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El Pentágono busca
hacer negocios con radares y scanners para la lucha contra la droga.
El Comando Sur y el fantasma del “terrorismo”. ¿Alvaro Uribe
narcotraficante?
Los
“narcointereses” que persigue Washington
APM (Agencia Periodística
del Mercosur), 23/06/05
Durante el primer
semestre del corriente año la cuestión del narcotráfico en
Argentina fue un tema de gran seguimiento. Los grandes medios de
comunicación, organismos internacionales, y Estados Unidos pusieron
en alerta al país austral no solo como una posible ruta de transito
de la droga, sino también como productor.
Desde hace años se señala
que Argentina es una ruta cada vez más utilizada para transportar
droga desde las zonas productoras hacia Europa y los Estados Unidos y
que los países que comienzan siendo de tránsito terminan como
asientos de la producción y del consumo.
Según el informe anual
sobre drogas, presentado en el mes de marzo por del Departamento de
Estado de Estados Unidos, el Cono Sur es una región 'puente' para el
transporte de droga a Europa y Estados Unidos.
El informe afirma que
Brasil ejerció un papel de líder en la lucha contra los narcóticos
a nivel regional. Entre sus logros cita la mayor cooperación de su
gobierno con los países vecinos para controlar las zonas fronterizas
por donde entra y sale la droga.
El escrito destacó que
la cuenca amazónica sigue siendo difícil de controlar, indicando que
la cocaína colombiana que entra en Brasil escondida en contenedores
se destina a Europa, mientras que la que lo hace por los ríos amazónicos
se dirige al mercado doméstico.
También se dijo que el
suelo paraguayo es usado por la guerrilla colombiana de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para intercambiar cocaína
por armas.
Más precisamente, en
Argentina, días antes de la visita del secretario de Defensa de
Estados Unidos, Donald Rumsfeld, las presiones ejercidas por el
gobierno de Estados Unidos a partir del escándalo de las 'narcovalijas'
no sólo se limitaron a las insistentes declaraciones del embajador
estadounidense, Lino Gutiérrez. El Departamento de Estado dio a
conocer un informe que resalta el crecimiento del contrabando de
drogas en el país.
Lejos de disimular sus
intenciones, Rumsfeld aprovechó ese documento para arremeter una vez
más en la necesidad de reafirmar la presencia de las fuerzas de
seguridad.
El informe, en este
sentido, no hizo alusión directa al caso de las 'narcovalijas', pero
incluyó a las aerolíneas y cruceros comerciales entre las formas de
transporte de sustancias ilegales.
A este documento se
suma una reunión que mantuvieron en marzo, Lino Gutiérrez junto a un
hombre de la DEA (Agencia antidrogas de Estados Unidos) y el ministro
del interior argentino, Aníbal Fernández. Desde el ministerio del
Interior informaron que en la charla se había analizado la coordinación
de las fuerzas antidrogas de ambos países. Después admitieron,
contrariamente con lo que dijeron antes, que Washington estaba
preocupado por el caso Southern Winds ('narcovalijas' llegadas a
Madrid, desde Buenos Aires).
Pero los intereses del
gobierno de George W. Bush incluyeron también algunas demandas
puntuales. Uno de los reclamos fue la permanencia en la Aduana local
de dos hombres con excelentes vínculos con la DEA: el ex jefe de
Drogas Peligrosas Juan José Isola y su segundo, Daniel Paso, ambos
muy defendidos por la administración Bush.
Cuando Rumsfeld piso
suelo argentino en el mes de marzo la cuestión del narcotráfico tomó
otro sentido: más que preocuparse por el narcotráfico, el
funcionario estadounidense aprovecho la oportunidad para hacer buenos
negocios que favorezcan los intereses estratégicos y económicos de
su país.
Con el fantasma de que
Argentina es un foco potencial para grandes rutas de la droga, el
enviado de Washington sacó a relucir el tema de la radarización a su
par argentino, José Pampuro.
El rico y largo negocio
de poner radares en tierra y en el aire es un objetivo vital para el
país del Norte. Por su parte la empresa argentina INVAP está
trabajando en los radares secundarios, pero la parte del león son los
modelos 3D, mucho más caros. Las firmas estadounidenses Raytheon y
Northrop presionan a través de su gobierno para lograr que la operación
quede en sus manos.
Hasta ahora, las
empresas estadounidenses quedaron fuera del negocio porque el gobierno
argentino contrató a INVAP para el desarrollo, en una primera etapa,
de once radares secundarios. Estados Unidos pretende reabrir el juego
para los radares primarios 3D, cuyos costos son diez veces superiores.
Para ejercer una presión
más sutil en pos de sus negocios, la delegación del hombre del Pentágono
se encargó de abrir un poco más el terreno. 'Un fenómeno que hemos
visto en la región es que a medida que Colombia y Brasil son más
exitosos en interceptar aviones, los narcotraficantes están tratando
de enviar sus aviones a otros lugares. Por lo tanto creo que a
Argentina le preocupa eso', afirmo un funcionario que acompañó a
Rumsfeld.
Es más, en reiteradas
oportunidades el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos, el general, Bantz Craddock, manifestó que el
terrorismo y narcotráfico están en la mira militar de su país,
respecto de Latinoamérica.
Durante una audiencia
en el Comité de los Servicios Armados del Senado de Estados Unidos,
meses atrás, Craddock elogió el éxito obtenido por las fuerzas
armadas colombianas en su lucha contra el 'narcoterrorismo'.
De ese modo, Washington
se encargó de presionar a Argentina tanto como le fue necesario.
El 31 de marzo pasado,
el Congreso argentino ratifico dos convenios internacionales para 'la
represión del terrorismo', pedidos expresamente por Estados Unidos.
En un caso, convirtió en ley el Convenio Internacional para la
Represión del Financiamiento al Terrorismo, adoptado por la Asamblea
de Naciones Unidas (ONU), en diciembre de 1999. La segunda ley adoptó
la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, signada por la
Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), en
Bridgetown, Barbados, en junio de 2002.
Influyeron la reciente
visita a Buenos Aires del secretario de Defensa estadounidense, Donald
Rumsfeld, y una llamada telefónica del presidente George Bush a su
homólogo local Néstor Kirchner. Todo ello sucedió antes del viaje
del canciller argentino, Rafael Bielsa, a Washington, para reunirse
con su par estadounidense, Condoleezza Rice.
El 9 mayo, Argentina y
Estados Unidos firmaron un convenio para la aplicación de un sistema
estadounidense de control aduanero de los contenedores en el puerto de
Buenos Aires.
Agentes estadounidenses
trabajarán en el puerto de Buenos Aires para controlar la mercancía
con destino a su país, mientras que los argentinos harán lo mismo en
los puntos de Estados Unidos, desde donde se despachan mercancías
hacia Argentina.
El administrador de
Ingresos Públicos de Argentina, Alberto Abad, dijo que en una primera
etapa este país licitará la compra de nueve escáners móviles y
ambos países 'trabajarán en un análisis de riesgo compartido' sobre
el control aduanero.
Esta medida fue
adoptada luego de que la DEA expresara su preocupación por el aumento
del tráfico de drogas por vía marítima con destino a ese país.
Como consecuencia de este convenio, personal de la DEA actuará junto
al personal de Aduanas y la Prefectura argentinas, para incrementar
los controles en el puerto de Buenos Aires.
El 9 de junio el Senado
argentino sancionó una ley pedida por Estados Unidos. La norma
establece la obligación de registrarse ante el Estado a aquellas
empresas que desarrollen cualquier tipo de tareas con elementos químicos
que sirvan para la elaboración de estupefacientes, conocidos como
precursores químicos.
A esto se suma que una
evaluación internacional exige al país una ley más dura contra el
lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
podría aplicar sanciones. La instrumentación de multas podría
implicar un eventual recorte de la línea de créditos.
En febrero pasado, el
GAFI advirtió que el país debía ratificar la convención
internacional para la represión del financiamiento al terrorismo de
Naciones Unidas y el convenio contra el terrorismo de la OEA.
El 9 de junio concluyó
en la capital argentina una denominada Primera Conferencia de Defensa
del Cono Sur, con participación de altos jerarcas militares de la
región y de Estados Unidos.
En esa oportunidad se
destacó la presencia del general Ben Craddock, quien levantó
justificadas suspicacias.
Ello se debió a que la
agenda de la Conferencia estuvo centrada en el incremento del trabajo
de los estados mayores conjuntos en ejercicios militares combinados de
los países miembros (Argentina, Brasil, Chile y Paraguay) y en la
situación de Haití, asuntos de interés del Pentágono. Por supuesto
también se tocó el asunto radares.
Por otra lado, algunos
medios de comunicación argentinos acompañan a Estados Unidos en las
amenazas desatadas. Desde el diario de derecha Infobae afirman en que
en Argentina creció la producción de cocaína y se desbarataron 20
laboratorios en 2004. Son más del doble de los nueve que se habían
descubierto en 2003.
También el diario
ultraconservador La Nación, publicó que fuentes oficiales argentinas
aseguran que narcotraficantes colombianos ya tienen redes armadas en
nuestro país y también siguen con preocupación la acción del
narcotráfico brasileño, que 'ya tomó fuertes posiciones en
Paraguay'.
Sin embargo, la lucha
contra el narcotráfico que encabeza Washington, principalmente en
Colombia, y que se jacta de hacerlo con éxito tiene otros matices que
demuestran todo lo contrario.
El periodista y
escritor argentino, Víctor Ego Ductrot señala en un artículo periodístico
que Estados Unidos financia sus aventuras militares con el dinero de
la droga, mediante el lavado de dinero.
'Hay serias pistas,
conocidas en ámbitos políticos y diplomáticos latinoamericanos
aunque muy bien mantenidas en reserva o en el anonimato, de que la
articulación del entramado financiero ilegal del Plan Colombia tiene
epicentro en la DEA, como controladora de la parte del león del tráfico
de drogas en ese país, y en una red de bancos tanto colombianos y
ecuatorianos vinculados a Alvaro Uribe, a los 'paramilitares'
colombianos, a la Mossad israelí y a la ultraderecha de la Iglesia
Católica nucleada en el Opus Dei', señaló Ducrot en el artículo
'Los banqueros del Plan Colombia'.
El verdadero objetivo
de la secretaría del Tesoro no es impedir el lavado de dinero
proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilegales sino
asegurarse de que el mismo se realice dentro de las estructuras
financieras controladas por ese organismo, preferentemente a través
de instituciones de crédito de matriz estadounidense, afirma la misma
nota.
En este mismo sentido,
existen investigaciones que comprueban cómo militares y diplomáticos
estadounidenses junto a presidentes colombianos llegarían a integrar
carteles de la droga.
En abril del presente año,
el periodista español Pascual Serrano manifestó que el diario
progubernamental colombiano El Tiempo ha reconocido que en el mes de
marzo, fueron requisados 16 kilos de cocaína por valor de medio millón
de dólares a unos soldados estadounidenses que llegaban a Texas
procedentes de Colombia.
Esos soldados pertenecían
al cuerpo de instructores que supuestamente entrenan al ejército
colombiano para combatir la guerrilla y el narcotráfico.
El diario reconoció
que 'la experiencia nacional con funcionarios estadounidenses que
sucumbieron a la tentación del narcotráfico es poco alentadora'. En
1999, la esposa del coronel James Hiett, miembro de la embajada de
Estados Unidos en Bogotá, fue acusada de enviar droga por valija
diplomática con conocimiento de su marido y con ayuda del conductor
colombiano adscrito al cargo.
Pascual Serrano también
menciona a candidatos presidenciales colombianos, que posteriormente
fueron elegidos presidentes. 'Estos recibían el dinero caliente del
narcotráfico, como Ernesto Samper, o pertenecientes a los carteles,
como el caso de presidente Uribe Vélez, miembro del Cartel de Medellín,
según consta en un informe del Pentágono de 1991, develado por la
revista Newsweek. Todo ello consta en el libro 'Biografía No
Autorizada de Alvaro Uribe Vélez', de Joseph Contreras y Fernando
Garavito', señaló el periodista.
Cabe destacar también,
que después de invertir 3 mil millones de dólares en la realización
del Plan Colombia, Estados Unidos no logró disminuir la oferta de
drogas en su país. Colombia continúa abasteciendo el 90 por ciento
del mercado estadounidense.
Sin ninguna intención
en el combate a las drogas, la operación en Colombia continúa,
porque su objetivo es el combate a las guerrillas. El objetivo real de
las inversiones millonarias realizadas por Washington en ese país,
intensificando el foco de los enfrentamientos violentos y haciendo de
Colombia el país más violento y alterado del continente, es la de
tener un acceso directo para una futura militarización de Sudamérica
en torno a sus propósitos estratégicos.
Entonces, ¿en qué
medida beneficia a Estados Unidos que se agite el fantasma del
'narcoterrorismo' en la región? El objetivo del país del Norte no es
sólo el hacer buenos negocios con le venta de radares, sino que
mediante la excusa de la lucha contra el narcotráfico le es mas fácil
presionar a los gobiernos latinoamericanos a favor de la militarización
del continente. Una vez logrado este propósito podrá controlar los
recursos naturales y energéticos que posee la región.
Por tanto, si bien no
se niega la existencia del narcotráfico es fundamental que el estado
argentino tenga la capacidad de mejorar la eficiencia policial en el
combate al tráfico de tóxicos, incluyendo el combate a la corrupción
policial. Es preciso identificar al grupo de riesgo involucrado en
este tipo de actividades e implementar planes de empleo y educación
destinados a prevenir su entrada en sectores de la economía subterránea.
Esta posible amenaza es
peligrosa en el marco de cuestiones de seguridad y relaciones
internacionales, ya que ofrece elementos a organismos internacionales
y en especial a Estados Unidos para presionar diplomática y políticamente
sobre el Estado argentino y el conjunto de los países
latinoamericanos.
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