Bolivia Arde

Con el fin de realizar un balance crítico y autocrítico de la rebelión boliviana que tuvo el trágico saldo de 33 muertos a bala y cerca de 2] O heridos, la Comisión Política de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz organizó el Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del] 2 Y 13 de Febrero, que se realizó en la Casa de Retiros del Padre Damián, en la ciudad de La Paz, el 25 y 26 de febrero

Este evento, que contó con la participación activa de más de 350 dirigentes de todo el país, fue la continuación de la "reunión conjunta de emergencia" de la COD de La Paz, el Bloque Sindical Antineoliberal y el Estado Mayor del Pueblo, que analizó, en Cochabamba, el domingo 16 de febrero, la grave coyuntura política del país.

La sede del Encuentro Nacional, lamentablemente, quedó pequeña para albergar a decenas de intelectuales, universitarios, trabajadores de base, militantes de partidos políticos, policías, militares y dirigentes que quisieron participar de las deliberaciones. Muchos no pudieron ingresar a la reunión. Esta es una de las razones principales que nos llevó a plasmar en el papel las Lecciones del levantamiento popular del 12 y i3 de febrero.

Es preciso aclarar que esta especie de gran reportaje, en blanco y negro, es una producción colectiva.

Subrayamos la invalorable colaboración que se recibió de los responsables del periódico digital econoticiasbolivia.com, quienes hicieron el seguimiento noticioso veraz del alzamiento popular del 12 y 13 de febrero y, luego, del "Encuentro Nacional". Sin su material informativo hubiera sido imposible la publicación de este sencillo texto.

Agradecemos, también, el apoyo que recibimos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que financió la impresión de quinientos ejemplares de esta obra. Aclaramos que todas las recaudaciones que provengan de la venta de estos textos irán a un "fondo de publicaciones" de la Escuela Sindical de la COD-La Paz "Marcelo Ouiroga Santa Cruz", como decidió el último Congreso Ordinario de los trabajadores del departamento.

Destacamos, igualmente, la cooperación de los reporteros gráficos Jorge y Sergio Landaeta, quienes nos permitieron bucear en su gigantesco archivo digital, donde descubrimos históricas fotografías acerca de los acontecimientos de febrero.

Nos sentiremos enormemente recompensados si estas páginas llegan a convertirse en manos de los trabajadores de base y sindicalistas en instrumentos de reflexión y organización, que, después, los lleve a empujar al país hacia una realidad más justa y solidaria, sin explotados y sin explotadores.

Miguel Pinto Parabá (Coordinador)

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Introducción: La eclosión social boliviana y su raíz antiimperialista

El levantamiento popular boliviano del 12 y 13 de febrero se desarrolló dentro de un contexto internacional caracterizado por la lucha entre. dos mundos: 1) el mundo guerrero y depredador del capital y 2) los movimientos sociales de resistencia que están en ascenso.

Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el gobierno norteamericano dio un viraje en su política internacional. que ahora se caracteriza por ser eminentemente guerrera.

Desde entonces, quedó claro que la "doctrina imperialista de George Bush", como explicó el escritor y docente universitario de Estados Unidos, James Petras, tiene seis características particulares:

1) Es ofensiva, porque Estados Unidos se está jugando la vida con este proyecto y, por lo tanto, no tendrá contemplaciones con los países y movimientos sociales que se le pongan al frente.

2) Habla de "guerras permanentes" en todo el mundo.

3) Toma decisiones militares unilaterales.

4) Su política militar recolonizadora está relacionada estrechamente con el "capital especulativo (el banquero)" y el "capital extractivo (apuntalado por las empresas transnacionales)", que no genera empleo.

5) Es elitista, pues no tiene consenso internacional ni dentro de su propio país.

6) Es depredadora, porque busca la captura del excedente económico a través de la fuerza.

En este marco, la invasión que el gobierno norteamericano desató en Irak es un ejemplo concreto de la forma cómo opera, en el 2003, la doctrina imperialista de Bush.

El poder sobre la segunda reserva de petróleo del mundo, la baja de su precio a 20 dólares por barril —para que esto ayude a Estados Unidos a salir de su aguda crisis de sobreproducción—, y la liquidación física del “integrismo islámico” —que tiene fuertes tendencias antiimperialistas—, son los fines últimos de esta guerra depredadora.*

Estados Unidos, un gigante con pies de barro

En América Latina, uno de los mecanismos clásicos que Estados Unidos utiliza con éxito para poner de rodillas a los gobiernos neoliberales es la deuda externa. Para aplicar sus políticas económicas y militares presiona a sus "acreedores" a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros aparatos de control estadounidenses.

Empero, en el último año y medio, el imperio del norte ha radicalizado su estrategia ya puesto en marcha otras medidas anexionistas, como, por ejemplo, el ALCA, la construcción de bases militares y el respaldo a la guerra "contrainsurgente" en toda Latinoamérica. El viraje, igualmente, tiene rasgos belicistas.

La política guerrera de la Administración Bush, sin embargo, tiene su talón de Aquiles. Según Petras, la crisis económica de Estados Unidos es tal que su gobierno está obligado a "chupar (a sus nuevas colonias) mil millones de dólares diarios para superar su déficit fiscal". Este hecho ha azuzado sus conflictos sociales internos y, al mismo tiempo, ha polarizado la lucha de clases en toda América Latina.

Los obreros, los campesinos y las clases medias empobrecidas de todo el continente están viviendo un acelerado proceso de redicalización, que los ha impulsado a protagonizar una serie de movimientos sociales que tienen hondas raíces antiimperialistas y en algunos casos anticapitalistas. Y es en esta cadena de hechos continentales donde surge, con virulencia, el levantamiento popular boliviano del 12 y 13 de febrero, con todas las características que se exponen en los 19 artículos de este texto.

El alzamiento social de febrero, en el fondo, es parte de la luchJ untagónica entre el mundo del capital y el mundo del trabajo.

Crisis estructural

En los artículos "Bolivia, una fábrica de hacer pobres y rebeldes"; "Gobierno intentó sacrificar el salario del pueblo”, e "Impuestazo al salario, un imposición del FMI" se muestra, con datos oficiales, la crítica situación económica y social del país y la forma cómo el gobierno pretendió confiscar una parte del salario de los trabajadores. Aquí queda al descubierto el detonante que hizo estallar la eclosión social de febrero.

Luego, dos analistas económicos hacen un puntilloso' balance acerca de la bancarrota del modelo neoliberal-capitalista los textos informativos "Analista económico: se agotó el modelo, ahora hay que sepultarlo"; "Endeudamiento externo, una nueva calamidad”, y "La quiebra fiscal" se esbozan también algunas pistas para remplazar el actual sistema económico.

Apoyados con reveladoras fotografías. los artículos "Los rebeldes de uniforme"; "El policía rebelde que derrotó el impuestazo del FMI"; "Hermano contra hermano"; "El poder mediático en Bolivia”, y "Democracia neoliberal: sangre, violencia e impunidad” exponen algunos dispositivos internos de la rebelión.

Varios sectores sociales, al final, realizan, desde diversos puntos de vista, la crítica y la autocrítica de los acontecimientos del 12 y 13 de febrero. En "Sindicatos y revolucionarios: no estuvimos a la altura de los acontecimientos"; "MAS: la solución viene de abajo"; "Mallku: trabajamos para hacer caer al gringo”; "Golpe de Estado o salida popular"; "Los cinco desafíos del movimiento antineoliberal"; "Lecciones del levantamiento popular boliviano"; "Trotskystas: es hora del gobierno obrero campesino", y "Crisis sindical: dirigentes de la COB quedan al descubierto" se revelan las fortalezas y debilidades del envalentonado movimiento social boliviano.

En fin, esta sencilla obra es un amplio balance de la crisis estructural del país hecho por los trabajadores y para los trabajadores.

El Comité Ejecutivo de la COD de La Paz, 26 de marzo de 2003

* Véase Oscar Vargas, (2003): "Salir de la recesión bajando el precio del crudo a 20 dólares”, Informe Especial, de La Prensa, La Paz, 20/03/03.

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Bolivia: una fábrica de hacer pobres y rebeldes

En el país, 350.000 personas carecen de empleo y tienen un ingreso cero; cada día, tres mujeres mueren al dar a luz por falta de atención médica; la tasa de mortalidad infantil alcanza a 67 por cada mil niños nacidos vivos; la desnutrición en niños menores de 3 años es del 28%, y el gobierno quiso imponer un impuestazo.

(Econoticiasbolivia.com) El modelo boliviano se ha convertido en una verdadera fábrica generadora de pobreza y rebeldía. En el último año casi 130 mil bolivianos cayeron en la pobreza, más de 50 mil perdieron el empleo y el ingreso per cápita y el salario tocaron fondo. Solo trepó el descontento y el malestar social que fueron los ejes de la revuelta popular que conmocionó Bolivia.

Las cifras oficiales de la debacle económica y social. agravadas en extremo en los últimos años, muestran que el último trienio, entre 1999 y 2001, más de 380 mil personas cayeron en la pobreza y la marginalidad, según el recuento de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE).

La indigencia y miseria crecieron vertiginosamente, especialmente en el área urbana, por lo que la proporción de ciudadanos que sobrevive con menos de un dólar al día se ensanchó hasta alcanzar a más de la cuarta parte de la población. Oficialmente se estima que por lo menos cinco de los ocho millones de bolivianos son pobres, estando la mitad de ellos en un estado de indigencia y miseria.

Entre 1998 y 2002, el ingreso per cápita cayó en casi una quinta parte. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el ingreso per cápita en 1998 era de un poco más de 1.100 dólares al año y en el 2002 de tan solo 900 dólares.

La evaluación de UDAPE establece que "los últimos cuatro años han sido de intensa crisis económica en toda Latinoamérica y que en Bolivia se tuvo un crecimiento promedio del PlB de 1,6 por ciento, mientras que el nivel de crecimiento poblacional alcanzó el 2,3 por ciento, lo que significa una tasa negativa de crecimiento per cápita en ese lapso".

"Esta situación ha tenido un efecto devastador sobre el sector productivo.

particularmente en la industria manufacturera. Uno de los datos que más impacta de esta situación es que una creciente proporción de la población vive con ingresos por debajo de la línea de pobreza."

Muchos de ellos, desempleados, trabajadores y niños de la calle, estudiantes y obreros con míseros salarios. participaron activamente en la revuelta cívico policial. que hizo tambalear al régimen neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. durante la segunda semana de este febrero loco.

Injusticia social

La bronca de los de abajo se estrelló contra las instituciones del Estado, los partidos neoliberales y contra sectores empresariales, revelando el enorme abismo que existe en Bolivia entre los sectores más acaudalados de la población y los más pobres. Esta profunda brecha económica y social se ensanchó en los últimos años con la caída del salario real y del ingreso per cápita, que impactó con mayor rigor en los sectores más pobres y desprotegidos.

Esta aguda desigualdad en la distribución del ingreso ha convertido a Bolivia en uno de los países con más inequidad económica y social. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Bolivia es el prototipo latinoamericano de la desigualdad: la mayor parte de la población subsiste en la extrema pobreza. mientras un puñado de personas concentra la mayor parte de la riqueza. Esta injusta distribución de la riqueza se ahondó desde la aplicación del modelo neoliberal, en agosto de 1985. Los datos oficiales muestran que actualmente la quinta parte de los hogares más ricos recibe ingresos casi 50 veces superiores al de la quinta parte más pobre. El 10 por ciento de la población más acaudalada, entre los que se encuentra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la mayor parte de sus colaboradores, concentra un tercio del ingreso nacional y tiene más dinero que el obtenido en conjunto por el 70 por ciento de la población, compuesto principalmente por indígenas, campesinos, trabajadores informales, obreros y mujeres.

Desempleo e informalidad

Este mayoritario segmento de la población empobrecida está asentado básicamente en las microempresas y en la informalidad. El 65 por ciento de la población económicamente activa está inmerso en el autoempleo de subsistencia familiar y en la informalidad. El 83 por ciento de la población económicamente activa trabaja en las micro y pequeñas empresas, con bajísimos niveles de productividad y que sobreviven solo por la autoexplotación y el sacrificio familiar.

Sufriendo como ellos, están otros 350 mil bolivianos que carecen de empleo y tienen un ingreso cero. Cerca de otro millón de trabajadores tiene un empleo de baja calidad y gana por debajo de lo que se necesita para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos y servicios básicos.

Sobre este sector de asalariados, el gobierno boliviano quiso; bajo la presión del Fondo Monetario Internacional. descargar el peso de la crisis fiscal, a través de un impuesto al salario, lo que encendió la chispa de la convulsión social.

Para los de abajo, era claro que el gobierno intentaba financiar, con el dinero de los asalariados y de los más pobres, el despilfarro gubernamental. la inocultable y extendida corrupción de los gobernantes y la masiva defraudación tributaria que hacían empresarios nacionales y transnacionales petroleras.

El impuestazo del gobierno de los millonarios era inaceptable para un país donde cada día tres mujeres mueren al dar a luz por falta de atención médica, donde la tasa de mortalidad infantil alcanza a 67 por cada mil niños nacidos vivos y la desnutrición de niños y niñas menores de 3 años es del 28 por ciento.

La rebeldía de los de abajo también se alimenta al constatar que por lo menos uno de cada cinco bolivianos está desnutrido, que una de cada cuatro niñas y niños tiene una estatura baja para su edad, que el cinco por ciento de las niñas y niños nacen con bajo peso y que una de cada cuatro mujeres bolivianas en etapa de gestación sufre de anemia por tener una deficiente alimentación. Y ni hablar de la economía campesina y del área rural. donde sólo se cosecha pobreza, amargura y rebelión social.

Por eso, el impuestazo fue la gota que rebalsó el vaso. Las víctimas del modelo neoliberal devolvieron el golpe, frenaron la confiscación de parte de los salarios y refrendaron con sangre una advertencia: ya no están dispuestos a más sacrificios para salvar al modelo boliviano de la bancarrota.

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Gobierno intentó sacrificar el salario del pueblo

Junto con el “impuestazo”, el proyecto dispuso un tratamiento favorable para los empresarios, al disminuir el Impuesto al Valor Agregado del 13 al 12,5 % y el Impuesto a las Transacciones del 3 al 2,5 %.

(Econoticiasbolivia.com) Fue un atentado a la economía popular. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anunció, el domingo 9 de febrero, su intención de confiscar parte de los salarios e ingresos de los trabajadores y empleados del sector público y privado en una proporción que va desde el 4,2 por ciento al 12,5.

En su mensaje a la nación, trasmitido por una red de canales televisivos, Sánchez de Lozada comunicó que Bolivia marcha al colapso si el Estado continúa gastando más de lo que tiene. El déficit fiscal del 2002 fue superior al 8,5 por ciento y para el 2003 se pretendió, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, reducirlo a un poco más del 5 por ciento, recortando los gastos del Estado e incrementando sus ingresos a través de mayores contribuciones y sacrificios del sector laboral.

Con el denominado "impuestazo", trabajadores, obreros y empleados de clase media tenían que entregar parte de sus ingresos al Estado en la siguiente proporción: desde el 4,2 al 12,1 %.

El presidente también anunció que durante el 2003 no iba a dar paso a las demandas de aumento salarial planteadas por las organizaciones sociales y laborales.

"Hay un sacrificio adicional (...) no vamos a aumentar sueldos ni salarios", aseguró Sánchez de Lozada y anunció que tampoco iba a conceder incrementos en el presupuesto de las universidades públicas.

En el proyecto de presupuesto, Sánchez de Lozada planteó adicionalmente el recorte del 10 por ciento en los gastos del gobierno nacional. del Congreso y del Poder Judicial.

Pero junto a la mayor contribución que debían erogar los asalariados, el presupuesto dispuso un tratamiento favorable para los empresarios al disminuir el Impuesto al Valor Agregado del 13 al 12,5 por ciento y el Impuesto a las Transacciones del 3 al 2,5 por ciento.

Según Sánchez de Lozada, con esa rebaja se devolvía a la economía 280 millones de bolivianos y se hacían más competitivas a las empresas, que podían mejorar su crítica situación y rebajar los precios de sus productos.

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Impuesto al salario, una imposición del FMI

El déficit fiscal del 2002 llegó al 8,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Los ingresos fiscales se han erosionado y los gastos se han disparado hacia arriba, generando una creciente brecha que fue cuestionada por el Fondo Monetario Internacional.

(Econoticiasbolivia.com) Con la plata de los de abajo y por mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI). el gobierno boliviano intentó desactivar la bomba fiscal que amenaza con hacer estallar sus frágiles finanzas.

Del bolsillo de los asalariados, obreros y empleados del sector público y privado, el gobierno neoliberal pretendió sacar casi 90 millones de dólares durante la gestión del 2003, monto que le permitiría eliminar el 30 por ciento del abultado déficit fiscal.

que ha crecido aceleradamente por el despilfarro gubernamental. la inocultable corrupción del aparato estatal, los excesivos gastos de la alta burocracia y la reforma neoliberal del sistema de pensiones.

El déficit fiscal del 2002 ha sido del 8,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). un nivel insostenible para una economía tan diminuta y endeble como la boliviana. Los ingresos fiscales se han erosionado y los gastos se han disparado hada arriba, generando una enorme brecha que fue cuestionada por el Fondo Monetario Internacional. Bajo la presión de este organismo, que casi siempre marca la agenda y el norte de lo que se hace en Bolivia, el gobierno anunció la reducción del déficit hasta el 5,5 por ciento del PIB para el 2003.

En esta línea, de reducir gastos e incrementar ingresos, Sánchez de Lazada solicitó al Congreso boliviano la aprobación respectiva para confiscar parte de los ingresos y salarios de los trabajadores y empleados en una proporción que va desde el 4,2 por ciento al 12,5 por ciento. La aprobación de esta medida era inminente, dada la mayoría congresal que ostenta el gobierno, aunque nunca se descartó que el repudio generalizado de la población ante el denominado "impuestazo" pueda hacerla retroceder. por lo menos en alguna proporción.

Otro mecanismo previsto para reducir el déficit fiscal fue el mayor aporte tributario exigido a las petroleras extranjeras que operan en Bolivia. De ellas, el gobierno pretendió obtener alrededor de 75 millones de dólares adicionales, monto que equivale al 25 por ciento del recorte del déficit.

Esta nueva contribución exigida a las petroleras fue recibida con malestar por las empresas transnacionales, las que sin embargo no han quedado tan mal paradas en su relación con el Estado boliviano, ya que denuncias públicas de los propios funcionarios de gobierno daban cuenta que estas petroleras anualmente defraudan en impuestos cerca de 120 millones dólares al fisco.

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Sindicatos revolucionarios: no estuvimos a la altura de la eclosión social

Tres días después del levantamiento popular del 12 y 13 de febrero, el movimiento obrero y popular realizó una primera crítica y autocrítica de su accionar. Coincidieron en que la eclosión social estuvo marcada por la nítida ausencia de una dirección política revolucionaria.

Miguel Pinto Parabá

(Econoticiasbolivia.com) Organizaciones obreras departamentales y nacionales que se reunieron con la dirección del "Estado Mayor del Pueblo", el domingo 16 de febrero, en Cochabamba, para evaluar la candente coyuntura económica y social del país, coincidieron en un hecho: la última sublevación social boliviana fue "espontánea", pues no fue timoneada por alguna dirección sindical-o política organizada.

A la hora de hacer el balance, todos los dirigentes sindicales y militantes de partidos revelaron que fueron "sorprendidos" por el motín policial y el levantamiento social del 12 y 13 de febrero, que tuvo un saldo de 33 muertos a bala y más doscientos heridos.

, El máximo líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, el dirigente . de la Coordinadora del Agua, Oscar Olivera, el ejecutivo nacional del magisterio urbano, Estanislao Aliaga, y el representante de las Centrales' Obreras Departamentales (CODes) del país, Genaro Torrico, reconocieron "autocríticamente" que ninguna de las organizaciones a su mando ni la progubernamental Central Obrera Boliviana (COB) coordinaron acciones para dirigir este movimiento. [Posteriormente, la dirección oficialista de la COB fue derribada en un Congreso (Nota de SoB).]

Sin embargo, varios ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aseguraron lo contrario. A través de varias conferencias de prensa acusaran primero al MAS, luego al "Estado Mayor del Pueblo" y finalmente a otras organizaciones departamentales y sociales de ser las "responsables" de las violentas jornadas de la semana pasada e incluso las involucraron en un supuesto "golpe de Estado”.

Las causas

De acuerdo a los dirigentes sindicales que se reunieron el 16 de febrero en la sede de las Federación de Fabriles de Cochabamba, el levantamiento popular tiene raíces históricas.

La vertical aplicación del modelo de libre mercado (desde agosto de 1985), que desarrolló altas tasas de pobreza y desempleo, generó las condiciones materiales para una eclosión social. que se viene revelando en el país, con matices cada vez más virulentos, desde los movimientos sociales de abril y septiembre del 2000.

Los últimos datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) revelan que en los cinco años de gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga (1997-2002) el número de muertos en los conflictos sociales ascendió a 80, mientras que el actual régimen, en sólo seis meses, ya tiene en su haber 57 muertos.

Otro dirigente afirmó que el gobierno no es que no quiere sacar al país de la crisis, sino que materialmente "no puede", porque, desde la privatización de las principales empresas estatales y su entrega a las transnacionales, los recursos que ingresaban al Tesoro General boliviano disminuyeron paulatinamente.

La política de erradicación de la hoja de coca también disminuyó el flujo de circulante en todo el país, lo cual no fue subsanado-por los planes de "desarrollo alternativo", agregó, a su turno, el dirigente de los cocaleros de los Yungas, Dionisio Nuñez.

"La espontánea sublevación se estrelló contra 17 años de opresión. El neoliberalismo murió y las políticas impuestas por el FMl fracasaron", sintetizó Oscar Olivera.

Para algunos sectores radicales, sin embargo, lo que ocurrió la anterior semana es, en el fondo, producto de la "bancarrota" del sistema capitalista boliviano, que ingreso en una profunda crisis.

Otros dirigentes hicieron notar que, cuando la propiedad privada se encuentra en peligro, los propietarios, inevitablemente, dan un viraje hacia posiciones conservadoras. Tomaron como ejemplo el radical cambio de discurso que experimentaron los 'líderes de las confederaciones de empresarios, antes y después del levantamiento popular.

Con el fin de evitar un nuevo "impuestazo", "paquetazo", "gasolinazo", "corralito" u otra medida que pretenda reducir el alto déficit fiscal, según los sindicalistas, los bolivianos deben lanzar la propuesta de la "reversión" de todas las empresas privatizadas desde 1985. Esta idea recibió aplausos y fue ampliamente respaldada por los cerca de cincuenta asistentes a la reunión.

Vándalos o antisistémicos

Otro tema que se analizó a profundidad fue la presunta participación de "delincuentes", "vándalos" y "francotiradores" en las jornadas del 12 y 13 de febrero.

Los niños y jóvenes que "en masa" se dieron a la tarea de saquear y quemar entidades estatales, sedes de partidos políticos y entidades bancarias, en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, no son "vándalos" ni "delincuentes", como afirman equivocadamente la mayor parte de los medios de información comercial. sino son grandes grupos de jóvenes que no encuentran alternativas bajo el actual sistema económico, afirmó el profesor Estanislao Aliaga, luego de explicar que los manifestantes prácticamente "apedrearon y quemaron los iconos del poder económico y política boliviano".

El ataque al Palacio de Gobierno, la Vicepresidencia, el Ministerio de Trabajo, las Prefecturas, los Bancos de propiedad de conocidos políticos, la Alcaldía de El Alto, algunas empresas transnacionales y privatizadas, y las sedes de los partidos políticos en función de gobierno estuvo, aparentemente, guiada por un nivel de conciencia.

Para los asistentes a la reunión, el tema de los "francotiradores" quedó claro. Estos "asesinos a sueldo", en realidad, son "paramilitares" dirigidos por el gobierno y la Embajada Norteamericana, denunció el dirigente obrero de la sede de gobierno, Genaro Tarrico, quien fue respaldado por varios participantes.

Evo Morales, basado en "informes de militares patriotas", denunció que los francotiradores tenían el objetivo de liquidar a los cabecillas de los policías amotinados y algunos dirigentes sindicales radicales.

U n a s imágenes televisivas presentadas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos muestra que fueron los propios militares quienes dispararon contra jóvenes, trabajadores y dos paramédicos de la Cruz Roja, el 13 de febrero.

Debilitamiento del aparato represivo

Otra conclusión a la que llegaron los sindicalistas fue que el levantamiento popular del 12 y 13 de febrero hizo "explotar el aparato represivo del Estado boliviano”. La tropa policial, apoyada por algunos "oficiales progresistas" derrotó el "impuestazo" al salario y puso en jaque al Eiército.

Se conoció también que los suboficiales y sargentos de algunas guarniciones militares del departamento de La Paz se "negaron" a salir a las calles para reprimir a los sublevados.

Los medios de comunicación, para la mayoría de los asistentes, jugaron un rol "negativo y progubernamental" en el conflicto. Se ocuparon de caracterizar al levantamiento como un movimiento "vandálico y delincuencial", para justificar una mayor represión. Acerca de este tema no se sacó conclusiones y se planteó que sea un punto de urgente análisis en el encuentro que se realizará en la ciudad de La Paz.

Pero, todo este movimiento popular estuvo marcado por una característica central: la nítida ausencia de una dirección política y sindical. Una sentida necesidad que también será analizada, a mayor profundidad, en un "Encuentro Social Nacional" que se desarrollará en La Paz, el 25 y 26 de este mes. .

Los militantes del MAS, la dirección del Estado Mayor del Pueblo y otras organizaciones sindicales y sociales no negaron esta crítica, que fue casi unánime, en el sentido que sus cuadros políticos “no estuvieron a la altura de los acontecimientos".

Un grupo de dirigentes lanzó también dardos contra el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), encabezado por el dirigente campesino Felipe Quispe. Criticaron acremente la ausencia del controvertido "Mallku" y el analista político, Álvaro García Linera, quienes, en el momento del conflicto, se encontraban de visita en México.

Olivera, Torrico y Morales, al filo del encuentro, plantearon la 'idea de organizar un nuevo "órgano de poder", la "asamblea popular constituyente"; empero, esto quedó también en el tapete de discusión.

Documento de conclusiones

Luego del debate de cerca de cuatro horas, se convocó a una conferencia de prensa para presentar un pronunciamiento colectivo de siete párrafos. Entre los puntos más sobresalientes, se ratificó el pedido de "renuncia del presidente y vicepresidente de Bolivia;. se determinó continuar las movilizaciones y vigilias en las carreteras, se decidió otorgar un plazo hasta fin de mes para dar solución a los pedidos de varios sectores sociales, y se denunció a la comunidad internacional la intención del gobierno de someter a los dirigentes de las organizaciones sindicales antineoliberales a "procesos penales" por haber participado en el levantamiento social de la semana anterior.

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Analista económico: se agotó el modelo, ahora hay que sepultarlo

Los ideólogos del neoliberalismo pensaban que retirar el Estado de las actividades productivas, los empresarios privados nacionales y extranjeros iban a sacar el país de la crisis. Pasaron 18 años y esta teoría, al chocar con la realidad, se hizo trizas.

(Econoticiasbolivia.com) El modelo neoliberal boliviano está totalmente agotado y solo resta enterrarlo, aseguró el economista de izquierda Pablo Ramos, que ve un cortocircuito en el proceso de acumulación de capital que inviabiliza toda posibilidad de crecimiento y desarrollo nacional.

El ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés explicó que la actual crisis económica y social que vive Bolivia es producto del agotamiento de las políticas neoliberales que no pudieron, desde su aplicación, en agosto de 1985, impulsar el crecimiento económico ni reactivar los sectores productivos ni menos generar un proceso de desarrollo nacional. "El único mérito del actual modelo es haber abatido la hiperinflación y haber logrado. una temporal y precaria estabilización", dijo durante el Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero, que se realizó en la ciudad de La Paz el 25 y 26 de febrero, y en que participaron representantes de las más importantes organizaciones sindicales y sociales del país.

La quiebra del modelo boliviano es, según Ramos, estructural. En los últimos años, Bolivia ha recibido millonarios ingresos desde el exterior, como nunca en su historia, pero, paradójicamente, dentro del país cae la producción. aumenta el desempleo y disminuye el ingreso de los ciudadanos. Entre 1985 y el 2000 el país obtuvo un ingreso de 13.685 millones de dólares, provenientes de la inversión extranjera, donaciones y préstamos de los organismos internacionales. Ese millonario flujo de recursos no permitió, sin embargo, impulsar las actividades productivas ni reactivar la economía. Por el contrario, las condiciones de vida y de trabajo empeoraron al igual que la situación de la industria, la agricultura, la minería, la construcción, el comercio y los servicios.

Esta grave contradicción (Bolivia recibe mucho dinero, pero su economía es cada vez más débil y su población más pobre) muestra, según Ramos, que los millonarios recursos están siendo canalizados, manejados y apropiados por las empresas transnacionales y los sectores políticos y sociales que los respaldan.

Crisis de los empresarios

Los inversionistas extranjeros están ganando a manos llenas. Están inflando sus costos y gastos para pagar muy poco en impuestos y en dividendos a los bolivianos, y así se están llevando fuera, del país los millones que ganan explotando los recursos naturales no renovables.

Las transnacionales no están reinvirtiendo en Bolivia y esa es la gran falla de modelo, explicó Ramos. Los ideólogos del neoliberalismo pensaban que al retirar al Estado de las actividades productivas, los empresarios nacionales y extranjeros iban a tener, desde 1985, el campo libre para hacer buenos negocios, llenarse de dinero y, posteriormente, reinvertir en el país, desarrollando la producción, generando más riqueza y empleo.

Pero esa teoría no se hizo realidad, por lo menos en lo que interesa a los bolivianos. En su generalidad, los empresarios nacionales, por su extrema debilidad, no pudieron hacer grandes negocios y, por el contrario, muchos de ellos están en la bancarrota. Los grandes negocios fueron a manos de las transnacionales, que están sacando el excedente y las riquezas a sus países de origen.

Por ello. el actual proceso de acumulación de capital esta descapitalizando y empobreciendo a Bolivia e impidiendo su crecimiento y desarrollo.

"El modelo neoliberal provoca además, la informalización de la fuerza de trabajo. la desindustrialización del país y profundas crisis en el área fiscal y comercial."

Según Ramos, el neoliberalismo está destruyendo a Bolivia y a los bolivianos, por lo que urge sepultado y reemplazarlo con un nuevo sistema económico y social más humano. más productivo y que sea capaz de generar las condiciones para un mayor bienestar para la población.

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Endeudamiento externo, una nueva calamidad

Cada año Bolivia destina aproximadamente 300 millones de dólares para pagar los intereses y amortizar parte del capital de la deuda externa. Con los nuevos préstamos, el erario nacional tendría que erogar cerca de 600 millones anuales. La nueva deuda será pagada por el gas.l'

(Econoticiasbolivia.com) Sin poder ocultar el descalabro y agotamiento de su modelo económico, el gobierno boliviano está apostando sus cartas de sobrevivencia a un mayor endeudamiento externo, que puede ser una nueva y fatal calamidad para el país, advirtió el ex rector universitario Pablo Ramos.

"Nos están llevando por el peligroso camino del endeudamiento externo e interno", dijo el especialista al dar a conocer que los gobernantes tramitan créditos por un valor cercano a los 5.000 millones de dólares, como única vía para financiar su plan económico y superar los graves déficits financieros y fiscales.

Con este monto. la deuda externa boliviana virtualmente se duplicaría, al igual que el oneroso servicio que se paga anualmente a los acreedores externos. Cada año, Bolivia destina aproximadamente 300 millones de dólares para pagar los intereses y amortizar parte del capital. Con los nuevos préstamos. el erario nacional tendría que erogar cerca de .600 millones de dólares anuales, cifra que es superior a todos los recursos que el Estado destina como inversión publica, lo que es insostenible en el mediano y largo plazo.

"La deuda externa ha sido y es una calamidad para los países pobres, que se ven obligados a comprometer sus recursos naturales. La nueva deuda será pagada con el gas boliviano", dijo el especialista, quien cree que Bolivia está a punto de repetir la vieja historia de los años 70 cuando los países latinoamericanos se veían en el trance de "exportar o morir para pagar la deuda externa".

Los estudios oficiales y de entidades privadas sobre el endeudamiento externo en Bolivia coinciden en que, históricamente, los préstamos del exterior han beneficiado muy poco a la economía nacional y a los bolivianos y que, en su mayor parte, han servido para financiar los gastos dispendiosos de la alta burocracia estatal y para acrecentar múltiples formas de corrupción y enriquecimiento ilícito de los gobernantes. Por las condiciones, plazos y modalidades de los créditos, la deuda externa se ha convertido en uno de los más grandes escollos para el crecimiento y desarrollo nacional.

"Pagamos y pagamos, pero la deuda no disminuye y más bien crece", aseguró Ramos, quien cree que los programas de alivio de la deuda, reprogramaciones y condonaciones parciales realizadas en el pasado en beneficio del país por los acreedores externos no han servido de mucho para resolver este problema, que puede agravarse a extremos insostenibles si el gobierno persiste en su política de mayor endeudamiento.

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La quiebra fiscal

La profunda crisis fiscal que vive Bolivia está expresando la quiebra del modelo neoliberal. La política económica ha perdido el norte. Es necesario recuperar las ganancias y ingresos de la explotaci{on del gas natural, de la minería y de la agricultura comercial del oriente.

(Econoticiasbolivia.com) El modelo neoliberal ha quebrado las finanzas bolivianas y ha generado una profunda crisis fiscal y la debacle de los sectores productivos, aseguró el economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arze.

En su disertación sobre la crisis fiscal en el Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero, Arze explicó que el modelo de libre mercado, inaugurado con el DS 21060. de agosto de 1985 está virtualmente agotado.

La situación es insostenible en el campo de las finanzas públicas. Los ingresos del Estado se han erosionado y los gastos tienen una tendencia creciente, lo que genera un déficit cada vez más abultado y peligroso.

Actualmente el Estado ya no puede sostenerse con los impuestos porque gran parte de la economía nacional funciona en la informalidad y en el precapitalismo. Además, según Arze. el sistema tributario es demasiado inequitativo: afecta a los trabajadores y a los consumidores que son los que más pagan impuestos, pero no a las empresas. "Los empresarios virtualmente no pagan impuestos."

El analista explicó que la insostenibilidad en los ingresos fiscales se agrava en la medida que es el propio modelo económico el que socava sus bases de sustentación. "El modelo ha profundizado el deterioro del aparato productivo nacional y ha desindustrializado al país. Tenemos una industria poco relevante, muy débil. El modelo acabó con muchas industrias y gran parte de la industria formal ha sido reemplazada por las unidades productivas informales, que no pagan impuestos."

En este escenario, el especialista considera que los ingresos tributarios pagados por la población no pueden aumentar más. "Creo que la presión tributaria (porcentaje de la recaudación tributaria sobre el producto interno bruto) ha llegado a su límite. En 1985 era del 2 por ciento del PIB y el 2002 fue de 15 por ciento, lo que ha significado que la gente sacrifique su consumo para pagar impuestos."

Ante la imposibilidad de aumentar los tributos, por la resistencia de la población empobrecida, el gobierno busca financiar sus gastos mediante la contratación de nueva deuda externa e interna, que sin embargo generaran nuevos problemas para la economía nacional, advirtió Arze.

Para el economista del CEDLA, la profunda crisis fiscal que vive Bolivia está expresando la quiebra del modelo neoliberal. "La política económica ha perdido el norte del desarrollo. La política neoliberal está asentada en la mayor explotación de la fuerza de trabajo, en la mayor apropiación del ahorro de los trabajadores y no en ingresos legítimos, Por ello, se debe recuperar el rol productivo del Estado y modificar el financiamiento estatal: ya no se puede presionar más a los trabajadores y consumidores. También es necesario recuperar las ganancias e ingresos de la explotación del gas natural de la minería y de la agricultura comercial del oriente."

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Los rebeldes de uniforme

La historia de los motines policiales se remonta a la década del ’40. En los cuarteles, la explotación es peor que en las fábricas y cada día se atiza el descontento y la lucha de clases. El 11 y 12 de febrero, los policías, junto con el pueblo, resquebrajaron los cimientos del Estado.

(Gonzalo Trigoso y Econoticiasbolivia.com - Gonzalo Trigoso es abogado laboralista y asesor jurídico de la tropa policial. Participó activamente en los amotinamientos, a pedido de los uniformados. Fue invitado como expositor al Encuentro Nacional: Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero [Nota del Coordinador]) Cuartel policial del Grupo Especial de Seguridad, a media cuadra del palacio de gobierno en La Paz. Abril del 2000. La tropa amotinada discute con pasión si se acepta la propuesta gubernamental de incrementar sus salarios en 50 por ciento o, si por el contrario, se toma por asalto el palacio. Fusil en mano, uno de los amotinados pregunta: ¿y qué haremos cuando tomemos palacio? La respuesta a coro es contundente: ¡entregarlo a los obreros y los campesinos! La discusión sube de tono: unos hablan de guerra civil, otros de que los dirigentes obreros están vendidos al gobierno. Finalmente se decide aceptar el aumento salarial y los amotinados bajan las armas.

El motín policial del 2000 es apenas una parte de la lucha social que se libra al interior del aparato represivo del Estado. La tropa y suboficiales de baja graduación sobreviven en condiciones precarias, con salarios de hambre, sin beneficios sociales ni ascensos. En los cuarteles, la explotación es mayor que en las fábricas y cada día se atiza el descontento y la lucha de clases. La historia de los rebeldes de uniforme es de larga data y se remonta a los años posteriores a la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando comienza la profesionalización y organización moderna de esa institución.

Entre revoluciones y motines

Así, está grabada en la historia nacional, que el golpe militar nacionalista del teniente coronel Gualberto Villarroel (apoyado por el MNR y RADEPA) de diciembre de 1943 fue iniciado y vanguardizado por la policía de tránsito, los humildes “varitas”. Fueron también los dos regimientos de carabineros los que se batieron a muerte y hasta el final en su cuartel de la calle Calama, el 21 de julio de 1946, cuando la rosca minero-feudal colgó a Villarroel.

Años más tarde, en la Revolución del 9 de abril de 1952, la policía jugó un papel protagónico desde el principio junto a los comandos militarizados del MNR, el proletariado minero-fabril y los universitarios. Los regimientos policiales sostuvieron a sangre y bala las trincheras y posiciones revolucionarias enfrentándose al Ejército. Un día después, estalla la insurrección popular y se vence a la rosca minero-feudal y a .su ejército, ya fraccionado y debilitado al extremo.

Durante los gobiernos nacionalistas y militares, que habían debutado como antiimperialistas y luego se sometieron a las directrices norteamericanas, se funda la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSCASSPOL) en febrero de 1967. Nacen como un sindicato de la tropa policial y sus precursores recuerdan que fueron secuestrados por agentes de los organismos de seguridad del Presidente René Barrientos y luego de ser torturados, arrojados al agua en Río Abajo, pero tanto los fundadores como ANSCASSPOL sobrevivieron.

En el golpe de estado del general Luis García Meza Tejada, el 17 de julio de 1980, el regimiento No. 1 de carabineros de la calle Colombia, en La Paz, se negó a obedecer las órdenes de los golpistas y se acuarteló.

En los últimos años muchas fueron las muestras del descontento al interior de la policía. Diversos motines en los regimientos pasaron inadvertidas para la población, como el de mediados de los años 90 del Grupo Especial de Seguridad (GES) que fue reprimido por los cadetes de la Academia de Policías.

El abril verde olivo

Sin embargo, la historia actual de las luchas sociales de la policía por reivindicaciones ligadas a los intereses obrero-populares y también sectoriales comienza en abril del 2000, casi de manera anecdótica.

En la ciudad de Santa Cruz un joven policía de tropa, Abad Hinojosa, inicia una huelga de hambre pidiendo que se le pague su salario de tres meses. Dice que necesita alimentar a su familia, pero nadie lo escucha y es reprimido. El rebelde no se rinde, viaja a la ciudad de La Paz y reinicia la huelga en la Catedral, reclamando ahora que el Estado pague los salarios adeudados a todo su batallón, Su acción es apoyada de inmediato por la asociación de esposas de los policías, a la cabeza de Guadalupe Cárdenas, y posteriormente por la sargento Rosmery Vargas. La huelga crece al igual que la demandas:

los amotinados exigen ahora un aumento del 20 por ciento para toda la policía nacional.

Bolivia vive un clima de convulsión social y la huelga de hambre policial incomoda a muchos. Los sacerdotes desalojan a los huelguistas de la Catedral y el piquete de Abad Hinojosa se instala en la sede de la Central Obrera Boliviana. En el ayuno, los rebeldes siguen de cerca lo que pasa en el país:

en Cochabamba el pueblo se levanta contra la Ley de Privatización del Agua, la VII División de las Fuerzas Armadas (FFAA) utiliza francotiradores para frenar el alzamiento, pero la Confederación de Campesinos consolida su bloqueo nacional de caminos a escala nacional, la Coordinadora del Agua asume el control de Cochabamba, el Bloque Sindical Antineoliberal se moviliza en el occidente del país y en Achacachi, en el altiplano, los tanques están sembrando la muerte. La insurrección asoma en el horizonte.

La situación es insostenible y en la madrugada del sábado 8 de abril el general Hugo Banzer, presidente de la República, dicta el Estado de Sitio y ordena al GES la intervención del piquete de esposas y policías huelguistas, que estaba concitando creciente apoyo entre la población civil y los uniformados. Banzer quiere eliminar ese foco de tensión, pero el GES se amotina y dice abiertamente que no reprimirá a sus camaradas ni a sus esposas.

A las 10:00 de la mañana del sábado, todas las unidades de la guarnición policial de La Paz (10.000 efectivos) están amotinadas. Al mediodía marchan por la ciudad con destino al cuartel del GES compañías y pelotones policiales armados para reforzar a sus camaradas. A las 2 de la tarde hay más de 2.400 policías acuartelados dentro del GES. En la tarde del sábado se une al motín el mayor David Vargas, quien junto con un teniente, son los únicos oficiales que materialmente apoyan a la tropa amotinada.

El gobierno desespera. A medianoche del sábado 8, las FFAA atacan militarmente al GES, cruzan disparos con la policía por 10 minutos, pero no logran doblegarla. Un enfrentamiento mayor parece inevitable hasta que el gobierno retrocede y emite un mensaje por televisión: pide paz inmediata, decide retirar a las FFAA, deja sin efecto la Ley de Aguas, suspende el Estado de Sitio y propone dar un aumento salarial a la policía del 50 por ciento y ya no del 20 por ciento que había sido solicitado por la tropa.

En el cuartel del GES ya saben de la rendición gubernamenta, pero muchos quieren más. La tropa amotinada discute con pasión si se acepta el aumento salarial o, si por el contrario, se toma por asalto el palacio. Finalmente se decide aceptar el aumento salarial y los rebeldes bajan las armas. El domingo, las tropas policiales abandonan el cuartel del GES. Sobre ellos, llueven los aplausos de la población civil que se había concentrado desde el sábado para apoyarlos. Sin saberlo, civiles y uniformados estaban tejiendo la historia de febrero del 2003.

A lo largo del 2000 y 2001 hubo otras huelgas de hambre de efectivos policiales como la del cabo Adolfo Borora, o el épico motín del Batallón de Seguridad Física Privada para que se reconozca su derecho a la sindicalización y se respete el fuero sindical de sus dirigentes.

La revuelta de febrero

En febrero de 2003 un amotinamiento ya cantado desde septiembre del pasado año se inicia nuevamente en el GES. El descontento policial estalla el martes 11 ante el anuncio del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de recortar el salario de trabajadores y empleados públicos y privados, entre un 4 al 12,5 por ciento, a través del impuestazo. Ese día, el GES se acuartela y demanda, en comunicación directa con los gobernantes, la anulación del impuestazo y un incremento salarial del 40 por ciento.

El motín policial es de dominio público recién el miércoles 12. A mediodía, estudiantes de secundaria del Colegio Ayacucho apedrean el Palacio de Gobierno, desprotegido por falta de policías. Los militares reprimen con violencia y se inicia la masacre de la Plaza Murillo.

Fuerzas militares comienzan a disparar contra el pueblo movilizado y contra los cuadros policiales que se encuentran en el GES y los alrededores. Francotiradores de las FFAA disparan contra la población indefensa y también contra policías del GES causando gran cantidad de bajas (muertos y heridos). La Paz respira un ambiente de guerra civil. En los hospitales se llama a todo el personal médico y paramédico, se solicita donación voluntaria de sangre, se hace conocer que no hay más camas ni capacidad para atender a tantos heridos.

La marcha convocada por la Central Obrera Departamental de La Paz se radicaliza y se procede junto a la población civil al asalto y quema del Ministerio del Trabajo (símbolo del abuso y prepotencia oficial en favor de los empresarios), de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Desarrollo Sostenible, del Tribunal de Justicia Militar, del propio Congreso Nacional, la Alcaldía de la ciudad de El Alto que es reducida a cenizas y luego comienzan los saqueos a los comercios e incluso fábricas.

La lucha amenaza con generalizarse en toda la ciudad y desde el interior de la República las guarniciones policiales se suman íntegras al motín. En La Paz, trabajadores, desempleados, jóyenes de clase media y policías traba~ jan codo a codo desarmando el poder establecido. Desesperado y con la voz quebrada, el Presidente Sánchez de Lazada emite un mensaje televisivo haciendo un llamado a la paz y retira el "impuestazo" .

Pero la lucha continúa entre militares y policías. Incluso después del mensaje presidencial. el pueblo continúa atacando propiedades públicas y privadas. Los francotiradores del Ejército siguen con su cosecha macabra y suena como cruel ironía que la sede de gobierno siga ostentando el nombre de La Paz. Al día siguiente, jueves 13, marchas convocadas por diversos sectores de trabajadores y pueblo en general continúan con el levantamiento popular. La multitud que copa las principales ciudades del país clama por la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y del vicepresidente Carlos Mesa.

Las sombras de la noche calman la sed de sangre y de venganza. El viernes 14, una procesión de miles acompaña a los 10 policías caídos. "Guardia fiel, qué te importa la vida si alumbrando te mata el deber", dicen los compañeros de los acribillados. La trompeta anuncia el minuto de silencio y un teniente del GES no puede reprimir las lágrimas: "A mi camarada siempre lo vaya recordar como a un héroe".

"Estos son los policías del pueblo", remata una señora, que carga un niño en brazos y una infinita pena que se descarga en un hilito de sal y amargura por los sucesos del 12 Y 13 de febrero.

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El policía rebelde que derrotó al impuestazo del FMI

Los policías de base ganan, en promedio, 1 boliviano [13 centavos de dólar] por hora, El “impuestazo” confiscaba parte de los sueldos de los oficiales, con cinco años de estudio. Así, el malestar de los jefes policiales se combinó con la bronca de tropa y concluyó en el enfrentamiento con los militares.

Miguel Pinto Parabá

(Econoticiasbolivia.com) En Bolivia, muchos han comenzado a ver al líder de los policías rebeldes como un émulo de Hugo Chávez. El mayor David Vargas, responsable del idilio entre la policía y el pueblo, después de los sucesos del 12 y 13 de febrero, dice tener el honor de haber derrotado al Fondo Monetario Internacional (FMI) aunque reconoce que fue de manera involuntaria. Ahora, y junto a los uniformados amotinados considerados un "factor de poder", advierte que el país volverá a arder si el gobierno y las transnacionales insisten en la venta de gas por puertos chilenos.

En abril del 2000, la policía se "amotinó" y desactivó un Estado de Sitio. Tres años después, apoyados por el levantamiento popular del 12 y 13 de febrero, derrotaron el "impuestazo". Este acto les costó la vida a 10 carabineros, 4 militares y 19 civiles. Ahora, los policías, envalentonados, aseguran "no tener miedo" a derramar nuevamente su sangre en defensa de la democracia y la soberanía nacional.

En el último motín policial hubo tres tendencias: una, la "radical", apuntalada por la "tropa" policial que se opuso al impuesto al salario y exigió un incremento de sueldos del 40 por ciento; otra, la "mediadora", conformada por oficiales de alta graduación, y la "orgánica" dirigida por la Asociación de Suboficiales y Clases de la Policía.

En el centro de operaciones —el cuartel del Grupo Especial de Seguridad (GES), que se encuentra a media cuadra del Palacio de Gobierno, donde fueron acribillados los diez policías— se impuso la segunda corriente, la de los oficiales de alta graduación, que pusieron como "Comandante en Jefe" de los insubordinados al Mayor David Vargas, quien también lideró el "motín" policial en abril del 2000.

Ahora la popularidad de Vargas, de 41 años de edad, creció. Algunos sindicalistas lo comparan incluso con el coronel venezolano Hugo Chávez y el militar ecuatoriano Lucio Gutiérrez. Otros dicen que esto es una exageración. El gobierno lo tiene "fichado", Pero, lo cierto es que goza del apoyo de gran parte de su institución y el respaldo de amplios sectores de la población.

A las pocas horas de haber terminado el conflicto, se realizó esta entrevista con el policía rebelde que puso en jaque a los dos últimos gobiernos. El mayor, un hombre de voz serena y palabras medidas, no se anda con tapujos al momento de evaluar a los grandes personajes que hacen noticia en el mundo: calificó a George Busch, Osama Bin Laden, Sadam Husein y a quienes dirigen el FMl como unos "pendejos... hijos de su madre..."; al Papa Juan Pablo 11 como un hombre "controvertido"; a Lula, un "trabajador exitoso"; al Presidente Hugo Chávez, un "combatiente, y a Fidel Castro como "un gran luchador y combatiente social".

Los hechos

La Policía se sublevó a las dos de la tarde del 11 de febrero. El mayor Vargas —también egresado de la carrera de Psicología— relató que se hizo cargo del motín del GES recién a las cuatro de la tarde, a pedido de sus camaradas.

Los amotinados exigían una reunión con el ministro de Gobierno, pero éste recién se presentó al día siguiente a las siete de la mañana.

El ministro de Gobierno, Alberto Gasser, fue concreto en esa rápida reunión. Dijo que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a dialogar, pero no bajo presión. Y que el "impuestazo" era "innegociable". "Esta actitud de soberbia enfureció a mis camaradas, quienes decidieron continuar con su lucha."

Aclaró que ellos, desde ese momento, hicieron tratativas con varios personeros de gobierno para evitar el conflicto, pero nadie les atendió. Y la sangre llegó al río.

El tema se complicó cuando los estudiantes de secundaria del Colegio Ayacucho marcharon en plena Plaza Murillo y apedrearon el Palacio de Gobierno a las 11,30 de la mañana del 12 de febrero. A la media hora, llegó la Guardia Presidencial (el Regimiento Militar "Colorados de Bolivia") y, armados hasta los dientes, rodearon el Palacio de Gobierno. Luego de tres escaramuzas con gases lacrimógenos, a las tres de la tarde finalmente se enfrentaron a los amotinados con balas de guerra, con un saldo de 10 policías y 4 militares muertos y varios heridos.

Causas estructurales

Las causas del motín policial, según Vargas, son "estructurales". "Los periodistas tienen que entender que los policías de base ganan, en promedio, l boliviano con 10 centavos (menos de 15 centavos de dólar) por hora. Imagínense la calidad de vida que tienen nuestros efectivos. Este es el detonante central que hizo estallar el levantamiento policial."

Además, con el "impuestazo" los oficiales, con 5 años de estudio, también estaban siendo afectados con un recorte a sus bajos sueldos. Este malestar de los oficiales se "combinó" con la "bronca" de la tropa policial y concluyó con el enfrentamiento con los militares, explicó.

Lo que sucede, en opinión de Vargas, es que el gobierno intentó aplicar "verticalmente" una política económica digitada desde el FMI.

"Los bolivianos no somos los culpables del alto déficit fiscal que tiene el país. Los únicos culpables son los que nos gobiernan. Los ministros y los parlamentarios que, según la prensa, reciben otros sueldos de 'gastos reservados' son los que también se llevan gran parte del dinero del Estado. Otra cosa muy grave es que las empresas capitalizadas (bajo el control de empresas transnacionales) no pagan impuestos y se están aprovechando de nuestras riquezas. Esto hay que parar. Por eso, nosotros nos oponemos a la venta del gas a Estados Unidos por puerto chileno."

Con un metro y sesenta y pico centímetros de altura, pero con la talla ya de un líder, el jefe de los policías rebeldes no tiene dudas que América Latina es un continente "sometido" por los norteamericanos. Afirmó que Bolivia es un "mendigo sentado en una silla de oro." "Contamos con riquezas que ni los países europeos tienen. Sinceramente, no entiendo cómo aún somos un país considerado pobre. Esto debe cambiar, para que nuestros hijos tengan un lugar donde vivir humanamente."

"Las cinco prioridades sociales que los bolivianos deben solucionar de forma "urgente" son la pobreza, la salud, la educación, el desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana. Si no se da solución a estos temas, el país, inevitablemente, arderá."

Industrializar la coca

Sobre el espinoso tema de la erradicación de la hoja de coca, el Mayor también tiene un discurso radical: como parte de una estrategia de desarrollo sostenible, se la debe "industrializar". Y aunque está de acuerdo con la propuesta del gobierno de censar el consumo de coca, no apoya que sólo sea para el 'acullico' (masticación). sino también para su industrialización.

Está convencido de la lucha contra el narcotráfico, sin embargo dijo que la que se está librando "es una lucha hipócrita" impulsada por algunos políticos que estuvieron comprometidos con regímenes que "incentivaron la producción de cocaína". Cuando se le pidió nombres, afirmó vehementemente: "¡Ustedes los periodistas saben de quiénes estamos hablando!"

Durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta hubo un auge de la producción de cocaína en Bolivia, incentivada o por lo menos tolerada desde las esferas del poder.

Militante de la democracia

En el pico de la popularidad, confiesa que desde el 13 de febrero le "llovieron" las propuestas para integrarse a partidos políticos que desean lanzarse o relanzarse con éxito a la arena política. Aseguró, sin embargo, que por respeto a su institución no militará en ninguno.

Vargas se considera un "militante acérrimo de la democracia". Cree que, ante todo, la policía debe defenderla.

"Si en este momento hubiera un golpe de Estado, sin temor a equivocarme, la policía de forma monolítica se enfrentaría a los militares junto al pueblo boliviano para defender la democracia."

"Lamentó mucho" que el gobierno se haya dado, en estos últimos días, a la tarea de dividir a la fuerza policial. "No lo van a conseguir. Ahora vivimos un idilio con el pueblo. Somos parte de las organizaciones sociales del país. Y tenemos el honor internacional de haber derrotado al FMI. Pero creo, en honor a la verdad, de forma involuntaria. Ahora, no les tenemos miedo. ¡Si quieren lucha, lucha van a tener!"

Insiste en que en el último levantamiento popular el Ejército perdió muchos espacios. "Han tirado por la borda 30 años de prestigio. Esto marcará las futuras luchas sociales. Yo espero de corazón que ya no haya más derramamiento de sangre. El gobierno ahora tiene que aprobar medidas económicas por consenso, sino tendrá oposición." Y para Vargas los motines policial es han confirmado una certeza: "¡Aún existen pueblos dignos y soberanos...!"

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Hermano contra hermano

No faltaron los héroes anónimos que intentaron evitar el enfrentamiento entre bolivianos. Pero el raudo tren de la historia es incontenible. En las ciudades de La Paz y El Alto los iconos del poder económico y político fueron saqueados. La gente, espontáneamente, pidió “la cabeza del Goni”.

(Econoticiasbolivia.com) Era la única silueta con falda que se distinguía en medio del humo de los gases y de los grupos de uniformados que cruzaban de un lado a otro de la Plaza de Armas, en la sede de gobierno. El primer plano de la cámara mostró la cara de una mujer adulta que abría los labios con mucho esfuerzo. Pero se dejó oír "que me maten". Suplicaba que alguien le dispare. "No quiero vivir para ver que mis hijos se maten entre ellos".

La desesperada señora, el miércoles 12 de febrero, tenía a un hijo en el grupo de militares que disparaban contra el grupo de los policías rebeldes, en el que estaba su otro hijo.

A esas horas, algo más de las 3 de la tarde, a media cuadra de la Plaza Murillo, en la sede del Grupo de Seguridad Especial (GES) se lloraba a los policías muertos, y en plena plaza ya se había reportado la baja de un efectivo militar.

A las 4 de la tarde y con el reporte de diez personas muertas y más de setenta heridas, los civiles concentrados en los alrededores de la plaza principal. declarada zona militar, empezaron a instalar barricadas, quemaron vehículos y pese al mensaje presidencial de desistir de las nuevas políticas tributarias, pedían a gritos "la cabeza de Goni".

Media hora después, el presidente Gonzalo Sánchez de Lazada salió a las pantallas de televisión por segunda vez, acompañado de los comandantes de la Fuerza Aérea Boliviana, del Ejército y de la Policía Nacional, para ordenar a sus efectivos el repliegue. Ya entonces empezaba a arder en llamas el Ministerio de Trabajo y los heridos de balas y balines que seguían cayendo en las calles eran trasladados por los ciudadanos civiles en frazadas del ejército, que ante la confusión, habían dejado desparramadas los efectivos militares, luego apostados en el Palacio de Gobierno.

A las 6 y mientras un reducido grupo de bomberos —porque el grueso s