El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, arma económica del Imperio

Red Voltaire, París, 24/02/05

Con la ayuda de varias empresas multinacionales, Estados Unidos trata de imponer discretamente la modificación de un importante acuerdo comercial. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) apunta a la liberalización total de las actividades de 160 sectores, entre ellos la salud: tres mil quinientos millones de dólares a escala mundial y la educación con dos mil millones de dólares.

Uno de los elementos en juego en esas discusiones es la integración del sector energético en la AGCS. Esas negociaciones las dirigen el norteamericano Robert Zoellick, a nombre de Estados Unidos, y el francés Pascal Lamy, por la Unión Europea.

El primero es también profesor de Seguridad Nacional en la Escuela Naval de Estados Unidos. El segundo colaboró con la Rand Corporation, el think tank [Centro de investigación, de propaganda y divulgación de ideas, generalmente de carácter político. Nota del Traductor] del lobby militaro-industrial estadounidense, y con el East-West Institute, que tiene como presidente honorario a George Bush padre.

La finalidad del AGCS (explicación según la OMC en este enlace) es poner este acuerdo económico por encima de las legislaciones y reglamentaciones nacionales de todos los países del mundo. Responsables políticos empiezan a inquietarse ante un sistema que los privaría de sus prerrogativas. A pesar de sus peticiones reiteradas, los legisladores no han tenido acceso a los documentos de las negociaciones.

Después de Vancouver, Toronto, Québec, Oxford, Melbourne y Viena, el consejo municipal de París acaba de excluir a su ciudad del AGCS. Se trata de un nuevo revés para el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y, más allá de este, para la Organización Mundial del Comercio en cuyo seno se negocia este acuerdo. ¿Qué contiene el AGCS que ha llevado a los legisladores de varios países a oponerse de forma tan categórica a su aplicación?

El 1ero de julio, por invitación de las potencias aliadas, 44 países se reúnen en una conferencia en Bretton Woods para crear tres organizaciones internacionales con el objetivo de estabilizar el mundo después de la guerra: el Banco Mundial (BM), encargado de la reconstrucción y el desarrollo; el Fondo Monetario Internacional (FMI), que debe garantizar la estabilidad monetaria, y la Organización Internacional de Comercio (OIC), para reglamentar el comercio internacional. Nacen entonces las dos primeras instituciones. Pero la OIC fracasa en varios aspectos y Estados Unidos se retira casi inmediatamente de la estructura, creada el 10 de octubre de 1947 por la Carta de La Habana. Los estadounidenses logran arrastrar 23 países a las primeras negociaciones de lo que será el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), cuyo estatuto jurídico es nebuloso ya que se trata de un acuerdo provisional.

Del GATT al AGCS: hacia la liberalización total de 160 sectores de servicios

Ocho vueltas de negociaciones tienen lugar hasta abril de 1994, fecha en que el GATT es reemplazado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además de su estatuto de organización mundial reconocida, esta última presenta la ventaja de gozar de un poder coercitivo gracias a su Órgano de Arreglo de Diferendos (ORD).

Ratificando la ley 94-1137, el 14 de diciembre de 1994, el parlamento francés reconoce la creación de la OMC y ratifica los 28 textos anexos constitutivos de los Acuerdos de Marrakech, entre ellos el famoso Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

El AGCS concierne, él solo, 160 sectores de servicios (ordenamiento urbano, investigación y desarrollo, turismo, servicios postales, distribución, entorno, energía, cultura, educación, salud, etc.). Según la OMC, los gastos mundiales en la salud representan 3,500 millones de dólares y los gastos en educación 2,000 millones.

Tres personas dieron lugar a la aparición del AGCS: James Robinson III (presidente de American Express), Hank Greenberg (presidente de American International Group-AIG) y John Reed (presidente de Citycorp) quienes deciden en 1979 que sería muy interesante incluir los servicios en las negociaciones del GATT.

Al ser Hank Greenberg un hombre de confianza del presidente James Carter, no les quedaba más que convencer al Congreso de Estados Unidos. Un cabildeo (lobby) bien preparado, acompañado de una campaña de prensa digna de las mejores operaciones psicológicas, lograron ese objetivo. De manera que, en 1982, durante la conferencia del GATT, el embajador norteamericano William Brock declara que las negociaciones sobre los servicios son una prioridad para Estados Unidos. El principal instrumento de cabildeo es el US Coalition of Service Industries (USCSI) que reúne unas sesenta empresas.

Al no estar los lobbyes de negocios enteramente satisfechos con la firma del AGCS en 1994, se programan nuevas negociaciones (o revisiones) hasta su culminación final, la liberalización total de los 160 sectores de servicios. La primera revisión arrancó en enero del 2000 con el nombre de «AGCS 2000».

Un acuerdo apadrinado por multinacionales

La extensión de los sectores en negociación se decide durante las conferencias ministeriales que deben desarrollarse al menos cada dos años (Ginebra en 1998, Seattle en 1999, Doha en 2001). La conferencia ministerial de 1999 reveló que esos encuentros eran financiados en parte por firmas multinacionales. Un comité de recibimiento se creó en Seattle -le Seattle Hosting Organisation (SHO)- con vistas al encuentro ministerial de 1999.

Según el monto de las sumas que aportan, las firmas privadas reciben títulos de «patrocinador de diamante» (entre 150,000 y 200,000 dólares US), «de esmeralda» (más de 250,000 dólares US), etc. En la lista de los patrocinadores de esmeralda de 1999 se encontraban Boeing, Microsoft, General Motors, Ford y Deloitte & Touche que obtienen así un acceso directo a los ministros.

Las negociaciones propiamente dichas se desarrollan en la sede ginebrina (ciuada de Ginebra, Suiza) de la OMC. Teóricamente, las decisiones se toman allí por consenso pero, en la práctica, los países de la Quad (EE.UU., Unión Europea, Canadá y Japón)) generalmente logran imponer su voluntad.

El actual negociador en jefe estadounidense, Robert Zoellick, trabaja en estrecha coordinación con el ISAC (Industrie Sector Advisory Committee), un comité de consulta instalado directamente en los locales del Departamento de Comercio para conocer la que deben seguir las negociaciones. Robert Zoellick es también profesor de Seguridad Nacional en la Escuela Naval de Estados Unidos.

Su amigo, Pascal Lamy, es el negociador por la Unión Europea en la OMC. Este ex-director de gabinete de Jacques Delors fue tesorero de la rama francesa Transparency International y ocupó cargos en la rama europea de la Rand Corporation (el principal think tank del lobby militaro-industrial estadounidense). También colaboró con el East-West Institute, cuyo presidente honorario es George Bush padre.

En realidad, Pascal Lamy -bajo los consejos del European Services Forum (ESF, que reúne a los más grandes industriales europeos)- y Robert Zoellick están de acuerdo en cuanto a la gran mayoría de los temas. El carácter de las raras diferencias que aparecen entre ellos es más de simple espectáculo que de verdadera oposición.

Todo el sector energético en negociación

Una cuestión importante se encuentra actualmente en la mesa de negociaciones. Estados Unidos desea incluir en el AGCS todo el sector de servicios ligados a la energía (prospección, extracción, transporte, distribución, comercialización y gestión de absolutamente todos los combustibles y productos energéticos). Las compañías petroleras tendrían así la posibilidad de instalarse en cada uno de los países miembros de la OMC que cedieran a esta demanda (artículo 16 - acceso al mercado) y gozarían en ellos del mismo tratamiento que las empresas nacionales (artículo 17 - tratamiento nacional).

Para los negociadores estadounidenses, pero también para los estadounidenses, esta negociación reviste la mayor importancia porque Arabia Saudita debe incorporarse próximamente a la OMC.

Por ejemplo, si Qatar incluyera su sector energético en el AGCS tendría derecho, durante cierto tiempo, a poner ciertas restricciones a la apertura de su mercado así como al tratamiento nacional. Pero, según el proceso de negociaciones sucesivas, se vería inevitablemente obligado a eliminarlas. Por otro lado, sus propias reglamentaciones para ese sector podrían ser atacadas en cualquier momento por ser «más restrictivas de lo necesario para el comercio» (artículo 6-4 - reglamentación interna).

Si el país no enmendara los textos de ley incriminados, Estados Unidos, o cualquier otro país, tendría derecho, en defensa de los intereses de su propio complejo petrolero, a recurrir a un panel del Órgano de Arreglo de Diferendos para que resolviera el litigio.

Una vez condenado, Qatar sería objeto de represalias, esencialmente de orden aduanal.

En cambio, si el panel juzgara que la reglamentación nacional es «necesaria para obtener un objetivo político legítimo», el país demandante podría invocar entonces el artículo 23-3. También denominado «demanda en caso de ausencia de violación», ese artículo permite que un miembro cuyos resultados previsibles se ven anulados o disminuidos por una reglamentación que responde sin embargo a las reglas del AGCS pueda presentar una demanda. El país demandado estaría entonces obligado, in fine, ya sea a pagar compensaciones o a abolir su reglamentación.

Los documentos inaccesibles para los parlamentarios

Esta intromisión de la OMC en los sectores legislativos y reglamentarios del medio ambiente, la educación, la salud y hasta de la cultura inquieta a muchos parlamentarios. A pesar de sus repetidas demandas, estos últimos siguen sin tener acceso a la documentación de las negociaciones.

Según los diputados europeos Caroline Lucas y Jean Lambert, un solo parlamentario de cada grupo político del parlamento europeo está autorizado a ver esos documentos, que se guardan en un local cerrado con llave. Los diputados no pueden tomar notas ni comentar con sus pares lo que han leído.

Sin embargo, no son los métodos de negociación el único motivo de polémica. Los parlamentarios se interrogan sobre la posibilidad que tendrán de legislar en el futuro.

En efecto, el artículo 1 del AGCS estipula: «El presente acuerdo se aplica a las medidas de los miembros que afecten el comercio de los servicios. Como medidas de los miembros se entienden las medidas tomadas por gobiernos y administraciones centrales, regionales o locales y organismos no gubernamentales cuando estos ejercen poderes delegados por gobiernos».

Según el secretariado de la OMC: «La palabra medida se define muy ampliamente en el AGCS e incluye las leyes, los reglamentos, las decisiones y hasta las prácticas no escritas».

Rechazando que su papel sea puesto en tela de juicio, varios legisladores lanzaron el 3 de diciembre en la Asamblea Nacional un «llamado a la suspensión de las negociaciones sobre los servicios en el seno de la OMC». El 1ero de marzo ese llamado había recogido ya 147 firmas.