Paraguay

Represión como única respuesta del Estado a
la crisis del campo

Por Ignacio González (*)
Pueblos, 01/02/05

Los últimos meses del año 2004 fueron de profundización de la protesta campesina en Paraguay. Los históricos reclamos de reforma agraria (tierra para los pequeños productores y eliminación del latifundio), créditos y apoyo técnico se levantaron una vez más por medio de acciones de movilización, cortes de ruta y ocupaciones de latifundios improductivos. Esta situación obligó al actual presidente paraguayo, Nicanor Duarte Frutos (que asumió la presidencia en agosto del 2003), a sacarse la careta popular que todavía intentaba sostener mediante discursos populistas y alguna que otra medida asistencial sin atacar las bases reales del problema rural en el país.

Podríamos afirmar que el actual período de lucha campesina en el Paraguay se inicia con la caída de la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989). Con el inicio del nuevo período, conocido como de “transición democrática”, el movimiento campesino (al igual que otros movimiento sociales como el obrero y el estudiantil) comenzaron a ganar fuerza y mayor libertad de acción. Fueron formadas así dos organizaciones campesinas a nivel nacional, las cuales siguen siendo hasta la actualidad las más representativas: La Federación Nacional Campesina(F.N.C.) y la Mesa Nacional de Organizaciones Campesinas (M.C.N.O.C).

Un nuevo gobierno con viejos métodos

El presidente Nicanor Duarte Frutos en su asunción al mando dio inicio a su gobierno con un discurso de rotunda condena al neoliberalismo, culpable del hambre y la miseria en América Latina. El mismo fue aplaudido por Fidel Castro y Hugo Chávez, ambos invitados al acto de asunción. Candidato por el Partido Colorado, en el poder de forma ininterrumpida desde 1947, Nicanor Duarte Frutos parecía olvidar pertenecer al mismo partido que sostuvo y avaló la dictadura militar en el Paraguay, diezmando a por lo menos tres generaciones de militantes y dirigentes del campo popular. Demostraba de esta manera que él también podía sumarse, por lo menos de forma estética, a los nuevos vientos progresistas que recorren la región.

Si bien las acciones emprendidas por el nuevo gobierno no fueron dirigidas hacia la solución de los problemas más acuciantes para la gran mayoría de la población, sino que se centraron en satisfacer las demandas del FMI y desarrollar políticas macroeconómicas para salvar a la economía de la inflación (como la reforma impositiva que redujo los impuestos sobre las ganancias de los empresarios trasladándolos a los consumidores), el presidente continuó manteniendo un discurso de corte populista a la hora de dirigirse al movimiento popular en general. Esto incluso le valió, en repetidas ocasiones, la crítica de empresarios y latifundistas.

Agudización de los conflictos en el campo

Aunque las dos grandes organizaciones campesinas desarrollaron acciones y defendieron reivindicaciones de forma separada en lo que va del actual período gubernamental (debido a diferencias políticas y reivindicativas particulares), ambas mantuvieron una postura crítica con relación al gobierno. Las ocupaciones se iniciaron con más fuerza en el primer trimestre del 2004, luego de más de seis meses de gobierno sin respuestas claras para el campesinado. Estas ocupaciones, emprendidas por las dos grandes organizaciones de manera separada y en alianza con otras organizaciones más pequeñas, desataron las primeras acciones represivas, como los arrestos masivos (más de un centenar de campesinos) y la instauración de campamentos militares en las cercanías de las ocupaciones.

Tras meses de conflicto y con la promesa de concesión de tierras, realización de expropiaciones y la condición de parar los desalojos durante las tratativas, el gobierno consiguió sentar a ambas organizaciones en una mesa de diálogo que se extendió de mayo a agosto, pero sin respuestas contundentes y con soluciones insuficientes para los problemas del campesinado. En el mes de julio, con el objetivo de desarrollar nuevas acciones, fueron iniciados trabajos de organización, contactos y alianzas con otros sectores populares organizados (como el obrero, el estudiantil y pobladores urbanos sin techo). Como fruto de estas acciones, el 4 de julio del 2004, fue conformado el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida (F.N.L.S.V.), del cual forma parte la MCNOC; y reactivado, en el mismo mes, el Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, del cual forma parte la FNC. Ambos Frentes desarrollaron planes de lucha con movilizaciones y ocupaciones que aunque planteaban reivindicaciones para varios sectores, debido al peso y capacidad de movilización jugado por las organizaciones campesinas, contemplaron las luchas rurales con más fuerza.

Con el levantamiento de las negociaciones, y partiendo de los nuevos planes de lucha, fue desarrollada una nueva serie de movilizaciones entre los meses de septiembre y noviembre, acompañada por ocupaciones simultáneas en diversos departamentos del país. La represión durante esta nueva serie de acciones se acentuó, las fuerzas militares que hasta entonces sólo cumplían un papel de intimidación visual comenzaron a intervenir de forma activa en los desalojos junto con los agentes de la policía, aumentando así la violencia, el número de muertos y heridos.

Para citar algunos de los casos de represión podemos destacar el de los tres desalojos masivos efectuados el día 21 de septiembre en el departamento de San Pedro. Estos desalojos, desarrollados en tres distritos diferentes del departamento, dejaron como saldo unos 118 campesinos detenidos. Uno de los ocupantes detenidos declaró a la prensa, haciendo referencia al predio de 400 hectáreas ocupado por su comunidad: “Lo necesitamos para ampliar nuestra colonia. Esto es un latifundio, su propietario no cultiva nada, tampoco tiene animales (...) somos gente sin tierra y vamos a insistir para conseguirla” [1].

Pero la represión no sólo estuvo presente en los desalojos, entre los días 16 y 23 de noviembre el FNLSV desarrolló una serie de movilizaciones en demanda de varías reivindicaciones, entre las que se destacaron la libertad de los campesinos presos, el retorno de los militares a los cuarteles y tierra para los campesinos. Con más de siete cierres de rutas en seis departamentos del país la jornada de movilizaciones trajo más de 30 detenidos sin mayores conquistas obtenidas del Estado.

El punto de inflexión

El domingo 28 de noviembre, tras la toma por la fuerza de una comisaría del interior del país (de la ciudad de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá) por parte de unos 200 campesinos pertenecientes a la FNC con el objetivo de rescatar a un dirigente que el día anterior había sido detenido por orden fiscal, las medidas represivas alcanzaron un nivel extremo hasta entonces no dado en el actual período de gobierno. Mientras las fuerzas policiales sitiaron de forma inmediata el asentamiento 11 de Mayo, al cual pertenecen la totalidad de los campesinos involucrados, y apresaron a 48 de los 120 relacionados con el hecho, los dirigentes campesinos salieron al paso en defensa de la medida adoptada. Al respecto Odilón Espínola, secretario general de la FNC, manifestó lo siguiente: “No hay otra salida, entonces donde hay organización y fuerza no vamos a dejar tranquilamente a nuestros compañeros (...) No podemos permitir que alguien vaya preso por reclamar semillas e insecticidas para producir”, alegando que el dirigente apresado y posteriormente liberado por sus compañeros fue detenido debido a su participación en una de las movilizaciones de septiembre en la que los campesinos sitiaron en el interior del país una oficina del estado en reclamos de semillas e insecticidas. “En esa ocasión, hubo 1.200 personas y por qué van a detenerlo a él”, finalizó [2].

El 30 de noviembre fue ordenada la captura del secretario general de la FNC (Odilón Espínola) por orden fiscal, acusándolo de coacción, perturbación de la paz pública, incitación a cometer hechos punibles e invasión de inmuebles ajenos. Este hecho marcó una nueva radicalización de la represión en el campo, que no sólo se centró en los responsables de la toma de la comisaría sino que se expandió a los demás asentamientos en conflicto. El mismo día que fue ordenada la captura de Espínola, un desalojo efectuado en el departamento de San Pedro tuvo como saldo 312 detenidos y más de una veintena de heridos. La represión se extendió también a los actos de solidaridad y protesta, como el caso de una marcha de campesinos en le departamento de Caaguazú, en la cual fueron brutalmente reprimidos por agentes de la policía antimotines, dejando como saldo 46 detenidos y doce heridos por balas de goma. Con esta nueva ola represiva del Estado los apresamientos masivos de campesinos en diversas ciudades del interior del país llegaron al número de 715 detenidos [3]. La respuesta de las organizaciones campesinas fue insistir en las movilizaciones y ocupaciones, aunque para entonces ya muy frenadas por la nueva ola represiva.

Pero esta nueva radicalización de la represión ya no permitió discursos y poses populistas al presidente y sus allegados, estos no ahorraron palabras en defensa de la propiedad y el orden público. En una reunión de grandes propietarios de tierra en el interior del país el presidente manifestó, haciendo referencia a los invasores de propiedades privadas: “les vamos a traer de las orejas y a los que tienen orejas pequeñas, los traeremos del cabello” [4]. Esta posición nos muestra una suerte de punto de inflexión en la acción y el discurso del gobierno que evidencia hasta dónde es capaz de llegar el mismo para proteger los intereses de las clases dominantes en Paraguay.

Una tregua más

Las movilizaciones, ocupaciones y represiones siguieron durante gran parte del mes de diciembre, a la par que las negociaciones impulsadas por el presidente del congreso entre las organizaciones campesinas y el ejecutivo. El 23 de diciembre, tras el levantamiento de la orden de captura del secretario general de la FNC y la liberación de casi la mayoría de los campesinos presos, se abrió una nueva mesa de diálogo con el gobierno en la cual éste, una vez más, prometió poner todos los recursos y esfuerzos para dar solución al problema de la tierra en el país. Mientras tanto las organizaciones campesinas ya dieron un nuevo plazo al gobierno, marzo del 2005, mes en el que serán desarrolladas nuevas acciones si no se ven cambios significativos. A esto el presidente respondió: “El Estado va a seguir actuando”, “No hay represión con cariño” [5].

Notas:

(*) Ignacio González es miembro del Centro de Estudios y Educación Popular Germina de Asunción, Paraguay.

[1] Diario Última Hora (22/09/2004)

[2] Diario La Nación (29/11/2004)

[3] Diario La Nación (05/12/2004)

[4] Diario La Nación (04/12/2004)

[5] Diario La Nación (31/12/2004)