América Latina

IV – Las disyuntivas del ALBA

Por Claudio Katz ([1])
Enviado por el autor, 28/03/06

Resumen: El ALBA es un proyecto opuesto al ALCA e inicialmente diferenciado del Mercosur. Constituye un resultado del proceso bolivariano y comparte los dilemas de esa experiencia. El intercambio cooperativo que realizan Cuba y Venezuela retrata el embrión de una asociación, que podría sustituir los principios de la competencia y el librecomercio por normas de complementación y solidaridad.

El ALBA exige forjar la unidad antiimperialista de la región y no podrá constituirse mediante alianzas con las clases dominantes. Estos frentes anularían su conformación, porque los capitalistas sudamericanos defienden intereses opuestos a la integración popular.

Los pasos hacia el desarrollo concreto del ALBA transitan por tres áreas. En el plano energético se requiere favorecer a la masa de consumidores y eliminar la apropiación de la renta petrolera, lo que exige a su vez la nacionalización de esos recursos. En el plano financiero se impone conformar un banco regional con los fondos surgidos de la suspensión del pago de la deuda externa. El sostén venezolano a la cancelación de la deuda argentina con el FMI contradice este curso. En la órbita comercial deben priorizarse las medidas que permitan mejoras inmediatas del nivel de vida de la mayoría.

El ALBA conquistará legitimidad popular si se compromete con las reivindicaciones de los oprimidos y promueve reformas sociales radicales. Para ello debe ser concebido como parte de una estrategia socialista de emancipación.

El ALBA

Un tercer proyecto de integración regional opuesto al ALCA e inicialmente diferenciado del Mercosur ha comenzado a discutirse en Latinoamérica. Se denomina Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y fue planteado hace cuatro años por el presidente Chávez. Desde ese momento se han desarrollado en Venezuela varias actividades para impulsar una iniciativa, que presenta tres niveles de análisis: cómo resultado del proceso bolivariano, cómo esbozo de intercambio comercial cooperativo y cómo proyecto estratégico de unificación latinoamericana.

El epicentro venezolano

El término bolivariano identifica tanto al ALBA como al régimen prevaleciente en Venezuela. Esta coincidencia ilustra la directa ligazón que existe entre una experiencia política nacional y su proyección regionalista.

Chávez convocó a construir el ALBA cuándo el ALCA comenzó a naufragar y ha definido solo los lineamientos muy genéricos de esta opción. En cambio expuso de manera contundente su intención de situar la propuesta en un sendero de resistencia a la dominación norteamericana[2].

El propósito primordial del ALBA es contener el expansionismo de Estados Unidos. Esta finalidad antiimperialista explica porqué el proyecto alude a una gesta liberadora y no a las características mercantiles de la integración regional. Resalta la oposición al librecomercio y a los tratados bilaterales que impulsa el gigante del norte, sin abundar en el perfil de los mercados regionales.

Esta prioridad antiimperialista obedece a la amenaza de agresión que sufre Venezuela. La CIA ha manejado todos los hilos de las campañas desestabilizadoras, los golpes de estado y las provocaciones terroristas que enfrentó Chávez. A falta de un Pinochet, el Departamento de Estado ha combinado advertencias militares con presiones diplomáticas para socavar el proceso bolivariano. Sólo el pantano militar que afronta en Irak le ha impedido a Bush lanzar una invasión en regla, contra un país clave para el abastecimiento petrolero de Estados Unidos.

El presidente norteamericano espera la oportunidad para intentar la recuperación del combustible venezolano. Busca revertir el desafío de un gobierno que interviene activamente en la OPEP y reorienta sus ventas de crudo hacia China y Latinoamericana. El ALBA forma parte de una estrategia defensiva en esta confrontación con el imperialismo.

Pero la iniciativa regionalista también expresa la radicalización del proceso bolivariano, en un marco de movilizaciones populares que derrotaron las conspiraciones derechistas. Por eso el ALBA no surgió en el debut del chavismo (caracazo de 1989, revuelta militar de1992, éxito electoral 1992), sino en la etapa posterior de victorias contra el golpismo empresarial (diciembre 2001, abril 2002), la asonada petrolera (diciembre 2002) y el complot del referéndum (agosto 2004)[3].

En esta pulseada contra la derecha el ALBA ha contribuido a definir el horizonte latinoamericanista que complementarían las transformaciones políticas que se han registrado en el país. Estos cambios ya doblegaron a los viejos partidos de las clases dominantes y desplazaron a sus representantes del manejo del estado. En los últimos meses, la oposición ha perdido, además, la iniciativa callejera y tiende a marginarse de las elecciones porque avizora resultados adversos.

El ALBA proyecta hacia Latinoamérica los avances sociales que se han introducido en Venezuela, a partir de cierta distribución de la tierra, créditos a las cooperativas y una significativa extensión de los servicios educativos y sanitarios. Pero el proyecto no define con nitidez el alcance y los caminos para desenvolver estas transformaciones, porque las reformas que avanzan en ciertos campos se han estancado en otros. Mientras que la movilización popular y la radicalización política impulsan la profundización de esos logros, la burocracia, la estructura del viejo estado y la escasa independencia política de los movimientos sociales bloquean este progreso.

El rumbo concreto que podría desenvolver el ALBA depende en gran medida del desenlace de estas disyuntivas. Un giro hacia el camino recorrido por la revolución cubana potenciaría propuestas de unificación Latinoamérica muy distintas a las derivadas de una reproducción de la involución padecida por el PRI mexicano o el peronismo argentino. El destino del ALBA es por ahora un interrogante porque esta encrucijada permanece irresuelta.

Pero lo novedoso del proyecto radica en el llamado a gestar una integración antiimperialista, en oposición a la sumisión que imperó en Latinoamérica en la última década. Con el ALBA reaparece el nacionalismo progresista que había perdido influencia en la región. Es importante registrar que la convocatoria al ALBA proviene de un país con recursos económicos y significado político zonal. No emana de una nación pobre, alejada o insular, sino de un epicentro con poder de la efervescencia latinoamericana.

Ejemplos de otra integración

El segundo nivel de discusión del ALBA son las iniciativas concretas de intercambio comercial que han comenzado a instrumentar los promotores del proyecto. El principal modelo son los acuerdos suscriptos por Cuba y Venezuela en los últimos años.

También aquí se verifica una peculiaridad del proceso bolivariano, porque los estrechos vínculos que ha establecido Chávez con Fidel desafían el embargo norteamericano y auxilian a la isla con suministros y sostén diplomático. Esta relación con Cuba expresa una afinidad hacia la izquierda del gobierno venezolano, que lo diferencia categóricamente de otros movimientos nacionalistas de América Latina.

Los convenios Cuba–Venezuela plasman la idea del intercambio solidario en tratados que establecen la retribución venezolana en petróleo por prestaciones cubanas en materia de salud (médicos, odontólogos, vacunación, instalación de clínicas) y educación (campañas de alfabetización). Estos acuerdos jerarquizan el campo de la salud y la educación y demuestran como puede internacionalizarse la colaboración entre gobiernos, para desarrollar servicios públicos que favorezcan a la mayoría popular. Con estas prioridades, el ALBA indica un camino para situar en primer plano la satisfacción de las necesidades básicas de la población latinoamericana.

Una integración que empiece resolviendo la tragedia de enfermedades sociales, desnutrición, analfabetismo y deserción escolar que padece la región ofrecería un programa atractivo para los pueblos. Los convenios Cuba–Venezuela son relevantes porque ilustran este rumbo y señalan una agenda de convergencia entre países, radicalmente distinta al paquete de aranceles, subsidios y tarifas que discuten los capitalistas.

El intercambio solidario es un principio adverso a la filantropía imperialista que propone Estados Unidos para “ayudar a los pobres” de la región. Estas dadivas son habitualmente irrisorias y van acompañadas de exigencias neoliberales de privatización (como los convenios de canje de la deuda externa por educación).

Las ideas del ALBA también han comenzado a implementarse a una escala menos ambiciosa, mediante las iniciativas para coordinar el desarrollo de las cooperativas y las empresas de cogestión obrera de Sudamérica. Con esta finalidad se creó un ente regional (Empresur) que intenta ensamblar la actividad de las pequeñas empresas que surgieron en los últimos años, bajo el impacto de crisis industriales (quiebras, abandonos patronales) o como resultado de emprendimientos productivos de origen popular.

La gravitación económica de estos proyectos –al igual que las propuestas de asociación entre universidades y áreas municipales– es por ahora muy limitada. Pero al impulsar su articulación se ofrece una respuesta al molde de integración centrado en las grandes corporaciones, que promueven tanto al ALCA como al Mercosur. En estos convenios no hay espacio para la pequeña empresa, ni menos aún para las cooperativas, porque cualquier integración prohijada por el gran capital afianza la concentración de la propiedad.

Criterios de asociación

Los principios de intercambio establecidos entre Venezuela y Cuba podrían extenderse en un futuro a toda la región. Esta ampliación plantea la posibilidad de introducir una desconexión entre el precio de los bienes transados y su cotización mercantil nacional o internacional. Esta valuación podría adaptarse a lo que necesita y puede ofrecer un país a otro, en abierta contraposición a las normas capitalistas que guían al ALCA o al Mercosur.

Algunos analistas interpretan correctamente que este intercambio se basa en un principio de “ventajas cooperativas” compartidas por todos los países y no en un esquema de “ventajas comparativas” de cada economía. El nuevo modelo permitiría reducir las asimetrías entre las naciones, ya que induciría a crear instrumentos de compensación entre los participantes de todas las transacciones. En lugar de comprar y vender siguiendo el dictado de la ganancia se comenzaría a comerciar en función de lo que cada país produce y necesita[4].

Este criterio introduce un desafío radical al regionalismo capitalista contemporáneo, tanto en la versión del ALCA como en las vertientes del Mercosur. En lugar de alentar negocios entre empresarios se propiciarían mecanismos de complementación, cooperación y solidaridad. Por esa vía se cuestionaría la identificación de los bloques zonales con una función competitiva y comenzaría a probarse que la concurrencia no es un rasgo intrínseco de la naturaleza humana, ni una condición para el progreso de los individuos.

El mito de la competencia como un dato insoslayable necesario para la prosperidad de la economía confunde el afán de superación personal con la apetencia por el lucro. Oculta el tendal de sufrimiento, desigualdad y opresión que invariablemente acompaña al furor por aplastar al rival y omite que la norma capitalista  de la concurrencia exige profundizar la división entre los oprimidos para beneficiar a los capitalistas[5]. El carácter revulsivo de los proyectos de intercambio solidario radica en que opone al gran lema de la integración contemporánea (“competir, competir, competir”), una meta inversa de colaboración, cooperación y complementación entre los pueblos.

Pero tampoco conviene identificar automáticamente cualquier intercambio divorciado del lucro inmediato con el bienestar popular. Existen numerosos antecedentes de esta modalidad de intercambio que favorece a las elites estatales o las  burocracias opresoras. El ejemplo más evidente fue la cúpula de la URSS que reforzaba su poder con los mecanismos de comercio que regían en el ex “bloque socialista” (Comecon). También ha sido muy frecuente el uso de privilegios comerciales por parte de distintos gobiernos con finalidades diplomáticas, políticas o militares.

El perfil concreto que podría adoptar el ALBA depende por lo tanto de la naturaleza social y la orientación política de los participantes de esa asociación.

Las definiciones estratégicas

El tercer nivel de discusión del ALBA es la política de construcción de este proyecto. ¿Puede erigirse esta asociación junto a las clases dominantes de Latinoamérica? La respuesta a este interrogante define los sujetos y las alianzas que orientarían la iniciativa.

Este debate involucra a los movimientos sociales de la región. A diferencia de los programas convencionales de integración, el ámbito de análisis del ALBA no se restringe a las cumbres entre cancilleres, ni a los cócteles entre empresarios. Ha suscitado una activa reflexión entre los militantes que apuestan a gestar un proyecto de unificación latinoamericana basado en el protagonismo de los oprimidos.

Algunos promotores del ALBA le asignan un contenido radical que incluye un explícito horizonte anticapitalista. Pero proponen edificar paulatinamente esta asociación a través de una red de alianzas con parlamentarios, alcaldes y gobiernos centroizquierdistas. Subrayan la necesidad de acumular fuerzas y agrupar aliados contra el enemigo imperialista y sugieren oponer a los tratados bilaterales que promueve Estados Unidos en sustitución del ALCA (“Alquitas”), una red de contrapesos equivalentes (“Albitas”). Por ese camino avizoran la construcción completa de la alternativa bolivariana[6].

Pero una porción muy significativa de los gobiernos municipales, regionales y nacionales que participarían de esa alianza están controlados por los partidos tradicionales y sus elites capitalistas. Resulta difícil imaginar cómo se avanzaría en la lucha regional contra las clases dominantes si esas organizaciones integran la cadena de “Albitas”.

O el sujeto del nuevo proyecto son los oprimidos o la propuesta pierde significación transformadora. Los regionalismos de corte popular y perfil capitalista son antagónicos, ya que favorecen intereses sociales completamente opuestos. Para las clases dominantes la integración es un campo de negocios y un instrumento de reforzamiento de su poder. En cambio para los trabajadores, campesinos, desempleados y pequeños comerciantes o productores, la unidad regional constituiría un eslabón hacia la emancipación social. Si el ALBA intenta converger con los capitalistas deberá facilitar los acuerdos entre gobiernos y los negocios entre empresarios que perpetúan el status quo.

Ese segundo curso contradice no solo los objetivos anticapitalistas de largo plazo, sino que también obstaculiza las transformaciones sociales inmediatas que se requieren en cada país para iniciar un proceso de integración popular. Por ejemplo, una acumulación de “Albitas” junto a Lula, Kirchner o Tabaré bloquearía cualquier avance emancipador, ya que excluiría tres medidas básicas de ese camino: la reforma agraria, la redistribución del ingreso y la nacionalización de los recursos básicos.

Es cierto que el ALBA no puede construirse imaginando un curso de transformación simultánea. Los pueblos no comparten el mismo nivel de radicalidad política, no exhiben el mismo grado de conciencia revolucionaria y no implementarán  cambios sociales al mismo tiempo. Pero estas diferencias sólo pueden ser acortadas si se forja un proyecto antiimperialista consecuente, que unifique en un sentido progresista esa gran variedad de situaciones. La estrategia de los “Alquitas” es negativa porque propicia alianzas con los defensores del orden vigente que desalientan este empalme.

No cabe duda que el enemigo principal es el imperialismo y que la prioridad es derrotar su proyecto de dominación regional. Pero quiénes suponen que el éxito de esta confrontación depende de la amplitud de la coalición opositora olvidan que el ancho de un frente no es necesariamente proporcional a su eficacia. Un número elevado de socios puede tornar improductiva la alianza si se aglutina bajo un mismo techo intereses que son divergentes. En esas circunstancias gana el enemigo, porque cuenta con la decisión y la cohesión que le falta al campo contrario.

La teoría de oponer un frente de “Albitas” a la política norteamericanas de “Alquitas” tiene muchas semejanzas con el modelo de confrontación entre dos campos que pregonaban los seguidores de la Unión Soviética. También ellos pensaban que el prestigio histórico de la revolución rusa, los logros sociales de las transformaciones anticapitalistas y los recursos económicos de la URSS bastarían para inclinar a muchos gobiernos capitalistas hacia una coalición contra el imperialismo estadounidense.

Esta misma ilusión reaparece ahora en torno a Venezuela. Se supone que el proceso bolivariano y los recursos petroleros constituirán grandes factores de atracción hacia un bloque antinorteamericano. Pero el fracaso de esa política en el pasado debería conducir evitar la reiteración del mismo error. Los capitalistas saben como custodiar sus intereses y terminan lucrando con ese tipo de alianzas.

La construcción del ALBA no debe seguir la norma paternalista de indicarle a cada pueblo cuál es el gobernante capitalista que le conviene aceptar, en pos de la integración latinoamericana. Estas convocatorias suscitan la desconfianza popular, cualquiera sea la justificación que se exhiba (conveniencias regionales, necesidades de estado, amplitud de alianzas). Esa receta no conduce a la integración, sino a la desmoralización de los movimientos sociales.

¿Aliados o enemigos?

Otros promotores del ALBA sugieren un camino intermedio que combine la consolidación del proyecto desde Cuba y Venezuela, con su aliento indirecto a través de la presión sobre los gobiernos de centroizquierda.  Esta visión presupone que estas administraciones son maleables y podrían inclinarse indistintamente hacia el ALCA, el Mercosur o el ALBA. Todo dependería de la influencia ejercida por las fuerzas sociales que pugnan por cada camino.

Pero los gobiernos sudamericanos no son hojas al viento, ni giran hacia cualquier dirección por las demandas de la opinión pública. Son estructuras políticas al servicio de las clases dominantes y cuentan con amplio margen de acción, pero actuando en el marco establecido por los grandes capitalistas. Cuándo dirimen una inclinación por el ALCA o por el Mercosur dilucidan qué sectores del establishment cuentan con mayor poder. Por eso ninguno de ellos coquetea con el ALBA y si en el futuro se aproximan a esta iniciativa será para neutralizar el contenido antiimperialista del proyecto y erradicar sus facetas anticapitalistas.

Quiénes confían en los buenos resultados de una presión sobre vacilantes gobiernos de centroizquierda estiman que pueden radicalizar las decisiones de sus mandatarios. Pero no observan que una presión equivalente también opera a otro nivel, bajo la forma de presidentes moderados que rodean a sus colegas radicales. Este movimiento de encierro es clave en el actual escenario sudamericano. Mientras evitan enunciar cualquier opinión sobre el ALBA, Kirchner, Lula y Tabaré trabajan activamente para impedir la profundización del proceso bolivariano.

Buscan ante todo atenuar la confrontación contra el imperialismo y también contrapesar la enemistad de los capitalistas venezolanos con Chávez. Por eso auspician la presencia de empresarios latinoamericanos en Venezuela que contribuyan a contener el proceso bolivariano. Especialmente Kirchner cumple un papel muy activo en este operativo, mediante el impulso a los negocios que realizan grandes capitalistas argentinos (Techint, Pescarmona) y europeos (Repsol) en Venezuela. Esta acción tiende a sofocar el despunte efectivo del ALBA.

Los convenios que se están suscribiendo con estas firmas mantienen todas las normas de los acuerdos capitalistas convencionales y contradicen los enunciados de la integración popular. Los tratados son negociados entre empresarios y funcionarios sin participación de los movimientos sociales y se firman contratos estructuralmente adversos a las reformas sociales y a la distribución del ingreso. Cuánto mayor sea el número de estos acuerdos acuerdos y más conservadores sean los gobiernos que los apadrinen, más lejos se ubicará la posibilidad de constituir un ALBA solidario y cooperativo.

Reconocer este dilema no implica negar la necesidad que tiene Venezuela de alcanzar coincidencias comerciales con otros países y forjar bloques defensivos contra las agresiones norteamericanas. Resulta indispensable evitar el aislamiento y es totalmente legítimo buscar aliados. Pero la estrategia del ALBA no puede basarse en estas convergencias tácticas y alianzas del momento. Cuándo se concibe a las burguesías locales de Latinoamérica como aliadas perdurables de un proceso de integración regional se confunden ambos planos.

Este error también se evidencia en muchas interpretaciones del conflicto entre el Mercosur y el ALCA que apareció en Mar del Plata. Se ha magnificado este choque suponiendo abre una brecha para potenciar el ALBA y se olvida que el eje de la disputa entre los capitalistas sudamericanos y las corporaciones estadounidenses es el manejo de los subsidios y la distribución de los beneficios impositivos o arancelarios. Estos debates son completamente ajenos a cualquier necesidad popular.

El ALBA no emergerá de alianzas con los sucesores de las clases dominante que frustraron la unidad regional en el pasado. Los mismos intereses centrífugos que durante los siglos XIX y XX impidieron la erección de la “Patria Grande” actualmente bloquean la integración. Las mismas tendencias que sofocaron los objetivos de San Martín y Bolívar están presentes de manera explícita (ALCA y bilaterales) o bajo formas atenuadas (Mercosur).

El desafío del ALBA es revertir esta trayectoria de frustración burguesa en las tres áreas que actualmente definen el modelo de integración: energía, finanzas y comercio.

Dilemas energéticos I

En los últimos años el gobierno venezolano ha concertado numerosos contratos petroleros con países latinoamericanos que algunos analistas sitúan en la perspectiva del ALBA. Se han multiplicado los convenios de producción, abastecimiento y comercialización conjunta del combustible. El objetivo es forjar una asociación regional ( Petroamérica) o por lo menos una estructura sudamericana (Petrosur) y otra caribeña (Petrocaribe).

Con esta finalidad la empresa estatal venezolana (Pdevesa) ha suscripto acuerdos con otras compañías equivalentes (Petrobrás de Brasil) y con grupos privados que operan en la zona (especialmente Repsol). También ha impulsado la reconstitución de entes estatales (Enarsa) en los países que han sufrido la privatización integral de la actividad petrolera (Argentina). Además, se están elaborando proyectos de integración y especialización energética de largo plazo, junto a programas de abastecimiento (anillo energético) y provisión coordinada del combustible (gasoducto regional).

El objetivo es ampliar la autonomía energética para garantizar la independencia económica de la región. Mediante el autoabastecimiento se podría reorientar la actividad productiva y contrarrestar las presiones disgregadoras que ejercen grupos capitalistas hostiles a la integración. La meta es sustituir el modelo exportador de combustible (hacia el mercado norteamericano o internacional) por un esquema de utilización regional concertada.

Pero el loable propósito de romper esta dependencia exige definir nuevas relaciones con los poseedores y operadores de la estructura energética. Este problema es clave porque la dificultad histórica de Latinoamérica no radica tanto en el enlace interno de productores con consumidores, sino en el destino de la renta energética. Si los convenios en marcha legitiman las privatizaciones realizadas durante los 90 convalidarán el protagonismo de las compañías privadas en el manejo del anillo o el gasoducto. En este caso los grandes capitalistas continuarán acaparando los beneficios del petróleo.

Lo que sucede en Argentina es un buen ejemplo de esta disyuntiva. A través del manejo oligopólico de los precios, cinco compañías se apropian de una renta energética que se triplicó entre 1999 y 2004. Este aumento les permitió acumular ganancias que oscilaron entre 28.800 y 31.300 millones de dólares. Durante este mismo período la absorción estatal del excedente cayó del 44,6% al 36% y se ubicó 30 puntos por debajo del nivel capturado por el sector público de Ecuador o Venezuela. En Argentina se cobran regalías particularmente reducidas y las declaraciones juradas de las empresas aportan la única información sobre los recursos existentes[7].

Si los contratos regionales se realizan con las mismas compañías que acaparan estos beneficios, ningún ALBA energético servirá para modificar esa depredación. Los cambios serán insustanciales, mientras se mantenga la estructura de las privatizaciones gestadas durante los 90,. La regionalización de la actividad petrolera modificaría a lo sumo ciertos destinos del negocio, pero no a sus beneficiarios.

El caso de Bolivia ofrece un segundo ejemplo del mismo problema. Allí se localizan las segundas reservas de gas del continente. Pero el 98% de las concesiones están repartidas entre cinco compañías, con claro predominio de Repsol (43,6%) y Petrobrás (35,2%). A pesar de la excepcional riqueza energética del país, menos del 1% de la población tiene acceso al gas natural, ya que la explotación está diseñada para la exportación. Por eso de los 1500 millones de dólares que generaba el sector durante el auge de las privatizaciones, el estado sólo capturaba a través de impuestos 200 millones de dólares.

A las compañías les interesa extraer el combustible de Bolivia para exportarlo y por eso desconocieron la exigencia popular de industrializar localmente el gas. Al cabo de grandes revueltas populares ahora se debate no solo el monto de las regalías y los impuestos (que ya se elevaron a 700 millones de dólares), sino también la propia nacionalización de los hidrocarburos. Solo si enlaza con una transformación radical de esta índole, el ALBA podría contribuir a revertir la tragedia energética del Altiplano.

Dilemas energéticos II

El segundo problema de un ALBA energético radica en los destinatarios de producción petrolera. Si los nuevos contratos aseguran el abastecimiento de combustible a las compañías que lucran con el modelo exportador, consolidaría el esquema dualista edificado durante el auge neoliberal. Habría mayor autonomía del aprovisionamiento, pero esta independencia carecería de incidencia popular. El resultado sería opuesto al buscado por ejemplo por Pdevesa, cuando suscribe contratos de solidaridad con Cuba o subvenciona la venta de combustible para los consumidores humildes de Estados Unidos.

El proyecto del gasoducto forma parte de este dilema. Por un lado se han planteado objeciones económicas (el costo comparativo con el gas licuado), ambientales  (efecto sobre el Amazonas), técnicas (viabilidad de la construcción, seguridad de la provisión, disponibilidad del gas) y financieras (costo del emprendimiento)[8].

Pero el mayor problema radica en los destinatarios finales del producto. Al afirmar que los beneficiarios de esta gigantesca obra serían “los países de región” no se aclara quiénes usufructuarían concretamente del combustible. El mismo gas puede servir para abaratar el consumo corriente de la mayoría popular, para erigir emprendimientos de uso colectivo o para garantizar insumos baratos a los grandes grupos capitalistas. Son destinos diferentes, que serán predeterminados al momento de resolver quién construye y financia un gasoducto de 8000 kilómetros.

Muchos analistas reconocen los peligros de esta iniciativa. También advierten las dificultades de un ALBA energético conformado junto a las empresas privadas. Pero argumentan que el propio proyecto permitirá modificar paulatinamente la propiedad y el control capitalista del petróleo, mediante la reintroducción progresiva de los estados sudamericanos en esa actividad. El ejemplo de esta perspectiva son los contratos que ha suscripto Pdvesa con Enarsa. Muchos afirman con el padrinazgo del gigante venezolano, la pequeña compañía argentina recuperará espacio en el universo petrolero local.

Pero hasta ahora la formación de Enarsa ha servido para emparchar el modelo privatista. La nueva compañía no cumple ningún papel significativo. No reedita YPF, no maneja recursos financieros, no regula el mercado y no administra los pozos. En cambio, su constitución ha facilitado la estrategia de la empresa privada que mejores vínculos mantiene con Kirchner (Repsol). Esta compañía ha globalizado su gestión y reducido la gravitación de Argentina en su estrategia. Por eso suscribió un acuerdo con Pdevesa y Enarsa para proveer crudo a sus nuevos socios, a cambio de atribuciones para operar en el Orinoco venezolano. Esta lucrativa transacción fue posible por la mediación que ejerció el presidente argentino sobre su par venezolano.

Una función semejante ha cumplido Kirchner en Bolivia. Desde que la importación de gas quedó amenazada por una gran rebelión popular en el Altiplano, el mandatario argentino hizo lo imposible para disuadir la nacionalización de los hidrocarburos. Su principal preocupación es el efecto que tendría esta medida sobre el conjunto de la región. Lula fue mucho más lejos y amenazó con duras represalias ante cualquier perturbación de los negocios de Petrobrás.

Estos antecedentes indican que los convenios regionales de Pdvesa no inclinan la balanza hacia la progresiva estatatización de la actividad petrolera regional. Al contrario, abren el mercado venezolano para las compañías privadas y consolidan su expansión hacia el resto de Sudamérica.

Recuperar la propiedad estatal de los hidrocarburos es una medida insoslayable para erigir un ALBA energético favorable a los pueblos. No basta incrementar el control sobre la gestión privada, ni alcanza con aumentar la renta apropiada por el estado. La reestatización es vital para crear un enlace de compañías con poder real en los distintos países. Los acuerdos regionales son convenientes y necesarios, pero para que el uso de estos recursos favorezca a la mayoría de la población, en Bolivia y Argentina el gas y el petróleo deben volver a manos del estado.

Pero incluso este paso sería insuficiente si el control de las compañías estatales continúa en manos de los grupos privados. Este manejo predominaba anteriormente en Pdevesa y prevalece en la actualidad en Petrobrás y Pemex. Democratizar la gestión de las empresas públicas es indispensable para orientar su administración hacia las necesidades populares. El ALBA energético podría facilitar este proyecto, pero se impone definir previamente que en este proyecto no hay cabida para las grandes compañías privadas. El petróleo y el gas son recursos no renovables que deben ser aprovechados para crear empleo y bienestar. Un bien que pertenece a toda la sociedad no debe permanecer en manos de los capitalistas.

Las decisiones financieras

El segundo pilar del ALBA se ubica en el terreno financiero. Sus promotores alientan la constitución de un banco regional (Bansur) que apuntaría al logro de varios objetivos estratégicos. Serviría, por un lado, para asegurar la autonomía financiera de la región, erradicando la tradicional supervisión que ha ejercido el FMI sobre la política macroeconómica de todos los países. Permitiría, además, constituir una gran reserva en divisas para reemplazar el rol que cumplen los organismos internacionales en las situaciones de crisis, como prestamistas de última instancia.

La existencia de este resguardo regional evitaría los condicionamientos que en esas circunstancias imponen los grandes acreedores externos. Un banco sudamericano generaría préstamos centralizados para el desarrollo de la región. El funcionamiento y los costos del sistema crediticio quedarían bajo el control regional y se eliminaría la presencia dominante del Banco Mundial y el BID. Finalmente, un ente financiero zonal tendería a supervisar la acción de los distintos bancos centrales y crearía el primer basamento de una moneda común.

Este paquete de objetivos es indudablemente atractivo. Pero al igual que en el plano energético hay que evaluar su eventual implementación a la luz de los dilemas financieros actuales. Hasta ahora la principal medida de coordinación que adoptaron en conjunto Argentina y Venezuela fue la adquisición de bonos argentinos para sostener el pago anticipado de deudas al FMI que hizo Kirchner. ¿Cancelar los pasivos de ese organismo es un prolegómeno del ALBA?

Algunos funcionarios venezolanos afirman que esta operación abre el camino hacia el Bansur, porque inaugura una operación resuelta en la región. Plantean que existe, además, la intención de utilizar los títulos adquiridos para formar un mercado secundario en la zona. Se comenzaría con estos bonos para avanzar luego hacia la constitución de las reservas comunes del nuevo banco[9]. ¿Pero estos objetivos latinoamericanistas con un horizonte popular no son contradictorios con el  sostenimiento de un pago anticipado al FMI?

Muchos analistas opinan que ambas iniciativas no son incompatibles. Destacan que Venezuela se solidarizó con una medida adoptada por Argentina para romper la subordinación con el FMI. Pero en los hechos se canceló un pasivo en coincidencia con la intención del Fondo de reducir su elevada exposición con grandes deudores. Además, el principal efecto de esa medida será el aumento de las exigencias de solvencia fiscal que afronta Argentina para cumplir con sus acreedores. En este compromiso se asienta el esquema de creciente superávit que padece la población.

Kirchner no tenía ninguna necesidad de anticipar ese pago y Chávez no estaba obligado a respaldarlo. Los 3000 millones de dólares que se han utilizado para sostener esa transacción podrían haberse destinado a gastos sociales o una mayor inversión pública. En ese caso, en lugar de mejorar el balance del FMI se habría favorecido a la masa de la población empobrecida.

La compra de los bonos argentinos no ha sido un acto de solidaridad, sino un sostén al giro de esos recursos al FMI. Por ese camino Venezuela participa de una triangulación que mantiene el endeudamiento de Argentina. Es cierto que el FMI suele prestar con garantías de ajuste fiscal antipopular que Venezuela de ninguna manera exige. Pero el valor de mercado de los bonos que ha comprado depende implícitamente de la continuidad del superávit. Los préstamos no facilitan ninguna medida de redistribución del ingreso en Argentina y abren serios interrogantes para Venezuela. ¿O acaso estas adquisiciones constituyen la inversión más acertada y prioritaria? ¿Favorecen las transformaciones sociales que se necesitan para profundizar el proceso bolivariano?

Lo que resulta indiscutible es que la  triangulación financiera Venezuela–Argentina–FMI convalida la vigencia de todos los mecanismos de pago de la deuda externa que actualmente rigen en América Latina. El reciclaje de los pagos choca, además, con la perspectiva de un frente común de deudores que pondría fin al drenaje de divisas. Por este camino no emergerá un banco regional al servicio de los pueblos, ya que la constitución de esa entidad requeriría frenar la salida de recursos latinoamericanos hacia los acreedores.

En las condiciones actuales de alto endeudamiento externo, el Bansur carecería de poder efectivo si no es gestado a partir la suspensión de los pagos de esa hipoteca. ¿Qué supervisión podría realizar de las finanzas de los países agobiados por una hemorragia de divisas? Un fondo anti–crisis no podrá forjarse en estas condiciones o sería inefectivo para contrarrestar los periódicos colapsos que sufren las economías latinoamericanas. Además, las reservas requeridas para acuñar en algún momento la moneda común difícilmente podrían ser reunidas en estas circunstancias. El condicionamiento que impone el pago de la deuda imposibilita la existencia de un Bansur con poder real, porque esas erogaciones absorben los fondos requeridos para plasmar ese proyecto.

Por otra parte, es evidente que las condiciones para constituir un banco regional no perdurarán indefinidamente. La excepcional coyuntura financiera actual debe aprovecharse o será desperdiciada y se está dejando pasar un período de altas cotizaciones de las materias primas y bajas tasas de intereses para adoptar decisiones claves. En vez de concertar un frente de los deudores, la mayoría de los gobiernos de centroizquierda se están poniendo al día con los pagos a los acreedores. De esta forma dilapidan los recursos iniciales que permitirían gestar el banco del ALBA financiero.

Estas discusiones estratégicas son habitualmente eludidas. Lo que prevalece son debates laterales sobre la conveniencia o no de acumular altas reservas en divisas. Ambas opiniones se apoyan en argumentos valederos, ya que es tan desacertado inutilizar recursos en las arcas de los Banco Centrales, como desproteger a las economías frente a imprevistas crisis externas. Pero el problema a dirimir no es la magnitud del respaldo que necesita cada economía, sino cuál es la finalidad de ese sostén. En un marco de aceptación de la deuda, la existencia de altas reservas, solo constituye una garantía de pago. Y en este mismo contexto, un nivel bajo de respaldo simplemente indica que los bancos confían en seguir cobrando su tributo. En ambos escenarios un Bansur no cumpliría ningún papel relevante.

Si la coyuntura financiera favorable de América Latina se prolonga y el crecimiento exportador no se detiene es posible que surja un banco regional. Pero sin cambios en torno a la deuda, esta entidad no apuntalará el proyecto imaginado con el ALBA financiero. Será un banco más, probablemente orientado a aceitar los negocios conjuntos de las burguesías locales en los distintos países de Sudamérica. Aunque los estados auspicien y regulen esta entidad, los préstamos estarán dirigidos a los grandes grupos capitalistas que están forjando actualmente pequeñas multinacionales latinoamericanas.

La cancelación anticipada que Argentina dispuso con el FMI se encuadra en está última perspectiva, porque Kirchner trabaja activamente para favorecer a los capitalistas locales. Ha buscado brindarles todo el oxigeno que necesiten para hacer negocios, sin las presiones adversas que ejerce el FMI en varios terrenos (tipo de cambio, tarifas e impuestos). Si el Bansur se erige adoptando este modelo de autonomía, el ALBA financiero quedará desnaturalizado o pasará al olvido.

Las opciones comerciales

Algunos analistas estiman que el propósito del ALBA es trascender el Mercosur y su equivalente en la región andina (CAN). Interpretan que está concebido para superar la fracasada integración desarrollista de los años 60 y la posterior reconfiguración neoliberal de ese proyecto[10].

¿Pero como se compatibiliza este objetivo con la acelerada negociación para incorporar a Venezuela al Mercosur?  Aunque el ingreso formal aún no se ha consumado, en ciertos terrenos el país ya ha comenzado a formar parte de esta asociación.

Esta integración seguramente tomará un tiempo, porque Venezuela debe adecuar su estructura arancelaria a las normas vigentes en el Cono Sur y también necesita reemplazar el esquema de asociación que mantenía con sus vecinos. Este trámite no será sencillo, porque el país tiene que amoldar 1600 normas comerciales a las pautas del Mercosur. Ciertos analistas anticipan que este proceso podría demorar por lo menos tres años y destacan que un área particularmente conflictiva será el reordenamiento de las relaciones de intercambio con Colombia[11].

Si se toma en cuenta que el Mercosur no alcanzó su propia armonización interna al cabo de una década y media, es poco probable que el nuevo socio logre una conciliación acelerada de su esquema aduanero con los países del sur.  La presencia de Venezuela no introduce mayor cohesión comercial, ni asegura la resolución de las dificultades que persisten en torno al arancel común.

Pero el problema más inmediato será el impacto de la disminución de las protecciones aduaneras frente a la competencia brasileña. Existe una diferencia de ocho veces entre la capacidad productiva de ambos países y Venezuela no está en condiciones de digerir una invasión de las exportaciones de su vecino sudamericano. Un informe reciente sobre el tema subraya que con excepción del petróleo, el hierro, el acero y el aluminio, el resto de los sectores industriales no podrían soportar la concurrencia de Brasil[12]. Esta asimetría presagia la reproducción del tipo de conflictos que oponen a Argentina con la principal economía de Sudamérica y refuta la expectativa de un beneficio compartido por todos los integrantes de la asociación[13].

Pero existe también un dilema estratégico: ¿cómo puede conciliarse el ingreso de Venezuela al Mercosur con el proyecto del ALBA?  ¿Se espera lograr la progresiva disolución de la primera asociación en la segunda? ¿Se piensa empujar a Brasil y a la Argentina en bloque o individualmente hacia la alternativa bolivariana?

Estas preguntas carecen de respuestas porque nadie aclara cómo se efectivizaría esa convergencia. Es evidente que Venezuela no trasciende al Mercosur al ingresar a este acuerdo y es un misterio cómo podrían efectivizarse los principios del ALBA en ese marco. Ambas iniciativas son inconciliables. De la misma forma que el Mercosur desaparecería si sus integrantes ingresan al ALCA, un ALBA genuino no podrá emerger nunca desde el Mercosur.

Esta incompatibilidad proviene de los intereses sociales que están en juego en ambos proyectos. El Mercosur es un organismo manejado por las clases dominantes del Cono Sur y busca afianzar la influencia de esos sectores. Los promotores del ALBA conciben al proyecto como un instrumento de las clases populares. Proponen una lucha antiimperialista e insinúan un horizonte anticapitalista. Estos objetivos no son realizables dentro del Mercosur. O se construye la integración regional fuera de ese ámbito o el ALBA pierde su finalidad originaria y se diluye antes de haber nacido. Este proyecto necesita diferenciarse taxativamente del Mercosur.

Tres ejes del ALBA

La integración goza de cierta popularidad en Latinoamérica porque existe la generalizada convicción que la balcanización de la región fue una de las causas del subdesarrollo. Pero la unidad regional frecuentemente es percibida como un propósito vago, lejano e impreciso. Existen pocas ideas nítidas del camino a recorrer para materializar ese proyecto. El ALBA podría comenzar a llenar ese vacío, si asume un perfil propio y explicita abiertamente sus diferencias con los programas capitalistas de ensamble regional.

El proceso de integración es bien visto, pero no constituye un valor en sí mismo, ni tiene implicancias espontáneamente progresivas[14]. Todo depende del modelo que asuma y de los intereses sociales que defienda. El desafío del ALBA es enarbolar un programa de integración popular como alternativa a los proyectos del imperialismo y las burguesías locales. Esta plataforma presupone tres ejes insoslayables: la nacionalización de la energía, el frente común contra el pago de la deuda y la redistribución del ingreso. Este último planteo es decisivo porque implica drásticas reformas sociales para mejorar inmediatamente el nivel de vida de los oprimidos. Su promoción le aportaría al ALBA una genuina legitimidad popular.

El Mercosur no puede ofrecer este tipo de sustento porque se ha sido erigido para reforzar ganancias capitalistas que agravan la inequidad social. Por eso la agenda de esa asociación gira en torno a los subsidios, los aranceles, el tipo de cambio y las inversiones. Para convertirse en una opción de las mayorías el temario del ALBA debería ser completamente diferente. Tendría que abocarse a debatir como coordinar a escala regional la lucha por mejoras de los salarios, seguros para los desocupados, auxilios a los pequeños campesinos y avances en la salud y la educación pública.

Este tipo de preocupaciones define el carácter popular de una propuesta de integración frente a los programas capitalistas. Estos proyectos excluyen los logros sociales y son intrínsecamente adversos a la redistribución. Propician el libre comercio,  uniones aduaneras y mercados comunes que refuerzan el crecimiento dualizado, la precarización del trabajo, la estabilización del desempleo y la consolidación de la pobreza. Cada modelo de integración presupone un perfil clasista. Mientras que el ALCA y el Mercosur disfrazan esas finalidades, el ALBA no debe ocultar que se ubica en el campo de la mayoría popular contra las minorías opresoras y que asume todas las reivindicaciones de los oprimidos.

Compartir un idioma, lazos fronterizos, cierta vecindad, rasgos idiosincrásicos y tradiciones semejantes facilita un proyecto de integración, pero no asegura su  legitimidad popular. La proximidad geográfica puede inducir a la asociación, pero lo que efectivamente impulsa a los distintos pueblos a converger en un proyecto compartido es la existencia de una meta emancipatoria.

Este aspecto antiimperialista está presente en la convocatoria al ALBA. Pero solo la expectativa de erradicar la opresión social convertiría a ese proyecto en un objetivo de las grandes mayorías. Para echar raíces en el imaginario colectivo, el ALBA debería asumir claramente las banderas de la lucha social.

Un proyecto de emancipación regional también contribuiría al éxito de las batallas reivindicativas que se desenvuelven a escala nacional. El ALBA aparece en un momento muy oportuno, porque muchos movimientos sociales actualmente enlazan sus demandas locales con banderas regionalistas. La propuesta podría aunar las aspiraciones sociales en juego en cada país, con la meta de la integración popular latinoamericana.

Pero este ensamble presupone un abierto compromiso con las exigencias que los trabajadores, campesinos o desocupados esgrimen contra sus opresores locales.  Si los artífices del ALBA son los pueblos, no hay transacción posible con las clases dominantes de Latinoamérica.

La perspectiva socialista

El ALBA ha sido imaginado en términos de esperanza, amanecer o alborada, pero cumplirá esa expectativa si desenvuelve un proyecto revolucionario para América Latina. Este curso exige no solo la impugnación radical del librecomercio y del neoliberalismo, sino también la actualización del legado antiimperialista que forjaron los pregoneros de la unidad latinoamericana (Bolívar, Miranda, Morazán). Los pensadores y líderes populares de distintas regiones del continente mantuvieron viva esta tradición durante el siglo pasado. La unidad regional nunca fue una meta de las oligarquías y continúa siendo un objetivo ajeno a las clases dominantes contemporáneas.

Los únicos grupos sociales con interés y capacidad de concreción de este propósito son los explotados y oprimidos de la región. Por esta razón el anticapitalismo forma parte del horizonte necesario para alcanzar la integración popular de América Latina. Un ALBA popular logrará sus metas si converge con los métodos de lucha, los programas estratégicos y los sujetos sociales comprometidos con el socialismo.

Este empalme es factible porque dos articuladores del ALBA –el proceso bolivariano y la revolución cubana– promueven también el denominado “socialismo del siglo XXI”. Esta convergencia de objetivos fue por ejemplo visible en el Foro Social Mundial realizado en Caracas en enero pasado. Ambos proyectos se debatieron conjuntamente en numerosas actividades.

No es fácil precisar el significado actual de una integración socialista de la región. Pero resulta vital comenzar a concebir desde ahora que tipo de unidad regional empalmaría con la erradicación del capitalismo. Los principios de esta convergencia serían completamente opuestos a las normas que guían el libre comercio o un mercado común. En lugar de ponderar las ganancias y los negocios, la integración socialista convoca a la emancipación, la libertad y la igualdad.

Es cierto que este postulado es muy genérico y que el emblema de forjar la Unidad Socialista de América Latina presenta todavía un cariz muy vago y abstracto. Pero el desafío es llenar de contenido ese casillero y evitar formularlo como un ultimátum. Con distintas mediaciones y planteos transitorios se encontraría el ensamble entre las metas regionalistas y anticapitalistas. El planteo del ALBA permite avanzar en la comprensión de estas conexiones.

La integración socialista de América Latina constituirá un proceso original, que sintetizará las tradiciones y las culturas peculiares de la región. Pero esta especificidad no anulará el significado universal del socialismo como debut de una sociedad pos–capitalista. La unidad regional sería un eslabón hacia ese objetivo.

La integración socialista sugiere un porvenir completamente diferente al imaginario neoliberal de mercado perfecto y al propósito keynesiano de humanizar el capitalismo con regulaciones estatales. Debatir un proyecto socialista implica sustraer la discusión de los moldes capitalistas, que frecuentemente se asumen como datos invariables del futuro. Limitarse a dirimir cuál es el modelo de explotación se adecua a la región equivale a proclamar una auto–condena. El capitalismo augura miseria, opresión y padecimientos populares en cualquiera de sus variantes. Por eso la integración popular latinoamericana exige dos horizontes: el ALBA y el socialismo.