|
Los
TLC de EEUU con Colombia y Perú
Más
reglas de inversión adversas
Por
Sarah Anderson y Sara Grusky (*)
Foreign Policy In Focus, 18/12/16
Enviado por Correspondencia de Prensa, 20/12/06
Ahora
que ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos se encuentran
bajo el control de los demócratas, la administración del Presidente
Bush se enfrenta con una batalla aun mas difícil para obtener la
aprobación de los tratados de libre comercio con Colombia y Perú que
se encuentran paralizados. Enseguida después de la victoria que los
demócratas obtuvieron en las elecciones de noviembre, unos miembros
clave de la cámara de representantes enviaron una carta al representante
de Comercio de los Estados Unidos para solicitar que ambos tratados
fueran negociados nuevamente.
Sin
embargo, esta carta se enfocó mayormente en el tema preocupante de
los derechos laborales. "No podemos creer que la administración
se haya negado continuamente a dar unos simples pasos necesarios para
dirigirse a nuestra mayor preocupación, la cual sigue siendo los estándares
laborales," afirmaron el representante Charles Rangel (D–NY) y
otros lideres demócratas.
Si
bien el tema relacionado con los derechos del trabajador es un tema
crucial, la inserción de una cláusula laboral no será suficiente
para confrontar la enrome repercusión contra la manera en que el
gobierno de los Estados Unidos ha lidiado con el libre comercio, tanto
aquí como en el exterior. Se necesita una revisión completa.
La
agenda comercial de los Estados Unidos, basada en el modelo del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, esta
diseñada para incrementar las ganancias de grandes corporaciones al
restringir la autoridad que poseen los gobiernos de asegurarse de que
el comercio y la inversión beneficien a toda la sociedad. Como
resultado, es probable que en los países que firman el tratado los
obreros trabajen bajo condiciones precarias, que aumente la explotación
dañina de los recursos naturales, que los pequeños agricultores sean
desplazados al no poder competir con gigantes de la industria
agropecuaria, y que el poder de las empresas farmacéuticas limiten el
acceso a los medicamentos genéricos.
Se
necesita una inspección detallada
Las
reglas de inversión en los tratados con Colombia y Perú necesitan
una inspección detallada. Estas otorgan protecciones a inversionistas
privados extranjeros que son virtualmente idénticas a las
protecciones otorgadas por el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de
América Central y la República Dominicana, (CAFTA–DR en inglés) y
varios otros acuerdos bilaterales que han sido firmados en el
transcurso de las dos últimas décadas. Y aun así se les solicita a
estos países que firmen en un momento en que el conocimiento del daño
que estas reglas pueden llegar a causar ha crecido enormemente. Varios
funcionarios electos, desde legisladores estatales en California hasta
el Presidente de Argentina Néstor Kirchner, denuncian estos tratados
por ser una amenaza a la soberanía. Varios gobiernos de países en vía
de desarrollo han logrado obstruir, con la ayuda substancial de
organizaciones de la sociedad civil, los esfuerzos estadounidenses de
imponer dichas reglas a través de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). En el 2004 Australia se convirtió en el primer país
en rechazar elementos claves de la agenda de protección al inversor
durante la negociación de un tratado de libre comercio bilateral con
Estados Unidos.
A
medida que crece la repercusión contra estas protecciones a los
inversionistas, la administración de Bush pretende finalizar las
negociaciones con Colombia y Perú para poder lograr continuar con su
agenda.
No
se han aprendido las lecciones
Algunas
de las reglas de inversión que el gobierno de Estados Unidos está
promoviendo, en realidad hacen lucir al Fondo Monetario Internacional
(FMI) como una institución progresista. Estas reglas prohibirían el
tipo de control sobre el capital que había ayudado a algunos países
a escapar la peor crisis financiera global de fines de los años
noventa. Malaysia y Chile, por ejemplo, salieron relativamente ilesos
gracias al uso eficaz de dichos controles, mientras que países
vecinos sufrieron las consecuencias devastadoras de la pérdida de
miles de millones de dólares en la rápida fuga de fondos. El Ex
Economista Principal del Banco Mundial Joseph Stiglitz afirmó que la
falta de restricciones en el flujo de capital fue el factor principal
que llevo a la crisis.
Desde
entonces el FMI ha dejado de exigir que los gobiernos se deshagan de
los controles del flujo de capital. Sin embargo, los anticuados
funcionarios en la oficina del representante de Comercio de los EEUU
han continuado utilizando tratados como el de Colombia y Perú para
que los gobiernos se deshagan de esta simple herramienta necesaria
para proteger a sus poblaciones de la volatilidad del sistema
financiero.
Los
gobiernos que aceptan estas condiciones ponen a un lado a otras
herramientas de desarrollo económico, como el requerir a
inversionistas extranjeros que utilicen un porcentaje especifico de
inversión local en la producción o la transferencia de tecnología.
Peor aun, estas regulaciones limitan la autoridad que poseen estos
gobiernos de llevar a cabo "expropiaciones indirectas"
interpretada como cualquier acción que disminuya el valor de una
inversión extranjera, incluyendo la adopción de regulaciones
ambientales y con respecto a la salud pública.
El
poder de la demanda
Los
inversionistas pueden requerir una compensación por la violación de
cualquiera de los derechos mencionados en estos acuerdos a través de
un proceso de resolución de disputas entre
"estado–inversionista." Esto les permite evitar tribunales
domésticos y demandar a gobiernos directamente a través de
tribunales internacionales. Se han llevado a cabo mas de dos docenas
de demandas como estas por miles de millones de dolares solicitando
compensación bajo el TLCAN contra los Estados Unidos, México y Canadá.
A nivel global, quien se encarga de manejar este tipo de casos de
estado–inversionista es el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en el Banco
Mundial. Actualmente, el Centro cuenta con mas de 100 casos pendientes
en contra de alrededor de cuarenta países.
Colombia
y Perú son tan solo dos de la larga lista de países en América
Latina que no poseen aun un acuerdo de protección de inversionistas
con Estados Unidos. Costa Rica podría estar atada pronto a través de
un acuerdo comercial que ha firmado pero no ha ratificado. Por lo
tanto, quedan solamente Brasil, Paraguay y Venezuela en la región sin
tener ni un acuerdo comercial ni un tratado de inversión bilateral
con Estados Unidos.
Una
vez que estos tratados son ratificados funcionan como camisas de
fuerza. En el caso de los acuerdos de Estados Unidos con Perú y con
Colombia, estos gobiernos podrían optar por rescindir el contrato con
seis meses de aviso. Pero la realidad es que es extremadamente difícil
rescindir de estos acuerdos comerciales política y económicamente ya
que cubren casi todos los aspectos de la economía. Es típico que se
requiera que en los tratados de inversión bilaterales menos amplios
se mantengan las protecciones por un periodo de diez a quince años
luego de que un gobierno comunique que desea salirse.
Uno
no debe alarmarse con que el Presidente Boliviano Evo Morales haya
dicho a la televisora británica BBC que se siente
"prisionero" en el palacio presidencial debido a dichas
reglas. Gobiernos bolivianos anteriores firmaron una cantidad de
tratados de inversión bilaterales, incluyendo uno con Estados Unidos
en 1998. Por lo tanto, a pesar de que Morales condujo una campaña
electoral con la promesa de redistribuir los ingresos para los
bolivianos obtenida de la explotación de los recursos naturales, el
llevar a cabo estas promesas podría resultar en una ola de demandas
altamente costosas de parte de empresas mineras y de gas.
Los
bolivianos están muy al tanto del peligro de las demandas del tipo
estado–inversionistas luego del famoso caso de la "guerra del
agua." En el 2000 los residentes de Cochabamba se levantaron para
protestar contra los disparatados precios del agua que la corporación
Bechtel con sede en Estados Unidos había impuesto; como lo hicieron
también otros miembros de un consorcio que había privatizado el
sistema del agua de la ciudad. Luego de abandonar el contrato, el
consorcio demandó al gobierno boliviano pidiendo una compensación de
alrededor de $50 millones de dólares. Una campaña de activismo
internacional presionó a Bechtel para que aceptara la demanda por una
suma simbólica poco antes de que Morales asumió la presidencia. Pero
ya para ese momento el gobierno boliviano careciente de efectivo había
gastado cerca de $1 millón de dólares en gastos para su defensa
legal durante cuatro años de arbitraje.
Argentina
sufrirá
Argentina
sufrirá enormemente a causa de estas reglas de inversión tan
injustas. Existen treinta y cuatro casos; casi un tercio de todos los
casos pendientes del CIADI lidian con Argentina. Un miembro del
tribunal del CIADI Felix Peña calcula que si los inversionistas
ganaran todos sus casos, la cuenta para los contribuyentes en
Argentina podría resultar hasta $15 mil millones de dólares. Esta
situación agravaría la crisis de la deuda externa de Argentina,
beneficiaría a los bolsillos de las corporaciones multinacionales y
deprivaría a los ciudadanos argentinos de la inversión tan necesaria
en servicios públicos, como las escuelas, clínicas, calles, y agua
potable.
Como
se llegó a esta situación? Durante los años noventa Argentina firmo
mas de 51 acuerdos de inversión bilaterales tanto con países
industrializados como con países en vías de desarrollo –mas que
cualquier otro país de América Latina. Estos acuerdos cerraron la
camisa de fuerza jurídica que permitió que surgiera esta ola de
demandas de inversionistas. Luego de la crisis financiera que sufrió
Argentina a fines de 2001, el gobierno adoptó medidas de emergencia
que estaban, en parte, diseñadas para proteger a los ciudadanos de
una inflación fuera de control. Inversores extranjeros criticaron
dichas medidas porque implicaba una reducción en sus ganancias, y
recurrieron a fuentes legales. Entre quienes presentaron cargos
estaban empresas globales de agua, gas y electricidad como Nerón,
Exxon Mobil, Suez, y la Corporación AES que había llegado durante la
ola de privatizaciones en Argentina en los años noventa.
Hasta
este momento, los tribunales del CIADI han fallado en contra de
Argentina en dos casos relacionados con las políticas del gobierno en
respuesta a la crisis, de los cuales el mas reciente es el caso
presentado por la empresa energética LG&E, con base en Louisville,
Kentucky, por habérsele exigido reducir los precios al consumidor por
el gas natural. Además, un tribunal del CIADI otorgó $165.2 millones
de dólares a Azurix, subsidiaria de agua de la empresa Enron en el
mes de julio de este año con respecto a acciones llevadas a cabo por
reguladores provinciales de Buenos Aires antes de la crisis
financiera. Aunque la suma fue menos de lo que la compañía exigía,
fue un caso polémico ya que los consumidores tuvieron que hervir el
agua potable durante un brote incontrolable de algas de en el año
2000.
En
ambos países, Bolivia y Argentina, varios activistas y algunos
oficiales de gobierno están cuestionando la constitucionalidad de las
demandas del tipo estado–inversionista. En Bolivia hay varios críticos
que se encuentran ejerciendo presión política en la Asamblea
Constitucional, la cual se encuentra en el proceso de redactar
nuevamente la constitución del país, para resaltar que los
inversionistas extranjeros deben obedecer las leyes nacionales y
utilizar tribunales nacionales para resolver disputas. Se considera
que es probable que se lleve a cabo una revisión por el tribunal
constitucional de Argentina.
Pero
aun si tribunales domésticos deciden que las demandas del tipo
estado–inversionista violan las constituciones nacionales, es
probable que los inversionistas argumenten que los tratados
internacionales aun son vinculantes y que tomen medidas represalias si
los gobiernos se rehúsan a pagar. Si bien la fuente de sus recursos
son legalmente cuestionables, algunos expertos han sugerido que los
inversionistas podrían ejercer presión política en sus propios
gobiernos para llevar el caso a la Corte Internacional en La Haya, o
incluso a tomar a la fuerza el capital del gobierno ofensor.
Respuesta
del gobierno de Estados Unidos
Al
promover la agenda de protección a inversores, funcionarios
estadounidenses ponen énfasis en los beneficios de inversores
estadounidenses en el exterior. También argumentan, a pesar de que no
poseen mucha evidencia, que dichas reglas ayudan a que los países en
vías de desarrollo atraigan mas inversión del exterior. Lo que
tienden a olvidar es el hecho de que estos tratados dan un poder sin
precedente también a inversionistas que provienen de otros países, en
los Estados Unidos. Por ello, fue una verdadera revelación cuando en
1999 la empresa Methanex de Canadá hizo uso de las reglas de inversión
del TLCAN para demandar al gobierno de Estados Unidos por cerca de mil
millones de dólares por un reglamento de salud pública en el estado
de California. El caso terminó siendo descartado, pero durante seis años
involucró a funcionarios estadounidense en un proceso de arbitraje
que envió un mensaje escalofriante a otros legisladores. El caso de
Methanex y otros casos que se dirigen a leyes estadounidenses han
impulsado a varias organizaciones que representan a funcionarios
subfederales a que se opongan a estas reglas, incluyendo la
Conferencia Nacional de Legisladores Estatales y la Liga Nacional de
Ciudades.
La
administración de Bush ha respondido a las críticas cediendo un
poco, pero tan solo en el área de transparencia. Un ejemplo es que los
tratados que han sido negociados recientemente requieren que los
tribunales permitan intervenciones amicus curiae (presentaciones que
pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial) y que las
audiencias sean públicas. No ha habido ningun cambio que limite la
amenaza que representan los inversores sobre la soberanía estatal y
local.
Varios
oficiales de gobierno alrededor del mundo están comenzando a darse
cuenta de que las protecciones a los inversores que son promovidas por
el gobierno de Estados Unidos es uno de los ejemplos mas extremos del
exceso del poder corporativo. En una era de flexibilización y
privatización, estas protecciones constituyen una de las armas mas
potentes que amenazan el papel que posee el gobierno en el
mantenimiento social y ambiental.
Alternativa
boliviana
El
hecho de que la administración de Bush tuvo que negociar acuerdos
bilaterales con economías relativamente pequeñas como Perú y
Colombia refleja la falla de su agenda comercial para el hemisferio.
Desde un principio, el plan se trataba de un Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), la cual incluiría 34 países de la región.
Pero esta gran iniciativa parece haber quedado en el olvido luego de
tantos años de rechazo debido a la oposición que demostraron varias
de las economías mas grandes de la región, sobre todo Brasil,
Argentina y Venezuela.
En
vez de insistir con una agenda que ha fallado, la Casa Blanca y el
Congreso deberían considerar las diferentes alternativas de políticas
de comercio e inversión creadas por organizaciones de la sociedad y
algunos gobiernos. Por ejemplo, el gobierno Boliviano ha puesto en
circulación unas pautas para un tratado de cooperación justo y
productivo con Estados Unidos que abren las puertas al comercio
internacional y a la inversión del extranjero, siempre y cuando no
ponga límites a la autoridad del gobierno nacional para que lleve a
cabo sus propias estrategias para el desarrollo. Dicho plan difiere
del modelo comercial de Estados Unidos en varias formas. Permitiría,
por ejemplo al gobierno Boliviano que garantizase el acceso a
medicamentos generales de bajo costo, prohibiría el patentado de
plantas y animales, y mantendría programas que beneficien a
productores locales. Con respecto al tema de la inversión, se
reservaría el derecho de requerir que inversores extranjeros
transfieran tecnologías y que utilizaran productos y mano de obra
local. Como es lógico, rechaza el concepto de la solución de
disputas del tipo estado–inversionista y en vez de ello requiere que
inversores extranjeros resuelvan disputas a través de mecanismos
nacionales.
La
propuesta boliviana refleja algunas de las demandas de una sociedad
civil crítica del libre comercio, aunque dichas demandas sobrepasan
un énfasis en la soberanía nacional y además se enfocan en la
necesidad de adoptar estándares internacionales. Dado que los
gobiernos nacionales van y vienen, los ciudadanos pueden obtener
ciertas protecciones contra los caprichos del poder político mediante
el requerimiento de que los gobiernos firmen pactos comerciales para
defender derechos laborales internacionales básicos y respetar
tratados ambientales multilaterales.
No
es suficiente que hayan pequeños cambios con tratados que ya han sido
negociados. El Congreso debería enfocarse en comenzar un diálogo
genuino que cruza las fronteras, los partidos y los sectores para
lograr avanzar un camino mejor, mas equitativo y sostenible hacia la
integración económica.
(*)
Sarah Anderson es directora del proyecto de economía global en el
Instituto de Estudios Políticos. Sara Grusky coordina el programa
para Latinoamérica de Food and Water Watch. Ambas escriben para Foreign
Policy in Focus.
En
profundidad...
Tratados
de Libre Comercio (TLCs)
Choike.org, diciembre 2006
Por
medio de diversos mecanismos, en la última década y media, se han
impuesto los procesos de privatización, globalización y desregulación
de la economía. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sido
el instrumento más importante para llevar adelante estas políticas.
Sin
embargo, la sociedad civil y gran parte de los gobiernos de los países
en desarrollo consideran a la OMC "una de las organizaciones más
faltas de transparencia", que deja fuera de sus negociaciones a
los países menos desarrollados para favorecer los intereses de los países
ricos. Por esas razones la OMC es uno de los organismos sobre el cual
se ejerce un mayor monitoreo por parte de las organizaciones no
gubernamentales. A su vez, las reuniones ministeriales –máxima
instancia de toma de decisiones de la institución– se han
convertido en instancias masivas de protesta por parte de los
movimientos de la sociedad civil.
Acelerando
los procesos
A
partir de 1995, al considerar EEUU que las negociaciones de la OMC no
se concretaban con la rapidez que hubiera deseado, comienza a impulsar
negociaciones para la formación de áreas de libre comercio
regionales. La primera de estas negociaciones que logra salir a la luz
es el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 1994. Los
lineamientos de los programas económicos recomendados por el FMI y el
Banco Mundial en América Latina durante la década de los noventa,
han ido preparando el camino para facilitar la puesta en marcha del
ALCA. Si bien el mercado norteamericano es importante para las
exportaciones latinoamericanas, el problema es la cesión de soberanía
en el manejo de la política económica interna que se exige a cambio.
Pocas
semanas después del fracaso de la reunión de la OMC en Cancun en
2003, se realizó la reunión ministerial que negociaba el ALCA, en
Miami. Una vez más la sociedad civil y sus movilizaciones fueron un
actor importante: se repitieron las protestas, el espacio de maniobra
y entrega se vio reducido y especialmente Brasil defendió condiciones
para su industria y agricultura, imposibilitando llegar a un acuerdo.
Estados
Unidos, ante este panorama, avanza poco a poco mediante otros acuerdos
regionales de libre comercio más reducidos o bilaterales. Ya ha
firmado tratados con México y Chile, y está negociando más
aceleradamente el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA).
De esta manera, se van realizando tratados paralelos que tienen el
mismo formato y características de un ALCA funcional a Washington.
Siguiendo este camino se puede llegar a una red de convenios que cubre
toda Centroamérica y varios países andinos. Al mismo tiempo intenta
desarrollar negociaciones regionales en Africa y Asia. La enfermedad
del momento sería "Trataditis aguditis", según titula la
organización Grain un documento que ofrecemos en este informe.
"El
planeta está envuelto en una densa trama de convenios y tratados económicos
y financieros internacionales, regionales y bilaterales que han
subordinado o suplantado los instrumentos básicos del derecho
internacional y regional de los derechos humanos (incluido el derecho
a un medio ambiente sano), las Constituciones nacionales, la legislación
económica orientada al desarrollo nacional y las leyes laborales y
sociales tendentes a mitigar las desigualdades y la exclusión".
(1)
Un
ejemplo muy claro de estas afirmaciones es el uso de los TLC para la
imposición de estándares de propiedad intelectual por parte de EEUU,
los que favorecen los intereses comerciales de corto plazo de las
empresas farmacéuticas estadounidenses a expensas de la salud pública
en los países en desarrollo. La organización Oxfam compara cinco
tratados con EEUU: NAFTA, Chile, Singapur, CAFTA y ALCA.
innecesariamente rigurosos para los países en desarrollo que van más
allá de los ya perjudiciales requisitos de las normas dispuestas por
la Organización Mundial de Comercio (OMC). (2)
En
estos momentos, son tantos los procesos de negociación que es
dificultoso tenerlos a todos presentes, teniendo en cuenta además que
generalmente se llevan a cabo en forma secreta. Sin embargo, del
conocimiento de los acuerdos ya terminados se pueden analizar los
objetivos y contenidos reales de los mismos.
Estos
tratados no se refieren solamente a asuntos económicos, sino que
también tienen un explícito contenido político donde los países en
desarrollo quedan en una situación de subordinación. Hay varios
ejemplos, que proporcionamos en diferentes secciones de este informe.
En el tratado con Marruecos Estados Unidos se explicita su interés en
"promover sociedades islámicas más tolerantes, abiertas y prósperas".
Otros tratados (como con Tailandia) están explícitamente presentados
como un mecanismo para reforzar vínculos militares y cooperación en
"la guerra al terrorismo". (3)
Al
reanudarse las negociaciones comerciales en la OMC muchos grupos
exhortan a una revisión de las consecuencias de tales pactos
bilaterales. Países industrializados como Estados Unidos y Japón se
valen de ese instrumento para obtener de sus socios lo que no pudieron
obtener en la OMC, donde los países en desarrollo han podido oponerse
o resistir ciertos elementos negativos en varios acuerdos.
Notas:
(1)
"Derechos humanos y tratados bilaterales". Exposición
conjunta presentada por el Centro Europa Tercer Mundo, organización
no gubernamental con estatuto consultivo general y la Asociación
Americana de Juristas. Comisión de Derechos Humanos, 56° período de
sesiones – 26 de julio al 13 de agosto de 2004.
(2)
"Socavando el acceso a medicinas: comparación de cinco TLCs de
los Estados Unidos". Junio 2004, Oxfam.
(3)
Entre los recientes Tratados de Libre Comercio negociados por los
EE.UU. tenemos EEUU–Chile (2003), EEUU–Jordania (2000), EEUU–Marruecos
(2004), EEUU–Singapur (2003), y el Tratado de Libre Comercio de América
Central (CAFTA–2004) que incluye a la República Dominicana. Los
EE.UU. también están negociando numerosos TLCs con otros países en
desarrollo, incluyendo el Área de Libre Comercio de las Américas
(fecha límite del ALCA 2005), los países Andinos, Tailandia, Panamá,
Bahrein y países del sur de África, quedando otros en consideración.
|
