Referéndum y lucha contra el TLC en Costa Rica

Neoliberalismo y reacción democrática en Centroamérica

Comité Central del Partido Socialista de las y los Trabajadores (Costa Rica)

Prólogo

Este artículo se enmarca en la relación de intercambio de experiencias, colaboración política y publicación mutua entre el PST (CR) y la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie.

Ante la solicitud de los compañeros de CI SoB de colaborar en su revista teórica, decidimos colaborar con este articulo. Hemos querido darle un enfoque tanto genético como estructural a nuestra exposición, pensando que bastantes de los lectores probablemente es la primera vez que lean sobre Centroamérica, y es por tanto necesario un encuadre histórico de los distintos procesos sociales en el área. Asimismo, hemos colocado bastantes notas, para aclarar nombres, organizaciones y situaciones que no tienen por qué ser conocidas por los lectores.

Creemos que este texto puede colaborar en el debate actualísimo que recorre toda América Latina sobre la caracterización y dinámica de los presentes procesos de lucha de clases en el subcontinente.

1. La necesidad de un punto de vista centroamericano para analizar Costa Rica (marco histórico)

“Centroamérica constituye una realidad cualitativamente distinta al resto de América Latina. Por razones de unidad y extensión geográfica, tradición histórica común que arranca de la colonia, unidad cultural e idiomática, forma una sola nacionalidad dividida en seis estados distintos, donde la tendencia a la conformación de una sola nacionalidad es fuerte y evidente” (N. Moreno, 2003, p. 33) Igual opinión había esbozado el comunista salvadoreño Miguel Mármol¹: “Nuestra tradición centroamericanista es un hecho, y aunque la burguesía y los gringos siempre han atizado la división, la verdad es que somos una sola nación, partida en cinco pedazos” (Dalton, 2000, p. 422)

Nada más falso entonces que interpretar la realidad de alguno de los seis países del área sumando definiciones: “El método adecuado es el contrario: se debe formular una caracterización de conjunto sobre la situación en Centroamérica, y partir de esa definición para señalar las diferencias de país a país” (N. Moreno, 2003, p. 35)

Esta visión de totalidad, que les ha servido a los marxistas centroamericanos como guía metodológica y política para analizar la realidad de nuestros países, está asentada sobre poderosas tendencias económicas, sociales e históricas.

Mientras el proyecto bolivariano de constituir una sola nacionalidad latinoamericana estaba definitivamente derrotado a medidos de la década de 1820, la Federación Centroamericana no es desmembrada hasta 1838.

Pero este desmembramiento contra natura era permanentemente puesto en entredicho, sobre todo por sectores centroamericanistas de los ejércitos “nacionales”.² Además de la revolución liderada por el unionista Francisco Morazán, encontramos que la guerra de liberación nacional contra los filibusteros fue realizada por los cinco ejércitos centroamericanos^3; luego están los intentos del general guatemalteco Rufino Barrios en 1873, y en 1895 el general nicaragüense José Santos Zelaya llevó adelante otro intento de reconstruir Centroamérica fundando la República Mayor de Centroamérica. El último intento unionista liderado por sectores de las capas medias y la oficialidad fue tan tardío como 1921, con la instauración de la República Tripartita (formada por Guatemala, Honduras y El Salvador).

Los múltiples intentos fallidos del unionismo militar centroamericano tenían razones sociales profundas para su fracaso: sólo una clase social dispuesta a tomar medidas radicales como la liberación jurídica y social de los pueblos originarios y los mestizos; la liquidación de las oligarquías post coloniales y sobre todo de la estructura latifundista del campo, a través de una reforma agraria radical y la instauración de una dictadura popular centralizada (jacobina) podía realizar el sueño morazánico. Ese puesto estaba vacante en Centroamérica.

Si en los años 20 del siglo XX el ejército y las capas medias habían agotado sus energías unionistas, simultáneamente, otra clase social hacía su entrada en la escena histórica: el pequeño pero superexplotado y aguerrido proletariado centroamericano desarrollaba sus primeras luchas y marcaba su impronta en la lucha por la liberación social y nacional centroamericana. El surgimiento de las luchas del proletariado cambiará la mecánica de la revolución en el área; ya no sólo se tratará de una lucha por la unidad centroamericana, sino de una lucha anticapitalista y antiimperialista.⁴

El Ejército Defensor de la Soberanía Nacional del general César Augusto Sandino tuvo entre sus combatientes a los mejores revolucionarios del área; entre ellos, al fundador del comunismo salvadoreño, Farabundo Martí; al poeta hondureño Froylán Turcios; al mexicano José de Paredes.

Antes de enrolarse en la guerrilla sandinista, el salvadoreño Farabundo Martí fundó en Guatemala, con delegados de Honduras, El Salvador y Nicaragua, el Partido Comunista Centroamericano, rápidamente disuelto por la represión. Asimismo, vemos a la salvadoreña Graciela García como fundadora del PC hondureño y el PC guatemalteco, al salvadoreño Miguel Mármol como fundador del PC guatemalteco, al escritor hondureño Ramón Amaya Amador militando en Honduras y en Guatemala, a los obreros nicaragüenses participando en el ejército sandinista y en la conducción de la huelga bananera de 1934 en Costa Rica. El comunismo de la “época radical”⁵ no reconoció fronteras nacionales.

La derrota del ascenso revolucionario de 1928-1934 en el área terminará con la masacre masiva de obreros y campesinos y sobre todo con la liquidación física de su dirección revolucionaria, la instauración de sanguinarias dictaduras militares como las de Tiburcio Carías en Honduras, Hernández Martínez en El Salvador y Somoza (viejo) en Nicaragua. Será una vuelta más de tuerca en el proceso de balcanización de Centroamérica, esta vez garantizándola manu militari.

Una nueva prueba de fuego para el sistema de dominación imperialista y balcanizador será la revolución guatemalteca de 1947-1954. Lamentablemente, la década del 40 se había encargado de “estalinizar” a los otrora radicales PCs centroamericanos, profundizando la crisis de dirección revolucionaria en el área.

Durante diez años las masas guatemaltecas lucharon a brazo partido contra los militares, la oligarquía y el imperialismo, pero la dirección nacionalista burguesa de Arbenz, apoyada por izquierda por el Partido Guatemalteco del Trabajo (Comunista), boicoteó la revolución, evitando como la peste radicalizar las medidas para que la revolución “democrática” tomara un carácter cada vez más antiimperialista y eventualmente socialista, y sobre todo boicoteando la centroamericanización del proceso revolucionario.

Después de derrotada la revolución guatemalteca^6, los comunistas no volverán nunca a plantear la necesidad de un solo partido de los revolucionarios centroamericanos, ni muchísimo menos la necesidad de concebir la revolución centroamericana como una sola.

A finales de los 70, de manera bastante efímera, será una organización político-militar la que se plantee esta estrategia. Según el historiador Edgardo Rodríguez, entre 1975 y 1976 los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos “habían realizado muchos análisis sobre la región en su conjunto, en torno a la formación social, sobre el comportamiento de las burguesías nacionales, tomaron conciencia de cómo Estados Unidos aplicaba estrategias de carácter regional (…) es así como ellos comienzan a tornear la idea de que si las estrategias de la política norteamericana eran regionales, entonces había que dar respuestas al mismo nivel (…) Así se fue gestando la propuesta de un partido centroamericano” (Rodríguez, 2005, p.164). Lamentablemente, los errores foquistas y la estrategia esencialmente militarista del PRTC hicieron que esta organización fuera rápidamente diezmada y debilitada, abortando este proyecto.⁷

Fue el triunfo de la revolución popular sandinista la que puso al rojo vivo la necesidad de desarrollar una estrategia centroamericana y socialista para la revolución. “Ni bien triunfó [la revolución nicaragüense] el FSLN pudo extender su revolución para voltear a las dictaduras de Honduras y El Salvador, haciendo dos nuevas Nicaraguas. El FSLN se negó a hacerlo. En el caso de El Salvador, apoyó a la Junta Militar genocida junto con Fidel Castro. En el caso de Honduras, el propio Daniel Ortega ha dicho con todo descaro: «Honduras ha estado tranquila durante estos años desde que tomamos el poder. No hemos dado bases a los miles de oponentes del gobierno hondureño, que podríamos hacer con facilidad...» (The New York Times, 10-4-83). Todos sabemos cómo le devolvió el favor el imperialismo” (N. Moreno, 2002, p.12).

Ésa fue la gran tragedia que terminó por estrangular el proceso revolucionario centroamericano; cuanto más agudo era el proceso revolucionario, más se esforzaba la dirección sandinista y farabundista en balcanizar la revolución, en instaurar su estrategia de “revolución en una sola provincia”.

Ocho heroicos años lucharon las masas centroamericanas contra los “contras”, contra los militares genocidas a quienes propinaban formidables derrotas, pero lo que no pudieron derrotar fue la estrategia contrarrevolucionaria del FSLN y el FMLN. La divisa estaba clara “que Nicaragua no sea una nueva Cuba, que El Salvador no sea una nueva Nicaragua”. Esta orientación se impuso a “sangre y fuego”; los cadáveres de quienes se oponían a esta orientación como el del Comandante “Marcial” (Salvador Cayetano Carpio), son una de las páginas más vergonzosas de la izquierda latinoamericana.⁸

Asfixiada por la presión militar de la “contra” y las medidas fondomonetaristas del FSLN, que supuestamente iban a construir “el socialismo con los dólares del capitalismo”, en 1987, con los Acuerdos de Esquipulas, se inicia el declive de la revolución centroamericana.

Luego, en 1990, el sandinismo era derrotado en las urnas por la Unión Nacional Opositora: las masas nicaragüenses, hambreadas y desgastadas, con decenas de miles de muertos a sus espaldas y decepcionadas por la “piñata”⁹, habían votado por la contrarrevolución; miles emigraban hacia Costa Rica y Estados Unidos.

En 1992 se firmaban los Acuerdos de Paz en El Salvador, y en 1996 la URNG también abandonaba las armas. Las guerrillas se transformaban en partidos socialdemócratas, en respetables miembros del Foro de San Pablo, “de las montañas a los palacios” fue el programa de vida de gente como Shafik Handal y Joaquín Villalobos.

Se calcula que la guerra en Nicaragua, El Salvador y Guatemala dejó una cifra combinada de 250.000 muertos aproximadamente, a lo que habría que sumarle los desplazados y demás daños colaterales (como dicen cínicamente los militares/empresarios para referirse a la barbarie que produjo la guerra contrarrevolucionaria). Así, cuando la paz de los cementerios fue instaurada y se empezó a pagar en dinero contante y sonante a cuanto revolucionario renegado aparecía, las oligarquías locales profundizaron sus programas neoliberales de privatizaciones de los servicios públicos y venta de las empresas del Estado, de compactación del Estado, de desregulación financiera y unificación aduanera. Es decir, a construir la articulación del actual modelo capitalista en Centroamérica.¹⁰

2. Algunas consideraciones generales sobre el modelo capitalista centroamericano

Un elemento central para comprender el capitalismo semicolonial centroamericano es que éste, desde inicios del siglo XX, es un coto de caza privado del imperialismo norteamericano. A eso habría que agregarle que, militarmente, somos su patio trasero. Este proceso, que aumentó considerablemente después de la mal llamada “transición a la democracia” de los años 90, dio un salto espectacular en los últimos años al iniciar el siglo XXI.

Para señalar la profundización de la dependencia externa, bastaría señalar que las exportaciones estadounidenses a la región aumentaron entre 1996 y el 2001 en un 42%, totalizando 9.000 millones de dólares en 2001, aproximadamente la misma cantidad que el total de las exportaciones estadounidenses a Rusia, India e Indonesia, y las importaciones de los países centroamericanos totalizaron el mismo año unos 11.000 millones de dólares.

Pero como “el que no quiere caldo recibe dos tazas”, vemos que entre 2001 y 2006 se produjo en Centroamérica la más grande e histórica penetración del capital imperialista estadounidense y europeo, ya que “más de $10.000 millones se negociaron en Centroamérica en los últimos cinco años, mediante las fusiones y adquisiciones de empresas de diversos sectores” (La Nación, 20-10-06). Los principales compradores de empresas centroamericanas han sido las transnacionales imperialistas de Estados Unidos y Europa.

Queremos, para no aburrir al lector, señalar sólo dos ejemplos más, paradigmáticos de esta penetración profunda del imperialismo: el caso de los bancos y el de las cadenas de supermercados (se podrían señalar también las industrias de bebidas o las plásticas).

Así, durante 2005, la segunda transnacional más poderosa del mundo, General Electric, a través de su división financiera Consumer Finance, adquirió el 49,99% de las acciones (500 millones de dólares) del grupo regional de capital nicaragüense BAC; en agosto de 2006 el transnacional banco inglés HSBC, el más grande de Europa, compró el 100% de las acciones (1.770 millones de dólares) del grupo financiero regional de capital panameño conocido como Banistmo; en octubre y diciembre del 2006, Citigroup, el banco más poderoso de Estados Unidos, compró el 100% de las acciones de dos grupos financieros regionales, Banco Uno y grupo Cuscatlán (500 y 1.510 millones de dólares, respectivamente), el primero de capital nicaragüense y el segundo de capital salvadoreño.

En 2005, para sobrevivir al TLC, Carhco¹¹ formalizó una “alianza estratégica” con la poderosa transnacional estadounidense Wal-Mart, vendiéndole inicialmente el 33,3% de sus acciones, y ya para marzo de 2006, esa transnacional incrementó su participación en Carhco al 51%, controlando mayoritariamente el principal negocio al detalle en Costa Rica y Centroamérica.

Como se ve, entre los elementos que caracterizan el actual modelo capitalista centroamericano está la absorción casi total de las economías-empresas centroamericanas, y por supuesto el saqueo llano y simple¹² de los recursos naturales.

En resumen, el actual modelo económico centroamericano está basado en cuatro “sectores” básicos: 1) el turismo, que ya para 1998 constituía el 12,1% del PIB en Costa Rica, el 11,8% en Nicaragua y 11,3% en Guatemala (estas cifras han venido aumentando conforme se desarrollan las medidas del CAFTA); 2) las maquiladoras de textiles y el vestuario que dependen de la mano de obra barata y que “han jugado un papel clave para impulsar al sector exportador, [por ejemplo, de] las exportaciones ticas y salvadoreñas, 60% son de empresas de zonas francas; en el caso de Nicaragua representan el 40%, y en Honduras, 34%. Guatemala es la nación que se muestra más rezagada, pues sólo 15% de sus ventas al exterior son de zona franca” (revista Actualidad Económica, 9-10-04); 3) la agroindustria, y 4) las manufacturas de piezas electrónicas y prestación de servicios informáticos. A esos rubros habría que agregarle las remesas familiares que, aunque no constituyen un sector económico interno, son sin embargo estratégicas para la región, pues Centroamérica constituye una de las regiones del mundo más dependientes de esa actividad.¹³

Es decir, no constituyen ningún desarrollo de fuerzas productivas, pues no se incorpora ninguna técnica nueva, sino que sólo se absorben y reorganizan las empresas ya existentes; además, se destruye-saquea la naturaleza, y los seres humanos reciben más bajos salarios o bien son obligados a inmigrar.

El modelo del capitalismo centroamericano es una artificial economía de enclave absolutamente alejada de las necesidades del desarrollo de las fuerzas productivas centroamericanas. Queremos citar a dos investigadores libres de toda sospecha del más rosado “izquierdismo” para reforzar nuestros argumentos.

Víctor Bulmer-Thomas y Douglas A. Kincaid, investigadores del proyecto Harvard-INCAE (es decir, la más rancia tecnocracia neoliberal) sostienen que “se hace difícil sostener que el sector textil y vestuario sea un núcleo, puesto que el espectacular crecimiento de este sector se debe a la producción de las maquiladoras. Casi todos los insumos de la maquila son importados, y sus exportaciones son altamente susceptibles a las concesiones tributarias que hacen los códigos arancelarios de Estados Unidos. Igualmente, la agroindustria de alto valor agregado es una actividad que normalmente opera relativamente aislada del mercado interno, en tanto que el turismo –especialmente el ecoturismo– casi por definición no constituye un núcleo, dado que para proteger el medio ambiente debe evitar la concentración geográfica. La cuarta actividad –piezas electrónicas y servicios informáticos– es ciertamente un núcleo en Costa Rica, donde INTEL se ha beneficiado de la preexistencia de una industria de software y ha sido un factor en la aparición de actividades secundarias” (Centroamérica 2020: hacia un nuevo modelo de desarrollo regional. FLACSO, octubre de 2001).

Conforme las medidas neoliberales se fueron aplicando y las leyes y reformas impuestas por el CAFTA han entrado en vigencia en Centroamérica, sus resultados son cada vez más escalofriantes. Si antes de la aplicación del TLC Honduras tenía un 80% de población pobre, Nicaragua un 60%, Guatemala más del 57%, Panamá el 37% y Costa Rica el 23%, y el desempleo se había incrementado a 20% de la población económicamente activa (PEA) en Panamá, 11,3%, en Nicaragua, 6,8% en Costa Rica y 6,2% en El Salvador, los primeros datos arrojados a un año de la implementación del CAFTA señalan que la dependencia externa, la crisis agraria y el desempleo se profundizarán en toda Centroamérica: “En El Salvador y Honduras, países donde entró en vigencia el TLC, las exportaciones agropecuarias a Estados Unidos disminuyeron y las importaciones crecieron al nivel más alto desde 1970. En Guatemala, que también tiene TLC, las exportaciones se estancaron y las importaciones crecieron como no lo hacían desde 1970” (La Prensa Gráfica, 11-4-2007). E incluso “datos oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que el 2006 pasará a la historia como el año más deficitario para Centroamérica en su relación comercial con Estados Unidos en la última década” (ANNCOL, “TLC cierra primer año con números rojos para Centroamérica”, 7-7-2007).

No sólo la producción agraria y la soberanía nacional retroceden décadas con la aplicación del CAFTA, sino que son sobre todo las condiciones de vida del pueblo trabajador las que son pavorosamente reducidas. Recientemente, la prensa burguesa hondureña reveló una noticia socialmente espeluznante: se habían detectado 10 casos de lepra en Choluteca, al sur del país, una enfermedad erradicada hace décadas en Centroamérica y hace un siglo en Europa, y que producto de dos décadas de recetas neoliberales ha vuelto ha aparecer. En resumen el capitalismo semicolonial centroamericano no sólo es una lepra para el pueblo trabajador, sino que también vuelto a producirla nuevamente.

3. El carácter desigualmente desarrollado de Costa Rica en el marco centroamericano: de la guerra civil al neoliberalismo

“Aquí no puede haber anarquía, ni ha habido anarquía o tendencia a la guerra contra la institución del gobierno”-. Esta frase fue escrita por el famoso liberal costarricense Pío Víquez y señalaba bastante bien la ideología privilegiada que ha construido la oligarquía costarricense desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Esta ideología consiste en fundamentar “histórica” y “filosóficamente” la “excepcionalidad” costarricense, su carácter de otredad radical en relación con el resto de Centroamérica (Costa Rica sería la “Suiza centroamericana” en este discurso ideológico). Los grupos oligárquicos y todos sus intelectuales a sueldo han chorreado tinta para demostrar que la sociedad costarricense estaría marcada por una incapacidad intrínseca de transformación revolucionaria, que la haría desde la época colonial diferente al resto de Centroamérica, y que los problemas sociales y políticos siempre se solucionan “a la tica”.¹⁴ Evidentemente, un examen histórico medianamente riguroso echa por tierra ese cacareo ideológico, pero lo que sí es importante señalar es que esa ideología tendría por lo menos un elemento de lo real en que apoyarse.

Creemos que al realizar un análisis genético-estructural de conjunto sobre la vida social en Centroamérica podríamos decir que mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua tienden a marcar en Centroamérica las tendencias hacia la unidad, hacia la combinación y homologación del proceso social, Costa Rica tiende a representar el polo desigual del desarrollo, pero que en todo caso sería el elemento desigual en el marco de un desarrollo de conjunto que se despliega y concreta justamente a través de estas múltiples y desiguales determinaciones.

Así, por ejemplo, el ascenso revolucionario antidictatorial y antioligárquico que recorrió Centroamérica, entre 1944 y 1954, en Costa Rica no concluyó con dictaduras gorilas tipo Ubico, Somoza o Aguirre y Salinas, sino que la crisis orgánica de dominación abierta en el país en 1943 se resolvió en 1948 con una guerra civil donde una vez que fueron derrotados los sectores populares, la facción burguesa vencedora en la guerra (el PLN) llevaría adelante una “revolución pasiva”.¹⁵

El proceso que llevó a la guerra civil de 1948 es clave para comprender a la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX.¹⁶

Desde los años 30, los sectores populares costarricenses, liderados por el Partido Comunista (más tarde conocido como Vanguardia Popular-PVP) empujaban por un desmonte “por abajo” del sistema oligárquico-imperialistas y habían conseguido avanzar importantes posiciones (promulgación de la Ley de Garantías Sociales, del Código de Trabajo, construcción de una Central Sindical única de orientación comunista, fuerte representación parlamentaria), hechos que hicieron que Víctor Raúl Haya de la Torre se refiriera a la Costa Rica de 1943 como “la Checoslovaquia de América”.

Los comunistas costarricenses, aunque no eran parte del gobierno, eran el principal sostén social del gobierno oligárquico de Rafael Ángel Calderón Guardia.¹⁷ El PVP, para lograr las leyes sociales de 1943, había concertado un pacto con los republicanos (calderonistas) y la reaccionaria Iglesia Católica, conocido como Pacto de la Victoria . Este pacto con la oligarquía dejó maniatados a los comunistas en la lucha contra el fraude electoral de 1948 (que avalaron) y en la guerra civil.

En la guerra se impuso por las armas una heterogénea alianza entre el imperialismo gringo, otro sector de la oligarquía (el ulatismo), sectores modernizantes de las capas medias (Centro de Estudios para los Problemas Nacionales) y combatientes de la Legión del Caribe representados por el jefe militar de la “revolución”, José Figueres Ferrer (Figueres personalmente representaba sectores de la pequeña burguesía antioligárquica y antidictatorial, con fuertes rasgos aventureros y militaristas).

Las dos facciones de la burguesía en guerra pactan en Ochomogo el fin de la guerra y el respeto a “fincas y haciendas”, así como a las “garantías sociales”. Cuando los figueristas toman el poder, disuelven la central obrera (CTCR) e ilegalizan al PVP (la ilegalización durará 20 años), pero no instauran una dictadura militar, sino que entregan el poder a Ulate, que gobierna un par de años, y luego de organizar en torno a Figueres el Partido Liberación Nacional, gana las elecciones de 1953, desarrollando y coherentizando la “revolución pasiva” que inició en la Constituyente de 1948.

La modernización capitalista en Costa Rica no vino “desde abajo” sino “desde arriba”, encabezada e impulsada por un Estado de marcado carácter corporativo, construido por Liberación Nacional, con apoyo entusiasta de la CEPAL, como un “tapón de seguridad” ante una nueva posible irrupción radical de los sectores populares. Una vez que el calderonismo desistió de sus asonadas militares (cuyo pico fue la invasión de 1955 apoyada por la dictadura de Somoza), el liberacionismo se convirtió en el partido hegemónico, y los sectores oligárquicos que quedaron fuera de él pasaron 30 años agrupándose, unas veces sí y otras también, en distintos partidos que le hacían la contienda a Liberación durante ese tiempo. No fue sino hasta la mitad de la década del 80, cuando se empezaba a impulsar el desmonte antinacional de las empresas del Estado, que surge un nuevo partido de corte privatizador: el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que reúne a los viejos sectores calderonistas y a la nueva derecha tecnocrática.

El PUSC y Liberación construyeron un bipartidismo que duró hasta 2002 y se encargó de aplicar la agenda privatizadora. En 2002, con el surgimiento del PAC y la posterior destrucción del PUSC (que veremos más adelante) se acabó el bipartidismo.

Lo modernización autoritaria y corporativa del capitalismo costarricense fue relativamente exitosa. Creó verdaderas conquistas sociales: empresas estatales como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), universidades a distancia (UNED), tecnológicas (ITEC) o con fuerte perfil para estudiantes de zona rural (UNA).

Este sistema empieza a hacer agua desde mediados de los 70 hasta los 80, cuando las cúpulas liberacionistas y calderonistas intuyen que no hay posibilidad de un desarrollo sostenido y se empiezan a dedicar al saqueo llano y simple del Estado para lograr mejoras en su acumulación como facción de clase.¹⁸ Este proceso local se combina con el inicio de la crisis crónica de la economía capitalista inaugurado por la debacle de 1973-1974, que a la vez estaba enmarcada en la crisis de dominación y de hegemonía del capitalismo mundial de 1968-1979; evidentemente, esta crisis tenía una expresión específica en Centroamérica.

El estallido de la revolución popular sandinista en 1979 va a ser el elemento clave para comprender el nacimiento y desarrollo de la Costa Rica neoliberal, que constituía el proyecto de un sector del imperialismo y la oligarquía tica para darle salida a la crisis de acumulación y legitimidad del modelo instaurado en 1948, pero que era sólo un elemento (más bien marginal) en medio del proyecto más general (estratégico) del imperialismo para recuperar la hegemonía del área. Los años 80 serán los del ascenso revolucionario en toda el área, del cual Costa Rica constituía uno de los puntos más atrasados. Los 80 serán también el inicio del fin del Estado corporativo y cepalino de la II República.

4. La Costa Rica neoliberal. Del “bunker democrático” al “paraíso exportador”

La revolución popular sandinista y las guerras de liberación social y nacional en El Salvador y Guatemala eran sólo los puntos más altos, la vanguardia del ascenso revolucionario general que conmovió el área entre 1979 y 1990. Pero la contraparte de este ascenso, los polos reaccionarios de esta situación política, los constituían Costa Rica y Honduras.

El imperialismo, además de la estrategia de balcanizar el proceso revolucionario para poder mejor enfrentarlo, usó una estrategia de tenazas para asfixiar a la revolución sandinista. Por un lado estaba el polo militar, el bunker representado por Honduras, donde estaba instalada la base militar de Palmerola y los “contras” hacían uso indiscriminado del territorio; por otro lado, estaba el polo “democrático”, Costa Rica.

El rol de Costa Rica era presentarse como una alternativa a la Nicaragua sandinista, una alternativa de “democracia y capitalismo que sí funcionan”. Evidentemente, como había una fuerte crisis capitalista en Costa Rica, los gringos construyeron a punta de subsidios su “bunker democrático” en los años 80. Durante la administración Monge, Costa Rica recibía todos los días un millón de dólares para que la economía se mantuviera a flote y mostrara al mundo su “éxito”. No es por casualidad que se entregó el premio Nobel de la Paz de 1987 al entonces presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez. Así, el imperialismo recompensaba a su peón de la zona, al arquitecto de la estrategia para desmontar la revolución nicaragüense: “pasar a los sandinistas por las urnas, no por las armas”.

El otro aspecto de la política para construir el “bunker democrático” costarricense era iniciar los experimentos con el modelo neoliberal, hacer que Costa Rica se “enganchara” en el proceso de mundialización del capital. Así, en los años 80, se aplicó bajo supervisión directa de los asesores norteamericanos el “modelo de promoción de las exportaciones” y los planes de ajustes.

El capitalista que mejor explica cómo surge el modelo neoliberal en Costa Rica es Richar Beck Hemicke¹⁹, cuando contó en la ceremonia de graduación del 2002 en el INCAE: “En esos años críticos, apareció en Costa Rica una persona con mucha visión y dinamismo y con una bolsa muy profunda (como se suele decir para los que tienen mucho dinero). Esta persona se llama Daniel Chaij, y había sido nombrado director de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) en Costa Rica. Dan, como familiarmente lo llamábamos, tuvo una idea brillante, pero no sabía cómo o con quién desarrollarla: crear un organismo privado para fomentar las inversiones extranjeras en proyectos de exportación, para así insertarnos en una economía global de verdad. Dan me contactó y, con algunos compañeros, celebramos reuniones semanales durante casi un año, hasta que logramos concebir un plan y una institución que AID financiaría con un donativo de $ 11 millones para 1983. Así nació la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), que hasta el día de hoy ha promovido inversiones por más de US$ 1.750 millones y exportaciones anuales por más de US$ 1.500 millones” (semanario Universidad, 31-7-03). “Más claro no canta un gallo”: fue la AID la que creó, financió y desarrolló el actual modelo económico del país, lo que explica en últimas su relativo éxito (sobre todo para los exportadores y las capas medias altas). Este modelo será el que terminará profundizándose si se aplican las medidas del CAFTA.

Como “el diablo le paga mal a quien bien le sirve”, una vez que Centroamérica estuvo “pacificada” el imperialismo exigió un aumento acelerado en la aplicación de los programas fondomonetaristas en Costa Rica.

Los gobiernos del socialcristiano Calderón y el liberacionista Figueres (ambos, hijos de los viejos caudillos que se enfrentaron en la guerra civil) fueron años de profundas transformaciones. Entre ambos se encargaron de “compactar el Estado”: despidieron empleados, vendieron empresas del Estado (FERTICA, CEMPASA, Correos), vaciaron el CNP, reventaron a los campesinos a través de proyectos de “modernización agrícola” y apertura comercial, y, sobre todo desmantelaron la resistencia obrera y popular. Figueres, en 199,5 aplasta una poderosa huelga docente de dos meses y logra modificar el régimen de pensiones del magisterio. Es el pico de la situación reaccionaria en el país.

Desbrozado el camino, el modelo neoliberal se siguió aplicando y ha conducido lenta pero sostenidamente a la reducción y destrucción de la agricultura tradicional y a la conversión del país en una nación de maquila (textil, dispositivos médicos, electrónica y otros de valor agregado), servicios como el turismo (principalmente ecoturismo) y agroindustria (banano, naranja y otros productos como flores, tallos y plantas, como helechos).

5. El ciclo de la lucha de clases del 2000 al 2006. El ascenso del movimiento popular y las contradicciones interburguesas

En 1998 ingresó a la Presidencia de la República el socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez, que tras ser presidente de Costa Rica entre 1998 y 2002 será también secretario general de la OEA, luego reo común acusado por cargos de corrupción y ahora ciudadano libre y conferencista para la Editorial Planeta.

El objetivo del gobierno de Rodríguez era claro: privatizar el ICE y fomentar el mercado financiero a través de la mal llamada Ley de Protección al Trabajador. Aunque muchos de estos proyectos habían sido pactados con la izquierda reformista²⁰ y algunas burocracias sindicales durante la Concertación Nacional de 1998… no le salió el plan al gobierno.

Durante el año 2000 se produjo una inflexión en la lucha de clases de Costa Rica. Los años de frustración y humillación producto del ajuste neoliberal finalmente llegaron a tope, y durante 6 semanas hubo poderosas movilizaciones populares, cortes de rutas y enfrentamientos callejeros que evitaron la aprobación del “Combo del ICE”.²¹ Primero fueron los trabajadores del ICE, luego estudiantes universitarios, de secundaria y finalmente todos los sectores populares. Fue un claro proceso de centralidad política de la clase obrera, acaudillando tras de sí a todos los oprimidos, que hizo cimbrar todo el orden establecido. Las masas entraron de manera independiente, por lo menos al inicio de la lucha, y lograron un triunfo distorsionado.²²

Cambió así la correlación de fuerzas, y el gobierno de Rodríguez no pudo más que dejar que el tiempo pasara. “Privatización” se había convertido en una palabra maldita para el pueblo trabajador.

Desde entonces hasta 2007 los sectores populares no han dejado de luchar contra el modelo neoliberal y contra la inconsecuencia de las direcciones mayoritarias del movimiento sindical y popular, que teniendo en varias ocasiones posibilidades de derrotar al neoliberalismo en las calles, siempre le han dado un segundo respiro.

En octubre de 2001 se anunciaba la intención del gobierno yanqui de Bush de comenzar las negociaciones para concretar el TLC. En septiembre de 2002 se realizaron las primeras rondas de negociación. En mayo del 2005 estaba firmado y aprobado en toda Centroamérica, menos en Nicaragua y Costa Rica. En diciembre del 2005 faltaba exclusivamente Costa Rica.

¿Qué explica este atraso en la aprobación del TLC, atraso que se ha extendido hasta el referéndum de octubre de 2007?

En primer lugar, la grandiosa manifestación de fuerza del pueblo trabajador y su oposición al TLC explican el atraso, pero además hay otros elementos.

Uno de ellos es el tiempo que tardó la burguesía tica en cerrar el “síndrome del Combo”. Si Rodríguez no pudo terminar de gobernar, el gobierno de Pacheco surgió y se produjo bajo el signo de la ilegitimidad y el miedo a que se volviera a producir una movilización como la del 2000.

Pacheco gana en medio de una fuerte crisis de legitimidad-desmoronamiento del bipartidismo, del que el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (socialdemócrata) es un ejemplo, así como el Movimiento Libertario (derecha neoliberal ortodoxa). Hay que sumar, además, un amplio abstencionismo, descrédito de instituciones fundamentales como la Asamblea Legislativa, falta de apoyo de la dirección histórica del socialcristianismo a su candidatura, etc.

Pacheco permanentemente se debatía entre su obligación de avanzar en los proyectos fondomonetaristas y el miedo a una nueva irrupción de furia popular. Si declaraba en el 2002 que “vender activos está fuera de toda posibilidad, porque el pueblo no quiere” (La Nación, 15-12-02) en mayo de 2003, ante la presión del procónsul norteamericano Robert Zoellick, acepta la incorporación de la apertura de las telecomunicaciones en el TLC.

Luego condiciona el envío del TLC a la Asamblea Legislativa a la aprobación de un plan de reordenamiento fiscal. El plan sufre el boicot de la oligarquía y del Movimiento Libertario, por un lado, y por otro, de los trabajadores del ICE y del magisterio, que en 2003 desplegaron sendas huelgas contra el desfinanciamiento estatal y los recortes de pensiones respectivamente. Las huelgas hacen caer a los ministros de Educación y de Hacienda.

Todo el gobierno de Pacheco estuvo marcado por la entrada y salida de personal político, nadie daba pie con bola, y la crisis del régimen se profundizó cuando en marzo de 2003 apoyó con frases bastante brutas la invasión a Irak, lo que desató numerosas movilizaciones.

Luego, dos ex presidentes socialcristianos, Calderón y Rodríguez, cayeron presos por sendos escándalos: Caja-Fischel el primero, ICE-Alcatel el segundo, y se produjo otro ciclo de movilizaciones.

En 2004, la lucha contra la transnacional RITEVE movilizó a los pequeños propietarios de taxis, furgones, talleres de autos, campesinos y estudiantes. Los sectores más avanzados, sobre todo el movimiento estudiantil, dirigido por la extrema izquierda, planteaba que ésa debería ser la batalla para quebrar al neoliberalismo, pero el Movimiento Cívico Nacional (la dirección de la lucha) negocia con el gobierno, desmontando el proceso de lucha. Pese a las pequeñas concesiones nada sustanciales que hace Pacheco, sufre los ataques constantes de la oligarquía, escudada en el periódico La Nación, y de toda la tecnocracia neoliberal.

Finalmente, como el pacto Movimiento Libertario-empresarios no le dejó pasar el plan fiscal, el gobierno atrasó el envío del TLC al parlamento, convocando a una Junta de Notables que hace importantes críticas al TLC. Ya casi al final del gobierno (finales de 2005), Pacheco envía el tratado al parlamento.

Para el 2005, la campaña contra el TLC había subido de manera ascendente su resonancia. No solamente sectores de la izquierda revolucionaria habían tomado protagonismo, particularmente dentro del movimiento estudiantil y algunos pequeños sindicatos, sino que la política fundamental del periodo fue “Huelga general para derrotar al TLC”. Incluso elementos importantes de la burocracia sindical tenían que hacer suya esta política, aunque fuera de los dientes para afuera. Decir otra cosa era estar a favor del TLC, dentro de la conciencia del movimiento de masas.

Obviamente, esta política debía ser controlada, fundamentalmente porque la burguesía, tanto opositora como favorable al TLC, no puede tolerar un movimiento de esa envergadura, que obviamente no sólo haría temblar al Estado burgués, sino que lo pondría en abierto entredicho. Este proceso de castración política contó con el apoyo de los infaltables del gobierno: la burocracia sindical y el reformismo, como veremos más adelante.

6. ¿Por qué la resistencia al TLC? El daño social del neoliberalismo

Queremos señalar al lector algunos datos para mostrar la magnitud de la transformación que produjo el modelo neoliberal aplicado por dos décadas en el país y los que implicaría el CAFTA. Estos datos son necesarios para comprender el por qué de tanta y tan variada resistencia en Costa Rica a la aplicación del TLC.

a) Concentración capitalista en el campo

Si en los 80 el grueso de la dieta promedio de los costarricenses (frijoles, arroz, papa, maíz, sorgo) era producido en el país por pequeños y medianos productores (que fueron la base social de apoyo de la larga estabilidad de la II República), ya para el 2000 el grueso de los productos agrarios básicos para la alimentación eran importados del extranjero. Los productos acabados de las transnacionales alimenticias invadieron el país.

En 1980, Costa Rica producía 75.300 toneladas de maíz; en el 2000, esa cifra había disminuido a 23.300 toneladas, lo cual significó una reducción porcentual del 69,1%. La producción de frijol pasó de 34.300 toneladas en 1980 a 12.685 toneladas en 2002, lo que representó una reducción del 63% (Centroamérica en cifras 1980-2000, FLACSO 2002) A partir de 2004, el país importa 132.000 toneladas métricas de arroz para abastecer el mercado interno.

Si en 1989 el PIB agrícola de Costa Rica representaba el 19,6% del total, para 2005 ese porcentaje había descendido al 9,5 %. La producción bruta agrícola pasó del 19,1% en 2004 al 18,8% en 2005, perdiendo peso dentro de la producción bruta nacional.

Estas cifras catastróficas, con miles de casos de quiebras de pequeños productores, hicieron que todo un sector de esta pequeña y mediana burguesía papera, cebollera e inclusive arrocera vieran con hostilidad los proyectos de “apertura comercial”²³ y en específico el proyecto del TLC. En el caso de los arroceros, vemos grandes burgueses opuestos al TLC. Recientemente, los paperos cambiaron su posición y ahora apoyan el TLC. Obviamente la posición de los arroceros se basa en que el TLC implica su desaparición como sector empresarial.

b) Concentración de capitales exportadores

El modelo neoliberal tendió a desarticular el tejido interno de la economía costarricense y “volcarlo hacia fuera”, hacia la exportación de productos no tradicionales y de productos de maquila de medina tecnología. Así, aunque los números exportadores y macroeconómicos del país hacen que los propagandistas del régimen se deshagan en halagos al modelo, los números muestran que el país vive un crecimiento económico con concentración de riqueza y capacidad productiva, y sobre todo con aumento de la desigualdad social.

Así, por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) creció el 7,9% en 2006 y en 2005 había crecido al 5,9%; las exportaciones crecieron en 2006 un 17% respecto de 2005, llegando a 8.198 millones de dólares. Si a lo anterior se le suma el turismo y otros servicios, la cifra llega a los 10.000 millones de dólares; la inversión extranjera fue de 1.400 millones de dólares y las reservas monetarias alcanzaron más de 3.000 millones de dólares. Pero, como señalan los mismos sicofantes del FMI, “este fenómeno se produce porque el PIB de Costa Rica está distorsionado hacia arriba por las inversiones realizadas por la multinacional estadounidense INTEL” (Bulmer, Víctor y Kincaid, Douglas, cit.).

Así, si al crecimiento de 2005 le excluimos los enclaves productivos exportadores (Intel, zonas francas y otros), realmente la economía nacional sólo creció el 3,8%, es decir, el otro 2,1% corresponde a aquellos sectores. Igual fenómeno o más profundo se debió presentar en 2006.

Queremos mostrar cómo este crecimiento se produce en medio de la economía de enclave de las zonas francas; es decir, está concentrado en pocas empresas transnacionales y no garantiza un encadenamiento productivo que aumente o mejora la industrialización del país, ni el empleo bien pago o algo parecido, sino que es un crecimiento concentrado y focalizado en las zonas francas y deslocalizado del resto del aparato productivo nacional.

Si para 1991 las exportaciones de las zonas francas representaban solamente el 7,3% de ese rubro, para 2005 ya alcanzaban el 52,4 %, constituyéndose en la rama mayoritaria de la exportación.

En 2004, 20 grandes empresas exportadoras representaban el 48% del total de las exportaciones. De esas 20 grandes exportadoras, solamente una empresa era costarricense (Liga Agrícola Industrial de la Caña-LAICA).²⁴ Por otra parte, esas 20 grandes exportadoras, incluyendo a la empresa nacional, solamente empleaban 24.352 trabajadores, de una población económicamente activa (PEA) de 1.676.661 personas, es decir, apenas el 1,45%.

En 2005, el 3% de las empresas exportadoras concentraban el 60% de las exportaciones, y para el año 2006 el 2,1% (36 compañías) concentraban el mismo 60%. “Sólo 23 de las 50 principales exportadoras del país tienen algún grado de vinculación con empresas locales a través del programa Costa Rica Provee, de la Promotora de Comercio Exterior... Esa cifra representa apenas el 1% del total de las compañías exportadoras” (semanario El Financiero. 10-10-05).

c) Aumento de la desigualdad social

Una de las frases más trilladas y más repetidas por la oligarquía tica y sus medios de desinformación, es la “idea” de que la “excepcionalidad” costarricense estaría sustentada por una tendencia a la “igualdad” económica que viene desde la época colonial²⁵ y se ha mantenido invariable por décadas.

Pero esta ideología se sostiene sobre un suelo falso. Los datos más significativos muestran el proceso sostenido hacia la desigualdad social, que ha terminado por agrietar una sociedad que durante mucho tiempo estuvo relativamente integrada.

El XII Informe del Estado de la Nación²⁶ informa que el coeficiente Gini, que mide la desigualdad social, pasó de 0,358 en 1988 a 0,475 en 2004. Eso “significa que Costa Rica pasó de tener niveles de desigualdad cercanos a los de los países europeos a rangos más cercanos a los de otras naciones latinoamericanas, que se destacan entre las más desiguales del mundo” (La Nación, 14-11-06). Asimismo, la inversión social pública por persona se redujo en un 6,3% entre 2003 y 2005. También disminuyó la remuneración real promedio de los ocupados: en 2004 bajó al 5,8%, y en 2005 en un 3,7%; sumados, producen una reducción del 9,5% en dos años.

Por otra parte, según Rolando Araya, dirigente burgués de una facción del Partido Liberación Nacional (PLN), el porcentaje de la masa salarial con respecto al PIB ha disminuido brutalmente: “En los albores de la globalización... rondaba el 50% en Costa Rica. Esto significa que la suma de lo pagado en salarios era la mitad de la producción total. En 2001, esa cantidad había descendido al 28,37%, y en 2005, todavía más, al 27,14%” (La Nación, 30-12-06). Si en 1984 el 20% más rico de la población tenía un ingreso 11 veces mayor que el 20% más pobre, en 2004 esa diferencia llegó a 20 veces más.

El otro elemento fundamental para comprender el “éxito” del capitalismo de enclave tico es que un importante fragmento de dicha riqueza está extraída de la superexplotación de la clase obrera inmigrante, sobre todo nicaragüense²⁷, la cual no sólo está despojada de cualquier derecho sindical, sino que sufre la discriminación xenófoba de los medios de comunicación y las capas medias y bajas, que los culpan de todos los males sociales del país.

La comunidad trabajadora nicaragüense se encuentra concentrada mayoritariamente en las barriadas pobres en el Valle Central y el norte del país, que no tienen acceso a los servicios públicos básicos ni a fuentes de empleo digno y estable. Estas barriadas, que han producido algunas puebladas, son regularmente utilizadas por la policía para realizar algunos de sus entrenamientos, lo que convierte a estas poblaciones en “semi-guetos”.

d) No se quiere perder más conquistas

Entonces, podemos ver que mientras en el resto de Centroamérica los sectores populares no veían en el TLC una amenaza, sino una oportunidad para que llegara más trabajo y más remesas (ilusión que está empezando e disiparse rápidamente), en Costa Rica, a través de una propaganda tenaz de las organizaciones sindicales, populares, de izquierda y de la sana sospecha popular, el TLC se identificó con la profundización del neoliberalismo, con el aumento de la desigualdad social y el desmonte definitivo de las conquistas sociales materializadas en las empresas del Estado corporativo.

La aprobación del TLC representa para los sectores populares ticos el remate del ICE (empresa de telefonía fija y celular, así como de energía eléctrica y geotérmica e Internet) y del INS (seguros) y el fin de lo que los ticos llaman el “modelo solidario”. En Costa Rica, estas empresas (así como el Puerto del Caribe y la Refinadora de Petróleo) siguen siendo propiedad del Estado; las transnacionales y la oligarquía tica, desde los años 90 han intentado una y otra vez echarle mano a estos negocios, sin lograrlo todavía y encontrando siempre la obstinada resistencia de los trabajadores eléctricos y de seguros, que han resistido a brazo partido la apertura.

Para hacerse una idea del negocio que se “están perdiendo” los capitalistas, bastaría decir que los activos del ICE son aproximadamente de 2.400 millones de dólares, que representan el 28% de todos los activos del sector financiero nacional, y sus ventas en 2002 fueron de 752 millones de dólares, ubicándose en el ranking de las mayores 500 empresas de América Latina. Los rubros más rentables como las redes privadas, Internet, telefonía celular (que son los rubros que abre a la competencia el TLC y significan el 70% de la facturación del ICE), son más caros y sirven para subsidiar la telefonía en el hogar, la rural, los teléfonos públicos en las provincias rurales, la electrificación en el campo, etc.

El Instituto Nacional de Seguros (INS)²⁸ es un poco más pequeño: la empresa tuvo en 2003 utilidades de 20.000 millones de colones, pero esas utilidades son utilizadas en un conjunto de obras sociales: mantenimiento del cuerpo de bomberos, mantenimiento de fideicomiso agropecuario; mantenimiento de Comisión Nacional de Emergencia; ayudas sociales al Consejo de Seguridad Vial; ayudas a programas de salud, educación, deporte y cultura.

Evidentemente, los 12 000 trabajadores del ICE y los 2.000 del INS saben que la apertura significa despidos masivos, pérdida de la estabilidad laboral y sus conquistas salariales. El resto de los trabajadores del Estado: hospitalarios, petroquímicos, muelles, etc., ven también en el TLC despidos y precariedad laboral.

De la misma forma, a los medianos y pequeños productores de carne de cerdo o pollo, de arroz, papas y legumbres el TLC les parece el fin de los magros subsidios, el desmonte de la debilitada red de protección (CNP, créditos agrarios, etc.) y la profundización de la quiebra-estafa de la modernización agrícola neoliberal.²⁹

Sobre todo, los jóvenes estudiantes de secundaria y universitarios ven en el TLC la profundización del proceso de privatización del sistema educativo, el aumento de la elitización del acceso a la educación³⁰, la ausencia de trabajos para los profesionales y la consolidación de un modelo que lo único que promete son los trabajos precarios e inestables en los call centers, en las empresas de comida rápida, en las maquilas, la agroindustria o las grandes cadenas hoteleras. Obviamente, estos sectores se cuentan dentro de los más fuertes opositores al TLC.

Una encuesta de opinión realizada por la Escuela de Matemática de Universidad de Costa Rica, en julio del año en curso, que buscaba medir la intención de voto para el referéndum del 7 de Octubre mostró que “analizando la intención de voto se observa a las personas de 55 años o más como el grupo que más favorece el TLC (31,6% a favor y 21,6% en contra), en tanto que en todos los otros grupos la relación se invierte. Todos estos grupos se manifiestan contra el TLC en una mayor proporción que a favor del TLC. Cabe mencionar que los jóvenes de entre 18 y 24 están en una relación de 2 a 1 en contra del TLC (21,2% a favor, 43,3 en contra)” (Jorge Poltronieri, “Proyecto de Investigación Estructuras de la Opinión Pública. Encuesta sobre el TLC con EE.UU.” 10-7-07). Asimismo, la encuesta mostró que “los maestros y profesores se muestran como el grupo que menos apoya el TLC, pues el 18,4% está a favor del TLC, en tanto que 50,0% lo rechaza”.

Hay que decir, sin embargo, que otra encuesta realizada por la Escuela de Estadística de la misma universidad arrojó resultados contradictorios en relación con la encuesta anterior, señalando que el 50% de los encuestados estaba por el Sí, mientras que el 38% estaba por el No. Desde el PST creemos, sin dejarnos apabullar por los datos y “tomando con pinzas” los resultados de la segunda encuesta, que refleja más adecuadamente la actual relación de fuerzas al respecto del referendo.

7. El segundo gobierno de Arias: el “efecto CAFTA” y el “choque de trenes”

Se llega a las elecciones de febrero del 2006 con la oligarquía decepcionada con Pacheco, a quien veían como un monigote incapaz de enfrentar a los sindicatos^31, y sintiendo que el tiempo se le iba, venía desde hace tiempo preparando a su “as bajo la manga”.

A través de un pacto entre liberacionistas y socialcristianos, tuercen la Constitución y permiten a través de una resolución de la Sala Cuarta³² la reelección presidencial. Esta reelección tenía nombre: Oscar Arias Sánchez.

La oligarquía y las transnacionales yanquis rápidamente cerraron filas alrededor del PLN. Este partido acaparó el 88% de las contribuciones privadas, aunque en las elecciones había 13 partidos más, de los cuales 10 eran alternativas claramente burguesas.

Se calcula que durante cuatro años los burgueses ticos, centroamericanos y las transnacionales invirtieron 4.200 millones de colones (8 millones de dólares) en el PLN, sólo el día de las elecciones proyectaban gastar 300 millones de colones (600.000 dólares).

El operativo que realizó la oligarquía para que su "hombre fuerte" regresara a la presidencia fue largo, sostenido y costoso. Primero, lograron que la Sala Cuarta modificara la Constitución para permitir la reelección, gastaron una millonada de dinero en un año de campaña, desbarataron al PUSC, compraron o recibieron el apoyo entusiasta de las empresas encuestadoras y los principales medios de prensa… y apenas pudieron ganar.

Arias alcanzó el 40,92% (664.551 votos); el PAC, 39,80% (646.361 votos); lejos, el Movimiento Libertario con 8,5% (138.000 votos), seguido por el PUSC con 3,6% (unos 58.000 votos), Unión para el Cambio con 2,5% (41.000 votos) y Unión Nacional con 1,6% (25.000 votos). La oligarquía y el imperialismo esperaban un triunfo arrollador por decenas de puntos, pero apenas lograron ganar por 18.000 votos, un 1,12 % de margen.

A eso habría que sumarle la fuerte abstención, que alcanzó a 900.000 personas (es decir, 34,1% del padrón, superando en más de 300.000 personas a cualquiera de los dos partidos mayoritarios, tanto el PLN como el PAC), y las acusaciones de que se había producido un “fraude electoral”.³³

Es decir, la polarización social, el “síndrome del combo” no se había diluido, y a eso se le sumaba el “efecto CAFTA”. El órgano del capital financiero norteamericano The Wall Street Journal sentenciaba con gran preocupación al analizar las elecciones ticas: “El rechazo de América Latina a la influencia económica de Estados Unidos parece haber echado raíces en Costa Rica, una de las democracias más antiguas y uno de los aliados más cercanos a Washington en la región. La situación podría fortalecer la mano de los detractores de los tratados de libre comercio en EE.UU. (…) En las elecciones presidenciales del país centroamericano realizadas el domingo, los electores propulsaron la candidatura de Ottón Solís, un oponente del tratado de libre comercio con EE.UU., a un empate virtual con el favorito Oscar Arias” (“Sorpresa electoral en Costa Rica complica aprobación de pactos de libre comercio” 8-2-06)

Y es que desde noviembre del 2005 se estaba produciendo en los hechos un acuerdo entre el PAC, sectores de la dirección sindical de la ANEP, del FIT-ICE, de la Iglesia Católica, del Frente Amplio y del activismo y la intelectualidad universitaria para impulsar un “bloque sin principios” bajo la consigna “cualquiera menos Arias”, que en los hechos era un guiño para que todo el movimiento popular apoyara la candidatura de Ottón Solís. Campaña que, desafortunadamente fue asumida por el movimiento de masas como forma de rechazo al TLC, pero cuyo mayor “logro” fue otorgarle un importante capital político y prestigio a Solís y al PAC.

Más allá de la incidencia electoral, lo que había en el fondo era una necesidad de garantizar que la oposición al TLC fuera conducida por la oposición burguesa en conjunto con las distintas burocracias sindicales, intentando una renegociación del tratado³⁴ y que se evitara un enfrentamiento de gran envergadura, como el que representaba la posible convocatoria a una huelga general.

Tal fue el cuadro que dejaron las elecciones de 2006: el “efecto CAFTA”, el desmonte del bipartidismo clásico y el surgimiento de una alternativa burguesa que tenía que recurrir al discurso antineoliberal para ganarse espacio³⁵, levantando las ilusiones de importantes sectores de la población. De hecho, el gobierno de Arias fue recibido el mismo día que asumía el poder con una significativa movilización popular (unas 15.000 personas). Algo inédito en Costa Rica para una asunción de poder.

El gobierno de Arias demostró rápidamente para qué lo habían puesto en el poder. Con mucha habilidad política, centralizó los órganos de decisión ministerial, aumentó el rol de los sistemas de seguridad y recompuso la “ingobernabilidad” que le había legado Pacheco, a través de una serie de pactos puntuales y bilaterales con los otros partidos de derecha (PUSC, ML, evangélicos, Unión Nacional), y desató una fuerte ofensiva sobre la clase trabajadora apoyándose en la Sala Cuarta, cercenado uno tras otro segmentos de las convenciones colectivas, además de represiones selectivas sobre algunos sectores radicales.

La Sala Cuarta viene jugando desde el inicio del gobierno de Arias un rol clave dentro del entramado de instituciones con las que gobierna la oligarquía. La Sala Constitucional se ha cargado de contenido bonapartista, jugando un rol reaccionario y antiobrero, realizando el trabajo sucio que el gobierno está impedido de hacer a través de decretos.

Pero, pese a las medidas draconianas de Arias y la Sala Cuarta, el “efecto CAFTA” y la bronca social seguía subiendo. El 23 y 24 de octubre del 2006, las organizaciones sindicales y populares vuelven a salir a la calle; la política de “paz social democrática” no estaba aún inserta dentro del movimiento de masas, el creciente pacto entre PAC y Gobierno todavía no calaba dentro del movimiento de masas y las distintas burocracias sindicales y campesinas todavía sentían la presión del movimiento de masas por movilizarse. En este marco, la Coordinadora Nacional organizó un simulacro de paro nacional de 48 horas con movilizaciones y cortes de ruta en todo el país. La “olla a presión” se calentó más cuando finalmente en diciembre del 2006, usando una mayoría mecánica de 38 votos en la Asamblea Legislativa, el gobierno pudo finalmente aprobar el TLC en la comisión de asuntos internacionales. Ahora sólo se necesitaba el debate en el plenario.

Por el mismo sistema de negociación y aprobación del TLC (que no se puede volver a negociar, que no se puede modificar, que tiene carácter pétreo sobre la Constitución, que sólo se puede decir sí o no al mismo) hacía que –como dijo el Presidente a.i. del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado–, pareciera que el “país era una sola línea con trenes en dirección contraria y renuentes a frenar” (La Nación, 15-04-07)

En diciembre de 2006, ante la bravuconada autoritaria de Arias, el mismísimo PAC, que había hecho todos los esfuerzos por mantener la oposición al TLC en el marco del Parlamento, llama a movilizarse. Este llamado del PAC a la calle es el inicio de un proceso que en unos pocos meses, a través de una maniobra espectacular de la burguesía opositora y el gobierno en primera instancia, pero que se convierte rápidamente en un pacto de no agresión, logra expropiar el proceso de ascenso popular que se había venido produciendo de manera sostenida desde el 2000. Obviamente, el llamado del PAC buscaba posicionar al movimiento de masas detrás de él, en su política, que ya para este momento era claramente el referendo.

8. El referéndum y la expropiación política del movimiento popular

En diciembre del 2006 se formó el Frente Nacional de Apoyo en contra del TLC, que constituye una especie de frente popular en el que sectores burgueses (PAC, los ex presidentes Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge, el empresario arrocero Oscar Campos, Rolando Araya, del frente liberacionista contra el TLC, el rector del Instituto Tecnológico y otras personalidades) que antes estaban detrás, básicamente asesorando a algunas organizaciones sindicales burocráticas o asociaciones campesinas, se incorporaron como miembros activos a la lucha en contra del TLC para ponerse al frente del movimiento, pero también para desmovilizarlo o bien conducirlo por la vía pacífica e institucional en caso de que se produjeran movilizaciones callejeras.

Era tan claro ese objetivo que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, declaró: “Estamos clarísimos que se pueden dar manifestaciones... Ojalá que el PAC encabece las manifestaciones, porque eso nos daría tranquilidad de que van a ser pacíficas. Pero si se afecta la legalidad del país y empiezan a hacer bloqueos, vamos a actuar de forma respetuosa, pero fuerte” (La Nación, 28-1-07).

El FNA, poco a poco, con el visto bueno de un buen grupo de direcciones sindicales como el FIT-ICE y la ANEP, terminó copando el lugar de “oposición legítima” al TLC y desplazando de su rol a la Coordinadora Nacional.

El 26 de febrero de 2007 se convoca a una gran marcha nacional: centenares de miles de costarricenses de todos los sectores se movilizan bajo el liderazgo de los figurones burgueses del FNA. La marcha “cívica” y “patriótica” tenía como uno de sus ejes que no se produjera ninguna manifestación clasista o independiente, y tenía elementos de llamado a la unidad nacional. Ésta fue la primera parte de la expropiación política.

El clasismo, la izquierda, el movimiento estudiantil y las organizaciones sindicales que llevaban más de cinco años de campaña sistemática contra el TLC veían cómo en dos meses eran desplazados de la conducción del movimiento por la burguesía opositora al TLC, y variaba la consigna combativa “huelga general contra el TLC” por una consigna típicamente diseñada para un proceso de reacción democrática: “Exigimos un referéndum decisorio”.

EL PLN y el PAC, enfrentados sobre la línea “TLC sí o no”, veían más allá que las mismas direcciones de los trabajadores y demarcaron la verdadera línea que preocupa realmente a la burguesía: “lucha independiente y masiva del pueblo sí o no”. Ambos respondieron categóricamente NO.

La orientación del referéndum ya se venía barajando en las direcciones sindicales del magisterio, y José Miguel Corrales un político salido de Liberación Nacional, fue el primero en plantear ante el Tribunal Supremo de Elecciones la posibilidad de llevar el expediente del TLC a referéndum. Finalmente, frente a la movilización del 26 de febrero y la creación del frente burgués representado por el FNA, el régimen cede el referéndum.

Por cierto, el TSE no cede el referéndum que pedía Corrales y los sindicatos docentes, que implicaba recolección de 132.000 firmas de adhesión, sino que decretó un referéndum “en frío”, funcional por donde se lo viera al gobierno de Arias.

Cuando el TSE anuncia la realización del referéndum, se genera una especie de “unidad nacional democrática” en torno a la defensa de las bondades de este mecanismo: el gobierno de Arias, la embajada gringa, el PAC, el FNA, la izquierda reformista agrupada en el Frente Amplio, la burocracia sindical... todos cantan loas al referéndum³⁶ y a la excepcionalidad democrática costarricense. La expropiación política estaba realizada.

El gobierno y la oposición burguesa habían colocado en los marcos del régimen la lucha y el debate político sobre el TLC, pues la discusión pasó de cómo realizar mejor la huelga general a cómo garantizar un referéndum más democrático. Así, la oligarquía y el imperialismo hacían una concesión democrática general parcial, pero a costa de liquidar lo fundamental: el proceso de lucha callejera y la influencia de las corrientes clasistas e independientes de la burguesía. Por eso, el referéndum del 7 de octubre tiene poco de triunfo distorsionado y mucho de trampa reaccionaria.

9. Epílogo y conclusiones

Al concluir este artículo ha arrancado el proceso electoral hacia el 7 de octubre. Se ha lanzado oficialmente la campaña por el No, liderada por Eugenio Trejos³⁷ y la Junta Patriótica, mientras la campaña por el Sí la dirige el ex megaministro de Arias y reconocido empresario Alfredo Volio.

El gobierno ha sacado ventaja política del referéndum: no sólo aprovechó la gigantesca maquinaria de propaganda que le había legado el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), sino que también el propio aparato clientelar del Estado se ha puesto al servicio de ganar el referéndum.

El amedrentamiento de los trabajadores de las zonas francas y de la población pobre que recibe ayuda de los programas sociales es sistemático, así como el fantasma del dinero venido de Caracas, La Habana, Managua o Kinshasa, aunque a vista y paciencia de todo el mundo la embajada yanqui orienta y asesora la campaña por el Sí. “Miente, miente, miente, que algo queda” ha sido la estrategia de comunicación de la oligarquía y el imperialismo.

Además, el gobierno ha mantenido dentro del parlamento la Agenda Complementaria del TLC, 13 proyectos complementarios al TLC que buscan adecuar las leyes nacionales a las leyes del Tratado y que perfectamente pueden ser vistas como el verdadero contenido del mismo (allí está la apertura del ICE, del INS, la UPOV 91, entre otros). Es decir, el gobierno se reserva el derecho de eventualmente aprobar un “TLC sin TLC” aunque pierda el referéndum. Éste es otro de los elementos del pacto entre el PAC y el gobierno, ya que la Agenda de Implementación no está contemplada dentro del referendo, por lo que todavía existían posibilidades de movilizaciones para detenerla. Estas posibilidades ahora ya no existen y será luego del referendo que se decida el futuro de estas leyes.

Recientemente, usando su nueva espada antipopular la Sala Cuarta y el gobierno de Arias, pese a los contundentes argumentos jurídicos de una serie de intelectuales y juristas de Universidad de Costa Rica sobre la inconstitucionalidad del TLC, logró imponer una resolución que afirmara el carácter constitucional del CAFTA y por lo tanto la vía libre al referéndum amañado y fraudulento, hecho a la medida del gobierno.

La otra parte de la tenaza es el llamado lastimero del PAC, el Frente Amplio y el FNA a mantenerse respetuosos de la Sala y de las “maniobras escandalosas” del gobierno para garantizar la victoria en el referéndum.

Así Ottón Solís, jefe del PAC, dijo que “aceptamos esa decisión [la de la Sala IV] que no compartimos” (La Nación, 6-7-07). En ese mismo sentido se pronunció el Frente Nacional de Apoyo, por boca de Eugenio Trejos, quien declaró que “vivimos en un Estado social de derecho y acatamos los fallos de la Sala” (La Nación, 4-7-07)

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