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El engaño de la Constituyente pactada
Por Carla Punkoya
Socialismo Revolucionario, La Paz, periódico de SoB
Bolivia, marzo 2006
Un gran tema en la agenda del nuevo gobierno es el de la
Asamblea Constituyente, un reclamo muy sentido entre las masas, sobre
todo por los sectores originarios, ante todo por el carácter opresor
y racista del Estado boliviano. La mayoría de la población ve en la
Constituyente la posibilidad y el ámbito donde se puedan resolver sus
problemas imponiendo su mayoría numérica por la vía electoral.
Es en este sentido que la Asamblea Constituyente podría o
bien transformarse en una caja de resonancia frente a la fragmentación
política, económica y social del país, o bien encauzar un proceso
de relegitimación del régimen y estabilización política. Es en
este sentido que va a trabajar el gobierno del MAS. Ha sido categórico
García Linera en que pretenden llevar adelante un pacto con los
distintos sectores patronales y de las regiones.
En este marco, junto con la negociación de “autonomías”
con las regiones petroleras habrá concesiones menores de tipo democrático
para dejar contentos a los sectores más excluidos. Pero que,
lamentablemente, al no generarse las condiciones económico-sociales
para poder aprovecharlas, pueden no terminar siendo más que papel
mojado.
Desde el punto de vista de la derecha y los sectores más
reaccionarios, buscarán atenuar el carácter “unitario” del
Estado para hacer valer el peso de las autonomías. Esto guarda
estrecha relación con el monopolio de los recursos naturales que
buscan para sí. Por su parte, el MAS y la burguesía del Altiplano
afirman la “unidad” del Estado porque necesitan que el reparto de
los ingresos por los recursos petroleros llegue a todas las regiones
del país. Pero en todo caso, lo que el nuevo gobierno no cuestiona es
el carácter capitalista del Estado boliviano, y la Constituyente,
como la concibe el MAS, es sólo como una serie de reformas a nivel
del régimen político para su relegitimación, pero sin un solo
objetivo de transformación social real.
La Asamblea Constituyente, por sí misma, no resuelve las
tareas planteadas en las calles por las masas populares. Si no cambian
radicalmente las condiciones materiales y de vida de las mayorías
explotadas y oprimidas, las medidas de “democratización” serán sólo
formales. Ésta y no otra es la trampa de la Constituyente pactada de
Morales y Linera. Porque no será de la mano de ellos que vendrá la
verdadera Constituyente Revolucionaria que se exigió en los
levantamientos populares. Y que aunque declare formalmente el carácter
multiétnico y multicultural del país, no acabará realmente con el
racismo imperante en Bolivia.
Concesiones a la
burguesía cruceña
Al cierre de esta nota se aprobaba la “Ley de
Convocatoria a la Constituyente”. Esto significa que finalmente se
ha “concertado” una Constituyente que nada tiene que ver con la
que ha pedido el pueblo en las calles. Los “supuestos” y
“rumores” de que la Constituyente estaba “en riesgo”
constituyeron una pantalla tras la cual se negoció, cediendo ante la
propuesta cruceña, una Constituyente totalmente amañada.
El proyecto gubernamental contemplaba un número de 210
asambleístas, mediante la elección de tres por cada una de las 70
circunscripciones uninominales; los candidatos sólo pueden
presentarse por medio de partidos u organizaciones ciudadanas
constituidas. Y si durante la campaña Evo Morales propagó la idea de
llevar a delante una Asamblea Constituyente con poderes ilimitados
mediante la cual se refundaría el país, tanto su proyecto como el
que finalmente se aprobó dejan por lo menos dos cosas claras. La
primera, que mintió al prometer que la Asamblea contemplaría formas
de representaciones comunitarias y corporativas, pues ya ha quedado
descartaba la participación de pueblos y organizaciones indígenas y
campesinas dada por usos y costumbres, así como la de los sindicatos.
Frente a esto, Morales sólo pidió “comprensión” a sus
seguidores. Y la segunda, que se ponen en duda los objetivos mismos de
la Asamblea, ya que lejos de poseer “poderes ilimitados”, se basará
sobre y respetará los poderes constituidos. Y esto no tiene nada que
ver con “refundar al país”, con la ejecución de medidas
radicales que impliquen transformaciones de fondo. Hoy queda claro que
en lo que siempre hubo consenso en la burguesía es en que la
Constituyente debía ser “derivada” y no “originaria”, como se
prometió tiempo atrás.
Así, es que el proyecto del ejecutivo suscitó críticas y
resistencias. Pero la que finalmente se impuso fue la posición de
Santa Cruz, apoyada por Podemos, UN, MNR y otros. La ley aprobada
plantea una Asamblea compuesta por 255 constituyentes, de los cuales
210 serán elegidos en las 70 circunscripciones, tres en cada una de
ellas; dos por primera mayoría y dos por segunda. Los restantes 45
serán elegidos cinco por cada circunscripción plurinominal
departamental: dos para la mayoría y uno para la segunda, tercera y
cuarta fuerza. Y los candidatos serán registrados a través de
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o por pueblos indígenas.
Así, excusándose en el hecho de que para la aprobación de la “Ley
de convocatoria a la asamblea” se necesitaba de dos tercios en el
Parlamento, que sólo podrían lograrse mediante acuerdo entre el
gobierno y la oposición, Morales también ha cedido a esta presión.
Nuevamente el gobierno del MAS echa por tierra parte
sustancial de las promesas electorales y ni siquiera en los más
elementales derechos democráticos cede a los sectores y a la población
en general que en diciembre lo votó y depositó esperanzas en su
gobierno.
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