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El desafío ante la privatización
de los sistemas de agua en Latinoamérica
La furia
del oro azul
Por
Tony Clarke y Maude
Barlow
Lancara, 28/07/04
A menudo bebemos un vaso de agua sin reparar
apenas en el valor de este recurso. Sin embargo, según estimaciones
recientes de la Organización de Naciones Unidas, en el planeta hay 1.300
millones de personas que carecen de un acceso adecuado al agua
potable, y 2.500 no disfrutan de un sistema de saneamiento apropiado. En
todo el mundo, hay seres humanos que arriesgan la vida en conflictos bélicos
por el problema del acceso al agua dulce. Aunque estas luchas no son
nuevas, pues el agua ha sido siempre un elemento esencial para la vida y
la naturaleza del planeta, se intensifican a medida que el agua se
convierte en un recurso cada vez más escaso y lucrativo. Como ya preveía
el ex vicepresidente del Banco Mundial a finales de los años noventa, «Las
guerras del siglo XXI se librarán a causa del agua».
Las
batallas del agua
Uno de los puntos más conflictivos
de las batallas por el agua es Latinoamérica. De hecho, la primera gran
guerra del agua del siglo XXI estalló en Bolivia cuando el Banco Mundial
exigió, para la renovación de un préstamo de 25 millones de dólares,
la condición de que se privatizasen los servicios de agua del país más
pobre de Latinoamérica. En cuanto se vendió el servicio municipal de
agua corriente de Cochabamba [cuya población supera la cifra de 500.000
habitantes] a Bechtel, una poderosa empresa estadounidense, el precio del
agua aumentó de forma notable en enero y febrero de 2000. Decenas de
miles de habitantes tomaron las calles de Cochabamba para expresar su
descontento por el aumento de los precios y los consecuentes cortes de
suministro. Al final, la escalada de las protestas derivó en una huelga
general que paralizó la economía de la ciudad, medida que obligó a
Bechtel a hacer las maletas y huir del país. Pero no por mucho tiempo. La
gran corporación regresó de nuevo con un pleito de 25 millones de dólares
contra el gobierno boliviano, al que exigía el pago de indemnizaciones
por pérdida de beneficios.
En otras zonas del dominio
hispanohablante, se han librado duras batallas por el agua en otros
frentes, sobre todo en ciertas regiones de Latinoamérica.
• En Argentina, las asociaciones
de consumidores y otros grupos han luchado durante una década contra la
privatización de la red de agua corriente pública por parte del gigante
empresarial francés Suez, que ha generado un proceso de corrupción
generalizada, además de la contaminación del Río de La Plata y
beneficios sin precedentes. Recientemente Suez ha amenazado con renunciar
a su contrato de 30 años de suministro de agua a Buenos Aires, salvo si
se garantiza protección contra la fluctuación de la tasa monetaria, que
ha reducido los márgenes de beneficios de la compañía.
• En Uruguay, una coalición de
trabajadores y asociaciones ha promovido un referéndum nacional con el
fin de lograr una enmienda constitucional que garantice el agua como
derecho humano y bien público, fuera del alcance de las grandes empresas
con fines lucrativos. Cuando una empresa filial de la compañía de aguas
española Aguas de Bilbao recibió la concesión del suministro de agua
con fines lucrativos en la provincia de Maldonado, los precios del agua
aumentaron y los suministros se contaminaron.
• En Chile, los grupos
ecologistas han protestado enérgicamente contra la venta de los sistemas
fluviales. Durante el régimen de Pinochet, el 80% de los ríos se vendió
al sector privado con el fin de facilitar la utilización del agua para la
producción de energía y el consumo agrícola. La compañía española
ENDESA ha adquirido gran parte de los sistemas fluviales de Chile para
desarrollos principalmente hidroeléctricos.
• En Perú, los ciudadanos de las
zonas más pobres han emprendido una lucha armada contra los precios
abusivos del agua. En Lima, los pobres pagan a un vendedor privado hasta
tres dólares por metro cúbico de agua, suministro que deben recoger y
transportar en cubos por sus propios medios y que, a menudo, contiene agua
contaminada. Los ciudadanos más opulentos, en cambio, pagan 30 centavos
por metro cúbico de agua tratada que sale por el grifo de sus viviendas.
• En Guatemala, los campesinos,
trabajadores y ecologistas locales protestan contra la construcción de 5
presas en el río Usumacinta, que recorre gran parte del territorio
guatemalteco y mexicano meridional. Además de la generación hidroeléctrica,
el proyecto se utilizará para bombear agua desde Usumacinta hasta la península
de Yucatán, con el fin de aportar irrigación a los macrocultivos agrícolas
destinados a la exportación, proceso que ya ha dañado la mayor parte del
sistema ribereño de Guatemala. La inundación de la tierra supone una
amenaza también para el sustento de la población local.
• En México, la población indígena
del estado de Chiapas, en el extremo meridional, se prepara para emprender
una batalla contra Coca-Cola, empresa que intenta asegurarse el control de
las reservas de agua más importantes del país. En un país donde la
mayor parte de la población sufre recortes de agua, más del 30% de los
suministros de agua dulce se encuentra precisamente en la región de
Chiapas, donde la multinacional Coca-Cola se ha posicionado para controlar
los acuíferos locales, presionando a los gobiernos locales para utilizar
leyes de zonificación preferencial con el fin de incrementar el control
privado sobre los manantiales.
Crisis
del agua
Bajo estas batallas locales subyace
una crisis mundial del agua, cada vez más aguda. En la actualidad, 31 países
sufren una grave escasez de agua. En menos de un cuarto de siglo, se
calcula que dos tercios de la población mundial no tendrán acceso
adecuado a los suministros de agua dulce. Es más, el mundo se divide cada
vez más entre las regiones «ricas» y «pobres» en lo que se refiere a
recursos de agua.
Ésta es, de hecho, la paradoja que
caracteriza gran parte de Latinoamérica en nuestros días. Por un lado,
Latinoamérica disfruta de gran abundancia de manantiales de agua dulce.
El 20% del residuo líquido mundial —la fuente de agua renovable que
constituye nuestros suministros de agua dulce— proviene sólo de la
cuenca del Amazonas. Brasil tiene más agua que ningún otro país, pues
dispone de la quinta parte de los recursos de agua del planeta. El
territorio latinoamericano alberga cuatro de los 25 ríos más caudalosos
del mundo —Amazonas, Paraná, Orinoco y Magdalena—, además de algunos
de los lagos más grandes, entre los que se cuentan el Maracaibo en
Venezuela, el Titicaca en Perú y Bolivia, el Poopó en Bolivia, y el
Buenos Aires, compartido por Chile y Argentina. En consecuencia, los
latinoamericanos deberían tener una de las asignaciones de agua dulce per
cápita más elevadas del mundo, algo menos de 3.100 metros cúbicos por
persona al año.
Pero por otro lado, algunas zonas
de Latinoamérica sufren una sequía tan acuciante, que aproximadamente el
25% del continente se considera árido o semiárido. Se incluyen ahí no sólo
desiertos naturales como la Patagonia, al sur de Argentina, o el de
Atacama en el nordeste de Chile, sino también otros provocados por el
hombre en amplias zonas de Perú, Bolivia y el noroeste de Argentina. Más
al norte, el Caribe carece de manantiales de agua dulce, puesto que no
pueden fluir ríos por sus exiguos territorios. En la mayor parte del
Valle de México, los desiertos naturales se funden ahora con los
provocados por el hombre. De hecho, Ciudad de México, antaño rodeada de
lagos, está esquilmando sus últimos acuíferos accesibles. En efecto, el
ciudadano medio sólo puede acceder a 28,5 metros cúbicos anuales, menos
del 1% de los 3.100 de que debería disponer cada persona al año.
He aquí la paradoja
latinoamericana: la escasez de agua en una tierra con importantes recursos
acuáticos naturales. Más de 130 millones de personas carecen de
suministro de agua potable en sus hogares, y se calcula que sólo una
persona de cada seis cuenta con redes de saneamiento adecuadas. La ciudad
brasileña de São Paulo, pese a que pertenece al país con más
manantiales de agua dulce del mundo, afronta una seria amenaza de
racionamiento, pues su suministro de agua depende de fuentes que están
cada vez más alejadas de la ciudad, y el coste del transporte supera la
capacidad adquisitiva de muchos habitantes. Además, la situación empeora
constantemente, pues las medidas políticas que fomentan la agricultura
industrial desplazan cada año a millones de agricultores de pequeña
escala a los barrios periféricos de las ciudades.
Al mismo tiempo, los recursos de
agua dulce latinoamericanos sufren también problemas de contaminación
constantes. En toda la región, las cuencas de ríos y lagos y los hábitat
acuáticos se convierten a menudo en contenedores de basura, desagües de
minas o depósitos de residuos agrícolas e industriales. La mayor parte
de las aguas residuales vierte directamente en los ríos, lagos o canales
sin tratamiento de ningún tipo. En las zonas maquiladoras de la frontera
entre México y Estados Unidos, la contaminación industrial es tan
perniciosa, y el agua limpia llega a ser tan escasa, que los bebés y los
niños beben Coca-cola o Pepsi en lugar de agua. Paradójicamente, el país
más contaminante de la región es Brasil, que también es el que ostenta
el récord de mayores recursos de agua dulce. Brasil permite la
contaminación química e industrial masiva, así como los vertidos de
mercurio provenientes de las minas de oro. Sólo una parte de la Europa
del Este y China superen los niveles de contaminación acuática de
Brasil.
Paralelamente, la demanda mundial
de agua dulce se duplica cada 20 años, es decir, a un ritmo más de dos
veces superior a la tasa de crecimiento de la población. En la
actualidad, en muchas zonas del mundo los grandes derrochadores de agua
son las industrias de alta tecnología y la agricultura industrial, no los
hogares individuales. Los sistemas de riego agrícola consumen alrededor
del 65%-70% del agua, principalmente para producir alimentos destinados a
la exportación; el 20%-25% se dedica a fines industriales, entre los que
se incluye la producción de chips de silicio de alta tecnología; y el
10% restante es para uso doméstico. Si se mantienen estas tendencias,
antes del año 2025 la demanda de agua excederá los recursos terrestres
en un 56%.
Los científicos advierten que una
seria amenaza de crisis se cierne sobre el ciclo hidrológico del planeta.
Este ciclo regula que cada gota de agua que se evapora de una planta,
lago, pantano, río o de la superficie terrestre vuelva a precipitar sobre
los bosques, lagos, pastos, praderas, contribuyendo así al equilibrio
natural. Pero si esa gota cae sobre una acera o un edificio, no es
absorbida por el suelo y, por tanto, no llega al mar. A medida que la
superficie terrestre se despoja de bosques y praderas, mayor es el número
de manantiales y arroyos que se agotan y menores son las precipitaciones
que vierten sobre la cuenca de los ríos.
Si la especie humana continúa
expandiendo sus ciudades e industrias al ritmo actual, cabe esperar que se
intensifique la amenaza del ciclo hidrológico terrestre hasta el punto de
que el agua deje de ser un recurso renovable. Ciudad de México, por
ejemplo, ya depende de acuíferos para el 70% de su suministro de agua y
está dilapidando estas fuentes subterráneas a un ritmo 80 veces superior
al de su recuperación natural.
Los
magnates del agua
De pronto el agua se ha convertido
en un bien muy preciado en los mercados mundiales. Del mismo modo que el
petróleo ha pasado a ser el «oro negro» del siglo XX, el agua está
destinada a convertirse en el «oro azul» del siglo XXI. En un clima en
que la progresiva escasez de agua se asocia a una demanda cada vez mayor
de este recurso, su valor de mercado se ha duplicado o incluso triplicado.
En consecuencia, los especuladores de la inversión han procurado adquirir
los derechos de aguas en zonas agrícolas, con el fin de venderlos a las
ciudades sedientas. Ha surgido así una nueva clase de empresarios «cazadores
de agua», que explotan los recursos de agua dulce del planeta y los
venden al mejor postor.
En medio de esta fiebre del «oro
azul», ha surgido una nueva industria mundial del agua cuyo valor
rondaba, según las estimaciones del Banco Mundial, el billón de dólares
estadounidenses anuales en 2001. Entre los principales magnates de este
pujante sector, se encuentran las corporaciones con fines lucrativos que
ofrecen servicios de agua o venden agua embotellada.
Con el fin de aprovecharse de la
crisis del agua en Latinoamérica, numerosas empresas privadas europeas de
servicios de agua han decidido asumir las operaciones de suministro público
de agua en la mayoría de los países de la región, incluidos Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Aunque
algunas compañías, como Aguas de Barcelona y aguas de Bilbao, tienen
contratos con los municipios, la mayoría de las empresas que interviene
en Latinoamérica es filial local de las tres principales corporaciones de
servicios de agua: las francesas Suez y Vivendi y la alemana RWE-Thames.
En conjunto, estas tres compañías aportan servicios de agua corriente y
saneamiento a 300 millones de clientes en más de 130 países.
Hace una década, el grupo de las
tres grandes empresas prestaba servicio a sólo 51 millones de personas en
sólo 12 países. Suez y Vivendi controlan ahora más del 70% del mercado
de suministro de agua en todo el mundo. Sus ingresos se han incrementado
al mismo ritmo que su desarrollo. Vivendi obtuvo más de 12.000 millones
de dólares de beneficios en 2002, frente a los 5.000 millones de hace una
década. Las tres se sitúan entre las 100 empresas mundiales con unos
ingresos anuales conjuntos de casi 160.000 millones de dólares en 2002, y
una tasa de crecimiento anual del 10%, lo cual supera muchas economías
nacionales en las que intervienen. Sin embargo, el historial de los
servicios que han prestado hasta el momento, sobre todo en los países en
desarrollo del sur del planeta, es a la vez turbio y bien documentado:
contratos secretos, incremento de las tarifas, ineficiencia del servicio,
cortes del suministro [para los que no pagan], escasa calidad del agua,
casos de soborno y corrupción, además de márgenes de beneficios muy
amplios.
A menudo el Banco Mundial y el
Banco de Desarrollo Interamericano (BID) facilitan la entrada agresiva de
estas compañías en los mercados latinoamericanos. Tanto Suez como
Vivendi recurren a su considerable influencia entre las entidades
crediticias multilaterales para que el suministro privado de agua sea una
«condición» de la condonación de la deuda o la concesión de nuevos préstamos.
El BID es el acreedor de unos 58.000 millones de deuda en la región, lo
cual le confiere un tremendo poder para imponer la privatización del agua
a los municipios desesperados. En realidad, algunos de los préstamos más
cuantiosos del BID concedidos durante la década pasada fueron destinados
directamente a las compañías multinacionales de agua para que se
hiciesen con las concesiones de agua privadas en países como Argentina,
Bolivia y Honduras.
Paralelamente, tras una serie de
fiascos del sector privado en los países en desarrollo, las tres grandes
empresas del agua reivindican ahora una financiación garantizada para
aislarse de las fluctuaciones monetarias antes de realizar inversiones en
los países del sur. En consecuencia, el Banco Mundial ha decidido
triplicar sus compromisos de financiación anual para la privatización
del agua. Además, ahora que el gobierno ha privatizado sus servicios de
agua, no puede cederlos a manos públicas sin correr el riesgo de sufrir
sanciones económicas, de acuerdo con las normas de la Organización
Mundial del Comercio, o de que alguna empresa de servicios de agua
interponga una demanda en su contra, con arreglo a alguna otra norma
internacional de comercio o inversión.
Otro grupo de magnates del agua son
los amos de la industria del agua embotellada. En la actualidad, este
sector es uno de los más boyantes y menos regulados del mundo. En los años
setenta, el volumen anual de agua embotellada y comercializada en todo el
mundo era de 1.000 millones de litros. Pero antes del año 2000 las ventas
anuales de agua embotellada ascendieron a 84.000 millones de litros, de
los cuales el 25% se comercializa y consume fuera del país de origen.
Aunque el agua embotellada ofrece unas garantías esenciales en muchas
zonas del mundo, es también uno de los mayores chanchullos de nuestra
vida cotidiana, pues se vende, como mínimo, a un precio medio que es
1.100 veces superior al del agua del grifo.
Todos los análisis coinciden en
que la industria del agua embotellada ha crecido a un ritmo desmesurado.
En 2000, las ventas de agua embotellada en todo el mundo se cifraban en
torno a los 22.000 millones de dólares estadounidenses. En 2003, dichas
ventas han ascendido a 46.000 millones de dólares. Nestlé es el líder
mundial en agua embotellada, con no menos de 68 marcas, seguido de Pepsi
Cola, Coca Cola y Danone. En la mayoría de los países en desarrollo, la
principal línea de productos Nestlé es Nestlé Pure Life, que en
realidad es agua del grifo purificada a bajo coste con adición de
minerales, y que comercializa con el eslogan de «pura y natural». El
agua embotellada de Pepsi se comercializa con la marca Aquafina, y la de
Coca-Cola es Bon Aqua. Ambas se limitan a extraer el agua del grifo
municipal y a añadir minerales antes de venderla como agua embotellada.
En los últimos años, los magnates
de las bebidas populares han ampliado sus operaciones a Latinoamérica, en
busca de nuevas oportunidades en un mercado en pleno desarrollo. Allí
Coca-Cola ha logrado beneficiarse de su extensa red de plantas de
embotellado. En México, que según los analistas de inversión de J.P.
Morgan es el segundo país, sólo después de Italia, en consumo de agua
embotellada per cápita, Coca-Cola tiene una red de 17 empresas de
embotellado, frente a las 6 de Pepsi. En Brasil, donde Coca-Cola dispone
de 19 compañías de embotellado y comercializa la marca Bon Aqua de agua
mineral desde 1997, la compañía prevé incrementar agresivamente su
cuota de mercado de agua purificada. Coca-Cola tiene proyectos similares
en Chile, donde domina el 31% del mercado del agua mineral y el 69% del de
refrescos.
Aunque las marcas Cocacola y Pepsi
son conocidas en todo el mundo, esto no garantiza que los productos
contengan agua potable en perfectas condiciones. En la mayor parte de los
casos, ambas procesan el agua municipal con un sistema de filtros de «ósmosis
inversa», añaden minerales, y después venden el producto como agua
purificada. Aunque los sistemas de filtrado que emplean eliminan más
impurezas que los servicios municipales de agua, nadie garantiza que el
agua embotellada sea perfectamente apta para beber. Además, tanto Pepsi
como Cocacola han tenido casos de contaminación y otros problemas
relativos a la calidad del agua. En 1999, por ejemplo, las botellas de Bon
Aqua de Cocacola tuvieron que ser retiradas del mercado porque contenían
moho y otras formas de contaminación bacteriana. Es más, desde el estado
de Chiapas, en México, hasta el de Kerela, en la India, existe una
creciente oposición popular contra la repercusión de ambas
multinacionales en la dilapidación y contaminación del sistema de agua
local, debido a las operaciones de embotellado.
Movimiento
del agua
Como reacción ante la crisis
mundial del agua y los programas de los magnates de este recurso, ha
surgido un nuevo movimiento social, integrado por campesinos, indígenas,
trabajadores, consumidores y un amplio rango de organizaciones ciudadanas
comprometidas con la lucha por el agua. Su mensaje principal es que el
agua es un elemento esencial de la vida y, por tanto, toda el agua
pertenece a la naturaleza y al hombre. El agua es un derecho humano
universal. No es un recurso que pueda convertirse sin más en un artículo
destinado a la compraventa en el mercado. Tampoco es un servicio que deba
gestionarse y distribuirse desde el sector privado en función de la
capacidad adquisitiva del consumidor. El agua, esencia y fuente de vida en
este planeta, es patrimonio común y una responsabilidad sagrada. En otras
palabras, el agua pertenece a «los bienes comunes», esos espacios no
lucrativos de la vida que deben conservarse para la naturaleza y la
humanidad.
En su mayor parte, los programas de
acción de este movimiento del agua tienen su origen en cuatro principios
interrelacionados: [a] igualdad del agua --- el agua, como derecho
humano universal, debe distribuirse equitativamente a toda la humanidad,
no en función de los principios del mercado y la capacidad adquisitiva;
[b] conservación del agua --- el agua debe conservarse en sus
cuencas naturales, evitando su derroche o mala utilización, con el fin de
que se renueve el ciclo hidrológico y perdure este recurso para las
generaciones futuras de este planeta; [c] calidad del agua --- esa
agua, elemento vital, debe protegerse de la contaminación causada por los
vertidos de residuos químicos o industriales; y [d] democracia del
agua --- el agua se protege y gestiona mejor a través del sector público,
con la participación directa de la comunidad en las decisiones relativas
a su extracción, consumo y distribución.
En Latinoamérica, este movimiento
del agua se manifiesta como una nueva alianza. El 22 de agosto de 2003, 47
organizaciones ciudadanas de 16 países americanos se reunieron en San
Salvador para emprender un nuevo movimiento llamado «RED VIDA». Al mismo
tiempo, definieron su plataforma de acción en una «Declaración para la
defensa del derecho al agua».
A través de esta nueva alianza,
los grupos miembros aspiraban a construir una red de apoyo y solidaridad
con las diversas luchas que se libran contra la privatización de los
servicios de agua urbanos; contra los diques, desvíos y trasvases de los
sistemas fluviales, que tienen una repercusión negativa en la naturaleza
y en el nivel de vida de la población; contra la exportación masiva del
agua de los ríos, lagos y arroyos; y contra la rápida reducción de los
acuíferos subterráneos.
Antes de su constitución, los
grupos miembros de RED VIDA se sumaron a otros activistas de Asia, África,
Europa y Norteamérica para hacer frente común contra los agentes de la
privatización en el Forum Mundial del Agua de Kyoto (Japón) en marzo de
2003. Al organizarse en brigadas de «el agua es vida», lograron
organizar un serio debate sobre los principales asuntos en varias sesiones
temáticas, impidiendo así que el Banco Mundial y las tres grandes
corporaciones del agua alcanzasen un consenso en cuanto a los principales
puntales de su proyecto de privatización. En enero de 2004, los miembros
de RED VIDA también desempeñaron un papel activo en la creación y
desarrollo de un «Movimiento del Agua Mundial de los Pueblos» en Nueva
Delhi (India). En la cumbre de Nueva Delhi, celebrada en vísperas del
Foro Social Mundial de Mumbai, intervinieron participantes de 64 países
que, a su vez, desarrollaron una plataforma internacional para la educación
y la acción en asuntos relativos al agua.
Este nuevo movimiento, no obstante,
no está sólo comprometido con la movilización de la resistencia ante la
privatización del agua, sino que pretende construir también modelos
alternativos de gestión de este recurso. Como alternativa al modelo de «sociedad
privada-pública» promovido por el Banco Mundial y las tres grandes compañías
del agua, por ejemplo, el movimiento ha comenzado a defender un modelo de
«sociedad pública-comunitaria» que se ha desarrollado y probado en
Porto Alegre (Brasil).
En esta ciudad de más de 3
millones de residentes, los servicios de suministro de agua pasaron de
nuevo a manos públicas después de un período de gestión privada, según
un nuevo modelo que requería mucha mayor participación comunitaria en la
toma de decisiones acerca del tratamiento de los recursos. El servicio público
de agua no sólo ha resultado ser viable desde el punto de vista
financiero, sino que además ha mejorado y ampliado los servicios de aguas
de modo que satisfagan las necesidades de toda la ciudad. Actualmente, los
ciudadanos de Cochabamba (Bolivia) están desarrollando un modelo similar
de gestión pública de los servicios de agua, basada en la colaboración
comunitaria.
Por último, parece que este
movimiento en ciernes refleja una nueva concepción de la inminencia y
tenacidad de la lucha, rasgo que lo diferencia de otros movimientos
sociales. Al organizar las campañas, los activistas del agua parecen
decididos a trazar una línea en la arena. Claramente la población y las
comunidades no pueden vivir sin agua. Para muchos, la lucha es cuestión
de vida o muerte. Por tales motivos, la reivindicación de democracia en
la distribución de este recurso no puede y no debe ser silenciada.
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