|
Declaración
de Socialismo o Barbarie Bolivia ante la “nacionalización” del
gas
Una
renegociación de contratos sin expropiación
SoB Bolivia, 17/05/06
El
1º de Mayo Evo Morales anunció la nacionalización de los
hidrocarburos de su país (DS 28701). Los alcances y límites de estas
medidas, el contexto nacional e internacional en el cual se ha llevado
a cabo y la posición que debemos asumir los socialistas
revolucionarios son el objeto de esta Declaración.
1.
La coyuntura internacional está marcada por una evidente crisis de
hegemonía. El pantano en que está metido el gobierno de Bush en
Iraq, sumado a la movilización latina en los propios Estados Unidos
–que está metiendo el ciclo de rebeliones populares
latinoamericanas en el país del norte– muestran un momento de
clara debilidad del imperialismo norteamericano. Esta crisis hegemónica
(que tiene raíces profundas y estructurales que el proyecto de
“Nuevo Siglo Americano” de los neoconservadores buscaba superar)
es lo que explica y da contexto internacional a desafíos como los
planteados por el gobierno de Irán alrededor de su plan nuclear. O a
comportamientos con rasgos independientes, como es el caso del
gobierno de Chávez. Es también el marco en el cual ubicar esta
medida del gobierno de Evo Morales, que más allá de las limitaciones
que desarrollaremos mas abajo, implica patear el tablero respecto
de las reglas de juego que habían sido establecidas en el apogeo del
neoliberalismo puro y duro de los 90. De ahí los tiras y aflojes
que se están viviendo en estos días con los gobiernos de Lula,
Zapatero y Kirchner (en este último caso, alrededor del precio del
gas).
2.
Junto con esta coyuntura internacional, está el marco regional y
nacional de la propia Bolivia. En América Latina –aun estando en el
medio de un momento de mediación del ciclo de las rebeliones
populares inaugurado con el comienzo del siglo XXI–, se está
viviendo un cambio de proporciones. El cuestionamiento popular al
“neoliberalismo” y a la democracia de ricos y colonial ha
adquirido una enorme magnitud. Cabalgando sobre esta realidad y,
particularmente, la de la propia Bolivia (la más radicalizada luego
de Venezuela), es que Evo Morales se ha visto obligado a tomar
esta medida que fuerza una real renegociación de los términos de
la explotación de los hidrocarburos con las empresas multinacionales
e imperialistas.
La medida del gobierno de frente popular del MAS, con todo lo
limitada e inconsecuente que efectivamente es desde el punto de vista
de una auténtica expropiación de las empresas hidrocarburíferas, no
se podría entender sin el octubre del 2003 y las jornadas
revolucionarias de mayo-junio del 2005, que aún están presentes
en la conciencia popular. La presión de estas mismas circunstancias,
y el hecho de que estaban apareciendo algunos tempraneros síntomas de
crisis en el gobierno de Morales, ha resultado en la actual
“nacionalización”, presentada de manera más “radicalizada”
de lo esperado.
3.
Las medidas del gobierno del MAS tienen alcances y límites bien
precisos. Su alcance principal: fuerza en los hechos una renegociación
de los contratos con Petrobras, Repsol y demás multinacionales en
condiciones más favorables para el Estado boliviano. En las
circunstancias de la existencia de una renta extraordinaria por los
exorbitantes precios del petróleo en el mercado mundial (que van a
continuar) y del hecho de que el precio del gas acompaña este aumento
de los precios, el gobierno de Morales fuerza una renegociación para
que el Estado se quede con una parte mayor de la renta petrolera que
la actual. Sobre los 3.500 millones de dólares que significa
anualmente el negocio del gas en Bolivia, el Estado pasaría de los
actuales miserables 300 millones que le ingresan a una tajada del
alrededor de 1.000 millones.
En materia de derechos de propiedad, el decreto
nacionalizador busca colocar al Estado boliviano como copropietario de
las empresas. Es decir, junto con ratificar las reservas y el fluido
como propiedad boliviana, junto con el control de sus precios y
comercialización, el gobierno busca que el Estado pase a formar parte
de las empresas hidrocarburíferas, que asumen un carácter mixto
con los capitales imperialistas. El objetivo, categóricamente
distinto a los 90, es que el Estado pueda cumplir un papel regulador y
de control de la industria gasífera y petrolera, vía la recuperación
bajo control del Estado de los títulos de propiedad “populares”
que habían sido entregados como parte de los fondos de pensión a
empresas privadas de jubilaciones.
4.
En lo inmediato, la renegociación de los contratos significa,
respecto de los dos campos gasíferos más importantes (San Alberto y
San Albano, en manos de Petrobras), que transitoriamente y por 180 días
le deberá ser entregado el 82% de la producción al Estado, quedándose
la empresa brasileña –de acciones mayoritariamente privadas y
participación estatal– con el 18% de la producción. En el resto de
los campos, la renta se seguirá distribuyendo según la ley de
hidrocarburos votada por el Congreso en el 2005 (ley 3058): en
principio, hasta el 50% para cada parte.
Sin embargo, por su propio carácter, el decreto
“nacionalizador” abre ahora una pelea por los nuevos términos de
los contratos, razón por la cual asistiremos en estos meses a una
dura pulseada, pero sólo se podrán saber los verdaderos alcances
del decreto a la hora de la firma de los nuevos contratos. Todos
los analistas serios señalan que, aun bajo los nuevos términos, por
más “duros” que estos parezcan, las multinacionales podrán
seguir haciendo jugosos negocios, tal como ocurre en el caso de
Venezuela con los capitales imperialistas que tienen contratos de
asociación o concesión con PDVSA.
5.
Al mismo tiempo, el decreto “nacionalizador”, como totalidad, no sólo
tiene claras limitaciones, sino que constituye también una maniobra
política respecto de la reivindicación popular colocada sobre la
mesa al costo de casi 100 muertos en Octubre del 2003. Hay que afirmar
con claridad que no se trata de una verdadera expropiación de las
empresas hidrocarburiferas, ni mucho menos su puesta bajo control de
los trabajadores y el pueblo originario y pobre. Además, como ha
dicho la actual dirección de la COB, viene a legalizar o
relegitimar las explotaciones imperialistas, ahora por la vía de las
empresas de carácter mixto.
Por un lado, las empresas como tales, la producción y –en
gran medida– la operación del negocio seguirán en manos de las
multinacionales. A diferencia de las nacionalizaciones de la
Standard Oil en 1937 y de la Gulf Oil en 1969, no se expropia a las
empresas (aun cuando en esos casos se haya tratado de
nacionalizaciones capitalistas que indemnizaron a las empresas). En
este caso no hay indemnización sencillamente porque no hay
expropiación, más allá de la actual disputa por el status legal
de los ahorros jubilatorios. El anuncio de Morales el 1º de Mayo de
que estaríamos ante “la tercera y definitiva nacionalización de
los hidrocarburos en Bolivia” no pasa de ser una bravuconada que
esconde el verdadero contenido esencialmente no nacionalizador de sus
medidas.
En segundo lugar, está claro que el que pasa a controlar el
recurso es el Estado capitalista boliviano y no los
trabajadores. Movilizar las fuerzas armadas para ocupar los campos
puede tener alto impacto mediático y “soberano”, pero el mensaje
es claro: se llama a los trabajadores y el pueblo boliviano en general
a apoyar pasivamente las medidas del gobierno frentepopulista,
pero expresamente excluyendo la participación activa de los
trabajadores en ellas. Con toda seguridad, en manos del Estado
boliviano una parte importantísima de los recursos que se obtendrán se
dilapidarán sin pena ni gloria, por más pomposidad con que se
rodeen ahora las medidas.
No puede haber desarrollo consecuente de las fuerzas
productivas del país de la mano del gobierno frente populista a la
cabeza del Estado burgués, para colmo asociado, aunque en nuevas
condiciones, con las multinacionales imperialistas. Y no se trata de cualquier Estado capitalista,
sino del estado capitalista semicolonial boliviano
caracterizado de pies a cabeza por la compra y venta de cargos y
favores.
6.
Esta realidad de no expropiación de las empresas hace al carácter
limitado, parcial e inconsecuente de la “nacionalización” de
Morales y Linera. Tomando una definición estrictamente jurídica
de la propia legislación boliviana, se establece que la nacionalización
“es un acto gubernativo de alto nivel destinado a un mejor manejo de
la economía nacional o a su reestructuración, por el cual la
propiedad privada sobre empresas de importancia es transformada de
manera general e impersonal en propiedad colectiva y queda en el
dominio del Estado. La nacionalización permite alcanzar su propio
efecto: mediante un solo acto integral, los complejos procesos y
resultados necesarios para que un área de la actividad económica
nacional, en actual explotación por empresas particulares: a) quede sustraída
a la posibilidad jurídica de ser realizada por particulares; b) pasen
en dominio al Estado los bienes y elementos con que los
empresarios privados la llevaban a cabo anteriormente; y c) corresponda
al Estado la futura explotación de ella” (“Análisis del
decreto de «nacionalización» de los hidrocarburos”. M.E.O.
Urioste, www.lahaine.org).
Como salta a la vista, esto es precisamente lo que NO
ocurre con el decreto de Morales. Esta “estratégica área de la
actividad económica” boliviana no quedará “sustraída” a la
posibilidad jurídica de que sea realizada por las multinacionales,
sencillamente porque “los medios y elementos con que los empresarios
privados” llevan a cabo la explotación del gas no serán
expropiados, es decir, no pasarán “a dominio del Estado”. Y,
en consecuencia, la “futura explotación del gas” (es decir, el ámbito
del proceso de producción material), centralmente, no
corresponderá al Estado. Todo lo cual configurará una evidente
posición de fuerza que, disipado el humo de la actual coyuntura,
quedará en manos de las multinacionales para chantajear de una
u otra manera a Bolivia.
7.
Esta medida plantea la necesidad una clara definición de conjunto
respecto de su carácter. Como dijimos, se fuerza una renegociación
de los contratos y se coloca al Estado en calidad de socio pero, al
mismo tiempo, constituye una maniobra política que no significa una
auténtica nacionalización.
Es verdad que permitirá aumentar los ingresos del Estado
boliviano y que expresa –de manera distorsionada, no directa– la
presión popular. Sin embargo, no se trata de una verdadera
nacionalización de la industria hidrocarburífera, y mucho menos su
expropiación y funcionamiento bajo control obrero.
Tampoco es una medida realmente “nacionalizadora” en el
sentido antiimperialista del término, porque se busca renegociar con
las multinacionales, no expulsarlas (lo que sí sería realmente
antiimperialista). Ni se trata de una auténtica expropiación, en la
medida en que no se les quita a las multinacionales sus empresas, sino
que se las convoca a operarlas en términos capitalistas en asociación
mixta con el Estado, dejando por fuera de la gestión y administración
a los trabajadores. La gestión y administración obrera serían la
única garantía contra los nuevos negociados y despilfarros que están
por delante, ahora en manos del Estado boliviano en su asociación
“mixta” con los privados.
8.
La posición de los socialistas revolucionarios frente a la
“nacionalización” de Evo debe ser clara y categórica: políticamente
NO la apoyamos por lo que tiene de inconsecuente, limitada e incluso
maniobrera tiene. Sin embargo, llamamos a los trabajadores
bolivianos a aprovecharla, es decir, a exigir e imponer que
se vaya hasta el final: hasta la expropiación definitiva de las
empresas hidrocarburíferas sin ninguna indemnización, y ponerlas
bajo control y administración de las organizaciones obreras.
Al
mismo tiempo, en todos los embates y peleas que aun las limitadas
medidas del MAS generen con una u otra empresa o Estado capitalista e
imperialista, como hasta cierto punto ya está ocurriendo, defendemos
incondicionalmente el derecho del pueblo boliviano a fijar los términos
de la explotación de sus propios recursos como ellos decidan. Entre
la nación oprimida y la opresora, estamos con los oprimidos. Más aún:
defendemos frente a estos enemigos el derecho al accionar
independiente del Estado boliviano e incluso las limitadas medidas de
Evo Morales.
9.
Asumimos esta ubicación política en el marco de que
subrayamos que no se debe confiar en el gobierno de Morales y
Linera, que a pesar de las medidas que ha tomado –o, mejor
dicho, en función de su carácter limitado y burgués–
se trata de un gobierno capitalista. Que aunque “atípico”, está
haciendo reformas limitadas que en definitiva no resuelven de manera
consecuente las reivindicaciones planteadas en Octubre.
Por
el contrario, sostenemos que para poder resolver de manera consecuente
estas tareas –propiedad del gas, Asamblea Constituyente, liquidación
del estado racista– se deberá avanzar en la experiencia y ruptura
con el gobierno de Evo, en la construcción de un Instrumento Político
Independiente de los Trabajadores y en la puesta en pie de la Asamblea
Nacional Popular y Originaria. Que deben tener la perspectiva de un
auténtico gobierno obrero, originario, campesino y popular, superando
la trampa que constituye el actual gobierno de Frente Popular.
|
