América Latina

Un movimiento asambleario de apoyo a los maestros, en huelga desde mayo, tiene tomado el centro de la capital y ha forzado el cierre de dependencias del Gobierno

La insurrección se adueña de Oaxaca

Reportaje de Francesc Relea
El País, Madrid, 10/09/06
Enviado por Correspondencia de Prensa, 10/09/06

Oaxaca.- Las oficinas de la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Oaxaca están precintadas con un letrero donde se lee "Clausurado hasta la salida de U. R. O. [iniciales de Ulises Ruiz Ortiz, gobernador del Estado]". En una situación similar están la sede de la Casa de Gobierno, de la Secretaría de Finanzas y todas las del poder Ejecutivo de este Estado mexicano, el nuevo edificio del poder Legislativo y el del Tribunal Superior de Justicia.

La práctica totalidad de las dependencias del Gobierno estatal en la ciudad de Oaxaca, de 600.000 habitantes, están cerradas al público. Las barricadas impiden o dificultan el libre tránsito, la Policía ha sido acuartelada y el centro histórico del capital del Estado está tomado por la autodenominada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y los maestros en huelga desde el mes de mayo, que han dejado sin clase a 1,3 millones de escolares, de este Estado de tres millones de habitantes, situado a unos 400 kilómetros de Ciudad de México.

Lo que empezó hace más de tres meses como un conflicto laboral sin mayor trascendencia ha degenerado en una protesta insurreccional, cuyos líderes exigen la salida del gobernador Ruiz (del PRI, Partido Revolucionario Institucional) para dar paso a un "gobierno popular".

En las dependencias de la Unidad de Protección Civil, un grupo de la Brigada Móvil de la APPO llegó con el siguiente mensaje para los trabajadores: "Tienen vacaciones a partir de hoy. Estas oficinas pertenecen ahora a la APPO". Los integrantes de dicha brigada recorren la ciudad para declarar "clausuradas" oficinas gubernamentales y desalojar a los funcionarios. Los brigadistas se atribuyen prerrogativas de policías y jueces, y han llegado a detener a supuestos violadores de la ley, interrogar y ordenar castigos, para entregar posteriormente los "capturados" a la Cruz Roja. La gravedad de algunos incidentes protagonizados por este grupo, con uso de violencia y escarnio contra las víctimas, obligó a los líderes de la APPO a suspender desde el viernes pasado las acciones de la Brigada Móvil.

Heliodoro Díaz Escárraga, secretario general del Gobierno, niega que haya parálisis en las funciones administrativas del Ejecutivo, "que operan en la mayor parte del Estado", y prefiere hablar de "una complejidad en la ciudad de Oaxaca". Parte de esta complejidad es que el número dos del Gobierno reciba a EL PAÍS avanzada la noche en un discreto hotel de la ciudad, que el gobernador se desplace en la semiclandestinidad, que haya enviado a su familia lejos de Oaxaca porque en ningún lugar de la ciudad puede sentirse completamente seguro, o que los diputados sesionen en casas particulares. La cabeza del gobernador es el objetivo irrenunciable de la insurrección oaxaqueña.

Nadie lo admite públicamente en las filas de la revuelta oaxaqueña, pero no es difícil percibir un paralelismo entre la radicalización de la protesta social en uno de los Estados más olvidados por el poder central, y la escalada de la tensión del derrotado candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México para ponerle las cosas difíciles al presidente electo, Felipe Calderón. "La APPO es independiente de los partidos políticos y de cualquier estructura del Estado", dice Florentino López, 22 años, estudiante de Derecho y portavoz de la organización. "No tenemos ningún vínculo con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni con López Obrador", añade.

Pero en los discursos de unos y otros, las similitudes asoman en varios frentes. López Obrador ha convocado para el próximo 16 de septiembre una Convención Nacional Democrática "para lograr una transformación de todas las instituciones de la República". El portavoz de la APPO afirma, por su parte, que luchan "por una nueva Constitución y la reforma integral del Estado". "Proponemos una Asamblea Nacional de los Pueblos de México que luche por una Asamblea Constituyente para resolver todos los rezagos históricos de nuestro país", añade.

En Oaxaca, algunos líderes de la revuelta sienten que ha llegado la hora del ejercicio de la soberanía popular. "La APPO empieza a funcionar como gobierno, porque en los hechos hay un vacío de poder", señala Florentino López en un rincón del campamento revolucionario en que se ha convertido la plaza del Zócalo oaxaqueño.

La idea que está sobre la mesa de la APPO es difundir una proclama el próximo 16 de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias, que declare proscrito el Gobierno de Ulises Ruiz y anuncie el ejercicio del poder desde el centro histórico, de manera que los dirigentes de la APPO se instalarían en el Palacio de Gobierno, hoy convertido en museo.

Las cosas han llegado tan lejos en Oaxaca en buena parte porque el Gobierno estatal, empecinado en la arrogancia, y el federal, más preocupado de las elecciones presidenciales, no han asumido su responsabilidad. El columnista Raymundo Riva Palacio escribía recientemente en el diario El Universal que "Oaxaca sigue siendo el principal problema político de México, pudriéndose cada día más por la negligencia de quienes deben buscar una solución".

No cabe duda de que el conflicto de Oaxaca tiene raíces profundas y de que buena parte de las reclamaciones de quienes protestan son de toda justicia. Oaxaca está en el furgón de cola de México, a pesar de ser cuna de destacados personajes de la historia del país, como Benito Juárez, Porfirio Díaz y José Vasconcelos. "De nada nos ha servido", dice Ismael Sanmartín, director de Noticias, el diario de mayor difusión. Las principales fuentes de ingreso del Estado, donde la industria brilla por su ausencia, son el turismo y las remesas que envían los miles de emigrantes oaxaqueños desde EEUU.

"Los jóvenes se van al vecino del norte o a la marihuana. El narcotráfico ha crecido de manera alarmante en algunos puntos del Estado", subraya Sanmartín. Noticias es el único diario abiertamente opositor al Gobierno estatal, aunque en el pasado no era así. Su postura crítica le costó el asalto y toma de sus instalaciones y diversas agresiones por grupos armados organizados desde los círculos del poder, según denuncias de los responsables del diario y de diversas organizaciones humanitarias.

El actor original del conflicto en Oaxaca, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (SNTE), agrupa a unos 70.000 maestros y depende del comité ejecutivo nacional de una organización sindical gigantesca –la más poderosa de América Latina–, que históricamente ha actuado como una corporación del PRI, con más de un millón de afiliados. Hasta 1980, cuando se desligó de la dirección nacional del SNTE, y la sección 22 entró en una nueva fase de mayor autonomía y democracia. Año tras año, al llegar mayo, los maestros oaxaqueños realizan paros, marchas y otras movilizaciones. Piden mejoras salariales y de condiciones laborales y empiezan a negociar con el Gobierno del Estado y de la federación. Después de algunas semanas de acampar en el Zócalo, solía llegar el acuerdo.

El pasado mayo empezó como siempre. Los maestros presentaron su lista de reclamaciones, entre las que destacaba el cambio de zona a la que pertenecen, a fin de obtener mayores ingresos. El Gobierno estatal respondió que el asunto era competencia de la federación, pero su titular, Ulises Ruiz, pronto dio muestras de que esta vez no seguiría el mismo camino de sus antecesores. Llegó a la gobernación de Oaxaca con la voluntad de poner fin a los plantones y marchas callejeras, y sacó la policía a la calle como ningún otro gobernador había hecho.

Abogado defensor de ganaderos y terratenientes en los años ochenta frente a las organizaciones campesinas que tomaban tierras, Ruiz asumió el cargo cuestionado, porque su opositor, Gabino Cué, de la coalición Por el Bien de Todos (encabezada por el Partido de la Revolución Democrática, PRD), perdió las elecciones de 2004 por escaso margen e impugnó los comicios. Ruiz fue diputado federal y senador, y un importante operador político de Roberto Madrazo, derrotado candidato a la Presidencia por el PRI.

Después de varias sesiones de negociación sin resultado, el 22 de mayo los maestros ocuparon el centro histórico de Oaxaca y levantaron un campamento en el Zócalo. El 14 de junio el Gobierno ordenó el desalojo de los maestros en un operativo policial tan mal planificado como violento. Tres horas después los maestros recuperaron sus posiciones y los policías se batieron en retirada, con un balance de un centenar de heridos y 11 detenidos.

La ola de solidaridad popular con los maestros catapultó un nuevo movimiento que integró a diversas organizaciones sociales bajo las siglas APPO. Su lema de presentación era "Va a caer". La APPO radicalizó el movimiento de protesta, que ya no se limita a reivindicaciones laborales. Al grito de "Fuera Ulises", empiezan las tomas de edificios oficiales, y la quema de coches y autobuses. Los operativos parapoliciales nocturnos de amedrentamiento causaron un muerto, y como respuesta, el 22 de agosto empezaron las barricadas para impedir el paso de un llamado convoy de la muerte.

La revuelta de Oaxaca ha cambiado completamente el panorama político del Estado, que el 2 de julio dejó de ser un bastión tradicional del PRI. Andrés Manuel López Obrador ganó ampliamente la elección presidencial y su partido, el PRD, obtuvo 9 de los 11 diputados federales y los dos senadores en disputa. El efecto AMLO y el voto de castigo al PRI hizo estragos.

Entre la intransigencia de un gobernador acusado de déspota, tirano y de haberse enriquecido ilegalmente, y un movimiento de protesta que mantiene la ciudad patas arriba, "está el pueblo–pueblo, que lleva la peor parte de esta lucha", dice el padre Wilfredo Mayren Peláez, que integró la malograda comisión de intermediación. El futuro del conflicto se dirime estos días en las negociaciones entre representantes de los maestros y movimientos sociales y el Gobierno federal.

De la resistencia a la búsqueda de alternativas

El amanecer del optimismo en Oaxaca

Por Pedro Pineda i Coloch
Boletín de CIEPAC Nº 518, Oaxaca, 06/09/06

Oaxaca continúa su camino, sus pasos humildes y firmes hacia su futuro, pasando por la autonomía y la democracia real. Después de los salvajes ataques de hace apenas dos semanas, se mantienen las barricadas y se continúa bloqueando la ciudad en las noches.

Los vecinos y comerciantes sufren esta situación, y se dan no pocos problemas, pero poco a poco se van encontrando soluciones y se va explicando a los inconformes el porqué son necesarios los bloqueos y barricadas. "Levantar las barricadas ahora es abrir la puerta a los asesinos", clamaban las bocinas de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca(1)) en la megamarcha del viernes pasado, la quinta que se produce desde que inició el movimiento magisterial, el 22 de mayo. Se nota la nutrida presencia de maestros en esta marcha cuando un joven escribe en la pared "fuera el ejérsito de Oaxaca" y le corrigen insistentemente "muchacho, ejército se escribe con C". La lucha no les hace olvidar su vocación pedagógica... Y junto a los más de 20 mil maestros, cientos de miles de personas marcharon por las calles de la ciudad (secundadas por miles de vecinos que miraban pasar la marcha, muchos sonriendo o directamente aplaudiendo) exigiendo la destitución del Gobernador Ulises Ruiz, dando, de esta manera, un espaldarazo a la Comisión Única de la APPO y el Magisterio que ha iniciado, esta semana pasada, diálogos con el titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal, para tratar medidas de distensión por ambas partes, sin renunciar un ápice a su demanda única: la salida de Ulises.

Por su parte, la APPO está dando muestras de buena voluntad, liberando durante el día la carretera 190, que une el Istmo de Tehuantepec con la Ciudad de México, así como algunas de las principales avenidas de la capital del Estado. Estas medidas se ofrecen, sobre todo, al pueblo de Oaxaca, como solución a algunos problemas planteados, como está siendo el desabasto en los mercados. Otras medidas, como la devolución de las radios y del Canal 9 de la TV estatal, han sido rechazadas. El titular de Gobernación, por su parte, ha prometido la liberación de los presos políticos, pero se ha lavado las manos en lo referente a la destitución de Ulises Ruiz, alegando que hará lo necesario para que se estudie esa posibilidad en el Senado de la República (dominado por los grupos que apoyan a Ulises). Ha tratado, a su vez, de llegar a acuerdos con los 26 integrantes de esta Comisión Única (13 miembros del Magisterio y 13 más del resto de organizaciones que integran la APPO), pero esta mesa es de diálogo, no de negociación. La salida de Ulises Ruiz es una necesidad irrenunciable y, por tanto, no se negocia.

Para todo lo demás, no esperan nada del Gobierno. Siguen tomados 22 palacios municipales, y mientras, avanza el proceso organizativo y de integración en el movimiento por parte de las colonias, los ayuntamientos e, incluso, algunas agrupaciones de municipios –que se agruparon, precisamente, para hacer valer sus demandas–. Ya hay, además, APPOs regionales, como es el caso del Istmo de Tehuantepec, que decidió impedir el traslado de poderes a Juchitán de Zaragoza, obligando a Ulises Ruiz Ortiz (URO) a desistir de asentarse en este municipio para tratar de reinstalarse como lo que ya no es: Gobernador de Oaxaca. El mismo Carlos Abascal reconoce el "impresionante capital político" que ha ganado la APPO, aunque advierte que algunos defectos de ésta pueden hacerle perder ese mismo capital. Estamos de acuerdo, por una vez, con el Secretario de Gobernación, aunque también anotaremos unos puntos de interés para ver cómo se van corrigiendo estos defectos.

El reconocimiento de un gobierno de facto. La APPO asume su papel

Una de las medidas de distensión antes mencionada, la liberación de dos avenidas, responde a una demanda de los vecinos y comerciantes del centro histórico de Oaxaca de Juárez, la capital del Estado, quienes han estado apoyando al movimiento entregando cobijas, llevando comida al plantón, etc. Por otra parte, algunos de los microbuses que se tomaron para bloquear las calles se han devuelto, pactando un horario con los transportistas, quienes los vuelven a estacionar en las barricadas en la noche. A su vez, un colectivo de taxistas, simpatizantes del movimiento –quienes se distinguen con una estrella roja–, ofrecen descuentos del 50% a los integrantes de la APPO, como muestra de solidaridad y reconocimiento por las medidas encaminadas a mejorar la vialidad en la ciudad. Por otra parte, los trabajadores de la empresa de autobuses de largo recorrido ADO, han informado a la APPO que, para evitar sospechas sobre el traslado de policías y delincuentes al servicio de URO en los vehículos de dicha empresa, han decidido en asamblea cancelar los servicios nocturnos. Ya hace semanas, pues, que los ciudadanos recurren a la APPO para solucionar sus problemas, principalmente en cuanto a la seguridad pública, la vialidad, la limpieza (que, por cierto, es notable debido a las brigadas diarias de recogida de basura).

Es un proceso incipiente que ha decidido madurar. En su asamblea plenaria de este domingo, 3 de septiembre, los más de 400 delegados presentes tomaron la decisión de ejercer el gobierno, para suplantar ya definitivamente al desbancado Ulises Ruiz. Se considera urgente avanzar en este sentido, por lo que se ha encargado a la Dirección Colectiva la elaboración de una propuesta de convocatoria y estructura organizativa de la APPO para presentar en la próxima asamblea plenaria, esta misma semana.

En esta misma plenaria, la "Coordinadora de mujeres oaxaqueñas 1º de agosto de la APPO" se integró a la Asamblea Popular y a su Dirección Colectiva. Esta coordinadora convocó a una caravana motorizada, que ya salió, conformada por 500 mujeres, hacia la Ciudad de México, para instalar un plantón en el Zócalo capitalino y rememorar la marcha de las cacerolas, con la que tomaron el Canal 9 de la TV estatal, con el fin de presionar para la salida inmediata de URO.

Siguiendo con la urgencia del ejercicio de gobierno, uno de los problemas que mayormente se plantean es qué hacer con los detenidos. Los delincuentes que son atrapados... hasta ahora solo reciben castigos de limpieza y otros servicios a la comunidad, o los mismos vecinos les rapan el cabello para reconocerlos. Pero la APPO no se atreve a tenerlos detenidos, por miedo a que alguien, fácilmente enviado por el Gobierno, los agreda y esto sirva de excusa para enviar al Ejército, que ya ronda la zona. Sienten la terrible injusticia de dejar sueltos a los ladrones, pero sobre todo a aquellos que han agredido –e incluso asesinado– a sus compañeros. Saben que es un peligro para la gente, pero entienden que hay mucho más en juego, que un linchamiento o una agresión a un detenido puede ser el fin del movimiento. Ante esta situación, una de las propuestas es la de construir cárceles populares. Esto sería un punto urgente, pues la complicidad de las autoridades federales con los sicarios de Ulises Ruiz se hace evidente, y sólo así se acabaría con la impunidad de que gozan. De momento, "empezarán realizando rondines de vigilancia en las principales calles de la ciudad por parte, eventualmente, de miembros del Honorable Cuerpo de Topiles de la APPO y de la Policía Magisterial de Oaxaca (también de la asamblea), para abatir el índice de robos y asaltos ocurridos en días recientes"(2).

Los peligros. Las malas artes del poder enquistado

Esta impotencia ante los delincuentes no es por incapacidad de mantener el orden. Las brigadas móviles de la APPO, y sobre todo, la organización ciudadana, mantienen bastante a raya a los asaltantes, muchos de ellos enviados por URO para desprestigiar a la APPO, así como las barricadas dificultan el "trabajo" a los escuadrones de la muerte. El problema principal está en las estructuras de poder que se dan en México, donde los medios de comunicación más importantes, principalmente Televisa y TV Azteca, mienten más que hablan, obedeciendo de una manera descarada, inmoral –y a veces criminal–, a sus propios intereses corporativos. El verdadero problema de la inseguridad se debe a la muy previsible manera en que estos medios convencerían a amplias capas de la población de que las detenciones de la APPO constituirían actos delictivos, de secuestro, del mismo modo en que, denunciando las pacíficas y desarmadas barricadas que obstruyen el paso a los escuadrones de la muerte, estos medios televisivos exigen la entrada de las fuerzas federales para detener la violencia, misma que sus propios reporteros han sufrido, únicamente, por parte de las fuerzas policiales y paramilitares al servicio de Ulises Ruiz. Este es el verdadero problema para la seguridad en Oaxaca, que proviene de las cloacas del poder y que costará resolver.

En esta misma línea, hace apenas unos días, se dio la aparición de un supuesto grupo guerrillero en la sierra oaxaqueña, región que se ha sumado masivamente al movimiento popular y pacífico de la APPO. Lo nuevo e impecable de sus uniformes y la similitud con el armamento de la policía, levantaron rápidamente la sospecha de que se trataba de un montaje. Las mismas autoridades municipales de la zona han desmentido la presencia de grupos armados en la región, y han declarado que, si los hubiese, ellos mismos los detendrían. Como se temía, esta estrategia ha servido de excusa al Gobierno Federal para enviar sus tropas a Oaxaca. Vecinos y autoridades de diversos distritos de la Sierra Juárez han denunciado la presencia de un convoy militar, que supuestamente está "peinando" la zona. Vieron pasar también un camión del Ejército cargado de alimentos. Los lugareños recuerdan con desagrado que en diciembre de 1996 el Ejército Mexicano penetró en la sierra con helicópteros y toda su fuerza represiva para agredir a los indígenas. En la misma lógica que siguió ante el creciente movimiento popular en la Costa, en marzo de este año, a la organización y participación política de la población, el Gobierno Federal responde enviando a sus soldados.

No se descarta que se produzcan, por lo demás, acciones bélicas por parte de este supuesto grupo armado –que en realidad serían perpetrados por policías afines a URO y "malandrines" excarcelados para apoyar en la guerra sucia contra el movimiento popular–, lo cual desencadenaría la intervención militar. La próxima semana puede ser clave en este aspecto, pues, mientras se escribe este boletín, llegan nuevas denuncias de la sierra. "El coordinador del área de derechos indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Aldo González, declaró que unos 100 elementos del Ejército ingresaron abordo de 11 camiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, el pasado sábado, al municipio de Ayotzintepec, para después dirigirse a La Josefina, San Francisco Yovego y acampar en Yagalaxi."(3) Se interrogó a los soldados sobre el motivo de su presencia y se negaron a responder de manera oficial, aunque algunos elementos afirmaron que "sólo" estaban comprobando si los maestros estaban o no impartiendo las clases.

Igual de preocupantes son las informaciones que distintos policías con conciencia y escrúpulos filtran a la APPO. Y es que habría un plan para la eliminación física de los dirigentes de las diferentes organizaciones aliadas dentro de la APPO, así como para el secuestro y agresión a los familiares de los mismos. Según estas mismas informaciones, se habría contratado expresamente un grupo de sicarios para este "trabajo".

Una nueva forma de gobernar y gobernarse. "La construcción de un futuro urgente"

Por otro lado, sin dejarse intimidar por las artimañas del Gobierno Federal y Estatal, se está preparando un bando de Buen Gobierno por parte de la APPO que atenderá la seguridad pública –tanto del plantón del Zócalo de la capital como de la ciudad en general–, la limpieza municipal y el embellecimiento de la ciudad, la vialidad (transporte urbano y suburbano), y la convivencia armónica, así como planteará diferentes medidas para reactivar la economía y recuperar el turismo. Estos bandos se emitirían en todo el Estado y no sólo serán válidos para las zonas, ciudades o municipios que simpatizan o forman parte de la APPO. De la misma manera, se invitará a las diferentes APPOs regionales, así como a los 570 municipios del Estado, a que elaboren sus propios bandos de gobierno. A la vez, se está redactando un Manifiesto a la Nación para explicar el porqué de estas decisiones, declarando proscrito el Gobierno de Ulises Ruiz y anunciando que el gobierno se ejercerá desde el centro histórico de la Ciudad de Oaxaca.

En la misma línea, se lanzarán proclamas municipales y se emprenderán acciones de gobierno para fortalecer la APPO, así como se crearán comités de la Asamblea Popular en las colonias y barrios de la capital (de seguridad, limpieza, salud...). Se espera que, de esta manera, ya no sea necesario mantener las barricadas por toda la ciudad.

Ya a nivel estatal, se establecerá una Junta Provisional de Gobierno Popular. Cuanto esté constituida, ocupará el antiguo Palacio de Gobierno (convertido en museo durante el mandato de Ulises Ruiz). Como primera acción, y esto es de vital importancia en un país como México, se organizarán las celebraciones patrias, tradición que insistentemente han solicitado las comunidades que se respete. El Grito de la Independencia, que cada año lanza el Gobernador del Estado el 15 de septiembre, lo lanzaría un representante de la APPO desde el mismo Palacio de Gobierno. Para esta celebración, se ha invitado a los embajadores de los diferentes países, esperando que quizás acudan a este llamado los representantes de Venezuela, Cuba y/o Bolivia, principalmente.

De la misma manera, se quiere enviar embajadores a todos los estados de la Nación. El 15 y 16 de septiembre saldrán 3 caravanas para difundir la lucha oaxaqueña en el Norte, el Centro y el Sur del país, convocando a construir Asambleas Populares Estatales y, finalmente, una Asamblea Popular de los Pueblos de México, que abra un nuevo proceso constituyente y rescate a la Nación de la deriva neoliberal y colonial en la que se ve inmersa.

Y es que, parafraseando al célebre Obispo Emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, "se están poniendo los cimientos de algo que no viene automático, sino que es el resultado de un trabajo conjunto, [...] se abre un gran reto para la construcción de un futuro urgente, que ya ha empezado pero que tendremos que acelerar. [...] Estamos ya en un foro permanente y en la construcción de ese futuro que ya está en nuestras manos". Samuel Ruiz considera que se está dando algo inaudito, pues aunque las luchas ya iban unidas, ahora están verdaderamente articuladas, y se tratan temas que no suelen tratarse: "eso quiere decir que se adelantan los tiempos para la construcción y que, ya desde ahora, se están poniendo los cimientos que se han empezado a construir en otras partes, pero que tendrá que continuar en un movimiento acelerado para que el futuro se haga presente". También destaca el papel de los indígenas, que dejan de ser ignorados o sujetos a absorber por nuestra sociedad, y "ahora se vuelven fuente de esperanza para nuestro futuro y para nuestra propia existencia en el momento que está por venir."

Estas palabras fueron pronunciadas en el Foro Nacional "Construyendo la Democracia y la Gobernabilidad en Oaxaca", celebrado durante los días 16 y 17 de agosto, y en el que participaron unas 1,500 personas, entre las cuales se hallaban trabajadores de la educación, representantes de unas 200 organizaciones, autoridades municipales, comunitarias y agrarias de diversos pueblos zapotecos, chinantecos, mixtecos, huaves, mixes, chontales y mestizos; académicos e intelectuales de reconocido prestigio, artistas, representantes de iglesias, 8 medios de comunicación internacionales y 36 medios nacionales y locales. Durante dos días se analizó la crisis política y de ingobernabilidad que prevalece en el Estado, y se debatieron formas viables para enfrentarla, desde una perspectiva de sociedad civil.

Los temas de trabajo fueron muchos y variados. Uno de ellos fue el de la educación, también a nivel universitario, sobre cómo debe respetarse y tener en cuenta desde un nuevo sistema educativo a las culturas indígenas. Otros temas de trabajo fueron: cómo garantizar el respeto a los Derechos Humanos, medidas y pasos para fortalecer la APPO, aprovechar y proteger los recursos naturales, respetar la diversidad cultural en la entidad y promover el desarrollo de los pueblos indígenas, cómo hacer prevalecer la ética en la elaboración de las leyes, y cómo hacer que en éstas se reconozcan los derechos individuales y colectivos. Conforme a esto último, se vio la necesidad de revisar la Ley Indígena para adecuarla realmente a los Acuerdos de San Andrés (firmados por el Gobierno Federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996) y vigilar su cumplimiento. Finalmente, en este foro se proclamó el 1º de agosto como "Día de la mujer oaxaqueña", y el 14 de junio como "Día de la Batalla del centro histórico".

La esperanza en la antesala de un cambio. Represión o nuevo orden social

Otros pasos que se van a dar para consolidar el movimiento son dos Encuentros Nacionales el 9 de septiembre en Oaxaca: uno de sindicatos y organizaciones democráticas y otro de estudiantes. El 28 de septiembre se realizará un Foro de solidaridad nacional e internacional con la lucha oaxaqueña. Así mismo, el 12 de octubre, en uno de los ayuntamientos populares, se realizará un Foro Popular con las organizaciones sociales para tratar sobre el papel primordial que juegan los pueblos indígenas en el movimiento. Además, para este mes continúan las movilizaciones, y se convocará a una gran marcha nacional de solidaridad con la lucha del pueblo oaxaqueño por la salida de Ulises Ruiz.

Por el momento, ya están apareciendo Asambleas Populares en otros lugares, como en Michoacán, así como Asambleas de apoyo a la APPO, como en la Ciudad de México. En California, Estados Unidos, los emigrantes oaxaqueños están convocando a conformar una APPO allí también.

Y es que este movimiento, que apareció por sorpresa, inicialmente como respuesta a la represión y el despotismo del Gobernador del Estado, pero que es fruto de años, décadas de marginación, engaño y saqueo de los recursos naturales, quiere sintetizar la rica gama de formas de ejercer la autonomía que se da en todo el país. Procesos como las policías comunitarias de Guerrero, los Caracoles y los municipios autónomos zapatistas, los ayuntamientos populares en Oaxaca, las estructuras y modos de autogobierno de muchos pueblos indígenas... son procesos más avanzados, pero de una implantación territorial más o menos limitada. Se trata de extraer las enseñanzas de estos movimientos e implantarlas en, por ahora, todo el Estado de Oaxaca.

De este modo, vemos con ilusión y mucha prudencia, cómo desde uno de los estados más pobres y marginados de la Nación, así como uno de los más combativos (no es casual que sea la entidad con más población indígena de todo el país), se está llevando a cabo un proceso de transformación profunda de la sociedad. Las fechas venideras serán cruciales, con la consagración –luego de dos meses de disputas– de uno de los mayores fraudes electorales de la historia de México, entregándose la Presidencia de la República a Felipe Calderón, de quien no se esperan otras propuestas que la represión más feroz y el retorno a las tradicionales prácticas fascistas del PRI. Un baño de sangre en las calles de Oaxaca podría llevar a un irreversible estallido social en todo el país. Las piezas se mueven en el tablero de ajedrez, y se va perfilando una nueva correlación de fuerzas. No se harán esperar las respuestas a nivel internacional de quienes tienen puestos sus colmillos en México y en Oaxaca, la tierra de Benito Juárez, fundador de la nación mexicana, la misma tierra que puede impulsar un nuevo orden social. Sea como sea, los pueblos de Oaxaca ya están entrando en la Historia. Habrá que ver qué tan dignas y sensatas serán las páginas que se hayan de escribir.

Se escucha ¡Ya Basta! en Oaxaca

Por Pedro Pineda i Coloch
Boletín de CIEPAC Nº 517, Oaxaca, 26/08/06

En Oaxaca, el movimiento magisterial, que carga tras de sí años y años de lucha, se levantó contra el Gobierno Estatal de Ulises Ruiz Ortiz (URO). Fue el 22 de mayo de este año, convocando manifestaciones que conglomeraron a cientos de miles de personas. Tomaron las instalaciones legislativas y gubernamentales del Estado de Oaxaca, estableciendo un plantón indefinido en el zócalo de la capital del estado, Oaxaca de Juárez. La represión no tardó en aparecer. Semanas después de los graves hechos de Atenco, los cuerpos de seguridad oficiales vuelven a utilizar sus armas de fuego (inclusive de grueso calibre), sus gases lacrimógenos, sus helicópteros, contra sus ciudadanos inconformes desarmados.

Esta vez, la represión fue apagada por la respuesta de decenas de miles de personas, que expulsaron a los más de mil policías que trataban de desalojar, con lujo de violencia, el plantón de los maestros. Esto ocurrió el 14 de junio, tras una batalla que se alargó por unas cinco horas. Las piedras y los palos lograron, esta vez, echar para atrás las armas y los gases lacrimógenos. Hoy, más de dos meses después, el apoyo al movimiento magisterial ha desbordado al mismo. Amplios y diversos sectores de la sociedad civil oaxaqueña se fueron sumando al movimiento, levantando un sistema de representación popular, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), que puede transformarse en una institución que ha de llamar a una nueva constituyente.

Ya lo mencionó, días atrás, el Obispo Emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, incansable mediador por la paz y luchador por los Derechos Humanos, "estamos en un momento histórico en que puede empezar una transformación profunda de la sociedad mexicana".

Durante toda esta semana se han estado produciendo ataques con armas de fuego por parte de los escuadrones de la muerte del, ya en la práctica aunque no de manera oficial, ex gobernador Ulises Ruiz (URO). El resultado ha sido de, al menos, un muerto y algunos heridos. Suman 5 muertos confirmados desde el inicio del plantón magisterial (algunas fuentes cuentan 6), 38 muertos por el Gobierno Estatal desde la toma de poder de URO, hace 22 meses. Además de los detenidos y desaparecidos (tres recientemente), esta misma semana se produjo un brutal ataque, rociando con gasolina y prendiendo fuego a dos miembros de la APPO que realizaban su ronda de vigilancia rutinaria a bordo de un vehículo. Al menos uno de ellos presenta quemaduras graves.

Por su parte, el movimiento avanza y agarra fuerza, clavando sus raíces en amplias capas sociales. Así, mientras que hace mes y medio las barricadas abarcaban el centro de la ciudad, 3 cuadras a la redonda del zócalo, hoy pueden verse en todas y cada una de las colonias y barrios de la capital, así como en, por lo menos, 26 municipios y distritos del estado. Barricadas hechas con palos, somieres, maderas, muebles, mesitas, llantas (la mayoría ardiendo), cuerdas, vallas, postes de cemento, barriles, clavos. Muchas son barricadas familiares, integradas por ancianas, señoras, jovencitas y jovencitos, algunos niños, hombres. Son maestros, transportistas, abogados, médicos, estudiantes, amas de casa, trabajadores de las oficinas del gobierno, gente que vota por el PRI, el PAN, el PRD, gente que nunca se interesó por la política, luchadores de toda la vida, integrantes de La Otra Campaña... Son el mismo pueblo que se defiende de las salvajadas oficiales. La represión y la muerte son respondidas, de este modo e inteligentemente, provocando la ingobernabilidad en todo el Estado.

Otra estrategia de este inusitado movimiento, nunca antes visto en cuanto a fuerza y amplitud de sus apoyos, está siendo la toma de los medios masivos de comunicación. Inclusive tomaron el Canal 9, la emisora de televisión oficial del Estado. La toma fue producida íntegramente por mujeres, y estuvo emitiendo por más de tres semanas, transmitiendo a los ciudadanos, como nunca antes lo había hecho, la realidad del país y, más en concreto, de Oaxaca. Los equipos de transmisión fueron saboteados con ácidos por los escuadrones de la muerte de URO, así como atacados con armas de fuego quienes los custodiaban (varios heridos y por lo menos uno de los muertos se debieron a estos ataques).

De la misma manera, una marcha que se encaminaba a defender este Canal 9, fue atacada por francotiradores, con el resultado de un muerto y dos maestras heridas. El ataque a la Radio Ley 710, en el que también se tuvo que lamentar una muerte, fue presenciado directamente por el periodista de Televisa Edgar Galicia. Tanto él como otros reporteros fueron encañonados por miembros de los escuadrones de la muerte, y les fueron retiradas sus cámaras. Cuentan los integrantes de la APPO que, tras negociaciones, dicho periodista pudo recuperar su cámara, y en sus imágenes fue como comprobaron que los atacantes eran policías. A esta participación directa de las fuerzas del Estado, se le suma la complicidad con los grupos de pistoleros que acechan al movimiento. Dos de estos pistoleros fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR), que no volvió a dar información sobre ellos.

Las 6 radios comerciales tomadas por el movimiento informan puntualmente de los ataques producidos. Así, a las 21:47 horas de este 25 de agosto, se escucha la noticia en la radio. Se ha producido un ataque con armas de fuego en el fraccionamiento de Hacienda Blanca, a 3 km del zócalo, en la salida a México, con el resultado de un herido de bala, que es trasladado al hospital estatal Doctor Aurelio Valdivieso, con heridas en las piernas. Este hospital, quizás para entender el porqué de la situación social del Estado de Oaxaca, es diminuto para tratarse de una ciudad de más de 400 mil habitantes, que atiende también a las comunidades de montaña. Decenas, quizás centenas de personas, se amontonan en las salas de espera e, incluso, en las rampas de acceso al edificio. Esta es la respuesta que el Gobierno da a las demandas de salud, entre otras, de los ciudadanos.

Horas más tarde, en la madrugada del sábado 26 de agosto, se producen quemas de vehículos cerca del zócalo en respuesta a los ataques de Hacienda Blanca. Parece que los agresores trataron de acercarse demasiado al plantón, o quizás solo fueron medidas preventivas para disuadir de esta acción. El miedo y el estado de nervios aparecen sin avisar, aunque la solidaridad y el buen humor no se quedan atrás.

Las emisoras de radio, aparte de la evidente difusión política, de la información que dan sobre los ataques que se van produciendo, y de servir al movimiento para coordinarse, ofrecen programas humorísticos que levantan la moral de los ciudadanos. La burla al Gobierno se vuelve ingeniosa: a las acusaciones de URO de los vínculos con el EZLN y con el EPR (Ejército Popular Revolucionario), de la aparición de la guerrilla urbana (acusaciones desmentidas por el mismo Gobierno Federal) responden con comentarios del tipo: "[...] llegó la guerrilla urbana, 5 ancianitos en silla de ruedas cometen un ataque suicida con bombas donadas por el Teletón [1][...]". Los integrantes de la APPO piensan que estas acusaciones "son las últimas patadas de la bestia que va a morir".

Por otra parte, el terror amenaza con aparecer si se confirmara el rumor que se están produciendo movimientos militares, en concreto del XXXVIII Batallón de Infantería del Ejército Federal, de Minatitlán, Veracruz, para reforzar los dos Batallones (XXVIII y XXXII) que ya hay, de por sí, en Oaxaca. De confirmarse este rumor, estaríamos ante una grave situación y una peor implicación por parte del Gobierno Federal, que hasta ahora no ha querido inmiscuirse en el asunto.

Esta falta de implicación, además de mostrar la negligencia del Gobierno de Vicente Fox para solucionar los problemas que se dan en el país, puede responder a la lógica que explican diversos integrantes de la APPO: "el Gobierno Federal no ha querido meterse porque, viendo la reacción del pueblo ante el intento de desalojo del 14 de junio, tiene miedo de salir derrotado y que esto encendiera la mecha en otros lugares de la República". No en balde, según cuentan diversos entrevistados, el 80% de la policía ministerial y de la policía estatal (porcentajes a confirmar) se ha rebelado. Creen también que hubo policías muertos en el desalojo, y que estos datos fueron silenciados para no agigantar la leyenda de la resistencia. Ese rebelarse de los policías dicen que puede ser por estar mal pagados, mal uniformados, mal armados... y por el miedo de salir mal parados. Esperemos que, siguiendo esta lógica, la intervención que tarda en realizar el Gobierno Federal, no sea a través del envío de contingentes militares a Oaxaca. Ya hemos visto las soluciones que, tras más de doce años de conflicto en Chiapas, ha aportado la militarización.

A pesar de todo, están convencidos (esperemos que no demasiado) que no les agarrarán como en Atenco, pues son decenas de miles, y evitan el enfrentamiento frontal –aunque se defienden–, y si hace falta abandonan el lugar y luego regresan con más gente y lo retoman. Como está siendo preocupantemente frecuente en las últimas fechas, los noticieros de la televisión nacional Televisa, parecen extrañados por que no se produzca la temida intervención militar. Los vínculos entre esta cadena, así como TV Azteca, con el Gobierno, y su incitación a la violencia son inmorales y, si se diera una verdadera democracia en el país, deberían tener implicaciones legales.

En la colonia Yalalag, visitada por diversos internacionalistas preocupados por la violencia que se vive en el Estado, las familias afrontan con humor las guardias que duran desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Un estudiante de medicina narra cómo fueron atacados esta misma semana por los escuadrones de la muerte, a bordo de unos 30 vehículos. Según esta narración, iban montados en ellos gente uniformada y gente de civil. Es ampliamente sabido que muchos policías andan vestidos de civil, pero empieza a comentarse que están sacando a delincuentes de las prisiones para reforzar los escuadrones de la muerte, así como se están reclutando miembros de los maras salvatruchas (también conocidos como pandilleros) para este "trabajo" de Ulises Ruiz.

No se produjeron heridos de milagro. Empezaron agrediendo, un pequeño grupo, a un reportero, que fue socorrido por un grupo de 8 mujeres. Seguidamente llegaron los citados vehículos disparando a todos los habitantes que empezaban a congregarse en el lugar, emprendiendo la huída seguidamente. Este es el motivo por el que las gentes de esta colonia, que nunca antes habían participado en acciones políticas, han tomado conciencia de la verdadera voluntad criminal del Gobierno Estatal, de la nula voluntad intermediadora del Gobierno Federal, y han decidido sumarse al movimiento popular.

Todas las calles están cortadas en la noche, la ciudad permanece bloqueada en la oscuridad y el frío, amenizados por hogueras y risas –a pesar del miedo y los nervios– de los vecinos y las vecinas que protegen sus calles. Esta estrategia dificulta la huída de los escuadrones de la muerte, así como limita sus acciones. Son barricadas vulnerables en lo individual, pero muestran la tremenda fuerza que tiene este movimiento, ya muy arraigado en la población. Estas barricadas se comunican entre sí mediante petardos y campanas. Un petardo significa alerta (por un ataque o rumor de ataque en algún punto de la ciudad), dos petardos seguidos conllevan alerta máxima, y tres petardos seguidos confirman que se ha producido un ataque en un lugar cercano.

Sobre el proceso organizativo, más allá de las marchas y los plantones, informan que hay 33 organizaciones sociales integrando la APPO, así como pequeños colectivos de estudiantes, médicos, abogados, transportistas. Cada una de las 7 regiones de Oaxaca aporta 3 miembros a la Comisión Provisional Directiva, que obedece a la asamblea plenaria, integrada por personas que están en la lucha. Paralelamente, se están tratando de crear APPOs regionales, por colonias, por barrios, municipios, distritos... De momento, han tomado 26 presidencias municipales y se han ganado el apoyo y participación de todas las colonias de Oaxaca de Juárez.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad Juárez... El fraude electoral, la militarización, el PROCEDE y la usurpación de tierras, la impunidad de funcionarios, policías y paramilitares, las ligas entre altos cargos del Gobierno Federal con el narcotráfico, el Plan Puebla Panamá, la migración y el infierno de la frontera con los Estados Unidos, el conflicto por la electricidad, el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la encarcelación de presos políticos, la represión más descarada, los asesinatos de estado...

Existen ya demasiados focos rojos, demasiados caldos de cultivo para esperar una gobernabilidad que no venga dada, precisamente, por los movimientos sociales de resistencia y de construcción de una nueva sociedad. La paz no vendrá impuesta por el Gobierno Federal, ni por su Ejército, ni por sus políticas neoliberales. La paz solo es posible si los movimientos civiles logran construirla sobre las bases de la democracia, la justicia y el desarrollo. Oaxaca puede ser un primer capítulo y la punta de lanza de estos movimientos.

Política de Pistola

Por John Gibler
ZNet; 16/08/06
Traducido por Fernando D. Sánchez y revisado por Anahí Seri

A lo largo de toda la semana pasada hombres armados abrieron fuego en contra de miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) matando a cuatro e hiriendo al menos a diez personas.

Organizaciones y ciudadanos de toda Oaxaca crearon la APPO, poco después de que el gobernador, Ulises Ruiz Ortiz (del Partido Revolucionario Institucional), intentara desalojar un campamento de maestros, el 14 de junio, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Los maestros habían estado acampando, en huelga, desde el 22 de mayo. La APPO unió al sindicato de maestros y a un amplio conjunto de organizaciones políticas y sociales para exigir la renuncia inmediata del gobernador Ulises Ruiz o su destitución. La APPO encabezó manifestaciones masivas, que superaron el medio millón de personas, antes de decidir intensificar sus tácticas de desobediencia civil, el 26 de julio, bloqueando todos los poderes del estado e instalando campamentos alrededor de los edificios en donde se encuentran las oficinas gubernamentales. El 1 de agosto, aproximadamente tres mil mujeres —sólo mujeres— realizaron una manifestación a través de la ciudad en la que tomaron pacíficamente la Corporación de Radio y Televisión estatal (CORTV). La estrategia explícita de la APPO es generar ingobernabilidad para forzar la salida de Ulises Ruiz.

La respuesta de Ruiz y del gobierno del estado ha sido simplemente desaparecer del centro de Oaxaca, presionar al gobierno federal para que intervenga, detener arbitraria e ilegalmente a los dirigentes de la APPO y, aparentemente, a mandar a matones y hombres armados para aterrorizar y romper las protestas de la APPO.

La reciente ola de violencia empezó el pasado domingo cuando cuatro agentes federales detuvieron arbitrariamente a Catarino Torres Pereda, un líder del movimiento social de Tuxtepec y miembro de la APPO. Los agentes golpearon a Pereda y después se lo llevaron al penal de máxima seguridad de La Palma, a las afueras de la Ciudad de México.

El lunes 7 de agosto, los reporteros locales y nacionales fueron testigos de cómo el jefe de la policía, Aristeo López Martínez, disparó en contra de una manifestación de estudiantes desde una motocicleta BMW (Milenio, 8 de agosto de 2006, “Estalla Oaxaca”). Nadie resultó herido y los manifestantes replegaron a la policía con piedras. Desde ese día, en la ciudad se esparcieron los rumores de que habría un “gran desalojo”. Esa noche, hombres armados ejecutaron a un profesor universitario, Marcos García Tapia, en su carro, en el centro de Oaxaca.

Al día siguiente, el martes 8 de agosto, estudiantes a quienes se les pagó para sabotear la estación de radio de la universidad incendiaron un camión para distraer a los trabajadores, corrieron hacia la consola y derramaron ácido sulfúrico sobre el transmisor de la radio. Los trabajadores detuvieron a los estudiantes ahí mismo.

Una de las primeras víctimas del violento desalojo del 14 de junio fue la radio del campamento de los maestros, Radio Plantón. Los oficiales de policía destruyeron todo el equipo y golpearon y arrestaron a tres de los encargados de la programación, cuando apenas había empezado el desalojo. Ese mismo día, un grupo de siete estudiantes decidieron tomar la estación de radio de la universidad e inmediatamente continuar con sus transmisiones. El 22 de julio, hombres armados abrieron fuego contra la estación de radio desde unas camionetas. Nadie salió herido y tampoco resultó dañado el equipo. Los trabajadores de la radio dijeron que los disparos fueron un intento para atemorizarlos.

“El gobierno dijo que los disparos del 22 de julio fueron un ‘autoatentado’ ", me dijo un trabajador que pidió permanecer en el anonimato. “Nosotros decimos que fue una acción del gobierno para replegarnos, para amenazarnos y para desgastarnos psicológicamente. Culpamos al gobierno. Estamos concientes de que esto representa un riesgo y, si es necesario, estamos dispuestos a dar la vida por nuestra universidad, por nuestra radio”.

Los maestros y los movimientos sociales en todo Oaxaca llevan mucho tiempo usando la radio no sólo para la discusión política y el análisis, sino también para la coordinación de las emergencias durante la represión estatal. Los ataques de la policía y los intentos de sabotaje en contra de las estaciones de radio son acciones militares estratégicas, que buscan romper la red de comunicación del movimiento.

El miércoles 9 de agosto, un hombre armado irrumpió en las oficinas del periódico oaxaqueño Noticias, a las 7:24 a.m., disparando al techo con una ametralladora Uzi e hiriendo a seis empleados con fragmentos de bala que rebotaron del techo. Noticias ha sido una víctima constante de la represión del estado desde el 28 de junio de 2004, cuando unos matones tomaron el edificio en donde se encuentran las oficinas del periódico. En respuesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno federal tomar medidas precautorias para asegurar la integridad de sus 117 empleados.

Ese mismo día, más tarde, hombres armados emboscaron y abrieron fuego en contra de indígenas triqui, miembros de la APPO, cerca de Putla, en la región de la Mixteca, matando a tres personas e hiriendo a dos; los triquis iban camino a una asamblea.

También ese mismo día, agentes estatales y federales, vestidos de civil y armados con rifles de asalto AR–15, golpearon y detuvieron a Germán Mendoza Nube, líder de una de las organizaciones más grandes que integran la APPO, el Frente Popular Revolucionario (FPR). Nube ha estado en silla de ruedas desde 1987, cuando recibió un disparo en la zona lumbar. También sufre de diabetes severa. Dos amigos y algunos vecinos estaban ayudando a Nube a salir de un coche y acomodarse en su silla de ruedas, cuando los hombres armados que venían en tres vehículos lo golpearon y lo echaron a la parte trasera de una camioneta. También golpearon a los vecinos y amigos, arrestando a tres de ellos (que fueron liberados al día siguiente). Los agentes han trasladado a Nube a distintas cárceles de Oaxaca y Puebla, haciendo imposible para la familia localizarlo.

Al día siguiente, el jueves 10 de agosto, la APPO convocó a una manifestación para demandar la libertad de Torres Pereda y de Mendoza Nube. Cerca de 12,000 personas se dirigían hacia la ocupada estación de CORTV cuando sufrieron una emboscada en una parte estrecha de la Avenida Morelos, cerca de las 7:15 p.m. Hombres armados dispararon de ambos lados de la calle, hiriendo a tres personas y matando a una. José Colmenares, un mecánico de 50 años, iba en la manifestación para apoyar a su esposa, una maestra de secundaria de Ejutla. Un hombre armado que salió corriendo a la calle le disparó a Colmenares en el cuello y el corazón. Murió minutos después.

Los manifestantes detuvieron a al menos ocho sospechosos y encontraron una pistola, guantes, botas y chamarras de la policía en la casa y la clínica de salud desde donde se realizaron los disparos. Los manifestantes le prendieron fuego a la casa para obligar a los hombres armados, que creían estaban escondidos allí, a que salieran, pero al parecer ya habían escapado. En menos de media hora, los manifestantes permitieron a los bomberos la entrada a la casa y éstos extinguieron las llamas en pocos minutos.

En la plaza de la ciudad, los turistas continuaban bebiendo café y escuchando la música de los mariachis, aparentemente ajenos a los disparos y las llamas que había a unas cuantas cuadras.

El viernes 11 de agosto, la policía detuvo a Erangelio Mendoza, un líder de mucho tiempo de los maestros, y lo retuvieron en un coche mientras esperaban un helicóptero para llevárselo. Su paradero aún es desconocido.

El objetivo explícito de la APPO ha sido generar ingobernabilidad. Y han tenido éxito. En alrededor de un mes, en Oaxaca no he visto un solo oficial de policía uniformado. La idea de que el Estado mantiene el monopolio del uso legítimo de la violencia ha sido borrada. Pero la APPO se ha esforzado en no recurrir a la violencia ante el total vacío de poder. Sus tácticas son extremas —impedir el acceso a todos los edificios gubernamentales, la toma de sus vehículos; ocupar la plaza de la ciudad, la toma de la estación de televisión estatal— pero nunca de manera violenta. El estado, por su parte, responde con declarada violencia, como el fallido desalojo del 14 de junio o con violencia encubierta, como las detenciones arbitrarias, golpizas, balaceras, intentos de sabotaje y los asesinatos de la semana pasada.

Los oficiales de inteligencia del ejército graban a los viajeros que van y vienen de Oaxaca. Los espías siguen a los periodistas durante todo el día. Policías vestidos de civil con ametralladoras levantan a líderes de la APPO en la calle. Nadie sabe dónde está el gobernador, ni siquiera su secretario de prensa. Hombres armados disparan en contra de las multitudes...

El viernes, Flavio Sosa, uno de los voceros de la APPO, pidió públicamente una reunión con Carlos Abascal, el secretario de Gobernación (ministro del Interior), para discutir las posibles soluciones al conflicto de Oaxaca. “Ulises Ruiz nos está llevando prácticamente a una situación de guerra civil, pero nuestro movimiento es pacífico”, dijo en una conferencia de prensa en la plaza ocupada de la ciudad. “Nuestro movimiento es pacífico. De hecho, es un movimiento en contra de la violencia, en contra de un sistema de violencia que nos excluye, un movimiento en contra de la brutalidad policíaca.”