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Gobierno
califica el paro de "fracaso político", pero paraliza el
funcionamiento de la Asamblea Constituyente y busca un nuevo
entendimiento con la oligarquía
La
oligarquía impone su paro en media Bolivia
Econoticiasbolivia,
08/09/06
La
Paz.– Desplegando todo su poder y recursos, la oligarquía logró
este viernes paralizar cuatro de las nueve regiones de Bolivia para
preservar el poder de veto que tiene en la Asamblea Constituyente y
que intentaba ser eliminado por el gobernante Movimiento al Socialismo
(MAS), del presidente Evo Morales.
El
paro fue contundente y acatado por la mayoría de los sectores
empresariales, cívicos, vecinales y laborales en las principales
ciudades de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, aunque con incidentes y
enfrentamientos menores, y en reducida proporción en las ciudades
intermedias de estas regiones. En muchas de las poblaciones rurales,
donde tienen más peso las organizaciones campesinas e indígenas
leales al gobierno, el paro pasó desapercibido.
Los
organizadores de la huelga calificaron la medida como exitosa, tanto
por el grado de acatamiento de la medida como por la reacción inicial
de los asambleístas del MAS para dar marcha atrás en su intención
de aprobar un reglamento que eliminaba el poder de veto de los asambleístas
de la oligarquía.
En
Sucre, las sesiones de la Asamblea fueron suspendidas hasta la próxima
semana, mientras los dirigentes gubernamentales flexibilizan la posición
oficial y buscan un nuevo acuerdo con los representantes de la
oligarquía. La presidenta de la Constituyente adelantó, incluso, que
se podría aprobar un reglamento transitorio, dejando de lado el
propuesto por el MAS y que anulaba el poder de veto de los asambleístas
de derecha.
La
versión oficial
Pese
a ello, las autoridades del gobierno intentaron minimizar el impacto
de la acción organizada por las logias de poder y la oligarquía
petrolatifundista, que tienen el control total de las organizaciones cívicas
y empresariales, y una influencia determinante en las vecinales e
incluso laborales de estas cuatro regiones.
"El
paro convocado por los comités cívicos es un absoluto fracaso político",
dijo la ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, al denunciar que "el
paro estaba siendo impuesto con el único argumento de la fuerza y el
amedrentamiento, ya que la población no se ha sumado y ni siquiera se
ha adscrito".
Muñoz
dijo que este movimiento estaba dirigido "contra los cambios y
las reformas, contra la Asamblea Constituyente y contra un presidente
indígena".
En
las cuatro regiones, grupos fascistas de choque, con el aval y
financiamiento de de los gobiernos regionales y agrupaciones cívicas
y empresariales, controlaban el acatamiento del paro y amedrentaban a
los vecinos.
Las
logias festejan
Germán
Antelo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, evaluó como
positivo el paro de este viernes y anunció que la organización
participará de una reunión nacional de organizaciones cívicas,
convocada por el Comité Cívico de La Paz, para definir una posición
unitaria respecto de la Asamblea Constituyente.
"Ayer
se inició una especie de diálogo, esperemos que esto nos lleve a un
camino que satisfaga a todos los bolivianos, caso contrario todos
debemos asumir la responsabilidad de hacer respetar la ley y la
Constitución", declaró al anunciar nuevas medidas de presión
si el gobierno no respeta el pacto que dio origen a una Asamblea
Constituyente.
Más
críticas
Desde
la trinchera oficial, un comunicado del Ministerio de la Presidencia,
reflejaba el criterio gubernamental en los siguientes términos:
"Ante
el paro de la oligarquía y los sectores conservadores.
En
el día de la fecha, comités cívicos, partidos de derecha –como
Podemos y el Movimiento Nacionalista Revolucionario– han declarado
un paro de 24 horas en cuatro de los nueve departamentos de Bolivia:
Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
Para
garantizar el acatamiento a la medida de fuerza, los comités cívicos
contaron con aportes económicos de poderosos grupos empresariales y
la infraestructura de prefecturas y alcaldías locales. Quienes
decidieron no adherir al paro fueron agredidos en plena calle por
piquetes de la denominada Unión Juvenil Cruceñista. Las imágenes
televisivas mostraron la violencia con la que actuaron estos grupos de
choque del comité cívico cruceño, con claras connotaciones racistas
contra los pueblos indígenas.
Semejantes
actitudes llevaron en la Constituyente a enfrentamientos que
terminaron con el grave accidente del constituyente Román Loayza.
Sin
embargo, pese a la intimidación, en las zonas rurales y en los
barrios pobres de las ciudades la resistencia al paro cívico fue
contundente. Por primera vez, hubo una rebelión de los marginados y
excluidos contra la medida de fuerza de las oligarquías
regionalistas, a la cabeza de las centrales obreras regionales y de
las organizaciones barriales y campesinas.
La
mayoría del pueblo boliviano sabe que el verdadero objetivo de esta
huelga es frenar el proceso de cambio que vive nuestro país,
encaminado hacia un nuevo modelo económico de justicia social y
recuperación de sus recursos naturales estratégicos y hacia un nuevo
modelo político de inclusión de las mayorías nacionales.
Por
eso el paro de hoy resultó un fracaso para los grupos oligárquicos.
El pueblo de los barrios pobres de las ciudades, obreros, campesinos,
transportistas, comerciantes, microempresarios, así como los
campesinos e indígenas desafiaron su autoridad y ya no los reconocen
como sus voceros. Los incidentes ocurridos fueron el resultado de
querer imponer por la fuerza un paro que una gran parte de los
departamentos involucrados rechazan.
La
derecha, derrotada en dos elecciones consecutivas, intenta volver e
imponer el veto de las minorías sobre la nueva constitución. Los
sectores conservadores quieren, con la imposición de la necesidad de
dos tercios para aprobar los artículos de la nueva constitución y el
carácter derivado de la Asamblea Constituyente, ponerle candados a
cualquier posibilidad de refundar Bolivia".
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