Ecuador en crisis

Disuelven la Corte y decretan el estado de emergencia

IAR-Noticias, 16/04/05

Miles de opositores y líderes políticos demandaron el sábado la dimisión del presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, tras declarar el estado de emergencia y resolver la disolución del Tribunal Supremo en un intento por poner fin a la crisis política y declaró el estado de emergencia en la capital, Quito.

Gutiérrez, un militar populista retirado con 27 meses de gestión, emitió a última hora del viernes un decreto con el que cesó en su cargo a los 31 miembros del Supremo, amparándose en una oscura norma constitucional que obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la "seguridad jurídica".

A través de esta polémica resolución, Gutiérrez intenta revisar la decisión de una mayoría legislativa oficialista que cesó en diciembre a los miembros del tribunal por tener supuestamente nexos con la oposición, y los reemplazó con jueces afines, pese a que la legislatura no tenía facultad constitucional para intervenir el tribunal.

"Pongámonos todos en las manos de Dios", dijo Gutiérrez, justificando su decisión y clamando por apoyo a su gestión.

La disposición presidencial incrementó las tensiones  y avivó las protestas callejeras y los cacerolazos que sacuden Quito hace varios días, mientras que la oposición cuestionó su legalidad debido a que Gutiérrez no puede anular las resoluciones de otras funciones del Estado, por lo que lo acusaron de "dictador".

"No tiene ninguna valor jurídico", dijo el alcalde de la ciudad portuaria de Guayaquil, Jaime Nebot, influyente líder del partido Social Cristiano (PSC), el más grande del país, atizando las protestas populares contra el mandatario y ahondando el caos político desatado por el control del Supremo.

En un mensaje difundido por TV, Gutiérrez dijo que la medida fue tomada debido al "estado de conmoción interna" por las protestas y movilizaciones populares contra el Gobierno y la Corte Suprema. Explicó que el decreto implica "limitar los derechos civiles" y establecer como zona de seguridad a la ciudad de Quito y el distrito metropolitano.

La decisión de Gutiérrez debe ser ratificada por el Congreso, que tiene la facultad de levantar el estado de excepción. El jurista, Enrique Echeverría, expresó que Gutiérrez. "No tiene facultad para disolver la Corte Suprema, pues esa Corte solo podría ser cesada por el Congreso, porque esa Corte fue nombrada por el Congreso", señaló.

La crisis política en Ecuador había comenzado el 8 de diciembre pasado, cuando una mayoría parlamentaria oficialista reorganizó la Corte Suprema de Justicia, destituyendo a los antiguos jueces y reemplazándolos por magistrados afines al Gobierno.

En su mensaje de anoche al país, el presidente Gutiérrez admitió que la tensión política comenzó cuando se destituyó a los antiguos jueces de la Corte, en diciembre pasado. Y se lamentó de que los grupos políticos en el Congreso no hayan encontrado una salida a la crisis en la Corte.

Según la Constitución ecuatoriana, el presidente tiene la facultad para decretar el estado de emergencia en caso de grave conmoción interna. Puede suspender los derechos civiles, disponer censura en los medios de comunicación y emplear la fuerza pública.

Tras conocerse la emergencia, miles de ciudadanos se volcaron a las calles y otros miles protestaban a pie y en vehículos portando banderas nacionales y reclamando a gritos la renuncia de los representantes de los tres  poderes del estado.

El anuncio del estado de sitio se produjo en medio de la tercera protesta consecutiva, en la que cerca de quince mil manifestantes efectuaron un cacerolazo contra el Gobierno ecuatoriano.

Luego del anuncio presidencial, miles de personas se concentraron en el centro de Quito en desafío al estado de emergencia. La gente cantó la consigna "que se vayan" en referencia al Gobierno y a la clase política.

"El presidente ha tomado una decisión equivocada", aseveró el ex presidente Abdalá Bucaram (1996-1997). Conocido como "El Loco", Bucaram regresó al país hace dos semanas tras ocho años de asilo en Panamá, una vez que el Supremo anuló sorprendentemente por fallos procesales los juicios instaurados en su contra por presuntos actos de corrupción registrados en su período.

La anulación de los cargos contra Bucaram enardeció las protestas que se han registrado desde diciembre.

Gutiérrez se quedó materialmente sólo en la defensa del decreto, ya que sus aliados le dieron la espalda.

Desacuerdo del ejército y de la embajada de EEUU

Según el diario El Comercio,  de Quito, el Ejército se resistió al decreto de emergencia, y  cuando el presidente Lucio Gutiérrez dio ayer su mensaje a la nación hubo un gran ausente en su entorno: el general Luis Aguas, comandante general del Ejército.

En cambio sí estuvo el almirante Víctor Hugo Rosero, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. La ausencia del general Aguas tuvo una razón: al parecer, él se opuso al decreto de emergencia, el cual se venía forjando dos días antes del Viernes Santo.

Sin embargo, se conoció que tres hombres recomendaron la vigencia que rige solo en el Distrito Metropolitano: el propio Abdalá Bucaram, Óscar Ayerve, ministro de Gobierno, y el coronel (r) Fausto Cobo, secretario de la Administración, compañero de promoción de Luis Aguas e identificado con la línea dura del Régimen, en la cual también se identifica a Gilmar Gutiérrez.

Una fuente del Ejército -según El Comercio- confirmó  que el general Aguas tomó distancias porque apoya una tendencia democrática que cobija a la mayoría de los mandos medios del Ejército y a muchos altos oficiales.

En los últimos días en las unidades militares hubo desazón y desconcierto por la presencia del ex presidente Abdalá Bucaram, acusado de peculado, dijo un oficial que prefirió mantener su nombre en reserva.

“Muchos oficiales hicieron conocer a los superiores, mediante el órgano regular, su descontento por la presencia de Bucaram y cómo su amigo, el doctor Castro, dejó sin efecto los juicios”.

“El Presidente ofreció traer a los corruptos para meterlos presos, pero no para que vengan como si nada hubiesen cometido, todo el país vio cómo robaron la plata en costales, esto es indigno”.

Según El Comercio,  la embajada de EEUU en Ecuador tampoco respalda la declaratoria y, sobre todo, la disolución de la Corte Suprema de Justicia.

La necesidad de expedir el decreto se hizo evidente luego del miércoles en la noche, cuando miles de ecuatorianos salieron a las calles de Quito para protestar contra el Gobierno.

Otra fuente militar -citada por el diario de Quito- confirmó que ni siquiera la Ley de Seguridad Nacional le concede facultades al Presidente para que disuelva el Congreso.