sindicalista”.

Contradictoriamente, en el caso de las peleas más importantes peleas, tuvieron una gran proyección política nacional como producto, precisamente, de su choque de hecho con el gobierno nacional (lo que ahora se repite con el escándalo de la patota kirchnerista en el Hospital Francés).

Al mismo tiempo, no lograron extenderse o imponerse al conjunto de sus respectivos gremios, en manos de la burocracia. Esto plantea un segundo problema para el cual tampoco ha habido hasta ahora una respuesta clara: la necesidad de tener una estrategia y trabajar desde las posiciones ganadas por una política de conjunto. Es decir, por romper el statu quo a nivel del gremio, extendiendo la experiencia antiburocrática más allá de los propios “bastiones”. Esto plantea cuestiones (cuya combinación es algebraica y depende de las circunstancias concretas de cada momento) como la postergada construcción de una verdadera Tendencia Clasista, la necesaria coordinación de las luchas y la realización de un Plenario o Encuentro Obrero, así como, a otro nivel, la puesta en pie de listas clasistas y antiburocráticas a nivel de lugares de trabajo o gremios enteros.

En el marco que venimos señalando, se trató y se trata de conflictos muy duros localizados por lugar de trabajo, al frente de los cuales se halla una dirección independiente y/o clasista que se basa en métodos de democracia de los trabajadores. Es decir, una conducción independiente y vinculada a la izquierda (organizada partidariamente o no), cuestión que es un elemento nuevo e importantísimo, producto de la deslegitimación de la burocracia sindical, y que va a volver a plantear, más temprano que tarde, el problema de un ámbito de centralización de estas experiencias combativas en su conjunto.

Como ya hemos señalado, salvo en los casos de procesos de estricta “presión” sindical dirigidos por la burocracia, en general, las luchas más importantes no han sido de gremios de conjunto. Los sectores independientes y la izquierda no han conseguido ganar gremios provinciales o nacionales. [11] En ese plano, la burocracia conserva el “monopolio” de la representación, cuyo socavamiento dependerá de un ascenso mayor de la lucha, pero también de un paciente trabajo –no sindicalista– de puesta en pie de listas y agrupaciones sindicales clasistas, así como de la construcción de organismos de lucha ad hoc al calor de la pelea, como comités de huelga, coordinadoras, etc.

En este marco, se ha debido apelar a métodos muy duros de lucha; resistiendo las directas provocaciones gubernamentales (Garrahan, petroleros); ocupando secciones, pisos o vías férreas (Subtes, ferroviarios, Crónica); enfrentándose físicamente con matones contratados por las empresas (Atento, Crónica y ahora el Hospital Francés) y, en determinados casos, directamente con la policía (ferroviarios, petroleros). En continuidad con la experiencia del movimiento piquetero (cuestionamiento a la autoridad del Estado) y de las fábricas recuperadas (cuestionamiento al imperio de la propiedad privada), y como subproducto del Argentinazo, la oleada de luchas 2004-2006, pese a su carácter reivindicativo, configuró un categórico avance respecto del legalismo mayoritario en las oleadas de luchas salariales de los 80 (dejando de lado tomas obreras como Ford y Armetal, a mediados de esa década, o luchas duras como Fate, Ferroviarios, Sevel y la rica experiencia del SITRAMF bajo el menemismo).

El importante peso en la oleada de luchas de sectores de servicios privatizados obedece a su importancia en la economía a la hora de los mecanismos de reproducción del capital, sobre todo en el caso del sector del transporte (subtes y ferrocarriles). También en sectores como la salud. Y en el caso de los tercerizados (limpieza en el subte, ferrocarril, Ford, etc.), han tenido el valor de comenzar a enfrentar la fragmentación de la clase obrera heredada de los 90. En este marco, las luchas por “encuadramiento sindical” han tenido la importancia de poner sobre la mesa el planteo unitario de “a igual tarea, igual salario”.

El proceso de los petroleros marcó la incipiente emergencia de un sector estratégico: el proletariado industrial (creador de trabajo productivo, aunque en este caso se trate de una rama “extractiva”). Pero no fue el único caso. Hubo procesos –por ahora, muy controlados por la burocracia– en las automotrices: Ford y Volkswagen en el Gran Buenos Aires, con el corte de la ruta Panamericana, y algún movimiento en Volkswagen de Córdoba. Durante 2004 estuvo el proceso en Firestone (zona sur del Gran Buenos Aires), pero terminó en derrota.

Sin duda, el proletariado industrial es el sector más difícil, el más controlado por la burocracia, que tiene prácticamente el monopolio absoluto de la representación –salvo excepciones–, y donde más impera el despotismo de fábrica. Esto no es casual: el proletariado industrial sigue siendo el núcleo estratégico de la clase obrera. Simplemente, por el lugar que ocupa en el conjunto de la economía capitalista: es decir, en el centro de la producción de la riqueza. No está de más subrayar que, en este sector, la mayoría de las corrientes de la izquierda somos muy débiles, y debemos hacer ingentes esfuerzos por avanzar.

Con el final de ciclo 2004-2005 y comienzos del 2006, en una circunstancia distinta, más defensiva, se fueron desarrollando una serie de luchas de otro carácter: centralmente no por salario, sino contra las condiciones de precariedad laboral, contra el cierre de establecimientos y contra los despidos.

Al momento de la redacción final de este documento, la lucha emblemática ha pasado a ser la del Hospital Francés, que a partir de la acción de la patota kirchnerista del 10 de octubre ha tenido una proyección nacional como hacía tiempo no se veía en un conflicto.

Esto ocurre por varias razones: la matoneada en un momento de enorme sensibilidad democrática por la desaparición de López; el hecho de que se trata de un hospital con mucha tradición (lo que, de por sí, concentra la atención de la opinión pública) y en la Capital Federal; el propio hecho de que los medios y la oposición burguesa tomaron la irrupción de los matones como parte de su crítica al carácter “autoritario” del gobierno, etc. Pero junto con estos elementos, las características más “estructurales” de este conflicto no dejan de ser las “defensivas” del período: es decir, contra el cierre y vaciamiento del establecimiento, contra los despidos y por el pago de salarios adeudados.

Precisamente, más de conjunto, los conflictos de este período han sido “defensivos” y “aislados”; más que obtener “triunfos”, han sufrido “empates” y/o “derrotas” parciales, y en muchos casos no pudieron frenar realmente los despidos. Ha sido el caso de Cargo en Córdoba o de la ex Jabón Federal en La Matanza.

También han sido propias de este período las peleas contra los accidentes de trabajo. En la zona sur del Gran Buenos Aires (Fundición Canning y FAPA-Armanino), se vivieron dos luchas ante situaciones de estas características que, en realidad, se repiten a diario. Hay una altísima tasa de siniestralidad en la industria y en el gremio de la construcción. Contribuyen a esto los brutales ritmos de trabajo y también, en fábricas pymes y no tan pequeñas, las pésimas condiciones de trabajo (como fue el caso de Cerámica Cregar y tantas otras). En ese sentido, la valiosa iniciativa del boletín juvenil contra la precariedad (“Sin Cadenas”) que editan los compañeros de la regional Lomas-Sur podría ser un punto de apoyo para desarrollar una experiencia y/o agrupación de jóvenes trabajadores en condiciones precarias.

La burocracia ha venido haciendo esfuerzos por reubicarse, colocándose con un perfil “peronista” más tradicional. Cumplió su papel contrarrevolucionario a la hora del Argentinazo como valla de contención principal para el ingreso de los ocupados. Con Moyano al frente de la CGT –también la CTA hace lo suyo en su esfera de influencia–, está recuperando posiciones bien pegado a Kirchner (aunque el escándalo del 17 de octubre deja un enorme interrogante respecto de su futuro).

Al mismo tiempo, mantiene cierto juego propio en conflictos “de bolsillo” como los de encuadramiento sindical, con el objetivo de no perder su perfil de “combativo” (bastante desdibujado, de todos modos, tras la firma de los acuerdos salariales). En los primeros meses del 2006, la CGT y la CTA, a pesar de sus contradicciones con el gobierno, trabajaron para evitar que la oleada de luchas adquiera una dimensión de conjunto y nacional, lo que sin duda han logrado.

Sin embargo, el deterioro de la burocracia permanece: es profundo y estructural, configurando una realidad de deslegitimación y vaciamiento orgánico. Es en este marco donde se inscribe el “proyecto” Moyano, que arrancó con una tarea esencialmente preventiva: evitar un avance cualitativo de los sectores independientes que pudiera plantear la quiebra al monopolio histórico de la burocracia peronista sobre la clase obrera.

El “perfil peronista más tradicional” al que hacíamos referencia se refleja en que no casualmente es Moyano quien reemplaza a Daer y desplaza a los “gordos”, símbolos eminentes del “sindicalismo de los negocios” de los 90. Es cierto que también Moyano participa como empresario en varios emprendimientos. Pero al menos en el perfil, se presenta como más “peronista clásico”, distanciándose discursivamente del modelo sindical neoliberal.

En todo caso, el eje del proyecto de Moyano es recuperar legitimidad para llevar adelante una guerra a muerte preventiva con la vanguardia. Esto sigue siendo así aun cuando la actual coyuntura esté mediada por el reflujo en las luchas. El conflicto del Francés sirve, por si hacía falta, de alerta: de ahí la renovada irrupción de los matones. Esta guerra a muerte con la vanguardia independiente tiene una razón de peso: no quiere saber nada con que empiece a tener peso entre los ocupados (y menos los industriales). Es decir, con que se repita –en el núcleo central de la clase obrera– el “desliz” que tuvieron con los contingentes de desocupados. De allí los choques y acusaciones al “trotskismo”, que se multiplicaron en oportunidad de luchas como la del Garrahan o de los petroleros de Las Heras y ahora se renuevan en el Francés.

En este marco, no se puede negar que la estabilización y recuperación de la economía y el apoyo mayoritario de los trabajadores a Kirchner han dado elementos para una consolidación relativa de este operativo preventivo. Sin embargo, la procesión va por dentro: se trata de un flujo de fondo, de un incipiente pero real proceso de recomposición de la clase trabajadora atado a coordenadas profundas y que no se va a cortar fácilmente. Se trata de uno de los elementos más importantes de continuidad entre el Argentinazo y el post Argentinazo. Viéndolo desde otro ángulo: desde antes del 2001, la vanguardia independiente ha venido ganando posiciones, al tiempo que obtiene otras nuevas. Por esto no es casual que, sistemáticamente, las principales y más duras luchas que se han venido dando, casi invariablemente, están dirigidas por sectores independientes y antiburocráticos.

Es decir, junto con la subsistencia (aun debilitada) de las experiencias del movimiento piquetero combativo y de algunas fábricas recuperadas de importancia (el caso de Zanon es el más evidente), en general, las posiciones ganadas en ocupados no se han perdido. Ahí está el caso reciente de la reelección del Cuerpo de Delegados en el subterráneo de Buenos Aires, de varias seccionales opositoras del Suteba que renovaron sus mandatos meses atrás e, incluso, a nivel de las comisiones internas de algunas fábricas, como Ecocarnes y otras. Por otra parte, es cierto que a ese nivel ha habido derrotas como el desplazamiento de los delegados independientes en Pepsico y los despidos en Cargo y la ex Jabón Federal (TVB).

Paralelamente, actúa como elemento conservador el hecho que la clase obrera no haya roto con el PJ y siga cruzada por una conciencia mayormente reivindicativa. No ha habido en amplios sectores una radicalización política y de clase, ni siquiera en los años de apogeo del Argentinazo. Y a nivel de las nuevas generaciones obreras, si bien la identificación peronista es prácticamente inexistente –lo que es muy progresivo–, lo que aún predomina es el apoliticismo y cierto individualismo.

Estos elementos ponen blanco sobre negro los enormes límites de un proyecto de recomposición con rasgos sindicalistas como el que expresa el Movimiento Intersindical Clasista (MIC), porque en las actuales condiciones regionales de rebelión popular, “mediación” y polarización, el proceso de recomposición de la clase obrera solo puede ser –en última instancia– político. Es decir, requiere como condición de vida o muerte el avance de una importante fracción de la clase trabajadora hacia la independencia de clase, hacia la definitiva ruptura con el PJ y la construcción de un instrumento político de los trabajadores (y de organizaciones socialistas revolucionarias), independiente de todos los partidos patronales.

El ingreso a la lucha de importante sectores de los ocupados ha tenido su expresión subjetiva en la incipiente emergencia de un “nuevo clasismo”, sobre todo a nivel de los sectores más de vanguardia. Sin duda, este “clasismo” recién está comenzando a emerger, muy por detrás de la clásica experiencia de los 70. Tiene, en realidad, más rasgos antiburocráticos que propiamente clasistas. Sin embargo, se trata de una experiencia que podría –potencialmente– desbordar estos límites reivindicativos, cruzado como está por determinaciones políticas. Pero con una grave limitación en el desarrollo de esta experiencia: el hecho negativo de que se ha reforzado en el último período- la resistencia a asumir un auténtico perfil clasista por parte de un sector importante de esta vanguardia. Es el caso del MIC, que desarrollaremos luego.

Esta vanguardia ha ido expresándose, a lo largo de los últimos años, en las diversas experiencias de recomposición de la clase trabajadora. En un momento fueron “hegemónicas” las de los movimientos de desocupados y las fabricas recuperadas. Hoy el centro esta en sectores de la clase obrera ocupada.

En este marco, ha habido distintos intentos de agrupamiento de la vanguardia que, en general, han terminado abortados por las limitaciones a la hora de levantar un pliego programático verdaderamente de unidad de la clase obrera en su conjunto.

Ahora mismo, hay en curso una reconfiguración en la vanguardia –aunque mediada por la coyuntura actual–, así como un creciente debate sobre la mejor orientación para avanzar, centrado en el programa a levantar en el proceso de recomposición de la clase obrera. El programa tiene hoy una importancia decisiva: hace a la orientación estratégica con la que se interviene en el proceso de la lucha y de reorganización.

La otra gran limitación del “nuevo clasismo” es que no ha llegado aún a configurar una alternativa o un organismo –siquiera embrionario– de verdadero frente único de conjunto, donde tenga clara centralidad la clase obrera ocupada, apoyada por una representación de los trabajadores desocupados y demás sectores populares. En ese sentido, se está por detrás de experiencias como la UNT en Venezuela o incluso Conlutas en Brasil.

Esta perspectiva de frente único es clave porque ninguna de las actuales corrientes y/o tendencias “sindicales” tiene por sí misma hegemonía al interior de la experiencia de la recomposición. Aquí se reproduce –un poco- lo mismo que pasa a nivel político de la izquierda.

4.2.7 El MIC: agrupamiento de sectores de la vieja vanguardia con criterios sindicalistas

El Movimiento Intersindical Clasista se constituyó a fines de 2005, en un paso podría haber recogido un problema real: la tarea pendiente desde el comienzo del proceso del Argentinazo de avanzar en un agrupamiento de los sectores “clasistas” y antiburocráticos. Porque hubo distintos intentos y experiencias (Bloque Piquetero, Asamblea Nacional de Trabajadores, fábricas recuperadas, el Encuentro de Filosofía y Letras, etc.) pero todas quedaron cruzadas por el problema de la incapacidad o imposibilidad de levantar un programa para el conjunto de la clase trabajadora. Y, por lo tanto, constituyeron experiencias parciales o, peor aún, meros corralitos sin una verdadera proyección y criterio soviético o consejista, entendiendo por tal formas de organización u organismos de poder de los trabajadores que apunten a ser ámbitos de síntesis del conjunto de los sectores de la clase obrera, con hegemonía de ésta sobre otros sectores explotados y oprimidos.

Sin embargo, desde el comienzo el MIC no respondió a la necesidad de poner en pie una auténtica tendencia clasista. Por lo pronto, de “clasista” sólo tiene el nombre, ya que en su interior agrupa miembros burocráticos de la dirección nacional de la CTA, como Claudio Marín. [12] Además, políticamente se caracteriza por no mencionar a Kirchner. Y, asimismo, está cruzada por un serio problema generacional que le da rasgos conservadores: tiende más bien a reflejar compañeros que vienen de la experiencia de la vieja vanguardia de los 80, y poco y nada –por lo menos hasta ahora– de las nuevas generaciones obreras. Porque a esos sectores hay que ir a buscarlos con el trabajo gris y cotidiano en puerta de fábrica: no se va a llegar a ellos mediante la realización de reuniones puramente superestructurales.

De todos modos, el principal problema está en el programa y el perfil sindicalista adoptado por esta tendencia sindical. Respecto del programa, los 14 puntos que identifican al MIC desde su formación separan tajantemente la lucha reivindicativa de la lucha política: ni una sola vez se menciona con nombre y apellido al gobierno de Kirchner, lo que es asombroso en una corriente que se autodenomina “clasista”. Por ejemplo, el punto 2 propone: “[impulsar] la organización de los trabajadores para luchar contra la opresión, la explotación y la exclusión creciente que pretenden las patronales, el estado y sus gobiernos”. Pero precisamente por eso es imprescindible, en cada caso, identificar concretamente quién está al frente hoy de imponer esa “opresión, explotación y exclusión”. Los compañeros han planteado una y otra vez el argumento falaz que “la base no ve ni hace responsable a Kirchner de sus problemas”. Pero justamente allí radica parte fundamental de la tarea de una tendencia auténticamente clasista. Entre otras elementales razones, porque en Latinoamérica estamos enfrentando gobiernos que al presentarse como “populares” introducen tremendas confusiones. Por lo tanto, no se trata del enfrentamiento a los gobiernos “en general”, sino a estos gobiernos de mediación y engaño en particular.

El segundo problema es el perfil antipartidos del conjunto de los 14 puntos. Que haya tendencias sindicales de partidos (como los MSTs) en el MIC, no quiere decir nada en este sentido, porque se trata de corrientes que han cedido a este costado reaccionario del agrupamiento.

El programa propone desarrollar “una organización sindical, independiente del Estado, los gobiernos, las patronales y los partidos políticos, defendiendo el derecho de cada trabajador a participar en ellos y expresar sus ideas libremente”. Es muy correcto sostener la independencia más absoluta respecto del “Estado, los gobiernos, las patronales y los partidos políticos”... patronales. Cosa muy distinta es no diferenciar esta “independencia” de relaciones que son de otro orden de clase, es decir, entre organizaciones obreras, entre los sindicatos (o corrientes sindicales), los organismos de frente único de lucha y los partidos de la izquierda revolucionaria.

Esta no distinción tiene una segunda consecuencia de tipo sindicalista, que es la defensa del derecho a la organización política de los trabajadores sólo a título individual: “el derecho de cada trabajador a participar en ellos y expresar libremente sus ideas”. Pero para expresar libremente las “ideas”, muchas veces los trabajadores se agrupan entre compañeros que tienen un programa común, y el agrupamiento de un grupo de personas alrededor de un programa es… un partido. ¡Pero los partidos, como tales, han sido excluidos de la organización obrera! Esto es un desastre por donde se lo mire y expresa una capitulación a los elementos más atrasados, no a los más avanzados, de la vanguardia.

Al sostener el MIC la reaccionaria posición de independencia absoluta de las organizaciones obreras de los partidos de la izquierda, se aproximan mucho a los planteos de la corriente sindicalista en la revolución en Alemania (comienzos de la década del 20) o a los anarquistas en la Revolución Rusa con su planteo de “soviet sin partidos”, es decir, organizaciones obreras sin partidos. El programa del MIC, al establecer que los trabajadores sólo pueden participar de los partidos a título individual, de hecho decreta que no pueden dar peleas organizadas al interior de las organizaciones sindicales de la clase.

4.3 Jugarnos por cada lucha e insertarnos en las nuevas generaciones obreras

Apostamos a la centralidad de la clase obrera ocupada con una proyección hegemónica

El próximo período estará marcado por una serie de tareas para las corrientes independientes y revolucionarias. La central, a nivel del movimiento obrero, seguirá siendo el vuelco al apoyo y sostén de las luchas de los trabajadores como es el caso ahora del Hospital Francés. Rodear de apoyo a los principales conflictos, enfrentar la campaña sucia del gobierno y la burocracia para desprestigiarlos, avanzar en métodos duros de lucha como los que se necesitan para enfrentar a los patoteros, impulsar la ocupación del establecimiento donde corresponda y alentar el proceso de organización independiente, así como su centralización en alguna instancia de conjunto, serán parte de las principales tareas del año que comienza. Esto implicará poner en pie experiencias de unidad de las filas obreras, unidad de clase y coordinación de sectores en lucha.

En este marco, está planteado el ya señalado debate estratégico frente a las visiones estrechamente reivindicativas de varias de las corrientes de la izquierda partidaria o de los compañeros de la vanguardia sin partido. En condiciones de profunda heterogeneidad y división entre los distintos sectores de la clase obrera, hay que levantar programas de unidad de las filas obreras y de unidad de clase. Es decir, hay que buscar mil y una formas de enlazar la lucha de los sectores más avanzados y más calificados con una lucha de conjunto de la clase trabajadora. Esto implica buscar siempre la nivelación hacia arriba, enfrentando la sucia campaña oficialista que intenta deslegitimar las luchas de los trabajadores que vienen a la vanguardia de la pelea con el argumento de que se trataría de un sector “privilegiado” que “gana demasiado”.

Es la realidad que estamos analizando la que plantea la importancia de reafirmar la estrategia que venimos sosteniendo desde hace años, pero subrayando, en la actual situación, que debemos hacerlo desde una reubicación, parándonos con nuestros dos pies desde las vivencias, experiencias y luchas del núcleo central de la clase obrera [13] para pelear desde allí por una estrategia que evite la trampa sindicalista. Esto es, reafirmando la imperiosa necesidad de darle una centralidad decisiva al componente ocupado de la clase obrera y, particularmente, al proletariado industrial, tendiendo desde allí un puente hacia el resto de la clase obrera ocupada en condiciones precarias y los desocupados.

Esto implica pelear concientemente contra los límites meramente reivindicativos y/o corporativos de las luchas. No se trata sólo de lograr que uno u otro sector tenga salarios y condiciones de trabajo por encima de la masa de la clase obrera, sino que, precisamente, los sectores más avanzados y calificados de la clase tengan la orientación de elevar el promedio del nivel salarial, condiciones de trabajo y contratación del conjunto de la clase obrera, avanzando en superar la actual fragmentación.

En este sentido, la pelea por aumentos salariales por encima de la inflación y la productividad; por la efectividad y pase a planta de todos los compañeros contratados o tercerizados; por la reducción de la jornada laboral y de la tasa de desempleo; contra los ritmos de trabajo enloquecedores y los accidentes de trabajo; por la apertura de los libros contables y el control obrero de la producción y la seguridad laboral, y por la ocupación y nacionalización bajo control y/o administración obrera de toda empresa que cierre o despida, son estratégicas para evitar la consolidación de una masa de trabajadores en condiciones precarias que siga presionando a la baja las condiciones generales de explotación del conjunto de la clase obrera. Sólo con la unidad de las filas obreras y la unidad de clase [14] se podrá avanzar en su proyección hegemónica para dar una salida al conjunto de las capas explotadas y oprimidas del país.

Pero a esta ubicación hay que sumarle un elemento decisivo: al interior del movimiento obrero debemos profundizar el perfil de ser la corriente que de manera sistemática plantea que el responsable directo de todos los problemas que vive la clase trabajadora es el gobierno de Néstor Kirchner: “Kirchner es el responsable” debe ser una de las marcas registradas de nuestra actuación política en el seno de nuestra clase hoy.

Se trata, entonces, de una pelea a brazo partido por unir la lucha sindical y la política. No se puede aceptar la excusa de que “los compañeros no ven la responsabilidad de K”. Ésa es precisamente la tarea de los sectores más concientes y avanzados: hacer entender a nuestra clase la verdadera naturaleza patronal del gobierno de Kirchner, como puente hacia la perspectiva de un nuevo movimiento obrero verdaderamente clasista y revolucionario que se plantee acabar con la explotación capitalista en nuestro país.

En síntesis: el proceso debe ser encarado a partir de las reivindicaciones más inmediatas de cada sector (económicas y democráticas), pero apuntando a una estrategia no meramente sindicalista ni corporativa. Es decir, una perspectiva de ir más allá de la mera lucha sindical, ubicando al gobierno patronal de Kirchner como el enemigo número uno de la clase obrera; que enlace a los sectores calificados con los no calificados en la perspectiva de unidad de las filas obreras, así como la unidad de clase con los sectores desocupados; que busque romper el statu quo con la burocracia sindical en lo que hace a la dirección de conjunto de los gremios, hacia una instancia de frente único (Conferencia, Encuentro o Congreso de Trabajadores, Coordinación). Y, finalmente, que se ubique desde la perspectiva política estratégica de la necesidad de que la clase obrera rompa de una vez con el PJ en la vía de un instrumento o movimiento político de los trabajadores, en la vía de la independencia política de clase. Estas tareas son las que deberían configurar el perfil programático de una verdadera Tendencia Clasista, tarea que sigue pendiente.

En este marco, no se puede soslayar la cuestión de que no se puede dirigir procesos de lucha y enfrentar a la burocracia desde afuera. Por lo tanto, está planteado para prácticamente todas las tendencias de la izquierda, y así lo tomamos desde el MAS como desafío, una mayor inserción estructural de compañeros en los lugares de trabajo y sobre todo en el sector que viene de más atrás y donde la izquierda tiene mucho menos peso: el proletariado industrial, que viene en una franca recuperación en el nivel de empleo y de la producción en importantes ramas.

La redacción de este documento finaliza con la coyuntura a la que nos hemos referido, en la que el gobierno de Kirchner ha ido acumulando elementos de crisis política de importancia. La forma en que esto se procesará entre las capas populares es todavía una incógnita: la crisis –todavía contenida– está en pleno desarrollo, y el daño que haya recibido el gobierno dependerá mucho del desenlace final de cada uno de los elementos que la han motivado. De este factor eminentemente político y de la evolución de la coyuntura económica que seguirá siendo, en lo inmediato, favorable, dependerá que las elecciones del 2007 –principal objetivo político del gobierno en el año próximo– sean un proceso que vuelva a los carriles previos o continúe la acumulación de elementos de deterioro e incertidumbre. En todo caso, es posible prever un año con un mayor desgaste, problemas y contradicciones para el gobierno de lo que se podía esperar hace sólo unas semanas.

En este marco, el comienzo de 2007 estará marcado, creemos, por tres procesos.

En primer lugar, como lo muestra el salto a la escena nacional de la lucha del Hospital Francés, el proceso de luchas de resistencia contra los ataques del gobierno y las patronales, por el salario y contra los cierres y despidos, será a lo largo de 2007 un claro eje de nuestra actividad.

En segundo lugar se ubica el desarrollo del proceso de lucha democrática, así como la evolución de la actual crisis política en ciernes. Este ángulo, que sigue teniendo a la lucha por la aparición del compañero López en su centro, será, sin duda, otro de los grandes de los ejes de los meses por delante.

Finalmente, es evidente que a medida que vaya avanzando el año próximo cada vez tendrá un peso mayor la necesidad de dar respuesta al proceso electoral, lo que requiere pasos inmediatos como la continuidad de la campaña por la obtención de nuevas legalidades en el interior del país.

Por supuesto, estos tres ejes no agotan el conjunto de tareas que el partido deberá afrontar. Entre otras cosas, porque hay muchos frentes de batalla específicos (la lucha estudiantil y educativa, el trabajo de género, las campañas internacionalistas, etc.). Sin embargo, creemos que esa formulación concentra y da jerarquía a los que temas que están en el centro de la escena política nacional.

A modo de mero resumen y sin la menor pretensión de formular un programa acabado, cerramos este documento con una síntesis de puntos programáticos que orientarán nuestra política en el próximo período, en su mayoría ya contenidos a lo largo del texto, y que buscan reflejar también la actividad partidaria reciente.

Mientras la inflación se come los salarios, el gobierno hace “contabilidad creativa” con los acuerdos de precios, generando una inflación virtual y una real. Los capitalistas siguen ganando fortunas y encuentran mil formas de esquivar el supuesto control de precios, mientras que los trabajadores que luchan contra el cepo salarial son amenazados, reprimidos y/o perseguidos, y en muchos casos se llega al despido de los compañeros más activos.

- ¡Paritaria nacional sin techo, con delegados democráticamente electos, para imponer un salario mínimo igual a la canasta familiar!

- ¡No a la persecución de los trabajadores que defienden su salario y condiciones de trabajo y rechazan los despidos!

- ¡Control obrero y apertura de los libros contables de toda empresa que suspenda, despida o invoque el procedimiento de crisis o convocatoria de acreedores!

- ¡Nacionalización bajo control de los trabajadores de toda empresa que pretenda cerrar o planteee despidos o suspensiones masivas!

La burocracia sindical, cáncer del movimiento obrero, no sólo vive de privilegios y negociados a expensas de los trabajadores, sino que es aliada de la patronal y el gobierno para dividir a la clase, derrotar sus luchas y precarizar sus condiciones de trabajo.

- ¡Unidad de las filas obreras! ¡No a la división entre efectivos, de agencia, contratados, tercerizados, afiliados y no afiliados!

- ¡Anulación de todas las leyes de contratos basura, flexibilización y precarización laboral!

Por el no pago de la deuda y la ruptura de todos los pactos que atan al país al imperialismo

El mayor engaño kirchnerista es vender una supuesta “independencia” respecto del imperialismo y el FMI. La realidad es que en política exterior Kirchner es uno de los más útiles aliados continentales de EEUU, y en cuanto a la deuda externa, este gobierno ha sido el mejor y mayor pagador de la historia económica argentina. El famoso superávit fiscal récord tiene como objetivo número uno el servicio de la deuda pública.

- ¡Kirchner es un aliado “progresista” de Bush en el continente! ¡Retorno ya de las tropas argentinas en Haití!

- ¡Ruptura de todos los pactos y organismos que atan económica y políticamente al país al imperialismo!

La otra cara del superávit fiscal es el ajuste del presupuesto para salud, educación y jubilaciones. El superávit de la ANSES va a parar al Tesoro para financiar el pago de la deuda. Y mientras que el Estado gasta cada vez más en subsidios a los servicios privatizados, el gasto en seguridad social disminuye en términos reales.

- ¡Aumento ya de salarios estatales y jubilaciones al nivel de la canasta familiar!

- ¡Anulación de las privatizaciones! ¡Basta de subsidios a empresas ineficientes y corruptas! ¡Nacionalización de todos los servicios públicos esenciales bajo control de sus trabajadores!

Denunciamos que la política económica kirchnerista consolida la pobreza y desocupación estructurales a la vez que enriquece como nunca a la patronal

El gobierno asegura que bajaron la pobreza y la desocupación, pero cuenta a los beneficiarios de planes sociales como empleados. Quiere hacer creer que por obra y gracia de la recuperación va a desaparecer la desocupación, y no destina ninguna partida para paliar la indigencia que aqueja a millones de personas.

- ¡Trabajo para todos! ¡Reducción de la jornada laboral a 6 horas sin reducción de salario! ¡Reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados!

- ¡Por un plan verdadero, no cosmético, de obras públicas, que en vez de asegurar clientela electoral levante obras de infraestructura imprescindibles!

- ¡Seguro de desempleo y/o subsistencia para los que no puedan trabajar, por un monto no inferior a la canasta de pobreza!

Los mayores beneficiarios del crecimiento económico son los grandes pulpos capitalistas nacionales y extranjeros, que se llevan la parte del león del ingreso nacional. Sin embargo, la estructura impositiva argentina pone el acento sobre los impuestos al consumo, que perjudican a los trabajadores, mientras que los burgueses evaden alegremente incluso los limitados impuestos a la renta que existen.

- ¡Reducción del IVA a expensas de un impuesto progresivo a las grandes fortunas e ingresos! ¡Cárcel efectiva para los evasores!

- ¡Apertura de los libros contables y participación de los trabajadores en la ganancia empresaria en todos los grandes grupos económicos del país!

El gobierno que se llena la boca con los derechos humanos es responsable del primer desaparecido desde 1983. Es el resultado de una política que no va a fondo para garantizar el castigo a todos lo genocidas porque deja en pie las instituciones represivas, a las que se pretende legitimar.

- ¡Juicio y castigo a todos los genocidas! ¡Aplicación de la figura del genocidio: cárcel común y perpetua a todos los genocidas!

- ¡Paro y movilización inmediatos contra cualquier zarpazo fascista! ¡Aparición con vida de Julio López!

- ¡Organizar la protección y autodefensa de cada compañero independiente que va a testimoniar en juicios contra genocidas o frente a cualquier intento de amenazas y “patoteadas” a un compañero!

Con la cobertura que le dan los organismos y personalidades cooptadas como Hebe de Bonafini, Kirchner continúa la política represiva y perseguidora de los luchadores sociales, muchos de los cuales están presos o procesados.

- ¡Libertad a todos los compañeros presos por luchar! ¡Desprocesamiento ya a los miles de compañeros perseguidos por la justicia patronal!

- ¡Por la total independencia de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales respecto del gobierno!

El “progresista” matrimonio Kirchner es un rabioso enemigo de la legalización del aborto, más allá de los discursos del ministro de Salud. Y a pesar del conflicto con la Iglesia, el gobierno no la enfrenta en ése y otros temas cruciales, como la situación de las minorías sexuales.

- ¡Educación sexual científica de verdad, no el vergonzoso compromiso de la ley porteña! ¡Fuera las manos oscurantistas de la Iglesia de los contenidos educativos!

- ¡Por la plena igualdad de derechos de las parejas homosexuales! ¡No a la discriminación por orientación sexual!

La política fiscal del gobierno sacrifica el presupuesto educativo, mientras que se mantienen en lo esencial los lineamientos privatistas y promercado de las leyes educativas de la década menemista. Y a pesar de los discursos “progres”, la juventud sigue siendo el blanco privilegiado de las fuerzas represivas.

- ¡Triplicación del presupuesto educativo para garantizar educación de calidad para todos!

- ¡Ingreso irrestricto y becas para que los jóvenes trabajadores puedan acceder al conocimiento!

- ¡No a la Ley Federal de Educación y a la Ley de Educación Superior, engendros neoliberales del Bvanco Mundial defendidos por Kirchner y Filmus!

- ¡Por una universidad al servicio de las necesidades y las luchas de los trabajadores y el pueblo!

- ¡Basta de represión a la juventud, víctima principal del “olfato policial” y el gatillo fácil!

Solidaridad con el pueblo palestino. Por la independencia de clase frente a todos los gobiernos “progresistas”

Una tarea permanente de los socialistas revolucionarios es la solidaridad efectiva con las luchas de los trabajadores y los pueblos del mundo contra el imperialismo. Hoy son de particular importancia y vigencia el rechazo a la intervención imperialista en Medio Oriente, las luchas de los jóvenes y trabajadores contra la precarización laboral y, más en general, el combate por una línea de independencia de clase frente a los gobiernos centroizquierdistas del continente.

- ¡Fuera yanquis y sus aliados de Iraq y Medio Oriente! ¡Todos con la causa palestina!

- ¡Viva la lucha contra la precarización laboral y el racismo de los trabajadores latinos de EEUU y los jóvenes franceses y chilenos!

- ¡Ningún apoyo político a los gobiernos de los “compañeros presidentes” en América Latina! ¡Por la independencia de clase y la defensa de la independencia de las organizaciones obreras y populares!

[1].- Al cierre de la redacción de este texto, cabe constatar algunas novedades: Lula no pudo imponerse en la primera vuelta y está trabajando por ganarle al candidato derechista del PSDB, Alckmin, en la segunda; en México, se terminó convalidando el fraude electoral que le dio la presidencia al candidato del PAN, Calderón; en Ecuador, se va a una segunda vuelta entre el millonario derechista Noboa y el “chavista” Correa. Habrá que esperar al final de esta ronda electoral, que incluye las presidenciales en Nicaragua y en Venezuela (donde la oposición “escuálida” se viene recomponiendo) para precisar cómo queda el panorama regional, que hoy se presenta como relativamente más recostado hacia la derecha en el plano electoral.

[2].- Lo que, al mismo tiempo, sigue configurando una estructura social con fuertes diferencias respecto a la que caracterizó al país en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

[3].- Más allá de las diferencias entre las distintas ramas de la producción, contra una inflación minorista desde diciembre de 2001 a abril de 2006 del 80,9%, el promedio de salarios privados creció un 100,8%, mientras que los salarios del sector privado no registrado lo hicieron sólo un 41,4% y los del sector público un 26,2% (Informe Macroeconómico, junio 2006, en www.uia.org.ar).

[4].- Peña se refería a este concepto para dar cuenta de la circunstancia de la ausencia de una auténtica “revolución industrial” en un país semicolonial como el nuestro, lo que hacía que convivieran en una situación de desarrollo desigual nichos de desarrollo con un mar de atraso, tanto económico como respecto de las relaciones de propiedad.

[5].- No se trata sólo de un proceso “nacional”. Internacionalmente, aun con todo tipo de desigualdades, se están viviendo experiencias de ingreso a la lucha de sectores de la clase obrera ocupada y / o de nuevos procesos de organización. En nuestra región, donde más ha tallado la clase obrera como tal en la lucha –y en una lucha con ribetes revolucionarios– ha sido en Venezuela, en oportunidad de la pelea de 60 días contra el lockout petrolero patronal de fines de 2002 y comienzos del 2003. No casualmente, es en este país donde las experiencias de control obrero y “cogestión” revolucionaria han sido las más avanzadas, incluyendo la puesta en pie de una organización sindical nacional independiente de conjunto que prácticamente barrió con la vieja burocracia, como es el caso de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

[6].- En un reciente estudio sobre la experiencia del ascenso obrero y la formación de la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires en 1975, se dice: “podemos concluir (...) que se confirma la tendencia del activismo político-sindical a concentrar su accionar organizativo en las ramas más dinámicas y de mayor importancia en materia de producción económica en la zona y en el país. Consecuentemente, nos encontramos en presencia de una de las fracciones obreras con mejor posición relativa al interior de la clase, medida en términos salariales”. Héctor Lobbe, La guerrilla fabril, Avellaneda, Razón y Revolución, 2006.

[7].- No desarrollaremos en este texto los antecedentes históricos de los distintos momentos por los que pasó la experiencia obrera. Sólo a modo de enumeración: los orígenes anarquistas-socialistas a comienzos del siglo XX, las experiencias de lucha bajo la hegemonía socialista-comunista en la década del 30, la emergencia del peronismo en los 40, la resistencia peronista a fines de los 50 y, en el punto más alto de la experiencia obrera en nuestro país hasta hoy, la experiencia de la generación del Cordobazo, que llegó hasta las coordinadoras de 1975.

[8].- Por otra parte, desde el nuevo MAS nos hemos caracterizado por no tocar jamás un solo peso ni tomar a nuestro cargo la administración de un solo plan o bolsa de comida de los desocupados. Lo que sí hemos hecho fue dar duras batallas políticas alrededor de la pelea por trabajo genuino, el apoyo a las luchas obreras y la unidad de clase, la formación de una tendencia de unidad de clase con Brukman y Zanon (a lo que el PTS se negó), la participación en marchas políticas, etc. Además, cuando su surgimiento, el FTC fue un auténtico frente único de tendencias y no una mera “colateral” partidaria, frente en el cual, efectivamente, dimos una pelea por la hegemonía. Tampoco tuvimos responsabilidad en la ruptura unilateral del sector minoritario dirigido por el PRS, hoy, a todos los efectos prácticos, extinguido.

[9].- La campaña de desprestigio del gobierno respecto de los movimientos caló hondo incluso entre amplias fracciones de la clase obrera con trabajo. Sin embargo, es muy común que, cuando salen a la lucha, los compañeros pidan que “vengan los piqueteros” a apoyarlos. Hemos sido parte de muchas experiencias en este sentido desde el FTC, como la lucha de 2004 en Firestone, la pelea por la reincorporación de los delegados en Ecocarnes, la pelea de varios días con ocupación del 5º piso en el diario Crónica a fines de 2005, y, en varias oportunidades, el apoyo de los compañeros del subte o el ferrocarril dejando de pasar gratis a los pasajeros, entre muchas otras. No ha habido prácticamente conflicto obrero de importancia en la Capital y el Gran Buenos Aires en los últimos años donde el FTC no se haya hecho presente.

[10].- Curiosamente, el PTS, máximo impulsor de “balances” de las experiencias ajenas, nunca muestra los suyos propios, situación que ahora se repite con la experiencia de TBV (ex Jabón Federal).

[11].- Tradicionalmente, esto ha sido más difícil: el ámbito del gremio en su conjunto siempre es más “conservador” que los lugares que luchan y donde se hace fuerte la vanguardia. Pero esta desigualdad no debe ser resuelta por el lado del sindicalismo o del emparejamiento hacia abajo. Esta es la ubicación, por ejemplo, que tiene el MST-El Socialista, demasiado preocupado por los “cuerpos orgánicos” de los sindicatos, como se ha visto en varias oportunidades y lo demuestra su oposición a, por ejemplo, la experiencia de Conlutas en el Brasil.

[12].- Se dio hace poco el caso significativo de las elecciones de la CTA, donde el MIC dividió a la oposición (agrupada en el Frente de Unidad Clasista, integrada por el PO, el PTS, el MAS y el PRS) con una orientación con puntos de contacto y acuerdos con sectores de la burocracia de De Gennaro.

[13].- El proyecto de periódico partidario para el próximo período debe hacer un esfuerzo en avanzar en el reflejo de estas experiencias, vivencias y luchas.

[14].- En este marco, es importante precisar que lo más revolucionario que pueden hacer los movimientos desocupados combativos es apoyar las luchas obreras para que triunfen, volcando el importante peso de movilización que aún conservan para evitar el aislamiento de las huelgas y planteando en ese marco su reclamo programático de trabajo genuino y reducción de la jornada laboral.