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Expectantes
por el alcance de la nacionalización
Por
Martín Cúneo
Diagonal, 11/05/06
Los
movimientos sociales, así como las multinacionales afectadas por la
“nacionalización” y los gobiernos español y brasileño, aguardan
el desarrollo de las negociaciones para conocer el alcance de la
medida.
“Se
acabó el saqueo de los recursos por parte de las empresas petroleras
internacionales”. Con estas palabras y el ejército desplegado
alrededor de 56 campos decorados con gigantescos carteles de
“nacionalizado”, Evo Morales presentaba el decreto conocido como Héroes
del Chaco o por su número, el 28701.
“Le
hemos dado la vuelta a la tortilla”, proclamó el vicepresidente
García Linera frente a 50.000 personas que le aclamaban desde las
puertas del Palacio de Gobierno.
Las
declaraciones de “preocupación”, compartidas por las empresas y
los Gobiernos español y brasileño, no se hicieron esperar. Sin
embargo, las cotizaciones de Repsol–YPF y Petrobras en los días
siguientes apenas sufrieron ligeras variaciones, y no todas fueron
negativas para las empresas, que viven algunos de sus mejores momentos
con un barril de petróleo que supera los 70 dólares.
Dentro
de la escalada de advertencias de las autoridades españolas en las
que se llegó a amenazar con la revisión de los acuerdos de cooperación
con Bolivia– la vicepresidenta primera, Mª Teresa Fernández de la
Vega, hizo gala de buenas maneras al dar por descontado que primero se
agotarán “todas las vías diplomáticas”, recordando vagamente un
discurso, por otra parte, bastante en boga en los últimos tiempos.
Los
grandes medios españoles tampoco se quedaron atrás en su denuncia
del decreto. El País (PRISA), accionista mayoritario de los
diarios bolivianos La Razón, El Nuevo Día y Extra, volvió
a señalar el empecinamiento de Evo Morales en la elección de malas
compañías: un “anciano dictador” y un “presidente dado al modo
autoritario”, en referencia a Fidel Castro y Hugo Chávez. Dos días
antes Bolivia se había incorporado al ALBA, la alternativa
bolivariana a los planes de libre comercio de EE UU en la región, con
la firma de una batería de acuerdos en materia educativa, sanitaria y
energética, con el compromiso de Venezuela de colaborar estrechamente
en la formación de los nuevos mandos de la petrolera estatal
boliviana, así como en la realización de inversiones conjuntas en
Bolivia.
La
calma en los mercados no parecía coincidir con la imagen apocalíptica
reflejada en los medios de comunicación; como tampoco coincidía del
todo con la versión del Gobierno boliviano, que presentó la medida
como la concreción del histórico reclamo popular de la nacionalización
total del gas y el petróleo.
“Nacionalización
a medias”
Sectores
a la izquierda del Gobierno han acusado al Ejecutivo de haber
desaprovechado la oportunidad para expropiar y expulsar a las
multinacionales abiertas después de que en 2005 el Tribunal
Constitucional declarara ilegales todos los contratos hechos hasta
entonces, al no estar ratificados por el Congreso. La COB, una de las
principales centrales obreras, acusó al Gobierno de Evo Morales de
hacer una “nacionalización a medias”, al no confiscar los bienes
de las multinacionales.
El
ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, un histórico de la
lucha por la nacionalización de los hidrocarburos lo explicaba de
esta manera: “Creo que se ha llegado con el decreto al borde de lo
posible sin la confiscación y sin la expulsión (...). Esto es, desde
mi punto de vista, lo que se puede avanzar”.
Las
empresas multinacionales, que presumían en los ‘90 de multiplicar
por 10 el rendimiento de cada dólar invertido, y los movimientos
sociales, que derribaron dos presidentes en los últimos tres años
por desobedecer el clamor popular en favor de la nacionalización, están
a la espera de conocer cómo se aplicará el decreto 28701 y si el
resultado de este “proceso de nacionalización” será realmente el
final del “saqueo” y de los abusos al medio ambiente y a los
pueblos originarios cometidos por las empresas petroleras.
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