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Primer
paro general de 24 horas en el gobierno de Tabaré Vázquez
El
PIT–CNT evaluó como positivo el resultado
Agencias
Correspondencia de Prensa, 21/08/08
El paro
general de ayer fue impulsado por una coordinación de
sindicatos en la Mesa Representativa de la central sindical.
Tuvo un importante nivel de acatamiento que se tradujo en
una inasistencia total en escuelas y liceos de todo el país,
así como altos niveles de ausentismo en la industria
manufacturera, bancos y organismos del Estado.
Para Joselo
López, dirigente del Sindicato Único del INAU (Instituto
Nacional del Adolescente), integrante de la coordinación
que impulsó la medida, el paro "no sólo colmó
nuestras expectativas, sino que en algunos sectores la superó
ampliamente".
Desde el
punto de vista del Secretariado del PIT–CNT se evaluó al
paro general como una medida de alto nivel de acatamiento.
Parte del Secretariado se reunió en las últimas horas de
ayer para evaluarlo y consideró que tuvo el mismo nivel que
anteriores paralizaciones convocadas por la central
sindical. Juan Castillo, Fernando Pereyra, Marcelo Abdala,
Gustavo Signorele y José Franco, se reunieron en la sede de
la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines
(UNTMRA) para unificar la información sobre la medida
resuelta por la mesa representativa de la central.
Uno de los
coordinadores, Juan Castillo, dijo que en varios sectores el
paro general fue más que expresivo. Castillo afirmó que en
el sector público el porcentaje de acatamiento fue muy
alto. "No hubo una sola escuela y liceo publico del
Uruguay dictando clases", indicó. Precisó que la
actividad portuaria fue nula y que los trabajadores del
transporte adhirieron a la medida en un 100%. "El
transporte público que se vio en las calles fue porque los
patrones estuvieron al frente de la empresa", explicó
Castillo.
Montevideo
paralizado
El paro
general no implicó movilizaciones, ni actos callejeros. En
Montevideo permanecieron cerrados los bancos y las oficinas
públicas. No hubo clases en escuelas, liceos y Universidad,
y los hospitales públicos y las clínicas privadas
funcionaron con servicios de urgencia.
Según
informó el diario El Observador, en el sector estatal la
adhesión a la huelga fue del 80 por ciento, a pesar de que
el martes el gobierno decretó que se les descontaría la
jornada laboral a los trabajadores del sector que acataran
la medida. La inactividad también se sintió fuerte en los
transportes, en donde los ómnibus y los taxis redujeron su
frecuencia.
La de ayer
fue la primera protesta de un día entero contra la
administración de Vázquez, que llegó a la presidencia en
marzo de 2005. Los sindicatos nucleados en la PIT–CNT
resolvieron la medida para reclamar que se agilicen las
negociaciones salariales, que llevan un mes y medio sin
poder llegar a un acuerdo. Los trabajadores reclaman un
sueldo mínimo de 8500 pesos (unos 425 dólares), el control
de precios y la reducción de la jornada laboral. También
demandan que el gobierno destine el 4,5 por ciento real del
PIB a la educación, y que anule Ley de Impunidad (Ley de
Caducidad), que amparó a violadores de los derechos humanos
durante la última dictadura (1973–1985).
Sin
embargo, desde el gobierno descartaron una ruptura con la
central obrera. "Paro general hicieron varias veces. La
única diferencia es que esta vez fue de 24 horas",
minimizó en declaraciones a el ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Eduardo Bonomi. "Los trabajadores se
manejan con el concepto de independencia de clases.
Coinciden con los objetivos programáticos del gobierno,
pero no con todo lo que se hace", agregó.
Bonomi
rechazó que las negociaciones de los consejos de salarios
estuvieran estancadas, y dijo que sólo falta llegar a un
acuerdo. Pero consideró que el aumento que reclaman los
gremios es inalcanzable. "Para nosotros, ese valor (los
425 dólares) aumentaría sensiblemente el desempleo. El
salario mínimo actualmente está en 4000 pesos (209 dólares)
y se puede llevar a 5000 (262 dólares), un poco más, un
poco menos. El PIT lo tiene claro, saben lo que estoy
diciendo", sostuvo.
Paro
general, contra los patrones y el gobierno
El
inicio de una reacción
Editorial
de Construyendo (*) Nº 32, agosto 2008
"Fue
una victoria aplastante". Así la definió Juan
Castillo, uno de los principales operadores del
"progresismo" en el movimiento sindical. Se refería,
obviamente, a la votación en la Mesa Representativa del
PIT–CNT del 12 de agosto, que resolvió por 26 a favor, 15
en contra (entre ellos el propio Castillo) y 2 abstenciones,
la realización de un Paro General de 24 horas el miércoles
20 de agosto. El primero que la central obrera le hace al
gobierno del Frente Amplio.
El hecho en
sí, asume una importancia política que trasciende "la
pugna entre moderados y radicales" y la
"complicada interna sindical", de cara al II
Congreso del Pueblo y al X Congreso del PIT–CNT. Algo de
eso hay, indudablemente. Pero al contrario de lo que
pretenden los medios de prensa, la derecha, y la cúpula
frenteamplista, no es esa la cuestión decisiva. La razón
fundamental viene por el lado de los propios trabajadores,
que se cansaron de continuar siendo la variable de ajuste de
la política económica neoliberal del gobierno. Y que
comienzan, aún lentamente, a desprenderse el chaleco de
esas "lealtades progresistas" que, con la
complicidad de los burócratas sindicales, promovieron la
apatía, la desmovilización y la desorganización.
Se trata de
una manifestación inequívoca de resistencia y protesta.
Ante todo, por la carestía incontrolada, en especial de los
alimentos, lo que constituye una verdadera confiscación
salarial. Cuando el gobierno, en lugar de decidir un
subsidio a los productos de la canasta familiar, la
congelación de precios y tarifas de servicios, y la
eliminación del IVA, incluye nuevos impuestos al consumo
popular, protegiendo de esta manera las ganancias de los
capitalistas. Por la vía del IRPF y de otros mecanismos de
exoneraciones tributarias.
También
demostración de indignación. Por las consecuencias sobre
sus vidas y las de sus familias de algunos indicadores
vergonzosos. Mientras que el PBI (el conjunto de la producción
del país) creció el 21% entre 2005–2007, el salario real
apenas tuvo un aumento del 14,6%, haciendo que la
"recuperación" no alcance ni siquiera los niveles
de ingreso del 2001. El economista Jorge Notaro, por
ejemplo, asegura que para volver al nivel del salario real
del sector privado de 1998, "se requerirá un aumento
de entre el 10 y 12 % por encima del IPC". (Semanario
Brecha, 13–7–08) Esta distancia brutal entre el
crecimiento del PIB y el ingreso de los trabajadores, tiene
un resultado aplastante: la participación del salario en el
PIB, se ha reducido a un 24%. O sea, "que los ingresos
derivados del trabajo tienen menos participación en el PIB
a partir de 2005 que lo que ocurrió en la mayoría de los años
antes de la restauración democrática (.) Más aún, que
los ingresos de las mayorías mantienen esa relación y, en
contrapartida, se ha verificado un aumento escandaloso de
las rentas de capital. (Joaquín Echevers, citado en el
libro "El necesario golpe de timón", Red de
Economistas de Izquierda del Uruguay, julio 2008).
Frente a
este descomunal robo, que explica no sólo la concentración
regresiva de la riqueza (patrones cada vez más ricos y
asalariados cada vez más pobres), sino la dimensión de la
tasa de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, los
trabajadores expresan su voluntad de luchar. Ahora por la vía
de un Paro General, contra las patronales y el gobierno.
A este
punto de inflexión se ha llegado a través de innumerables
luchas y movilizaciones (huelgas, ocupaciones, paros
generales parciales, marchas, acampadas, etc.). Es decir, a
través de un proceso de acumulación de experiencias. En el
cual han tenido un rol fundamental las corrientes,
militantes, y agrupaciones, que convocaron y organizaron el
acto del sindicalismo clasista y combativo el 1º de Mayo.
De allí, la importancia que se le debe asignar a la
coordinación de sindicatos que produjo el "Llamamiento
a los trabajadores" proponiendo un paro general de 24
horas y un plan de lucha. [ver texto a continuación] Han
sido esa acumulación de experiencias de lucha, y el papel
del sindicalismo combativo, los que dan razón y fundamento
a la votación en la Mesa Representativa.
No
obstante, este inicio de reacción no resuelve las
fragilidades organizativas, ni supera la fragmentación.
Porque el desafío no se limita a la marcha de las
negociaciones de los Consejos de Salarios, ni por
"mejorar" la Rendición de Cuentas. La lucha por
la "redistribución de la riqueza" – esto es,
por modificar las relaciones de fuerza entre trabajo y
capital, rompiendo la lógica de la apropiación privada del
trabajo social – pasa por el enfrentamiento al conjunto
del programa capitalista del gobierno del Frente Amplio,
avalado por las corporaciones empresariales y certificado
por las instituciones financieras internacionales.
La política
de sobreexplotación del trabajo continuará más allá del
Paro General de 24 horas. Ya lo afirmó el presidente Tabaré
Vázquez al anunciar el relevo en el Ministerio de Economía
y Finanzas. Las líneas maestras se mantendrán tal cual:
superávit fiscal (para pagar la deuda externa), apertura a
las inversiones de capitales privados (en especial
multinacionales), y "reforma del Estado"
(privatizaciones directas o en calidad de concesiones). Esto
dibuja el horizonte: nuevos ataques contra el salario y los
derechos de los trabajadores.
En tal
sentido, el impulso a la auto–organización y a la
movilización, tanto como la búsqueda de una práctica de
frente único, para crear un alternativa programática y
estratégica en el movimiento sindical y popular, es un parámetro
esencial para construir un amplio proceso de resistencia,
que incluye a trabajadores y luchadores sociales que, todavía,
mantienen ilusiones en el "progresismo" y, sobre
todo, confían en la figura presidencial.
Construir
esta alternativa (de clase), exige combinar la organización,
las demandas y las luchas de los trabajadores
sindicalizados, de los "informales" (30% de la
fuerza de trabajo masculina y 38% de la femenina se
encuentran en esa condición), de los desempleados, de los
estudiantes, de los jubilados. En fin, con el conjunto del
"bloque social" que componen los explotados
por el capital.
(*)
Mensuario de la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (CUR).
Por
un paro general de 24 horas y un plan de lucha
Llamamiento
a los trabajadores
Coordinación
de Sindicatos, agosto 2008
Estamos
asistiendo a un período de descomunal carestía. Sufrimos
un deterioro sostenido sobre nuestros salarios y por ende en
las condiciones de vida del pueblo trabajador.
Los precios
de los alimentos en su crecimiento no tienen proporción con
los que el gobierno sostiene en el IPC (inflación Oficial).
Mientras
dicho IPC (Índice de Precios al Consumo) subió en el último
año casi un 8% los productos básicos, que son los que
realmente consume el pueblo trabajador, crecieron en un 35%
promedio (pan 45%, aceite 47%, harina 76%, huevos 57%, arroz
35%, etc.).La carestía está pulverizando nuestro salario.
Es una mentira de las patronales y del gobierno, que el
causante de la inflación sea nuestro salario, cuando estos
no solo reciben en el mejor de los casos ajustes semestrales
por el IPC, sino que además han tenido la carga aditiva de
los impuestos directos al consumo (IVA) que no podemos
deducir, y el FONASA (Fondo Nacional de Salud) y el IRPF
(Impuesto a la Renta de las Personas Físcas).
Estos
impuestos son una brutal transferencia de nuestro salario, a
la caja del gobierno, que sigue adelantando pagos de deuda
pero no cesa de endeudarse a futuro, para el beneficio de la
banca internacional, los oligarcas nacionales y
multinacionales del campo y de la industria, que se han
llenado sus cofres con las exportaciones.
Han sido
siderales las divisas que entraron en estos sectores
capitalistas en estos últimos años, sin embargo, la
participación de los asalariados en el PBI nacional es un
10% menor a la existente en el año 1998 que era solo un
30%, por supuesto extraordinariamente más baja que en la década
del 60.
Es también
una falsedad del gobierno y los empresarios, ya repetida
hasta el hartazgo por los gobiernos neoliberales de derecha
de los Sanguinetti y los Lacalle, que debemos esperar que
crezca la torta.
La torta ha
crecido en las arcas de los capitalistas y del gobierno. Es
sobre estas arcas que el gobierno viene reclamando "un
blindaje". Un blindaje para garantizar el pago de la
deuda y la renta de ganancia de la rosca nacional y
multinacional frente a la recesión mundial abierta.
El gobierno
pretende distraer los reclamos surgidos por nuestros
sindicatos al seno del PIT– CNT y el descontento popular
con una modificación en el IRPF que es una devolución
parcial y miserable producto de las movilizaciones
sindicales, frente a la terrible succión de los salarios
con este impuesto a los asalariados.
Mientras
maniobra con esta concesión ultralimitada, impone a los
consejos de salarios, ajustes anuales según la inflación
que pronostican ellos mismos, no sobre la inflación real.
Es decir garantiza una sostenida y convenida pérdida
salarial en el tiempo a manos de la carestía. Fija un
salario mínimo nacional de $ 4000 que es un octavo de la
canasta familiar ($ 32.000) que precisa una familia para
cubrir las necesidades básicas, es decir legaliza la
superexplotación obrera, y de esta forma, la tercerización
y flexibilización de miles de trabajadores de las empresas
privadas o estatales bajo convenios con laudos superiores.
Envía una
rendición de cuentas que garantiza un presupuesto público
sometido al pago de la deuda externa que el Ministro Astori
aumentó en 10.200 millones de dólares en los últimos tres
años, a pesar del pago adelantado de más de 3000 millones
de dólares. Presupuesto que desconoce los reclamos del
Congreso Educativo y rendición de cuentas que pretende
innovar contra las conquistas de los trabajadores públicos
(inamovilidad, jubilaciones compulsivas y anticipadas,
proyectos de más privatizaciones) y mantenimiento de la caída
salarial con pautas similares a los privados.
Queda claro
que de la mano de esta política no hay "país
productivo". Lo confirma el ataque a las empresas bajo
gestión obrera, y la negativa a estatizar las fábricas y
empresas dejadas por los vaciadores de empresas y deudores
contumaces del Banco Central, como los Soloducho o los
Vanni. Luego de vaciadas, se las devuelven a los
capitalistas, en vez de concedérsela a la gestión de sus
trabajadores; lo mismo, con la negativa a conceder tierra al
que la trabaja, para si auspiciar el proceso más grande de
extranjerización de la tierra a mano de las forestales, los
sojeros y los latifundistas de todo pelo. Lo confirman el
inicio de envíos al seguro d paro cuando comienzan las
negociaciones por salarios.
Los
sindicatos, agrupaciones sindicales y organizaciones de
jubilados, que suscribimos esta declaración, defendemos y
reclamamos de nuestro PIT–CNT un paro general y un plan de
lucha para conquistar una plataforma mínima que de inicio a
los cambios que nuestro pueblo precisa en forma urgente. Así
ha quedado para votarse en una nueva mesa representativa del
PIT–CNT el 12 de agosto.
Llamamos a
todos los sindicatos a defender en la unidad de acción esta
perspectiva reclamando al PIT–CNT y votando el paro
general de 24 horas como inicio de un plan de lucha.
Llamamos a ganar la calle junto a los jubilados y otras
organizaciones sociales del pueblo trabajador, nada podemos
esperar que no sea de nosotros mismos:
• Fijación
del Salario mínimo nacional y jubilaciones en $8500 en
forma inmediata, bajo el objetivo de alcanzar media canasta
familiar de $16.000.
• Aumento
general de salarios en relación a la inflación real en la
canasta básica alimentaria (30%)
• Rechazo
a las pautas salariales del gobierno para los consejos de
salarios.
• Ajustes
cuatrimestrales por inflación real. Respeto a los convenios
sindicales.
•
Eliminación del IVA a los alimentos y al consumo popular–
Congelación de sus precios.
• Elevación
del Imponible del IRPF a $ 32.000 en forma inmediata.
•
Derogación de todo impuesto a los salarios y su sustitución
por impuestos progresivos al capital.
• Reducción
de la jornada laboral sin merma salarial
•
Derogación de las AFAPS y de la ley 16.713. Modificación a
la baja de la edad y años de trabajos para jubilarse.
Jubilación con el último salario en actividad. Defensa de
la Caja Bancaria y de los seguros compensatorios de los
trabajadores.
• Apoyo
incondicional a la lucha y reclamos de: ADEOM Montevideo y
Canelones, de la UOC, de SUTEL, del SUATT – Respeto a la
negociación colectiva y a los convenios firmados con dichas
organizaciones sindicales. Cumplimiento de estos en forma
inmediata.
• Apoyo a
los reclamos de la Coordinadora de Jubilados y ADEMU
(Maestros) de Montevideo y defensa irrestricta de la libre
determinación de las organizaciones de trabajadores y
jubilados para designar sus representantes
• Cese de
todas las privatizaciones en el Estado y re estatización de
las privatizadas.
•
Presupuesto para los trabajadores y el pueblo. Satisfacción
al los reclamos del Congreso de la Educación –6% del
PBI– Autonomía y cogobierno para toda la enseñanza,
rechazo al actual proyecto de ley educativa.
• Anulación
ahora de la Ley de impunidad.
• No pago
de la deuda externa usurera
• Fuera
las forestales y pasteras trasnacionales depredadoras de
nuestra riqueza natural y medio ambiente
• Retiro
de las tropas de invasión Uruguayas y de otros países en
Haití.
Asociación
de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM)
Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU)
Federación Nacional de Trabajadores del Juego (FENAJU)
Sindicato Único del Taxi (SUATT)
Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y
Adolescentes del Uruguay (SUINAU)
Unión de Trabajadores Desocupados (UTD)
Asociación de Funcionarios de Cooperativas de Consumo
(AFCC)
Coordinadora de Jubilados y Pensionistas (CJP)
Agrupación Nueva Época de Asociación de Funcionarios de
la Universidad del Trabajo de Uruguay (AFUTU)
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