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Evo
redistribuirá tierra fiscal, sin tocar los latifundios
Econoticiasbolivia,
04/06/06
La
Paz.– Gobierno promete redistribuir entre indígenas y campesinos
2,2 millones de hectáreas, sin afectar las 25 millones de hectáreas
en manos de los 100 clanes familiares que son dueños de tierras,
vidas y haciendas en el oriente, norte y sur del país.
Sin
tocar los grandes latifundios ni la propiedad de los grandes clanes
familiares que son dueños y señores de la tierra en Bolivia, el
presidente Evo Morales anunció este sábado la redistribución de 2,2
millones de hectáreas de tierras fiscales entre las comunidades indígenas
y campesinas. No se confiscan ni se arrebatan las tierras de los
terratenientes y hay, desde el gobierno, expresas garantías para
ellos, pero igual los hacendados temen avasallamientos y cuestionan la
nueva política agraria, puesta en vigencia desde ayer con la
promulgación de siete decretos.
Uno
de ellos autoriza la distribución de tierras fiscales, de propiedad
del Estado, en favor de quienes no la tengan o la posean con
insuficiencia. Paralelamente, se entregan títulos de propiedad
agraria, por una extensión de 3,1 millones de hectáreas, a los
pueblos originarios y campesinos de Pando, Beni Santa Cruz y Tarija.
Estas
dos medidas, anunciadas por el presidente Morales, se insertan en el
plan gubernamental de tierras, denominado "Revolución
Agraria", que busca redistribuir las tierras fiscales y revertir
las propiedades agrícolas improductivas, respetando los grandes
latifundios. Por esta vía, hay el compromiso de Morales para no tocar
las grandes propiedades de casi un centenar de clanes familiares, que
concentran la tierra y el poder económico y político en el oriente
(Santa Cruz, Beni y Pando) y sur (Tarija y Chaco) del país.
Según
el más reciente informe de Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), menos de 100 familias son propietarias de 25
millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias
campesinas–casi todas indígenas– apenas si tienen acceso a este
recurso natural y trabajan en cinco millones de hectáreas.
Esto
quiere decir que las 100 familias de poderosos oligarcas, que tienen
fuertes lazos con el poder político y económico y están asentados
en todo el país y en especial en el oriente, disponen de cinco veces
más de tierras que los campesinos pobres, que subsisten a duras penas
en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la
baja productividad.
Según
el compromiso de Morales (de respetar todas las propiedades que puedan
demostrar que cumplen una función económico y/o social), gran parte
de estos extensos latifundios no serán objeto de redistribución y se
garantiza su seguridad jurídica y económica.
Pese
a ello, estos clanes familiares que se han apoderado dolosamente de
las tierras más fértiles de Bolivia, han expresado, a través de las
organizaciones que controlan y dirigen como la influyente Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO), que el anuncio gubernamental de
repartir 2,2 millones de hectáreas a campesinos e indígenas, sería
"una medida política electoral (con miras a ganar votos en las
elecciones de la Asamblea Constituyente, de principios de junio) y
unilateral que sólo afectará a los productores agropecuarios".
El
viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada,
precisó que la distribución es de 2,2 millones de hectáreas de
tierras fiscales y será aplicada de manera inmediata, ya que se tiene
varias solicitudes ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA).
En
una masiva concentración en Santa Cruz, el presidente Evo Morales
dijo el sábado que los empresarios se habrían opuesto a la
redistribución de tierras fiscales, pero que él les aclaró que ésa
es una potestad del Ejecutivo. Además hizo entrega de títulos de
propiedad –por una extensión de 3,1 millones de hectáreas– a
pueblos originarios, campesinos e indígenas de Pando, Beni, Santa
Cruz y Tarija, explicó Rada.
Los
60 títulos de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) fueron
entregados a originarios de los pueblos chiquitano y tentayapi (Santa
Cruz y Tarija), chacobos (Beni) y comunidades campesinas de Pando.
Un
segundo paso, señaló el Presidente, será la reversión de las
tierras que no cumplen un fin social. "Quiero advertirles (a los
empresarios que) la reversión de tierras ociosas, tierras
improductivas será el segundo paso que vamos a dar", sostuvo el
Jefe de Estado, aunque sin precisar fechas. Mencionó a los dueños de
un canal de televisión y les dijo que devuelvan los predios obtenidos
de manera irregular "de a buenas" o "les vamos a quitar
la tierra".
Los
decretos de la tierra
DECRETO
28733 – Dispone la dotación inmediata de tierras a favor
de indígenas, campesinos y originarios sin tierra, o con tierra
insuficiente, principalmente en el norte amazónico, como trabajadores
asalariados, zafreros, vaqueros y colonizadores.
DECRETO
28734 – Elimina la discriminación (en la dotación de
tierras) con alcance inicial en Pailón, Mineros y Charagua, en el
oriente del país.
DECRETO
28736 – Declara emergencia nacional a la conclusión del
saneamiento y amplía la participación social, así como la titulación
a favor de mujeres.
DECRETO
28738 – Deroga el decreto 28148 referido a la
desconcentración técnica del INRA.
OTROS
DECRETOS – Dominio de idioma nativo, tolerancia en la
determinación de los precios de adjudicación y derogatoria del
Decreto Supremo sobre la propiedad forestal.
Cien
clanes familiares son dueños de la tierra en Bolivia
Econoticiasbolivia,
07/09/05
La
Paz.– Dueños de vidas y haciendas, cerca de 100 poderosos clanes
familiares se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia y
han levantando gigantescos latifundios, mientras millones de
campesinos están sumidos en una virtual hambruna y en el minifundio.
El
más reciente Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), difundido hoy, establece que la
distribución de la tierra es tan desigual en el país, que menos de
100 familias son propietarias de 25 millones de hectáreas, mientras
que dos millones de familias campesinas–casi todas indígenas–
apenas si tienen acceso a este recurso natural y trabajan en cinco
millones de hectáreas.
Esto
quiere decir que las 100 familias de poderosos oligarcas, que tienen
fuertes lazos con el poder político y económico y están asentados
en todo el país y en especial en el oriente, disponen de cinco veces
más de tierras que los campesinos pobres, que subsisten a duras penas
en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la
baja productividad.
La
aguda desigualdad en el acceso a las tierras aptas para la agricultura
y ganadería explica, en parte, la cruel ironía que vive Bolivia, al
contar con un territorio extenso y extremadamente rico, dotado de
grandes riquezas naturales y una envidiable diversidad, y una mayoría
de su población extremadamente pobre.
Según
el informe de Naciones Unidas, esta aguda desigualdad, entre unos
pocos que tienen mucho y los más que casi no tienen nada, es el motor
de los constantes conflictos que vive el país y la causa principal de
su inestabilidad política y social. Los especialistas advierten, además,
que la persistencia de estas desigualdades torna inviable la
democracia y la convivencia pacífica.
La
oligarquía terrateniente
A
despecho de 50 años de reforma agraria, el agro boliviano está
partido en dos, parcelado entre los gigantescos latifundios, la mayor
parte de ellos improductivos, y cientos de miles de pequeñas
propiedades campesinas que ya no abastecen para los agricultores indígenas.
Pese a ello, la economía campesina aporta más alimentos y producción
agrícola al mercado local, que la producción de los latifundios que
prefiere la exportación de soya y los cultivos de arroz, azúcar,
algodón y la depredadora explotación de maderas preciosas.
Según
los datos recogidos por Econoticias, hay al menos 250 mil campesinos
sin tierra, que deambulan en los barrios más pobres de las ciudades y
que constantemente ocupan tierras de los latifundistas, de las que son
desalojados a bala y látigo por los mercenarios contratados por los
terratenientes y por el Ejército y la Policía, que resguardan los
mismos intereses, aunque sin costo alguno.
Y
es que los clanes familiares que se han apoderado de las tierras más
fértiles de Bolivia tienen enorme poder en las instituciones públicas
y entidades privadas. Así, han mantenido una poderosa e invariable
influencia en el Ministerio de Agricultura, en la Superintendencia
Agraria y en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, controlando la
concesión de tierras y propiedades. Estas familias también tienen
enorme peso en los partidos políticos de derecha y casi siempre han
controlado el Congreso y el Gobierno.
Sin
embargo, su mayor influencia está en las asociaciones empresariales
de agropecuarios y productores agrícolas del oriente como la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio
(CAINCO) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, desde donde controlan el
poder regional y tejen alianzas con las empresas transnacionales del
petróleo y el gas.
No
es casual, por ello, que el poder latifundista y petrolero maneje a su
antojo la región más rica de Bolivia como es Santa Cruz, y desde allí
articule un proyecto secesionista en contra de las organizaciones
sociales, laborales y populares del país que pugnan por la
nacionalización de los hidrocarburos y por una nueva y genuina
reforma agraria.
Estas
dos consignas (nacionalización y reforma agraria) ya emergieron con
fuerza en las revolucionarias jornadas de octubre del 2003 y de
mayo–junio del 2005, que culminaron con el derrocamiento de los ex
presidentes neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa,
fervorosos defensores de las petroleras y de los latifundistas.
Hambre
de tierra
Entre
campesinos e indígenas, la consigna mayor es la recuperación de las
tierras y la segunda reforma agraria, expropiando a los grandes
latifundistas. Con un 90 por ciento de la población indígena y
campesina sumida en la pobreza, la sed de tierra está generando
actualmente la ocupación de extensos latifundios improductivos, que
están en manos de empresarios, militares y adherentes a las
dictaduras de las décadas del 70 y 80, y del esquema neoliberal de
los 90.
"Esas
tierras las vamos a ocupar, si es que el gobierno no tienen la
capacidad y la voluntad política de revertir estas propiedades que no
cumplen ninguna función económica y social, y sólo sirven para
negocios y tráfico de tierras", dijo a Econoticias hace un
tiempo el líder de los campesinos sin tierra, Angel Durán.
"Estas
concesiones a propietarios grandes no son trabajadas agrícolamente (más
del 95 por ciento están sin trabajar) y se encuentran generalmente en
manos de especuladores, que guardan esas buenas tierras agrícolas
para venderlas posteriormente, cuando el Estado las beneficie con
caminos y otro tipo de infraestructura", dice convencido de que
el único camino viable para que haya paz y progreso en el campo es la
reforma agraria.
Las
autoridades de la Superintendencia Agraria y del Ministerio de
Agricultura avalan, con datos precisos, que la mayor parte de estos
neolatifundios se levantaron en base a concesiones ilegales y
prebendales de tierras.
Minifundio
empobrecedor
En
cambio, en el occidente del país, la tierra va perdiendo su
fertilidad y ya no abastece para los campesinos, que están
transitando dolorosamente del minifundio al "surcofundio".
"El
proceso de fragmentación extrema de la tierra en el altiplano y los
valles, en superficies cada vez menores, presenta problemas para la
aplicación de tecnologías más eficientes, las cuales posibilitarían
la generación de excedentes y la acumulación de capitales", señala
un informe oficial al que tuvo acceso esta agencia.
El
minifundio y la crisis productiva están condenando a la ruina a la
economía campesina del altiplano y los valles, donde predomina una
bajísima productividad, reina la pobreza y crece el descontento.
A
50 años de la reforma agraria, que intentó redistribuir
equitativamente la tierra en Bolivia, se generó un proceso de
fragmentación de la tierra tan extremo y acelerado en estas regiones
que, según un informe del Ministerio de Agricultura, surgen cada año
16 mil nuevos minifundios, lo que dificulta los procesos productivos y
los torna inviables en muy corto tiempo.
Hoy,
en promedio, cada campesino del altiplano y los valles tiene mucho
menos tierra que antes, por lo que se está dando también un
acelerado proceso de abandono de las áreas tradicionales y una fuerte
migración del campo a las ciudades y del occidente al oriente.
El
resultado de este proceso es el ensanchamiento de los cinturones de
pobreza y marginalidad en las principales ciudades y crecientes
conflictos por la posesión de tierras especialmente en el oriente,
según establecen diversos estudios.
Diferencias
abismales
En
los últimos años, esta extrema desigualdad e inequidad existente en
área rural ha potenciado las abismales diferencias de ingresos en el
área urbana y en todo el país. El Informe del PNUD establece que el
ingreso del 10 por ciento más rico de la población supera 90 veces
al ingreso del 10 por ciento más pobre.
Estas
diferencias basadas en la riqueza son el primer eslabón de un ciclo
de desigualdad que persigue a la gente durante toda su vida, apunta el
estudio. Y esto se repite de manera dramática en todas las esferas de
la vida de los bolivianos. Las mujeres de hogares pobres tienen mucho
menos probabilidad de recibir atención prenatal y en el parto por
personal médico especializado y sus hijos tienen también menos
probabilidad de sobrevivir y completar la escolaridad, y los niños
que no la completan tienen más probabilidades de percibir menores
ingresos. Así, el ciclo de privaciones se transmite de una generación
a otra, señala el documento.
Respecto
de la educación, se informa que si bien en promedio los bolivianos
tienen entre cinco años y cinco años y medio de escolaridad, existe
una diferencia de siete años de escolaridad media entre el 20 por
ciento más rico y el 20 por ciento más pobre de la población.
La
tasa de pobreza, que había disminuido a 48,7 por ciento en 1999,
aumentó a 61,2 por ciento en 2002. La cifra es más alarmante si se
considera a la población indígena: el 88 por ciento es pobre.
Las
cifras también reflejan las desigualdades entre las zonas rurales y
las urbanas. Por ejemplo, "las tasas de mortalidad son 1,9 veces
mayores entre los niños del campo que entre los que viven en la
urbe".
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