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La estrategia de
Washington para proteger a sus soldados
La inmunidad de
EE.UU. enoja a países de la región
Washington ya
sancionó a doce naciones por negarla
Por Juan Forero
The New York Times / La Nación, 21/08/05
Traducción, Mirta Rosenberg
Bogotá. Hace tres años
la administración Bush empezó a instar a muchos países a que
protegieran a los estadounidenses de la recién creada Corte Criminal
Internacional de La Haya, que tiene por objetivo convertirse en el
primer tribunal permanente destinado a procesar delitos tales como el
genocidio.
Desde entonces, Estados
Unidos canceló la ayuda a unas dos docenas de naciones que se negaron
a firmar los acuerdos de inmunidad, que, según dicen los funcionarios
estadounidenses, tienen el fin de proteger a los soldados y políticos
estadounidenses de los procesos judiciales instigados por razones políticas.
Para la administración
Bush, la suspensión de la ayuda es el precio que deben pagar los
gobiernos por negarse a ofrecer apoyo en un área que dicha
administración considera especialmente vulnerable para Estados
Unidos, cuyo ejército está presente en todo el globo.
Pero particularmente en
América latina y el Caribe, donde se encuentran 12 de las naciones
penalizadas, la eliminación de la ayuda ha generado un intenso
resentimiento, ya que muchos la consideran, según declaraciones de
funcionarios y diplomáticos de siete países, una dura actitud diplomática.
Incluso algunos
funcionarios estadounidenses han empezado a cuestionar esa decisión
política, ya que los líderes políticos y militares de esa región
se quejan de que la eliminación de la ayuda atenta contra la buena
voluntad y dificulta su capacidad para cooperar en la campaña contra
las drogas y el terrorismo.
En un testimonio ante
el Congreso durante el mes de marzo, el general Bantz J. Craddock,
comandante de las fuerzas militares estadounidenses en América
latina, dijo que las sanciones habían excluido a los oficiales
latinoamericanos de los programas de entrenamiento de Estados Unidos,
y que podrían permitir que China llenara ese vacío. "Nos
arriesgamos a perder contacto con una generación de colegas militares
de muchas naciones de esa región", afirmó.
Casi todas las
penalidades, bosquejadas en una ley que entró en vigor en 2003, han
adoptado la forma de recortes del entrenamiento militar y otras clases
de ayuda en el campo de seguridad. Pero una ley de presupuesto
sancionada en diciembre permite nuevas reducciones en programas
sociales y de salud, como la educación y prevención del sida y el
mantenimiento de la paz, la asistencia a refugiados y las reformas
judiciales.
Aunque esas sumas
suelen ser relativamente desdeñables para Washington, su pérdida sí
se siente en los países pequeños. En un exabrupto, en junio pasado,
el presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, declaró a un canal de
televisión de Quito que no se rendiría ante Washington.
"Absolutamente nadie conseguirá que yo agache la cabeza",
dijo.
Su país tiene una de
las bases militares estadounidenses más grandes de la región y se ha
vuelto un enclave cada vez más importante para que Estados Unidos
lleve a cabo el control y la vigilancia en varios campos, desde el tráfico
de cocaína hasta la inmigración ilegal. Sin embargo, Ecuador ha
perdido 15 millones de dólares de subsidios desde 2003 y puede perder
otros 7 millones este año.
En total, 53 países,
desde Kenya, pasando por Ecuador, hasta algunas naciones europeas, se
han negado a firmar los acuerdos, alegando que Washington vulnera el
compromiso que han contraído con la corte internacional. No todos
ellos han sido penalizados y algunos, como Paraguay y Dominica, han
acabado por rendirse ante la presión de Estados Unidos y han firmado
los acuerdos.
Mal trago
En América latina, los
acuerdos de inmunidad y las sanciones han sido un trago más amargo
para los gobiernos que se inclinan hacia la izquierda y que han
llegado al poder en los últimos años gracias a su rechazo a las políticas
económicas respaldadas por Estados Unidos. Los registros
presupuestarios de Estados Unidos revelan que Uruguay, cuyo gobierno
de izquierda se negó a firmar un acuerdo de inmunidad, ha perdido un
millón y medio de dólares desde 2003. Costa Rica perdió alrededor
de 500.000 dólares, y la inestable Bolivia, 1,5 millones.
Además, el programa
internacional de Educación y Entrenamiento Militar, que financia a
los militares latinoamericanos para que estudien en Estados Unidos, ha
recortado su capacidad a 770 oficiales por año. El promedio anterior
era de 3000 oficiales por año, según afirmaron fuentes militares.
Casi todas las naciones
han perdido dinero y están muy apretadas, como Dominica, una isla
caribeña que perdió 400.000 dólares y quedó sin posibilidades de
hacer funcionar su única embarcación del servicio de guardacostas
durante un lapso de dos años. Perú, un estrecho aliado de la
administración Bush, ha perdido alrededor de 4 millones en subsidios.
En Colombia, donde el
ejército de Estados Unidos ha hecho rotar a 8000 soldados durante los
últimos cinco años como parte de su misión más amplia en la región,
un nuevo tratado de inmunidad de hace dos años ha enojado a algunos.
Colombia ya había firmado en 1974 un tratado que protegía a los
soldados estadounidenses. "Estos tratados dicen que en Colombia
todo el mundo debe respetar la ley –dijo Jimmy Chamorro, un senador
colombiano que considera ilegales esos acuerdos–. Todo el mundo,
excepto los estadounidenses."
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