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Escándalos
de corrupción y un giro en la política de hidrocarburos
Evo
destituye a su equipo petrolero
Econoticiasbolivia,
28/08/06
La
Paz.– Arrinconado por la presión interna y externa, el presidente
Evo Morales disolvió oficialmente esta tarde a su primer equipo
petrolero, destrozado por denuncias de corrupción, extrema
ineficiencia y ausencia de resultados positivos en el proceso de
"nacionalización" que quedó como simple slogan.
En
Palacio de Gobierno, el Presidente oficializó la destitución del
presidente de la petrolera estatal YPFB, Jorge Alvarado, del
superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sainz, y del
viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, tal como anticipó hace
dos semanas la agencia Econoticiasbolivia.
En
su reemplazo, fueron posesionados: Juan Carlos Ortiz como nuevo
presidente de YPFB, Guillermo Arequipa como viceministro de
Hidrocarburos y de Santiago Berríos como Superintendente del sector.
En
el mismo acto, Morales ratificó en el cargo al ministro de
Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, aunque con atribuciones y poderes
disminuidos, al entregar la dirección del proceso de nacionalización
y negociación de contratos al vicepresidente Álvaro García Linera y
conformar un equipo de cinco ministros (y ya no sólo de
Hidrocarburos) para ejecutar estas acciones.
El
cambio del equipo dirigente es parte del "cambio de rumbo"
en la política petrolera, alejándola de la línea de confrontación
verbal definida por Soliz Rada y Alvarado, que era más propicia para
la etapa electoral, pero que ahora ya ponía en riesgo los acuerdos
que se querían alcanzar con las petroleras hasta el 1 de noviembre,
plazo fijado por el decreto de "nacionalización" de
Morales.
Por
ello, la nueva línea es "más derechista, más pragmática y
realista", en procura de lograr que las petroleras extranjeras
que operan ilegalmente en Bolivia, según dictamen del tribunal
Constitucional de la República, legalicen su situación con la firma
de nuevos contratos, ajustados a la ley 3058, pagando un poco más de
tributos e impuestos al Estado a cambio de seguir explotando las
reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas actualmente en más
de 200 mil millones de dólares.
Causas
de la caída
La
caída de los hombres fuertes del esquema petrolero de Evo Morales se
produce, por una parte, por el escándalo desatado en torno a un
oscuro contrato con un cuestionado consorcio privado, que vulnera las
leyes, el decreto de "nacionalización" y lesiona la economía
del Estado.
Otros
factores que pesan para que el núcleo de hombres leales a Morales
sean desplazados por el vicepresidente Linera son: 1) el evidente
estancamiento en el proceso de nacionalización que no reportó hasta
ahora ningún beneficio ni ingreso adicional para Bolivia y que se
quedó en un simple slogan, según admitió el propio ministro Soliz
Rada, 2) la falta de acciones viables y recursos para fortalecer a
YPFB, aunque sea en mínima escala, dejando el control absoluto de
toda la cadena productiva a las transnacionales, 3) las estériles
confrontaciones con Petrobras y Repsol, con un objetivo mediático
interno, pero con consecuencias negativas en lo externo, y 4) las
denuncias no probadas de fraude y contrabando contra algunas
petroleras, que frenaron la negociación de nuevos contratos.
Todos
estos factores contribuyeron para que el vicepresidente García
Linera, situado políticamente a la derecha del Presidente,
cuestionara públicamente la idoneidad y capacidad técnica y
profesional de los hombres leales a Morales. Posteriormente, y ante el
agravamiento del escándalo por la violación de normas legales e
indicios de corrupción, el vicepresidente tomó para sí la
responsabilidad de dirigir el proceso de "nacionalización"
y las negociaciones con las petroleras, dejando de lado a Soliz Rada.
Cambio
de rumbo
En
su primera acción como nuevo estratega del gas y la
"nacionalización", García Linera procedió la pasada
semana en Brasil a restaurar las relaciones resquebrajadas por la política
de confrontación verbal que desarrolló hasta ahora el polémico
ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada.
"La
palabra final del gobierno boliviano es que Petrobras es un socio
estratégico fundamental", para el Estado boliviano, dijo García
Linera al concluir una reunión de 25 minutos con Lula, donde dejó en
claro que la administración de Morales había emprendido un cambio de
rumbo con relación a los negocios petroleros.
Las
relaciones de Bolivia con la petrolera brasileña de Petrobras y con
el gobierno de Lula habían quedado deterioradas, al borde de la
ruptura, tras las acusaciones no probadas de Soliz Rada de que
Petrobras estaba frenando la "nacionalización" del gas y el
petróleo y que, junto a otras transnacionales, estaba financiando el
boicot a este proceso que hasta ahora ha reportado cero beneficios
para Bolivia y que no ha pasado de ser un slogan.
El
ministro acusó también a Petrobras y a Repsol por desarrollar
contratos lesivos, conducta antieconómica, estafa y abuso de
confianza en la firma de un acuerdo que fija un precio de exportación
de gas inferior al vigente internacionalmente, y que habría
ocasionado un daño económico al Estado boliviano de 160 millones de
dólares.
Todas
estas denuncias, al igual que otras anteriores sobre contrabando de
hidrocarburos y otros delitos, no fueron sin embargo acompañadas por
las respectivas pruebas ni estuvieron orientadas a lograr la expulsión
de las transnacionales, como justa sanción a estos presuntos delitos,
tal como establece la legislación vigente. Por el contrario, la
estrategia de Soliz Rada era presionar con estas denuncias para que
las petroleras se avengan de inmediato a legalizar sus contratos hasta
el 1 de noviembre, tal como establece el decreto de
"nacionalización" del presidente Morales.
Sin
embargo, esta estrategia de confrontación, muy útil para unir a los
sectores sociales en torno al gobierno y sus políticas, no logró los
resultados esperados entre las petroleras que, como el caso de
Petrobras, pusieron en la congeladora a Soliz Rada y su equipo,
agobiado adicionalmente por denuncias internas de corrupción, violación
de leyes y de vulnerar el propio decreto de nacionalización.
Frente
a ello, y ante la presión del vicepresidente García Linera, el
presidente Morales optó por despojar a Soliz Rada de muchas de sus
atribuciones y competencias, a pesar de ratificarlo en el cargo y
rechazar la censura del Senado, entregando la dirección y manejo de
la política hidrocarburífera al vicepresidente, que impulsa una línea
más dialoguista, menos confrontacional y más abierta a lograr
acuerdos inmediatos con las petroleras extranjeras.
Adicionalmente,
según informó el ministro de Planificación, Carlos Villegas, el
presidente Morales instruyó que cuatro ministros, ubicados políticamente
a la derecha de Soliz Rada, conformen un equipo para operativizar la
nueva política de hidrocarburos y poniendo otro freno a los ímpetus
del ya devaluado ministro de Hidrocarburos.
Villegas
informó que por decisión del Jefe de Estado, los ministros de la
Presidencia, (Juan Ramón Quintana), de Hacienda (Luis Alberto Arce),
de Defensa (Walker San Miguel) y de Planificación (Carlos Villegas)
trabajarán a partir de la fecha junto con el titular de Hidrocarburos
en el proceso de "profundización de la nacionalización"
para llegar lo más pronto posible a acuerdos satisfactorios con las
petroleras.
Gobierno
boliviano sufre el coletazo de su anterior política de confrontación
verbal con las petroleras. Evo Morales y su vicepresidente dan nuevas
garantías
Repsol:
fiscales ponen en aprietos a Evo
Econoticiasbolivia,
28/08/06
La
Paz.– Una acción judicial de la Fiscalía de Bolivia en contra de
la petrolera Repsol ha puesto nuevamente en figurillas al gobierno de
Evo Morales y ha colocado más obstáculos en su intento por alcanzar
nuevos acuerdos con una veintena de transnacionales, que aún explotan
ilegal e inconstitucionalmente sus millonarias reservas de gas y petróleo,
las segundas más importantes de Sudamérica.
El
pasado viernes, fiscales bolivianos allanaron las oficinas de Andina,
una filial de Repsol y detuvieron hasta el sábado al síndico de la
petrolera Saúl Encinas, en el marco de una investigación sobre un
contrato de Repsol con Petrobras que habría ocasionado al Estado un
daño económico de 190 millones de dólares, según el Ministerio de
Hidrocarburos.
La
acción fue entendida por Repsol como una "sistemática persecución"
en su contra, motivó la protesta y preocupación del gobierno de España
y obligó al gobierno de Morales a tomar distancia del problema, que
es, en el fondo, el último coletazo de su anterior política
hidrocarburífera que buscaba, a través de la denuncia y la presión
pública, forzar a las transnacionales a llegar a acuerdos.
Esta
política, de confrontación verbal, impulsada por el ministro de
Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, fue sustituida la pasada semana por
otra de conciliación más amistosa, como la desarrollada con
Petrobras y Brasil por el vicepresidente boliviano Álvaro García
Linera, que es el nuevo estratega del gas y la nacionalización.
Promesas
y certezas
"Queremos
decir a España y a Repsol que el Gobierno de Bolivia apuesta por las
negociaciones, por los nuevos contratos. Necesitamos inversión, pero
no necesitamos ni patrones ni dueños. Lo hemos dicho antes y seguimos
con esta posición (.) Como Gobierno respetamos las investigaciones
que hacen los poderes del Estado, el ministerio Público y su tarea,
pero el Gobierno jamás va romper relaciones con empresas. Habrá diálogo,
concertación, nuevos contratos en el marco del decreto supremo de
nacionalización", aseguró Morales, quien a principios de año
había asegurado que expulsaría a las petroleras que hubiesen
cometido delitos.
El
Presidente remarcó que la acción era emprendida por la Fiscalía y
no por el Gobierno (aunque la denuncia inicial fue realizada por el
ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada) y aseguró que algunos
medios de comunicación estaban magnificando el asunto.
El
presidente Morales dio garantías expresas al gobierno español. El
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró ayer
en Santander que las autoridades bolivianas habían ofrecido su
"compromiso político" para "encontrar una solución"
mediante "el diálogo" al conflicto surgido como
consecuencia del allanamiento de las oficinas Andina, la filial de la
petrolera española Repsol YPF en el país sudamericano.
Compromiso
político
En
declaraciones a los medios, Moratinos señaló que el Gobierno español
"siempre ha apostado por el diálogo" y "por encontrar
una solución que defienda la relación bilateral con Bolivia".
En todo caso, incidió en la importancia de salvaguardar también los
"intereses" de la empresa española, "y una empresa tan
importante como es Repsol", acotó.
"Hemos
estado en contacto con el presidente, Evo Morales, con el ministro de
Asuntos Exteriores y con otros ministros de Bolivia", destacó
Moratinos, quien abogó por "encontrar un marco de cooperación"
y "diálogo", y recalcó que el Gobierno boliviano "nos
ha dado su compromiso político" para llegar a una "solución"
a través del diálogo.
Paralelamente,
la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, mantuvo este fin de semana conversaciones telefónicas con Evo
Morales y con el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, que
recién se hizo cargo de la conducción de la política hidrocarburífera
de Bolivia, así como las negociaciones con las petroleras
extranjeras.
Según
informó el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, estas
negociaciones se iniciarán a partir de mañana y estarán a cargo de
un equipo negociador de cinco ministros. Hasta la pasada semana, estas
negociaciones, así como la política del gas, era atribución específica
de Soliz Rada.
La
reacción de Repsol
Desde
Madrid, la compañía Repsol YPF advirtió ayer que si continuaba
"la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia"
contra Andina –la filial de la petrolera hispano–argentina en el
país– "ejercitará acciones legales en defensa de sus
derechos".
En
un comunicado público, la empresa denuncia el "injustificado
registro" que la Fiscalía efectuó el viernes en las oficinas de
Andina y dice que observa "con verdadera preocupación que
algunas personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público del
Gobierno de Bolivia", quieran abrir procedimientos penales contra
Repsol YPF.
"Estas
reiteradas e injustificadas actuaciones obligan a Repsol YPF a
plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia
independiente, nacionales e internacionales, en defensa de sus
derechos y los de sus empleados", precisa el comunicado. Además,
la petrolera expresa su "creciente preocupación por la falta de
seguridad jurídica que en la actualidad existe en Bolivia".
Para
Repsol, la requisa fiscal es "una medida impropia de un estado de
derecho y del respeto al orden jurídico constitucional", ya que
el contrato supuestamente irregular y suscrito con la brasileña
Petrobras "cumple todos los requisitos de la legislación
boliviana" y "en ningún caso ha ocasionado perjuicio económico
alguno".
Además,
la compañía cree que la actuación del Ministerio Público de
Bolivia ha sido "arbitraria" y "carece de todo
fundamento".
Andina
y Petrobras, encargadas de proveer gas boliviano al Brasil, son
acusadas de un "pacto secreto" en 2002. Por ese medio se
habría burlado una fórmula de reajuste periódico del precio del
energético enviado a Brasil. Y, según la Fiscalía, el Estado
boliviano habría perdido entre 160 millones y 190 millones de dólares
por este acuerdo.
Cambio
de estrategia: Hasta ayer, Petrobras conspiraba, cometía delitos y
frenaba la nacionalización. Hoy, es "socio estratégico de
Bolivia"
Bolivia
modera su estrategia petrolera
Econoticiasbolivia,
24/08/06
La
Paz.– El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera,
convertido ya en el nuevo conductor de la política hidrocarburífera,
inició este jueves en Brasil intensas gestiones para descongelar las
relaciones bilaterales en torno al precio del gas natural y las
negociaciones en torno a la "nacionalización" del gas y el
petróleo.
Como
primera acción, García Linera se entrevistó con el presidente Luiz
Inacio Lula da Silva, intentando restaurar las relaciones
resquebrajadas por la política de confrontación verbal que desarrolló
hasta ahora el polémico ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés
Soliz Rada, censurado ayer por el Senado y ratificado en el día por
el presidente Evo Morales, aunque con poderes y competencias
disminuidas.
"La
palabra final del gobierno boliviano es que Petrobras es un socio
estratégico fundamental", para el Estado boliviano, dijo García
Linera al mediodía al concluir una reunión de 25 minutos con Lula,
donde dejó en claro que la administración de Morales había
emprendido un cambio de rumbo con relación a los negocios petroleros.
Posteriormente, el vicepresidente boliviano partió rumbo a la sede de
la Cancillería para una reunión y almuerzo con el ministro del
Exterior, Celso Amorím y otros directivos de Petrobras.
Las
relaciones de Bolivia con la petrolera brasileña de Petrobras y con
el gobierno de Lula habían quedado deterioradas, al borde de la
ruptura, tras las acusaciones no probadas de Soliz Rada de que
Petrobras estaba frenando la "nacionalización" del gas y el
petróleo y que, junto a otras transnacionales, estaba financiando el
boicot a este proceso que hasta ahora ha reportado cero beneficios
para Bolivia y que no ha pasado de ser un slogan.
El
ministro acusó también a Petrobras y a Repsol por desarrollar
contratos lesivos, conducta antieconómica, estafa y abuso de
confianza en la firma de un acuerdo que fija un precio de exportación
de gas inferior al vigente internacionalmente, y que habría
ocasionado un daño económico al Estado boliviano de 160 millones de
dólares.
Todas
estas denuncias, al igual que otras anteriores sobre contrabando de
hidrocarburos y otros delitos, no fueron sin embargo acompañadas por
las respectivas pruebas ni estuvieron orientadas a lograr la expulsión
de las transnacionales, como justa sanción a estos presuntos delitos,
tal como establece la legislación vigente. Por el contrario, la
estrategia de Soliz Rada era presionar con estas denuncias para que
las petroleras se avengan de inmediato a legalizar sus contratos hasta
el 1 de noviembre, tal como establece el decreto de
"nacionalización" del presidente Morales.
Sin
embargo, esta estrategia de confrontación, muy útil para unir a los
sectores sociales en torno al gobierno y sus políticas, no logró los
resultados esperados entre las petroleras que, como el caso de
Petrobras, pusieron en la congeladora a Soliz Rada y su equipo,
agobiado adicionalmente por denuncias internas de corrupción, violación
de leyes y de vulnerar el propio decreto de nacionalización.
Frente
a ello, y ante la presión del vicepresidente García Linera, el
presidente Morales optó por despojar a Soliz Rada de muchas de sus
atribuciones y competencias, a pesar de ratificarlo en el cargo y
rechazar la censura del Senado, entregando la dirección y manejo de
la política hidrocarburífera al vicepresidente, que impulsa una línea
más dialoguista, menos confrontacional y más abierta a lograr
acuerdos inmediatos con las petroleras extranjeras.
Adicionalmente,
según informó el ministro de Planificación, Carlos Villegas, el
presidente Morales instruyó que cuatro ministros, ubicados políticamente
a la derecha de Soliz Rada, conformen un equipo para operativizar la
nueva política de hidrocarburos y poniendo otro freno a los ímpetus
del ya devaluado ministro de Hidrocarburos.
Villegas
informó que por decisión del Jefe de Estado, los ministros de la
Presidencia, (Juan Ramón Quintana), de Hacienda (Luis Alberto Arce),
de Defensa (Walker San Miguel) y de Planificación (Carlos Villegas)
trabajarán a partir de la fecha junto con el titular de Hidrocarburos
en el proceso de "profundización de la nacionalización".
Bolivia
exporta diariamente a Brasil unos 26 millones de metros cúbicos de
gas, o la mitad del consumo doméstico brasileño, a un precio de
cerca de 4 dólares por millón de unidades térmicas británicas
(BTU).
Brasil
importa actualmente cerca de 26 millones de metros cúbicos diarios de
gas natural boliviano, lo que representa prácticamente la mitad del
consumo brasileño de ese combustible. Petrobras ha rechazado hasta
ahora la subida del precio del gas y el ministro boliviano de
Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, señaló la semana pasada que si no
había acuerdo, el Gobierno de Bolivia estaba dispuesto a ir a un
arbitraje internacional. Un extremo que parece ya alejarse, dada la
nueva orientación del vicepresidente García Linera.
La
contraloría hunde más a Alvarado, su destitución es inminente
Econoticiasbolivia,
24/08/06
La
Paz.– La Contraloría General de la República detectó que el
contrato entre la estatal petrolera de YPFB y el consorcio privado de
Iberoamericana Trading SRL violó siete disposiciones legales y trató
de ser mantenido en secreto. La destitución del presidente de YPFB,
Jorge Alvarado, es inminente.
El
Contralor de la República, Osvaldo Gutiérrez, presentó los
resultados de la auditoria especial realizada por esa entidad a pedido
del Presidente de la República, Evo Morales, y que son similares a
aquel que presentó la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Hidrocarburos donde se muestra indicios de responsabilidad
administrativa en contra de Jorge Alvarado. Este contrato, que viola
la ley SAFCO y vulnera el decreto de "nacionalización", había
sido presentado como "plenamente beneficioso para el país"
por el ministro de hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.
Según
la Contraloría, el presidente de la estatal, Jorge Alvarado, incluyó
una cláusula de confidencialidad en el contrato para mantener en
secreto los alcances del negocio.
El
21 de julio, la Superintendencia de Hidrocarburos encontró varias
irregularidades en este contrato, así como un posible daño económico
al Estado –calculado en $us 38,5 millones– en caso de haberse
consumado la exportación de 2.000 barriles de petróleo crudo a
Brasil.
"El
presidente ejecutivo suscribió el contrato introduciendo un artículo
que limita la información sólo a las partes contratantes,
determinando su confidencialidad, sin que previamente una ley expresa
le dé dicha calidad, vulnerando de esta manera la transparencia, base
de la credibilidad en este tipo de operaciones", señala el
informe.
Los
delitos de Alvarado
El
informe de auditoría presentado por la entidad fiscalizadora concluye
que existen indicios de responsabilidad contra Jorge Alvarado,
presidente de YPFB, por la firma del contrato con la empresa Iberoamérica
Trading SRL.
Alvarado
contravino los artículos 63 parágrafo I del Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública; 7 parágrafo I del Decreto
Supremo Nº 28168; artículo 3 de la Ley de Notariado; 9 inciso e) y
k) y 25 inciso b) del Decreto Supremo Nº 28324; 1 parágrafo II del
Texto Ordenado del Decreto Supremo Nº 27328; 1 del Decreto Supremo Nº
23148; y el artículo 2 parágrafo II del Decreto Supremo Nº 28701.
Además
señala que una de las atribuciones del Presidente Ejecutivo es
cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales; sin embargo,
Alvarado omitió aplicar o dar cumplimiento al Texto Ordenado del
Decreto Supremo Nº 27328 (Subsistema de Contrataciones Estatales),
sin tomar en cuenta que en la Resolución Nº 060/2006, suscrita por
el propio Presidente, se disponía, en la parte resolutiva punto
primero, que previamente debía darse cumplimiento a las disposiciones
relativas a contrataciones estatales con respecto a la compra de diésel
oil.
Alvarado
suscribió el contrato introduciendo un artículo que limita la
información sólo a las partes contratantes y determina su
confidencialidad sin que previamente una ley expresa le dé dicha
calidad, vulnerando de esta manera la transparencia, base de la
credibilidad en este tipo de operaciones.
El
informe del Ministerio de Hidrocarburos
En
la firma del contrato entre la petrolera estatal y la intermediaria no
se evidencia la participación de otra instancia, como Dirección
Legal, que debería haber suscrito en su condición de unidad
especializada de la entidad. La contratación efectuada por YPFB no
fue realizada en el marco de la transparencia. El informe técnico de
la empresa estatal, que realiza el análisis de las diferentes
opciones de compra o importación de diésel, fue emitido con carácter
posterior a la Resolución de contratación y al mismo contrato.
Se
evidencia incumplimiento del artículo 63 del Decreto 23318, que señala
que a efectos del artículo 33 de la Ley 1178, el servidor público,
previa, concurrente o inmediatamente tomada la decisión, debía
enviar a su superior jerárquico, a los máximos ejecutivos de su
entidad y a la autoridad que ejerce tuición sobre su entidad, un
informe escrito sustentando su decisión.
Se
incumplen los artículos 2 y 5 del Decreto Supremo 28701 de
nacionalización.
El
artículo 2, numeral II de esta norma, señala que: "YPFB, a
nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la
propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su
comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios
tanto para el mercado interno como para la exportación y la
industrialización". El artículo 5, numeral I, menciona:
"El Estado toma el control y la dirección de la producción,
transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización
e industrialización de los hidrocarburos".
Es
inminente la destitución del Superintendente de Hidrocarburos y del
Presidente de la estatal petrolera. El ministro Soliz Rada, acorralado
por el Senado, cede sus atribuciones y competencias a favor del
Vicepresidente García Linera, que busca poner fin a la línea de
confrontación con las petroleras
El
vice da jaque mate al equipo petrolero de Evo
Econoticiasbolivia,
23/08/06
La
Paz.– El equipo petrolero del presidente Evo Morales está
virtualmente liquidado. Dos de sus tres miembros, el presidente de la
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge
Alvarado, y el Superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Saínz,
están con un pie fuera del esquema y su destitución es inminente.
Otro que tambalea es el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada,
a punto de ser censurado por el Senado dominado por las fuerzas
neoliberales y desprovisto ya de sus competencias y atribuciones que
hasta ahora lo habían convertido en el hombre que manejaba la política
sectorial y los procesos de "nacionalización" del gas y el
petróleo.
La
caída de los tres hombres fuertes del esquema petrolero de Evo
Morales se produce, por una parte, por el escándalo desatado en torno
a un oscuro contrato con un cuestionado consorcio privado, que vulnera
las leyes, el decreto de "nacionalización" y lesiona la
economía del Estado.
Otros
factores que pesan para que el núcleo de hombres leales a Morales
sean desplazados por el vicepresidente Linera son: 1) el evidente
estancamiento en el proceso de nacionalización que no reportó hasta
ahora ningún beneficio ni ingreso adicional para Bolivia y que se
quedó en un simple slogan, según admitió el propio ministro Soliz
Rada, 2) la falta de acciones viables y recursos para fortalecer a
YPFB, aunque sea en mínima escala, dejando el control absoluto de
toda la cadena productiva a las transnacionales, 3) las estériles
confrontaciones con Petrobras y Repsol, con un objetivo mediático
interno, pero con consecuencias negativas en lo externo, y 4) las
denuncias no probadas de fraude y contrabando contra algunas
petroleras, que frenaron la negociación de nuevos contratos.
Todos
estos factores contribuyeron para que el vicepresidente García
Linera, situado políticamente a la derecha del Presidente,
cuestionara públicamente la idoneidad y capacidad técnica y
profesional de los hombres leales a Morales. Posteriormente, y ante el
agravamiento del escándalo por la violación de normas legales e
indicios de corrupción, el vicepresidente tomó para sí la
responsabilidad de dirigir el proceso de "nacionalización"
y las negociaciones con las petroleras, dejando de lado a Soliz Rada.
Según
se informó en Palacio, desde este miércoles García Linera se hará
cargo personalmente de las negociaciones para la adecuación a los
nuevos contratos como para la fijación de los precios del gas
boliviano con Argentina y Brasil, con lo que el equipo petrolero de
Morales queda sin funciones, atribuciones ni competencias asignadas
por ley.
Fuentes
vinculadas al vicepresidente García Linera explicaron que desde ahora
se producirá un "cambio de rumbo" en la política
petrolera, alejándola de la línea de confrontación definida por
Soliz Rada y Alvarado, que era más propicia para la etapa electoral,
pero que ahora ya ponía en riesgo los acuerdos que se querían
alcanzar con las petroleras hasta el 1 de noviembre, plazo fijado por
el decreto de "nacionalización" de Morales.
Por
ello, la nueva línea que se impondría en la administración
gubernamental sería "más pragmática y realista", en
procura de lograr que las petroleras extranjeras que operan
ilegalmente en Bolivia, según dictamen del tribunal Constitucional de
la República, legalicen su situación con la firma de nuevos
contratos, ajustados a la ley 3058, pagando un poco más de tributos e
impuestos al Estado a cambio de seguir explotando las reservas de gas
y petróleo de Bolivia, valuadas actualmente en más de 200 mil
millones de dólares.
Otras
fuentes de Palacio aseguraron que estos cambios se operarían con
mayor profundidad, una vez que sean sustituidos el Superintendente Saínz
(cuya salida ya fue definida por Morales y García Linera) y el
presidente de YPFB (que ya está en una situación insostenible, luego
de la publicación del informe del Ministerio de Hidrocarburos). Sobre
Soliz Rada, las fuentes aseguraron que su renuncia era cuestión de días,
una vez que fue desautorizado y perdió competencias y atribuciones a
manos del Vicepresidente.
La
suerte del equipo petrolero gubernamental ya está echada y sólo
resta que se divulguen los informes de la Contraloría y de la Fiscalía
y que el presidente Morales oficialice esta decisión en el
"momento oportuno", para no dar la impresión de que cedió
a las demandas de la oposición política de derecha, que cuestiona
especialmente a Alvarado y a Soliz Rada.
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