Atentado marca el peor momento en 14 años

Por Diego Cevallos
Inter Press Service (IPS), 18/09/08

México.– Un atentado en una plaza pública de la central ciudad de Morelia, una ola de crímenes macabros que parece no tener fin y los nubarrones sobre la economía marcan el peor momento de México en los últimos 14 años, según observadores.

Entre los entrevistados por firmas encuestadoras prima el desencanto con el desempeño de las instituciones democráticas y predomina la percepción de que los delincuentes le está ganando la partida al Estado.

Los sondeos también indican un marcado pesimismo en materia económica. Los recientes problemas financieros en Estados Unidos, país en el que México concentra más de 90 por ciento de su comercio, impactaron en las ya bajas expectativas de crecimiento económico para este año.

Dos semanas atrás, el gobierno consideraba que el crecimiento del producto interno del país ascendería al cabo de este año a 2,4 por ciento, uno de los más bajos de América Latina. Pero ahora analistas creen que podría no llegar ni a 2,0.

El secretario (ministro) de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció que el ambiente de inseguridad reinante es un factor que arrastrará a la baja al conjunto de la economía.

"Que yo recuerde, México no había tenido un tan mal ambiente público desde el fatídico 1994", señaló Leo Zuckerman, columnista y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Ese año, la guerrilla zapatista del sureño estado de Chiapas se levantó en armas y fue ultimado a balazos Francisco Ruiz Massieu, secretario del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional, que en 1993 había enterrado a su ex candidato presidencial Luis Colosio.

Además, a finales de 1994 estalló una crisis económica y bancaria en México, cuyas repercusiones internacionales se conocieron como "efecto tequila".

"Ciertamente México vive un momento crítico, sobre todo en seguridad", dijo a IPS Guillermo Garduño, experto en la materia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con los atentados del lunes en Morelia, en el estado de Michoacán, "quedó demostrado que los sistemas de seguridad interna del Estado fueron rebasados", señaló Garduño.

Lo sucedido en Morelia fue calificado a coro por los actores políticos de acto terrorista. Siete muertos y unos 100 heridos dejó la explosión de granadas en una plaza y una calle aledaña donde miles celebraban un aniversario más de la independencia de México.

En un mundo de la política donde el encono y las divisiones se arrastran desde 2006, con las elecciones en que se consagró como presidente el conservador Felipe Calderón, el atentado propició exhortaciones a la unidad nacional.

Incluso en la Asamblea Legislativa de la capital, dominada desde 1997 por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), hubo señales de un cambio de actitud hacia el gobierno federal.

"Sería un grave error aprovechar la situación para intensificar la lucha política. Con el caos sólo ganan los delincuentes. Por eso, lo que se impone es la búsqueda de acuerdos para atender los problemas del país y evitar la polarización", declaró la Asamblea.

Militares detuvieron este jueves en el estado de Zacatecas a dos sospechosos de haber lanzado las granadas en Morelia, pero las autoridades no rebelaron mayores detalles del hecho.

De forma previa y sin ofrecer pruebas, el gobierno de Calderón y el del estado de Michoacán, gobernado por el PRD, atribuyeron el atentado al "crimen organizado".

México vive desde la llegada al gobierno del antecesor y correligionario de Calderón, Vicente Fox, en 2000, una ola de creciente violencia atribuida a bandas de narcotraficantes. Sin embargo, nunca se había dado un ataque indiscriminado contra civiles.

Desde la asunción de la actual administración en diciembre de 2006 ha recrudecido la violencia, hasta generar expresiones de indignación ciudadana como las marchas de protestas del 30 de agosto en varias ciudades.

En la gestión de Fox fueron asesinadas 9.000 personas y en la actual suman ya más de 4.000. No sólo va en aumento la cantidad de crímenes, sino también su crudeza. Se registran decapitaciones, ejecuciones de grupos numerosos y práctica de tortura antes del asesinato.

El activista Edgar Cortez consideró que México entró en una zona de riesgo para los derechos humanos, pues con el "pretexto de la seguridad y (de) un acto terrorista se ha militarizado al país y realizado muchas detenciones dudosas".

"Todos están hablando de terrorismo, y aunque eso parece que une a los políticos, no creo que al final desemboque en un descenso de la polarización", dijo a IPS Cortez, portavoz de la red de organizaciones civiles Todos los Derechos para Todos,.

El consultor de derechos humanos Fabián Sánchez declaró, por su parte, que da "pavor que se comience a hablar de terrorismo" en México.

Desde su punto de vista, los hechos de lunes entrarían en esa categoría y podrían alentar políticas que mermen "las garantías individuales", según declaró a IPS.

Tras las marchas ciudadanas contra la inseguridad de finales de agosto, la detención de supuestos asesinos y secuestradores se han multiplicado.

El gobierno federal y los locales aluden a estos arrestos en las piezas de propaganda emitidas en medios de comunicación para asegurar que están cumpliendo su tarea.

Pero organizaciones humanitarias advirtieron que las autoridades exhiben a los detenidos sin siquiera haberlos remitido al Poder Judicial, como si fueran piezas de trofeo, dijeron. "El debido proceso judicial y la presunción de inocencia esta siendo pisoteados", opinó Cortez.

Para hacer frente al narcotráfico violento, Calderón desplazó a miles de militares y policías federales a diferentes estados.

Varios soldados han sido acusados por activistas humanitarios de cometer atropellos en el marco de la campaña oficial contra el crimen, como detenciones ilegales, maltratos a la población, cateos sin orden judicial y hasta violaciones sexuales.

"México está atrapado en un nicho de inseguridad y presión económica. La coyuntura es una de las peores de los últimos años", dijo a IPS la consultora en asuntos financieros Erika Serrano. Empujado por la inestabilidad financiera en Estados Unidos, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo en los últimos días la caídas más pronunciada del año, y la moneda local, el peso, sufrió su mayor depreciación.

A inicios de mes, el Banco de México (central) dio a conocer los resultados de una encuesta entre analistas del sector privado. Los que creen que en los próximos seis meses el clima de los negocios en México va a mejorar son apenas nueve por ciento.

En el "índice de confianza del productor" del estatal Instituto Nacional de Estadística, la situación es similar. En agosto se ubicó en 46 puntos sobre 100, nivel 15 puntos inferior al del mismo mes del año pasado.

Diversas encuestas confirman que la mayoría de los entrevistados ven con escepticismo el futuro económico y creen que los delincuentes están ganando la lucha contra las autoridades.

La privada Paramétrica presentó este jueves un sondeo nacional según el cual 57 por ciento de sus encuestados estiman que el narcotráfico está ganando la batalla al Estado.

Una encuesta del diario Reforma, publicada en agosto, indicó que 54 por ciento de los entrevistados estaban insatisfechos con el funcionamiento de la democracia.

Sangriento grito de la independencia

Por Diego Cevallos
Inter Press Service (IPS), 16/09/08

México.- Si existía algún tipo de acuerdo tácito entre mafias y autoridades en México para no cruzar ciertos límites, como sostienen analistas, ya no hay duda de que está roto. Varias granadas explotaron en Morelia en plena celebración del grito de la independencia, dejando al menos ocho muertos y 100 heridos.

El tradicional acto que recuerda el inicio del proceso de independencia de México respecto de España, en 1810, y al que los mexicanos se vuelcan con entusiasmo en las plazas del país cada 15 de septiembre por la noche, quedó marcado por primera vez en la historia moderna con una acción de tipo terrorista, como lo calificaron observadores.

Las granadas fueron lanzadas contra de la multitud, que como es costumbre estaba reunida en la plaza central de Morelia, capital del occidental estado de Michoacán. Varios cuerpos ensangrentados quedaron sobre el piso, mientras los asistentes gritaban y corrían en diversas direcciones.

En esos mismos momentos en la capital de México, el presidente conservador Felipe Calderón, quien es originario de Michoacán, encabezaba un acto similar ante miles de personas en la plaza del Zócalo, y luego, también como es tradición, observaba junto a los asistentes un espectáculo de juegos pirotécnicos.

Las detonaciones en Michoacán se produjeron a menos de 200 metros de un balcón donde el gobernador de ese estado, Leonel Godoy, hacia sonar una campana en recuerdo al llamado que en su momento hicieran los próceres de la independencia para levantarse en armas contra la corona española.

"Estamos sin duda ante un acto terrorista" y la principal hipótesis es que los responsables son parte "del crimen organizado", dijo Godoy, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

"Actos tan cobardes y reprobables como los ocurridos (en Michoacán), merecen el repudio de la sociedad entera y la reacción inmediata de las fuerzas del Estado para castigarlos conforme a derecho", señaló el gobierno nacional de Calderón en un comunicado distribuido la madrugada de este martes.

"Las bandas de delincuentes cruzaron todos los límites que existían, incluso los códigos no escritos que indicaban que con las fiestas patrias o la religión no hay que meterse", dijo a IPS Alejandro Córdova, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por su características, lo del lunes en la noche fue un acto terrorista, consideró este analista.

También el presidente de la estatal e independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, declaró que el ataque de la víspera en Morelia fue un típico acto terrorista. "Cuando hay una agresión a la población estamos hablando de terrorismo", expresó.

"Yo sí estoy muy preocupado porque no sabemos a dónde va a parar todo esto (la violencia de la delincuencia)", añadió.

México vive desde la llegada el gobierno de Vicente Fox en 2000, antecesor y correligionario de Calderón, una ola de creciente violencia que es atribuida a las bandas de narcotraficantes. Desde la asunción de la actual administración en diciembre de 2006 ha recrudecido hasta generar expresiones de indignación ciudadana como las marchas de protestas del 30 de agosto en varias ciudades.

En la gestión de Fox fueron asesinadas 9.000 personas y en la actual suman ya más de 4.000.

En las últimas semanas y a contracorriente de las promesas de autoridades de hacer hasta lo imposible por frenar la violencia y enfrentar el crimen, los hechos de sangre continuaron.

El viernes pasado fueron encontrados 24 cadáveres en una zona boscosa cercana a la ciudad de México. Todos eran hombres y presentaban el llamado tiro de gracia en sus cabezas.

Ese crimen se atribuyó a narcotraficantes que así se vengaban de otros, pero las investigaciones preliminares apuntan a que la mayoría de los asesinados no tenían nada que ver con las mafias, sino que eran inmigrantes campesinos que vivían cerca de la capital en unos cuartos rentados y que trabajaban de albañiles.

A ese hecho se sumaron otros que son cada vez más comunes. En los últimos días se hallaron cuerpos decapitados, policías fueron detenidos acusados de cometer secuestros y un asistente de un ministro del gobierno del estado de México, vecino a la capital, fue ejecutado dentro de su automóvil.

Sin embargo, las granadas detonadas este lunes, constituyeron un acto sin antecedentes. Hasta la fecha no se había atentado contra una multitud reunida en una acto público y menos que fuera relacionado a una fiesta patria.

Los reportes provenientes de Michoacán indican que gran parte de los heridos por las explosiones son mujeres y niños.

Para hacer frente a la violencia, Calderón desplazó a miles de militares y policías federales a diferentes estados desde que asumió el mando. No obstante, el problema continúa.

Si bien en la era del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agrupación que gobernó sin interrupciones desde 1929 y 2000, la llamada delincuencia común y los narcotraficantes actuaban con violencia, su nivel era muy inferior al actual.

Según diversos analistas, entre ellos Córdova, existía en aquellos años una especie de acuerdo no escrito entre bandas de delincuentes entre sí y de ellas con las autoridades para no llevar la violencia a extremos.

Esta tesis indicaba que la hegemonía, el poder político del PRI y las relaciones que algunos de los miembros de ese partido habrían tenido con los delincuentes, permitía mantener vigentes esos acuerdos.

Con la llegada de Fox y Calderón al gobierno, los primeros mandatarios del conservador Partido Acción Nacional, la violencia ha subido de escala.

Las autoridades sostienen que es una reacción a la persecución de la delincuencia y a la decisión de aplicar la ley, pero también reconocen que su virulencia se facilita por la corrupción y la falta de preparación que exhiben los cuerpos de policía.

A diferencia de la era de los gobiernos del PRI, en la actualidad ningún partido político tiene mayorías en el parlamento ni ejerce controles hegemónicos en los estados y municipios.(