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Contribución de los Economistas de
Izquierda al debate de lllª Asamblea Nacional de la Autoconvocatoria
No al ALCA, Buenos Aires, abril 24 y 25 de 2004.
Deuda y ALCA: las dos caras de una dominación
Por Claudio Katz,
19/11/03 [1]
Avanzar con el ALCA y reforzar el cobro de la deuda externa son las
prioridades económicas del gobierno de Bush para América Latina.
Ambos objetivos apuntan a consolidar la dominación comercial y
financiera del imperialismo. En lo inmediato, el atolladero que
enfrentan las tropas ocupantes de Irak impulsa a Estados Unidos a
afianzar el control de su “patio trasero”. Pero en perspectiva, la
intención norteamericana es manejar directamente los recursos estratégicos
de la región, especialmente el petróleo de México, Venezuela y
Ecuador, los bosques de la Amazonia y las reservas de agua de la
Triple Frontera.
El gobierno estadounidense necesita suscribir tratados de libre comercio
para contrarrestar -con mayores exportaciones hacia Latinoamérica- el
creciente déficit comercial del país. El impacto de este
desequilibrio podría ser traumático si desalienta la afluencia
internacional de los capitales que sostienen a la economía
norteamericana. Con el ALCA se busca estimular las ventas externas y
ampliar la desregulación financiera, que exigen los bancos para
lucrar con operaciones especulativas en América Latina.
Pero Estados Unidos también alienta el ALCA para garantizar que la región
permanecerá en el área del dólar en la próxima oleada de
competencia con Europa. La primera potencia ya no rivaliza con
dispersos concurrentes del viejo continente, sino con un bloque
imperialista que pretende disputarle la hegemonía comercial y
monetaria. A través de convenios comerciales con los países
latinoamericanos, Estados Unidos busca cerrarle el paso a esos
competidores.
Multilateral, Bilateral y Financiero.
El ALCA es solo una
instancia de las negociaciones en curso y la firma del acuerdo (antes
o después del año 2005) constituye apenas un aspecto de la presión
norteamericana. El escenario multilateral de estas tratativas es la
OMC. En ese ámbito, las economías desarrolladas imponen la reducción
de aranceles en todos los sectores que benefician a las capitalistas
del centro. Tradicionalmente esas ramas se circunscribían a los
productos industriales, pero en la última década se añadieron también
los servicios y la propiedad intelectual. Las grandes compañías
obtendrían enormes beneficios si se reglamentaran nuevas
privatizaciones y derechos de participación extranjera en las compras
estatales. También pretenden conseguir mayores pagos por el uso de
patentes informáticas o farmacéuticas.
Pero la euforia librecambista de los gobiernos imperialistas se diluye a
la hora de aplicar estos principios a los sectores más vulnerables de
las economías avanzadas. Especialmente el agro es protegido a través
de una monumental red de subsidios, destinados a sostener los precios
y contrarrestar la superproducción estructural. Estados Unidos alega
que no pueden reducir estas subvenciones mientras Europa las mantenga
y con ese argumento coloca fuera de cualquier negociación la
eliminación de subsidios que pulverizan la competitividad de muchas
exportaciones latinoamericanas. Frente a los obstáculos que genera
esta postura en las tratativas multilaterales, el gobierno de Bush
alienta convenios con cada país. Su propósito es imponer
bilateralmente, lo que no puede lograr en la negociación colectiva.
La promoción de estos tratados particulares apunta también a diluir
cualquier intento de resistencia común de los países periféricos y
además, contribuye a seleccionar a los socios privilegiados de
Estados Unidos en cada continente (Singapur, Israel, Jordania,
Australia). El reciente convenio que se firmó con Chile ilustra qué
tipo de asociación propone el imperialismo a las clases dominantes
locales. Mientras que ningún sector industrial trasandino podrá
soportar la avalancha comercial de productos norteamericanos, los
grandes exportadores (cobre, fruta, pescado, madera) lograrán ampliar
sus ventas en el mercado estadounidense. Por este camino, un sector
dominante de los capitalistas locales mejoraría sus ingresos a costa
del resto del país.
El otro precedente es México. Al cabo de una década de vigencia del
NAFTA se ha consumado una vertiginosa desnacionalización de los
bancos y de las cadenas comerciales, junto a un espectacular retroceso
de la participación nacional en los productos que se fabrican en las
maquiladoras. Además, se multiplican la desigualdad regional y las
crisis agrarias derivadas de la importación masiva de alimentos
estadounidenses. Pero lo peor, es que frente a la explosión de
emigración que genera esta asfixia social, Estados Unidos cierra las
fronteras ratificando que la libertad de circulación de las mercancías
y los capitales no se extiende a los individuos.
América Latina enfrenta la perspectiva de un serio deterioro de los términos
de intercambio como consecuencia del avance comercial norteamericano.
Estados Unidos atropella por varios caminos y adapta cada negociación
a sus conveniencias. Suscribe convenios directos (Chile, Guatemala,
Costa Rica) y tienta con el misma recurso a otras naciones (Uruguay,
Perú, Colombia) para aislar a su principal adversario comercial
(Brasil), debilitar a un serio concurrente agrícola (Argentina) y
socavar a un régimen político crucificado (Venezuela). Si no logra
someter a todos, probablemente ensayará la fractura geográfico-comercial
entre un grupo directamente asociado (México, Chile, Centroamérica,
Perú, Colombia) y otro sector más sometido al desgaste de
negociaciones siempre inconclusas (Brasil, Argentina, Venezuela).
El reforzamiento de la supremacía comercial norteamericana se sostiene
en la dominación financiera, porque el cumplimiento de los convenios
de apertura está asegurado por la supervisión del FMI. Por eso
carece de sentido discutir el ALCA sin hablar de la deuda. Son dos
procesos muy entrelazados. Cada pago de intereses potencia la pérdida
de soberanía y cada tratado comercial desemboca en mayores
concesiones financieras. Este círculo vicioso no puede romperse sin
rechazar la dominación imperialista en los dos campos.
Mercosur, Argentina y Brasil
Frente al avance de la presión norteamericana por el ALCA, Lula y
Kirchner han ratificado enfáticamente la preservación del MERCOSUR,
pero la agónica supervivencia de este convenio no se supera con
proclamas. Al cabo de una década, la moneda común es todavía un
lejano proyecto y persisten agudas divergencias arancelarias entre los
dos principales socios. Es cierto que el intercambio comercial se ha
multiplicado, pero este salto no es sinónimo de integración. La unión
aduanera no funciona, porque el arancel externo compartido fue
perforado por la drástica apertura que Argentina implementó durante
la convertibilidad, sin ningún tipo de acompañamiento por parte de
Brasil.
Además, el intercambio corriente se encuentra periódicamente afectado
por la vigencia de políticas de subsidios divergentes y ni siquiera
funciona el sistema de arbitrajes previstos para los casos de
conflictos comerciales. El correlato político de estas fracturas es
la ausencia de instituciones comunes. Esta limitación no se resolverá
con la simple formación de una legislatura regional, porque un
Parlamento Latinoamericano ya existe desde hace mucho tiempo y su rol
efectivo es un verdadero misterio. Sin moneda común, ni políticas
macroeconómicas conjuntas, el MERCOSUR continuará languideciendo.
Este diagnóstico es compartido por quiénes lamentan la “falta de políticas
coordinadas”. Pero estas carencias obedecen a la dependencia
unilateral de cada país hacia el FMI. En cada renegociación de la
deuda, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suscriben compromisos de
ajuste que impiden cualquier acción regional conjunta. En los
acuerdos con el Fondo se definen porcentajes de superávit fiscal
diferenciados, cronogramas impositivos distintos y políticas de
subvención industrial divergentes. Por eso frente a cada crisis, los
gobiernos recurren a distintos ajustes recesivos que tornan aún más
ficticia la integración.
Las periódicas oscilaciones de la balanza comercial entre Brasil y
Argentina (que suceden a las crisis devaluatorias) expresan esta erosión
de los acuerdos. Al desplomarse la convertibilidad pareció insinuarse
un ciclo de superávit argentino, pero como la recesión brasileña
también coincidió con la recuperación económica local, ahora se
está replanteado en el país la conocida queja contra la “invasión
de las importaciones paulistas”.
El trasfondo del problema es la incapacidad de Brasil para emular a
Estados Unidos como locomotora zonal, o a Alemania como sostén de una
moneda común. Los dos grandes socios de Sudamérica son países
sometidos a la dominación imperialista y no se perfilan como un
bloque competitivo en el mercado mundial. Por eso el aumento del
intercambio comercial entre Argentina y Brasil no mejoró el perfil de
ninguno de los dos países frente a sus concurrentes extraregionales.
Este crítico cuadro explica porqué los funcionarios que rodean a
Kirchner y a Lula han pasado del rechazo frontal de los proyectos
norteamericanos a la aceptación de un “ALCA posible”,
“mejorado” o “más equitativo”. Defienden la tesis de
“negociar desde el MERCOSUR”, suponiendo que un frente común de
esta región frenará la arremetida comercial estadounidense. Como
primer paso, Argentina y Brasil han elevado una oferta común de
liberalización de ciertos servicios -que sin coincidir con los
sectores reclamados por el gobierno de Bus- abre la perspectiva de un
acuerdo.
¿Pero qué grado de consistencia presenta este frente del MERCOSUR ?
Mientras Paraguay y Uruguay son tentados por Estados Unidos para
encarar tratativas bilaterales, la perdurabilidad de la sociedad
argentino-brasileña es muy dudosa. Los hombres de Bush buscan
debilitar a la burguesía brasileña -que mantiene el único sector
industrial medianamente autónomo de Sudamérica- y podrían llegar a
ofrecer algún zanahoria adicional a la Argentina.
Por otra parte, las clases dominantes de los dos grandes socios del
MERCOSUR mantienen puntos de conflicto muy distintos con Estados
Unidos y han desarrollado asociaciones muy diferentes con sus pares
del Norte. Tanto en Brasil como en Argentina existe una creciente
tensión, entre los grupos exportadores interesados en lograr alguna
migaja del mercado norteamericano y los sectores industriales
amenazados por la apertura comercial. Esta diversidad de intereses
erosiona aún más la negociación común frente al gigante
norteamericano.
En el caso argentino, luego de su última entrevista con
Bush, Kirchner
aceptó el marco de tratativas propiciado por Estados Unidos. El ex
funcionario menemista que comanda estas conversaciones (Martín
Redrado) es un fanático partidario del proyecto de entrega, que más
terreno ha ganado en los últimos meses (“ALCA flexible”). Este
curso supone aceptar los subsidios norteamericanos al agro, a cambio
de ciertas concesiones arancelarias para los productos exportados por
Argentina. El país convalidaría así la transferencia a la OMC de
todos los temas que Estados Unidos no quiere abordar.
Si los grupos exportadores pro-ALCA se imponen, la Argentina afronta la
perspectiva de un nuevo ciclo de apertura y consiguiente destrucción
del tejido productivo. Como las principales empresas públicas ya han
sido rematadas, la exigencia norteamericana de liberalizar los
servicios no apunta tanto a las privatizaciones. Buscan incrementar la
participación foránea en los negocios de obra pública y en las
actividades sanitarias o educativas que aún gestiona el estado. Pero,
además, el ALCA (o un convenio equivalente) reforzaría la
transferencia de soberanía a los tribunales internacionales para
dirimir litigios comerciales, acentuando la agobiante carga de
demandas que soporta el país.
Alternativas populares.
Las clases dominantes
negocian un ALCA (total, parcial, conjunto o separado) para mejorar
sus negocios, en frontal oposición a las necesidades populares. Este
hecho es reconocido por quiénes presentan al MERCOSUR como la
alternativa más favorable para el conjunto de la población.
Pero en esta defensa omiten explicar porqué el período transcurrido
desde la formación de esa alianza ha sido tan nefasto para los
trabajadores y desocupados de la región. La tragedia de recortes
salariales, despidos masivos y pauperización social que acompañó a
la formación del MERCOSUR indica que este acuerdo no es un remedio
para los sufrimientos populares. Al contrario, mientras los negocios
de varios grupos empresarios prosperaron con subsidios y beneficios
arancelarios, la mayoría de la población soportó las consecuencias
de la flexibilización laboral y del recorte de los sueldos.
Frente a este resultado otros analistas proponen crear “Otro
MERCOSUR”, más “popular” o más “social”. Pero tal como
sucede con el ALCA el problema no radica en el nombre, sino en el
contenido del proyecto. El MERCOSUR continuará sirviendo a los
intereses de la minoría capitalista, si su objetivo es sostener la
rentabilidad de las corporaciones. Seguirá beneficiando a un puñado
de corporaciones, si promueve “economías de escala” para
“abaratar el costo salarial”. Y también agravará la
reprimarización del país, si mantiene la división del trabajo entre
zonas que aportan materias primas y localidades que industrializan
esos recursos. La única opción positiva es cambiar las prioridades y
colocar la integración al servicio de las aspiraciones populares.
Este rumbo requiere consolidar la batalla conjunta contra la dominación
comercial y financiera del imperialismo. Separar la resistencia al
ALCA de la lucha por cesar el pago de la deuda externa conduce al
fracaso de ambos objetivos. Para que la población se comprometa
activamente con la primera reivindicación debe percibir que no es
utilizada como prenda de negociación en las disputas entre grupos
capitalistas. Cualquier freno del ALCA acompañado del mantenimiento
del pago de la deuda implicará la continuidad del ajuste. Por eso la
acción contra el ALCA debe empalmar con el rechazo de la deuda y la
militarización regional. La campaña que se desarrolla actualmente
(“Consulta popular de la Autoconvocatoria No al ALCA”) reúne
acertadamente estos tres temas en una misma acción.
Este programa recoge el mensaje de las grandes movilizaciones populares
que actualmente se registran en Latinoamérica y especialmente de la
reciente sublevación en Bolivia. Allí se plantearon reclamos
frontalmente opuestos al pago de la deuda y al ALCA. Las demandas
sociales confrontan con el FMI y la exigencia de industrializar el gas
en el país desafía al ALCA. Privatizar la extracción de ese recurso
y exportarlo en bruto hacia Estados Unidos es justamente la prioridad
de un acuerdo de libre comercio con Bolivia. Quiénes han padecido
durante centurias el saqueo de la plata, el salitre y el estaño se
resisten heroicamente a una nueva depredación.
La batalla contra la deuda y el ALCA resucita la aspiración popular de
alcanzar la unidad regional y romper las cadenas de 500 años de
opresión. Este anhelo está presente entre los trabajadores,
campesinos y desempleados que luchan por cambiar la terrible sucesión
de padecimientos que ha signado la historia de América Latina.
Economista,
Profesor de la UBA, investigador del Conicet, miembro del EDI
(Economistas de Izquierda)
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