Multinacionales farmacéuticas

Muertes patentadas

Por Marta Iglesias
Revista Fusión, España, febrero 2006

Desde hace un año está vigente una nueva legislación mundial para patentes relacionadas con los medicamentos, que impide la fabricación de genéricos de los nuevos fármacos descubiertos. Aunque es pronto para estadísticas, sí es seguro que el elevado precio de estas medicinas las hará inaccesibles para millones de ciudadanos que morirán por falta de acceso a los novedosos tratamientos.

En el planeta mueren a diario 30.000 personas por enfermedades infecciosas y debido a la falta de acceso a medicamentos esenciales. Al año esa cifra se traduce en once millones de seres humanos muertos. Estos cálculos son del presente, en el que los países en vías de desarrollo pueden elaborar genéricos de medicamentos para el tratamiento del sida, la malaria o tuberculosis. Pero cuando los enfermos del tercer mundo se hagan resistentes a los actuales tratamientos y deban cambiarlos por uno de nueva generación, se encontrarán con una gran dificultad: el elevado precio que les cobrarán por ellos las compañías farmacéuticas. Ello se debe a la nueva legislación que funciona desde el 1 de enero de 2005 y que les impide fabricar nuevos genéricos.

Sistema de patentes

En principio debemos señalar que las ganancias de las industrias farmacéuticas se basan en las patentes. Con ellas se impide que alguien copie el medicamento y que todos los que puedan comprarlo tengan que hacerlo al precio que establezca la susodicha farmacéutica. Sin medicamentos protegidos por patentes, no hay negocio ni dinero.

Esa es la razón por la que los lobbies de esta industria presionan para que permanezcan las patentes y por la que en el año 1994 se establecieron los acuerdos ADPIC (Acuerdos del Derecho de la Propiedad Intelectual relativos al Comercio) en el marco de la OMC. Estos acuerdos firmados por todos los países miembros de esta organización debían incluirse en sus legislaciones nacionales antes del 1 de enero de 2005. Al incluir los ADPIC en sus leyes, esos gobiernos quedan obligados a no elaborar genéricos procedentes de medicamentos nuevos durante veinte años. En ese tiempo la farmacéutica que los elabora venderá sin competencia su producto.

¿Qué supone esto? Javier Sancho, Responsable de Prensa para temas médicos en Médicos sin Fronteras (MSF), nos pone un ejemplo real que pasó con los antirretrovirales empleados en pacientes con sida hace unos años: "Hace tres años el precio internacional medio de compra de una terapia antirretroviral era de más de diez mil dólares por paciente al año. Para un Ministerio de Salud de un país en desarrollo era insostenible. Gracias a que India, Sudáfrica y otros empezaron a producir genéricos de esos medicamentos, entraron en el mercado y al competir con los de marca, el precio de éstos cayó en picado. Esa misma terapia en sólo dos años la podías conseguir por menos de 300 dólares por paciente y año. Imagina en ese abanico de descenso de precios cuántos pacientes pudieron entrar para ser tratados, cuánta gente se libró de la muerte por esa política de libre competencia de medicamentos cualificados".

Haciendo un paralelismo lógico se prevé que el precio de los medicamentos se dispararán al no haber competencia, los gobiernos de los países del tercer mundo no podrán comprar cantidad suficiente para todos sus enfermos y morirán millones de personas, si este sistema continúa adelante. Sancho lo ratifica: "La intención del lobby de la industria farmacéutica en los últimos años es que, a través de los tratados de libre comercio y de la OMS, se vuelvan a implementar y se respeten las leyes de patente en el mundo. De esta manera evitan que los medicamentos genéricos nuevos no les hagan la competencia y se aseguran de mantener unos privilegios por haber innovado el medicamento.

Desde MSF creemos que los privilegios que esta industria pide son excesivos y que tienen una traducción en la muerte de mucha gente". El caso del sida es uno de los más acuciantes. En la mayor parte de África sólo el 10% de los enfermos tiene acceso a los medicamentos antisida, por ello la OMS calcula que en los dos próximos años morirán allí por esta enfermedad 6,5 millones de personas. Evidentemente, el cálculo se incrementará si a ese 10% que hoy tiene medicación les suben los precios de los nuevos medicamentos. De hecho, los medicamentos de segunda generación resultan ya hasta doce veces más caros que los fármacos de primera línea.

Cuando a estas industrias se les pide que abaraten los medicamentos para que lleguen a países en desarrollo, su respuesta es que necesitan el dinero para continuar investigando. Parecería lógico si no fuera porque ellas gastan el doble en la promoción comercial de sus productos que en la investigación de nuevas terapias. A lo que hay que añadir que el 80% de las ventas de fármacos en el mundo tienen lugar en Norteamérica, Europa Occidental y Japón. Por esa razón las farmacéuticas dedican más del 90% del presupuesto a investigar productos para enfermedades del primer mundo, dejando menos del 10% restante para enfermedades que afectan a países en desarrollo.

La ley actual todavía no deja notar sus efectos porque los países que fabrican genéricos pueden seguir haciéndolo –al ser medicamentos anteriores a 2005–, pero no pueden reproducir aquellos que salgan a partir de ese año. El problema urgente llegará en unos dos años, cuando los pacientes en terapias para tratar sida, malaria, tuberculosis, la enfermedad del sueño, chagas o cáncer se hagan resistentes a los fármacos que toman y necesiten otros nuevos. Las ONG no tendrán genéricos de los que abastecerse, los países en vías de desarrollo tampoco. Tendrán que comprar a las farmacéuticas... salvo una excepción contemplada en los acuerdos ADPIC.

Farmacéuticas y política

El nuevo sistema de patentes contempla la suspensión de las mismas en caso de una emergencia o ante un problema de salud pública. Si se diese una de estas situaciones en un país, éste podría optar por producir una versión genérica o por importar los medicamentos de un país que ya los esté fabricando. En este último caso ambos gobiernos tendrían que emitir una licencia obligatoria. Así dicho parece muy sencillo, pero las presiones políticas son de tal calibre, que todavía nadie ha recurrido a esta opción.

Javier Sancho lo explica así: "Hasta la fecha, ningún país se ha acogido a este derecho porque si lo hace recibiría presiones de Estados Unidos u otro socio comercial, de modo que le impondrían sanciones en otra cosa. Hacerlo por primera vez significaría crear un precedente importante al cual todos los países en desarrollo se podrían acoger". También mediante presiones es cómo se ha conseguido que los diferentes países introdujeran la ley de patentes en sus propias legislaciones. "Implementar la ley –aclara el Responsable de Prensa de MSF– no era necesario, pero los países lo hicieron por una presión muy fuerte a nivel político y por una presión muy fuerte del lobby de la industria farmacéutica.

Por ejemplo, Estados Unidos está negociando tratados de libre comercio con países de América Latina. En esas negociaciones les obligan a aceptar legislaciones de patentes –porque la industria farmacéutica norteamericana está detrás, presionando– a cambio de mayor apertura en la exportación de productos agrícolas, por ejemplo. Es decir, se está utilizando la salud como moneda de cambio. Y desde MSF siempre hemos dicho que nos parece que en una mesa de negociaciones comercial tienen que negociarse bienes comerciales, pero que la salud no puede negociarse. Es algo aberrante, porque es la gente la que lo sufre". Al final llegamos a la triste conclusión de que la salud es una mercancía y que son las farmacéuticas una de las industrias que más mueve los hilos de la política mundial.

De hecho, a principios de 2005 el British Medical Journal publicaba que la industria farmacéutica norteamericana había pagado 1,7 millones de dólares, de los 17 que costó la fastuosa ceremonia de inauguración de Bush. Lo cual confirma el interés de esta industria en este político, ya que su partido se llevó tres cuartos del total de las contribuciones electorales que dieron las farmacéuticas, frente al cuarto restante que recibió Kerry. El Public Citizan –grupo de información sin ánimo de lucro– aseguraba que el total del dinero invertido por estas empresas en la elección fue de 230 millones de dólares.

Echando una mirada atrás también pueden constatarse las maniobras de esta industria. Por ejemplo, el mayor cártel europeo petroquímico farmacéutico financió la toma de poder de Hitler hace setenta años. Y la Segunda Guerra Mundial fue primordialmente una guerra por la conquista de los recursos naturales de Europa del Este y Asia. Esto lo confirmó el Tribunal de Guerra de Nüremberg (1946–1947), que declaró que esta guerra no hubiera sido posible sin el cártel petroquímico I.G. Farben. La sentencia indicó que la empresa debía dividirse –en las actuales Bayer, BASF y Hoechst–, y algunos de sus directivos fueron sentenciados acusados de comenzar una guerra en contra del Derecho Internacional, por el asesinato masivo y la explotación y el saqueo de la propiedad pública y privada de países extranjeros y otros crímenes contra la humanidad. Eso forma parte de una historia no tan lejana. El presente se escribe también con muertes, pero esta vez la guerra es más silenciosa y se llama omisión. Impedir que las medicinas lleguen a todo el planeta, produciendo millones de muertes, también es un delito.