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La
lucha de los mineros de Michoacán
Fox
y el PRD se unen para reprimir a los obreros
Por
Oscar Alba
Socialismo o Barbarie, periódico, 04/05/06
El
gobierno del PAN (Partido Acción Nacional) y el gobierno del estado
de Michoacán, en manos del PRD (Partido de la Revolución Democrática,
que es el “progresismo” mexicano), tienen las manos manchadas de
sangre minera tras la salvaje represión del 20 de abril, que dejó
como saldo dos compañeros muertos. Pero los trabajadores no
retroceden, y las multitudinarias manifestaciones del 1º de mayo
mostraron que su ánimo de lucha está más firme que nunca.
El
2 de abril estalló la huelga en el complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas–Las
Truchas, en la ciudad puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de
Michoacán, al oriente del país. Lo que desató el conflicto fue la
política del gobierno del presidente Fox de lanzar
un ataque contra el sindicato minero, expulsando a su principal
dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, imponiendo a Elías Morales, un
personaje de su entera confianza, y desconociendo la organización en
la planta.
Ante
esta situación los mineros tomaron la planta. La Secretaría de
Trabajo declaró ilegal la huelga y ordenó el desalojo. Pocos días
antes de la represión, en una gira, el presidente Vicente Fox (PAN)
le aseguró a Felipe Manuel Maya Bucio, secretario de seguridad e
higiene de la sección 271 del sindicato minero, que no habría agresión
a los trabajadores. “48 horas después, vemos como el Presidente
incumple su palabra”, declaró Bucio (La jornada de Morelia).
El
jueves 20 de abril, a las siete de la mañana arriban al complejo
siderúrgico 800 efectivos de la policía local, la policía federal y
grupos antimotines para desalojar a los trabajadores que habían
tomado la planta y llevaban ya 19 días de huelga. Las fuerzas
represivas ingresaron por la parte trasera de la acería y tomaron por
sorpresa a los trabajadores que se encontraban agrupados en el portón
principal. Esto hizo que, en un primer momento, los mineros se
dispersaran. “Sin embargo, dos horas después arribaron más
obreros, y con palos piedras, varillas y hasta máquinas excavadoras
replegaron a los policías al interior de la planta, por el mismo
lugar donde llegaron” (Idem).
Las
balas asesinas de la policía se cobraron la vida de dos obreros: en
el enfrentamiento cayeron José
Luis Castillo Zúñiga y Héctor Álvarez Gómez, representante
sindical en la comisión mixta de la empresa Mittal Steel. También
fueron heridos de bala varios trabajadores. “Cuando Mario
Alberto Castillo se desplomó, tras recibir la bala que le destrozó
el cráneo, un policía le puso el pie en la cabeza y, envalentonado,
gritó frente a los otros obreros que se hallaban a unos metros: «¡A
ver, vengan por él! ¿Lo quieren? ¡Pues vengan por él!»” (La
jornada, 22/4)
El
enfrentamiento duró siete horas, y fue fundamental la llegada de
obreros de otras plantas que se unieron solidariamente para
enfrentarse también con la policía. Ante el embate de los
trabajadores, la policía se tuvo que replegar y los obreros pudieron
mantener el control de la planta. Poco después, el ejército y la
marina se apostaron en los centros neurálgicos de la ciudad.
Horas
después del enfrentamiento, alrededor de las seis de la tarde, con la
policía ya replegada, se realizó una marcha de alrededor de mil
mujeres, esposas e hijos y familiares de los trabajadores, que partió
del monumento al minero, para repudiar la represión y exigir la
renuncia del Secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz.
La movilización recorrió las calles de Lázaro Cárdenas hasta
llegar a la puerta dos de Sicartsa donde estaban los huelguistas
La
patronal justifica la represión del gobierno
Desde
la vereda opuesta a los trabajadores rápidamente se hicieron oír las
voces patronales. Ricardo Rubí Bustamante, presidente de Consejo
Coordinador Empresarial, dijo que el sector “está de acuerdo con la
aplicación de la ley. Para eso está la fuerza pública: para someter
a los ciudadanos que violan la legislación”. Por su parte, Eduardo
Sánchez Martínez, dirigente estatal de la Confederación Patronal de
la República Mexicana aseguró que no se puede hablar de represión
con respecto a lo que ocurrió en Sicartsa, ya que la policía y el
Grupo de Operaciones Especiales actuaron con “apego a la ley y al
estado de derecho”.
Mientras
tanto, el gobierno del estado de Michoacán, encabezado por Lázaro Cárdenas
Batel (del PRD), en un primer momento, se lavó las manos del
asesinato de los dos mineros y de la acción del desalojo. Entonces,
afirmó descaradamente que el GOE –grupo de la Secretaría de
Seguridad Pública estatal– iba desarmado. Pero el lunes 25 de
abril, el propio gobernador del estado declaró que su gobierno asumía
la responsabilidad por los agentes que dispararon en el
enfrentamiento. “Estos agentes tendrán que ser castigados como
tendrán que ser castigados sus jefes. Yo no autoricé, en ningún
momento, que llevaran armas”, explicó Lázaro Cárdenas a la
televisión mexicana (Provincia, 22/4)
Un
día después del enfrentamiento de los mineros con la policía,
representantes del equipo gubernamental llegaron hasta Lázaro Cárdenas
a buscar un arreglo al conflicto. La heroica resistencia obrera al
desalojo obligó al gobierno de Fox a tratar de negociar. Junto con
esto, en Morelia, capital del estado de Michoacán, se conocían las
renuncias del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Gabriel
Mendoza Jiménez, y de Jaime Liera, coordinador de la Policía
Ministerial.
Los
trabajadores han planteado condiciones para sentarse a la mesa de
negociación. En primer lugar, el desistimiento de la empresa, del
Grupo Villacero, de por lo menos 30 demandas penales contra dirigentes
sindicales mineros. Y que la empresa reconozca a Gómez Urrutia como
legítimo representante de los mineros. También plantean que se vayan
la policía estatal y la
federal de la zona del conflicto.
El
Sindicato Nacional de mineros solicitó a su vez la investigación
sobre los responsables de los asesinatos de Castillo Zúñiga y Alvaro
Gómez y las agresiones recibidas por otros trabajadores, algunos de
los cuales se encuentran en grave estado.
La
lucha continúa
El
24 de abril, a cinco días del enfrentamiento, aún no había ninguna
oferta en concreto de la representación del gobierno hacia los
trabajadores. Lo cual indica que la lucha, lejos de resolverse, va a
continuar.
El
sector minero en México agrupa a 270.000 trabajadores y lleva
alrededor de dos meses en lucha. Desde la trágica explosión en
Pastas de Conchas, donde murieron 63 mineros y se realizó una huelga
general, ha habido paros en varias empresas mineras del país. La
patronal minera dice que por cada paro tiene pérdidas de 5 millones
de dólares.
Sicartsa
es el complejo siderúrgico más grande y la mayor productora de
varilla corrugada en América Latina.
Como otros centros mineros, fue una empresa estatal hasta que
la ola privatizadora de los 90 llegó a ese sector industrial. El año
pasado, los trabajadores de este complejo, mediante una gran huelga
lograron imponer un aumento salarial superior al “techo” que venía
estableciendo el gobierno de Fox. También se vienen registrando
huelgas en otras minas.
Este
1º de mayo, más de cinco mil trabajadores, en su mayoría miembros
de las secciones 271 y 273 de Mineros, apoyados por telefónicos,
maestros, empleados municipales y de la salud, entre otros, marcharon
por las calles de la ciudad Lázaro Cárdenas exigiendo cárcel para
los asesinos de los dos trabajadores muertos el pasado 20 de abril.
“Los
manifestantes partieron del entronque de la Avenida Lázaro Cárdenas
con la autopista a Morelia, y durante todo el trayecto de más de
cinco kilómetros destruyeron toda la propaganda de los candidatos del
PAN a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y
del diputado federal por este lugar, Pablo Aguilar Serrato, la cual
incendiaron, además de pintorrear edificios públicos y comercios,
con leyendas de «Fox y Batel, asesinos de mineros»” (Cambio de
Michoacán, 2–5). La marcha terminó
con un acto en la puerta de Sicartsa.
En
Morelia se manifestaron 75.000 trabajadores el 1º de mayo, levantando
como consignas centrales la solidaridad con la lucha de los
inmigrantes en Estados Unidos y el apoyo a los mineros.
En
el Distrito Federal, en el acto que realizaron los llamados sindicatos
independientes, el dirigente telefónico Francisco Hernández
Juárez, sostuvo que “este apoyo impulsa más la opción para
convocar a una huelga general antes de las elecciones del 2 de
julio” (Notimex). Participaron del acto centrales obreras como la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la
Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, los
gremios universitarios, de telefonistas y de servicios aéreos, entre
otros.
Sin
duda, la lucha de los mineros de Michoacán se está convirtiendo en
el punto más alto de la lucha de los trabajadores mexicanos contra la
política antiobrera del presidente Fox. Se plantea entonces la
necesidad de avanzar en la unidad obrera sobre la base de la
independencia de las organizaciones sindicales del Estado y el
gobierno y la democracia directa de los trabajadores. En este marco,
se impone construir una herramienta política para terminar con el régimen
y la voracidad capitalista en el “patio trasero” del imperialismo
yanqui.
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