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Alan García quiere vender el 60% de los bosques de la
Amazonia a multinacionales
Caos y toque de queda en la Amazonía peruana
después de
un baño de sangre
Policías queman cadáveres de
indígenas: más de 50 aborígenes
asesinados
Por Beatriz Jiménez
Corresponsal en Perú
El Mundo, 06/06/09
Video
de la represión en Bagua
La selva peruana no duerme esta noche a pesar del toque de
queda. Hoy ha vivido y vive una de las jornadas más
sangrientas de su historia reciente después de que un
violento desalojo de manifestantes en una carretera del
departamento de Amazonas diera inicio ayer a una guerra sin
tregua entre los indígenas awajún (los antiguos guerreros
Jíbaros) y la policía peruana.
Desde hace más de 50 días, los pueblos indígenas
peruanos han tomado carreteras, entre ellas la única vía
de acceso a la selva desde la costa, hoy desbloqueada, para
exigir al gobierno la derogatoria de un paquete de decretos
legislativos que consideran lesivos a sus derechos
ancestrales sobre las tierras que ocupan.
A pesar de transcurridas casi 24 horas del violento
desalojo, todavía en la ciudad de Bagua, cercana al lugar
donde se originó el conflicto, se escuchan ráfagas de
balas esporádicas y el humo de los locales públicos
quemados por los pobladores enardecidos no se ha disipado.
El doctor José Sequén Reyes, director del hospital de la
ciudad, ha atendido hoy sin anestesiólogos traumatólogos
ni medicinas suficientes a 58 personas, la mayoría indígenas
heridos de bala. Mientras relata a elmundo.es que la pequeña
ciudad vive una tensa calma, y que cada poco tiempo todavía
se sobresalta por el sonido de los balazos, hace un llamado
a la cordura en ambos bandos.
"Bagua ha estado sumida en el caos", describió
el Dr. Sequén, quien viajó a la zona donde se produjo el
desalojo, casualmente conocida como "La Curva del
Diablo" para trasladar a los heridos. Durante gran
parte de la mañana, asegura que la policía no permitía el
paso de las ambulancias para la evacuación. Cuando fue
permitido el paso a la comisión oficial, formada por los
doctores y autoridades locales, los heridos estaban por
todas partes. "Ha habido heridos de armas de fuego de
ambos lados", confirma.
Las noticias del violento desalojo corrían en la selva
igual de rápido que se extendía el conflicto, que se repetía
en las ciudades cercanas de Jaén y Bagua Grande.
En total, según informa la Coordinadora Nacional de
Radio, más de 170 heridos entre policías e indígenas
permanecen en los hospitales de la zona, más del 50% de los
cuales tienen heridas por arma de fuego.
Al menos 11 policías muertos y 29 indígenas
Aunque la Ministra de Interior, Mercedes Cabanillas,
confirmó tras el fin de la jornada 11 policías muertos y 3
indígenas, las fotos difundidas por la Coordinadora de
Derechos Humanos de Perú denuncia un baño de sangre.
Muestran cuerpos torturados, desnudos, heridos de bala y
quemados.
El colegio médico de Chachapoyas, capital de la región
de Amazonas, reconoce 29 indígenas muertos por heridas de
bala mientas que la Asociación Interétnica de la Selva
Peruana, la organización indígena que ha liderado desde
hace casi dos meses un paro amazónico en defensa de los
territorios ancestrales de 1200 comunidades amazónicas,
afirma que los nativos muertos superarían el medio
centenar.
Pero la pregunta todavía sin respuesta frente a estas
cifras preliminares es dónde están los cadáveres.
Mientras los restos de 9 de los policías muertos ya han
llegado a Lima, en los hospitales de la zona sólo se
registran 3 indígenas fallecidos.
Al respecto, el dirigente amazónico Zebelio Kayap, desde
la zona del conflicto denuncia que los cuerpos de los
fallecidos están siendo "desaparecidos" por
efectivos policiales de la Dirección de Operaciones
Especiales. También que la policía impide el paso de la
ciudadanía para recoger los heridos y trasladarlos a las
ciudades cercanas y que tampoco deja recoger los cadáveres
desperdigados.
En conversación con la Coordinadora Nacional de Radio,
Kayap pidió la intervención de organismos internacionales
de Derechos Humanos para evitar que continúe la masacre.
Al respecto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
ha publicado estas denuncias de brutalidad policial en su
blog y confirmó que han recibido denuncias extraoficiales
sobre la posible quema de cadáveres por parte de efectivos
policiales.
Por ello, la Coordinadora solicitó a la Fiscal de la
Nacional la investigación de estos posibles actos contra
los derechos fundamentales.
La Ministra de Interior negó estas denuncias y consideró
que se trata tan sólo de especulaciones y versiones
interesadas para encubrir la masacre policial. Por su parte,
el Primer Ministro, Yehude Simon, aseguró que el gobierno
actuó de forma democrática y en el marco de la Constitución
para poner orden en el país, frente al paro amazónico
convocado "por un sector de comunidades amazónicas".
38 policías secuestrados
Mientras en la ciudad de Bagua sus habitantes incendiaban
locales públicos, 2000 indígenas de la localidad de Imaza,
ya en declaratoria de guerra, secuestraron en la tarde
(madrugada española) a 38 policías y un ingeniero en la
estación petrolífera estatal de Petroperú, cercana a la
ciudad de Bagua.
Un poblador de la zona llamó a la emisora local RPP para
amenazar que si la ministra de Interior, Mercedes
Cabanillas, no ordena el retiro de las Fuezas Armadas de la
ciudad de Imaza, procederán a ejecutar a los rehenes.
Frente a esta situación completamente caótica en la
selva, la oposición política pide la cabeza del Primer
Ministro, Yehude Simon, a cuyo cargo han estado las
negociaciones para acabar con el paro amazónico que desde
hace dos meses llevan a cabo los pueblos indígenas, y de la
Ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, por haber
ordenado el desalojo por la fuerza de la carretera Fernando
Belaunde Terry, lo que motivó el estallido del polvorín en
la región.
La lucha de 1200 comunidades de la selva peruana, que
superan las 200.000 personas, se inició el pasado 9 de
abril en señal de protesta por la promulgación de una
serie de decretos legislativos que consideran que atentan
contra sus derechos ancestrales sobre el territorio que
habitan.
Dos de estos decretos han sido considerados
inconstitucionales por la Comisión de Constitución del
Congreso peruano y han motivado una carta de preocupación
de Naciones Unidas dirigida al gobierno peruano, ya que
vulneran el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas
antes de la promulgación de una ley que les afecta, tal y
como reconoce el Convenio Internacional 169 de la OIT
firmado por Perú.
Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Congreso de la República
ha aceptado la derogatoria de estas normas legales gracias a
las cuales un 60% de los bosques primarios de la amazonía
peruana podrían ser vendidos a multinacionales para la
extracción de hidrocarburos o para el cultivo de
biocombustibles.
Asilo político
"El gobierno podría haber roto los decretos
legislativos igual que yo rompo este papel", afirmó
este viernes el presidente de la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pizango,
representante electo de las comunidades indígenas para
negociar con el gobierno. "Las vidas humanas ya no son
solucionables", afirmaba visiblemente afectado en una
rueda de prensa tras denunciar que la policía había
disparado a sus "hermanos indígenas" como a
animales.
Alberto Pizango y el resto de líderes amazónicos
enfrentan desde hace dos semanas acusaciones fiscales por
insurgencia y motín, lo que ha motivado que Aidesep anuncie
que pedirá asilo político para sus dirigentes en Bolivia,
Ecuador o Venezuela.
Según informa la agencia de noticias oficial, esta noche
la Presidencia del Consejo de Ministros ha pedido a la
Fiscalía que tramite inmediatamente una orden de detención
preliminar contra Pizango, actualmente en paradero
desconocido.
Culpan a Alan García del genocidio amazónico de Bagua
El Mundo, México, 06/06/09
Lima.– Sindicado como “el máximo responsable” del
conflicto y de su sangriento resultado por varios analistas,
García aseguró ayer que “llegó el momento de abrir las
carreteras y abrir los ríos y asumir las
responsabilidades”.
La protesta indígena arrancó en 2008, cuando después de
30 días de bloqueos que habían obligado al gobierno a
derogar dos decretos sancionados, con la anuencia del
Congreso, en el marco de una serie de leyes vinculadas al
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La intención
del jefe de Estado era la de lotear parte de las 200 mil
hectáreas en poder de las comunidades indígenas para “el
desarrollo petrolífero, maderero y minero”.
Tras fracasar las negociaciones el lunes, Alberto Pizango,
líder Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP), dijo ayer a corresponsales extranjeros,
que “el gobierno cometió un genocidio porque la protesta
era pacífica, contra una medida que es
anticonstitucional”, cuando debió interrumpir su
testimonio porque había llegado una orden de detención en
su contra.
“El líder de los indígenas entró en el terreno
delincuencial”, había dicho el presidente en la mañana.
Anoche, después de declarar al Amazonas Zona de Emergencia,
la ministra Mercedes Cabanillas había ordenado militarizar
la zona, mientras los enfrentamientos se sucedían sin
descanso.
Dick Smith director de la ONG, Instituto del Bien Común,
aseguró a este diario que una comisión de organismos de
derechos humanos, la defensoría del Pueblo y del sector
privado se disponía anoche a viajar a la zona, “para
tratar de mediar y frenar los ataques porque la situación
tiende a empeorar”. En tanto la Conferencia Episcopal y la
Confederación Empresaria del Perú (CONFIEP), llamaron “a
salvaguardar la paz y el orden”.
Decretos neoliberales
“Tal vez habría que buscar en este sorprendente afán
neoliberal del presidente Alan García, para comenzar a
encontrar las razones de este baño de sangre”. A esa
conclusión arribaba anoche el responsable de una ONG que días
pasados estuvo en Bagua con los líderes indígenas,
decididos a no “dar ni un paso atrás” hasta que se
deroguen los decretos por los cuales el gobierno pretende
repartir territorios protegidos del Amazonas, que por
derecho constitucional pertenecen a las comunidades indígenas.
Lo extraño es que el año pasado, esta segunda versión
de Alan García ya había sufrido un duro golpe político
cuando 32 días de huelga indígena en la región, lo
obligaron a derogar dos de los cuestionados decretos.
“Aquel fue un duro golpe para el gobierno”, recuerda
Dick Smith, del Instituto del Bien Común. Al parecer no
alcanzó para que el gobierno vuelva a la carga y sufriera
“la peor semana de García” de la que es ya su segunda y
neoliberal gestión, según el analista Fernando Tuesta.
Con los cadáveres aún calientes y esparcidos ayer en
carreteras y hospitales amazónicos, García volvió sobre
su tesis del “desarrollo” y de “los intereses
internacionales detrás de los indígenas”. Justo cuando
su gobierno aparece enfrentado con el de Bolivia. “Aquí
no tenemos apoyo ni de ecuatorianos ni de bolivianos. Lo
desmiento categóricamente. Estamos defendiendo nuestras
tierras y nuestras tierras están en Perú”, bramaba
Walter Kategari, quien tomó el liderazgo luego que se
emitiera la orden de detención contra Pizango.
Tras masacre de indígenas ordenada por Alan García, 38
policías capturados podrían ser ejecutados hoy
Grupos indígenas los mantienen como rehenes
Por Terry Wade,
editado en español por Marion Giraldo
Reuters, 06/06/07
Lima.– Cientos de manifestantes indígenas mantenían
como rehenes el sábado a 38 policías en la Amazonía
peruana, luego de que enfrentamientos entre efectivos de la
fuerza y nativos causaran la muerte de 33 personas, en los
peores incidentes de violencia del Gobierno de Alan García.
Los manifestantes también amenazaban con incendiar la
estación petrolera de la estatal Petroperú, a menos que el
Gobierno ordene a la policía que detenga sus operativos
para despejar semanas de bloqueos a carreteras y ríos que
han afectado los suministros de alimentos y combustibles.
Los grupos indígenas, ante el temor de perder el control
sobre los recursos naturales, han protestado desde abril
para obligar al Congreso a derogar varias leyes aprobadas
por el Gobierno el año pasado, dirigidas a incentivar la
inversión privada en zonas ricas en petróleo y gas.
La violencia se inició el viernes cuando la policía
intentaba dispersar un bloqueo en el estrecho camino llamado
"Curva del Diablo" de la localidad de Bagua
Grande, en la región del Amazonas, unos 1.400 kilómetros
al norte de Lima.
Los líderes indígenas afirmaron que al menos 22
manifestantes han muerto. El Gobierno reportó el
fallecimiento de tres manifestantes y 11 oficiales de la
policía. Al menos 100 personas resultaron heridas y parecía
que los choques continuarían.
"Tienen que saber (todos los peruanos) que en este
momento tenemos 38 policías rehenes", dijo el primer
ministro Yehude Simon en una conferencia de prensa el
viernes por la noche.
Simon instó a la calma, pero defendió el uso de la
fuerza por parte del Gobierno.
Division social
La violencia, que provocó llamados a la renuncia de Simon
y del ministro del Interior, destacó las profundas
divisiones sociales en Perú entre la elite adinerada de
Lima y los grupos indígenas pobres que viven en las zonas
rurales. También expuso la falta de control del Gobierno
central sobre las regiones más remotas del país.
El viernes por la noche en un incidente por separado, el
Ejército dijo que un soldado murió y cuatro resultaron
heridos cuando remanentes del grupo guerrillero Sendero
Luminoso pusieron explosivos en uno de los helicópteros
situados en las zonas de los valles de Apurímac y Ene, al
este de Lima.
El grupo ha llevado adelante una campaña de insurgencia
contra el Gobierno de Perú, pero se involucró en el
narcotráfico luego de que sus líderes fueran capturados en
la década de 1990.
García, cuyos índices de aprobación llegan al 30 por
ciento, no posee apoyo masivo en las áreas rurales,
especialmente en el Amazonas.
Sus críticos sostienen que no ha hecho lo suficiente por
aliviar los niveles de pobreza, que se empinan hasta el 36
por ciento, y que el boom económico que disfrutó Perú
antes de la recesión mundial no produjo cambios en la
situación de los grupos con menores recursos.
También señalan que sus políticas favorecen al libre
mercado y a la inversión extranjera, beneficiando
mayormente a las elites de las grandes ciudades.
Algunas de las controvertidas leyes que han irritado a los
grupos de nativos fueron aprobadas el año pasado por García
mientras intentaba cumplir con el marco regulatorio de un
tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Luego de los mortales enfrentamientos del viernes,
miembros del Gabinete de García acusaron a los
manifestantes de ser inflexibles y de rehusarse a negociar.
También advirtieron que impondrían toques de queda.
Los líderes indígenas expresaron su enojo y dijeron que
los aliados de García actuaron de mala fe cuando el jueves
bloquearon una moción en el Congreso para abrir un debate
sobre una ley que los nativos desean derogar.
"Yo quiero responsabilizar al Gobierno del presidente
Alan García por ordenar el genocidio", expresó el líder
indígena Alberto Pizango a periodistas en Lima.
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