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Crisis
social en Ecuador
Huelga,
movilización y estado de emergencia
Redacción
de APM, 09/03/06
El Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos sumado a las difíciles condiciones
laborales de los trabajadores petroleros, produjeron manifestaciones
que fueron fuertemente reprimidas.
El pasado martes se
produjo en Ecuador la primera huelga nacional desde el 20 de abril de
2005, cuando Alfredo Palacio asumió el poder. Alrededor de 200 mil
agremiados en las centrales sindicales, según el presidente del
Frente Unitario de Trabajadores Jaime Arciniegas, se sumaron a la
protesta, al tiempo que el sindicalista Santiago Yagual reclamó la
renuncia del ministro de Trabajo, Galo Chiriboga, por "haberse
alineado con el sector empresarial y haber impedido el incremento de
30 dólares aprobado por el Consejo Nacional de Salarios”. Además
de realizarse marchas callejeras hacia el Congreso unicameral, los
trabajadores efectuaron un paro general durante 24 horas que generó
el bloqueo y desvío del tránsito en Quito, y paralizó el servicio
municipal de trolebús (eléctrico), que transporta diariamente unas
300 mil personas. Esto se generó a raíz de que Palacio anunciara el
día anterior que firmará el Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos, y al respecto el primer mandatario dijo que
"Ecuador sólo está buscando lo que considera la mejor negociación",
y añadió que los acuerdos "son beneficiosos en la era de la
globalización". Pero a raíz de que los huelguistas habían
tomado las instalaciones petroleras, el Gobierno decretó el estado de
emergencia en tres provincias de la Amazonia y los manifestantes
fueron desalojados por el ejército. Esto generó la reacción de los
trabajadores y en Quito centenares de personas se enfrentaron con la
policía con piedras y palos, y las fuerzas armadas los reprimieron
con gases lacrimógenos y golpes, al tiempo que algunos manifestantes
fueron detenidos. El decreto de estado de emergencia otorga el control
de la zona a las Fuerzas Armadas, además de restringir los derechos
civiles, e involucra a las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos,
donde alrededor de 4.000 manifestantes restringieron la producción de
crudo y en algunos casos impidieron el funcionamiento de varios pozos,
lo que trajo grandes pérdidas y dio lugar a la decisión del gobierno
de hacer “cambiar de parecer” a los trabajadores a partir de
medidas represivas. Al respecto, el dirigente Fausto Andrade expresó
que "estamos en esta medida, de hecho quizás indefinida, porque
hasta el momento no tenemos ninguna respuesta positiva del
gobierno", y añadió que "20 millones (de dólares que el
gobierno ofreció para solventar las demandas) es como si estuviéramos
pidiendo caridad al gobierno, no es suficiente, queremos que nos
arreglen no solamente en pagos (de salarios), sino las condiciones de
trabajo".Por su parte, poco antes de declarar la emergencia, el
secretario de la Administración Pública, José Modesto Apolo, expresó
como clara advertencia que al presidente "no le temblará la mano
para hacer respetar la Ley”, y sus dichos se cumplieron. Asimismo,
manifestó que el gobierno está dispuesto al diálogo pero “no va a
permitir la agresión a los bienes privados ni a la infraestructura
petrolera y emitirá las emergencias que sean necesarias”. Además
del rechazo a la firma del TLC con Estados Unidos, las centrales
obreras demandan el fin del contrato con la empresa petrolera
estadounidense Occidental, el pago de sus salarios que lleva tres
meses de atraso, la derogación del reglamento de trabajo por horas, y
el respeto del aumento de 30 dólares aprobado el 4 de enero por parte
del gobierno; esto último exigido por dos mil trabajadores de
empresas subcontratadas por la estatal Petroecuador. En tal sentido,
el presidente de Petroecuador, Fernando González, declaró que
"Nadie está encima de la constitución y la ley, si tienen que
ser sancionados tendrán que ser sancionados", y agregó que si
los trabajadores no vuelven a sus puestos antes del viernes "serán
cancelados" (despedidos). Según la empresa, la producción de
petróleo llegó el jueves pasado a 110.000 barriles diarios sobre un
total posible de 200.000 barriles, pero a raíz de la huelga apenas se
superaron los 50.000. Sin embargo, las exportaciones de petróleo no
han sido afectadas por la protesta y el petróleo sigue siendo el
mayor producto de venta externa del país. Es de resaltar que en
algunas zonas decenas de trabajadores, temerosos de perder sus
empleos, se iban incorporando paulatinamente a sus tareas habituales,
y en tal sentido, el prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, expresó
que supone "que a más tardar hasta el viernes se encuentre la
solución", refiriéndose al conflicto, aunque no descartó que
esa provincia se pueda sumar al paro en apoyo de los trabajadores.
Mientras tanto, el estado de emergencia se mantiene, según lo confirmó
el general Gonzalo Meza, comandante militar de la zona y jefe máximo
de las tres provincias. Ecuador produce unos 535.000 barriles de petróleo
diarios y exporta alrededor de 455.000 barriles, sumando las ventas de
la empresa estatal Petroecuador y las compañías privadas, lo que
significa que alrededor del cuarenta por ciento del presupuesto del país
sale de la industria petrolera.
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