El paraíso perdido de Repsol

Por Marc Gavaldà (*)
Diagonal, 11/05/06

Pese a las limitaciones de la nueva medida, las petroleras pierden la capacidad de fijar los precios y decidir los contratos.

El 1 de mayo, desde el gran campo gasífero de San Alberto, el presidente boliviano Evo Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos.

Según el decreto, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional están obligadas a entregar a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda la producción de hidrocarburos, la que asume, en nombre del Estado, la propiedad de los mismos y su comercialización.

Asimismo, se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más uno en las empresas privatizadas Chaco (hasta hoy, en manos de BP-Amoco), Andina (Repsol-YPF) y Transredes (Enron- Shell) así como también las refinerías de Petrobras y CLH.

Aunque el decreto de nacionalización fue interpretado por las empresas extranjeras como una agresión directa a sus inversiones, por el momento, excepto la brasilera Petrobras que depende de los 50 millones de metros cúbicos diarios de gas boliviano, han reaccionado con cautela.

¿Por qué Repsol puede continuar en Bolivia a pesar de la nacionalización? En primer lugar, porque no va a soltar las enormes reservas gasíferas que consiguió en Bolivia, convertidas en estratégicas por tener mercados como Brasil, Argentina y Chile, estrechamente dependientes de este recurso. Los megacampos gasíferos de San Alberto, San Antonio, Mararita e Itaú, son un negocio asegurado durante las próximas décadas.

En segundo lugar, Repsol sacaba un beneficio de uno a cien con la anterior ley, de modo que ahora, aunque los beneficios se reducirán, no dejará de ser todavía un negocio.

En tercer lugar, habría que analizar los pormenores del decreto de nacionalización. En general, el decreto se apoya y refuerza la Nueva Ley de Hidrocarburos 3058, promulgada en 2005. Si bien este nuevo decreto aumenta las regalías a un 82%, en la práctica sólo dos megacampos de gas entrarán en este régimen, dejando a los campos de gas menores y de petróleo intocables.

Pero la diferencia es que ahora será Bolivia, a través de YPFB, quien fije los precios y comercialice la producción, algo trascendental teniendo en cuenta que Repsol fijaba el precio en un dólar por barril cuando en el mundo vale 70.

Por otro lado, las empresas capitalizadas, que fueron entregadas gratuitamente en 1996, no serán confiscadas sino que sólo perderán unas décimas de sus acciones para que YPFB tenga el control. Aparte, el decreto tiene una duración transitoria de seis meses y alarga el plazo, ya vencido, que tenían las empresas para poner en regla sus contratos.

En resumen, Bolivia con el decreto 28701 ha recuperado algo de soberanía al fijar precios, un efímero control de sus antiguas empresas y ganará algunos millones de más por regalías, pero no se puede hablar de nacionalización porque los bloques y yacimientos siguen en manos de las multinacionales.

Sin embargo, Repsol-YPF, con 22 bloques en el país, denuncias por contrabando, estafas y muertes, la posibilidad de veto de las comunidades indígenas y ahora con más impuestos y la imposibilidad de fijar precios, ya perdió para siempre su pequeño paraíso.

(*) Marc Gavaldà, autor del libro “La recolonización. Repsol en América Latina”.