América Latina

Uruguay: Tabaré amenazó al Congreso por una ley de aborto

Hizo saber que está dispuesto a disolver
ambas Cámaras si aprueban la norma

Montevideo, ANSA Y AFP
Clarín, 08/03/06

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, amenazó con disolver las Cámaras del Congreso si aprueban un proyecto de ley de despenalización del aborto, lo que generó una controversia entre varios legisladores, incluidos oficialistas, que ratificaron su adhesión al proyecto. Vázquez trasmitió a los legisladores de su propia coalición de izquierda, el gobernante Frente Amplio, que está dispuesto a recorrer "todos los caminos constitucionales" para impedir que prospere el proyecto denominado de salud sexual y reproductiva.

El vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, dijo al diario El Observador que Vázquez vetará la ley si es aprobada y que podría llegar a "disolver las Cámaras legislativas" si el veto fuese levantado por la Asamblea General.

Un proyecto sobre salud sexual y reproductiva que incluye la despenalización del aborto fue aprobado en Diputados en diciembre de 2002, durante la administración del ex presidente Jorge Batlle, del Partido Colorado, conservador, pero al pasar al Senado fue rechazado y archivado.

Legisladores del Frente Amplio, aun conociendo el rechazo terminante de Vázquez a la despenalización del aborto, promovieron la idea de dar nuevo impulso al proyecto. Ya enfrentaron al Presidente en otros debates anteriores, como la firma de un acuerdo de inversiones con Estados Unidos.

El senador Carlos Baráibar afirmó que Vázquez, quien es médico, con su planteo "quiere demostrar la firmeza y convicción que tiene para oponerse al proyecto", y aseguró que "es improbable que llegue a disolver las cámaras". Baráibar añadió que si bien el Parlamento es autónomo, la actitud y los dichos del presidente condiciona a los legisladores de su partido, mayoría en ambas Cámaras.

Pese a la polémica abierta por el tema, el Gobierno no hizo comentarios a lo publicado por el diario en base a las declaraciones de Nin Novoa, pero anoche la ministra de Salud Pública María Julia Muñoz afirmó que "en realidad, el presidente no dijo que veta proyectos de salud reproductiva, porque apoya la educación sexual de todos los niños, niñas y adolescentes, a los efectos de que los embarazos sean deseados" (Ver Educación...).

A su vez, la senadora y cardióloga Mónica Xavier, del Partido Socialista como Vázquez, dijo a radio El Espectador que el presidente "no debería recurrir al veto sino permitir el libre debate a nivel del Parlamento y luego, como en un tema de esta naturaleza, que corta transversalmente a la sociedad en su conjunto, habilitar la consulta popular posterior" para ratificar o no la norma.

Para el diputado del opositor Partido Nacional (Blanco), Miguel Asqueta, las expresiones de Vázquez constituyen un "exabrupto. Creemos que las cosas se deben seguir paso a paso, anunciar la medida más drástica, prácticamente anula cualquier tipo de discusión inteligente", comentó.

La iniciativa aprobada en Diputados y luego archivada tras su consideración en el Senado, preveía que "toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez" y establece una serie de motivaciones para optar por esa resolución. La ley vigente desde 1938 sólo admite la interrupción del embarazo en caso de violación o riesgo de vida de la madre y establece penas de 6 a 24 meses de prisión para los autores de abortos consentidos y de 2 a 8 años para los no consentidos.