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El
Estado no puede con el conflicto Oaxaca
Por
Diego Cevallos
Inter
Press Service (IPS), 20/10/06
Por
incapacidad o compromisos políticos, el gobierno de Vicente Fox y la
mayoría de senadores mexicanos no ponen coto a la crisis en el
meridional estado de Oaxaca, con varios asesinatos, grupos armados
irregulares, ocupación de calles y acciones de justicia popular.
El
conflicto cumplió 151 días. Los observadores sostienen que su
continuación se debe a la debilidad política del gobierno y a los
compromisos que tejen el gobernante y conservador Partido Acción
Nacional (PAN) y el histórico Partido Revolucionario Institucional
(PRI), con miras a la administración que iniciará en diciembre el
presidente electo oficialista Felipe Calderón.
Aunque
en gran parte de Oaxaca el gobierno estadual ya no despacha, los
tribunales de justicia trabajan de forma irregular y la policía está
ausente, el PRI y el PAN, los dos partidos mayoritarios en el Senado,
decidieron el jueves no declarar la desaparición de los poderes públicos
en ese estado y mantener como gobernador a Ulises Ruiz, del PRI.
La
demanda central de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que
aglutina a la población movilizada de ese distrito, es precisamente
la destitución o renuncia de Ruiz, a quien se acusa de corrupción,
autoritarismo y de ejercer represión ilegal contra opositores y
movimientos sociales del estado, uno de los más pobres de México.
"La
decisión del Senado es una vergüenza, así que se mantiene el
conflicto con el riesgo de acciones de violencia" y la exigencia
de que Ruiz deje el cargo no será retirada, señaló a IPS Florentino
López, portavoz de la APPO.
En
el dictamen de los senadores, acordado tras una sesión de más de
cuatro horas, se reconoce que Oaxaca vive una crisis de grandes
dimensiones y que la permanencia de Ruiz no es conveniente. No
obstante, y argumentando preceptos jurídicos, los legisladores se
negaron a declarar la desaparición de poderes.
Convencidos
de la debilidad de Ruiz y del descrédito social que acumula,
legisladores del PAN y funcionarios del gobierno de Fox ejercen
fuertes presiones sobre el gobernador, elegido en 2004, a través de
emisarios, reuniones y llamadas telefónicas, para que renuncie o pida
licencia, según pudo saber IPS.
"No
queremos problemas con el PRI por este asunto de Oaxaca y sabemos que
en ese partido tampoco quieren ya a Ruiz. Lo mejor es que el
gobernador pida licencia y deje libre el camino", dijo a IPS una
fuente cercana al gobierno de Fox.
El
mandatario ha prometido que no dejará en herencia el conflicto de
Oaxaca a su correligionario Calderón, y advierte que incluso podría
usar la fuerza policial contra la APPO.
Para
el mandatario electo al que el izquierdista Partido de la Revolución
Democrática ––la segunda fuerza política legislativa––
considera triunfador por un fraude electoral, es esencial mantener una
alianza con el PRI.
Calderón
se ha reunido en varias ocasiones con dirigentes de esa colectividad,
y es posible que en su gabinete incluya a varios dirigentes del PRI,
según él mismo ha declarado.
Pero
el conflicto en Oaxaca se mantiene como una piedra en el zapato de
esos planes, pues los gobernadores que pertenecen al PRI ––17 de
los 32 estados de México–– exigen que Ruiz se mantenga en el
cargo.
Si
el cuestionado gobernador es destituido, se erigiría como precedente
funesto para el resto de sus pares e incluso para Calderón, al que la
izquierda amenaza con impedir que tome posesión, declaró el senador
del PRI, Jesús Murillo.
El
gobierno de Fox y los legisladores han demostrado una incapacidad
absoluta para enfrentar la crisis de Oaxaca, ya sea por omisión o por
tener acuerdos oscuros, opinó el columnista del diario Reforma y del
semanario de izquierda Proceso, Miguel Granados.
El
conflicto en ese estado, gobernado por el PRI desde inicios del siglo
pasado sin interrupciones, se desató en mayo cuando el sindicato
local de maestros paralizó sus actividades y realizó protestas,
instalando un campamento en la capital de ese distrito, en demanda de
mejoras salariales.
En
junio, Ruiz intentó sin éxito disolver la protesta con una acción
policial. Tras ese acto, en el que se usaron armas de alto poder, el
descontento social se disparó y de forma espontánea surgió la APPO,
a la que además del sindicato de maestros pertenecen ahora otras 350
organizaciones sociales.
Desde
entonces, la crisis ha ido en ascenso. La APPO ocupó las oficinas públicas
y algunas radiodifusoras comerciales y tomó las calles y plazas de
Oaxaca para exigir la salida de Ruiz.
Mientras,
el gobierno federal entabló negociaciones con esa organización y
prometió al sindicato de maestros mejoras salariales. El segundo
aspecto llegó a buen puerto, pero luego de que el conflicto escaló a
sus niveles actuales.
El
líder de la llamada Sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, Enrique Rueda, anunció el jueves que
sus 70.000 afiliados decidirían este fin de semana en una asamblea la
fecha de regreso a clases. La paralización mantiene en vacaciones
obligadas a 1,3 millones de niños y niñas oaxaqueñas.
El
anuncio de fin de la huelga, que podría revertirse en la asamblea,
generó descontento en la APPO. El jueves y este viernes, la
radiodifusora oaxaqueña La Ley, tomada por esa organización, difundió
mensajes contra Rueda y exhortó a los maestros a mantenerse en lucha.
"Nosotros
somos respetuosos de lo que decidan los maestros en su asamblea, pero
advertimos que las protestas seguirán de forma indefinida hasta que
Ruiz (el gobernador) se vaya", señaló López, portavoz de la
APPO.
"No
vamos a dejar en la impunidad sus crímenes, represión y corrupción",
apuntó.
El
miércoles fue baleado en Oaxaca el profesor Pánfilo Hernández,
llevando a 10 las víctimas del conflicto, la mayoría de ellos
miembros de la APPO. Los responsables de estos crímenes son al
parecer soldados y policías vestidos de civil, además de sicarios
contratados por autoridades de Oaxaca, según organizaciones de
defensa de los derechos humanos.
Otras
víctimas fueron Marcos García y Andrés Santiago, Pedro Martínez y
Pablo Martínez, los tres últimos integrantes del Movimiento de
Unificación Trique Independiente y de la APPO, y asesinados también
con armas de fuego.
Además,
fueron muertos el maestro Jaime René Calva, el mecánico José Jiménez,
Lorenzo San Pablo, Arcadio Hernández y Alejandro García.
Habitantes
de Oaxaca y simpatizantes de la APPO han detenido por su cuenta a
presuntos delincuentes, policías y empleados de oficinas públicas y
los han golpeado y exhibido en las plazas semidesnudos.
"A
nadie escapa que Oaxaca atraviesa por una crisis política–jurídica
de proporciones mayores, misma que ha afectado gravemente la vida
institucional y el ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas de
los ciudadanos", indicaron la mayoría de los senadores en su
pronunciamiento del jueves.
Además,
señalaron que la permanencia de Ruiz "no otorga las condiciones
suficientes que coadyuven a la establecer la normalidad".
Sin
embargo y a pesar de ello, concluyeron que no cabía declarar la
desaparición de los poderes públicos. Por tanto, el gobernador Ruiz
sigue en el cargo.
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