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¿En México hay un monopolio o un duopolio de la
violencia?
¿Estado fallido?
Por Jaime Avilés
La Jornada, México, 28/02/09
Salgamos de una vez por todas de la duda. ¿Vivimos en un Estado
fallido –como aseguran los expertos del Pentágono–
y estamos en peligro de que nuestro sistema político
se colapse de repente? A discutir la primera parte de
esta pregunta invité la otra noche a un joven artista plástico
y a dos intelectualas que lo acompañaban. Una de ellas
dijo: el concepto de Estado fallido se deriva de la conocida
afirmación de Max Weber en cuanto a que el Estado posee el
monopolio de la violencia.
No hace mucho, anotó el artista plástico, Felipe Calderón
dijo que él tenía el monopolio de la violencia. Pobre, ni
siquiera distingue entre gobierno y Estado, se condolió la
otra intelectuala. En la Libre de Derecho nadie le enseñó
que el Estado posee tres componentes: territorio, población
y gobierno. Sí, pero el Estado, insistió la intelectuala
que llevaba la voz cantante, tiene el monopolio de la
violencia y, en el caso de México, ese monopolio se
convirtió en duopolio.
Permíteme, discrepó su colega, pero Weber habló del
monopolio legítimo de la violencia. Le–gí–ti–mo.
¿Y
cuál es ese monopolio legítimo?, abundó. Pues el que
permite al Estado disponer de las fuerzas armadas. ¡Ahí
está el detalle!, salté, evocando a Cantinflas. El Estado
tiene el monopolio legítimo de la violencia, pero Calderón
no es legítimo, medio México lo considera espurio. Y dos,
el monopolio legítimo de la violencia, o sea, las fuerzas
armadas, cívicas y militares, han perdido el control de
franjas territoriales en la frontera norte y en otros
estados donde el narcotráfico es el que manda. Por eso en
Texas ya están las tropas del Tío Sam…
Parodiando a Weber, el Estado mexicano ha perdido asimismo
el monopolio legítimo de la justicia, pues ahora el narco
juzga a criminales, sospechosos e inocentes con el mismo
rasero, y los castiga mediante la aplicación mecánica de
la pena de muerte. Y por si lo anterior fuera poco, el
Estado mexicano también ha perdido el monopolio legítimo
de la recaudación fiscal, porque de manera creciente el
narco está cobrando impuestos en casi todo el país, tanto
a los hombres de negocios como a los pequeños vendedores de
productos piratas.
De acuerdo con lo anterior, ¿vivimos en un Estado fallido
o no? Manden sus puntos de vista al buzón de esta columna y
el próximo sábado véanlos publicados en el blog de El Patín
del Diablo. Ahora bien, ¿estamos en riesgo de que el
sistema político se colapse en forma repentina?
Las empresas delictivas serían ya un fuerte sector de la
economía
La narcoamenaza mexicana
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México DF
Página 12, 27/02/09
Parece que no hay otra: la corrupción gubernamental en México
es el principal obstáculo para erradicar el narcotráfico y
la violencia asociada al crimen organizado que ha dejado un
saldo de 13.200 víctimas en los últimos cuatro años –de
ellas, 6800 durante la administración de Felipe Calderón–,
al punto que el gobierno norteamericano considera que México
no gobierna parte de su territorio, que lo ha cedido a los
carteles de la droga y que éstos constituyen una amenaza a
la seguridad interna de Estados Unidos.
Lo que es peor: ninguno de los capos mexicanos de la droga
se siente verdaderamente amenazado por la guerra desatada en
su contra por el voluntarismo de Calderón, porque les
resulta fácil comprar protección de las propias
autoridades, lamenta el jefe de Operaciones de Inteligencia
de la DEA, Anthony P. Placido. Si bien afirma que México
ganará esta lucha, advierte que antes de eso los ciudadanos
“pagarán un precio alto” por la narcoviolencia.
En una entrevista publicada esta semana por la revista
Proceso, Placido revela una de las preocupaciones actuales
de Washington: las reiteradas alusiones a los nexos
criminales de los colaboradores más cercanos del secretario
de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
El propio Departamento de Estado, en su informe anual
sobre derechos humanos a nivel global difundido el miércoles,
coincide en que la corrupción e impunidad operan “en
todos los niveles de gobierno”, así como la “falta de
transparencia e ineficiencia” en el aparato judicial.
Firmado por Hillary Clinton, el reporte destaca que “la
impunidad es dominante y contribuye a que muchas víctimas
estén renuentes a presentar sus querellas”.
Estados Unidos ha tomado en sus manos parte de esta
guerra, y el mismo día la Agencia Federal Antinarcóticos
(DEA, por sus siglas en inglés) anunció el arresto de 755
personas vinculadas con el cartel de Sinaloa en un operativo
de 21 meses en 26 estados que integraban una red de hasta 70
células de distribución de droga. La administradora
interina de la DEA, Michele Leonhart, aseguró que las
operaciones del cartel de Sinaloa, que contribuyen al tráfico
y violencia en EE.UU., han sido desmanteladas.
Sin embargo, para Edgardo Buscaglia, director del Centro
Internacional de Desarrollo Económico y Derecho
Internacional de la Universidad de Columbia y profesor del
Instituto Tecnológico Autónomo de México, “decir eso es
ridículo”. El golpe que han dado al cartel de Sinaloa es
efímero: “Los detenidos serán fácil y rápidamente
sustituidos”.
Esto tampoco afecta mayormente al crimen organizado en México,
dice Buscaglia, quien cita un estudio realizado en 107
naciones que ubica a México en el sexto lugar de la
delincuencia organizada en el mundo, participando en 24 de
25 delitos catalogados internacionalmente, excepto el tráfico
de materiales radiactivos.
El crimen organizado en México opera activamente en 41 países
y ha tenido injerencia en procesos legislativos y
electorales de la Argentina, Paraguay, Venezuela, Bolivia y
Centroamérica. Incluso tiene más bases operativas en la
frontera de Guatemala que el mismo país en bases militares
y policíacas. “El problema de México es el problema de
todos”, dice el especialista, quien estima que en dos
terceras partes del país hay “infraestructura criminal
visible”.
Buscaglia cuestiona la estrategia de la administración de
Calderón, que no ha atacado el mapa patrimonial criminal.
“Las empresas delictivas en México –calcula–
participan en el 78 por ciento de la economía total”, en
las que se lavan más de 170 mil millones de dólares al año.
Estos señalamientos siguen la línea de Barry McCaffrey,
ex zar antidrogas estadounidense, quien ha advertido que, si
no se hace algo pronto, México corre el riesgo de
convertirse en un “narco Estado” en los próximos cinco
años. Otros analistas indican que el riesgo no es un
colapso del Estado sino que México siga los pasos de Rusia,
un Estado fuertemente influenciado por las mafias.
Muchos temen que los carteles de la droga son tan
poderosos que el gobierno ya no los puede controlar
La narcoamenaza que enfrenta México
Por David Luhnow y José de Córdoba
Desde
Monterrey, México
Wall
Street Journal, 24/02/08
Hace unos días, el detective Ramón Jasso se dirigía al
trabajo en esta ajetreada ciudad cuando una camioneta se le
acercó y disminuyó la velocidad. En cuestión de segundos,
el policía de 37 años recibió 97 balas, muriendo de forma
instantánea.
El día anterior, alguien llamó al teléfono celular de
Jasso y le dijo que lo matarían si no liberaba de inmediato
a un joven que había sido arrestado por organizar una
violenta protesta en apoyo a las bandas de narcotraficantes
de la ciudad. Los manifestantes exigían que el ejército
mexicano se retirara de la guerra contra el narcotráfico.
Desde entonces, las protestas se han extendido de Monterrey
—en su momento un modelo de orden— a otras cinco
ciudades.
De la misma forma en que Pakistán lucha contra los
extremistas islámicos por su supervivencia, México libra
una batalla de vida o muerte contra los carteles de drogas más
poderosos del mundo.
El año pasado, unas 6.000 personas murieron en episodios
de violencia relacionada a las drogas, más del doble que el
año anterior. Entre las víctimas figuran varias decenas de
decapitados, un eco escalofriante de las tácticas de
amedrentamiento utilizadas por los extremistas islámicos.
Las bandas mexicanas de narcotraficantes incluso tienen una
religión no oficial: veneran a La Santa Muerte.
En rincones cada vez más amplios del país, las bandas de
narcotraficantes extorsionan a las empresas, estableciendo
un sistema paralelo que amenaza el monopolio del gobierno
sobre la recaudación de impuestos. En Ciudad Juárez, en la
frontera con Estados Unidos, carteles escritos a mano
pegados en las paredes de los colegios les advertían a los
profesores que entregaran sus bonificaciones de Navidad o se
prepararan para morir. Una distribuidora de General Motors
en una ciudad mexicana de tamaño mediano fue extorsionada
durante meses, según un funcionario mexicano de alto rango.
Un vocero de GM en México no quiso referirse al tema.
"Estamos en guerra", afirma Aldo Fasci, un
abogado que ocupa el cargo más alto de la policía del
estado de Nuevo Léon, cuya capital es Monterrey. "Las
bandas han tomado el control de la frontera, nuestras
autopistas y nuestros policías. Y ahora, con estas
protestas, están intentado tomar el control de nuestras
ciudades."
Los paralelos entre Pakistán y México son lo
suficientemente importantes como para que las fuerzas
armadas de EE.UU. los identificaran recientemente como los
dos países donde hay un riesgo de que el gobierno pueda
sufrir un colapso repentino y catastrófico, convirtiéndose
en un Estado fallido.
Pakistán es la preocupación mayor, pero el caso de México
también es inquietante: tiene 100 millones de personas en
el umbral sur de Estados Unidos, lo que implica que
cualquier situación de inestabilidad podría inundar a
EE.UU. con refugiados. México también es el segundo socio
comercial de Washington.
Tentáculos que crecen
El Departamento de Justicia afirmó recientemente que las
bandas mexicanas son la "mayor amenaza de crimen
organizado para Estados Unidos", operando en al menos
230 ciudades y pueblos estadounidenses. Los crímenes
relacionados a los carteles mexicanos se están extendiendo
por el sudoeste de EE.UU. Phoenix sufrió más de 370
secuestros el año pasado. La mayoría de las víctimas eran
indocumentados o personas vinculadas al narcotráfico.
Barry McCaffrey, ex zar antidrogas de EE.UU., señaló que
México corre el riesgo de convertirse en un "narcoestado"
en los próximos cinco años si la situación no mejora.
Otros analistas indican que el riesgo no es un colapso del
Estado, sino que México se convierta en Rusia, un Estado
fuertemente influenciado por las mafias.
Tales comparaciones probablemente son descabelladas, al
menos por ahora. Más allá de la violencia que acapara los
titulares de la prensa, México es un país estable. Su
democracia goza de muy buena salud, tiene la economía número
13 del mundo y una clase media que crece. Se cree que hasta
un 90% de los asesinados tiene algún tipo de lazo con el
comercio de drogas, dice el gobierno. "Tenemos un
problema serio: la penetración de los narcotraficantes en
todos lados. ¿Pero un colapso institucional? Eso no es
cierto", asegura el procurador general Eduardo Medina
Mora.
Los funcionarios tanto en Washington como en Ciudad de México
también dicen que el aumento de la violencia tiene un lado
positivo al indicar que tras décadas de complicidad o de
ignorar el problema, el gobierno mexicano finalmente está
tomando medidas enérgicas contra los carteles de drogas y
obligándolos a defenderse o a pelearse entre sí por el
dominio de la actividad. En los tres primeros años del
gobierno del presidente Felipe Calderón, el ejército
mexicano tuvo 153 enfrentamientos con los narcotraficantes.
En los seis años de mandato de su predecesor Vicente Fox,
hubo sólo 16.
Aunque México no es un Estado fallido, es un Estado
debilitado. El académico mexicano Edgardo Buscaglia estima
que hay 200 condados en México —alrededor del 8% del
total— donde las bandas de narcotraficantes ejercen más
influencia que las autoridades. Con vastos arsenales,
compuestos por granadas propulsadas por cohetes, bazucas y
armas automáticas, los carteles suelen estar mejor armados
que la policía e incluso el ejército que combaten.
El presidente de la cadena de diarios más influyente de México
trasladó a su familia de Monterrey a Texas luego de haber
sido amenazado y de que pistoleros visitaran su residencia.
Otros empresarios de ciudades en todo el país han hecho lo
mismo. "Nunca he visto una situación tan difícil"
en México, afirma Alejandro Junco, quien edita Reforma en
la Ciudad de México y El Norte en Monterrey. Junco ahora
viaja cada semana a México desde Texas.
Analistas y diplomáticos temen que los narcotraficantes
vayan a aumentar su influencia sobre la política mexicana
durante las elecciones legislativas programadas para julio.
Atraídos por la oportunidad de abastecer al mercado
estadounidense, poderosos grupos de traficantes han surgido
en varios puntos de México: la costa del Pacífico, la
costa del Golfo, el estado desértico norteño de Chihuahua
y el estado de Sinaloa, de donde proviene la mayoría de las
familias de traficantes originales. Estos grupos, conocidos
por sus alianzas cambiantes y sus traiciones, han luchado
por el control de las rutas de tráfico durante años.
Monterrey
Monterrey parecía imperturbable. Con un espíritu
positivo ante los desafíos, con confianza en sí misma y
moderna, a la ciudad le gusta pensar que es más
estadounidense que mexicana. Allí se encuentra la mejor
universidad de México, el Tecnológico de Monterrey, el
suburbio más próspero de México, San Pedro Garza García,
y las filiales de 1.500 empresas estadounidenses.
A medida que la violencia se fue apoderando de Nuevo
Laredo, los líderes empresariales, jefes de policía y
funcionarios del gobierno de Monterrey coincidieron en el
diagnóstico: no va a ocurrir aquí.
Lo que algunos aparentemente desconocían es que, durante
años, la relativa calma de Monterrey se debía a un acuerdo
tácito entre narcotraficantes rivales cuyas familias vivían
tranquilamente en el adinerado enclave de San Pedro, un
lugar donde su riqueza no llamaba la atención, afirma la
policía local. Pero Monterrey era un mercado demasiado
grande como para que ambos lados lo ignoraran, y no pasó
mucho tiempo hasta que se desatara el enfrentamiento.
Para 2006, la cantidad de asesinatos se disparó y los
policías eran acribillados en las calles. Altas autoridades
en el combate contra el narcotráfico fueron asesinadas. Héctor
Ayala, el jefe de la policía de San Pedro, fue una de las víctimas.
Hoy, las bandas de narcotraficantes aún se disputan el
control, aunque el cartel conocido como los Zetas corre con
ventaja. En casi toda la ciudad, la banda está
incursionando en otras asociaciones criminales,
extorsionando a los vendedores callejeros, discotecas y
otros negocios que operan al filo de la ley. El dueño de un
salón de billar cuenta que los Zetas le dijeron que querían
una participación de sus ganancias mensuales, a lo que
accedió. También le ordenaron instalar a alguien para
vender droga, agrega. "¿Qué puedo hacer?", dice
mientras se encoge de hombros.
En los mercados callejeros, los Zetas venden discos
compactos piratas, y tienen su propio sello: "Los únicos",
con un logotipo que tiene un caballo negro rodeado por
cuatro letras Z.
Se cree que tanto los Zetas como el cartel de Sinaloa
tienen hasta 10.000 hombres cada uno, el tamaño de un pequeño
ejército. Los Zetas, por ejemplo, pueden encontrar nuevos
reclutas con facilidad en los barrios más peligrosos de
Monterrey, donde el desempleo es alto.
En Independencia, uno de los vecindarios más antiguos de
la ciudad, no es el gobierno de la ciudad el que controla
las calles sino las pandillas locales.
Los extraños no son bienvenidos. Un periodista que
visitaba la zona en una camioneta sin matrícula junto a un
policía estatal vestido de civil atrajo una gran cantidad
de miradas hostiles y algunas groserías en voz alta. Uno o
dos miembros de las pandillas sacaron sus celulares y
comenzaron a hablar por teléfono. "No saben si somos
policías o miembros de otra banda de narcos", explicó
Jorge, el policía estatal, que prefirió el anonimato por
temor a las represalias.
Jorge ha trabajado como policía por más de 20 años.
Gana unos 6.000 pesos —US$450— al mes. Desde hace mucho
tiempo se ha dicho en México que los policías no ganan lo
suficiente para resistirse a ser corrompidos por los
criminales o arriesgar sus vidas persiguiéndolos. De hecho,
la corrupción se extiende por todas las fuerzas policiales.
El ex jefe estatal de seguridad pública renunció en
medio de acusaciones de estar relacionado al cartel de
Sinaloa. Lo reemplazó Fasci, quien afirma que el gobierno
está tratando de mejorar la coordinación entre la gran
mezcla de diferentes instituciones que combaten el crimen en
México. En el área metropolitana de Monterrey, por
ejemplo, hay 11 fuerzas policiales municipales diferentes,
una policía estatal, tres ramas de la policía federal y el
ejército. El contrabando de estupefacientes, asimismo, es
un crimen federal, de modo que es responsabilidad de la
policía local.
La demanda de EE.UU. es, por supuesto, el motor del
narcotráfico. Tres respetados ex presidentes de América
Latina, incluyendo al mexicano Ernesto Zedillo, emitieron un
informe conjunto recientemente afirmando que la guerra
contra el narcotráfico era demasiado costosa para países
como México, e instaron a EE.UU. a explorar alternativas
como despenalizar la marihuana.
De hecho, desde hace mucho tiempo los funcionarios
mexicanos han dejado de pensar que algún podrán eliminar
por completo el comercio de drogas.
Jorge Tello, asesor del presidente Calderón para el
combate al narcotráfico, lo define así: "Es como el
control de las ratas. Siempre están ahí... realmente no
puede deshacerse de ellas. Pero lo que uno no quiere son
ratas en las puertas de las casa de la gente."
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