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Evo anuncia
acuerdo con Repsol
Econoticiasbolivia,
02/08/06
La
vicepresidenta española dice en La Paz que "las cosas van bien.
Si el Presidente de Bolivia dice que las cosas van bien, van bien, si
dice que habrá acuerdo (con Repsol) es porque habrá acuerdo"
La Paz.– Los
gobiernos de Bolivia y España manifestaron hoy en La Paz su confianza
sobre un inminente acuerdo para que la petrolera de Repsol siga
explotando las riquezas no renovables del país más pobre de Sudamérica,
con un nuevo contrato que se ajuste a la actual ley de hidrocarburos,
de clara orientación liberal.
Lejos de la
estridencia retórica de una "nacionalización", que sólo
es ficticia y no real, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, y la
vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega,
mostraron su confianza en que el gobierno boliviano y Repsol YPF
alcanzarán un acuerdo que garantice la permanencia de la petrolera
antes del vencimiento del plazo de negociación.
En una
conferencia de prensa conjunta, tras mantener una reunión de trabajo,
Fernández de la Vega subrayó la voluntad clara y firme de la
petrolera hispano–argentina Repsol YPF de permanecer en Bolivia y
mantener sus inversiones y celebró el anuncio de Morales sobre la
buena marcha de las negociaciones con Repsol.
"Nuestro
Gobierno no expulsará ni expropiará a nadie, las negociaciones con
Repsol avanzan a nivel técnico y habrá un acuerdo", dijo
Morales. Sobre ello, la vicepresidenta española dijo que "las
cosas van bien. Si el Presidente de Bolivia dice que las cosas van
bien, van bien, si dice que habrá acuerdo es porque habrá
acuerdo", añadió.
El pasado
primero de mayo, el gobierno del presidente Evo Morales dictó un
decreto que otorgaba 180 días para que las transnacionales petroleras
legalicen sus operaciones en Bolivia y firmen nuevos contratos en el
marco de la neoliberal Ley 3058, aprobada hace un año y combatida por
todos los sindicatos y el propio Morales.
Aunque presenta
esta acción como una "nacionalización" de los
hidrocarburos, el nuevo decreto reabre y formaliza, en lo esencial, la
posibilidad para que todas las petroleras que operan ilegalmente en
Bolivia, ––según estableció en su momento un dictamen del
Tribunal Constitucional––, puedan adecuarse a la Ley 3058,
aprobada el 17 de mayo de 2005 por el Congreso dominado por las
fuerzas neoliberales. La aprobación de esta ley ocasionó hace un año
un levantamiento popular que derivó en la caída del expresidente
neoliberal Carlos Mesa, sustituto de Gonzalo Sánchez de Lozada.
De uno u otro
modo, aunque a regañadientes, todas las petroleras extranjeras como
Repsol, Petrobras, British Petroleum, Vintage, Total, Enron, Shell,
Panamerican y otras, ya anunciaron hace meses su disposición a
adecuarse a la Ley 3058, que nominalmente les obliga a cancelar más
impuestos y regalías, hasta en un 50%, aunque en términos reales,
según estudios especializados independientes, no superaría el 35%.
Los términos
de los nuevos contratos son negociados actualmente por altos
funcionarios del gobierno de Morales, algunos de ellos, como es el
caso del presidente de la petrolera estatal de YPFB, acusados de
corrupción.
Seguridad jurídica
En la
conferencia de prensa, Evo Morales afirmó que se dará seguridad jurídica
a todas las empresas. Fernández de la Vega, por su parte, transmitió
a Morales la incertidumbre que sienten los empresarios españoles
establecidos en Bolivia y propuso que el gobierno boliviano designe un
interlocutor único para resolver las dudas que puedan surgir,
propuesta que fue aceptada por el mandatario. Esta fue una de las
principales peticiones que le plantearon a Fernández de la Vega los
representantes de las principales empresas establecidas en Bolivia.
Según explicó la vicepresidenta española, todas las empresas
comprenden, conocen, comparten y respetan el proceso de cambios que
está experimentando el país, y han tomado la decisión de
permanecer, invertir y contribuir al desarrollo del país.
"Esto va a
permitir que las incertidumbres que se crean, ajenas a las partes, se
reconduzcan y dará más seguridad y permitirá crear más confianza y
mejor relación respecto a la inversión", declaró la autoridad
española.
"El pueblo
boliviano sabe exactamente que para salir de esta crisis económica el
país necesita inversiones. Yo estoy convencido de que el Asamblea
Constituyente va ratificar esta posición del Gobierno de garantizar
la inversión extranjera", sostuvo el presidente boliviano.
En horas de la
mañana, Morales y Fernández firmaron la IX Acta de la Comisión
Mixta de Cooperación. La misma establece la canalización de la
cooperación española a temas relacionados con la lucha contra la
pobreza, defensa de los derechos humanos, equidad de género,
sostenibilidad ambiental y respeto a la diversidad cultural.
Según
información del gobierno de España, entre los años 2003 y 2006, ese
país otorgó a Bolivia 200 millones de euros con el objetivo de
lograr mejores condiciones de vida para la población boliviana y
consolidar el proceso democrático en el país.
Gobierno español
presiona en defensa de sus empresas
Europa Press de
España, 01/08/06
Especial para Econoticiasbolivia
Madrid.– La
vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la presidencia, María
Teresa Fernández de la Vega, se entrevistará este miércoles en La
Paz con el presidente boliviano, Evo Morales, al que transmitirá el
deseo del Ejecutivo español de que el proceso de nacionalización de
hidrocarburos iniciado por el país andino se cierre con un acuerdo y
una solución que respete los intereses de las empresas españolas y
sea beneficioso para el Gobierno boliviano. Durante su visita, la
vicepresidenta que mantendrá un encuentro con los empresarios españoles
en el país previo a la entrevista con Morales, asistirá también a
la firma del acta de la Comisión Mixta de Cooperación.
Bolivia será
el segundo país que la vicepresidenta visita dentro de la gira por
cuatro países iberoamericanos y que dio comienzo el sábado en
Cartagena de Indias (Colombia). Aunque la negociación con el Estado
boliviano lo realizan las empresas españolas, De la Vega intentará
ayudar a que la solución final no sea perjudicial para sus intereses,
especialmente Repsol, afectada de lleno por el Decreto de
Nacionalización de los Hidrocarburos del 1 de mayo.
El Gobierno
español está en contacto con los directivos de Repsol para conocer
la marcha de las negociaciones, que según le ha trasladado Antonio
Brufau, presidente de esta compañía, a la vicepresidenta primera, no
van mal pero son muy lentas y complejas. Según De la Vega, a pesar de
estos incidentes, las relaciones entre España y Bolivia no son malas,
más allá de que en algún momento se hayan generado algunas polémicas
como en el caso de los hidrocarburos.
Acuerdo de
cooperación
Tras la
entrevista con Evo Morales la vicepresidenta tiene previsto asistir a
la firma del acta de la Comisión Mixta de Cooperación, documento que
recoge las prioridades de la cooperación española para el periodo
2006–2008 en ese país. Con la rúbrica del texto se dan también
por superadas las tensiones que se produjeron el pasado mes de mayo
cuando Morales anunció las nacionalizaciones.
El pasado 10 de
junio el Gobierno de Zapatero decidió paralizar las conversaciones
que venía manteniendo con el Ejecutivo boliviano para cerrar un nuevo
acuerdo de cooperación, a la espera de que terminaran en octubre las
negociaciones entre La Paz y las empresas extranjeras incluida la
hispano–argentina Repsol YPF.
El presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había anunciado el 4 de
enero al entonces presidente electo Evo Morales, su compromiso político
de condonar una parte sustancial de los 100 millones de euros de deuda
externa que tiene Bolivia con España e incrementar este año a más
de 60 millones de euros la ayuda oficial al desarrollo destinada a
este país andino.
Por su parte,
el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos, aseguró meses después que los gobiernos de España y
Bolivia negociaban desde mediados de marzo un acuerdo bilateral de
cooperación que desembocaría en la firma de un memorandum de
entendimiento entre ambos países, acuerdo que se aprobará ahora
durante la visita de la vicepresidenta.
La paralización
de las negociaciones se conoció poco después de que Morales
decretara la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo
ofreciendo a las empresas extranjeras presentes en el país andino un
plazo de 180 días para negociar las nuevas condiciones de su
presencia en Bolivia. Dentro de ese plazo La Paz anunció también una
auditoría a dichas compañías durante un máximo de tres meses. Sin
embargo, el inicio de las citadas auditorías, que según La Paz
servirá para destapar 'las cajas negras' de las empresas, se atrasó
hasta el pasado 18 de julio cuando Morales puso en marcha el proceso
para determinar cuanto invirtieron los costes de producción y cuanto
reciben de rentabilidad con el objetivo declarado de dar mayor
transparencia a las inversiones extranjeras.
El saqueo español
de Bolivia
Por Alberto
Montero Soler (*)
Especial para
Econoticiasbolivia, julio 2006
Como en los
tiempos de la colonia, las transnacionales españolas ganan millones
al explotar las riquezas de un pueblo al que sumen en la pobreza y el
hambre
Julio 2006.–
La llegada de las empresas transnacionales españolas a Bolivia a
partir de la década de los noventa se orientó, esencialmente, hacia
los sectores estratégicos de su economía y la compra, total o
parcial, de las empresas públicas que operaban en los mismos. Unos
sectores en los que la capacidad instalada era suficiente como para no
requerir de unos excesivos niveles de inversión de cara a la
continuidad de la provisión del bien o servicio público en cuestión
y que, al eliminarse la regulación sobre los precios públicos, ofrecían
perspectivas de obtención de una elevada rentabilidad.
Pero, además,
esa inversión también se orientó hacia otro tipo de sector estratégico:
el de la producción/extracción de las abundantes materias primas que
posee Bolivia, especialmente hidrocarburos.
En este sector
concreto, las elevadas tasas de rentabilidad dependían de una demanda
internacional en continua expansión y con expectativas de precios al
alza; de una reducida fiscalidad, excesivamente generosa en su intento
por atraer inversión exterior; y de su posición estratégica en el
centro del continente y, consiguientemente, de la facilidad para la
exportación, sobre todo de energía, tanto hacia los miembros del
MERCOSUR como de la Comunidad Andina de Naciones.
En este artículo
se hará un breve repaso de cuáles son los intereses de las empresas
transnacionales de capital mayoritariamente español en Bolivia y de
algunas de sus oprobiosas actuaciones que, sin lugar a duda, han
repercutido negativamente sobre el bienestar del pueblo boliviano.
Los apagones
del sector eléctrico
Una de las
primeras transnacionales españolas en llegar a Bolivia fue Unión
Fenosa ACEX con su entrada en el sector del transporte eléctrico de
alta tensión al comprar, junto a una empresa estadounidense, la
empresa pública Transportadora de Electricidad (TDE) en 1997 por 39,9
millones de dólares a pesar de que TDE tenía entonces en el país
activos fijos por valor de 124 millones de dólares.
De esa forma, y
gracias a las presiones de las empresas privadas que entraron en los
sectores de generación y distribución de electricidad, Unión Fenosa
pudo adquirir el 69% del capital de TDE, mientras que el Banco Central
Hispano compró otro 10%. Varios años después, en 2002, la
participación de Unión Fenosa se había revalorizado a tal nivel que
pudo venderla a otra transnacional española, Red Eléctrica
Internacional, filial del Grupo Red Eléctrica de España, por 90
millones de euros, lo que la convierte en su principal accionista.
Lo sorprendente
es que esa revalorización no se justificaba en ningún caso por el
nivel de inversión realizado, con sólo 11 millones de dólares
invertidos en todo el sector de transporte eléctrico hasta el año
2003. De hecho, es esa falta de inversión la razón que subyace tras
los graves apagones que, en julio de 2003, dejaron sin electricidad a
La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí y que, a pesar de
que TDE lo calificó como una "simple falla", pudo ser
demostrada su responsabilidad y se le impuso una multa de 360.000 dólares.
Una sanción que, en cualquier caso, no provocó los efectos deseados
en términos de solución de los problemas por parte de la empresa
porque los apagones volvieron a sucederse en esas mismas ciudades en
septiembre de 2005.
Por otro lado,
las transnacionales españolas también intervienen en el sector de
distribución eléctrica al por menor con la presencia mayoritaria del
Grupo Iberdrola en dos importantes empresas distribuidoras como son
Electropaz –que suministra electricidad a La Paz– y Elfeo –lo
hace a Oruro. Ambas compañías, cuyas participaciones fueron
adquiridas por un monto de poco más de 65 millones de dólares a
finales de 1995, surten actualmente de energía eléctrica, según
consta en la memoria del grupo empresarial, a más de 400.000
bolivianos, lo que supone un 37% de la energía distribuida en el país
y su facturación en 2005 fue de 65 millones de euros.
Lo que no
consta en esa memoria es que la empresa Electropaz tuvo que devolver
en 2005 más de 22,5 millones de bolivianos a diferentes municipios de
la zona de La Paz por los importes cobrados en exceso en el consumo de
electricidad para alumbrado público.
Y es que el
dominio de estas y otras empresas transnacionales sobre el sector eléctrico
en sus ramas de generación, transporte y distribución buscando la máxima
rentabilidad obvia la consideración del acceso a la electricidad como
un derecho esencial de todos los bolivianos. Y, así, se da la triste
paradoja de que a pesar de que Bolivia cuenta con una capacidad de
generación eléctrica de 1.371 millones de watts anuales, casi el
doble de un pobre consumo máximo nacional que no supera los 750
millones, sin embargo, el país cuenta con el índice más bajo de
Sudamérica de instalación eléctrica en los hogares: la cobertura
nacional no llegaba en 2003 al 65% de la población, reduciéndose
dramáticamente hasta un 28,3% en las áreas rurales.
Y todo ello en
un contexto marcado por unas tarifas que, tras la privatización,
fueron indexadas al dólar; en donde la mayor parte de los ingresos de
las empresas posee una cláusula de mantenimiento del valor; y en
donde se descartan proyectos de electrificación que no son rentables,
a pesar de la existencia de demanda social al respecto.
Aeropuertos:
cuando sólo interesa lo rentable
La intensidad
del proceso privatizador llevó también a otorgar en concesión
diferentes empresas de servicios que, por su naturaleza, no podían
ser transferidas al sector privado por la vía de la capitalización.
De esa forma,
buscando la presunta mayor eficiencia que la gestión privada pudiera
aportar a la prestación de determinados servicios, en 1996 se
otorgaron concesiones por 25 años para la administración de los
servicios en tierra de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz a la empresa estadounidense "Airport Group
International" que, a su vez, creó un año más tarde SABSA
(Servicios de Aeropuertos Bolivianos). Ambas empresas entraron a
formar parte del Grupo TBI que, a su vez, gestiona ACDL cuyo capital
es propiedad de dos transnacionales españolas, Abertis y AENA
Internacional con el 90% y el 10% de dicho capital, respectivamente.
En este caso el
problema radica en que el capital privado sólo pujó por la prestación
de servicios en aquellos aeropuertos que ofrecían una cierta
rentabilidad –los tres mencionados– dejando la gestión de los
otros casi 50 aeropuertos medianos y pequeños del país a AASANA
(Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación
Aérea).
Esta situación
tiene visos de revertirse porque el gobierno boliviano ha anunciado la
revisión de esas concesiones y su voluntad de recuperar su gestión
en aras a la integración de toda la estructura aeroportuaria en sus
diferentes niveles si, tras una auditoría, las empresas
concesionarias no realizaron las inversiones a las que en su momento
se comprometieron.
El negocio de
la educación
El grupo PRISA
también tiene intereses en Bolivia en dos sectores de crucial
importancia como son el educativo, a través del Grupo Editorial
Santillana, y el de los medios de comunicación. En este segundo ámbito,
PRISA es el principal accionista de la mayor cadena televisiva de
Bolivia, ATB, y edita tres diarios: "La Razón", en La Paz;
"El Nuevo Día", en Santa Cruz; y "Extra".
El acceso de
Santillana a su posición dominante en el sector de los libros de
texto en Bolivia, tras ganar frente a otras editoriales nacionales,
varias de las licitaciones internacionales realizadas en el marco del
proceso de Reforma Educativa iniciado en Bolivia en 1994 no ha estado
plagado de importantes claroscuros.
Y es que tres
de esos procesos de licitación fueron adjudicados al grupo Santillana
entre 1997 y 2000, durante el mandato del ministro de Educación, Tito
Hoz de Vila.
Hasta aquí
nada que cuestionar si no fuera porque, curiosamente, la hija de dicho
ex–ministro, María Cristina Hoz de Vila, junto con la hija del
ministro boliviano bajo cuyo mandato comenzó el proceso de reforma
educativa, Enrique Ipiña Melgar, disfrutaron de una pasantía de un año
para realizar prácticas en la sede del grupo Santillana en Madrid.
Siendo, también curiosamente y según declaraba el propio Hoz de
Vila, las dos únicas pasantes aceptadas en su momento en dicha
empresa. Al finalizar la pasantía, la hija de éste fue contratada
por Santillana y sigue desempeñando su trabajo en el departamento de
Recursos Humanos de dicha empresa.
Junto a estas
singulares coincidencias, existe otra vía por la que Santillana podría
ver incrementada su presencia en Bolivia en un futuro próximo. Así,no
deja de ser también curioso que en la primera visita a España de Evo
Morales como Presidente electo, el presidente del gobierno español,
Rodríguez Zapatero, le ofreciera canjear la deuda que España
mantiene con Bolivia por un monto equivalente en proyectos de inversión
en educación en aquel país; canje que se vehiculizaría a través de
los denominados "créditos FAD" [1].
En este
sentido, hay que advertir, ante todo, que estos créditos no dejan de
seguir siendo un empréstito y, por lo tanto, deben ser reembolsados,
es decir, no implican, en ningún caso, la condonación o perdón de
la deuda. Pero, además, esos créditos constituyen un mecanismo
indirecto de expansión comercial de las empresas españolas en los países
beneficiarios dado que su concesión está indisolublemente vinculada
a que el país beneficiario gaste su importe en la adquisición de
material educativo ofertado por las empresas del país acreedor [2].
A partir de aquí,
las conclusiones –a las que, por otra parte, no es muy difícil
llegar– puede extraerlas cada cual de lo leído hasta el momento;
sobre todo si se tiene en cuenta que en Bolivia hay tantas necesidades
cuyo alivio también podía haber entrado en la oferta del presidente
Zapatero. Y, además, cabe también la amplia posibilidad de que esas
las conclusiones no se distancien demasiado de lo que ocurra
finalmente si se recuerda el precedente que supuso la empresa
Eductrade, del grupo PRISA y dedicada al campo del equipamiento de
material educativo, en tiempos de los gobiernos de Felipe Gónzalez,
cuando recibió miles de millones de pesetas en créditos FAD [3].
Ni al agua
tienen derecho
La conversión
del agua en un bien económico susceptible de apropiación privada y
mercantilización pero, además, de decisiva influencia en la geopolítica
del futuro han acrecentado el interés de las grandes corporaciones
por acceder cuanto antes al control de los recursos hídricos de
Bolivia. Ese interés obedece a que, por ejemplo, en 2001 la industria
que proporciona servicios de agua alcanzó unos beneficios cercanos al
billón de dólares, sensiblemente superiores a los de la industria
farmacéutica y casi el 40% de los que se obtienen de la industria del
petróleo y que, por su parte, Bolivia es el quinto del mundo en
volumen de reservas de agua declaradas y protegidas, con importantísimos
potenciales si se tienen en cuenta sus aguas subterráneas.
Así, a
instancias del Banco Mundial y bajo su consideración de que la forma
de aumentar la disponibilidad de agua es tratándola como un recurso más
y no como un bien común cuyo acceso en las mejores condiciones
posibles es un derecho humano esencial, se procedió a entregar la
concesión para la distribución del agua potable de la ciudad de
Cochabamba durante 40 años a la firma Aguas del Tunari en régimen de
monopolio. El capital de esta empresa correspondía en un 80% a la
empresa Bechtel y en algo menos del 20% a una empresa española del
sector, Abengoa.
Las
consecuencias sobre las tarifas fueron inmediatas: se incrementaron en
algunos casos en un 200%; se ajustaron a la evolución del dólar y se
transfirió hacia los usuarios los gastos de instalación de las
conexiones[4]. Ese aumento golpeó duramente las economías domésticas
de la zona que vieron como su factura de agua llegaba a suponer en
torno al 22% de los menos de 100$ al mes que cobra un trabajador medio
y provocó una revuelta popular, la denominada "guerra del
agua", que acabó con la rescisión de la concesión a Aguas del
Tunari tras varios meses de lucha y un joven de 17 años muerto por un
disparo de bala.
Al producirse
la rescisión del contrato, Aguas del Tunari demandó al Estado una
indemnización de 50 millones de dólares, que posteriormente redujo a
la mitad y, ante la negativa del gobierno boliviano a satisfacerla, lo
ha demandado ante los tribunales de arbitraje del Banco Mundial.
De esta forma
ahora se produce la paradoja de que resulta que la institución que
promovió la privatización del servicio, el Banco Mundial, es la que
debe resolver el conflicto entre la empresa y el Estado.
Y también
resulta muy revelador saber que la empresa en cuestión ha podido
acudir a esa instancia de arbitraje internacional porque cambió su
domicilio fiscal inicial en las Islas Caimán, esto es, uno de los
principales paraísos fiscales del Caribe a Holanda. Este país sí
tiene un acuerdo bilateral de protección de inversiones con Bolivia
y, por lo tanto, permitía que la empresa pudiera acogerse al tribunal
de arbitrajes del Banco Mundial tal y como efectivamente ha hecho.
La otra empresa
con capital español también presente en el sector hidrológico en
Bolivia es Aguas de Barcelona (Agbar). Esta empresa es propiedad del
grupo francés Suez, que controla el 51% del capital de Agbar, y del
grupo financiero catalán La Caixa.
El grupo Suez
es la transnacional del agua dominante en América Latina en donde
controla cientos de empresas relacionadas con la gestión del agua. En
Bolivia, participan con una filial, Aguas de Illimani, a quien se le
otorgó en 1997 la concesión de los servicios de agua potable y
alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto.
Desde ese
momento, los vecinos han denunciado el constante deterioro de la
calidad del servicio, la continua elevación de las facturas, la
desidia en el mantenimiento de las instalaciones, el aumento de los
costes de conexión y, sobre todo, el incumplimiento de sus
compromisos de ampliación del servicio a los hogares pobres de El
Alto como parte de la política pública estatal en materia de agua.
Ante este último
incumplimiento, la argumentación que ofrecía la empresa era que esos
consumidores no eran clientes rentables porque consumían muy poco
dado que "acostumbrados a la vida campesina andina, eran
extremadamente cuidadosos con el agua, sin desperdiciar nunca una gota
y, así siguieron después de que se instalaron las llaves de agua en
sus casas. Era bueno para conservar el recurso, pero malo para el
saldo de Suez, y la compañía se sintió decepcionada por los
rendimientos de la inversión" [5].
Todo ello generó
que la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) iniciara
una serie de protestas sociales a partir de 2004 solicitando la revisión
del contrato y, posteriormente, su expulsión. Las movilizaciones de
enero de 2005, motivaron que el presidente boliviano, Carlos Mesa,
acabara firmando un decreto de suspensión negociada del contrato. Sin
embargo, las presiones de organizaciones internacionales –entre las
que destacó las que realizó la agencia de cooperación técnica
alemana GTZ– para que el agua fuera gestionada, en el peor de los
casos, por una empresa mixta provocaron que Mesa incumpliera su
compromiso. La resultante, junto a la defensa de Mesa del papel de las
transnacionales del sector de hidrocarburos, fueron nuevas
movilizaciones que determinaron la renuncia de Mesa. Su sucesor,
Eduardo Rodríguez, solicitó una auditoría integral de la compañía
que abarcara tanto el nivel de inversiones realizadas como la calidad
del servicio que aún no ha concluido.
Con la llegada
a la presidencia de Evo Morales, la situación parece haber dado un
giro radical; síntoma inequívoco de que, hasta ese momento, la
resolución del problema dependía de una voluntad política que había
sido secuestrada por las empresas transnacionales del sector.
Y, así,
Bolivia ha iniciado el proceso para retirar sus compromisos de
servicios en materia de agua de los acuerdos de la Organización
Mundial de Comercio y ha exigido la retirada de todos los servicios de
agua de dichos acuerdos. Pero, además, se ha iniciado el proceso para
que Aguas de Illimani deje de administrar el servicio de agua potable
en La Paz y El Alto y sea sustituida por una empresa pública en donde
Estado y organizaciones sociales participen en la definición de las
políticas del sector, la toma de decisiones y la fiscalización de la
actividad.
La gestión
privada de las pensiones
En cuanto al
sistema financiero, en Bolivia está presente en estos momentos el
grupo BBVA y, hasta hace unos meses, el BSCH. Este último vendió a
finales de 2005 su participación en el Banco de Santa Cruz, uno de
los mayores grupos financieros bolivianos y ha dejado de tener
intereses en el país.
Por su parte,
el grupo BBVA ha centrado su actividad en la gestión de los fondos de
pensiones privados creados tras el proceso de desmantelamiento del
sistema público de reparto que, tras varias reformas parciales, fue
transformado con la Ley de Pensiones de noviembre de 1996 en un
sistema de capitalización individual con administración privada.
En la
actualidad, el grupo Previsión BBVA gestiona las pensiones de más
del 54% de los afiliados al sistema de pensiones y, hasta hace apenas
unos días, también gestionaba el Fondo de Capitalización Colectiva
que es un fondo integrado por el 50% de las acciones de las empresas
capitalizadas. Esas acciones se distribuyeron entre la población
boliviana con mayoría de edad (21 años) a diciembre de 1995 y sus
dividendos permite el pago de un beneficio social denominado Bono
Solidaridad (BONOSOL) a todos los bolivianos beneficiarios una vez
cumplieran los 65 años de edad. Lo cual no deja de ser una triste y
cruel paradoja si se tiene en cuenta que, durante la primera mitad de
la década de los noventa, la esperanza de vida al nacer de los
bolivianos era de 58 y 53 años para mujeres y hombres,
respectivamente [6].
En estos
momentos, el gobierno de Evo Morales ha recuperado para el Estado
boliviano la gestión de esas acciones.
El sangrante
expolio del gas
En cualquier
caso, la ominosa presencia de las transnacionales españolas en
Bolivia tiene un nombre propio vinculado al sector de los
hidrocarburos: Repsol–YPF[7].
La
transnacional tiene presencia en el país desde 1995, cuando firmó un
contrato de riesgo compartido con YPFB para la explotación del Bloque
Securé. Le siguió la asociación con Pérez Companc, Petrobras y
Pluspetrol –asociaciones, con estas dos últimas, que sigue
manteniendo– para la explotación de nuevos bloques gasíferos.
Posteriormente, con la adquisición de YPF a principios de 1999, también
pasaba a poseer el 100% de Maxus Bolivia Inc.
Pero, la joya
de la corona de Repsol–YPF en Bolivia es la compañía ANDINA S.A.
Esta compañía fue creada con la capitalización de una de las dos
unidades de producción de YPFB y adquirida inicialmente por tres
empresas argentinas: YPF, Pluspetrol y Pérez Companc. En 2001, y tras
la absorción de YPF, Repsol adquiriría sus participaciones a las
otras dos compañías y pasaría a controlar el 50% del capital y su
consejo de administración.
ANDINA es la
empresa más importante de exploración y producción de hidrocarburos
en Bolivia, alcanzando un 32% de la producción de petróleo y un 43%
de la de gas natural del país, mayoritariamente exportado a Brasil.
Sus reservas probadas de gas natural, a 31 de diciembre de 2005, son
de 665,7 millones de barriles equivalentes de petróleo, explota un
total de 22 bloques petroleros que abarcan un total de 4.973.511 hectáreas.
Pero, además,
Repsol–YPF también está presente en el sector de la comercialización
del gas licuado en el mercado interno a través de la empresa
Repsol–YPF Gas de Bolivia SA, de la que controla el 51% de su
capital. Esa empresa produce el 45% de la producción total de Gas
Licuado de Petróleo (GLP) del país, con la que abastece el 40% del
mercado doméstico de GLP envasado y el 60% de GLP a granel.
De lo anterior,
cabe deducir intuitivamente que la presencia de Repsol–YPF en
Bolivia es muy elevada, no sólo por su implantación en sectores
claves para su economía y el bienestar de su pueblo –el de la
producción de hidrocarburos, por un lado, y el de la comercialización
de una de sus principales fuentes de energía doméstica, por otro–
sino también por la magnitud de los recursos que controla.
Desde esa
posición de predominio, Repsol–YPF podría haber optado por una
estrategia de explotación de los recursos que hubiera repercutido
directamente sobre el desarrollo del país y el bienestar de su
población, legal y legítima propietaria de los recursos que
constituyen la fuente del negocio de dicha compañía. Sin embargo, la
realidad ha sido muy distinta y, avalada por el hecho incontestable de
que el valor de capitalización bursátil de la compañía es
equivalente al doble del PIB boliviano –lo que, a su entender, es ya
de por sí un factor capaz de legitimar cualquier actuación– y de
que los anteriores gobiernos de Bolivia han favorecido la explotación
irrestricta de los recursos aún a costa de la destrucción del medio
ambiente y en menoscabo de los modos de vida y de la propia
supervivencia de los pueblos originarios, la compañía emprendió,
desde su aparición en el país, una estrategia expoliadora que en
nada desmerece la de nuestros insignes conquistadores del siglo XVI o
la de sus herederos.
Las tropelías,
desmanes y abusos de Repsol–YPF han afectado a diferentes ámbitos
de la realidad física y social boliviana y se encuentran ampliamente
documentadas en numerosos informes y publicaciones.
Sin ánimo de
ser exhaustivos, dado lo limitado del espacio, pero con clara intención
ejemplificadora, se exponen a continuación a algunas de las denuncias
y consecuencias de las actuaciones de esta compañía en Bolivia.
Así,
aprovechando que los estándares sociales y medioambientales
bolivianos se encuentran por debajo de los reconocidos
internacionalmente –producto, por otra parte, de la presión a la
que se han visto sometidos sus gobiernos por las mismas
transnacionales cuya actividad debía ser objeto de regulación–,
Repsol–YPF ha podido explotar bloques gasíferos en territorios indígenas
(las denominadas Tierras Comunitarias de Origen en 17 de las cuales
posee explotaciones) y en espacios que, necesariamente, deberían
encontrarse protegidos por su inestimable riqueza ecológica [8].
La actividad
que Repsol–YPF tiene en esos territorios atenta contra los derechos
humanos y colectivos de los pueblos originarios que han habitado
milenariamente esas zonas y está causando un impacto cultural
devastador, imponiendo su lógica cultural y afectando a las
tradiciones ancestrales de esos pueblos. Un comportamiento que puede
calificarse casi de etnocidio. Pero, además, vulnera la legislación
boliviana sobre cuál debe ser su comportamiento en tales territorios;
no respeta su obligación de consulta a dichos pueblos sobre las
tareas de exploración y explotación que realiza en ellos (protegida
por Convenios de la Organización Internacional del Trabajo); e
incumple la obligatoriedad de realizar análisis de impacto
medioambiental y, cuando los efectúa, desatiende los compromisos
adquiridos en los mismos, siendo múltiples las denuncias de
contaminación de ríos, bosques y cultivos o la tala masiva de árboles
[9].
Todo ello se
combina con un desprecio similar hacia las instituciones públicas
bolivianas si bien muchas de sus actuaciones han pasado a ser objeto
de investigación judicial.
Así,
Repsol–YPF enfrenta acusaciones por falsedad contable y fraude tras
registrar en la Bolsa de Nueva York como propias el total de las
reservas de gas que explota en el país –esto es, casi el 30% de las
reservas totales de gas boliviano– sin que mediara ningún contrato
de venta del gas o existiera un mercado asegurado para el mismo. Una
decisión que tomó aun sabiendo que el art. 139 de la Constitución
Boliviana atribuye taxativamente la propiedad de los yacimientos de
hidrocarburos al Estado y que la legislación boliviana sólo permite
la inscripción como propia de las reservas cuando media un contrato
de venta del gas o existe ya un mercado asegurado. Esa denuncia provocó
que la empresa tuviera que reajustar sus reservas mundiales en más de
un 25%, de las cuales un 52% del ajuste correspondía a las reservas
declaradas en Bolivia, con el consiguiente reajuste en su cotización
bursátil (cercana al 8%).
Pero, además,
que un grupo de accionistas que compraron sus acciones entre el 28 de
julio de 2005 y el 27 de enero de 2006, cuando presuntamente
realizaron esa inscripción, presentara una demanda en Nueva York
contra la compañía por ocultar información adversa sobre sus
actividades en Bolivia.
A ello se le
suma el que la Aduana Nacional de Bolivia también demandara a la
emprea por un presunto delito de contrabando de más de 230 mil
barriles crudo cuyo valor superaría los 9 millones de dólares hacia
Chile y Argentina[10]. De hecho, el presidente de la compañía,
Antoni Brufau, llegó incluso a reconocer que se habían cometido
algunos "errores" en la exportación de esos barriles. Un
bonito eufemismo para ocultar lo que siempre se ha denominado como
contrabando.
Pero no todo ha
sido moverse en el delicado ámbito de la presunta ilegalidad,
Repsol–YPF también ha utilizado todos los mecanismos que le confería
la debilidad del Estado boliviano en el marco de globalización de las
operaciones transnacionales para realizar determinadas actividades más
que reprobables.
Y, así, no
deja de sorprender que en abril de 2004, el gobierno de Carlos Mesa
firmara un convenio de aumento del volumen de exportación de gas
hacia Argentina a un precio "solidario" (0,98$/Millones de
pies cuadrados) porque, presuntamente, el país vecino sufría de
desabastecimiento. Un débil argumento para reclamar una reducción
del precio si se tiene en cuenta que Argentina es la tercera reserva
gasífera de la región y posee un volumen de producción efectiva
superior al de Bolivia.
Ese acuerdo
que, en principio, revestía la forma de una transacción entre
Estados encubría una vía para que las filiales de Repsol–YPF y
Petrobras en Bolivia pudieran transferir a muy bajo costo un mayor
volumen de sus reservas de gas boliviano a un precio muy reducido a
sus filiales en Argentina. Allí, el destino del gas era doble. Por un
lado, un mercado nacional mucho más grande y con mayor capacidad
adquisitiva; de tal suerte, el gas que se transfería a 0,98$/Mpc se
vendía al consumidor argentino a 7,55$/Mpc. Y, por otro lado, impedir
que se interrumpieran las exportaciones de gas hacia el mercado
chileno, altamente dependiente de dicho recurso energético.
La resultante
era, como no es difícil deducir, un negocio altamente lucrativo para
las transnacionales que expoliaban a precios irrisorios el gas
boliviano para venderlo a terceros países a precios internacionales.
Y, por otro lado, una reducción del valor de las exportaciones con lo
que Bolivia, no sólo dejaba de ingresar por el menor precio de venta,
sino también por el menor volumen de la recaudación impositiva
fijada sobre dicho valor.
Pero, además,
también constituye una absoluta aberración que el gas que se
comercializa a nivel interno se cotice según los estándares
internacionales y deba ser pagado a los mismos precios que si en el país
no hubiera un solo yacimiento de hidrocarburos.
En este caso,
las consecuencias nuevamente recaen sobre el fisco boliviano que tiene
que subvencionar un precio más bajo para los consumidores permitiendo
que las empresas petroleras disminuyan sus pagos a las arcas públicas
y, por lo tanto, desviando esos fondos de otros usos alternativos que
podrían contribuir en mayor medida a paliar la situación de miseria
en la que vive la mayor parte de la población.
Y todo ello en
un país donde las empresas petroleras tienen los costes de producción
más bajos del mundo; no tuvieron que pagar por las empresas que
adquirieron sino que bastó, simplemente, con unos compromisos de
inversión que en numerosos casos no han satisfecho; venían pagando
impuestos casi simbólicos, los más bajos de todo el continente; y
venden su producción en los mercados interno e internacionales a los
precios de este último.
En definitiva,
un negocio redondo para Repsol–YPF en Bolivia sobre el que hay pocas
cifras, gracias a la ímproba tarea de la compañía por ocultar sus
estados financieros, pero sobre el que sus directivos, cuando se reúnen
con sus colegas de gremio, no pueden dejar de pavonearse [11].
En cualquier
caso, parece que ahora, por fin, las cosas están cambiando en Bolivia
gracias a la decidida estrategia de nacionalización de los
hidrocarburos emprendida por el nuevo gobierno y cuyos detalles
escapan a la intención de este artículo.
Conclusión
A modo de sintética
conclusión general y tras esta revisión de cuál ha sido el
comportamiento de las empresas transnacionales de capital
mayoritariamente español en Bolivia, no es de extrañar que desde
aquel país se siga reivindicando el resarcimiento por los siglos de
colonización que vivió bajo el yugo del imperio español.
Para ellos,
durante los últimos años, sólo han cambiado los actores –ahora más
difusos en cuanto a nacionalidad, pero fácilmente identificables y
asimilables en cuanto a rapacidad–, porque las dinámicas siguen
siendo las mismas y los resultados, la miseria más atroz para la
mayor parte de la población, casi idénticos.
Notas:
(*)
Alberto Montero
Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la
Universidad de Málaga.
[1] Una
propuesta sobre la que, por otra parte, viene insistiendo el actual
gobierno español en cuantas oportunidades se le presentan. De hecho,
ha alcanzado acuerdos al respecto con Argentina, por valor de 60
millones de euros, y Brasil.
[2] De hecho,
España es el país de la OCDE que mayor porcentaje de su ayuda al
desarrollo vincula, a través de estos créditos, a los intereses
comerciales de sus empresas.
[3] Fue
singularmente llamativa la operación que concedió a Eductrade tres
contratos por importe de cerca de 2.000 millones de pesetas en el
marco de un proyecto de cooperación con el ministerio de Educación
chileno para la venta de materiales educativos. La prensa chilena
reveló, años más tarde, que el material escolar adquirido a
Eductrasa con cargo a créditos FAD había sido adquirido un 70% de lo
que hubiera costado a precios de mercado.
[4] Hall y
Lobina (2002)
[5] Hall y
Lobina (2002).
[6] Un análisis
más detallado en Montero (2006).
[7] Para un análisis
exhaustivo de la actividad de REPSOL–YPF en Bolivia es
imprescindible el libro de Gavaldá (2003).
[8] Sirva como
ejemplo el que Medicos Mundi realizó análisis de muestras de agua en
dos explotaciones petroleras de Repsol–YPF sin que en ninguna de
ellas se alcanzaran los límites mínimos de potabilidad exigidos por
la normativa española y europea. Sin embargo, según la normativa
boliviana, el 70% de esas muestras se consideran aptas para su consumo
y esta legislación la que Repsol–YPF aplica en sus campos. Un
resumen detallado de los efectos que la extracción de hidrocarburos
tiene sobre la salud de las comunidades vecinas puede encontrarse en
el estudio de Intermon–Oxfam (2004).
[9]
"Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en
territorios indígenas de Bolivia", Monitoreo Indígena
Independiente – Asamblea del Pueblo Guaraní.
[10]Puede
encontrarse más información al respecto en Montero (2006).
[11] No otro
puede ser el sentido de las palabras de Roberto Mallea, uno de sus
ejecutivos, en el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y
Electricidad cuando afirmaba, sin ningún pudor, que "la
rentabilidad en la industria del gas en Bolivia es sumamente alta; por
cada dólar invertido, la empresa petrolera gana 10 dólares. En el
sector hidrocarburífero, la rentabilidad es buena cuando es tres a
uno, qué decir entonces de una rentabilidad de 10 a uno dentro de la
industria petrolera que se da en Bolivia". Intermon–Oxfam
(2004, p.27).
Bibliografía:
Hall, D. y
Lobina, E. (2002): Privatización del agua en América Latina, 2002.
Gavaldá, M.
(2003): La recolonización. Repsol en América Latina: invasión y
resistencias. Icaria Editorial. Barcelona.
Intermon–Oxfam
(2004): Repsol–YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de
la pobreza.
Montero Soler,
A. (2006): Pero ¿pensaban que Evo Morales no iba en serio?.
Montero Soler,
A. (2006): Un trío incómodo: Repsol, el gobierno español y la
democracia en Bolivia.
Poupeau, F.
(2002): "Abusos de Aguas del Illimani".
Fuente: Revista
Rebelión, 19–7–06.
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