América Latina

Golpe de Estado patrocinado por EE.UU.

La desestabilización de Haití

Por Michel Chossudovsky, 04/03/04

www.globalresearch.ca
Traducido para Rebelión por Germán Leyens

La Casa Blanca ha puesto en duda la “capacidad de continuar gobernando su país” del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Según la declaración oficial de la Casa Blanca publicada un día antes de la salida de Aristide hacia la República Dominicana: “El hecho de que no observó los principios democráticos ha contribuido a la profunda polarización y a los violentos desórdenes que estamos viendo actualmente en Haití... Sus propias acciones han puesto en duda su capacidad de continuar gobernando Haití. Lo exhortamos a examinan cuidadosamente su posición, a que acepte la responsabilidad, y a que actúe en función de los mejores intereses del pueblo de Haití.”  Ahora bien, ¿no debiéramos aplicar los mismos estándares al presidente George W. Bush que ha mentido al pueblo de EE.UU., violado el derecho internacional y librado una guerra criminal basada en un pretexto inventado?

Este artículo fue escrito en los últimos días de febrero de 2004, en respuesta al aluvión de desinformación en los medios dominantes. Fue completado el 29 de febrero, el día en el que el presidente Jean Bertrand Aristide partió al exilio.  La insurrección armada que contribuyó a derrocar al presidente Aristide el 29 de febrero de 2004, fue el resultado de una operación de inteligencia militar cuidadosamente realizada. El ejército paramilitar rebelde cruzó la frontera de la República Dominicana a principios de febrero. Constituye una unidad paramilitar bien armada, entrenada y equipada, integrada por antiguos miembros del Front pour l'avancement et le progrès d'Haiti (FRAPH), los escuadrones de la muerte de civil, implicados en los asesinatos masivos de civiles y en los asesinatos políticos durante el golpe militar auspiciado por la CIA en 1991, que condujo al derrocamiento del gobierno democráticamente elegido del presidente Jean Bertrand Aristide.  El autoproclamado Front pour la Libération et la reconstruction nationale (FLRN) (Frente Nacional de liberación y reconstrucción) es dirigido por Guy Philippe, antiguo miembro de las fuerzas armadas haitianas y jefe de la policía. Philippe había sido entrenado durante los años del golpe de 1001 por las Fuerzas Especiales de EE.UU. en Ecuador, junto con una docena de otros oficiales del ejército haitiano. (Vea Juan González, New York Daily News, 24 de febrero de 2004).

Los dos otros comandantes rebeldes y asociados de Guy Philippe, que dirigieron los ataques en Gonaives y Cap Haitien fueron Emmanuel Constant, apodado "Toto" y Jodel Chamblain, ambos ex tonton macoute y dirigentes del FRAPH.  En 1994, Emmanuel Constant dirigió el escuadrón de asesinos del FRAPH a la aldea de Raboteau, en lo que fue identificado más tarde como “La masacre de Raboteau”.  “Una de las últimas de las masacres de infausta memoria realizadas en abril de 1994, en Raboteau, un barrio de chabolas a orillas del mar, a unos 160 kilómetros al norte de la Capital. Raboteau tiene unos 6.000 residentes, en su mayoría pescadores y rastrilladores de sal, pero tiene la reputación de un baluarte de la oposición donde los disidentes políticos encontraron a menudo refugio... El 18 de abril de 1994, 100 soldados y unos 30 paramilitares llegaron a Raboteau para realizar lo que los investigadores calificaron más tarde de un “ensayo general”. Sacaron a la población de sus casas, exigiendo información sobre dónde se escondía Amiot "Cubain" Metayer, un partidario muy conocido de Aristide. Golpearon a la gente, provocando el aborto de una mujer embarazada, y obligaron a otros a beber de las alcantarillas abiertas. Los soldados torturaron a un ciego de 65 años hasta que vomitó sangre. Murió el día siguiente.

“Los soldados volvieron antes del amanecer del 22 de abril. Saquearon las casas y dispararon a la gente en las calles, y cuando los residentes huyeron hacia el agua. Otros soldados les dispararon desde botes que habían secuestrado. Durante días los cadáveres fueron arrojados por el mar a la costa; algunos jamás fueron encontrados. La cantidad de víctimas fue entre 24 y 30. Cientos más huyeron de la ciudad, temiendo ulteriores represalias”. (St Petersburg Times, Florida, 1 de septiembre de 2002)

Durante el gobierno militar (1991-1994), el FRAPH estuvo (extraoficialmente) bajo la jurisdicción de las fuerzas armadas, obedecían órdenes del Comandante en Jefe, general Raoul Cedras. Según un informe de 1996 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el FRAPH había sido apoyado por la CIA.

Bajo la dictadura militar, el comercio de narcóticos fue protegido por la junta militar, la que, por su parte, fue apoyada por la CIA. Los dirigentes del golpe de 1991, incluyendo a los comandantes paramilitares del FRAPH estaban en la nómina de la CIA. (Vea Paul DeRienzo, http://globalresearch.ca/articles/RIE402A.html , Vea también Jim Lobe, IPS, 11 de octubre de1996). Emmanuel Constant alias "Toto" confirmó, a este respecto en "60 Minutes" de CBS en 1995, que la CIA le pagó unos 700 dólares al mes y que creó el FRAPH, mientras se encontraba en la nómina de la CIA- (Vea Miami Herald, 1 de agosto de 2001). Según Constant, el FRAPH había sido formado "con el aliento y el respaldo financiero de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EE.UU. y la CIA.” (Miami New Times, 26 de febrero de 2004)

La “oposición” civil la así llamada “"Convergencia Democrática" (DC) es un grupo de unas 200 organizaciones políticas, dirigida por el antiguo alcalde de Port-au-Prince, Evans Paul. La "Convergencia Democrática" (DC) junto con “el grupo de 184 Organizaciones de la Sociedad Civil” (G-184) formó una así llamada “Plataforma Democrática de Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Oposición Política”.

El Grupo de 184 (G-184), es dirigido por Andre (Andy) Apaid, un ciudadano de EE.UU. de padres haitianos, nacido en EE.UU. (Haiti Progres, http://www.haiti-progres.com/eng11-12.html ) Andy Apaid es propietario de Alpha Industries, una de las mayores fábricas de ensamblaje para la exportación basada en mano de obra barata establecida durante la era Duvalier. Sus fábricas de máxima explotación producen productos textiles y ensamblan productos electrónicos para una serie de firmas de EE.UU., incluyendo a Sperry/Unisys, IBM, Remington y Honeywell. Apaid es el mayor empleador industrial en Haití con una fuerza laboral de unos 4000 trabajadores. Los salarios pagados en las fábricas de Andy Apaid bajan a hasta 68 centavos de dólar por día. (Miami Times, 26 de febrero de 2004). El salario mínimo actual es de aproximadamente 1,50 dólares al día.  “El Comité Nacional Laboral de EE.UU., que reveló por primera vez el escándalo de los sweatshops de Kathie Lee Gifford, informó hace varios años que las fábricas de Apaid en la zona de libre comercio de Haití pagan a menudo menos del salario mínimo y que su personal es obligado a trabajar 78 horas por semana.” (Daily News, Nueva York, 24 de febrero de 2004) Apaid fue un firme partidario del golpe militar de 1991. Tanto Convergence Démocratique como el G-184 tienen vínculos con el FLRN (antiguos escuadrones de la muerte del FRAPH) dirigidos por Guy Philippe. También se sabe que el FLRN recibe fondos de la comunidad empresarial haitiana.

En otras palabras, no hay una división hermética entre las oposiciones civiles, la que pretende ser no-violenta y los paramilitares del FLRN. El FLRN colabora con la así llamada “Plataforma Democrática”.

El papel del Fondo Nacional por la Democracia (NED, por sus siglas en inglés)

En Haití, esta “oposición de la sociedad civil” es financiada por el Fondo Nacional por la Democracia que trabaja mano en mano con la CIA. La Plataforma Democrática es apoyada por el Instituto Internacional Republicano (IRI, por sus siglas en inglés), que es un brazo del Fondo Nacional por la Democracia (NED). El senador John McCain es presidente del Consejo de Directores del IRI. (Vea Laura Flynn, Pierre Labossière y Robert Roth, Hidden from the Headlines: The U.S. War Against Haiti, del Haiti Action Committee (HAC) en California: tp://www.haitiprogres.com/eng11-12.html ).

El líder del G-184, Andy Apaid, estuvo en contacto con el secretario de estado Colin Powell en los días anteriores a la partida del presidente Aristide a la República Dominicana el 29 de febrero. Su organización que aglutina a organizaciones de elite empresarial y a ONGs religiosas, que es también apoyada por el IRI, recibe considerables medios de la Unión Europea- (http://haitisupport.gn.apc.org/184%20EC.htm ).

Vale la pena recordar que el NED, (que supervisa al IRI), aunque no forma parte formal de la CIA, realiza una importante función de inteligencia en el área de los partidos políticos civiles y las ONGs. Fue creado en 1983, cuando la CIA era acusada de sobornar clandestinamente a políticos y de establecer organizaciones fingidas de fechada de la sociedad civil. Según Allen Weinstein, que tuvo la responsabilidad de establecer el NED durante la administración Reagan: “Una gran parte de lo que hacemos en la actualidad fue hecho clandestinamente hace 25 años por la CIA”. ('Washington Post', 21 de septiembre de 1991).  El NED transfiere fondos del congreso a los cuatro institutos, el IRI, el Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales (NDI), el Centro por la Empresa Internacional Privada (CIPE), y el Centro Estadounidense por la Solidaridad Laboral Internacional (ACILS). Se dice que estas organizaciones están “singularmente cualificadas para suministrar asistencia técnica a aspirantes a demócratas en todo el mundo”. (Vea IRI, http://www.iri.org/history.asp )

En otras palabras, existe una división de tareas entre la CIA y el NED. Mientras la CIA provee un apoyo clandestino a los grupos armados rebeldes paramilitares y a los escuadrones de la muerte, el NED y sus cuatro organizaciones constituyentes financian a los partidos políticos “civiles” y a las organizaciones no-gubernamentales para instalar la “democracia” de EE.UU. en todo el mundo.

El NED constituye por así decir el “brazo civil” de la CIA. Las intervenciones de la CIA y del NED en diferentes partes del globo se caracterizan por un modelo coherente, que es aplicado en numerosos países. El NED suministra fondos a las organizaciones de la “sociedad civil” en Venezuela, que iniciaron un intento de golpe contra el presidente Hugo Chávez. En Venezuela fue la “Coordinación Democrática”, la que recibió el apoyo del NED, en Haití es la “Convergencia Democrática” y el G-184.

De la misma manera, en la antigua Yugoslavia, la CIA realizó el apoyo al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) desde 1995, un grupo paramilitar implicado en ataques terroristas contra la policía y el ejército yugoslavo. Mientras tanto, el NED, a través del ·Centro para la Empresa Privada Internacional” (CIPE) respaldaba a la coalición de oposición del DOS en Serbia y Montenegro. Más específicamente, el NED financiaba el G-17, un grupo de oposición de economistas responsable de la formulación (junto con el FMI) de la plataforma de reforma de “libre mercado” de la coalición del DOS, en la elección presidencial de 2000 que condujo a la caída de Slobodan Milosevic.

La amarga “medicina económica” del FMI

El FMI y el Banco Mundial son participantes cruciales en el proceso de desestabilización económica y política. Aunque son realizadas bajo los auspicios de un organismo intergubernamental, las reformas del FMI tienden a apoyar los objetivos estratégicos y de política externa de EE.UU.  Basándose en el así llamado “consenso de Washington”, las medidas de austeridad y reestructuración del FMI contribuyen a menudo, a través de sus devastadores impactos, a causar conflictos sociales y étnicos. Las reformas del FMI han precipitado a menudo la caída de gobiernos elegidos. En casos extremos de dislocación económica y social, la amarga medicina económica del FMI ha contribuido a la desestabilización de países enteros, como ocurrió en Somalia, Ruanda y Yugoslavia. (Vea Michel Chossudovsky, The globalization of Poverty and the New World Order, Segunda Edición, 2003, http://globalresearch.ca/globaloutlook/GofP.html )

El programa del FMI es un instrumento consecuente de dislocación económica. Las reformas del FMI contribuyen a transformar y reducir el tamaño de las instituciones estatales mediante drásticas medidas de austeridad. Estas últimas son implementadas junto con otras formas de intervención e interferencia política, incluyendo las actividades clandestinas de la CIA en apoyo a grupos paramilitares rebeldes y a partidos políticos de oposición.  Además, las así llamadas reformas de “Recuperación de Emergencia” y “Post-Conflicto” son introducidas a menudo siguiendo la orientación del FMI, después de una guerra civil, un cambio de régimen o “una emergencia nacional”.  En Haití, el FMI patrocinó reformas de “libre mercado” que han sido realizadas consecuentemente desde la era Duvalier. Han sido aplicadas en varias etapas desde la primera elección del presidente Aristide en 1990. 

El golpe militar de 1991, que tuvo lugar 8 meses después de la accesión al poder de Jean Bertrand Aristide, tuvo en parte el propósito de cambiar radicalmente las reformas progresistas del gobierno y reinstalar la política neoliberal de la era Duvalier.  Un antiguo funcionario del Banco Mundial, Marc Bazin, fue nombrado primer ministro por la junta militar en junio de 1992. En realidad, fue el Departamento de Estado de EE.UU. quien solicitó su nombramiento. Bazin tenía un historial de trabajo por el “consenso de Washington”. En 1983, había sido nombrado Ministro de Finanzas bajo el régimen Duvalier. En realidad había sido recomendado para la cartera de Finanzas por el FMI: “El presidente vitalicio Jean-Claude Duvalier había aceptado el nombramiento de un candidato del FMI, el antiguo funcionario del Banco Mundial Marc Bazin, como Ministro de Finanzas". (Mining Annual Review, junio de 1983). Bazin, que era considerado el “favorito” de Washington, se presentó luego contra Aristide en las elecciones presidenciales de 1900. Bazin, fue llamado por la junta militar en 1992 para formar un así llamado “gobierno de consenso”. Vale la pena señalar que fue precisamente durante el período de Bazin como primer ministro cuando se lanzaron las masacres políticas y los asesinatos extra-judiciales por los escuadrones de la muerte del FRAPH apoyado por la CIA, resultando en la muerte de más de 4.000 civiles. Unas 300.000 personas se convirtieron en refugiados internos, “miles más huyeron a través de la frontera a la República Dominicana, y más de 60.000 se fueron a alta mar” (Declaración de Dina Paul Parks, directora ejecutiva de la Coalición Nacional por los Derechos Haitianos, Comité Juidicial del Senado, Senado de EE.UU., Washington DC, 1 de octubre de 2002). Mientras tanto, la CIA había lanzado una campaña de calumnias mostrando a Aristide como “mentalmente inestable” (Boston Globe, 21 de septiembre de 1994).

La intervención militar de EE.UU. de 1994

Después de tres años de régimen militar, EE.UU. intervino en 1994, enviando 20.000 soldados de ocupación y “mantenedores de la paz” a Haití. La intervención militar de EE.UU. no tuvo la intención de restaurar la democracia. Al contrario, fue realizada para impedir una insurrección popular contra la junta militar y sus seguidores neoliberales. En otras palabras, la ocupación militar de EE.UU. fue realizada para asegurar la continuidad política. Mientras los miembros de la junta militar eran enviados al exilio, el retorno al gobierno constitucional exigía el cumplimiento de los dictados del FMI, impidiendo así la posibilidad de una “alternativa” progresista a la agenda neoliberal. Además, las tropas de EE.UU. permanecieron en el país hasta 1999.

Las fuerzas armadas haitianas fueron desbandadas y el Departamento de Estado contrató a una compañía mercenaria, DynCorp, para que suministrara “consejo técnico” para reestructurar la Policía Nacional Haitiana (HNP). "DynCorp ha funcionado siempre como agente de transmisión para las operaciones clandestinas del Pentágono y de la CIA”. (Vea Jeffrey St. Clair y Alexander Cockburn, Counterpunch 27 de febrero de 2002:

http://www.corpwatch.org/issues/PID.jsp?articleid=1988 )

Por proposición de DynCorp en Haití, antiguos tonton macoute y oficiales militares haitianos involucrados en el golpe de estado de 1991, fueron incorporados a la HNP. (Vea Ken Silverstein, Privatizing War, The Nation, 28 de julio de 1997, http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/silver.htm )

En octubre de 1994, Aristide volvió del exilio y se reintegró a la presidencia hasta el fin de su mandato en 1996. Reformadores de “libre mercado”, fueron introducidos a su gabinete. Una nueva ola de mortíferas políticas macroeconómicas fue adoptada bajo un así llamado Plan de Recuperación Económica de Emergencia (EERP) “que trataban de lograr una rápida estabilización macroeconómica, restaurar la administración pública y atender a las necesidades más urgentes”. (Vea: IMF Approves Three-Year ESAF Loan for Haiti, Washington, 1996:

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/1996/pr 9653.htm ).

La restauración del gobierno constitucional había sido negociada tras puertas cerradas con los acreedores externos de Haití. Antes de la reinstauración de Aristide como presidente del país, el nuevo gobierno se vio obligado a pagar los pagos atrasados del país con sus acreedores externos.

En realidad, lo nuevos préstamos suministrados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el FMI fueron utilizados para cumplir con las obligaciones de Haití con los acreedores internacionales. El nuevo dinero fue utilizado para pagar las viejas deudas, conduciendo a una escalada de la deuda externa.  En general, paralelamente con el gobierno militar, el Producto Interno Bruto (PIB) declinó en un 30 por ciento (1992-1994). Con un ingreso per capita de 250 dólares por año, Haití es el país más pobre del Hemisferio Occidental y casi el más pobre del mundo. (vea Banco Mundial, Haití: (see World Bank, Haiti: The Challenges of Poverty Reduction, Washington, agosto de1998, http://lnweb18.worldbank.org/External/lac/lac.nsf/0/8479e9126e3537f0852567ea000fa239/$FILE/Haiti1.doc ). 

El Banco Mundial estima que el desempleo es de aproximadamente un 60 por ciento. (un Informe del Congreso de EE.UU. de 2000 estima que llega a un 80 por ciento. Vea: US House of Representatives, Criminal Justice, Drug Policy and Human Resources Subcommittee, FDHC Transcripts, 12 de abril de 2000).

Después de tres años de régimen militar y declive económico no hubo una “Recuperación Económica de Emergencia” como lo había previsto el acuerdo de préstamo con el FMI. En realidad, fue todo lo contrario. La “estabilización” impuesta por el FMI bajo el programa de “Recuperación” exigía más cortes en el presupuesto en programas del sector social prácticamente no-existentes. Se lanzó un programa de reforma del servicio público, que consistía en la reducción del tamaño del servicio público y en el despido de los empleados del Estado “sobrantes”. El paquete del FMI-Banco Mundial fue en parte decisivo para la parálisis de los servicios públicos, llevando a la eventual desaparición de todo el sistema estatal. En un país en el que la salud y los servicios educacionales eran prácticamente inexistentes, el FMI exigió el despido de maestros y trabajadores de la salud “sobrantes” a fin de cumplir con su objetivo para el déficit presupuestario. Las iniciativas de política externa de Washington fueron coordinadas con la aplicación de la letal medicina económica del FMI. El país había sido literalmente empujado al borde del desastre económico y social.

La suerte de la agricultura haitiana

Más de un 75 por ciento de la población haitiana depende de la agricultura, produciendo tanto cultivos alimenticios para el mercado interno como una serie de cultivos industriales para la exportación. Ya durante la era Duvalier, la economía campesina había sido debilitada. Con la eliminación de las barreras comerciales, el mercado local fue abierto al dumping de excedentes agrícolas de EE.UU., incluyendo arroz, azúcar y trigo, llevando a la destrucción de toda la economía campesina. Gonaives, que solía ser el centro arrocero de Haití, con amplios arrozales. había sido precipitada a la bancarrota.  “A fines de los años 90, la producción local de arroz de Haití había sido reducida a la mitad y las importaciones de arroz de EE.UU. cubrían más de la mitad de las ventas locales de arroz. La población campesina local fue devastada y el precio del arroz aumentó drásticamente.” (Vea Rob Lyon, Haiti-There is no solution under Capitalism! Socialist Appeal, 24 de febrero de 2004:

 http://cleveland.indymedia.org/news/2004/02/9095.php ).

En unos pocos años, Haití, un pequeño país empobrecido en el Caribe, se convirtió en el cuarto importador del mundo de arroz de EE.UU., después de Japón, México y Canadá.

La segunda ola de reformas del FMI

Las elecciones presidenciales estaban programadas para el 23 de noviembre de 2000. La administración Clinton había declarado un embargo de la ayuda al desarrollo para Haití en 2000. Apenas dos semanas antes de las elecciones, la administración saliente firmó una Carta de Intenciones con el FMI. Una coordinación perfecta: el acuerdo con el FMI impidió virtualmente desde el inicio todo abandono de la agenda neoliberal.  El Ministro de Finanzas había enviado el presupuesto modificado al Parlamento el 14 de diciembre. El apoyo de los donantes dependía de que la legislatura refrendara el presupuesto sin discusión. Aunque Aristide había prometido aumentar el salario mínimo, iniciar la construcción de escuelas y programas de alfabetización, las manos del nuevo gobierno estaban atadas. Todas las principales decisiones sobre el presupuesto del Estado, la administración del sector público, las inversiones públicas, la privatización, la política comercial y monetaria ya habían sido tomadas. Formaban parte del acuerdo alcanzado con el FMI el 6 de noviembre de 2000. En 2003, el FMI impuso la aplicación de un así llamado “sistema de precios flexibles para combustibles”, que inmediatamente provocó una espiral inflacionaria. La moneda fue devaluada. Los precios del petróleo aumentaron en cerca de un 130 por ciento en enero-febrero de 2003, lo que sirvió para aumentar el resentimiento popular contra el gobierno Aristide, que apoyó la implementación de las reformas económicas del FMI.  El aumento en los precios del combustible contribuyó a un aumento de un 40 por ciento en los precios al consumidor (CPI) en 2002-2003 (Vea - Haiti—Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding, Port-au-Prince, Haiti 10 de junio de 2003:

http://www.imf.org/external/np/loi/2003/hti/01/index.htm ).

Por su parte el FMI había exigido, a pesar del dramático aumento en el costo de la vida, una congelación de los salarios como medio para “controlar las presiones inflacionarias”. En realidad, el FMI presionó al gobierno para que redujera los salarios del sector público (incluyendo los pagados a maestros y trabajadores de la salud). El FMI también exigió la supresión progresiva del salario mínimo legal de aproximadamente 25 centavos por hora. La “flexibilidad del mercado laboral”, con lo que se quería decir que se pagaran salarios por debajo del salario mínimo legal, contribuiría, según el FMI, a atraer inversionistas extranjeros. El salario mínimo diario fue 3 dólares en 1994, bajó a entre 1,50 y 1,75 dólares (dependiendo de la tasa de cambio gourde-dólar) en 2004. 

Utilizando una lógica terriblemente torcida, los atroces bajos salarios de Haití, que han formado parte del marco de “mano de obra barata” del FMI y el Banco Mundial desde los años 80, son considerados como una forma de mejorar el nivel de vida. En otras palabras, condiciones de trabajo de esclavos [sweatshops] en las industrias de ensamblaje (en un mercado laboral totalmente desregulado) y condiciones de trabajo forzado en las plantaciones agrícolas de Haití, son consideradas por el FMI como la clave para el logro de la prosperidad económica, porque “atraen a la inversión extranjera”.  El país estaba en la camisa de fuerza de una creciente deuda externa. En lo que es una amarga ironía se impusieron medidas de austeridad auspiciadas por FMI-Banco Mundial en los sectores sociales en un país que tiene 1,2 médicos por 10.000 habitantes y donde la mayoría de la población es analfabeta. Los servicios sociales del Estado, virtualmente inexistentes durante el período Duvalier, se han derrumbado. 

El resultado de los cuidados del FMI fue un aún mayor colapso del poder de compra, que ha afectado también a los grupos de medianos ingresos. Mientras tanto, las tasas de interés se han disparado. En las partes norteña y oriental del país, los aumentos en los precios del combustible provocaron una parálisis virtual del transporte y de los servicios públicos incluyendo el agua y la electricidad.  Mientras amenaza una catástrofe humanitaria, el colapso de la economía orquestado por el FMI, sirvió para estimular la popularidad de la Plataforma Democrática, que acusó a Aristide de “mala administración económica”. Sobra decir que los líderes de Plataforma Democrática, incluyendo a Andy Apaid – que en realidad es propietario de las industrias de máxima explotación - son los principales protagonistas de la economía de bajos salarios. Aplicando el modelo Kosovo. En febrero de 2003, Washington anunció el nombramiento de James Foley como embajador en Haití. Foley había sido portavoz del Departamento de Estado bajo la administración Clinton durante la guerra en Kosovo. Previamente había ocupado una posición en la central de la OTAN en Bruselas. Foley había sido enviado a Port au Prince antes de la operación patrocinada por la CIA. Fue trasferido a Port au Prince en septiembre de 2003 de una prestigiosa posición diplomática en Ginebra, donde era Jefe Adjunto de Misión a la oficina europea de la ONU.  Vale la pena recordar la participación del embajador Foley en el apoyo al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) en 1999.  Como ha sido ampliamente documentado,. el ELK fue financiado con dinero de la droga y apoyado por la CIA. (Vea Michel Chossudovsky, Kosovo Freedom Fighters Financed by Organized Crime, Covert Action Quarterly, 1999, http://www.heise.de/tp/english/inhalt/co/2743/1.html )

El ELK estuvo implicado en asesinatos políticos selectivos y matanzas de civiles, en los meses anteriores a la invasión de la OTAN de 1999, así como en sus secuelas. Después de la invasión y la ocupación de Kosovo dirigidas por la OTAN, el ELK fue convertido en la Fuerza de Protección de Kosovo (FPK) bajo los auspicios de la ONU. En lugar de desarmarlo para impedir las masacres de civiles, otorgaron un legítimo estatus político a una organización terrorista vinculada al crimen organizado y al tráfico de droga en los Balcanes.  Durante la guerra de Kosovo, el actual embajador en Haití, James Foley, estuvo a cargo de las informaciones del Departamento de Estado, trabajando estrechamente con su homólogo de la OTAN en Bruselas, Jamie Shea. Apenas dos meses antes de la embestida de la guerra dirigida por la OTAN el 24 de marzo de 1999, James Foley había llamado a la “transformación” del ELK en una organización política respetable:  “Queremos desarrollar una buena relación con ellos [el ELK] cuando se transformen en una organización políticamente orientada”... “Creemos que tenemos muchos consejos y ayuda que podemos darles si se convierten precisamente en el tipo de actor político que desearíamos ver... “Si podemos ayudarles y si quieren que les ayudemos en ese esfuerzo de transformación, creo que no es algo contra lo cual alguien pudiese argumentar”. (citado en el New York Times, 2 de febrero de1999)  Después de la invasión “una autoproclamada administración kosovar fue establecida, compuesta por el ELK y el Movimiento de Unión Democrática (LBD), una coalición de cinco partidos de oposición opuesta a la Liga Democrática de Rugova (LDK). Además de la posición de primer ministro, el ELK controlaba los ministerios de finanzas, orden público y defensa.” (Michel Chossudovsky, NATO's War of Aggression against Yugoslavia, 1999, http://www.globalresearch.ca/articles/CHO309C.html )

La posición del Departamento de Estado tal como fuera transmitida en la declaración de Foley era que no se debiera permitir que el ELK “continuara como fuerza militar pero que debería tener la posibilidad de avanzar en su búsqueda de autogobierno bajo un “contexto diferente”, queriendo decir la inauguración de una ‘narco-democracia’ de facto bajo la protección de la OTAN. (Ibíd).  En lo que se refiere al tráfico de droga, Kosovo y Albania ocupan una posición similar a la de Haití: constituyen un “centro” en el tránsito (trasbordo) de narcóticos de la Media Luna Dorada a través de Irán y Turquía hacia Europa Occidental. A pesar de estar apoyada por la CIA, el BND alemán y la OTAN, el ELK tiene vínculos con la mafia albanesa y con organizaciones mafiosas implicadas en el tráfico de narcóticos. (Vea Michel Chossudovsky, Kosovo Freedom Fighters Financed by Organized Crime, Covert Action Quarterly, 1999, http://www.heise.de/tp/english/inhalt/co/2743/1.html )

¿Es éste el modelo para Haití, como lo formuló en 1999 el actual embajador de EE.UU. en Haití, James Foley?  Para la CIA y el Departamento de Estado, el FLRN y Guy Philippe son para Haití lo que el ELK y Hashim Thaci son para Kosovo.  En otras palabras, el designio de Washington es un “cambio de régimen”: derrocar la administración de Lavalas e instalar un dócil régimen títere de EE.UU., integrado por la Plataforma Democrática y el autoproclamado Frente por la Liberación y la Reconstrucción Nacional (FLRN), cuyos dirigentes son antiguos terroristas del FRAPH y tonton macoute. Existen planes de que este último integre un “gobierno de unidad nacional” junto con los dirigentes de la Convergencia Democrática y del Grupo de 184 Organizaciones de la Sociedad Civil dirigidos por Andy Apaid. Más específicamente, se prevé que el FLRN dirigido por Guy Philippe va a reconstruir el ejército de Haití, que fue desbandado en 1995. 

En otras palabras, se trata de un eventual arreglo de división del poder entre los varios grupos de oposición y los rebeldes apoyados por la CIA, que tienen vínculos con el negocio del tránsito de cocaína de Colombia, vía Haití, a Florida. La protección de este comercio tiene que ver con la formación de un nuevo “narco-gobierno”, que servirá los intereses de EE.UU.  Un fingido (simbólico) desarme de los rebeldes puede ser contemplado bajo supervisión internacional, como ocurrió con el ELK en Kosovo en 2000. Los “antiguos terroristas” podrían entonces ser integrados a la policía civil así como a la tarea de reconstruir las fuerzas armadas haitianas bajo supervisión de EE.UU.  Lo que sugiere este panorama, es que las estructuras terroristas de la era Duvalier han sido restauradas. Un programa de matanza de civiles y de asesinatos políticos dirigidos contra partidarios de Lavalas está, en realidad, en vías de ejecución.  En otras palabras, si Washington estuviese realmente motivado por consideraciones humanitarias, ¿por qué está apoyando y financiando a los escuadrones de la muerte del FRAPH? Su objetivo no es impedir la matanza de civiles. Creados según el modelo de las anteriores operaciones dirigidas por la CIA (es decir Guatemala, Indonesia, El Salvador), han dado rienda suelta a los escuadrones de la muerte del FLRN y están involucrados en asesinatos políticos selectivos de partidarios de Aristide.

El comercio de trasbordo de narcóticos

Mientras la economía real ha sido sumida en la bancarrota bajo la carga de las reformas del FMI, el negocio del trasbordo de narcóticos sigue floreciendo. Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Haití sigue siendo “el mayor país en el trasbordo de drogas para toda la región del Caribe, canalizando inmensos embarques de cocaína de Colombia a Estados Unidos”- (Vea US House of Representatives, Criminal Justice, Drug Policy and Human Resources Subcommittee, FDHC Transcripts, 12 de abril de 2000).  Se estima que Haití es responsable ahora por un 14 por ciento de toda la cocaína que ingresa a Estados Unidos, por un valor de miles de millones de dólares de ingresos para el crimen organizado y las instituciones financieras de EE.UU., que lavan inmensas sumas de dinero sucio. El comercio global en narcóticos es calculado en cerca de 500 mil millones de dólares.  Gran parte del comercio de trasbordo va directamente a Miami, que también constituye un refugio para el reciclado de dinero sucio en inversiones, es decir en bienes inmuebles y otras actividades relacionadas.  La evidencia confirma que la CIA protegió este comercio durante la era Duvalier así como durante la dictadura militar (1991-1994).

En 1987 el senador John Kerry como Presidente del Subcomité sobre Narcóticos, Terrorismo y Operaciones Internacionales del Comité de Asuntos Externos del Senado tuvo a su cargo una importante investigación, que se concentró en los lazos entre la CIA y el comercio de la droga, incluyendo el lavado de dinero de la droga para financiar insurgencias armadas. “El Informe Kerry”, publicado en 1989, aunque se concentró en el financiamiento de los Contras en Nicaragua, también incluyó una sección sobre Haití.  “Kerry ha desarrollado información detallada sobre el tráfico de drogas de los gobernantes militares de Haití que condujo a la formulación de cargos en Miami en 1988, contra el teniente coronel Jean Paul. La acusación constituyó un bochorno de importancia para los militares haitianos, especialmente porque Paul se negó de modo desafiante a entregarse a las autoridades de EE.UU. En noviembre de 1989, el coronel Paul fue hallado muerto después de consumir un regalo de buena voluntad haitiano tradicional – un tazón de sopa de calabaza...  El senado de EE.UU. también escuchó testimonios en 1988 en el sentido de que el ministro del interior de aquel entonces, el general Williams Regala y su oficial de enlace de la DEA, protegieron y supervisaron embarques de cocaína. El testimonio también acusó al comandante militar haitiano de aquella época, el general Henry Namphy de aceptar sobornos de traficantes colombianos a cambio de derechos de aterrizaje a mediados de los años 80.  En 1989 otro golpe militar puso en el poder al teniente general Prosper Avril... Según un testigo ante el subcomité del senador John Kerry, Avril es en realidad “un importante personaje en el papel de Haití como punto de tránsito en el comercio de cocaína”. ( Paul DeRienzo, Haiti’s Nightmare: The Cocaine Coup & The CIA Connection, primavera de 1994, http://globalresearch.ca/articles/RIE402A.html )

Jack Blum, que fue Consejero Especial de Kerry, apunta a la complicidad de funcionarios de EE.UU. en una declaración al Comité Selecto de Inteligencia sobre el Tráfico de Droga y la Guerra Contra del Senado de EE.UU.:  “... en Haití ... nuestras ‘fuentes’ de inteligencia en las fuerzas armadas haitianas habían puesto sus instalaciones a disposición de los carteles de la droga. En lugar de presionar a la dirección podrida de los militares, los defendimos. Nos tapamos las narices y miramos para otro lado mientras ellos y sus amigos criminales en Estados Unidos distribuían cocaína en Miami, Filadelfia y Nueva York.”:

 (http://www.totse.com/en/politics/central_intelligence_agency/ciacont2.html )

Haití no sólo sigue siendo el centro del negocio de trasbordo de cocaína, este último ha aumentado considerablemente desde los años 80. La actual crisis tiene que ver con el papel de Haití en el tráfico de drogas. Washington quiere un gobierno haitiano dócil que proteja las rutas de trasbordo de la droga, desde Colombia a través de Haití hacia Florida.  El influjo de narcodólares – que sigue siendo la mayor fuente de ingresos de divisas extranjeras del país – es utilizado para el servicio de la creciente deuda externa de Haití, sirviendo así también los intereses de los acreedores externos.  A este respecto, la liberación del mercado de divisas extranjeras impuesta por el FMI ha suministrado (a pesar del compromiso formal de las autoridades de combatir el tráfico de drogas) un camino conveniente para el lavado de narcodólares en el sistema bancario interno. Los narcodólares junto con las “envíos” genuinos de haitianos que viven en el extranjero, son depositados en el sistema de bancos comerciales y cambiados a la moneda local. Los resultados en moneda extranjera de esos influjos pueden entonces ser reciclados hacia el Tesoro y son utilizados para cumplir con las obligaciones de servicio de la deuda.  Haití, sin embargo, obtiene un pequeñísimo porcentaje de los resultados totales en moneda extranjera del lucrativo contrabando.

La mayor parte de los ingresos resultantes del negocio de trasbordo de cocaína va a intermediarios criminales en el tráfico mayorista y minorista de narcóticos, a las agencias de inteligencia que protegen el tráfico de drogas así como a las instituciones financieras y bancarias en las que se lavan los ingresos provenientes de esta actividad criminal.  Los narcodólares también son trasferidos a cuentas ‘bancarias privadas’ en numerosos paraísos bancarios offshore. (Estos paraísos son controlados por los grandes bancos e instituciones financieras occidentales). El dinero de la droga es invertido además en una serie de instrumentos financieros como los hedge funds y las transacciones en el mercado de valores. Las principales firmas de corretaje bursátil y los bancos de Wall Street y europeos lavan miles de millones de dólares resultantes del comercio con narcóticos.

Además, la expansión del suministro de dinero denominado en dólares por el Sistema de Reserva Federal, incluyendo la impresión de miles de millones de dólares en billetes de dólares EE.UU. para las transacciones de narcóticos constituye un beneficio para la Reserva Federal y las instituciones privadas bancarias que lo constituyen, la más importante de las cuales es el Banco de Reserva Federal de Nueva York. (Vea: Jeffrey Steinberg, Dope, Inc. Is $600 Billion and Growing, Executive Intelligence Review, 14 de diciembre de 2001:

http://www.larouchepub.com/other/2001/2848dope_money.html)

En otras palabras, el establishment financiero de Wall Street, que juega un papel tras los bastidores en la formulación de la política exterior de EE.UU., tiene un interés creado en la retención del negocio de trasbordo de Haití, mientras instala una “narcodemocracia” de confianza en Port-au-Prince, que proteja eficazmente las rutas de trasbordo.  Debiera señalarse que desde la introducción del Euro como moneda global, una parte importante del comercio de narcóticos es realizado ahora en Euros en vez de dólares EE.UU.  El comercio de cocaína latinoamericano – incluyendo el negocio del trasbordo a través de Haití – es realizado en su mayor parte en dólares EE.UU. Este desplazamiento de las transacciones de narcóticos fuera de la denominación en dólares, que socava la hegemonía del dólar EE.UU. como divisa global, ocurre sobre todo en las rutas de la droga del Medio Oriente, Asia Central y del Sudeste europeo.

Manipulación mediática

En las semanas anteriores al golpe de estado, los medios habían concentrado su mayor atención en las “bandas armadas” y “los matones” favorables a Aristide, sin asegurar un entendimiento del papel de los rebeldes del FLRN.  Un silencio ensordecedor: ni una palabra se mencionó en las declaraciones oficiales y las resoluciones de la ONU sobre la naturaleza del FLRN. Esto no debiera sorprender a nadie: El embajador de EE.UU. ante la ONU (el hombre que está en el Consejo de Seguridad de la ONU), John Negroponte, jugó un papel crucial en los escuadrones de la muerte hondureños apoyados por la CIA en los años 80, cuando era embajador de EE.UU. en Honduras. (Vea San Francisco Examiner, 20 de octubre de 2001 http://www.flora.org/mai/forum/31397 )  Los rebeldes del FLRN son fuerzas extremadamente bien equipadas y entrenadas. El pueblo haitiano sabe quiénes son. Son los tonton macoute de la era Duvalier y antiguos asesinos del FRAPH.  Los medios occidentales guardan silencio ante el tema, acusando al presidente Aristide de la violencia. Cuando reconocen que el Ejército de Liberación está compuesto por escuadrones de la muerte, no examinan las implicaciones más amplias de sus declaraciones y que esos escuadrones de la muerte son una creación de la CIA y de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. 

El New York Times ha reconocido que la oposición “no violenta” de la sociedad civil colabora en realidad con los escuadrones de la muerte, “acusados de matar a miles”, pero todo esto es descrito como “accidental”. No se ofrece una explicación histórica. ¿Quiénes son los líderes de esos escuadrones de la muerte? Todo lo que se nos dice es que han establecido una “alianza” con los buenos muchachos “no-violentos” que pertenecen a la “oposición política”. Y que todo es por el bien de una causa buena y digna, que es sacar al presidente elegido y “restaurar la democracia”. “Mientras Haití se tambalea hacia la guerra civil, una enmarañada red de alianzas, algunas de ellas accidentales, ha emergido. Ha ligado los intereses de un movimiento de oposición política que ha abrazado la no-violencia a un grupo de insurgentes que incluye a un antiguo líder de escuadrones de la muerte acusado de asesinar a miles, un antiguo jefe de la policía acusar de conspirar para realizar un golpe y una banda implacable que estuvo alineada con Aristide, que ahora se ha vuelto en su contra. Considerando sus variados orígenes, los que se forman contra Mr. Aristide están apenas unidos, aunque todos comparten un ardiente deseo de que se le saque del poder.” (New York Times, 26 de febrero de 2004)  No hay nada de espontáneo o de “accidental” en los ataques rebeldes o en la “alianza” entre el líder de los escuadrones de la muerte Guy Philippe y Andy Apaid, propietario del principal sweatshop industrial en Haití y jefe del G-184.  La rebelión armada formó parte de una operación militar y de inteligencia cuidadosamente planificada. Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana habían detectado campos de entrenamiento de guerrillas dentro de la República Dominicana en la frontera noreste con Haití. ( El ejército dominicano informó a Aristide sobre los entrenamientos rebeldes en la frontera, El Caribe, 27 de febrero de 2004: http://www. elcaribe.com.do/articulo_multimedios.aspx?id=2645&guidA B38144D39B24C6FBA4213AC40DD3A01&Seccion=64 )

Tanto los rebeldes armados como sus homólogos civiles “no-violentos” estuvieron implicados en el complot para derrocar al presidente. El jefe del G-184 Andre Apaid estuvo en contacto con Colin Powell en las semanas precedentes al derrocamiento de Aristide; Guy Philippe y "Toto" Emmanuel Constant tienen vínculos con la CIA; hay señales de que el comandante rebelde Guy Philippe y el dirigente político del Frente Revolucionario Artibonita de Resistencia Winter Etienne estaban en relación con funcionarios de EE.UU. (Vea BBC, 27 de febrero de 2004, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3496690.stm ) 

Aunque EE.UU. declaró repetidamente que sostendría al gobierno constitucional, el reemplazo de Aristide por un individuo más dócil fue siempre parte de la agenda de la administración Bush.  El 20 de febrero, el embajador de EE.UU., James Foley, convocó a un equipo de cuatro expertos militares del Comando Sur de EE.UU., de Miami. Oficialmente, su mandato era “evaluar las amenazas a la embajada y a su personal”. (Seattle Times, 20 de febrero de 2004). Ya había Fuerzas Especiales de EE.UU. en el país. Washington había anunciado que tres barcos de EE.UU. “habían sido puestos a la espera para ir a Haití como medida preventiva”. El “Saipan” está equipado con cazas Harrier de despegue vertical y helicópteros artillados. Los otros dos barcos son el “Oak Hill” y el “Trenton”. Unos 2.200 marines de EE.UU. de la Unidad Expedicionaria 24 de la Marina, en Camp Lejeune, N.C. podrían ser enviados a Haití a breve plazo, según Washington.  Con la partida del presidente Aristide, Washington, sin embargo, no tiene intención de desarmar a su ejército rebelde paramilitar por encargo, que ahora debe jugar un papel en la “transición”. En otras palabras, la administración Bush no actuará para impedir que sucedan matanzas y asesinatos políticos de partidarios de Lavalas y de Aristide después de la partida del presidente. Sobra decir, los medios occidentales no han analizado en nada los antecedentes históricos de la crisis haitiana. El papel jugado por la CIA no ha sido mencionado. La así llamada “comunidad internacional”, que pretende estar comprometida con buen gobierno y democracia, ha cerrado los ojos ante los asesinatos de civiles por un ejército paramilitar patrocinado por EE.UU. Los “dirigentes rebeldes” que fueron comandantes en los escuadrones del FRAPH en los años 90, están siendo presentados por los medios de EE.UU. como portavoces de una oposición genuina. Mientras tanto, la legitimidad del antiguo presidente elegido está siendo puesta en duda porque dicen que es responsable por “el empeoramiento de la situación económica y social”.  El empeoramiento de la situación económica y social es atribuible en gran medida a las devastadoras reformas económicas impuestas por el FMI desde los años 80. La restauración del gobierno constitucional en 1994 fue condicionada a la aceptación de la mortífera terapia económica del FMI, que por su parte impidió la posibilidad de una democracia coherente. Funcionarios de alto nivel dentro de los gobiernos de Andre Preval y de Jean Bertrand Aristide fueron ciertamente dóciles ante los dictados del FMI. A pesar de esta docilidad, Aristide ha sido puesto en la “lista negra” y satanizado por Washington.

La militarización de la Cuenca del Caribe

Washington quiere reinstalar a Haití como una colonia de EE.UU. con todas las de la ley, con todas las apariencias de una democracia en función. El objetivo es imponer un régimen títere en Port-au-Prince y establecer una presencia militar permanente de EE.UU. en Haití. La administración de EE.UU. busca, en última instancia, la militarización de la Cuenca del Caribe. La isla de Hispaniola es la puerta a la Cuenca del Caribe, ubicada estratégicamente entre Cuba en el Noroeste y Venezuela al Sur. La militarización de la isla, con el establecimiento de bases militares de EE.UU., no tiene solamente el propósito de presionar políticamente a Cuba y Venezuela, sino que está también destinada a proteger el negocio del trasbordo de miles de millones de dólares en narcóticos a través de Haití, de los lugares de producción en Colombia, Perú y Bolivia. La militarización de la Cuenca del Caribe es, en algunos aspectos, similar a la impuesta por Washington en la región andina de América del Sur bajo el “Plan Colombia”, rebautizado “Iniciativa Andina”. Esta última constituye la base para la militarización de los pozos de petróleo y gas, así como de las rutas de los óleo y gasoductos y de los corredores de transporte. También protege el tráfico de narcóticos.