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Situación
Nacional
El
surgimiento de una nueva generación obrera
y la lucha contra el
gobierno de Kirchner y la burocracia
Septiembre,
2006
1.
Introducción
Presentamos
el proyecto de Documento Nacional del IV Congreso del nuevo MAS.
Nos hemos apoyado, en lo que hace a sus consideraciones más
generales, en las definiciones provistas por el proyecto de Documento
sobre América Latina.
En este marco,
queremos hacer referencia a tres aspectos específicos que están más
trabajados en este texto. En primer lugar, hacemos notar que la
coyuntura política del país y también de algunos países de la región,
parecen haber ido incorporando una serie de elementos de polarización
política. Las amenazas represivas en México a la Comuna de Oaxaca,
los enfrentamientos en Huanuni, Bolivia, entre cooperativistas y
mineros asalariados, y la desaparición de López, junto con el
accionar de una patota oficialista contra los trabajadores del
Hospital Francés y los enfrentamientos intra aparato del PJ
bonaerense el 17 de octubre parecen abonar elementos que recuerdan que
el ciclo de crisis más de fondo de la región y el país sigue
vigente. Este elemento se desarrolla junto con un análisis de las
características específicas del gobierno y el régimen político en
la era K.
Sin
embargo, la principal novedad de este texto está referida a los
elementos más estructurales del análisis. En este sentido, nos parecía
importante en nuestro esfuerzo de elaboración pasar de los aspectos más
estrictamente políticos del análisis a los movimientos subterráneos
que son los que, en última instancia, los determinan. Es por esta razón
que en se hace un estudio más detallado del trasfondo económico del
gobierno de Kirchner, así como de la disposición de fuerzas
objetivas de la clase obrera hoy en la Argentina y del proceso de
recomposición en curso.
Es
a partir de este marco más estructurales que el documento intenta
fundamentar una caracterización y orientación de dimensión más
estratégica: la previsión de que, eventualmente, un próximo ascenso
más de conjunto de las luchas de los trabajadores tendrá en su
centro a la nueva generación que ha entrado a trabajar en los últimos
años. Así como la posibilidad, como desde hace años no se ve, de
que entren a tallar más en la lucha sectores del proletariado
industrial, cuyas filas y planteles se han visto recompuestos en los
últimos años.
Finalmente,
en vista de que consideramos esta discusión de interés no sólo para
la militancia de nuestra organización, sino para el conjunto de la
vanguardia y el activo del resto de las tendencias de la izquierda,
hacemos público, como lo hicimos con el texto latinoamericano, también
este proyecto de Documento Nacional.
Ciclo
político y coyuntura
De
manera muy esquemática y sucinta, comenzaremos por dar cuenta de los
sucesivos momentos políticos que siguieron a la asunción del
gobierno de Kirchner, así como su contexto regional, hasta la
coyuntura actual.
En
su momento habíamos definido a Kirchner como “hijo burgués del
Argentinazo”, lo que remitía tanto al cambio de ciclo de la lucha
de clases que le dio origen como a los límites políticos del
Argentinazo mismo. En los textos del Congreso anterior (diciembre
2004), asimismo, nos referíamos a los progresos del gobierno K en la
estabilización, relegitimación de las instituciones cuestionadas y
reabsorción del proceso iniciado en diciembre de 2001.
Luego
de las elecciones de 2005, además, establecimos que como producto del
éxito del gobierno en la reconstitución de las instituciones, del
fin del continuo proceso de deterioro económico y social que se
extendió hasta 2003 –a caballo de la recuperación económica y del
empleo– y del respaldo político logrado por Kirchner en esas
elecciones, que sancionaba el consenso alrededor de la figura
presidencial, era lícito hablar de cierre del Argentinazo en tanto
que crisis de dominación.
Sin
embargo, inmediatamente cabía efectuar una aclaración: el hecho de
que la burguesía y su elenco político hubieran podido cerrar la
tremenda crisis política, económica y de dominación que eclosionó
en diciembre de 2001 no significaba, en modo alguno, un “retorno al
punto de partida”. Por el contrario, la definición de “cierre del
Argentinazo” asumía como premisa que las nuevas relaciones de
fuerzas entre las clases y el nuevo ciclo político que venía a
cerrar el largo período de derrota de los 90 ya formaban parte de la
realidad política. En ningún caso cabía interpretar esa definición
en un sentido de regreso al ciclo de derrotas y retroceso de la etapa
precedente.
Esta
aclaración cobraba más fuerza y relevancia aún si se la relacionaba
con el contexto político internacional en general y latinoamericano
en particular. En verdad, el comienzo del siglo XXI –haciendo una
cronología aproximada– representó en ambos casos el fin de una
etapa de permanente retroceso para el movimiento obrero y para el
marxismo revolucionario. Lo que dimos en llamar, a nivel del globo, el
“giro de Seattle”, y a nivel regional, el proceso de “rebeliones
en América Latina” daban –y dan– un marco más amplio a la
lucha de clases en la Argentina, cuyas coordenadas son esencialmente
distintas a las de los 90, aunque pervivan parte de sus pesadas
herencias.
Por
otra parte, la relativa estabilización lograda por Kirchner y el
“relegamiento” en la memoria popular de los acontecimientos de
2001 guardan también una estrecha relación con procesos análogos
que tienen lugar en nuestro continente en los últimos años. Como
hemos señalado en otros textos, puede decirse que a la “primera
fase” del ciclo de rebeliones en América Latina, con los picos
explosivos de Ecuador en 2000, Argentina en 2001, la derrota del golpe
contra Chávez en 2002 y el derrocamiento de dos presidentes en
Bolivia (2003 y 2005) le sucedió una “segunda fase” de
estabilización a partir del surgimiento de los gobiernos
centroizquierdistas de “mediación” en prácticamente toda Sudamérica.
Aunque
las especificidades nacionales tienen una importancia innegable, es
evidente que hay una serie de elementos comunes coadyuvantes al
surgimiento de gobiernos como el de Kirchner, Chávez, Evo Morales,
Lula, Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet o Alan García. Esos
factores comunes son, en primer lugar, de índole política; esto es,
la respuesta post facto o preventiva a procesos de agitación y
/ o rebelión popular, en condiciones de crisis social, rechazo a las
recetas neoliberales y un afloramiento del sentimiento
antiimperialista. Pero también inciden pautas económicas más
generales, como lo demuestra el momento de crecimiento y saneamiento
fiscal que está atravesando el conjunto de los países de la región,
aprovechando el ciclo favorable de la economía internacional. Ya
desarrollaremos esto en el capítulo respectivo.
En
todo caso, cabe retener el concepto de que las tendencias a la
consolidación temporaria de los gobiernos de mediación como el de
Kirchner exceden las vicisitudes locales y se inscriben en un contexto
como mínimo regional.
Dicho
esto, corresponde dar cuenta de la situación política de los últimos
dos años en términos generales. Tal como estimáramos en 2004, el
2005 fue un año en el que se verificaron dos procesos paralelos. Por
un lado, una mayor estabilización política y económica, apoyada en
la relegitimación de la figura presidencial y en el mantenimiento de
la tendencia a la recuperación económica, respectivamente. Por el
otro, a caballo de esa misma reactivación y de un recalentamiento de
la inflación, se dio un proceso de luchas obreras por salario –con
una importante presencia de los trabajadores del sector privado–
como hacía años no se veía. Sin duda, el hecho de que por primera
vez en bastante tiempo empezara a darse una baja de la desocupación,
contribuyó a alejar el fantasma de la “muerte social” del despido
entre los asalariados. Asimismo, comenzó un declive en el impacto político
y en la capacidad organizativa de los movimientos de desocupados, que
habían sido los principales protagonistas de la vanguardia luchadora
en el período 2001-2003. Por el contrario, quienes fueron ocupando la
palestra fueron los trabajadores ocupados, con dos características:
se trataba de sectores más de servicios que industriales, y los
conflictos más importantes tenían a su frente direcciones
independientes, con un fuerte peso de la izquierda independiente. Las
luchas del Hospital Garrahan y de los trabajadores del subterráneo,
fueron emblemáticas del período al que hacemos referencia.
A
comienzos de 2006, parecía que esas dos tendencias generales
–consenso mayoritario alrededor del gobierno y luchas obreras por
salario poniéndose en el centro de la geografía social de la
lucha– se mantendrían y consolidarían. El impacto nacional del
conflicto de los petroleros de Las Heras, en la propia provincia del
presidente, que cuestionaba la política salarial del gobierno con métodos
radicalizados –hubo un policía muerto– sugería una posible
profundización de ese proceso.
Sin
embargo, en el marco de un accionar de intervención política en la
economía cuyas características desarrollaremos en el capítulo económico,
los acuerdos paralelos realizados por el gobierno hacia marzo de este
año en precios (con la burguesía) y salarios (con la ayuda de la
burocracia sindical) lograron detener esa dinámica incipiente. De
hecho, con pocas excepciones –en general locales y de limitada
repercusión política–, el “convenio marco” del 19% de aumento
salarial para todo el año como techo para todas las discusiones
salariales dejó prácticamente cerrado el tema para el conjunto del
movimiento obrero. Esto dio lugar a una coyuntura que denominamos
“planchada” en términos de agitación social, sin que por otra
parte se abriera un momento político abiertamente reaccionario. La tónica
era la estabilización de las variables políticas, económicas y
sociales.
Es
en ese contexto que se hizo sentir con más fuerza la hegemonía política
del gobierno, que dejó muy poco margen para el accionar de la oposición
burguesa y pareció incluso “cerrar” el año político dejando la
sensación de que el proyecto reeleccionista (con Kirchner o con
Cristina Fernández) ocupaba toda la escena.
Sin
embargo, en las últimas semanas, el clima político aparece
enrarecido. La desaparición de Jorge Julio López, sumado a la
patoteada y respuesta de los trabajadores del Hospital Francés, más
los incidentes en San Vicente entre facciones del PJ, introducen
elementos de polarización política, de inestabilidad y hasta de
crisis política que desarrollamos más abajo.
Como
ya apuntáramos, esta realidad no parece ser sólo una peculiaridad
“nacional”, sino que se enmarca en una tendencia regional reciente
a situaciones de polarización política, que podrían estar
preanunciando un tercer período dentro del ciclo político general,
marcado por elementos de mayor inestabilidad y eventuales
enfrentamientos. Esta situación, y su posible dinámica, serán
desarrolladas a continuación en el capítulo sobre gobierno K y régimen
político.
En
síntesis, aun manteniendo la definición del cierre del Argentinazo y
de fase de estabilización y mediación, es importante subrayar que
tanto a nivel nacional como regional el ciclo de la lucha de clases
que cerró la derrota de los 90 sigue abierto. Si se pierde de vista
el hecho de que la relativa estabilización política y social lograda
por el gobierno de Kirchner se da en el contexto de un ciclo político
con profundas tendencias a la inestabilidad, se corre el riesgo de
sucumbir al impresionismo y / o de quedar desarmados frente a
eventuales crisis o convulsiones políticas.
Contingencia
que es perfectamente posible, además de que una evolución de ese
tipo tampoco está en absoluto descartada para los demás países de
la región. Como veremos más abajo, las condiciones de la actual fase
de mediación y estabilidad relativa se sustentan, en Argentina y en
América Latina, sobre bases bastante menos firmes de lo que la
burguesía y el imperialismo desearían.
2.
Gobierno y régimen político en la era Kirchner
Entre
Lula y Chávez
En
el documento sobre Latinoamérica decíamos que, salvo excepciones, lo
que predomina en el continente es una variedad de gobiernos que se
presentan como “de izquierda” y/o “progresistas”.
Sin embargo, añadíamos que bajo esta denominación se escondía una
variedad de posiciones y situaciones políticas. Señalábamos, por un
lado, la existencia de gobiernos burgueses completamente
“normales”, como los casos de Bachelet, Tabaré Vázquez y Lula;
gobiernos extremadamente conservadores, continuistas y neoliberales.
Por el otro, en el costado “izquierdo”, ubicábamos a los
gobiernos burgueses “anormales” de Chávez y Evo Morales; con
características de nacionalismo burgués el primero y de frente
popular el segundo.
El
gobierno de Kirchner se coloca entre uno y otro extremo, en un punto
intermedio, con rasgos que le son propios. Dar cuenta de ellos es
parte importante de los objetivos de esta sección.
El
de Kirchner podría definirse como un gobierno burgués “más o
menos normal”, en el que, por tratarse del “hijo burgués del
Argentinazo”, la línea continuista ha sido matizada por una serie
de cambios en la regulación del capitalismo argentino.
Aquí
nos concentraremos básicamente en cinco cuestiones: a) las razones
del “hegemonismo” kirchnerista; b) la continuidad de la crisis del
sistema de partidos, el rol de la oposición burguesa y de la Iglesia;
c) la reapertura de la lucha democrática; d) la caracterización de
que se ha abierto una nueva coyuntura política, marcada por una
crisis política en el gobierno K y por elementos de polarización, y
e) la “volatilidad” del escenario hacia las elecciones del 2007.
2.1
Hegemonismo kirchnerista y formas bonapartistas en Latinoamérica
Una
característica del actual ciclo político en América Latina es que
todos los nuevos gobiernos quieren contar con más tiempo para
ejecutar sus proyectos. Chávez ha manifestado que quiere quedarse
hasta el 2030. Evo Morales, aun atravesando una grave crisis, no le va
en zaga: su vice García Linera dijo que “harían falta 50 años
para cambiar Bolivia”. En nuestro país, mientras Kirchner dejaba
trascender que no quería presentarse a la reelección, se habla de
“asegurar el proyecto” mediante una sucesión de mandatos Kirchner
(el actual presidente y su esposa) hasta 2020, al tiempo que se monta
una supuesta “concertación” fracturando a la UCR.
A
escala más modesta, la mayoría de los gobernadores kirchneristas
buscan modificar la Constitución o recurrir a artilugios similares
para asegurarse la reelección indefinida. Ya lo hizo Alperovich en
Tucumán y ahora lo intenta Rovira en Misiones. En esta última
provincia, el intento ha terminado por catalizar una fuerte oposición
de todo el resto de los partidos burgueses, incluyendo el PJ
“oficial” de Puerta, en torno al obispo Pigna que podría
imponerle una derrota a Rovira y al propio Kirchner, que alentó las
aspiraciones de aquél. Incluso el gobernador bonaerense Solá,
jaqueado por la desaparición de López, busca un pronunciamiento de
la Corte Suprema provincial en ese sentido.
Los
constitucionalistas se rasgan las vestiduras, y la oposición política
burguesa –que no siempre expresa mecánicamente a la burguesía económica–
acusa al gobierno de “hegemonista” y “avasallador” de las
instituciones y los partidos. Prédica que se ha visto reforzada en
medio de la crisis política (aunque por ahora “en las alturas”,
sin irrupción del movimiento de masas) que se ha terminado abriendo a
partir de los enfrentamientos violentos entre fracciones del aparato
sindical y político del peronismo bonaerense en San Vicente.
¿Qué
refleja todo esto? La base de fondo a los intentos de perpetuación es
el hecho de que no se viven tiempos “normales”, fácilmente
encuadrables dentro de la alternancia formal de los mandatos. El
argumento es, como gusta repetir Kirchner, que “se ha salido del
infierno, pero no se ha llegado al purgatorio”. Es decir, que el
objetivo de construir un “capitalismo normal” no sólo todavía no
se habría alcanzado sino que necesitaría varias gestiones para
consolidarse. También se argumenta que la “alternancia” regular
es lo mejor para los países estables, pero que en esta “castigada
Latinoamérica”, no es tan fácil darse estos lujos.
El
razonamiento tiene una parte de verdad. En el contexto del ciclo de
rebeliones populares inaugurado a comienzos de este siglo, los nuevos
gobiernos burgueses emergentes de ellas tienen la necesidad de contar
con mayores márgenes de maniobra de los característicos en los 90.
Se trata de gobiernos que no sólo operan como una mediación a las
luchas y revueltas populares: buscan arbitrar intereses, poniéndose
“por encima” de los conflictos entre las clases sociales, las
fracciones internas de la clase dominante y el propio imperialismo.
Este
rol que pretenden asumir como condición para poder estabilizar el régimen
y el sistema es uno de los rasgos de lo que en la literatura
socialista se conoce como “bonapartismo”, aunque le falten otros.
Precisamente,
el incremento de las luchas populares, la debilidad de la
institucionalidad burguesa clásica –marcada a fuego con las
rebeliones– y la necesidad de gestionar un Estado con más capacidad
de acción política y económica que en el período neoliberal clásico
de los 90 explican algunas de las formas políticas del proyecto
kirchnerista que tanto escandalizan a la oposición burguesa. Entre
ellas, su insistencia en la necesidad de perpetuar su gestión.
Nada
de esto significa, por supuesto, el inicio de un nuevo “movimiento
histórico” con el que a veces deliran los kirchneristas. Así lo
corrobora el bochorno de San Vicente. Mucho menos que el supuesto
“proyecto Kirchner” vaya a orientarse en un sentido
“antiimperialista” o “popular”. Se trata más bien de todo lo
contrario: la búsqueda de instrumentos y atribuciones que le permitan
reabsorber las rebeliones populares con las que despuntó el siglo en
nuestros países.
En
síntesis, se trata de casi una cuestión de “instinto de conservación”
para el elenco político y franjas importantes de la burguesía local:
sentar condiciones para que uno y otras eviten perecer en la morsa de
las tendencias más agresivas de la mundialización imperialista, por
un lado, y las rebeliones populares que podrían poner en cuestión
toda la dominación capitalista, por la otra.
De
ahí, también, la emergencia de mecanismos de intervención política
en la economía que implementa Kirchner, aun sin llegar siquiera a
constituir un capitalismo de Estado à la Chávez. Veremos esto
en la sección sobre economía.
2.2
Oposición burguesa y crisis del sistema de partidos
A
estas tendencias “hegemonistas” contribuye también el
desprestigio de las instituciones de la democracia en general y la
crisis del sistema de partidos en particular. La institución
presidencial se ve fortalecida por encima de un sistema de partidos
muy golpeado, que poco puede hacer en el sentido de la clásica
“división de poderes” propia de las condiciones de
“normalidad” de la democracia burguesa.
Porque,
siguiendo una tendencia que es mundial, los partidos políticos
tradicionales se vacían cada vez más de contenido para transformarse
en cáscaras sin base social activa de masas ni lineamientos ideológicos
distintivos. Por eso, reflejan de modo cada vez mas directo una
dependencia de su soporte económico-material, vinculado a la gestión
del Estado.
El
caso de los “radicales K” y la devaluada candidatura de Lavagna
son ilustrativos al respecto. Los dirigentes radicales que tienen
responsabilidad “ejecutiva” –esto es, gobiernan algo– son, no
casualmente, los más proclives a acordar una coalición electoral con
Kirchner. ¿Las razones? Simples: dependen, como la sombra al cuerpo,
de la caja del Estado.
En
cambio, los radicales “políticos” –que no gestionan grandes
distritos– y los duhaldistas y menemistas desplazados del poder
buscan reagruparse alrededor de un candidato “potable” como
Lavagna. Esta coalición –cuyo futuro es de lo más incierto– es más
“ortodoxa” en su visión de la economía y más renuente a imponer
regulaciones al dios mercado que la “coalición kirchnerista”.
Por
su lado, la derecha clásica como Macri y López Murphy –que vuelve
a asomar en la coyuntura gracias a los traspiés del gobierno–
representa la defensa de un esquema neoliberal puro y duro, sumado a
un discurso “institucionalista” y “republicano”.
En
este marco, en los últimos tiempos la oposición burguesa ha
incrementado su agresividad como parte de la nueva coyuntura de crisis
política y polarización. Sin duda, ha utilizado en su favor la serie
de hechos de las últimas semanas, junto con las peleas del gobierno
con la Iglesia y la ventaja que parece sacar Pigna en Misiones.
En
esto hay una especie de división de tareas al interior de la clase
dominante. La burguesía “económica”, casi unánimemente, viene
sosteniendo la política económica del gobierno K. Porque es un hecho
que, desde la devaluación de 2002, se ha reestablecido la unidad
burguesa en torno a la política económica que está llevando a la
mayoría a tener ganancias como nunca.
Sin
embargo, esto no se traslada mecánicamente al terreno político. El
juego de la oposición burguesa es connatural al régimen político
patronal, y parte importante de la “recuperación institucional”
tiene que ver con que la oposición no sea la que “está en la
calle”, sino la institucional, burguesa y “moderada”: Macri,
Lavagna, López Murphy o Carrió. Pero hay otra razón menos
“general”: crece el descontento entre determinados sectores del
imperialismo y la burguesía alrededor del “arbitrario” estilo de
mediación de Kirchner. Se impondría, entonces, ponerle una serie de
límites y contrapesos, batalla a la que se ha sumado con fuerza la
jerarquía de la Iglesia Católica.
Volviendo
a la subsistencia de la crisis del sistema de partidos: en un
escenario donde lo que mandan son las coaliciones “gelatinosas”
basadas en el aprovechamiento de la gestión y los recursos del
Estado, se expresan las profundas grietas en una de las principales
instituciones del régimen democrático burgués: los partidos
patronales. Situación que, en el caso de la UCR, está en la antesala
de la crisis terminal, contribuyendo al hegemonismo oficialista.
En
todo caso, más allá del señalado vaciamiento internacional de los
partidos patronales, en el caso argentino aparece un elemento
adicional: esta realidad es producto de que aún no se ha cerrado del
todo la crisis de las instituciones abierta en diciembre de 2001. El
“que se vayan todos” no se pudo imponer, pero sigue presente y
resonando en las entrañas de los partidos y las instituciones de la
“democracia”.
2.3
Las contradicciones de la política kirchnerista y la lucha democrática
En
el marco anterior se inscribe la política de derechos humanos del
gobierno K, que ahora ha hecho crisis con la condena a Etchecolatz y
la desaparición de López. Se trata, básicamente, de un intento
relegitimador de las instituciones de la democracia al cual le han
surgido consecuencias no queridas.
No
es la primera vez que un gobierno capitalista oficie de “aprendiz de
brujo”: es decir, que desate con su acción desde arriba
consecuencias por abajo que vayan más allá de sus intenciones. Es el
caso de la anulación de las leyes de impunidad. Se trata del terreno
más “reformista” del actual gobierno, en el cual, efectivamente,
se dio un giro en redondo respecto de las leyes de Obediencia Debida,
Punto Final e Indulto (aunque hay que recordar que éstos últimos no
han sido anulados).
Sin
embargo, esto no quiere decir que haya sido el propio gobierno el
impulsor de juicios como el de Etchecolatz, y menos aún la imposición
de la figura del genocidio, que abre las puertas para un eventual
juzgamiento de represores del pasado y del presente. Si esto ha
ocurrido es porque entre las brechas abiertas “en las alturas”
estuvo la acción independiente de los organismos de derechos humanos
que no han sido cooptados por el gobierno, y que fueron los que
impulsaron el juicio y la condena a este genocida a cadena perpetua.
Es decir, ha sido la lucha popular y no el Estado –como certeramente
se cantaba a las puertas del tribunal– la que obtuvo este importantísimo
triunfo. Aunque, al mismo tiempo, producto de los elementos de
polarización que se están viviendo, lamentablemente López haya
terminado desaparecido a manos de un grupo fascista, lo que configura
un precedente no menos grave.
El
caso es que la imputación de delito de lesa humanidad implica su
imprescriptibilidad, por lo que en un eventual derrame de causas
contra militares en actividad no habría una línea clara de demarcación
respecto de quiénes podrían ser afectados y quiénes no. De ahí la
reacción o zarpazo fascista de la desaparición de López, el acto
por la amnistía a los genocidas en Plaza San Martín y la introducción
de un elemento “setentista” en la coyuntura.
Esta
situación se ha transformado, finalmente (por acumulación de la
desaparición de López, la acción de matones del gobierno en el
Hospital Francés y el bochorno de San Vicente), en una crisis política.
El gobierno, que sólo buscaba un terreno “gratis” desde el cual
llevar a cabo la relegitimación de las instituciones de la
“democracia”, con su política ha contribuido a generar una dinámica
de polarización. Esta es la responsabilidad que la oposición
burguesa y la Iglesia se encargan de achacarle cuando dicen que
“Kirchner vive preso de los 70”.
Esta
misma realidad es la que ha reabierto un importante proceso de lucha
democrática, aunque todavía más en la amplia vanguardia que en las
masas. Este proceso, con toda seguridad, tendrá nuevas instancias por
delante, para las cuales hay que prepararse buscando puntos de apoyo
para la intervención del partido.
2.4
Se acumulan elementos de crisis política y polarización
Pasaremos
revista ahora a algunos elementos de la nueva coyuntura que se ha
abierto en las últimas semanas, con la sucesión de hechos ya
mencionada: la condena a Etchecolatz; la desaparición de López; la
escandalosa patoteada K contra los trabajadores del Hospital Francés
y el papelón oficial por los enfrentamientos entre facciones del PJ
en San Vicente.
El
conjunto de estos elementos ha terminado de abrir una nueva coyuntura
marcada por la fuertes elementos de crisis política, si bien, por
ahora, más bien superestructural. Pero la coyuntura está muy dinámica;
los sentimientos democráticos se han ido sensibilizando y, en
cualquier momento, podrían eclosionar en una amplia movilización o
irrupción de masas, que hasta ahora el gobierno ha logrado evitar.
Cualquier nuevo giro en la situación, cualquier paso en falso, podría
hacer pegar un salto a esta crisis política, que se perfila como la más
grave bajo el gobierno de Kirchner.
Hay
corrientes que, ante esta realidad, han salido a afirmar que habríamos
entrado en una coyuntura reaccionaria; es decir, ante un giro a la
derecha de la situación política. Pero esto no es así, por lo menos
no todavía. Es evidente que se han ido acumulando una serie de
elementos reaccionarios, el más grave de los cuales es la desaparición
del compañero López. Pero este hecho expresa, centralmente, un
zarpazo fascista, pero defensivo, que no alcanza por sí mismo a
imponer un giro reaccionario en el conjunto de la situación política.
Ubicarse
de esta manera es peligroso en un doble sentido. Por un lado,
contribuye a hacer pasar una política que tiende a diluir la
responsabilidad política de Kirchner en los actuales hechos. Y, además,
puede ayudar a plantear una errónea orientación de “frente único
con el gobierno”, como la que se escucha desde corrientes como el
MST-Unite. Esto sería un error completo: de ninguna manera estamos
ante las puertas de un golpe de Estado, ni nada que se le parezca,
hecho que sí nos pondría ante la obligación de defender
incondicionalmente al gobierno de Kirchner, aunque sin darle un gramo
de apoyo político.
En
todo caso, los recientes hechos (incluida la proyección nacional de
la lucha del Francés), aunque no cambian este carácter defensivo de
las luchas, muestran la emergencia de un período político donde
pegan un salto elementos de polarización política. Lo que no excluye
nuevos zarpazos reaccionarios, contra los cuales hay que prepararse
política e, incluso, prácticamente.
Esta
coyuntura con elementos de polarización parece presente no solo en
nuestro país. Ya hemos aludido a los casos de México (fraude
electoral y amenaza de represión en Oaxaca), la crisis política del
gobierno de Evo Morales, con el enfrentamiento de mineros y
cooperativistas en Huanuni, e incluso el grave desalojo represivo por
parte del gobierno de Bachelet de los colegios secundarios ocupados.
Precisamente,
esta evolución está inscripta en la lógica del ciclo político
regional que estamos transitando, que combina condiciones de rebelión
popular larvada con el surgimiento de gobiernos de mediación
electoral, pero donde no se han resuelto los problemas de fondo.
Es
entonces que comienzan a aparecer sectores de la propia burguesía,
incluida la Iglesia, que buscan poner límites al arbitraje que hacen
desde arriba estos mismos gobiernos de los intereses patronales y
sociales. Es el caso de la derecha reaccionaria de Podemos en Bolivia,
bloqueando la Constituyente; la consumación del fraude contra Obrador
en México; el ascenso electoral de la oposición de Chávez en
Venezuela o el aparente fraude electoral en Ecuador.
En
síntesis: es la propia dinámica de la situación política la que
esta llevando a estos elementos de polarización. Se trata del choque
entre las tendencias reales (las contradicciones sociales no
resueltas) y las mediaciones “formales”; esto es, el hecho que, en
última instancia, parafraseando la frase de Alfonsín, con la
“democracia” –o con el “progresismo”– no se come, no se
educa y no se cura.
2.5
Elecciones 2007: pronóstico reservado
Hasta
hace pocas semanas, la reelección (con Néstor Kirchner o con
Cristina Fernández de Kirchner) parecía poco menos que un hecho
consumado. La misma oposición burguesa se conformaba con un rol
“testimonial”, para colmo dividida. A nivel de las franjas de
izquierda, parecía obvio que Kirchner terminaría “llevándose
todo”.
Pero
esto podría estar cambiando. Todavía es muy prematuro hacer
previsiones sobre el impacto de esta cadena de hechos sobre la
popularidad de Kirchner. Además, falta mucho para elecciones y, en el
ínterin, la dinámica política podría volver al carril normal,
sobre todo si la situación de la economía sigue sobre rieles. Además,
el gobierno se las ha ingeniado, hasta ahora, para evitar que estas
crisis le impacten directamente. Pero el bochorno de San Vicente le ha
pegado demasiado cerca. Y cualquier otro hecho de un tenor similar
podría impactarlo de lleno.
El
desarrollo de estas tendencias de “polarización” y un cierto
adelgazamiento del “centro” político que expresa Kirchner abrirían,
seguramente, compuertas electorales más consistentes hacia la
derecha. Lavagna podría quedar desflecado por su mismo carácter
“centrista”, además de estar demasiado pegado a los aparatos
impresentables y decadentes de Duhalde y Alfonsín. Posiblemente sea
la dupla Macri-López Murphy la que logre capitalizar electoralmente
en mayor medida esta crisis, y en menor medida el ARI de Elisa Carrió.
En
este contexto, la propia izquierda “roja” podría llegar a tener
una elección menos testimonial si es que un sector de jóvenes y
trabajadores avanza en su experiencia con Kirchner.
De
todos modos, sería un error apresurar definiciones aún abiertas. Sólo
efectuamos estos señalamientos a los efectos de dejar sentado que el
eventual desarrollo y profundización de la crisis política abierta
podría incluir un escenario electoral más complejo para la reelección
K. Un ejemplo fue el repunte de Alckmin frente a Lula en Brasil,
forzando la segunda vuelta. También podría haber sorpresas en
Venezuela.
Los
lineamientos generales de política y táctica electoral se presentarán
en una resolución específica al Congreso. Pero desde ya dejamos
claro que, sin duda, la campaña electoral será un importante eje de
actividad en el 2007.
3.
Base material de la estabilidad y los límites del “modelo K”
A
más de tres años de gestión de Kirchner, cabe recordar la polémica
respecto de los grados y niveles en las continuidades y rupturas de
este gobierno con los anteriores, en particular en referencia al
“modelo” neoliberal más ortodoxo de los 90 y el menemismo, sin
modificaciones durante los dos años de De la Rúa.
Una
posición es la sostenida en primer lugar por el propio gobierno y su
amplia cohorte de defensores (vocacionales o a sueldo) de que estamos
ante una “nueva Argentina” que implica un quiebre esencial con los
90 no sólo en lo político sino también en lo económico. Sin
rebasar, claro está, los marcos del orden social vigente, el paso a
un capitalismo argentino “serio”, en contraste con la “fiesta”
menemista, si no se ha completado, estaría al menos en vías de
hacerlo.
Frente
a esto, desde diversos sectores de izquierda se han señalado los
evidentes elementos de continuidad con el “modelo” neoliberal clásico,
pero este justo señalamiento ha llevado a veces a generalizaciones
que borran las diferencias específicas entre el gobierno Kirchner y
sus predecesores.
¿Estamos
ante un nuevo patrón de acumulación capitalista? ¿El gobierno
actual no es sino una variante sofisticada de más de lo mismo? Frente
a esta disyuntiva simplificadora, la respuesta es negativa en ambos
casos.
En
el análisis que sigue, sostenemos que, por un lado, no puede hablarse
en absoluto de un cambio radical ni en la estructura productiva global
ni en la inserción argentina en la economía mundial (cambio que, por
ejemplo, sí experimentaron ciertos países como los del sudeste asiático,
en particular Corea del Sur, aun en un marco de mantenimiento de las
relaciones sociales capitalistas). Se conservan incólumes los rasgos
fundamentales del capitalismo argentino: su atraso industrial y de
infraestructura global, su dependencia de la producción agraria y la
falta de todo proyecto estratégico autónomo de su clase dominante
respecto del imperialismo.
Por
el otro lado, sin embargo, se verifica una modificación real de la
matriz de la época menemista en el sentido de la consolidación de
una tendencia a la intervención política del Estado en la economía
(lo que no debe confundirse, como hacen los panegiristas oficialistas,
con un crecimiento del rol del Estado como actor económico
propiamente dicho). Por otra parte, sin cuestionar los lazos más
globales y profundos de la dependencia respecto del imperialismo, el
gobierno de Kirchner buscó y busca establecer relaciones de negociación
real en una posición sin duda subordinada pero distinta del
alineamiento automático y las “relaciones carnales” en todos los
terrenos. Los elementos de identidad y diferencia se hacen más
visibles, respectivamente, en la actitud hacia el gobierno de EEUU por
un lado y hacia el FMI y el resto de los organismos multilaterales de
crédito por el otro.
Los
cambios introducidos en el funcionamiento económico desde el
Argentinazo fueron esencialmente dos, ninguno de los cuales es
atribuible a Kirchner sino a su inmediato antecesor, Duhalde: la
devaluación del peso y el default (que se ha levantado pero fue un
paso necesario para la “acumulación primitiva” de los cambios en
la economía). Kirchner pudo erigir el superávit fiscal como pilar de
la política económica a partir de la espectacular transferencia de
valor hacia la clase capitalista en su conjunto, con los sectores
exportadores llevándose la parte del león. La inédita robustez de
las cuentas públicas es una moneda de dos caras: la reducción real
del gasto social del Estado y una fuente de ingresos inexistente en la
Argentina del 1 a 1, las retenciones a las exportaciones.
Sobre
esa base fiscal Kirchner consigue márgenes de acción política para
su rol de árbitro: en la negociación de la “nación” con los
acreedores externos (canje y cancelación de deuda con el FMI), en las
disputas interburguesas, en los conflictos entre los capitalistas y la
clase trabajadora y, como hemos dicho, en el establecimiento de límites
al accionar del “mercado” a la menor amenaza de éste a las
condiciones de estabilidad política. Así lo ejemplifica la
intervención estatal –reiteramos: con medios políticos, no
estrictamente económicos– en terrenos como el de la inflación vía
el control de volúmenes de exportación (el caso de la carne) y del
índice mismo de precios (el cuasi control de precios de los productos
con mayor impacto en la medición del INDEC; la política de subsidios
al transporte y la energía).
El
resultado de esto es un cambio no abrupto pero real en el reparto del
producto social entre las distintas fracciones de la burguesía,
partiendo de ciertas premisas. Primera, es la clase capitalista en su
conjunto la que se ve beneficiada; segunda, y por eso mismo, la política
económica kirchnerista no implica ninguna modificación sustancial en
las relaciones entre el capital y el trabajo en favor de este último.
En ese sentido, y más allá de los discursos, no hay duda de que no
asistimos a nada parecido a un proceso de concesiones significativas a
la clase trabajadora, directas o indirectas (como hubo bajo el primer
peronismo), ni a ninguna forma de “Estado de bienestar”.
Se
trata, en suma, de una modalidad de neoliberalismo de tono más
“productivo” e incluso “industrialista”, que toma cierta
distancia del parasitismo financiero reinante en los 90 (sin
eliminarlo en absoluto, cabe aclarar) y en el que a la vez se
introducen elementos de regulación económica parcial desde el poder
político estatal. Por otra parte, los límites de ese
“productivismo” se manifiestan tan pronto se intenta una comparación
con las políticas “desarrollistas”, reales o declamadas,
frustradas o relativamente exitosas, en boga entre los años 50 y los
70. El contexto global de la mundialización capitalista, a la vez que
coyunturalmente –en los últimos cuatro o cinco años– permitió
cierto margen de beneficio relativo a algunos países
subdesarrollados, opera como una camisa de fuerza a toda veleidad
“desarrollista” en el marco de la asimetría fundamental de las
relaciones entre el centro imperialista y la periferia.
Finalmente,
en el terreno social, se refuerzan las tendencias a la redistribución
de valor y plusvalor en detrimento de los trabajadores con la
consiguiente desigualdad creciente en los ingresos de las clases. La
detención de los rasgos más brutales del deterioro social y la
pauperización pone de manifiesto, justamente, lo profundo de las
transformaciones en la estructura social, a punto tal que incluso tras
un ciclo de alto crecimiento que lleva más de tres años, los nódulos
de desigualdad y pobreza extrema se revelan imposibles de disolver.
En
lo que sigue, intentaremos desarrollar estos elementos de la economía
argentina bajo Kirchner.
3.1
Un contexto internacional favorable
Ningún
analista serio deja de observar que uno de los factores de mayor peso
que incidieron en la “milagrosa” recuperación económica tras la
catastrófica caída del PBI, el empleo, la actividad y los ingresos
en 2002 fue la coincidencia de una maxidevaluación con un ciclo económico
internacional inusualmente propicio.
El
crecimiento económico mundial, la abundancia de liquidez (dinero
disponible para invertir), la baja de las tasas de interés
internacionales y, en particular, los precios récord de diversos
commodities (granos, materias primas) y petróleo –en particular a
partir de la demanda china– contribuyeron al crecimiento en toda América
Latina.
La
tendencia histórica al deterioro de los términos de intercambio (el
ensanchamiento de la diferencia relativa de precios entre los
productos primarios y los industriales en perjuicio de los primeros)
se detuvo e incluso se revirtió temporariamente. Como resultado, en
toda la región se verificó un espectacular crecimiento de sus
exportaciones y del superávit fiscal, con baja inflación.
De
hecho, a pesar de que fue el país que más devaluó su moneda,
Argentina tuvo, entre 2002 y 2005, un crecimiento anual de
exportaciones del 12,8%, bastante inferior al de la mayoría de los países
de la región como Chile (26,1%), Bolivia (23,7%), Brasil (21,8%),
Ecuador (21,5%), Uruguay (19%), Colombia (17,9%) o Paraguay (17,8%).
Conviene
tener presente el dato para desmitificar las tonterías sobre un
supuesto “boom exportador” logrado gracias a las bondades del
“progresismo” kirchnerista. De hecho, entre 2001 y 2005, el total
de exportaciones creció en Argentina un 50%, pero en Brasil, Chile y
Perú el aumento superó el 100%.
De
paso, digamos que esta evolución se explica, en partes casi iguales,
por el aumento del volumen exportado y por el de los precios
internacionales.
A
este elemento decisivo para la balanza de pagos se agrega el fin
temporario de la restricción en las fuentes de crédito –para no
hablar de la renovada capacidad financiera de Venezuela, por ejemplo,
gracias a la suba vertical del crudo– y el hecho de que los flujos
de inversión hacia los llamados “países emergentes” están en su
pico histórico. Un informe de Sebastián Campanario recaba opiniones
unánimes: “es uno de los mejores momentos para las inversiones en
países emergentes que vi en mi vida” (Mark Möbius, Fondo
Templeton); “en Latinoamérica se está dando una conjunción única
de altos superávits fiscales, baja inflación y elevado apetito de de
los inversores externos” (Dante Caputo, Deutsche Bank Argentina), y
ya hay incluso un debate entre economistas sobre si este fenómeno es
meramente la fase positiva de un ciclo o se trata de una “mejora
estructural”, de un “cambio de paradigma” (Clarín,
26-3-06). En todo caso, hay consenso en que se trata de un momento único
de interés entre los inversores.
Así,
no extraña que algunos analistas expliquen irónicamente el “éxito”
de Kirchner en el frente económico externo como el resultado del
“factor SS”: soja y suerte (Daniel Muchnik en Clarín,
18-9-06).
3.2
Argentina y el Mercado Mundial: sin novedad en el frente... externo
Conviene
dejar sentado desde el comienzo que, contra cualquier discurso de
“refundación”, uno de los principales elementos de continuidad
entre la Argentina K y el período anterior es el tipo de inserción
del país en la economía mundial y la globalización.
Si
la falta de proyecto estratégico de largo plazo es un rasgo endémico
de la burguesía argentina desde su nacimiento mismo (lo que hemos señalado
como distinción entre “burguesía local” y “burguesía
nacional”), con mayor motivo puede afirmarse esto de la salida a la
crisis del default del 2001. Tanto el propio default como los pasos
económicos que siguieron fueron en parte forzados por las
circunstancias y en parte una respuesta empírica y sin plan alguno más
allá de la emergencia.
El
“rebote” tras la brutal caída del PBI, combinado con el contexto
internacional favorable ya mencionado y ayudado por la recuperación
de los saldos de divisas (resultado tanto del default como de la
devaluación) generó un marco económico distinto al de la catástrofe
de 2002. Sin embargo, eso no significa un cambio de fondo en cuanto a
la estructura productiva tradicional, al perfil de las exportaciones
ni, por ende, ningún proyecto de reinserción de Argentina en la
mundialización.
En
ese sentido, hablar de “modelo” de economía kirchnerista es un
despropósito. Más allá de las veleidades de capitalismo
“desarrollista” o industrialista, el lugar de Argentina en la
división mundial del trabajo muestra que en el centro siguen estando
los productos primarios (especialmente granos), aceites, combustibles
y productos primarios en general, esto es, básicamente el complejo
agroindustrial, en su mayoría en manos de multinacionales. En todo
caso, el costado industrial, claramente minoritario en la generación
de divisas, está circunscripto esencialmente a ciertos nichos
productivos altamente competitivos, con rasgos de semifactoría.
Veamos
al respecto los siguientes datos:
Exportaciones
2005: 40.000 millones de dólares. Contenido tecnológico:
productos
primarios
45,6%
manufacturas
de origen natural
19,2%
manufacturas
de valor agregado intermedio 17,7%
manufacturas
de bajo valor agregado
6,7%
manufacturas
de alto valor agregado
2,00%
otras
8,8%
Sobre
un total de 36.922 millones de dólares liquidados por los
exportadores en 2005, el detalle es como sigue (en millones de dólares):
Cereales
y oleaginosas
12.469
Alimentos
y bebidas
4.073
Petróleo
3.495
Química,
caucho, plástico
3.445
Automotriz
3.384
Manuf.
metales comunes
2.610
Comercio
1.558
Textil
y curtidos
1.420
Otros
productos agropecuarios
1.157
Para
2006 se estima que las exportaciones llegarán a 45.000 millones de dólares.
Pero el 84% del aumento de las exportaciones respecto de 2005 se
concentró en sólo cuatro rubros: residuos y desperdicios de
alimentos, mineral de cobre y sus concentrados, carburantes, material
de transporte y semillas y frutos oleaginosos.
El
panorama en las importaciones es completamente distinto, y muestra
hasta qué punto Argentina está lejos de empezar a postularse como país
industrial. Si el perfil de las exportaciones está dominado por los
productos primarios y las manufacturas de origen primario o de bajo
valor agregado, las importaciones muestran el peso abrumador de la
dependencia argentina en materia de bienes de capital (insumos para la
industria, aunque buena parte de lo que ingresa como tal corresponde
en realidad a bienes de consumo: celulares, PCs, etc.). Sobre un total
de importaciones por 29.700 millones de dólares, el rubro “bienes
de capital, insumos industriales, piezas y repuestos” representó
23.800 millones, es decir, el 80%.
Si
se comparan los saldos del comercio exterior en 2005 por rubro,
tenemos el siguiente resultado: en cinco rubros (1. animales y
productos animales, 2. productos vegetales, 3. grasas y aceites, 4.
alimentos y bebidas, 5. productos minerales), el saldo de
exportaciones menos importaciones es de 21.200 millones de dólares a
favor. Pero si tomamos otros cinco rubros (1. bienes de capital y
equipos eléctricos, 2. productos químicos, 3. plásticos y caucho,
4. transporte, 5. óptica y medicina), las importaciones superan a las
exportaciones en 11.300 millones de dólares.
Un
trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino señala
que las exportaciones argentinas están “fuertemente concentradas en
no más de 10 rubros que explican casi el 70% del valor exportado”,
encabezados por cereales, aceites, carne y petróleo crudo, mientras
que en las exportaciones industriales se destacan “las manufacturas
de ensamblaje, de bajo valor agregado”. Por ejemplo, los automotores
tienen un 60% de contenido importado.
Estas
cifras y estos rubros son una radiografía del atraso relativo
argentino respecto no ya de potencias industriales sino de otros países
de desarrollo mediano, para no hablar de Brasil. Ya aclaramos que no
hay sustento para la tesis del boom exportador, dado que la mayoría
de los países de América Latina también mejoraron su performance
exportadora por razones que exceden a la región. De hecho, Argentina
fue de los países donde menos se incrementó, en porcentaje, el
volumen exportado (por ejemplo, Brasil saltó de 58.200 millones de dólares
en 2002 a un estimado para este año de 130.000 millones de dólares).
Y
la prueba de que no hay ningún avance cualitativo del lugar de
Argentina en el mercado mundial capitalista es que su participación
en el comercio global, tras una larga declinación desde la posguerra,
está virtualmente estancada:
Participación
de Argentina en el comercio mundial:
1948:
2,8%
1954:
1,2%
1966:
0,8%
1978:
0,5%
1997:
0,41%
2002:
0,34% (Brasil: 0,9%)
2006:
0,39% (Brasil: 1,03%)
Este
perfil general es matizado, pero no modificado sustancialmente, por la
aparición de algunas empresas, ramas o nichos productivos que,
aprovechando el aumento de competitividad propiciado por la devaluación
y con cierto volumen de inversión en alta tecnología lograron
acomodarse en el mercado mundial. Es el caso en primer lugar de
Techint-Tenaris, junto con otros actores de trascendencia regional
como Arcor, Aluar y (no muchos) otros. Lo que se ha dado en llamar el
fenómeno de las “multilatinas”, sin embargo, tiene un desarrollo
mucho más pronunciado en Brasil, México y en menor escala Chile que
en Argentina. Por otra parte, en casi todos los casos se trata de
proyectos donde el capital imperialista es integrante o asociado, vía
fondos de inversión o cotización en Bolsas extranjeras.
En
todo caso, cabe puntualizar dos cuestiones. Primera: este proceso en
modo alguno implica una variante que se postule como cabeza de lanza
de ningún proyecto “nacional” con pretensiones de independencia
respecto del capital imperialista; al contrario, la relación que se
plantea es invariablemente de colaboración, cuando no de sociedad.
Segunda: desde el punto de vista capitalista, sin embargo, representan
el máximo nivel de desarrollo y concentración tecnológica y de
valor, así como de productividad y competitividad en el mercado
mundial. En ese sentido, son parte de un proceso objetivo de
reconfiguración y renovación de la clase obrera industrial, que no
se puede perder de vista y al que nos referiremos más abajo.
También
hay una muy incipiente apuesta a promover las exportaciones de Pymes,
basadas no en grandes volúmenes (economía de escala) sino en
especialización y oferta a medida para determinados proveedores y
mercados (además de una explotación brutal del trabajo). Pero este
desarrollo ronda por ahora no más del 5% de las exportaciones, y este
sector en todo caso sólo podría crecer como complemento a un
verdadero cambio de “paradigma productivo” hoy inexistente.
3.3
La relación con el imperialismo (EEUU, MERCOSUR, FMI, deuda)
También
es preciso ser equilibrados respecto del problema de las relaciones
del gobierno y el país con el imperialismo, ya que el tema no se
resuelve con la mera constatación de que no ha habido ninguna ruptura
con EEUU y ni siquiera con el Fondo Monetario. Sin duda, tampoco
estamos ante ningún “giro copernicano” en las relaciones diplomáticas.
En verdad, la relación con el imperialismo en general y con EEUU en
particular (lo que no es exactamente lo mismo) plantea matices que hay
que discernir.
Por
empezar, los lazos fundamentales de subordinación política al
imperialismo yanqui se mantienen en lo esencial. Sin caer en las
sobreactuaciones lacayunas de la década menemista, la diplomacia
argentina no ha confrontado seriamente en ningún caso las decisiones
de política exterior de EEUU, que ha acompañado en decisiones
cruciales como el envío de tropas a Haití (operación liderada por
el Brasil de Lula).
Además,
justamente debido a su aura de “progresista” y hasta
“centroizquierdista” –según la geografía de Washington–, el
gobierno argentino es un excelente socio para una de las estrategias
de EEUU en la región: la contención de gobiernos y países
“problemáticos” como Venezuela y Bolivia. Tanto en su intervención
en la crisis de mayo-junio de 2005 en Bolivia como en su relación con
Chávez, Kirchner se ha demostrado como un interlocutor muy fiable
para los yanquis, capaz de cumplir roles que al Departamento de Estado
o a las embajadas respectivas les están vedados.
Por
otra parte, esta útil “sociedad” –de la que Kirchner espera
recoger frutos económicos en materia de inversiones yanquis, como lo
demostró en su reciente visita a EEUU– no significa el regreso al
grosero “alineamiento automático” ni a las “relaciones
carnales”. La política exterior argentina implica cierto margen de
manejo propio; un ejemplo reciente es el compromiso de voto a
Venezuela para el Consejo de Seguridad de la ONU a pesar de las
presiones de Condoleeza Rice. Y el gobierno de Kirchner, sin
obstaculizarlas seriamente, busca –como muchos otros, en realidad–
diferenciarse de la retórica y la práctica guerrerista de Bush.
Ese
manejo más “independiente” se hizo más visible en el terreno de
los bloques regionales y la cuestión del ALCA, que fue saldada con el
rotundo fracaso –por ahora– de ese proyecto. Las aristas de
recolonización brutal del ALCA son incompatibles con una región que
atraviesa un ciclo de lucha de clases ascendente, expresado en forma
distorsionada por los gobiernos de mediación centroizquierdista.
Frente
a un proyecto política y económicamente intragable, Kirchner optó
por recostarse en el bloque regional. El Mercosur atraviesa un sinnúmero
de problemas y contradicciones –por ejemplo, ofrece poco a los
socios menores como Uruguay y Paraguay, tentados por EEUU vía los
Tratados de Libre Comercio–, pero a falta de algo mejor resultó,
por ejemplo, una vía de contención para Venezuela. De esa manera, el
bloque se muestra como un paraguas político que beneficia tanto a Chávez
(que recibe aire contra el aislamiento político que busca imponerle
EEUU) como a Kirchner y Lula. En cambio, la viabilidad y proyección
propiamente económicas del Mercosur todavía están por verse y se
hallan sujetas a variables, justamente, menos económicas que políticas,
como el signo de los gobiernos que lo integran. Está lejos de ser una
“política regional”, como lo demuestran los coqueteos con EEUU de
parte no sólo de Tabaré Vázquez y Duarte Frutos sino del candidato
presidencial brasileño Alckmin.
En
todo caso, el terreno que Kirchner publicita como el de los grandes
cambios respecto de los 90 es el de la deuda externa y la relación
con el FMI. Sobre esto se ha hecho un seguimiento desde el periódico,
por lo que sólo resumiremos aquí los trazos más gruesos.
En
primer lugar, la supuesta “pelea” de Kirchner con el FMI tiene dos
premisas. La primera, el rol declinante que esta institución tiene en
la actual coyuntura, por una serie de razones de las cuales no la
menor es que se ha demostrado incapaz de prevenir estallidos económicos
y/o políticos. La “burocracia” del FMI es cuestionada por el
propio imperialismo, en particular el yanqui. La segunda es que la
“independencia” respecto del FMI se compró bien cara: no sólo
los casi 10.000 millones pagados al contado el año pasado sino el
conjunto de pagos desde 2002, que suman otros 16.000 millones.
Una
vez más, el viento a favor internacional, en particular en el terreno
financiero, ayudó al gobierno a sacar las castañas del fuego
respecto del problema de la deuda, que de ser una urgencia permanente
a corto plazo ha vuelto a ser –como lo fue entre 1983 y 2001– un
problema estructural “a mediano plazo” con el que tendrá que
lidiar “el gobierno que viene”.
Lo
que el gobierno llama “solución al problema de la deuda” fue una
combinación de una transferencia directa brutal a los acreedores
externos (mega pago) y un cambio de denominación de la mayoría de
los títulos (de divisas a moneda nacional), a nuevas tasas y plazos,
con un financiamiento resuelto en el corto plazo y un cambio
importante en el perfil de los acreedores. El peso de los acreedores
(y prestamistas) locales (bancos y AFJPs) en el total de la deuda es
bastante mayor que antes del “megacanje”. Esa operación permitió
a los acreedores extranjeros 1) hacer un gran negocio, en el caso de
los compradores recientes de títulos; 2) reducir su exposición y/o
sus pérdidas en sus préstamos a la Argentina, en el caso de los
fondos de inversión y bancos extranjeros, y 3) cobrar hasta el último
centavo y sacarse de encima a un deudor molesto, en el caso del FMI y
demás organismos financieros internacionales, a los que se sumaría
ahora el Club de París.
Por
lo demás, nada de esto significa que el país se haya desembarazado
de la espada de Damocles que es la deuda pública. Si bien la relación
deuda/PBI ha bajado –del 85% del PBI al 70%–, en términos
internacionales sigue siendo muy alta, muy por encima de la de Brasil
y de la situación de la propia Argentina pre-default, cuando la deuda
equivalía al 60% del PBI. Y en este terreno, como en otros, Kirchner
está librando cheques contra una cuenta que por ahora tiene fondos
pero que mañana puede quedar en descubierto. Por dar un ejemplo: la
recuperación de las reservas al nivel anterior al mega pago al FMI es
festejado por el oficialismo como un triunfo, pero los economistas
serios alertan sobre el inminente regreso del déficit
“cuasifiscal” por la emisión de Letras del Banco Central.
El
gobierno transmite calma porque sabe que no tendrá necesidades
financieras acuciantes durante este año y 2007 como mínimo. No es
tan seguro qué pasará después, porque ese esquema se sostiene sobre
la base de un superávit fiscal importante y continuo que depende de
factores sólo en parte estructurales y en buena medida coyunturales.
En resumen, también respecto de la relación con el imperialismo
encontramos un patrón similar al de la inserción argentina en el
mundo: una continuidad en lo que hace a los rasgos más esenciales y
una serie de cambios que, sin ser despreciables ni meramente cosméticos,
se montan sobre condiciones políticas y económicas relativamente
contingentes. No hay ninguna “nueva matriz” en la relación con el
imperialismo sino un realineamiento y reacomodamiento que se explica más
por el cambio de ciclo político en América Latina y en Argentina que
por una modificación real y sustancial de la base económica
capitalista.
3.4
El superávit fiscal en la economía y la política kirchneristas
Como
ya señalamos, las medidas “estructurales” más profundas desde
2001 fueron la devaluación y el cambio de perfil de la deuda externa
primero con el default y luego con el mega canje. Al salto automático
de competitividad de las exportaciones argentinas se le sumó, como
rasgo peculiar de la economía kirchnerista, un fuerte crecimiento de
la tasa de explotación, con aumentos inéditos de la productividad
del trabajo.
Ésa
es la base material de que el capitalismo argentino bajo Kirchner
muestre un peso relativo menor del parasitismo financiero –que igual
goza de buena salud vía el festival de bonos, que generó “un ciclo
de excepcionales ganancias para los que apostaron a invertir en
activos en pesos emitidos por la Argentina” (Clarín,
27-7-05)– y un sesgo más “productivista”, donde el sector
industrial recompone ganancias a expensas de los trabajadores pero
también, en parte, de los sectores capitalistas que antes disfrutaban
de la pura rapiña financiera en detrimento de la industria.
El
núcleo del funcionamiento de la política económica (y de la política
a secas) de Kirchner es el superávit fiscal, situación de la que un
jefe de Estado argentino goza en esta magnitud por primera vez en décadas.
Según el economista Octavio Frigerio, el superávit “garantiza la
sustentabilidad del sistema financiero y provisional, ya que buena
parte de los bonos públicos está en manos de los bancos y AFJPs. Es
lo que garantiza que habrá recursos genuinos para afrontar los
vencimientos de deuda”.
El
origen del superávit es conocido y tiene dos caras. Por un lado, los
mayores ingresos del Estado vía retenciones a las exportaciones, que
absorben una parte de la renta extraordinaria de varios sectores,
sobre todo el agro, tras la devaluación, complementado por el
impuesto al cheque que grava indirectamente el conjunto de la
actividad financiera. De esta manera, la devaluación y el nuevo tipo
de cambio “le permiten al Estado captar una parte de la renta
cambiaria del comercio exterior y (…) una parte de la renta
extraordinaria del agro y la industria, generada por la suba de
precios internos por encima de los insumos y los salarios” (Clarín,
30-4-05).
Por
el otro, el tremendo ajuste en términos reales del gasto público
nacional y provincial, cuyos grandes perjudicados fueron los
jubilados, los asalariados estatales y el gasto social general. El
regreso de una inflación del orden del 10-15% colaboró en la tarea
de aumentar ingresos y licuar gastos. Por otra parte, salvo los
impuestos mencionados, no hubo ningún cambio en la regresiva
estructura tributaria argentina, lo que se refleja, como veremos más
abajo, en los inéditos índices de desigualdad.
Para
tener una idea de en qué medida el “superávit récord” depende
de esos dos factores, consideremos los siguientes datos. Los ingresos
del Estado en 2005 en concepto de retenciones y derechos de importación
alcanzaron los 13.600 millones de pesos, y para 2006 se estimó un
superávit fiscal de 17.800 millones de pesos.
Pero
la magnitud del ajuste no le va en zaga: el Presupuesto 2006, al no
ajustar por inflación salarios estatales ni jubilaciones, logró un
ahorro de 4.400 millones y 5.100 millones de pesos, respectivamente,
esto es, un 53% del superávit previsto.
El
ajuste se concentra eminentemente en el gasto social, porque,
naturalmente, la prioridad la tiene el servicio de la deuda pública,
al que se agregan, en proporción creciente desde 2004, los subsidios
a capitalistas privados, sobre todo en el área de servicios. En 2001,
el gasto público representaba el 35,7% del PBI, mientras que en 2004
sólo llegó al 28,9%. Los rubros que más bajaron fueron previsión
social (-31%), educación (-28%), y salud (-24%).
El
cuadro siguiente resume la evolución del gasto público, en
porcentaje del PBI:
Promedio
1993-2001
Promedio 2004-2005
Seguridad
social
6,0 (43% del gasto total)
4,5 (34% del total = 9.000 millones menos)
Salarios
2,4
2,1
Servicios
privados
1,8
2,9 (subsidios y planes sociales)
Gastos
de capital
0,9
2,0 (obra pública)
Si
la Nación se ajustó, también lo hicieron las provincias, cuyo gasto
salarial cayó del 56 al 45% del total entre 2001 y 2004. Además, se
vieron obligadas a aceptar la Ley de Responsabilidad Fiscal (pedida
por el FMI), que pone un tope al gasto ligado al PBI del año
anterior. Después de tres años de contribuir al superávit fiscal,
en 2006 tienen superávit cero, y su deuda equivale al 100% de la
recaudación tributaria. El principal acreedor (70% del total) es el
Estado nacional. Esta licuación del superávit no se debió a la
recuperación del salario sino al mayor gasto en obra pública, que
compensa la falta de inversión privada. De paso, la dependencia
financiera de las provincias respecto de las arcas nacionales es la
base material del trasvasamiento de gobernadores e intendentes
radicales al proyecto político kirchnerista.
Es
también sobre la base de este superávit que el Estado interviene y
arbitra políticamente en la economía, sin llegar a constituirse en
actor económico propiamente dicho. Correo Argentino, AySA o Enarsa no
son las puntas de lanza de un “estatismo” fantasmal sino las
excepciones (las dos primeras, resultado de estrepitosos fracasos de
la gestión privada) que confirman la regla general de que el
principal motor económico de la economía kirchnerista es la
actividad privada.
Sin
embargo, el “mercado”, dentro de un marco general que no cuestiona
en lo esencial la apertura económica de los 90, está sujeto a
ciertos controles más o menos informales en determinadas áreas
sensibles. El Estado hace un monitoreo permanente de las variables
económicas que puedan tener impacto político.
De
allí las iniciativas de acuerdos de precios y salarios, que funcionan
como un marco general no oficial para el conjunto de la economía y
mantienen a raya el peligro inflacionario. Lo propio sucede con los
premios y castigos para los capitalistas según su comportamiento económico
resulte más o menos funcional al proyecto político: el gobierno
regula sus relaciones con las distintas fracciones de la burguesía
por la vía de combinar herramientas como subsidios (transporte, energía,
servicios públicos), retenciones (agro, petróleo) e incluso el
cierre de exportaciones (carne). También utiliza los subsidios como
mecanismo compensatorio para las privatizadas por el retraso de las
tarifas (lo que generaría inflación y costo político).
Que
definamos esta intervención estatal como política significa que se
inmiscuye en la economía pero con objetivos políticos. No hay ni
sombra de que se propicie un rol del Estado en la economía propio de
los nacionalismos burgueses de los 50 y los 60 y de los modelos
“desarrollistas”. Por ejemplo, no hay inversión pública
significativa en infraestructura, salvo para tapar los agujeros que
deja la desidia privada, ni menos todavía un retorno al welfare
state o estado de bienestar. La evolución del gasto estatal que
reproducimos más arriba despeja toda duda acerca de cualquier desvío
fundamental respecto de un funcionamiento económico esencialmente
“neoliberal”.
Asimismo,
es una práctica sistemática del gobierno, desde 2003 hasta el
Presupuesto 2007, subestimar los ingresos y sobrestimar (en realidad,
subejecutar) los gastos a fin de que al gobierno le quede un superávit
real mayor al votado en el Congreso. Este excedente de recursos se
maneja con los criterios totalmente políticos y clientelares ya
mencionados: subsidios a capitalistas “amigos”, financiamiento a
gobernadores e intendentes aliados, etc.
3.5
La burguesía, sus fracciones y un crecimiento que “no derrama”
Hemos
adelantado que tras la crisis de 2001 y la devaluación hubo una
evidente redistribución del plusvalor entre los sectores burgueses,
en el marco general de que en su conjunto la burguesía se vio
beneficiada por una brutal transferencia de valor en detrimento de los
trabajadores. Esa redistribución operó vía el reacomodamiento de
precios relativos de las ramas de la producción y los servicios, en
el marco de que ese ajuste de precios relativos benefició en general
a la burguesía y perjudicó al conjunto de los asalariados. De fondo,
la política económica kirchnerista se basa en volver estable y
“sustentable” la transferencia de ingresos introducida
inicialmente por la devaluación del peso.
Los
sectores que emergieron como ganadores, acreedores de la parte
principal de esa masa de plusvalor, fueron, está dicho, los
productores de bienes (transables), especialmente los ligados a la
exportación.
En
cambio, las compañías privatizadas de servicios y los bancos dejaron
de percibir la monstruosa renta en pesos que, durante el 1 a 1,
convertían inmediatamente en dólares con seguro de cambio gratuito a
cargo del Estado. El fin de este negocio fabuloso hizo que varias
privatizadas y bancos extranjeros directamente vendieran sus activos y
se fueran del país.
Justamente,
uno de los cambios bajo Kirchner es que muchas compañías que
gestionaban servicios públicos como electricidad, gas, agua y teléfonos
se retiraron tras la caída en la tasa de rentabilidad y sus problemas
de endeudamiento. Esto dio lugar a la llegada de fondos de inversión
locales (Mindlin, Werthein, Ivanissevich, Coinvest) y extranjeros
(Ashmore, Maratón, Fintech, Aberdeen Asset, Exotics, Farallón, UBS,
Nextar), que compraron las deudas a entre un 15 y un 35% del valor
nominal. El hecho de que “los nuevos accionistas no acreditan una sólida
experiencia en el negocio de los servicios públicos, que se
caracterizan por (…) una perspectiva de ganancias mucho más acotada
que las que manejan los fondos de inversión” (Carlos Montero, del
Instituto Argentino de Servicios Públicos) abre un interrogante. ¿Cuál
es la real capacidad y compromiso de operadores que entraron en el
negocio con una visión aún más especuladora y de corto plazo que la
de otros operadores internacionales? Porque esto se da en el marco de
una crisis de infraestructura que requiere inversiones urgentes para
no colapsar, sobre todo en el área energética. Así lo resume el
conocido neoliberal Manuel Solanet, de FIEL: “todos estos negocios
obedecen a oportunidades puntuales más que a una corriente inversora.
Los fondos que compran [a estas compañías] no son estratégicos” (Clarín,
7-11-05)
Por
otra parte, otro de los “ganadores” de la crisis fue el propio
Estado: bajo la gestión kirchnerista, una parte de las divisas
generadas por la revitalización de las exportaciones y el renovado
superávit de la balanza de pagos fue a parar a las arcas estatales, dándole
al gobierno el margen financiero que hemos descripto.
El
otro gran motor de la expansión económica es el aumento de la
explotación de la clase obrera, con cifras de productividad que baten
récord tras récord. Si comparamos el costo laboral en la industria
manufacturera en 2005 respecto de 1997 (es decir, antes de la recesión
y con la industria creciendo al 9% anual), encontramos que mediante la
combinación de salario, volumen de producción y cantidad de
trabajadores, ese costo es ahora un 28,4% inferior (y un 33% inferior
si se lo compara con 2001, según la Secretaría de Industria). Por
dar el ejemplo de algunas ramas: en alimentos, el costo bajó un
15,1%; en bebidas alcohólicas y no alcohólicas, un 30%; en automóviles
–con un menor volumen de producción–, un 54,8%, y en calzado, un
56,3%.
El
número total de obreros ocupados respecto de 1997 es un 13,8%
inferior. Mientras que los precios de fábrica de manufacturas
agropecuarias e industriales, también en relación con 1997, subieron
un 120% (pero un 225% en químicos y un 261% en acero), el salario
promedio subió sólo un 85%, aunque el salario industrial, a
diferencia del estatal y de los trabajadores en negro, rebasó la
inflación minorista, que subió en el período un 65%.
Este
sesgo “productivista” de la economía en detrimento del sector
servicios es claramente mensurable: en el período 1993-2001, la
contribución del sector productor de bienes al PBI promedió un
31,5%, mientras que en el período 2002-2005, la proporción ascendió
al 42%, tendencia que se reforzaba en 2006 (la última medición del
INDEC, del segundo trimestre de este año, estimaba que el sector
productor de bienes contribuía en un 43,6% del PBI). De hecho, en
2005 se superó por primera vez el nivel de actividad industrial de
1998.
Otro
parámetro de estos cambios es el índice Merval de la Bolsa de Buenos
Aires: “las privatizadas perdieron participación (…) y ganaron
terreno otras firmas (…) Petrobras, Grupo Galicia y Alindar
representan, juntas, más del 50% de la composición del índice” (Clarín,
25-7-05).
En
realidad, la devaluación le vino como anillo al dedo a toda la
industria en general, y es por eso que la UIA aplaude el dólar alto,
que también conviene a las finanzas estatales (las retenciones a las
exportaciones sostienen el superávit). Éste es el punto central
donde coinciden los intereses del actual elenco político y los de la
burguesía industrial y exportadora, que está más que satisfecha con
esta competitividad que se origina en el tipo de cambio, no en
ampliación de la inversión, esto es, genuina acumulación de
capital. Lo que sigue sin existir, ni de parte del Estado ni de parte
de este sector de la burguesía, es ningún proyecto “capitalista
nacional productivo” a largo plazo.
Precisamente,
mal puede haber un proyecto “nacional” cuando en 2003, la
participación extranjera representaba el 75% de la facturación de
las principales 1.000 empresas (en 1993, el 50%), y de las 500 más
grandes, el 67% tenían participación extranjera, en la amplia mayoría
de los casos mayoritaria (en 1993, sólo el 44%). De entre las 500
empresas más grandes, las de capital nacional sin participación
extranjera aportaban sólo el 15% de las exportaciones y del valor
agregado, mientras que las de capital extranjero en más de un 50%
aportaban el 78% y el 80% respectivamente. Los principales países
inversores son EEUU (25% del total), España (23%) y Brasil (19%).
Es
verdad que desde 2003 ha habido una cierta “reaparición” de
capital nacional en algunas ramas antes ocupadas por multinacionales.
Pero esto se ha dado sobre todo en el área de servicios, con las
limitaciones ya apuntadas. En cambio, en la industria continúa el
proceso de extranjerización (aunque con mayor participación de
empresas brasileñas, mexicanas y chilenas, en ese orden), con el
traspaso de empresas emblemáticas como Acindar, Quilmes, Loma Negra y
Grafa. Aunque el gobierno intenta hacer ver este proceso como “parte
de la inercia del esquema económico anterior” y que “el capital
nacional se está ampliando” (secretario de Industria Miguel Peirano
en Clarín, 26-5-06), esto es por ahora una tendencia
subsidiaria o una expresión de deseos.
En
todo caso, para poder hablar de una verdadera reconversión del perfil
industrial argentino debería constatarse una corriente de inversión,
esto es, de acumulación de capital, muy por encima de lo que se
verifica hoy. Las cifras de “crecimiento récord” (en realidad,
volver a los niveles de producción de 1998) no deberían ofuscarnos
hasta el punto de ignorar que, desde 2003, la recuperación se logró
esencialmente sobre la base del aumento en el uso de la capacidad
instalada. Como dice el economista Marcelo Lascano, “Argentina creció
con lo que tenía: hubo inversión de reposición y poca inversión
nueva”. Lo confirma en cifras el consultor Orlando Ferreres, para
quien, de los 40.000 millones de dólares de inversión, sólo 5.000
millones corresponden a nuevos emprendimientos; el resto se destina a
mantenimiento. Con un puñado de excepciones (Siderar, Aluar,
automotrices, complejos aceiteros), no hay grandes proyectos
industriales, y Claudio Lozano, de la CTA, se queja de que las
empresas “no reinvirtieron en línea con las ganancias obtenidas”
(Clarín, 24-1-06). A esto debe agregarse que en muchos casos
se trata de proyectos con fuerte apoyo oficial en subsidios.
Según
Ferreres, entre el 60 y el 65% de las ramas está trabajando al límite
de la capacidad o llegando a él. La inversión es la asignatura
pendiente, el cuello de botella que poco a poco el gobierno admite que
debe enfrentar.
Por
otra parte, la rama récord en crecimiento que empuja la inversión es
la construcción (+21% en el primer semestre 2006), no el sector de
equipo durable (el que indica el verdadero aumento de la capacidad
productiva). Este último sector alcanzó su pico de crecimiento en
2004 y desde entonces, si bien aumenta, no lo hace a un ritmo
comparable, mientras que la construcción pasa a ocupar un lugar cada
vez mayor en el conjunto de la inversión bruta.
Mientras
que el Ministerio de Economía difundió un cuadro muy optimista en
inversión de equipos y nuevas plantas, que en siete de meses de 2006
estaría casi alcanzando los niveles de todo 2005, un estudio del
Banco Río señala que, por el contrario, el gasto en equipo durable
se desaceleró considerablemente en 2006, y los motores de la expansión
son claramente la construcción y el consumo. Estas señales
contradictorias indican que es aún prematuro intentara proyectar una
tendencia al respecto.
En
cuanto a la tasa de inversión, en verdad, considerando que el
promedio 1993-1999 fue del 18.9% del PBI, la performance de 2004
(19,2%), de 2005 (21,5%) y la estimada para 2006 (22-23%), si bien es
ascendente, no alcanza a configurar un cambio cualitativo en el
proceso de acumulación de capital.
Finalmente,
cabe insistir en que toda esta configuración económica, con todo lo
que tiene de específica respecto de la anterior, mantiene una línea
de continuidad en un aspecto clave: el cuadro social. Más allá de
las diferenciaciones internas dentro de los asalariados, que
examinaremos más abajo, el “crecimiento récord” no sólo no ha
logrado revertir la escandalosa desigualdad social heredada del período
anterior, sino que la estabiliza y en algunos terrenos la refuerza.
A
pesar del descenso de las catastróficas cifras de pobreza, indigencia
y desocupación registradas en 2001-2003, se hace evidente que hay un
“núcleo duro” de población excluida que la economía
kirchnerista no afecta sino que consolida, aunque la tendencia a la
pauperización general de la sociedad se haya detenido y, para algunas
capas sociales, empezado a revertirse.
Parte
de ese núcleo duro es el 20% de la población (7,7 millones de
personas) que gana $ 82 al mes o menos, pero de ninguna manera se
limita a ese sector. Se mantiene la brecha récord en la desigualdad
de la distribución del ingreso, señalada por el hecho de que el 10%
más rico gana 36,5 veces más que el 10% más pobre.
Asimismo,
la persistencia del fenómeno del empleo precario –que, pese a todos
los discursos y carteles oficiales, sólo bajó de un 49% a un 45% en
tres años– dio lugar al creciente de desarrollo de una nueva
categoría, la “pobreza con empleo”. El 80% de los hogares pobres
tiene a su frente a un/a trabajador/a ocupado/a cuyo salario es
inferior al nivel de la canasta básica de pobreza ($ 853). De este
modo, la política salarial kirchnerista ha “logrado” que, a
diferencia del piso de la crisis, la principal causa inmediata de
pobreza sea no la desocupación sino los salarios de miseria.
Dos
datos son ilustrativos al respecto. Primero: si bien la masa salarial
global creció, gracias al descenso de la desocupación, el ingreso
individual promedio creció por debajo de la inflación, por lo que el
poder de compra promedio del salario sigue un 8% debajo del nivel de
2001. Segundo: un estudio del Banco Credicoop recuerda que la
participación de los asalariados en el PBI era en 2001 del 32%; en la
actualidad, sólo del 24%, lo que demuestra que el dólar alto y la
inflación le vienen muy bien a los exportadores y al fisco, pero no a
los trabajadores.
3.6
Conclusión: “modelo de coyuntura” y regulación política de una
economía neoliberal
Lo
que ha dado en llamarse “economía K” se perfila, entonces, no
como un proyecto estratégico sino como un “modelo” cuyo origen es
más político (el cambio de ciclo de lucha de clases nacional y
regional) que propiamente económico. En consonancia, el elemento más
específico de la economía argentina bajo Kirchner es, precisamente,
la nueva presencia que tienen el gobierno y el Estado como factores de
intervención en la economía en un sentido de regulación d |
