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Gobierno
desata guerra sucia contra los sindicatos
Econoticiasbolivia,
10/04/06
La Paz. El gobierno
indígena de Bolivia inició este lunes en La Paz una ácida campaña
en contra de los sindicatos y organizaciones sociales que luchan por
reivindicar sus derechos más elementales.
Usando la ley y el
garrote, la administración gubernamental de Evo Morales emprendió
frontalmente contra los trabajadores del sistema de salud, contra los
maestros y estudiantes normalistas, decretando como ilegal el paro de
los primeros, tratando de dividir y enfrentarlos con la población a
los segundos y apaleando a los terceros.
En horas de la mañana
de este lunes, el viceministro Alfredo Rada anunció que el Gobierno
declarará ilegal el paro de 48 horas de los trabajadores de salud
previsto para el martes 11 y el miércoles 12 de abril.
"Este es un
sector acostumbrado a los paros (...) se está dando una vacación
adelantada, porque después de su huelga comienzan los feriados de
Semana Santa", dijo Rada al asegurar que los salubristas no
tienen justificativo para la huelga, tras que el Gobierno del líder
indígena Evo Morales les otorgara un incremento salarial del siete
por ciento, que sería el más alto de los últimos años.
Este aumento, sin
embargo, ha sido rechazado por "insuficiente" y
"miserable" por los trabajadores que salud, ya que significa
tan sólo un promedio de ocho dólares al mes (66 bolivianos).
"Este gobierno se burla de nosotros (...) Dicen que no hay
dinero, pero siguen dejando que las petroleras se lleven todo para
afuera", cuestionó la dirigente Sofía Ríos, quien confirmó el
paro y las movilizaciones en todo el país, a pesar de la presión
gubernamental.
Otros que recibieron
las andanadas oficialistas fueron los maestros y trabajadores de la
educación que anunciaron una huelga en reclamo de un mayor aumento
salarial. El ministro de Educación y Culturas, Félix Patzi, acusó
este lunes a la Confederación de Maestros Urbanos de La Paz y a la
Federación de Estudiantes de la Normal Simón Bolívar de presionar a
los profesores y estudiantes, para que participen del paro movilizado
por 24 horas, previsto para este 21 de abril.
"La dirigencia
de los maestros urbanos utiliza el fuero sindical de manera perversa
para obligar a los profesores a participar de esas medidas de presión",
dijo el ministro, mientras su colega, el viceministro Rada, negociaba
y movilizaba a las Juntas Escolares para impedir y/o quebrar el paro
del magisterio. La intención gubernamental es usar a los padres de
familia y estudiantes para dividir y enfrentar a los maestros.
Pese a ello, los
dirigentes del magisterio anunciaron que no retrocederán en sus
demandas y exigieron el cumplimiento de las promesas electorales de
Morales de nacionalizar los hidrocarburos y triplicar el salario mínimo
de 55 dólares a 187. Así, la profesora Vilma Plata aseguró que
hasta la fecha el gobierno no cumplió con ninguno de los puntos del
pliego petitorio y explicó que el aumento del siete por ciento al
salario mensual era insuficiente para cubrir el costo de la canasta
familiar. En promedio, los maestros y trabajadores en salud perciben
un ingreso mensual que no supera los 100 dólares, con los que sólo
pueden mantener a sus familias en los umbrales de la miseria, la
desnutrición y el descontento.
"El gobierno
quiere acallarnos y mantenernos en la miseria, mientras regala
nuestros recursos naturales a las petroleras (...) Los maestros no
vamos a renunciar al derecho a comer", dijo al cuestionar la
intención de Evo Morales de asociarse con las transnacionales en vez
de avanzar a la estatización de esta industria.
La dirigencia de los
maestros y trabajadores en Salud anunciaron, además, que acatarán la
huelga y las movilizaciones decretadas para el 21 de abril por la
Central Obrera Boliviana (COB), que exige la expulsión de las
transnacionales y el total control estatal sobre las reservas de gas y
petróleo de Bolivia, valuadas en más de 150 mil millones de dólares,
y que permitirían que el Estado atienda satisfactoriamente las
demandas más premiosas de la población.
Pero mientras esto no
ocurra, la actual administración gubernamental, al igual que sus
antecesoras, con escasos recursos económicos y casi siempre al borde
de la bancarrota fiscal, parece condenada a reprimir a la población,
tal como ocurrió este lunes cuando cientos de estudiantes fueron
gasificados, golpeados y dispersados por carros antidisturbios en el
centro de La Paz.
A estos estudiantes
normalistas de El Alto, que reclamaban por mejores condiciones de
estudio y normas adecuadas para desarrollar sus actividades, el
Gobierno les dio palo, mientras que simultáneamente desacreditaba y
escarnecía a los estudiantes de La Paz.
Así, sin pruebas ni
respaldo, el ministro Patzi de Educación denunció que la Federación
de Estudiantes de la Normal Simón Bolívar de La Paz estaba cobrando
100 bolivianos (12 dólares) a los estudiantes que no participaron de
sus movilizaciones anteriores y que ahora estaban presionando para que
se sumen a las movilizaciones del 21.
"Ese es un acto
indigno que no se puede hacer con los estudiantes. Voy a coordinar
inmediatamente con la Dirección de las Normales para que prohíba a
esa federación de estudiantes a realizar cobros o recurran a
presiones para que participen de las estas movilizaciones", dijo.
Más
presiones sobre el presidente Evo
Econoticiasbolivia,
05/04/06
La Paz. En la hasta
ahora mayor protesta contra el presidente Evo Morales, un paro de
transportistas del sector público paralizó a medias este martes las
principales ciudades del país, repudiando una disposición legal que
les obliga a pagar impuestos. La contundencia de la huelga obligó al
Ministerio de Trabajo a decretar el horario continuo en el sector público
y dar tolerancia de media hora en el ingreso a las fuentes laborales
en el sector privado. En las ciudades como La Paz, Cochabamba, El
Alto, Sucre, Oruro y Potosí, muchos ciudadanos tuvieron que realizar
largas caminatas, mientras se suspendían las actividades escolares y
disminuían las productivas y comerciales.
Durante el paro no se
registraron incidentes de magnitud, salvo las encendidas acusaciones
entre las partes en conflicto. El gobierno del presidente Evo Morales
denunció que los dirigentes del autotransporte realizaron el paro por
la negativa oficial para concederles cargos en la administración pública.
En cambio, el dirigente de los choferes, José Luis Cardoso denunció
que Evo Morales le prometió cuatro parlamentarios antes de las
elecciones, si firmaban un convenio de apoyo al gobernante Movimiento
al Socialismo (MAS).
Los choferes
advirtieron que tomarán otras medidas de presión para doblegar al
gobierno, que hasta ahora se muestra firme en su intención de lograr
que los transportistas que realizan viajes interdepartamentales y
provinciales paguen impuestos.
Este miércoles, gran
parte del transporte público volvió a la normalidad, aunque no los
viajes interprovinciales que continuarán suspendidos por otras 24
horas, quedando varados cientos de ciudadanos en las principales
terminales del país.
Otros
conflictos
Aunque el clima de
conflictividad disminuía, los problemas en torno al Lloyd Aéreo
Boliviana (LAB), la privatizada línea bandera del país, generaban
incertidumbre y preocupación en esferas gubernamentales, dadas las
exigencias de trabajadores y pilotos por lograr la nacionalización de
la empresa, virtualmente saqueada por empresarios bolivianos y brasileños.
Hasta ahora, las negociaciones no han dado frutos, por lo que en
cualquier momento podrían retomarse las medidas de presión, como un
paro general en la ciudad de Cochabamba, la tercera en importancia del
país, y la toma de aeropuertos.
El gobierno ha
ratificado su decisión de sólo mediar en el conflicto, desairando a
los trabajadores que exigen la expropiación del LAB y el
encarcelamiento de los empresarios y la confiscación de sus
millonarios bienes.
Otros que tienen
previsto reiniciar sus acciones de protesta son los trabajadores y
sectores aglutinados en torno a la Central Obrera Boliviana (COB).
La
COB organiza el paro
El ampliado nacional
de la COB, realizado en el centro minero de Huanuni, determinó
reiniciar las luchas populares en todo el país con una gran marcha
para el 21 de abril. El secretario general de la COB, David
Choquetijlla, dijo que el Presidente Morales no está cumpliendo con
las demandas de los trabajadores y el pueblo.
"A partir del 21
de abril se llevará adelante una movilización en todo el territorio
boliviano, condenando la nueva administración del Gobierno por no dar
respuesta al pliego nacional de la COB", dijo al adelantar que el
ente matriz de los trabajadores prepara una marcha nacional en todo el
país para el 1 de mayo, seguido de una huelga general indefinida y el
bloqueo nacional en todo el territorio del país. De la misma manera
rechazaron la Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico,
porque no transformarán las estructuras políticas y económicas del
país y, por el contrario, mantendrán la explotación capitalista y
el dominio de los transnacionales.
Frente a ello, el
presidente Morales calificó de carnavalescos los anuncios de paro de
distintos sectores sociales. "Hay un Carnaval entre marzo y
abril, siempre hay que hacer manifestaciones, paros, cuando estamos
atendiendo las demandas, eso tiene que terminar. Piden
institucionalización, yo soy el primer interesado en la
institucionalización, que se hagan las convocatorias. Creo que no
tienen mucho sentido los paros que anuncian los dirigentes",
declaró.
Evo
Morales usa al Ejército y la Policía para reprimir a los
trabajadores que toman los aeropuertos y claman por la nacionalización
de la línea área nacional
Rebrota
la lucha por la nacionalización
Econoticiasbolivia,
30/03/06
La Paz. Trabajadores
y pilotos de la privatizada línea aérea bandera de Bolivia
reabrieron hoy con fuerza la lucha popular por la renacionalización
de empresas y recursos naturales al tomar los principales aeropuertos
del país, paralizando gran parte de los vuelos nacionales e
internacionales. La respuesta del gobierno del presidente Evo Morales
fue inmediata: tropas del Ejército recuperaron por la fuerza varias
pistas de aterrizaje, mientras que contingentes policiales apaleaban y
gasificaban a los trabajadores.
"Hemos sido
duramente reprimidos por el Ejército y la Policía, pero estamos
firmes para recuperar la línea aérea de bandera nacional",
denunció el líder de la Coordinadora de Defensa del Agua y el Gas,
Oscar Olivera, en el epicentro del conflicto, en la ciudad de
Cochabamba, donde sindicatos y organizaciones populares han comenzado
a hacer causa común con los trabajadores movilizados.
"Hemos tenido
contacto con el vicepresidente Álvaro García Linera, cuando la
represión era muy dura (…) Le hemos dicho que no puede dar la
espalda al pueblo, pero él ha indicado que el Estado no puede hacerse
cargo de la millonaria deuda del Lloyd (Aéreo Boliviano, LAB). Le
hemos explicado que no es así y que el Estado no puede estar ajeno a
esta preocupación para recuperar el patrimonio del pueblo",
dijo.
Según Olivera,
"Evo Morales tiene que darse cuenta que debe golpear a los que
han saqueado al país y no golpear al pueblo". La represión
militar y policial se concentró en los aeropuertos de Cochabamba, La
Paz, Tarija y Santa Cruz, con un saldo de una veintena de heridos y
contusos.
Toma
de aeropuertos
La toma de
aeropuertos fue definida por un centenar de pilotos y casi dos mil
trabajadores del LAB, que exigen la renacionalización de la línea aérea,
creada hace 80 años, privatizada en la segunda mitad de los años 90
y saqueada impunemente por empresarios brasileños y bolivianos. En
virtual quiebra, la línea aérea adeuda más de 140 millones de dólares
y confronta graves problemas económicos, técnicos y administrativos,
aunque posee líneas y rutas comerciales de alto valor que la hacen
muy atractiva en el mediano y largo plazo.
Los trabajadores
exigen que el gobierno de Morales tome el control inmediato de la
empresa y, simultáneamente, encarcele y confisque todos los bienes y
activos del millonario empresario boliviano Ernesto Asbún y del
brasileño Wagner Canhedo, dueño de la VASP.
Pero Morales,
comprometido en la total defensa de la propiedad privada y la
seguridad jurídica para los empresarios nacionales y extranjeros,
rechazó de plano la idea de la nacionalización. "No vamos a
nacionalizar la corrupción", dijo al advertir que el tema del
LAB era esencialmente de carácter privado y no público.
"Al compañero
Evo Morales le ha temblado la mano para enfrentar a los empresarios
corruptos", replicó desde Tarija el dirigente de los
trabajadores del LAB, Ronald Buchón, quien aseguró que la lucha de
los trabajadores no se detendrá por las "vacilaciones del
Presidente".
"No va volar una
mosca mientras el Gobierno no avale la intervención y retire al
delincuente de Asbún (presidente del LAB). No vamos a permitir que se
muera el LAB, hay más de 2.200 trabajadores que viven del LAB",
dijo al cuestionar la conducta de Morales.
Lejos
del estatismo
El pasado 9 de
febrero, una huelga de pilotos que paralizó por más de una semana
los vuelos nacionales e internacionales, junto a crecientes presiones
sociales, obligaron al presidente Evo Morales a ordenar la intervención
temporal del LAB, la línea bandera de Bolivia que tiene como
accionista mayoritario a un sinuoso empresario nacional y como socios
minoritarios al conjunto de la población.
La intervención,
prevista inicialmente por 90 días, fue suspendida el 24 de marzo tras
que el Tribunal Constitucional admitiera un recurso legal presentado
por los ejecutivos de la aerolínea.
La decisión del
Tribunal Constitucional, criticada acremente por Morales ("cuánto
les habrán pagado por dar ese fallo", dijo al acusar veladamente
de corrupción a los magistrados), fue acatada de inmediato,
posibilitando el retorno de Asbún, al que el propio Presidente
calificó como "empresario corrupto" y que debía estar en
la cárcel.
Durante la intervención,
el delegado de Morales, Angel Zavalla, logró la reanudación de los
vuelos y la entrega gratuita de combustible a la línea aérea, aunque
no pudo viabilizar un millonario crédito estatal para reactivar al
LAB y a su administración privada. La idea del crédito fue rechazada
por los sindicatos, la población y dejada de lado por el propio
Morales.
Una
historia de saqueo
En 1996, el LAB,
valuado en más de 60 millones de dólares, fue privatizado
parcialmente, en una operación irregular y dolosa que favoreció al
empresario brasileño Wagner Canhedo de la línea aérea brasileña
Viacao Aérea Sao Paulo (VASP).
Con la promesa de
invertir cinco millones dólares, Canhedo tomó el control de la
empresa y virtualmente la saqueó, en un escandaloso proceso que obligó
a las autoridades bolivianas a iniciarle un proceso judicial, que fue
desactivado tras que el empresario brasileño entregara sus acciones
en el 2001 al boliviano Asbún, en otro proceso viciado de nulidad
porque estas acciones ya estaban embargadas, a cambio de un millón de
dólares y la promesa de extinguir todo proceso judicial contra la
VASP.
Así, con un escaso
capital, Asbún completó la obra de Canhedo, exprimiendo aún más al
LAB hasta dejarlo con un patrimonio neto no mayor a dos millones de dólares
y deudas con el fisco y la seguridad social por encima de los 30
millones de dólares. Sin balances auditados oficialmente, se estima
que otras deudas del LAB llegan a más de 140 millones de dólares.
Cerrada la
posibilidad para que el Estado subvencione a la administración
privada del LAB, tal como planteaba el interventor designado por
Morales, el retorno de Asbún a la presidencia de la línea aérea
desencadenó otra vez la lucha de los trabajadores en pos de
renacionalizar las empresas, los recursos naturales y los servicios.
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