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Indígenas
del oriente amenazan con tomar las tierras de Branko Marinkovic
El
gobierno se da 60 días para negociar su plan tierra con los
empresarios
Bolpress,
17/05/06
El
proceso de concertación del plan tierra del gobierno con los sectores
involucrados, principalmente los agroindustriales del oriente, demorará
al menos dos meses. El Vicepresidente Álvaro García Linera informó
que ese tiempo servirá para consensuar puntos conflictivos como la
reversión de tierras ociosas al Estado. El gobierno denomina a su
proyecto la segunda "reforma agraria", aunque algunas
autoridades precisaron que el plan no es una reforma sino un
"reordenamiento" de la propiedad agraria en Bolivia.
Los
latifundistas productivos no tienen por qué preocuparse, comentó el
senador MAS Guido Guardia, pues el plan tierra solo se propone
recuperar los predios que no cumplen una función económico social,
como establece la Constitución Política del Estado. "Cuando
aparece el Gerente de la CAO para decir que va defender sus tierra, yo
creo que es terrateniente. Si su tierra es productiva nadie se la va
quitar, pero si es improductiva la tiene que devolver", agregó
Guardia.
El
diputado del Gran Chaco por Podemos Willman Cardozo consideró que
"por nada se están alborotando en Santa Cruz". "¿Por
qué se alborotan anticipadamente? Nos están haciendo dudar.
Nosotros, como región chaqueña, tomamos con serenidad el tema de
tierras y esperaremos los resultados", señaló. El jefe de
Bancada del MAS de la Cámara de Senadores Gastón Cornejo consideró
que las voces en contra de la redistribución de tierras son la
"resistencia a la justicia social y a entregar a los pobres las
tierras excedentes".
El
presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) José Céspedes
considera que el gobierno quiere revertir las tierras más
productivas, es decir las orientales. "(El decreto de reforma) Es
más político que otra cosa, está referido exclusivamente al temas
de las tierras en Santa Cruz, no he escuchado nada todavía hasta el
momento sobre las tierras del altiplano, los valles y tampoco nada
concreto para la nación", comentó Céspedes. "Yo diría
que es un nuevo proyecto de colonización hacía las tierras del
oriente. No nos debemos asustar, porque este es un tema que ya lo
venimos escuchando desde la campaña del Presidente Morales", señaló.
Sin embargo, George Prestel, presidente de Fegasacruz, admite que su
sector se encuentra preocupado por el decreto de tierras. Los
ganaderos ven inadecuada la forma en la que procede el gobierno, lo
cual está afectando de gran manera la otorgación de créditos en los
bancos.
El modelo que
busca el gobierno
El
gobierno busca un modelo del desarrollo agrícola asentado en tres
plataformas: una moderna agroindustrial saneada; otra campesina
expansiva y saneada, apoyada por el Estado y una tercera plataforma
comunitaria expansiva saneada.
"El
Estado tiene que proteger, preservar, alentar y fomentar cada una de
esos tres universos productivos, rompiendo las desigualdades o
subordinaciones que caracterizaron a los últimos 20 años. El Estado
tiene que potenciar con créditos, financiamientos, ayuda técnica e
infraestructura para que cada una de esas tres plataformas se
desarrolle por igual", explicó el Vicepresidente.
El
Poder Ejecutivo piensa redistribuir alrededor de cinco millones de
hectáreas de tierra entre los campesinos y comunidades indígenas,
pero el ex director del INRA, Roberto Torrez, asegura sólo existe 45
mil hectáreas disponibles, principalmente en el norte de La Paz,
Santa Cruz y Pando. El ex funcionario no se explica de dónde saldrán
los cuatro millones de hectáreas que comprometió el gobierno de Evo
Morales.
El
director General de Tierras Comunitarias Bienvenido Sacu y el director
de Tierras Juan Carlos Rojas explicaron que el paquete de medidas que
alista el gobierno tiene el objetivo de reformar algunos decretos del
pasado y anular otros. Sacu conoce muchos predios ociosos de engorde,
hipotecados; "conozco a los verdaderos cañeros, productores y a
los otros que acaparan tierras por ejemplo en Pando. Los brasileños
están alquilando a bolivianos para sembrar soya, hay varias personas
que están comerciando con las tierras".
El
representante de la Fundación Tierra Miguel Urioste considera que la
reversión de tierras es una medida oportuna, importante y positiva.
Según el especialista en el tema agrario, el proyecto del gobierno es
claro y preciso, puesto que trata de mejorar, superar y cualificar la
aplicación de la Ley INRA, que en sus primeros diez años de vida
demostró insuficiencia.
Urioste
identifica al artículo 51 de la Ley INRA como el obstáculo más
grande para la reversión de tierras latifundarias en el país. En ese
marco, este es el momento de dar este salto cualitativo para
profundizar la distribución de tierras en el país. "Si no se
hace ahora no se hará nunca. Hoy es el momento de impulsar la segunda
reforma agraria. Todos los bolivianos que creemos en un país con
equidad, con justicia y sostenibilidad debemos apoyar esta propuesta
del Presidente Morales, corrigiendo lo que esté mal, perfeccionando
lo que haya que perfeccionar, pero finalmente comprometiéndonos con
una segunda reforma agraria", señaló.
Según
Urioste, en Bolivia existe una estructura de pequeña propiedad de
tierras y minifundista en el occidente y una estructura de mediana
propiedad, de empresa agropecuaria y latifundio en el oriente, el
Chaco y amazonía.
Impaciencia en
las bases
Los
indígenas de la provincia Guarayos, aprovechando el reciente Decreto
de Reforma Agraria, amenazaron con tomar 14 mil hectáreas de tierra
que le pertenecen al empresario Branco Marincovic. Posteriormente
ocuparían las tierras de los menonitas y luego de los brasileños.
El
dirigente del MST de Pando Ruddy Diarte denunció el ingreso de
empresas brasileñas a territorio boliviano para talar
indiscriminadamente los bosques con complicidad con malos empresarios
bolivianos. "En Pando nos han invadido las empresa brasileras y
nos están deforestando los bosques. No estamos en contra de los
buenos empresarios, que también hay, sino contra los malos que
incluso están vendiendo nuestros territorios, nuestro departamento,
nuestra soberanía", denunció.
El
presidente del MST Angel Durán expresó su preocupación por las
declaraciones del Presidente Evo Morales, quien aseguró en Francia
que los propietarios brasileños de terrenos en Bolivia conservarán
sus tierras si las trabajan.
Representantes
del MST y de los pueblos guaraníes instalaron ayer un piquete de
huelga de hambre en plena plaza 25 de Mayo de Sucre exigiendo que el
Tribunal Agrario rechace las impugnaciones de los latifundistas que
despojan de tierras a los indígenas chaqueños, informó el dirigente
del sector Mario Rejas. El representante de los afectados, Julio Julián
Gómez, quien demandó al Tribunal Agrario Nacional no negociar las
leyes y menos dar curso a la reversión de tierras a favor de los
latifundistas cuando estos fueron donados por muchas luchas a los
trabajadores campesinos.
Este
jueves se llevará a cabo en Cobija un cabildo abierto de las
organizaciones vivas del departamento que rechazan la toma de tierras
por parte del MST. El sábado 27 de mayo se realizará una marcha de
protesta. En tanto, el Comité Cívico de Montero demandó al
Presidente analizar muy bien la ley de la segunda Reforma Agraria,
porque no permitirán que se traiga gente del interior para que ocupe
tierras que tienen dueños. Los agropecuarios convocaron a todos los
agropecuarios a defender sus tierras. El Comité Cívico de Santa Cruz
envió un mensaje a los campesinos e indígenas del oriente pidiéndoles
que esperen la reunión del próximo 24 de mayo, cuando se definirá
el futuro de las tierras improductivas.
Se
consensuará política de tierras con latifundistas
Econoticiasbolivia,
16/05/06
La
Paz.– La nueva política agraria del gobierno de Evo Morales
redistribuirá las tierras ociosas pero respetará los inmensos
latifundios que cumplan con alguna función económica o social. Esta
política será negociada y consensuada con los hacendados
latifundistas que tienen enorme peso y poder en el oriente del país,
según el anuncio oficial de las autoridades gubernamentales.
Las
negociaciones entre el gobierno indígena y la pro empresarial Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO), que aglutina a los más importantes
clanes familiares que concentran para sí las mayores extensiones de
tierra en producción y en latifundios improductivos del país,
arrancarán el próximo 24 de mayo en la ciudad de Santa Cruz, anunció
el ministro encargado del Desarrollo Rural y Agropecuario, Hugo
Salvatierra.
Las
tratativas, que se presumen complicadas y no exentas de conflicto, se
realizarán sobre la base propuesta este martes por el gobierno y que
se sustenta en dos pilares: uno, el respeto y amplias garantías para
todos los latifundios de todos los tamaños que demuestren que cumplen
alguna función económica o social y, segundo, la reversión a
dominio del Estado de las propiedades que estén ociosas.
Según
reconoció el ministro Salvatierra, la nueva política agraria
intentará reflotar la actual Ley del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA), que en los últimos 10 años estuvo signada por el
fracaso al sanear apenas 17 millones de hectáreas, un poco más de la
décima parte del territorio, a un costo de 100 millones de dólares.
"Es
evidente el fracaso de esta ley que tiene una esencia
neoliberal", dijo Salvatierra, al advertir que por ahora se
precisa realizar algunas modificaciones en la ley INRA para ejecutar
un rápido, masivo y barato proceso de redistribución de tierras, sin
llegar a una reforma agraria.
Otras
iniciativas, contempladas en el proyecto oficial denominado
"Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria", plantea
la distribución inmediata de hasta 4,5 millones de hectáreas de
tierras a comunidades indígenas y campesinas y la agilización de los
procesos de saneamiento y titulación. Estas iniciativas estarán
sujetas a un proceso de consenso con todos los sectores involucrados
en la temática tierra, proceso, que según los especialistas, dista
mucho de satisfacer las necesidades de los campesinos minifundiarios y
sin tierra.
Así,
según el Centro de Estudios para el Desarrollo laboral y agrario
(Cedla), la política gubernamental de tierras se adscribe a la Ley
INRA, que responde "a la necesidad de consolidar la orientación
agroexportadora de las políticas neoliberales, legalizando la
concentración de las tierras productivas en el Oriente del país en
manos de grandes terratenientes".
"El
proceso de saneamiento de tierras, iniciado en 1996, dio curso a la
producción masiva de soya en las mejores tierras de Santa Cruz. Si se
considera que un 40% de la producción de soya se halla bajo propiedad
de capitalistas brasileños, en los hechos la Ley INRA ha consolidado
la gran propiedad de la tierra de modo preponderante en manos de
empresarios privados extranjeros y, en segundo lugar, en manos de los
agroindustriales cruceños", agrega.
Según
el Cedla, "la adscripción del MAS a una ley que forma parte de
la normativa neoliberal –que discursivamente el partido de gobierno
plantea "desmontar"– no hace más que confirmar las
limitadas posibilidades del gobierno para dar solución a la creciente
demanda de tierras de campesinos sin tierras y campesinos
pobres".
"Esta
posición oficial no hace más que confirmar que se está frente a una
política gubernamental que dará continuidad a enfoques que
definitivamente han abandonado hasta los limitados programas de
redistribución de tierras y que transitan del modelo distributivo de
reforma agraria a la modalidad de "reforma agraria vía
mercado" (compra–venta de tierras, arrendamientos y aparcería),
con el argumento de los organismos internacionales en sentido de que
las reformas agrarias por medio de la expropiación son políticamente
muy exigentes, por lo que la intervención directa del Estado en la
distribución y redistribución de tierras no es aconsejable".
Opiniones
"Es
un error hacer la ley con los latifundistas",
dice Felipe Quispe, ex dirigente de la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
El
"Mallku" Felipe Quispe considera que el gobierno de Evo
Morales ha cometido un error porque está convocando a concertar el
plan de tierras con latifundistas y terratenientes, que históricamente
explotaron a ls campesinos.
"Justo
cuando la ley INRA cumple 10 años, las autoridades quieren hacer otra
norma de la mano de los terratenientes".
"No es una reforma agraria", opina Carlos Romero. Director de la ong CEJIS, que
ha colocado a varios de sus miembros como autoridades de gobierno
"Es
un intento de reconducción del proceso, no es una reforma agraria,
eso supone otros componentes como políticas crediticias, mercados,
gestión de recursos naturales, entre otros. Lo anunciado por el
Gobierno son un conjunto de medidas para acelerar el proceso de
saneamiento y titulación de tierras y la implementación de políticas
de asentamientos humanos. Un tema importante es el referido a la
reversión que se complementa a la Ley INRA, por abandono de trabajos
en el predio, es decir que no cumplen la función económica social,
antes sólo se podía revertir si no pagaban impuestos. El segundo
mecanismo que se fortalece es la expropiación con fines
redistributivos, a favor de sectores que no tienen tierra".
"Nos preocupan algunos temas", dice Carlos Rojas. Presidente de Anapo, la
asociación latifundista de productores de soya del Oriente.
"Nos
satisface que el Gobierno haya escuchado a los sectores productivo,
que esté abierto al diálogo y que dé a conocer primero su
propuesta. Es importante que recoja nuestras inquietudes y eso lo
vemos como positivo; sin embargo, hay aspectos generales que nos
preocupan y otros anuncios vemos que van en el camino correcto. Por
ejemplo, uno de los temas de preocupación es el de la centralización
del INRA. Me temo que esta medida solamente frenará los procesos de
saneamiento ya iniciados y la titulación de tierras. Ese decreto se
dictó para agilizar los trámites, esto puede ser un retroceso. Sin
embargo, nos satisface que acoja la propuesta del sector agropecuario
de entregar las tierras fiscales a los pequeños campesinos y a los
productores".
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