África

Las guerras de los diamantes

Por José Lucas
Del Comité de Solidaridad con el África Negra (Madrid)
Periódico Diagonal, Madrid, 07/02/08

El juicio al ex presidente de Liberia, Charles Taylor, ha vuelto a señalar la responsabilidad de Occidente en la rapiña de los recursos naturales africanos, con millones de muertos como resultado.

En los primeros días de enero, el Tribunal Especial para Sierra Leona ha reanudado en La Haya el juicio contra Charles Taylor, ex presidente de Liberia, a quien se acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad, cuando entre 1997 y 2002 apoyó a la guerrilla del Frente Unido Revolucionario (RUF), que participó en la guerra que ensangrentó Sierra Leona y dejó un saldo de 50.000 muertos. Este conflicto sería llevado al celuloide en la película Diamantes de sangre, protagonizada por Leonardo Di Caprio.

La relación entre diamantes y guerras africanas parece innegable, así lo afirman los especialistas en África, como Ark Doyle, experto en asuntos internacionales de la BBC, quien señala que no es coincidencia que tres de las guerras más sangrientas de África: Angola, Sierra Leona y R. D. del Congo, hayan tenido lugar en países productores de diamantes. Esto mismo fue reconocido en el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó una resolución donde se reconocía que los diamantes en zonas de conflicto son un factor de importancia crucial en la prolongación de las brutales guerras de algunas partes de África.

El continente africano ostenta actualmente un 66% de la producción mundial de diamantes (sobre todo en Botswana y R.D. del Congo. Igualmente Sudáfrica, Angola y Namibia). Sólo el 10% del beneficio queda en manos africanas. El resto pasa a las naciones industrializadas, que devuelven la materia prima procesada en costosísimas joyas que multiplican por diez el precio de adquisición. El 90% de los diamantes africanos son vendidos en Amberes (Bélgica). Una parte de los diamantes vendidos por las guerrillas africanas, como la UNITA de Angola, era transportada en vuelos directos y periódicos a Amberes desde los mismos yacimientos bajo sus dominios.

La historia del acusado por crímenes de guerra, Charles Taylor, resulta bastante rocambolesca. Se sabe que cursó estudios de economía en , donde pasó más de una temporada en prisión por temas financieros. En 1985 huye de la cárcel llega a Libia y pasa a ser el protegido de Muammar al-Gaddafi. Algunos han dicho que en realidad era un agente doble de la CIA, aunque resulta imposible saberlo. Con guerrillas entrenadas en Libia inicia una guerra en su país, Liberia, que dejaría entre 50.000 y 200.000 muertos. Finalizada la guerra asume la presidencia del país después de unas elecciones que le dieron el 75% de los votos. Algunos comentaristas llegarían a afirmar que muchas poblaciones le votaron masivamente como una forma de protegerse de las matanzas tan frecuentes por aquel entonces. Se sabe que tuvo negocios con el telepredicador evangelista Pat Robertson, a quien concedió licencias de minas de diamantes que este último había pagado con los beneficios obtenidos de sus organizaciones caritativas, según los tribunales del Virginia ().

Charles Taylor parece encajar perfectamente en el esquema actualmente promocionado para explicar muchas de las guerras africanas cuyo trasfondo económico es imposible de ocultar, que consistiría en iniciativas de señores de la guerra o mafias locales que se alían con poderes sin escrúpulos o con multinacionales mineras, con quienes intercambian minerales por armas y dinero. Es una fórmula que permite además eludir la responsabilidad de las potencias occidentales, cuya actuación sería en todo caso muy secundaria. Ésta es también la fórmula que parece que ha elegido la Administración Bush, cuando hace unos meses puso en la lista negra a varias multinacionales mineras occidentales por alentar el conflicto del Congo. Si este esquema es posible que encaje en el conflicto vivido en Sierra Leona, resulta imposible que se pueda aplicar a países de mayor importancia minera y geoestratégica, como es el caso de Angola o la R.D. del Congo, que poseen no sólo una considerablemente mayor producción de diamantes, sino que éstos son secundarios frente a otras riquezas: petróleo (Angola) y cobre, uranio, estaño, cobalto, oro, coltán, petróleo, maderas preciosas y un largo etcétera (Congo).

El brazo largo de EEUU

En los conflictos de países como Angola o R.D. del Congo (un millón de muertos en Angola en 20 años y unos cinco millones en Congo en cinco años), la creación de guerrillas como UNITA, FNLA (Angola) o RCD, MLC, etc. (Congo), las movilización de ejércitos de países vecinos, las estrategias militares, mediáticas, estrategias de impunidad para aliados, son indudablemente una iniciativa de  en su objetivo de sustituir a unos presidentes por otros más acordes con sus intereses económicos. Así se hizo en Angola contra Dos Santos, y en el Congo contra Mobutu Sese Seko (primera guerra del Congo del año 1996), y contra Laurent Kabila (segunda guerra del Congo 1998- 2003). Contra el ex aliado de EEUU, Mobutu, con el objetivo de sustituir en el Congo el dominio francés, y contra Laurent Kabila, cuando se retractó de los contratos firmados con la American Mineral Field Inc.

Si los tribunales de justicia internacional no han tenido el menor problema a la hora de juzgar la guerra de Sierra Leona, no ha ocurrido lo mismo en los otros países de mayor importancia geoestratégica. En estos últimos casos, la actuación de los tribunales internacionales de justicia o bien ha sido impedida, o bien está fuertemente presionada y se limita a juzgar a señores de la guerra muy secundarios, como Thomas Lubanga en el conflicto congoleño. Algo de esto acaba de declarar la jurista Florence Hartmann, autora del libro Paix et Châtiment, y ex portavoz del TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda): EEUU, en su objetivo de proteger a Paul Kagame de Ruanda (aliado de  en la guerra del Congo) utilizó toda su fuerza para obtener la expulsión de la magistrada italiana del TPIR, Carla Di Ponte, quien había intentado la realización de encuestas para juzgar el genocidio contra los hutus por parte del Ejército de Kagame.