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¿Es
el antiimperialismo compatible con la inversión extranjera?
Por
James Petras
Rebelión,
09/08/05
Traducción
de S. Seguí
Introducción
Durante
los últimos cuarenta años, muchos regímenes "socialistas"
y nacionalistas intentaron combinar la inversión publica con la
inversión privada, incluyendo en ésta la inversión extranjera. En
un primer momento, se intentó limitar el alcance de la inversión
extranjera a sectores muy concretos y en algunos casos enmarcarla en
un periodo limitado, utilizando para ello fórmulas de extinción
paulatina (fade-out) que garantizasen que, con el tiempo, la
participación extranjera sería adquirida por el sector público.
En
la ultima década de los regímenes "socialistas"(antes de
su caída en los años 80) las elites gobernantes ampliaron el radio
de acción del capital privado y extranjero, y, en algunos casos
llegaron a firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
que aceleraron el proceso. Con el colapso de los regímenes
"socialistas" en la ex Unión Soviética y la Europa
Oriental, y la adopción de políticas pro capitalismo, las elites
dominantes y el capital extranjero procedieron al pillaje del sector
publico en un grado nunca visto. El capital extranjero y la oligarquía
local recién surgida enloquecieron, se apropiaron y desmantelaron los
bienes públicos, tomaron por asalto la Hacienda publica, se hicieron
con los recursos naturales, los servicios públicos, los medios de
comunicación y los recursos energéticos. Con ello se produjo un rápido
e inaudito empobrecimiento de la gran mayoría de la población
trabajadora, la destrucción el poder adquisitivo de los salarios (se
acabó con los servicios gratuitos de salud, educación, cultura y
otras prestaciones sociales) y el crecimiento de una monstruosa
desigualdad socio-económica entre el escaso de 1% de multimillonarios
y el empobrecido 80% más bajo de la población. Se produjeron también
inmensas migraciones hacia el exterior, corrupción en una escala
nunca antes vista en su historia moderna, poderosos y criminales
movimiento de mafias organizadas que traficaron con cientos de miles
de mujeres y jóvenes (esclavas sexuales para los burdeles
internacionales), tráfico de estupefacientes y venta de ilícita de
armas.
En
América Latina, Asia y, en menor grado, África se produjeron remates
similares de los bienes públicos, acompañados de una corrupción a
gran escala y en muchos casos de la perdida del control de los Estados
sobre sus economías, lo que dio como resultado el estancamiento económico
y unas desigualdades sociales sin precedentes.
A
finales de los noventa, algunos gobiernos socialistas y nacionalistas
se percataron de las desastrosas consecuencias políticas y socioeconómicas
de la rápida y masiva conversión al capitalismo y la falta de
regulación de la invasión del capital extranjero en los países ex
"socialistas" y ex nacionalistas, por lo que no se lanzaron
al abismo del "mercado libre" capitalista. En el seno de
dichos países se produjeron importantes debates acerca del papel del
capital extranjero, en los que participaron sus gobernantes y una
amplia capa de intelectuales, trabajadores y activistas políticos. Un
grupo, autodenominado "socialistas de mercado", proponía la
utilización de capital extranjero, en mayor o menor grado, mientras
que otro, conocido calificado de "marxista ortodoxo",
poniendo como ejemplo la debacle en la ex Unión Soviética, rechazaba
cualquier apertura a gran escala y a largo plazo.
El
debate continúa, y en él los temas varían en función de las nuevas
circunstancias y contextos. Los "socialistas de mercado"
hacen hincapié en una nueva dimensión, la "globalización",
la cual, afirman, "exige" una capacidad de respuesta rápida
a las "señales del mercado" (competitividad) a través de
los lazos con el capital extranjero.
Por
el contrario, los marxistas "ortodoxos" rechazan la inversión
extranjera y señalan el creciente peligro que representan los nexos
entre ésta y el "militarismo imperialista", citando para
ello la guerra de Estados Unidos en los Balcanes, la invasión
encabezada por ese mismo país contra Yugoslavia, Irak, Afganistán y
Haití, al igual que la financiación y apoyo político del gobierno
de EE UU al golpe de estado contra la Republica Bolivariana de
Venezuela y las abiertas amenazas contra los pueblos de Irán, Siria y
Cuba. Por razones de seguridad nacional, los marxistas ortodoxos
piensan que seria conveniente no ofrecer posibilidades de apertura al
capital extranjero.
Los
"socialistas de mercado" han sido incapaces de aportar
argumentos contrarios al hecho innegable de la agresión imperialista;
su único argumento consiste en la posibilidad de separar el papel del
capital extranjero del comportamiento e intereses del belicista Estado
imperialista, un argumento que puede tener cierta base en determinadas
circunstancias. No obstante, los argumentos económicos de los
"socialistas de mercado" siguen teniendo todavía un peso
importante y han tenido una influencia considerable en las políticas
de Estado, lo que ha conducido a una adaptación gradual de algunos de
ellos por los marxistas ortodoxos.
En
los siguientes apartados del presente artículo señalaremos los
argumentos presentados por los "socialistas de mercado", los
neoliberales y otros partidarios del capital extranjero. A continuación,
aportaremos una critica desde un punto de vista marxista no ortodoxo.
Y, por último, concluiremos especificando algunas alternativas a la
dependencia del capital extranjero, al menos en términos de cualquier
papel determinante de éste en la economía, y un debate de los
fundamentos políticos que sustentan las posiciones antiimperialistas.
Argumentos
en favor de la inversión extranjera
Los
siete argumentos más comunes en favor del capital extranjero suelen
ser los siguientes:
1.-
Hay escasez de capitales, por lo tanto es preciso atraer capitales
extranjeros para desarrollar la economía y promover los préstamos
extranjeros;
2.-
El país necesita el capital extranjero como una fuente de
"know-how" en materia de gestión empresarial y técnicas de
comercialización, a fin de asegurar los mercados de exportación y
las ventajas competitivas;
3.-
La inversión extranjera proporciona tecnología avanzada que permite
modernizar la economía y promover la productividad y por ende la
competitividad;
4.-
El capital extranjero incrementa la competitividad de los productores
locales, desplazando del mercado las empresas ineficientes, a la vez
que alienta a las empresas locales a mejorar su eficiencia;
5.-
El capital extranjero hace bajar los precios, y ampliar y mejorar los
servicios al consumidor;
6.-
El capital extranjero incrementa la competitividad en los mercados
mundiales, fomenta las exportaciones y asegura la participación en
los mercados internacionales;
7.-
El capital extranjero paga mejores salarios, proporciona mejores
condiciones de trabajo y paga mas impuestos que los productores
locales.
Entre
los que fomentan la inversión extranjera hay algunas diferencias,
entre otras las relativas a los siguientes puntos:
1.-
Si deben extenderse o no al capital extranjero las mismas condiciones
que a las empresas locales, o si deberían existir impuestos
diferenciales, restricciones en las áreas de inversión (ciertas áreas
de inversión llamadas áreas estratégicas, como la energía, que en
opinión de algunos economistas deberían seguir siendo propiedad del
Estado). En el caso de las zonas que procesan bienes destinados a la
exportación, los que abogan por la inversión extranjera recomiendan
menores impuestos, alquileres más bajos y normas laborales más
permisivas, a fin de favorecer la inversión extranjera.
2.-
Si las empresas de capital extranjero deben producir solo para el
mercado de exportación o también para el mercado local (zonas de
comercio de exportación);
3.-
Si debe obligarse al capital extranjero a reinvertir un porcentaje de
sus ganancias en la economía nacional o si, por el contrario, se le
permite repatriar todos sus beneficios;
4.-
Si debe obligarse a las empresas de propiedad extranjera a invertir
sumas sustanciales de sus ingresos para actualizarlas y para
modernizar su producción;
5.-
Si las compañías extranjeras pueden ser propietarias mayoritarias,
minoritarias o absolutas de una empresa. Existirían diferencias
similares en relación con los derechos de gestión entre los
propietarios extranjeros y los nacionales.
6.-
La forma que deben adoptar los incentivos a las compañías
extranjeras: reducciones fiscales, concesiones de tierras, inversión
en infraestructura por parte del Estado, formación de los
trabajadores a cargo del Estado, etc.
7.-
Si la duración de la propiedad extranjera, en particular en materia
de minerales y derechos del subsuelo, debería ser a perpetuidad, o si
debería alquilarse por periodos ampliables más o menos largos; si
los contratos debieran incluir cláusulas de renovación y opciones,
sanciones por incumplimiento, etc.
En
otras palabras, entre los que abogan por la inversión extranjera hay
gran variedad de posturas en relación con el ámbito y el alcance de
las concesiones que acompañan a la promoción del capital extranjero.
Durante la década de 1980, la tendencia general de los gobiernos fue
la de ampliar las concesiones a los inversores extranjeros. A partir
de 1990, a medida que las normativas publicas se suavizaron
marcadamente, las normas que rigen la entrada y la operación del
capital extranjero se han suavizado también.
Como
resultado, el debate actual sobre la inversión extranjera gira en
general en torno a cuántos y qué tipos de incentivos ofrecer al
capital extranjero, sin preguntarse si el capital extranjero no
provoca más problemas de desarrollo que los que pretende ayudar a
resolver.
Argumentos
contra la inversión extranjera
La
decisión de abrir un país a la inversión extranjera plantea
profundos interrogantes en los ámbitos político, económico, social
y cultural, que van mas allá del cálculo de los costes y beneficios
a corto plazo que puedan acarrear a una empresa o incluso a un sector
económico.
En
la mayoría de los casos, una "apertura" inicial comporta
invasiones subsiguientes, a gran escala y largo plazo, que producen
toda una serie de resultados imprevistos, pero previsibles.
En
primer lugar, y ante todo, la propiedad extranjera de industrias y
recursos estratégicos produce una pérdida para el Estado de poder de
decisión a la hora de tomar decisiones en materia de inversión,
precios, producción y crecimiento económico futuro. Los propietarios
extranjeros deciden cuál de las empresas de su imperio comercial se
ampliará, cuál se estancará y cuál irá a la quiebra, dependiendo
de los costes laborales, los impuestos, el transporte y las redes de
comunicaciones. Los nuevos dueños deciden si las inversiones se hacen
dentro de la empresa o en la empresa madre. La inversión extranjera,
especialmente los grandes copropietarios de empresas estratégicas,
ponen en grave peligro la soberanía nacional y convierten a los regímenes
políticos en simples testaferros de los dueños extranjeros. Sin
duda, el acuerdo prioritario entre los inversores extranjeros y los
gobiernos es sobre el establecimiento de las normas aplicables a cada
caso, pero éstas siempre estarán subordinadas a la buena voluntad y
la capacidad de llevarlas a la práctica, y condicionadas por éstas;
así como también a los buenos deseos de los inversores de cumplir
las normas. No obstante, la experiencia muestra que en la mayor parte
de los países del Tercer Mundo, los acuerdos iniciales de privatización
están llenos de elementos de corrupción, y la subsiguiente presencia
de empresas extranjeras de gran envergadura conduce fácilmente a
influir en los administradores y reguladores a aplicar una versión
laxa de los contratos.
La
inversión extranjera aporta el capital inicial, pero a largo plazo
conduce a un gran flujo de salida de beneficios, dirigidos a su casa
matriz, que contribuye a la descapitalización de la economía y a
problemas de la balanza de pagos. Poner las empresas del Estado en
manos de la inversión extranjera (o de los oligarcas locales) conduce
a la reducción de los ingresos del Estado, un mayor desempleo y, en
algunos casos, el cierre de plantas industriales en regiones en las
que la tasa de beneficio de la compañía se halla por debajo de la
esperada.
Los
resultados de la "racionalización" y la
"reestructuración" del capital extranjero pueden
incrementar los beneficios empresariales, pero pueden también
producir un efecto negativo multiplicador en los sectores primario y
terciario. Por ejemplo, una empresa multinacional puede clausurar una
línea de ferrocarril, además de retirar la maquina que la sirve y el
taller que le da mantenimiento porque la tasa de beneficio es solo del
2%, a fin de incrementar sus ingresos totales hasta 15%. Este cierre
empresarial, sin embargo, puede hacer que en la región afectada la
producción comercial, industrial y agrícola se reduzca en un 25%; se
incremente en un 20% del número de las empresas locales que se ven
empujadas al cierre; y se produzca un 15% de incremento en los índices
de desempleo. La ganancia neta de la empresa transnacional produce pérdidas
en términos absolutos tanto para la región como para su fuerza
laboral.
La
inversión extranjera conduce a una producción desequilibrada y,
sobretodo, a una producción sobreespecializada; en particular a la
expansión de unos productos altamente volátiles a expensas de una
economía diversificada de amplia producción y base comercial. Muchos
de los inversores extranjeros buscan conseguir altos beneficios
invirtiendo en productos de exportación, tales como el petróleo, la
soja, el hierro o el cobre, que complementan sus necesidades
nacionales o las de las economías industrializadas en general. El
resultado neto es una economía de rápido crecimiento y también rápido
final, en la que unas altas exportaciones unidas a altos ingresos
producen altos ingresos e importaciones para el país, antes de
registrar drásticas caídas en la demanda de productos básicos que
conduce a importantes déficit comerciales, grandes reducciones del
gasto, incremento del desempleo e incremento de la deuda.
La
empresa extranjera se asegura el disfrute de reducciones duraderas de
impuestos y de inversiones a gran escala en infraestructura por parte
del sector publico (transporte y comunicaciones), como condiciones
para su inversión. En otras palabras, el Estado pierde los ingresos y
reparte socialmente los costes para el provecho del capital
extranjero. Además, a través de sus manipulaciones de precios y su
"contabilidad imaginativa" el capital extranjero se
beneficia de una evasión de impuestos a gran escala. El resultado
neto es que los pagos por impuestos del capital extranjero no
compensan las subvenciones que debe hacer el Estado para atraer y
mantener a los inversores extranjeros.
En
muchos casos el capital extranjero no crea nuevas empresas ni amplía
los mercados: en la actualidad, compra empresas locales, en muchos
casos empresas beneficiarias, a "precios políticos"
mediante licitaciones manipuladas. En algunos casos, compra el
monopolio estatal de las comunicaciones, o empresas estatales de petróleo,
y lo convierte en un monopolio privado, imponiendo así precios
monopolísticos sin los obstáculos que supone la rendición pública
de cuentas o las necesidades sociales. Además, el capital extranjero
no suele aportar ningún tipo de "capital nuevo": solicitan
préstamos a los bancos locales -compuestos por el ahorro nacional--,
convierten títulos de deuda devaluados para comprar empresas a
precios nominales, y reciben prestamos de las instituciones
internacionales de financiación internacional con el respaldo del
Estado.
El
capital extranjero tiende a crear "enclaves empresariales"
que importan tecnología (a cambio de las consiguientes regalías) y
que están unidos a la producción y a redes de distribución
exteriores, por lo que tienen un impacto mínimo sobre la economía
local. Hay numerosos ejemplos: el más conocido son las conocidas
plantas ensambladoras en las que la manufactura y la distribución se
realizan en otro lugar, por otras subsidiarias de la compañía
transnacional, y cuya única contribución a la economía local es el
pago de unos salarios de subsistencia. Los exportadores de materias
primas extraen hierro, cobre y soja que son enviados para ser
procesados en el exterior en otro país que recibe el valor agregado y
el empleo. Los exportadores de materias primas emplean pocos
trabajadores, los países se convierten en "monocultivadores"
y sus economías están sujetas a cambios volátiles en sus ingresos básicos.
La dependencia de los ingresos que proporcionan unas pocas
exportaciones o una sola fuente de exportación (como, por ejemplo, el
petróleo) o de las remesas provenientes del extranjero no constituye
realmente una política económica.
La
inversión extranjera ha capturado el importante sector bancario,
determinando con ellos las políticas estatales de crédito y de
intereses, y, aún más importante, decidiendo qué sectores y qué
empresas reciben créditos, y a qué tasas de interés. La propiedad
extranjera de los bancos conduce a la concesión de prestamos en
condiciones privilegiadas a empresas de propietarios extranjeros
("las que inspiran más confianza"), a aquellas cuyos
ingresos provienen del extranjero en monedas fuertes (compañías
exportadoras de productos agrícolas), excluyendo sistemáticamente a
las pequeñas empresas y los pequeños agricultores y productores del
campo, que producen para el mercado local y emplean la mayor parte de
la fuerza laboral. Éstos se ven obligados a depender de prestamistas
usureros o a desviar el capital de la producción a la especulación.
Además,
dada la preferencia del capital extranjero por la industrias
extractivas, su influencia entre las elites gobernantes locales y su
respaldo por los grandes prestatarios internacionales, los inversores
extranjeros están a la vanguardia de la devastación del medio
ambiente. Los magnates madereros y los exportadores de soja están
destrozando la selva húmeda amazónica. Las compañías petroleras
devastan el agua y la tierra en Nigeria y en las riberas del mar
Caspio. El incremento en los ingresos del Estado federal raras veces
se utiliza para compensar la destrucción de la agricultura local y la
economía pesquera. En cambio, los ingresos estatales suelen ser
reciclados hacia la construcción de carreteras y puertos, para
comunicar a los depredadores del medio ambiente con los mercados
exteriores.
La
inversión extranjera juega un papel muy importante en el Tercer Mundo
y en los países ex comunistas, en gran parte debido a las políticas
de liberalización impuestas o promovidas por los inversores
internacionales. Como parte del proceso de liberalización, se
levantaron las normativas y los aranceles restrictivos que afectaban a
las propiedades extranjeras, pero también para permitir la masiva
entrada de alimentos subsidiados y productos industriales baratos. Los
dudosos beneficios que los inversores extranjeros pudieran
proporcionar quedan más que compensados por las perdidas en la
agricultura y la producción manufacturera locales, y la pérdida de
puestos de trabajo debido a las importaciones baratas. Asimismo, la
"competencia" extranjera entre las grandes transnacionales
establecidas en el país y las de reciente creación es tan sesgada
que muy pocas de estas últimas logran sobrevivir. El resultado neto
no es el incremento de la competitividad de las empresas locales, sino
su salida del mercado, o su la venta a las grandes compañías. Cuando
los propietarios extranjeros deslocalizan sus plantas a los países ex
comunistas y del Tercer Mundo, el traslado está condicionado al
mantenimiento de los bajos niveles salariales y de beneficios
sociales. Cuando las demandas laborales se acentúan y las
"vacaciones" fiscales terminan, el capital se deslocaliza a
una área más barata.
La
influencia política de los inversores extranjeros se incrementa a
medida que crece su presencia en el mercado local, su control de
sectores de la economía y el surgimiento de lideres políticos
entrenados por Occidente para promover la "libre empresa".
Otro aspecto significativo es que las empresas pertenecientes a
propietarios extranjeros emplean ejecutivos, gerentes, abogados,
publicistas y economistas estrechamente vinculados con las elites políticas,
y que con frecuencia pasan a ocupar posiciones claves del mundo político
(presidentes de los bancos centrales, ministros de economía y
finanzas) e implementan las políticas macroeconómicas y aplican las
directrices neoliberales, que maximizan los beneficios de los
inversores extranjeros a expensas de la fuerza de trabajo local y del
erario publico.
Es
también importante el papel de liderazgo que desempeñan las empresas
de propiedad extranjera en la banca, la industria y las asociaciones
de negocios, influenciándolos para asegurarse políticas favorables a
sus intereses.
Por
último, las empresas de propiedad extranjera logran alcanzar el
control de las empresas "nacionales", bien sea a través de
su adquisición, de "contratos de gestión" o de
subcontratos a empresas satélites de tamaño medio que pasan a
depender de las "centrales" de propiedad extranjera, y que
suelen verse forzadas a apoyar las políticas de éstas. Las empresas
de propiedad extranjera, especialmente las transnacionales
estadounidenses, frecuentemente actúan como correas de transmisión
de las políticas del Estado imperial. Lo consiguen desinvirtiendo en
los países que se hallan en la lista negra del Departamento de Estado
de EE UU y trasladando sus instalaciones productivas a países políticamente
favorables a EE UU. Las transnacionales estadounidenses proporcionan
cobertura y falsa identidad a agentes de inteligencia, transmiten
informes económicos a la CIA y se niegan a suministrar repuestos a países
en conflicto con EE UU. Los bancos americanos facilitan la fuga de
capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero a las élites
pudientes y, con ello, debilita a los adversarios y los competidores
de EE UU, reduciendo la producción o los servicios de países en
conflicto con el Estado imperial.
Aunque
con poca frecuencia, algunas "corporaciones marginales" o
incluso subsidiarias de corporaciones mayores no siguen la línea del
Estado imperial, sea porque los beneficios son demasiado lucrativos
como para desperdiciarlos, o porque las presiones competitivas de
otras transnacionales son intensas, o bien porque los incentivos a
largo plazo que ofrece el Estado-objetivo compensan los riesgos que
genera una posición de antagonismo con los poderes decisorios
imperiales.
Las
empresas de capital extranjero, al menos en sus inicios, están
regentadas por expatriados, por lo general en las posiciones más
decisorias. Se suelen contratar ejecutivos "nacionales" para
(1) establecer nexos con el Gobierno local, (2) ocuparse de las
relaciones laborales, (3) gestionar la evasión de impuestos o
garantizar la exoneración de su pago, y (4) hacer campañas de
relaciones publicas y de opinión política.
Contrariamente
a "las expectativas" o a la propaganda de los ideólogos
neoliberales, las compañías de propiedad extranjera usualmente no
transfieren investigación y desarrollo tecnológico (I&D) a los
países del Tercer Mundo. Mas del 80% del I&D de dichas empresas
lo realiza la casa matriz del Estado imperial. Lo que en ocasiones se
transfiere son los resultados de la I&D, a un precio y unas
condiciones fijas, con pagos de regalías durante un largo período de
tiempo. De hecho, los inversores extranjeros frecuentemente hacen
sociedad con unidades productivas locales, las despojan de sus
activos, se apoderan de su clientela, su mercado y sus redes de
distribución, y entonces o bien cierran la empresa o la funden a un
conglomerado de empresas de propiedad extranjera, con el resultado en
despidos masivos, reducción de los servicios y altos costes para los
consumidores.
En
resumen, la inversión extranjera tiene desventajas estratégicas,
pone en peligro la independencia nacional y la soberanía popular, y
compromete gravemente la capacidad del Estado para representar a sus
ciudadanos, especialmente a la clase trabajadora y al campesinado.
Igualmente importante es el hecho de que la inversión extranjera
tiene mecanismos incorporados que contribuyen a una baja tasa de
reinversión, a una descapitalización de la economía, y a la
generación de problemas en la balanza de pagos.
La
inversión extranjera incrementa las desigualdades y polariza la
estructura social, como resultado de las bajas tasas de impuesto, las
altas tasas de beneficio y el punto de vista del Estado, siempre
favorable al inversor extranjero. Los "beneficios
residuales" para el "país receptor" se suelen
concentrar en manos de los "facilitadores políticos"
locales, gerentes altos y medios, y subcontratistas y distribuidores.
Es evidente que, a gran escala y a largo plazo, la inversión
extranjera fomenta los objetivos del Estado imperialista, simboliza e
impulsa el imperialismo, y es uno de sus principales motores económicos.
En
su sentido más amplio, la inversión extranjera es incompatible con
toda noción de políticas antiimperialistas. Lo que no equivale a
decir que no pueda ser de utilidad en circunstancias limitadas (en
tiempo y lugar) y bajo condiciones políticas específicas, bajo
normativas específicas, administradas por un grupo selecto de
supervisores.
A
pesar de las abrumadoras limitaciones históricas y empíricas y los
impactos negativos de la inversión extranjera, sus partidarios
recurren al argumento de que "no hay alternativas".
Sostienen que sin inversión extranjera no puede haber desarrollo, ni
acceso a mercados, ni progreso tecnológico, ni progreso alguno.
Nosotros,
por contra, sostenemos que hay argumentos empíricos e históricos muy
sólidos que permiten afirmar que hay recursos financieros y económicos
sustanciales que están disponibles para los regímenes populares, que
son más eficientes a la hora de producir crecimiento positivo, y que
no tienen ninguno de los negativos resultados y repercusiones sociales
y políticas de la inversión extranjera.
Alternativas
a la inversión extranjera
1.
La reinversión en la economía nacional de los beneficios
provenientes de las industrias de exportación lucrativas y de las
empresas nacionales estratégicas, mediante la propiedad pública de
dichas industrias. Los beneficios que el capital extranjero transferiría
al extranjero se canalizan hacia la economía nacional para ampliar la
producción local, producir un efecto multiplicador y aumentar la
demanda local de consumo, en un círculo virtuoso.
2.
El control del comercio exterior aumentaría la disponibilidad de
divisas al evitar su exportación a otros países. Permitiría también
asignar divisas convertibles a las empresas prioritarias que aumenten
la producción local, el empleo y el consumo popular.
3.
La inversión de los fondos de pensiones en actividades productivas y
de distribución, en vez de mantenerlos inmovilizados en bancos
privados o fondos fiduciarios.
4.
La creación de bancos de desarrollo para canalizar las remesas de los
trabajadores emigrantes hacia actividades productivas y creadoras de
empleo. En muchos países, las remesas de los emigrantes, fuente
principal de moneda fuerte, se utilizan para el consumo local de las
familias y para actividades económicas marginales. El estado
neoliberal utiliza las divisas para parar la deuda exterior.
5.
La moratoria de los pagos de la deuda. Se trataría de investigar si
los préstamos anteriores se realizaron legalmente, si dieron lugar a
una actividad productiva o si, por el contrario, financiaron prácticas
corruptas y aplicaciones improductivas (gastos militares). Debería
establecerse con claridad si se ha pagado ya el principal de la deuda
original y si los préstamos fueron solicitados por empresas privadas,
en cuyo caso los pagos de deuda deberían cancelarse o remitir su
exigencia a los prestatarios originales para su reembolso. El Estado
no debería aceptar la socialización de pérdidas fruto de créditos
incobrables realizados por empresas privadas, de su mala gestión o de
cálculos erróneos en su decisiones de inversión; tampoco debería
aceptar las decisiones de alto riesgo tomadas a la ligera por las
instituciones acreedoras. Los anteriores prestamistas y prestatarios
deberían asumir los riesgos de beneficios y pérdidas, en vez de ser
transferir al pueblo el pago de préstamos de los cuales no se le
consultó, ni se utilizaron en su beneficio.
6.
La recuperación de fondos públicos robados y de toda propiedad ilícitamente
privatizada por anteriores gobiernos. Las cuentas abiertas en bancos
del extranjero para albergar transferencias ilícitas, en particular
las realizadas por las élites empresariales y políticas deberían
confiscarse, como parte de una comisión anticorrupción dirigida por
juristas independientes especializados en finanzas públicas y por
representantes independientes de las organizaciones de masas. Las
empresas privatizadas en condiciones dudosas deberían ser
nacionalizadas de nuevo.
7.
La recuperación de los impuestos no pagados, especialmente los
derivados de la evasión fiscal realizada por empresas transnacionales
y empresas internacionales. Los infractores deberían ser objeto de
investigación y procesamiento, y llegado el caso de penas en firme.
El Estado debería exigir la recuperación completa de los impuestos
no devengados o en su defecto el embargo de activos físicos y líquidos
de las empresas extranjeras infractoras. El Estado podría exigir la
inspección pública de los libros de contabilidad de las empresas
transnacionales, con el fin de impedir prácticas comunes como la
manipulación de precios dentro de la misma empresa, como medio de
rebajar artificial e ilegalmente los ingresos y los beneficios, y así
evadir el pago de los impuestos correspondientes.
8.
Los impuestos sobre la tierra escalonados y la expropiación de las
tierras subutilizadas o mantenidas con fines especulativos pueden
proporcionar tierra para una reforma agraria y la construcción de
vivienda pública de renta baja. Esto aumentará la productividad agrícola
y la producción de alimentos para el consumo local y la exportación.
Las grandes propiedades agrarias y las plantaciones que ocupen
ilegalmente tierras públicas deberían expropiarse sin compensación.
Las compensaciones en el caso de propiedades expropiadas deberían
pagarse en obligaciones a largo plazo, basadas en el valor declarado
con anterioridad a efectos de impuestos (o en el valor de mercado, si
los dueños de la propiedad están dispuestos a pagar los impuestos
atrasados, calculados sobre la diferencia entre el valor declarado y
el de mercado.)
9.
Las sociedades o las inversiones en el extranjero llevadas a cabo por
empresas públicas deberían ser liquidadas y los ingresos obtenidos
reinvertirse en la modernización de industrias productivas nacionales
de infraestructura y transformación. El exceso de reservas de divisas
debería reducirse y utilizarse en la diversificación de la economía.
Las reservas deberían estar compuestas de diversas monedas y no deberían
depositarse en los bancos extranjeros, donde un adversario imperial
pudiera bloquearlas. Mantener una moneda "devaluada" debido
a la "reputación" del pasado o a causa de los "vínculos
neocoloniales" es no sólo una mala política sino también una
economía inadecuada.
10.
La maximización del empleo de la fuerza de trabajo subutilizada, que
llega en ocasiones hasta a un 80% de la mano de obra, utilizándola en
los proyectos de infraestructuras de gran envergadura puede compensar
la "escasez de capitales" y convertirse en una fuente para
la acumulación de capital inicial. Del mismo modo, los trabajadores y
los profesionales bien formados y expertos subutilizados pueden
aportar innovaciones e innovaciones organizativas, que pueden aumentar
la producción total y la productividad.
Un
examen exhaustivo de la economía social de la mayor parte de los países
pondría de manifiesto que hay múltiples fuentes nacionales de
capital, sin necesidad de recurrir al capital extranjero. Estas
fuentes tienen todas las ventajas de aumentar los índices de inversión
de capital, y ninguna de las incertidumbres políticas,
vulnerabilidades económicas y desigualdades sociales asociadas con el
capital extranjero.
Un
caso límite: la inversión extranjera como último recurso
Supongamos
que un país del Tercer Mundo recibe pocas remesas del exterior; tiene
fondos de pensiones de escasa importancia, o no tiene; cuenta con una
administración fiscal honesta, pero con pocas fuentes imponibles;
etc.; pero, en cambio, dispone de recursos valiosos que requieren
altas inversiones iniciales de capital y nuevas tecnologías.
Obviamente, es preciso disponer de financiación o capacidad técnica
exteriores. En este caso, la cuestión es: ¿cómo serán los
contratos a corto plazo y los contratos estratégicos óptimos, a fin
de minimizar los efectos negativos, enumerados anteriormente?
El
planteamiento óptimo consiste en desglosar el "paquete
extranjero de inversiones" a fin de minimizar la propiedad
extranjera directa y, a largo plazo, el control de la gestión. Para
maximizar la propiedad estratégica y el control nacionales es
preferible firmar contratos de gestión de corta duración, que
incluyan la formación de los reemplazos nacionales en un plazo fijo,
y hacerlo, de preferencia con países cuyos Estados tengan menos
tendencia a entrometerse en los asuntos internos. Del mismo modo, en
los casos en que la asistencia técnica sea necesaria, a falta de
conocimientos técnicos de procesos específicos, es preferible
contratar a consejeros técnicos para trabajar en equipo con
especialistas locales, mientras éstos obtienen la capacidad técnica
que les permita hacerse cargo en el futuro. Si se recurre a empresas
transnacionales extranjeras para construir instalaciones productivas
locales, debería hacerse mediante "contratos llave en
mano", en los que se estipule el porcentaje de beneficio que se
garantiza a la empresa transnacional durante un período determinado,
tras el cual la propiedad pasará a ser propiedad nacional. Los
contratos específicos con límites temporales permiten que el país
maximice el empleo de profesionales, administradores y expertos
nacionales. El número creciente de especialistas de alto nivel
disponibles en el mercado global, proporciona una variedad de opciones
y prácticamente elimina la dependencia de un solo país y evita
ciertamente la dependencia de la inversión extranjera, con la pérdida,
a largo plazo, de la propiedad, el control y la planificación estratégica
de inversiones.
Para
limitar la dependencia del capital extranjero, es esencial que el país
invierta en la formación, la investigación y el desarrollo
profesional y técnico, que pueden adquirirse mediante estudios
selectivos en otros países o atrayendo a especialistas del
extranjero.
Ventajas
del control público a cargo de los trabajadores (CPT)
El
sistema de control público a cargo de los trabajadores (CPT) ofrece
una serie de ventajas sobre el de empresas transnacionales de
propiedad extranjera, en la prosecución de una estrategia de
desarrollo.
Evasión
fiscal e ingresos fiscales
Las
sociedades multinacionales son maestras en el arte de la evasión de
impuestos y de la corrupción de los órganos reguladores locales. El
sistema CPT, basado en la transparencia de los libros de contabilidad
y en auditorías independientes puede minimizar la evasión fiscal,
incrementar los ingresos fiscales, y conseguir balanzas fiscales
saneadas y bajos niveles de corrupción.
Inversión
social en lugar de expatriación de beneficios y sueldos privilegiados
En
la estrategia de las empresas transnacionales, los beneficios se
suelen invertir en el extranjero, y se transforman en salarios y
primas y exorbitantes en los niveles superiores de dirección. Con
arreglo al sistema CPT, los beneficios se reinvierten en la ampliación
de la producción local, en programas de desarrollo social y en la
mejora de las condiciones de trabajo.
Alta
reinversión social en lugar de fuga de capitales
El
modelo de las empresas transnacionales está basado en la volatilidad
del capital, entendiendo como tal la fuga de capitales, que conduce a
una gran inestabilidad y a altas fluctuaciones de inversión en los
ingresos estatales. El CPT permite unas tasas mayores y más regulares
de reinversión, y una mayor estabilidad en el empleo, la inversión y
los ingresos públicos.
Inversión
a largo plazo en I&D en lugar de inversión especulativa
Una
de las demandas básicas de las empresas transnacionales es la
desregulación de los mercados financieros, con el fin de permitir la
rápida transformación del capital fijo en "inversiones líquidas".
Esto conduce al crecimiento de las inversiones especulativas, lo que
ha causado frecuentes y graves crisis en el mundo capitalista. Bajo el
modelo CPT las transacciones financieras altamente reguladas minimizan
el flujo de capitales hacia actividades especulativas y maximiza la
financiación de la innovación, la investigación y el desarrollo de
productos.
Bienestar
social en lugar de bienestar capitalista
Según
el modelo de las empresas transnacionales, el Estado proporciona
grandes subvenciones a los inversores extranjeros, mediante
exoneraciones fiscales, concesiones gratuitas de terrenos, desarrollo
de infraestructuras a cargo del Estado, préstamos con tipos de interés
reducidos y desregulación del trabajo y de las leyes ambientales. El
modelo CPT socializa tanto los costes como los beneficios,
proporcionando servicios sanitarios gratuitos, empleo garantizado,
pensiones suficientes y fijas, cuidados infantiles, condiciones
seguras de trabajo, vacaciones adecuadas y formación permanente para
poner al día las cualificaciones y la productividad, a fin de
aumentar el tiempo de ocio y el estudio.
Capital
fijo y fuerza de trabajo móvil en lugar de capital móvil y fuerza de
trabajo fija
En
las empresas transnacionales, el capital se "deslocaliza"
con el fin de maximizar los beneficios, conseguir impuestos más
bajos, socavar las condiciones de trabajo, y evitar las normativas en
materia de sanidad y pensiones. Con el modelo CPT, el capital se fija
a una localización concreta y la fuerza de trabajo recibe formación
y mejora su movilidad para conseguir ascender a niveles más altos de
empleo, asunción de funciones de dirección, y a la formación
laboral a lo largo de toda la vida. Bajo el CPT no hay ningún tipo de
subcontrata, externalización o contratos temporales de trabajo. Este
modelo aprovecha una mano de obra experta y estable que aplica sus
conocimientos y experiencia para mejorar la producción, sin la
desorganización frecuente causada por la rotación constante de
trabajadores.
Problemas
potenciales en el sistema CPT
Hay
varios problemas que pueden surgir en el CPT, entre otros:
1.
Adoptar decisiones que favorezcan un mayor consumo en detrimento de la
inversión productiva;
2.
La burocratización de la organización;
3.
La indisciplina laboral (retrasos, absentismo, etc.), que perjudica la
producción y la innovación
4.
La pérdida de competitividad debida a la protección de Estado
5.
Un nivel de impuestos estatales excesivo o insuficiente
6.
Desigualdades intersectoriales debidas a diferencias en las tasas de
productividad o en los precios
7.
Énfasis excesivo en los beneficios sociales, en detrimento del
consumo individual
8.
Marginación de las cuestiones de género, raza y medio ambiente.
El
modelo CPT, para ser efectivo, requiere que sus líderes y partidarios
populares tengan una "visión holística a largo plazo" del
proceso de desarrollo, a fin de equilibrar las demandas de consumo
inmediato con la inversión en la producción a medio y largo plazo.
Inevitable, especialmente en la fase inicial del modelo, puede
esperarse una fuerte presión con el fin de diferenciarse por lo que
se refiere a los planteamientos capitalistas del pasado, que aplazaban
la satisfacción de las demandas populares a fin de "aumentar el
pastel". El nuevo régimen tendrá que ajustarse a esta demanda
política, proporcionando en un primer momento programas sociales de
impacto significativo, como la atención médica y la enseñanza
superior gratuitas, la reducción de los alquileres y la condonación
de deudas, a fin de adquirir la confianza de las clases trabajadoras y
demostrar que el nuevo régimen representa una ruptura con el pasado.
Los programas sociales de impacto también asegurarán la lealtad de
las clases populares y les proporcionarán un motivo para la defensa
del régimen, un problema importante dado la hostilidad probable de
los poderes imperiales y de la clase dirigente local.
El
nuevo modelo debe protegerse contra las tendencias burocratizantes
mediante la delegación de poderes, la experiencia diferenciada y el
prestigio de sus líderes. Los mecanismos formales, entre otros las
asambleas populares en el lugar de trabajo y en los barrios, el acceso
popular a los medios de comunicación de masas, el referéndum sobre
decisiones socioeconómicas estratégicas y, sobre todo, una clase
trabajadora políticamente educada que participe en el debate público,
son los mejores antídotos al burocratismo incipiente.
La
indisciplina laboral no "debería" ocurrir en el sistema
CPT, pero ocurrirá: algunos trabajadores intentarán disminuir su
trabajo oficial para realizar trabajo "en negro"; otros se
aprovecharán de un régimen permisivo o de la falta aparente de
sanciones, y aumentarán su absentismo o sus bajas por enfermedad;
otros pueden acostumbrarse a llegar al trabajo con retraso, o a no
llevar a cabo adecuadamente sus tareas, y descuidar el control de
calidad. Todos los trabajadores deben recibir una educación social
sobre sus derechos y sus responsabilidades, complementada por
sanciones, entre otras la pérdida de salarios, beneficios sociales y
eventualmente el despido sin sueldo, en el caso de infractores
permanentes. Durante cierto tiempo, deberá seguir poniéndose en práctica
una combinación de recompensas y sanciones, porque de lo contrario,
la mayor parte de los trabajadores tendrían cargas adicionales a
causa de una minoría de insolidarios.
Mientras
la economía CPT funcione en un mercado capitalista mundial, las
empresas deberán combinar unas relaciones sociales de producción
humanas con la mejora de la competitividad. Todo sistema CPT, sea cual
sea su tamaño, su base de recursos, su proximidad a los centros
imperiales, y su nivel y diversidad de la producción, necesita
invertir en I+D, fomentar innovaciones en los sectores farmacéutico,
tecnológico, y de productos de calidad, y poder así obtener
productos comerciales a precios competitivos. Debería haber una
producción especializada en países con dotaciones favorables por su
situación, y sus bases de recursos o sus cualificaciones. Los
aumentos de productividad deberían reducir las horas de trabajo y los
años de trabajo, ampliar el tiempo destinado a actividades de
descanso y recreó, proporcionar oportunidades para seguir una formación
permanente, así como disponer de tiempo libre de calidad para las
relaciones y las amistades personales y familiares. Sin las
innovaciones y la competitividad constantes, las pérdidas de mercado
obstaculizarán seriamente el crecimiento de unas relaciones sociales
humanas.
La
socialización de la producción no cambiará automáticamente las
desigualdades en las relaciones de género y raza, y entre los
trabajadores y los profesionales. Una "revolución
cultural", basada en iniciativas legales, educativas y
gubernamentales será necesaria para comenzar el proceso de eliminación
del racismo y del sexismo institucionales y de comportamiento en todas
las esferas de la producción, el consumo y las representaciones
culturales. Los representantes directos de las organizaciones de clase
raciales y feministas deben estar presentes en las posiciones clave.
Igualmente la socialización de la producción requiere la presencia
directa de representantes de organizaciones ambientales de masa para
minimizar exceso de la explotación de recursos no renovables,
contaminación ambiental, abuso químico de agricultura.
Por
último, el sistema CPT se enfrenta al problema de las desigualdades
generadas por los diversos niveles de productividad, producción de
valor, y demanda del mercado, que producen desigualdades entre las fábricas,
los sectores y los regímenes. El control descentralizado acentuará
las ventajas de alguno y la desventaja de otras, lo que reproducirá
las desigualdades de clase y regionales. Un sistema de impuestos y
salarios progresivos y de subvenciones sociales, así una inversión
cada vez mayor en la modernización de las industrias y las regiones
menos desarrolladas puede reducir las desigualdades.
Conclusión
La
evidencia histórica y empírica demuestra que las desventajas políticas,
económicas y sociales de la inversión extranjera exceden de lejos
cualquier beneficio a corto plazo que puedan percibir sus defensores.
La investigación ha demostrado que la mayor parte de las economías
poseen los recursos financieros y de capitales, y la capacidad humana
y productiva poco utilizada para emprender un desarrollo adecuado sin
los altos costes políticos que la inversión extranjera genera. Un
modelo alternativo, el CPT, proporciona numerosas ventajas respecto a
la dependencia del capital internacional financiero y de inversión.
Mientras que la inversión extranjera tiene un papel general negativo,
el modelo CPT no excluye totalmente la inversión extranjera en
determinadas circunstancias, limitadas en tiempo y lugar, a fin de
llevar a cabo un desarrollo endógeno. Una estrategia dirigida a
aprovechar la ayuda internacional, para complementar el crecimiento
endógeno pone de relieve contratos específicos con una variedad de
proveedores, particularmente con aquéllos no ligados al Estado
imperial.
Aunque
el modelo CPT proporciona un planteamiento alternativo que maximiza
los intereses nacionales y de la clase obrera, tiene desventajas
potenciales y contradicciones internas que exigen un estudio y una
ponderación detenidos, así como el debate político y constantes
reformas. No obstante, el modelo proporciona la vía más segura y más
directa para el desarrollo de la democracia, la justicia social y la
independencia nacional. El éxito del modelo CPT, su introducción y
su continuidad no dependen simplemente de su viabilidad socioeconómica
sino de la seguridad nacional y de las políticas e instituciones
culturales.
Mayo
de 2005
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