Perú: de una mafia a otra

La corrupción bajo Fujimori y su continuidad con Toledo

Por Raúl Wiener
Soberanía.org, agosto 2004

En la década de los 90 funcionó en el Perú una mafia, una organización criminal, que se estableció para utilizar el poder del Estado en su beneficio y permanecer en él. La asociación Fujimori-Montesinos no fue una casualidad, ni mucho menos un error de chino caído del palto. Fue una elección consciente, hecha después de comprender la catadura moral de quién tenía al frente. Y fue una decisión reiterada a lo largo de más de diez años, a pesar de las evidencias que saltaban a la vista.

Fue a comienzos de julio de 1990 que el almirante Panizo, presidente del Comando Conjunto de las FFAA, concluyó un legajo con toda la información sobre las relaciones de Vladimiro Montesinos con el narcotráfico. Datos que estaban al alcance del presidente electo, pero que en manos de la cabeza militar eran materia explosiva. Sin embargo el almirante fue dado de baja horas antes del discurso de transferencia de mando.

En 1997, en el libro "El Reeleccionista", utilicé por primera vez el nombre de mafia para caracterizar la relación entre el presidente y asesor. Era un planteamiento lanzado después de siete años de gobierno. Y sin embargo sonaba demasiado fuerte para casi todo el mundo. Para entonces se habían acumulado el golpe de Estado de 1992, las acciones del grupo Colina, la primera reelección y la denuncia de Vaticano de 1996, sobre la coima a Montesinos que concluyó en su eliminación como testigo con un obvio dopaje. También ya sabía de hechos claramente dolosos en el proceso de la mayoría de privatizaciones y de un abierto favorecimiento a empresas transnacionales desde el poder que hacían presumir conductas corruptas. Se habían acrecentado las normas que permitía manejar de manera unilateral y secreta de diversos fondos supuestamente de emergencia: inteligencia militar, compra de armamentos, estudios de privatización, programas sociales, catástrofes naturales, erradicación de cocales, etc.

¿Qué significado podía tener introducir el concepto de mafia en el debate?

Aquí tal vez convenga enumerar algunas de sus reglas clásicas: (1) articulación de los delitos (organización) que hace que división de responsabilidades, planes y beneficios comunes al grupo; (2) secrecidad de los actos ilegales y ley de silencio (omerta) entre los miembros para no delatarse unos a otros; (3) ocupación de estructuras legales que encubren y aumentan la penetración de la organización mafiosa, y permiten legalizar (blanquear) sus acciones; (4) corrupción de autoridades que genera una red de impunidad y acrecienta la influencia política; (5) generosidad social que crea base entre los pobres y desvalidos que tienden a justificar el delito si es que aunque sea de esta manera hay alguna transferencia para ellos.

La organización de Montesinos es anterior a Fujimori. Y se convirtió en la pieza clave para la articulación de espacios de corrupción en todo el Estado. Se puede decir que es una mafia que se encuentra con el poder. Y un presidente que a falta de otra cosa decide apoyarse en una mafia. Tiempo al tiempo, el sistema se fue corrompiendo y afloraron cada vez mayor número de subgrupos dispuestos a participar: los de los militares que cobran comisiones en la compra de armas; los de los especialistas en venta de patrimonio público; los de las licitaciones para obras y compras públicas; los de las entidades financieras; etc. Sólo el genio del asesor pudo darle un sentido general a todo esto y convertir a un Estado desarticulado, ineficiente y corrupto, en otro con mayor articulación, eficiencia y corrupción centralizada.

Más aún, numerosos indicios ya decían después de la primera mitad de la década que la mafia del poder tenía tratos con las mafias de fuera. El caso Vaticano era justamente una muestra. Y como se vio en el proceso, los acuerdos de un momento no excluían enfrentamientos posteriores. Y la asociación con las bandas mayores no impedía ni dificultaba la captura de las organizaciones menores o de individuos aislados.

Si hubieron condiciones para una mafiocización del poder en los 90 fue específicamente por el siguiente conjunto de circunstancias:

a) una caída muy profunda de expectativas sociales respecto al destino del país, como secuela de la hiperinflación y la violencia política, que condujo a la población a buscar estabilidad, seguridad y orden como únicos valores y aceptar la fórmula autoritaria que ofrecía sacar la cara por ellos a cualquier precio;

b) una ausencia de convicciones ideológicas y políticas de parte de la cúpula gobernante y de lealtades históricas entre sus miembros, consecuencia del aventurerismo político imperante en el cuadro de la llamada crisis de los partidos y del sistema de representación, de manera que el fujimorismo se convirtió en una asociación atípica y el gobierno en un ejercicio del poder por el poder.

c) un sistema político forjado con un golpe de Estado, que acrecentaba el poder presidencial y debilitaba los mecanismos de control del propio Estado, un Congreso capaz de reinterpretar sistemáticamente sus propias normas y una presidencia funcionando incluso por encima de ellas por el "bien común" y con una percepción social de que las cosas son así;

d) un sistema económico que alcanza un alto compromiso internacional y nacional y que implicaba un severo ajuste de precios sin resistencia popular, una reforma neoliberal acelerada, un sobrepago de la deuda externa, una modificación del contrato de trabajo para bajar los costos laborales y desorganizar a los trabajadores, etc., todo lo cual significaba que los principales potencias, los organismos financieros internacionales y los gremios empresariales vieran en el Perú "un modelo", que debía ser preservado a pesar de sus visibles excesos;

e) una cantidad excepcional de dinero en manos del Estado y fuera del presupuesto, especialmente por el mecanismo de las privatizaciones y una serie de situaciones de real o aparente excepción para aplicar fondos de manera arbitraria y sin rendir cuentas;

f) Una corrupción galopante en el poder judicial y el ministerio público, producida precisamente con el argumento de la moralización y la modernización, que tenía como misión empantanar, enredar y manipular los procesos en dirección de la impunidad para el régimen y la persecución de sus adversarios.

Llama poderosamente la atención que esta comprensión del problema que podía intuirse tres o cuatro años antes del final abrupto del fujimorato, no fuese considerada por los procuradores, fiscales y jueces anticorrupción que eligieron la ruta de judicializar aso por caso, perdiendo de vista precisamente las articulaciones, la organización mafiosa de la que mucho se habla pero muy poco se entiende.

La idea que se tiene hasta ahora es que las joyas que Montesinos regalaba a Jacqueline Beltrán o Laura Bozzo, la intervención del asesor en el proceso penal al primo de su amante, el pago de subsidios a la "prensa chicha", la compra de parlamentarios y de los dueños de la televisión, las comisiones ilegales por compra de aviones, el desfalco de la caja policial-militar, la falsificación de firmas y la manipulación de las elecciones, los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta, el golpe del 5 de abril, la represión de la marcha de los cuatro suyos, el contrabando de armas a Colombia y muchas otras, son hechos que pueden ser vistos en salas separadas por magistrados diferentes que aplican criterios específicos para cada cosa, sin inferir los vínculos existentes. Lo que ha regalado a Fujimori la posición singular de flotación sobre la inmundicia que hasta ahora mantiene, cuando nada de lo que hubo podría haber sido si él no lo permitía.

Hay razones muy poderosas para negarse a ver como un todo el proceso de la corrupción. Y es que coexistimos hoy mismo con instituciones y leyes del período anterior que sostiene a los actuales mandantes y que han sido utilizadas para similares fines oscuros; con un poder económico que se hizo fuerte y logró sacarle el mayor provecho al autoritarismo y que toleró por su interés -si es que no fue directamente cómplice, como en el caso de Dionisio Romero y otros-, con la dirección dolosa del poder estatal; con autoridades judiciales, militares y económicas, cuyas relaciones con la mafia fueron por lo menos grises; con mucha gente que hizo negocios y fortuna en formas irregulares en la tierra de nadie de los 90 y que ahora son parte de la administración del poder.

Uno ve que ha habido un discurso anticorrupción que era como una carta de presentación de los vencedores de la crisis 2000-2001 y el caballito de batalla de los nuevos prestigios de la ocasión, junto con una ausencia de voluntad política de ir hasta el final en la investigación y sanción de los corruptos. Japón se ha dado el lujo de desestimar la demanda de extradición de Fujimori por su debilidad de sustento jurídico, exactamente porque el Estado peruano ha sido incapaz de llevar adelante un juicio contra una mafia organizada a cuya cabeza estaba Alberto Kenyo, sin el cual no hubiera podido medrar del Estado en tantos asuntos, y en vez de ello ha pretendido individualizar la culpa como si pudiera probar documentalmente la orden de un crimen o el documento de depósito de un soborno a nombre del presidente.

En muchos casos incluso la contradicción llega a ser absoluta. Como en aquello de intentar encausar por las ejecuciones extrajudiciales de rendido producidas con ocasión de la operación Chavín de Huántar, y mantener esta acción como la más heroica, que merece ser celebrada cada año en los desfiles de fiestas patrias, como si tratara de la victoria sobre un gran ejército. Se ha querido que el recate sea un valor militar y las ejecuciones un desvalor de el dúo gubernamental, como si ambos aspectos: la intervención por sorpresa y la eliminación de todos los combatientes no fueran parte de un mismo diseño. Haber querido condecorar a unos por el mismo hecho por el que se quiere condenar a otros resume la falta de ruptura con el pasado y la escasa distancia entre el Perú de una década y el de la siguiente.

De Fujimori a Toledo

En el 2004, el gobierno de Alejandro Toledo que llegó al poder en olor de multitudes y agitando a los cuatro vientos la "tolerancia cero" y la "lucha frontal contra la corrupción", sobrevive a duras penas en medio de un océano de denuncias de corrupción que comprometen en forma directa al presidente o se relacionan con su entorno más directo: esposa, hermanos, cuñados, sobrinos, amigos íntimos, etc. Para algunos esta es la prueba que es la política, la función pública, la que es corrupta y que todos los gobiernos y todos los políticos son iguales. Lo que alimenta dos tipos de actitudes aparentemente opuestas: la escéptica, de no creo en nadie y mientras más lejos de la política mejor, que es la que abona el abstencionismo, la despolitización y el individualismo (yo sólo me ocupo de mis asuntos); y la cínica, que afirma que si las cosas son así, lo importante es que se pueda sacar ventaja de ello: roba pero hace obra.

En este clima psicológico por supuesto que gana el fujimorismo que después de su derrota y minimización con las revelaciones del año 2000, sólo puede beneficiarse de que el país vea que sus críticos son iguales que ellos y que también tratan de tapar y manipular las investigaciones para lograr impunidad. No faltan todavía quienes en medio de la desesperación arguyen que los casos que destapa la prensa son parte de un complot de la supermafia que con su jefe fugado y su estratega encarcelado todavía puede dictar la agenda del país. Pero esto no es sino una manifestación adicional del declive ético del país, ya que los casos y denuncias no son inventados sino que corresponden a graves y evidentes transgresiones ocurridas consistentemente en el lapso de tres años y que para remate siguen ocurriendo en estos días y semanas, como si los miembros del régimen creyeran que todo el problema es enredar cada investigación para volver a lo que les interesa.

Entre noviembre del 2000 y julio del 2001, el Perú había ingresado al territorio de la vergüenza, al ponerse ante sus ojos la forma perversa como se lograban mayorías en el Congreso, la catadura de los prohombres del gobierno (montesinos había sido sostenido cien veces por Fujimori y un millón por el resto de las autoridades principales), la vocación corruptible de los políticos y empresarios, etc. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, se preguntaba la gente en la calle. ¿Cómo pudimos convivir con todo esto?. ¿En dónde estábamos cuando maduraba la estructura mafiosa? Era el momento en que democracia debía demostrar que era cualitativamente superior que dictadura. El tiempo de Robespierre y la guillotina, que marcan un antes y un después. En el que el país salda cuentas con su pasado mediato e inmediato y adopta medidas excepcionales para corregir todo lo que deba corregirse.

La trampa fujimorista estuvo tendida en la definición del gobierno provisional después de la fuga de su presidente y la inviabilidad de mantener el poder con la vicepresidencia y la conducción del Congreso. Por eso apostaron a dar su voto por Paniagua para que fuese el encargado de asegurar la "transición" a la que se había comprometido Fujimori, después de conocerse el video Kuori-Montesinos y de hecho el preservador de las relaciones sociales y políticas del régimen que llegaba a su fin. El gobierno provisional evitó el quiebre y armó la ficción de la evolución constitucional, según la cual su mandato no era el de la crisis, sino de la sucesión impecable de un gobierno legítimo que recortó su mandato a otro con el circunstancial presidente del Congreso convertido en tercer vicepresidente a falta de los primeros. Este desarrollo, no previsto en ningún lugar, fue aceptado con el argumento que no había que hacerse bolas con lo formal.

A mí me tildaron de prurito mi insistencia en llamar extra-constitucional la salida del 2000 y llamar provisional al gobierno de Paniagua, lo que hubiera permitido exigirle cumplir otras tareas distintas al modesto programa que se asignó don Valentín: garantizar elecciones creíbles en el plazo señalado por el ex dictador. La reconstitucionalización, que hubiera supuesto el cierre del Congreso tránsfuga y retránsfuga y la convocatoria a la Asamblea Constituyente; la instauración de un proceso único a la corrupción, al golpe de Estado y a la violación de derechos humanos durante los 90; la reorganización de las Fuerzas Armadas y la Policía; el cambio de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, para iniciar el cambio total de estas instituciones; la convocatoria a juntas regionales para la descentralización; la instalación de una Comisión de la Verdad que contara con la confianza del país y actuara con independencia del poder político; etc.

Pero en nombre de la transición se optó por hacer nada, que en las circunstancias era lo que menos arriesgaba y facilitaba la sobrevivencia política del discreto presidente de siete meses. Bueno, en medio de la apariencia de no hacer nada, se hicieron algunas cosas. Se concedió el Aeropuerto y Camisea en condiciones más que dudosas. Se aflojó la dureza carcelaria manteniendo el discurso de la mano dura. Se trajo a Montesinos de Venezuela en medio de una polémica con el presidente Chávez. Pero, en fin, lo que prevaleció fue la imagen de una etapa de tregua, en los mismos días en los que Toledo advertía a toda voz que la salvación del país estaba en sus manos y que en nombre de ello había que apurar su llegada al poder, aún con todos los problemas de la transición en la columna de pendientes.

Toledo el hombre

Una explicación que circula como moneda corriente pretende que la elección de Toledo puede ser considerada como un error de los votantes que lo eligieron por sus promesas, su participación en la lucha contra el fraude, su apelación al elemento étnico, su condición de economista con estudios en el extranjero o por simple miedo al regreso de Alan García al poder. Poco importa porqué lo hicieron, lo cierto es que la democracia consiste en corregir el error eligiendo a otro cinco años después.

Obviamente que este es un concepto triste de la democracia. Sobre todo si ve que era lo que había para escoger en el 2001, que era el mismo plato que Fujimori sirvió un año antes, con dos únicas variantes: ya no había re-reelección en juego y García estaba de nuevo en el país. ¿Qué opciones de no equivocarse podían existir en ese momento? Ciertamente casi ninguna. Y eso por supuesto tenía que ver con la crisis de la política de los 90, pero sobre ello, con la negativa del gobierno llamado de transición de impulsar la reforma institucional. Lo que sin embargo no se puede decir es que no se supiera quién era Toledo y si podía ser la persona capaz de resolver los problemas de un país aquejado de agudo descreimiento.

No hay que decir mucho del político Toledo. Para el caso tan vacío como Fujimori. Capaz de pasar de una posición a otra, simplemente por no tener ningún principio sobre el que sostenerse. El hombre que vendió la idea a sus paisanos, familiares y amigos, de que podía ganarse la elección y muchos puestos parlamentarios con la fórmula "a chino sigue cholo". El que dijo que construiría el segundo piso de la casa construida por Fujimori. Y el que luego denunció un fraude en su contra, un andamiaje autoritario y que llamó a los peruanos a volcarse sobre Lima y el Congreso para impedir la juramentación de tercer período fujimorista. El que se olvidó en la campaña del 2001 de su compromiso de reinstitucionalización democrática del año 2000. El que pervirtió el mecanismo de la promesa electoral ofreciendo todo lo que la población le pedía para robarle sus votos. Sobre ese no vamos a decir nada más.

Hablemos del Toledo moral. Del individuo que se propuso encarnar al país. Al país posible de forjar con un nuevo sueño colectivo de prosperidad y democracia. ¿Existió en algún momento, o fue un engaño traicionero? Más importante aún: ¿teníamos elementos para saber con quién estábamos tratando y no quisimos ver?, ¿si o no?

Todo eso tiene relación además con el presente, donde no faltan los que dan la impresión de estar prisioneros de su propio autoengaño previo y son los que arman sofismas para no mover la situación creada en la que se empoza una terrible frustración social.

En la primera vuelta de 2001 teníamos los siguientes datos sobre el hombre que estaba más cerca de llegar a la presidencia de la nación:

1. Era el padre de una niña a la que había negado durante 14 años, y para evadir su responsabilidad había manipulado jueces, comprado testigos, difamado a la madre, rechazado la prueba de ADN y rejurado ante el país que no había tenido relación con la señora denunciante;

2. Era una persona de conducta personal dudosa, lo que está registrado en denuncias de su esposa por mal trato respondidas por él acusando a la señora Karp de abandono del hogar y adulterio, y que en la segunda mitad de los 90 denunció un supuesto secuestro que según documentó la revista Caretas no había sido sino una escapada entre tragos y estupefacientes, con mujeres de paga por varios hoteles de la ciudad;

3. Fue el administrador de los fondos para el "salvataje de la democracia" al que aportó el multimillonario especulador George Soros y otros, después de la segunda vuelta electoral del año 2000 y la convocatoria a la marcha de los Cuatro Suyos. La mayor parte de este dinero fue a una cuenta personal de Alejandro y Koki Toledo en los Estados Unidos (700 mil dólares) para eventuales contingencias de represión. Después del 28 de julio de ese año, Toledo abandonó el país sin que explicara nunca el destino de esos recursos;

4. En el 2001, Alejando Toledo fue el candidato que disponía largamente de la mayor cantidad de dinero para su propaganda y movilización por el país, pero nunca se aclaró quién dio los fondos para ello. Circularon, eso sí, serios rumores que había dinero de los cubanos de Miami, de una empresa interesada en la privatización en la privatización del agua y las regionales de electricidad; de Delgado Parker y Romero que cambiaron a Vladimiro por Alejandro a toda velocidad;

Había, por lo menos, una pesada sombra sobre el anticorruptor y demócrata ejemplar que quería que votáramos por él. Muchos dirá que sin embargo estaban ante un malo conocido y alguien que no sabían si podría superar su propia historia personal. Lo que no puede seguramente excusarse es aquellos que pudieron saber por razón de cercanía de qué clase de apuesta se trataba. He hablado con personas que cuentan las juegas de Toledo, su descontrol escandaloso, sus excesos con las mujeres, que pensaron que esos eran defectos menores y que después no sabían como enfrentarse a ellos.

Alguna vez la cristianísima Gloria Helfer comentó a propósito del caso Zaraí, que quién debía hacerse el ADN era Lourdes Flores para saber si era hija ideológica de Fujimori. Ahora sabemos que el heredero era Alejandro Toledo que mantuvo todo el esquema y el personal fujimorista. Pero más importante era llegar a saber el grado de relatividad moral de cierta gente.

A dos semanas del cambio de mando, el vicepresidente electo, Raúl Diez Canseco intercedió, con esa investidura, que todavía no había sido formalizada, ante la SUNAT para que no se cobrara los adeudos tributarios de las empresas privadas de la electricidad. Esto fue denunciado por el superintendente de administración tributaria, y no pasó nada. Meses después, ya como ministro de Industrias, junto al de energía y al de economía, el mismo RDC, realizó una inédita marcha de ministros al Congreso para exigirle no pronunciarse por la obligación de pagar esa deuda. Lo consiguieron. Llevaron el caso ante un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio que dictaminó que no correspondía el pago. El gobierno sacó la cara por el contribuyente evasor y tramposo, y afectó su propia disponibilidad de recursos, que sería compensada con nuevos impuestos indirectos para el pueblo.

El Toledo inaugurado como presidente, definió que la primera prioridad era fijarse un sueldo de 18 mil dólares y 12 mil para sus ministros. Organizó una gran tour de sus allegados hacia China con todas las escalas necesarias para sacarse fotos y desvió la ruta de regreso para ir a España con su séquito para no perderse la firma de una contrato de cooperación por 2 mil millones de dólares, que nunca se desembolsaron. Remodeló Palacio de acuerdo a sus caprichos, usando fondos de Petroperú que no estaban autorizados. Nombró al sobrino favorito como jefe del sistema de cómputo de la casa de gobierno, tomando en cuenta su trayectoria de vendedor de frituras en carretilla en las calles de Nueva York. Nombró más sobrinos, cuñados y otros parientes en posiciones estatales, como recompensa a los méritos de su inmensa familia.

O faltaron por cierto los que anotaron que estos excesos eran producto del entusiasmo de la victoria. En fin, habían asuntos más importantes. Seguramente era la mafia la que armaba escándalos para tapar sus propias corruptelas. Y ahí empezó el país que hoy tenemos. Toledo y su entorno cogidos en uno y otro hecho corrupto, grande o chico, y un largo debate acerca de la importancia del caso, los intereses detrás de la denuncia, la gobernabilidad que se cae sin Toledo, el peligro de García y Fujimori, etc.

El toledismo de verdad

Algunas de las argumentaciones más sorprendentes sobre Toledo es la que señala que Fujimori robaba más. Otra alude a que allí había una organización y aquí son acciones desconectadas. Finalmente están los que opinan que nunca está suficientemente demostrado el delito, que no es posible basarse en indicios que aún no han sido acreditados como pruebas penales y que en última instancia la palabra es del juez. En enero del 2004, sin embargo, estalló la bomba. De pronto, nos enteramos que el hombre de confianza directa del presidente, el multipropósito de Toledo (Indecopi, Conasev, Central de Inteligencia y otros directorios y presidencias ejecutivas), había mantenido un vínculo clandestino con la cúpula de lo que oficialmente se definía como una mafia. Ni más ni menos que con el hombre del dinero de Montesinos, con el que aparecía conversando en un audio en relación a la posibilidad de interceder en sus asuntos penales, y que devolvía visiblemente el favor con información sobre sus contactos y formas de conseguir para el actual gobierno las mismas cosas oscuras que lograban para el anterior.

Imaginar que Toledo no sabía de Almeyda es sin duda alguna, exactamente igual que suponer a Fujimori ignorante de las andanzas de Montesinos, o a García ajeno a los juegos de Mantilla. Pero es claro que cuando no hay cómo responder a una acusación demoledora lo único que cabe es la cara dura. Así Toledo se declaró traicionado por su asesor principal. Y aunque ha hecho lo posible para que lo pase de la mejor manera en la cárcel, no ha querido asumir ninguna responsabilidad por sus actos. El abogado toledista ha aparecido luego involucrado en otras denuncias relacionadas con Alejandro Toledo y Eliane Karp. Al punto de haber sido el que cobraba, en una cuenta encubierta en el Caribe, la remuneración que el ex banco de la mafia (Banco Wiese) abonaba a nombre de la primera dama por una supuesta investigación sobre negocios rurales. Pero, claro, Toledo o estaba enterado.

Antes del audio Almeyda se sabía de los tratos que el presidente había establecido con los dueños de las principales cadenas de televisión que se vendieron al régimen fujimorista. La más obvia con Genaro Delgado Parker, que tiene la ostra de presentarse como luchador por la democracia y víctima de Montesinos, luego que fue a llorarle para que le arreglara el juicio con su familia y que finalmente se acogió a la condición de pobre viejo para no ser procesado. Pero también estuvo con los Crousillatt cuando todavía no se había armado el sistema para traspasar la propiedad de América televisión a los amigos del diario La República y El Comercio.

Lo que es lo más grotesco, se reunió en su casa con Schutz, propietario de la mayoría de acciones de Panamericana, cuando el gobierno ya tenía el casete de la cuantiosa coima que le entregaba Montesinos para comprar el apoyo de su "canalote" y en la víspera de la fuga del empresario del país. Nunca se ha aclarado estas insólitas reuniones, ni se ha despejado la sospecha de que el presidente estaba presionando a vender la participación de los acusados aprovechando su situación de debilidad.

Pero luego del audio Almeyda-Villanueva, quedaba al desnudo que la relación con la corrupción del pasado era más profunda de lo que podía suponerse.

No sólo había corrupción nueva, como la de los hermanos metidos en cuanto resquicio del Estado se mueven fondos públicos; como la del mismo Toledo involucrándose en la venta de acciones del monopolio cervecero a través de procedimientos irregulares, aprobados por Almeyda y otros funcionarios nombrados a último momento por el presidente y discutiendo directamente esta decisión con el dueño de la empresa compradora (Bavaria de Colombia); la primera dama malversando las donaciones para los pueblos indígenas; el vicepresidente gestionando una ley para beneficiar a su futuro suegro; etc.; sino que estábamos ante un puente con la gran corrupción previa, cuyo enjuiciamiento iba diluyéndose en el transcurso del tiempo.

Normalmente un acontecimiento como el audio Almeyda divide las aguas. El gobierno herido de muerte, tiende a decomponerse a suma velocidad: aumentan las denuncias porque se van desprendiendo los relacionado de menor rango, los resentidos y maltratados y porque una parte del cogollo empieza a pensar en salvarse por su cuenta lo que ya expresa en la pérdida de mayoría parlamentaria del oficialismo. La autoridad se diluye y la gente le pierde respeto. En ese punto, la crisis puede ser afrontada por la vía rápida, con los mecanismos institucionales y con las brechas que se le abrió al sistema durante los sucesos del 2000: recortar mandato, reemplazo del presidente, reforma política; o por la vía lenta, de dejar caer al gobierno, no tomar ninguna responsabilidad sobre la salida, asumir que los delitos no son tan graves o no han terminado de probarse, y desgastar a todo el establishment político al lado de Toledo.

Es clarito que tenemos una clase política impotente para las crisis serias. En eso, Toledo demostró ser superior a todo el resto. Nadie parece tener capacidad para devolverle el gesto de la primera vuelta del 2000 y los Cuatro Suyos. Ni siquiera cuando a los tres meses del audio, se pudo saber que las firmas con las que se inscribió Perú Posible en 1998 habían sido falsificadas en una proporción sorprendentes (90%), y validadas por un sistema que en otros casos no sólo era exigente sino capcioso y abiertamente selectivo. Sin duda alguna la inscripción de Toledo para competir con Fujimori que iba a la re-reelección ilegal, fue digitada por los órganos electorales del antiguo régimen y del propio dictador y su asesor. Así funcionaban entonces las cosas. Lo que indica que el toledismo era una oposición consentida.

Esto, que todos saben que es verdad, completa el cuadro de las relaciones con la mafia previa al más alto nivel y del fracaso de la anticorrupción que se va haciendo más rotundo cada día que pasa. ¿Y la oposición actual? Bien, gracias. Otra vez indignada, otra vez que hay que investigar y otra vez que Toledo debe durar hasta el 2006, porque peor sería quererlo cambiar. Miedo al vacío. Y la máxima audacia: que se remplacen ministros, que sean más independientes y que Toledo hable menos. Efectivamente el caso de las firmas es extremadamente grave. Pero hay que tomar nota de la respuesta del régimen que no ha sido negar el fraude, sino exigir que investiguen a otro, que quiere decir que ellos saben que no fueron los únicos que fabricaron adhesiones y fueron reconocidos por algún acuerdo con el gobierno al que decían estar combatiendo. Parte de la parálisis de la oposición de hoy es que ella tuvo demasiados lazos con el pasado como para caminar por decisiones radicales.

La mejor defensa de Toledo en su última crisis, resulta de esta manera amenazar con que se cae todo. Si ellos van presos, vamos todos. Lo demás son maniobras burdas para permitir que fiscales y jueces amigos hagan su trabajo de considerar insuficientes la pruebas. Una de ellas, especialmente escabrosa, la de la participante de las falsificaciones que describió ante la fiscalía el procedimiento que se usaba y que involucró al presidente y sus hermanos en la dirección de estas acciones, y que resultó saliendo clandestinamente del país con varios pasaportes en la mano y dejando una declaración filmada en la que se desmentía, en manos de dirigentes del partido de gobierno. Sin duda un test para idiotas, porque pretendería que los peruanos nos traguemos que aquí no hubo presión, chantaje o soborno, para sacar a esta mujer de en medio, no para que se desmienta la falsificación, lo que no puede hacerse, sino para que no quede que Toledo asistía a la casa donde se copiaban los planillones.

¡Cómo si el jefe del partido y candidato pudiera ser ignorante del origen del respaldo a su inscripción!

De submafia a mafia acabada

Tal como van los acontecimientos y se van conociendo más cosas, se insinúa ya una hipótesis inquietante: el toledismo fue una pequeña mafia política formada en el contexto de la dictadura de Fujimori para lograr colocar gente en puestos públicos, y se convirtió en parte de la constelación de relaciones armadas por Montesinos para cubrir la mayor cantidad de espacios de la vida nacional.

No fue, por supuesto, la primera vez que una dictadura creaba la oposición que le era más conveniente, dentro de un esquema que pretendía ser competitivo, aunque fuese realmente monolítico. Pero el caso del Perú de los 90, era el de una dictadura mafiosa y los que se asociaban con ella a cierta profundidad tenían que asimilarse a esta característica. De hecho pueden verse los rasgos de inicio del movimiento de Toledo: (a) asociación carente de base ideológica (principios, idea de país) y aún de objetivos políticos definidos, en la que los ejes se reducen a candidato, inscripción legal, dinero; (b) invasión temprana de espacios de ilegalidad (falsificación de firmas, tráfico de terrenos del hermano, manejo de influencias, etc.); (c) utilización de la política como formalidad legal para obtener ventajas particulares; (d) silencio y complicidad entre los integrantes; (e) jerarquización casi automática de las relaciones, con el liderazgo de Toledo-Karp; y bajo ellos los hermanos; Almeyda, Pollack y otros amigotes; los paisanos de Cabana; los líderes históricos del partido; los aportantes a la campaña; etc.

Montesinos debe haber visto a Perú Posible como una posibilidad de entenderse. Que como toda asociación de conveniencia tuvo su tiempo y se rompió de acuerdo a circunstancias inesperadas. La reorientación del voto antifujimorista hacia Toledo, después de haber demolido las candidaturas de Andrade y Castañeda, fue una oportunidad no prevista. Y la rebelión contra el resultado de la primera vuelta, un acto de audacia que separaba los campos. Al fin y al cabo, ni a uno ni a otro convenía revelar las vinculaciones de la etapa anterior. Y si el fujimorismo y montesinismo han soltado el dato de que hubo acuerdos, dinero, videos de por medio, no han podido a su vez hablar claro por todo lo que también los compromete.

La corrupción toledista tiene aún una serie de zonas no aclaradas, que tal vez sea peores a lo que nos imaginamos. Pero en lo que ya no podemos tener vacilación es en asumir que el toledismo fue una falsa puerta de salida del fujimorismo. No sólo en política económica, lo que es obvio. No sólo en haber mantenido con subterfugios y equívocos rodeos, la constitución e instituciones del viejo régimen. No sólo por haber castrado la anticorrupción y otros procesos de cierre del esquema dictatorial: descentralización, verdad y pacificación, participación democrática y fiscalización del poder, etc. No sólo por haber reclutado gran parte del personal del viejo régimen ratificando que en este país se premia el colaborar con los usurpadores. No sólo por no haber revisado las privatizaciones y contratos corruptos del régimen anterior. Todo esto es fundamental. Pero lo es mucho más llegar a saber que el sistema que tenemos permite recrear una mafia después de otra. Institucionaliza el engaño, el robo de votos y termina por conformar una legalidad vaciada de contenido porque sólo sirve a fines deshonestos. Y que Toledo pudo jugar con as esperanzas del pueblo alzándose contra un fraude, del que él era parte.

¿Cómo evitar que después de Toledo, en los siguientes meses, o en todo caso en el 2006, el Estado pase otra vez a manos de una organización de predadores igual o peores que los anteriores?

Para mí se requiere, ante todo, hablar fuerte y claro sobre los riesgos ante los que estamos. No ablandarse, no esconder la cabeza en el piso, no contar el cuento de que no hay suficientes pruebas y me quedo tranquilo, no confundir a los jueces con la justicia, ni al país con los intereses de los inversionistas, principalmente extranjeros. Para romper el círculo destructivo del escepticismo y el cinismo, se requiere una coalición de los peruanos por la reforma del Estado y el cambio de rumbo.

Si en el 2000 era necesario un nuevo punto de partida, en el 2004 es muchísimo más urgente. Las grandes revoluciones democráticas aportaron una consigna para este propósito, que fue la de la Asamblea Constituyente, que no se resume en el dictado del mejor documento de nueva legalidad, sino en la apertura de una etapa de debate y decisión nacional en que todo puede discutirse o cambiarse de acuerdo a la voluntad democrática. A esto por supuesto le temen los falsos demócratas, para los que cuenta el orden económico y los privilegios que están bajo la institucionalidad, y de ningún modo el gobierno efectivo del pueblo.

Si bajo Paniagua, la Asamblea Constituyente hubiera significado la construcción de un consenso general para la transición, que nunca hubo. Si en el primer momento de Toledo, pudo servir para reconstruir el Estado y limitar la presidencia para que el país recuperara la confianza. Hoy la Constituyente adquiere de hecho una perspectiva mucho más radical, y en torno a ella se ordenan diversas necesidades y tareas:

1. definir lo que se deba hacer con las instituciones actuales, presidencia, Congreso, Poder Judicial, dando solución al problema político e institucional en una mismo proceso;

2. dar opción para definir el tipo de cambio y su profundidad, en el sistema político, que podría permitirnos limitar la presidencia, forjar un nuevo sistema parlamentario controlado por los electores, descentralizar el Estado, reformar el presupuesto y el sistema tributario, etc.

3. abrir la discusión sobre el modelo económico, el rol del Estado, la planificación, el sistema de contratos, los tratados comerciales, la inversión extranjera y nacional, los órganos de regulación, los derechos del trabajo, etc.

4. establecer los sistemas de participación democrática de la población y los mecanismos para ejercer su derecho a fiscalizar a las autoridades públicas a todo nivel;

5. promover la aparición de nuevos líderes y organizaciones políticas, especialmente la de mujeres y jóvenes, contribuyendo a la renovación política y moral de la nación.

Toledo ha querido, como en otras cosas, enredar este planteamiento. Por supuesto que no hay comparación entre la lamentable reforma de la constitución de 1993 impulsada por Pease desde el Congreso sin tener mandato para ello y sin saber qué estaba buscando, salvo un nuevo documento que llevara su nombre; o para especular sobre el poder constitucional del Congreso del 2006 que sería también elegido en el marco de las viejas normas; con la convocatoria al país a ejercer el poder constituyente.

Pero es lo mismo que anunciar la apertura de sus cuentas personales en el mundo, sin indicar en donde están y sin responder una por una las acusaciones que pesan sobre su persona. Para confundirlo todo el presidente ha dicho que espera que todos los políticos del Perú sigan su ejemplo y abran sus cuentas. Para que todos los fiscales y jueces se dediquen los próximos años a ver si alguien tiene más dinero que el que debiera. Algunos dicen que esta es la prueba de la honestidad de Toledo, que permite que lo investiguen, mientras García y Fujimori escaparon a sus acusadores. Qué chiste.

Cuando García y Fujimori tuvieron el poder, manejaron las acusaciones con la capacidad de manipulación e impunidad que permite el Estado. Lo que habría que ver es un Toledo sin poder para ver si responde a la telaraña de escándalos que apunta sobre su conducta ética y la de su entorno más inmediato: esposa, hermanos, amigos, que no podían hacer lo que hacen si no tuvieran el soporte del hombre con el cargo más poderoso del país.

El problema de la corrupción en el Perú es mucho más que el de las cuentas personales de Toledo y de otros políticos que se la saben todas. Como el problema de la democracia es mucho más que elegir a un presidente cada cinco años. O que la economía es también mucho más que hacer todo tipo de concesión para ver si viene el capital extranjero.

El problema del Perú es ante todo de actitud. De romper la inercia de las frustraciones, derrotas, engaños y miedos que nos impusieron en los últimos 30 años.

Es fácil decirlo. El reto es empezar el cambio.