Indígenas buscan a sus muertos perdidos

Por Milagros Salazar
Enviada especial a Bagua
Inter Press Service (IPs), 11/06/09

Bagua, Perú.– Nativos de 356 comunidades que participaron la semana pasada en protestas y choques contra fuerzas del gobierno de Perú, en esta provincia de la región norteña de Amazonas, priorizan ahora el registro de sus muertos y desaparecidos en medio del temor y la sospecha.

Varios indígenas aseguraron que un helicóptero policial recogió cadáveres de los caídos y luego los echó al río Marañón, pero la fiscalía no pudo encontrar más cuerpos en su tercera inspección en la zona, realizada el miércoles.

Los indígenas bloqueaban carreteras e instalaciones petroleras en reclamo de que se deroguen una serie de decretos legislativos que violan sus derechos al territorio, consagrados en la Constitución de este país y en pactos internacionales ratificados por Perú.

"Hasta tres veces se detuvo el helicóptero para recoger los cuerpos. Eso fue entre ocho y nueve de la mañana del viernes", dijo a IPS el nativo awajun Luis Padilla, de la comunidad Río Santiago, a tres días de viaje de Bagua en la región nororiental de Amazonas.

Padilla recordó, receloso frente a la cámara fotográfica, que el viernes 5 de junio, día del sangriento choque entre manifestantes y policías en la Curva del Diablo, fueron los uniformados los que atacaron primero, con disparos de bala, al promediar las seis de la mañana, y que en respuesta los indígenas usaron sus lanzas. "Nos defendimos", dijo.

Los policías "recogieron los cuerpos de los hermanos y luego los botaron al río Marañón", agregó Joel Tupicá, del distrito de Nieva, quien junto a Padilla y otros 24 nativos, entre ellos dos mujeres, regresaron a sus lugares de origen el miércoles, cinco días después de los enfrentamientos que han dejado más de 30 muertos, entre indígenas y policías.

Varios uniformados fueron degollados. Pero el número de muertos es también motivo de disputa entre el gobierno y los indígenas.

Entre el miedo y la incertidumbre

Oswaldo Bautista, fiscal supremo y presidente de la junta de fiscales de Amazonas, dijo a IPS que unos 1.000 indígenas han regresado en los últimos días a sus pueblos, y que la mayoría se refugiaron en las parroquias por temor a que las fuerzas del orden tomaran represalias.

Sin embargo, abogados de la no gubernamental Coordinadora de Derechos Humanos que permanecen aquí informaron que aún se encuentran detenidos más de 50 nativos en cuatro zonas distintas.

Los últimos hechos de violencia han incrementado la desconfianza y el miedo de los indígenas, debido a que el ejército y la policía aún continúan desplegados en la zona y se mantiene vigente el toque de queda.

Varios "apus" (jefes de comunidades) prefieren no volver a la Curva del Diablo, pues podrían ser capturados tras las denuncias de las autoridades contra la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que encabezó las protestas. Su líder máximo, Alberto Pizango, se encuentra asilado en la sede de la embajada de Nicaragua en Lima.

"Quemaron sus cuerpos de varios, ahí los quemaron", insistió Padilla en su denuncia aunque no dio nombres de las víctimas, por la confusión que se generó el día del enfrentamiento entre nativos de más de 356 comunidades que pertenecen a cinco cuencas.

La Oficina Defensorial de Amazonas identificó a 10 muertos civiles. Cinco de ellos, indígenas, murieron en el enfrentamiento con la policía: Felipe Sabio Sánchez, Romel Tenazoa Sánchez, David Jaucito Mashigkash, Genaro Samecash Chamick y Rogelio Pintado Castro.

Los dirigentes de Aidesep conformaron un comité en cada comunidad para que se elaboren listas de las personas que aún no regresan a sus pueblos para pedir cuenta al Estado sobre lo ocurrido con ellas.

"Queremos recuperar a nuestros cadáveres", dijo Edwin Montenegro, dirigente comunal del Río Kanus, en la provincia amazónica de Condorcanqui, uno de los protagonistas directos del choque con los policías aquel trágico viernes.

En la curva de la muerte

Unos 3.000 indígenas estaban apostados en la Curva del Diablo, bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry. "De aquí vivos o muertos se regresarán, nos dijeron", relató Montenegro sobre la advertencia que lanzaron las fuerzas estatales, pocos minutos antes de iniciar el desalojo violento.

El dirigente aseguró a IPS que en días previos, manifestantes y algunas autoridades locales tuvieron conversaciones con el general Víctor Uribe, a cargo del operativo, para llegar a un acuerdo pacífico.

Montenegro aseguró que el jueves se celebró una reunión con Uribe, que no llegó a buen término, pero se acordó continuar el diálogo el viernes a las 10 de la mañana, una cita que nunca se efectuó, pues cuatro horas antes se produjo el ataque.

El alcalde provincial de Condorcanqui, Héctor Requejo, confirmó a IPS que el jueves de tarde se reunió con el general Uribe en el campamento de la refinería de Petroperú y que éste le aseguró que no podía tomar ninguna decisión, sino que debía acatar cualquier orden que viniera de Lima.

Montenegro aseguró que los policías disparaban a los cuerpos de los indígenas y que desde un helicóptero se lanzaron bombas lacrimógenas y se efectuaron disparos. En medio de los enfrentamientos, él logró rescatar a su cuñado, el conocido líder aguaruna Santiago Manuin, presidente del Comité de Lucha Provincial de Condorcanqui, quien se encuentra gravemente herido.

Tres jóvenes indígenas baleados, que permanecen internados en el Hospital Gustavo Lanatta, de Bagua, confirmaron que la policía inició el ataque sin dar tregua.

Los tres habían revistado en el ejército en el pasado. Uno de ellos, Paulo Bitap López, de 24 años y proveniente de la comunidad de Shusug, dijo a IPS que un grupo de jóvenes licenciados (así se conoce a los que formaron parte del ejército) tuvieron la iniciativa de juntarse antes del operativo de desalojo para disuadir a la policía, pero fueron interceptados por una ráfaga de balas.

Rosa Mondragón, de 54 años, quien vive a pocos metros del lugar del enfrentamiento en la zona denominada Primavera, corroboró que se lanzaron bombas lacrimógenas desde un helicóptero y mostró al fiscal Bautista los impactos de proyectiles en su vivienda, así como más de 20 mochilas y bolsas de utensilios de nativos que pernoctaron más de una semana en su casa y que salieron huyendo ante el ataque.

El fiscal visitó el miércoles las quebradas cercanas a la Curva del Diablo después de haber realizado dos diligencias similares en otras zonas el domingo y el lunes, en respuesta a las denuncias de pobladores sobre el ocultamiento de cadáveres. Bautista informó a IPS que en esta última inspección no se encontraron cuerpos, solo ropas y botellas de chicha (licor tradicional).

Disparos en la plaza

Entre los heridos que IPS entrevistó en el hospital estaba Daniel Torres Manay, un poblador de Bagua de 55 años a quien un disparo policial le perforó el estómago cuando estaba el viernes en los alrededores de la plaza de armas de la ciudad.

Torres y su esposa Amelia Delgado relataron que los uniformados empezaron a disparar ese día cerca de las 23.00 horas, debido a que un grupo de gente rodeaba la comisaría, situada en la plaza de armas, tras enterarse de que los nativos habían sido atacados. Cinco nativos murieron en ese ataque, según la defensoría.

"Esto es un crimen que ha hecho el presidente Alan García", increpó Torres, operado dos veces sin éxito para extraerle la bala, por lo que espera ser traslado a la ciudad norteña de Chiclayo para salvar su vida.

Según Montenegro, los disparos causaron allí cuatro muertes, entre ellas la del indígena Felipe Sabio Sánchez.

"Después de reconocer a nuestros hermanos, vamos a retomar la concentración. El Estado piensa que nos hemos ‘cobardeado’ (que somos cobardes), nunca jamás. El pueblo awajun cuando ha visto la sangre de su propio hermano ha sido un incentivo. El Estado nos ha provocado. No queremos conversar ni con (el primer ministro) Yehude Simon ni con la (ministra del Interior, Mercedes) Cabanillas", agregó.

El miércoles el Congreso aprobó, con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención, la suspensión por tiempo indeterminado de la aplicación de los decretos legislativos 1.064 y 1.090, que afectan los derechos de los pueblos indígenas y que, según expertos y legisladores, violan la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esas normas ––destinadas a promover la inversión extranjera en el marco del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos–– originaron las movilizaciones indígenas de la Amazonia peruana, en reclamo de su derogación.

En esta región se multiplican los proyectos de extracción petrolera y gasífera.

La vicepresidenta de Aidesep, Daysi Zapata, rechazó la decisión del Congreso de suspender los decretos, pues la organización exige que sean derogados.

Este jueves, organizaciones sociales realizarán una jornada nacional de protesta y solidaridad con los pueblos indígenas, mientras en varias zonas amazónicas del nororiente se emprenderá un paro de actividades por tiempo indefinido.

"La Amazonia representa nuestro mercado, nuestra farmacia, nuestra vivienda, nuestra sobrevivencia, la defendemos para el bien de nuestros pueblos y la humanidad", explicó Montenegro.

Policías están haciendo desaparecer los cuerpos de los indígenas asesinados

Escalada violencia en la Amazonia

Por Milagros Salazar
Inter Press Service (IPS), 08/06/09

Lima.– Más de 30 personas muertas, entre policías e indígenas, un centenar de heridos y unos 80 detenidos es la cuenta parcial de víctimas de los enfrentamientos entre fuerzas estatales de Perú y nativos amazónicos que reclaman la derogación de normas contrarias a sus derechos constitucionales.

Las organizaciones indígenas denunciaron que la fuerza pública estaba escondiendo los cuerpos de sus muertos.

Horas antes, el presidente Alan García había afirmado que existía "una conspiración en marcha que quiere evitar que utilicemos nuestras riquezas naturales", en referencia al contundente rechazo indígena a 10 decretos legislativos promulgados por su gobierno para promover la inversión privada en territorios aborígenes y que son considerados inconstitucionales.

En obediencia al TLC con EEUU

El Poder Ejecutivo, que promulgó esas normas utilizando las facultades que le había otorgado el Congreso legislativo para implementar del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, no quiso dar marcha atrás.

Parlamentarios del partido gobernante levantaron el jueves 4 un debate en el Congreso sobre una de esas normas, el decreto legislativo 1.090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, provocando iras en la Amazonia.

Las regiones de Amazonas, San Martín y Loreto, en el extremo norte y noreste del país, son las más afectadas por los cortes de carreteras y de ríos, pues allí se encuentran importantes explotaciones de hidrocarburos.

En Loreto, los nativos habrían intentado ocupar yacimientos de la empresa trasnacional argentina Pluspetrol. La compañía indicó que, para evitar enfrentamientos, sólo suspendió las actividades del Lote 1AB.

Mientras, las asociaciones empresariales estiman que las protestas han dejado pérdidas por más de 186 millones de dólares.

El gobierno divulga una cuña televisiva con fuertes imágenes de los policías muertos, acompañadas de mensajes como "Así actúa el extremismo contra el Perú", "los extremistas por consigna internacional quieren detener al Perú", "unámonos contra el crimen, que la patria no pierda lo avanzado".

Los dirigentes indígenas aseguran que el gobierno manipula la información e intenta responsabilizarlos de hechos que pudieron evitarse si el Congreso hubiese derogado los decretos que originaron la primera movilización indígena, en agosto de 2008, y encendieron nuevamente las iras en abril de este año.

Borrando las huellas de matanza

"El gobierno está minimizando el número de muertos indígenas y de desaparecidos. Además, nos insultan, nos tratan como vándalos, cuando lo único hacemos es defendernos y preservar nuestros territorios, patrimonio de toda la humanidad", dijo a IPS Walter Kategari, miembro del consejo directivo nacional de Aidesep.

Kategari forma parte de la nueva dirección de la Aidesep, conformada de emergencia, pues su líder principal, Alberto Pizango, pasó a la clandestinidad ante la posibilidad de sea perseguido por las autoridades nacionales.

La dirigencia indígena exige como primer punto que se levante el toque de queda en Bagua, que impide la libre circulación de los pobladores entre las 15:00 y las 06:00, hora local, y que, según Kategari, es utilizado para esconder los cadáveres de los indígenas caídos.

"Nuestros hermanos de Bagua dicen que los policías están levantando los cuerpos, los ponen en una bolsa negra y luego los lanzan al río desde un helicóptero. El gobierno no puede desaparecer a nuestros muertos", dijo Kategari a IPS.

Hay mucha incertidumbre y temor en la selva, agregó. "La gente llama por teléfono desesperada". El dirigente está preparando una lista de víctimas basada en los alertas y denuncias que recibe, para contrarrestar la información oficial, según dijo.

El portavoz de la organización no gubernamental internacional Amazon Watch, Gregor MacLennan, sostuvo que "muchos testigos en Bagua aseguran haber visto a la policía arrojando cuerpos al río Marañón desde un helicóptero" en aparente intento de ocultar la verdadera cantidad de "indígenas asesinados por la policía".

"Personal de hospitales de Bagua Chica y Bagua Grande corroboró que la policía se llevó cadáveres a un lugar no revelado", añadió.

Decretos inconstitucionales

El portavoz de la Aidesep, Noningo, insistió en que "el sistema político ha propiciado este enfrentamiento", pues en diciembre del año pasado una comisión multipartidaria del Poder Legislativo recomendó derogar los decretos.

La Comisión de Constitución también sostuvo que el decreto legislativo 1.090 ––que según los críticos pone en peligro los bosques primarios habitados por los nativos–– era inconstitucional,

El jueves, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad contra esa norma, alegando que vulnera los derechos de identidad cultural, de propiedad de la tierra y de consulta previa da las comunidades nativas, establecidos en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El decreto proclama que busca "crear condiciones necesarias para la inversión privada en el sector agrario", pero en realidad afecta el régimen jurídico de las tierras indígenas, según la Defensoría.

Pero el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, sostuvo que los parlamentarios no cederán al "chantaje" indígena.

"Se dice que los indígenas son maximalistas por pedir que se cumpla la Constitución, pero es el gobierno que se puso al margen de la ley al no querer derogar estos decretos", dijo a IPS el sociólogo Nelson Manrique, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En su opinión, el discurso de las autoridades es similar al de "la oligarquía, presentando al indígena como un salvaje y encasillándolo en dos estereotipos: el salvaje manipulado, que no puede argumentar jurídicamente nada porque no puede pensar, y el otro salvaje, sanguinario, irracional, que es una amenaza para el país".

"Con este discurso, el gobierno alimenta un viejo prejuicio racista interiorizado en la sociedad peruana: el del nativo incivilizado..., inferior. Y así no hay democracia posible", agregó Manrique.

El sociólogo sostuvo que los decretos cuestionados forman parte del proyecto político de García, sustentado en promover la inversión de capitales extranjeros.

Manrique coincidió con el reclamo indígena de conformar una comisión investigadora independiente sobre los hechos de Bagua, pues resulta poco creíble que las fuerzas policiales, armadas con fusiles de asalto AKM, hayan resultado presa fácil de nativos provistos de flechas y armas artesanales.

El abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos, Wilfredo Ardito, dijo a IPS que las organizaciones internacionales deben intervenir porque "hay un clima de desconfianza total y temor a que se oculten las evidencias de la masacre".

Ardito aseguró desde que comenzó el actual gobierno de García, en julio de 2006, se registraron denuncias de 84 muertes en protestas y ejecuciones extrajudiciales. "Este es un régimen que vulnera derechos humanos y que no está haciendo nada para revertir su error", advirtió el jurista.

Clamor por justicia en Perú

Por Franz Chávez (*)
Inter Press Service (IPS), 11/06/09

La Paz.– Organizaciones sociales sudamericanas se solidarizan con la lucha contra la inversión privada en la Amazonia de Perú, que derivó en choques donde murieron al menos nueve indígenas y 25 policías. El presidente Alan García responsabiliza a su par de Bolivia, Evo Morales, de alentar las protestas.

La violencia desatada en la provincia de Bagua, en el norteño departamento de Amazonas, es interpretada por organizaciones indígenas de Bolivia, Colombia y Ecuador como un acto de agresión contra pueblos que defienden la vida, la naturaleza, los derechos humanos y el empleo racional de los recursos naturales.

Se trata, dijeron, de la resistencia de los habitantes de la región selvática a un conjunto de decretos promulgados por el gobierno de García, que promueven la inversión de empresas privadas y transnacionales, en aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscripto con Estados Unidos,

Las movilizaciones, que se suceden desde hace casi dos meses por considerar entre otras cosas que son anticonstitucionales, derivaron en un desborde de violencia el viernes tras la acción policial por levantar bloqueos en caminos de acceso a la zona. En una carta pública a los mandatarios de la región, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llamó a defender a los pueblos originarios y ratificar su vocación de paz y justicia en el continente.

Desde el vecino país del sur, un congreso de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) pidió al Alto Comisionado para los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) el envío de un equipo de investigadores hasta la zona del conflicto para indagar sobre la muerte de nativos amazónicos.

Mientras los datos oficiales sólo hablan del fallecimiento de nueve indígenas y 25 uniformados, informes de prensa recogen testimonios de personas que sospechan del secuestro y desaparición de cadáveres de nativos que habrían sido arrojados al río.

"Consideramos esta acción violenta del gobierno peruano como una masacre y una violación flagrante a la vida, la integridad y derechos fundamentales de las comunidades indígenas", expresa, por su parte, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia (ONIC), en una misiva enviada al presidente García.

"Nos sumamos a las voces de las comunidades indígenas amazónicas que están reclamando el cese a la violación a sus derechos y la derogación de los decreto legislativos del TLC que facilitan la invasión y el despojo de sus territorios", se indica en el texto.

"En este sentido condenamos las acciones violentas del gobierno peruano en contra de nuestros pueblos", añade la comunicación, en la cual también se reclama la atención a los heridos y políticas para evitar que se repitan estos hechos.

La respuesta del presidente García frente a la violencia desatada en una zona rica en petróleo, madera y otros recursos naturales, se tradujo en denuncia sobre la supuesta existencia de una "intromisión extranjera" detrás de las protestas indígenas amazónicos y aludió al izquierdista mandatario boliviano.

Enfrentado a una crisis política por el saldo de personas muertas y heridas en la zona de conflicto, García acusa a Morales de encender los ánimos de los manifestantes mediante una carta "con mensajes incandescentes" enviada a la Cuarta Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, realizada el 29 de mayo en la ciudad peruana de Puno, fronteriza con Bolivia.

Aunque era el principal invitado de dicho encuentro, Morales sólo envió una comunicación que fue entregada por la senadora Leonilda Zurita, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), una activista por los derechos de la mujer y las libertades políticas y sindicales.

La reunión realizada en territorio peruano, pero a sólo 200 kilómetros al oeste de La Paz, reunió a líderes de los pueblos originarios de América denominado en tiempos precoloniales como el Abya Yala.

"En esa reunión se habló de levantamiento y de insurgencia", insistió García. "Un gobernante (Morales) de un país vecino (Bolivia) envió mensajes sobre la conducción de nuestras naciones por etnias aborígenes e indígenas, víctimas de explotación y olvido absoluto, lo cual no es cierto porque las cifras del empleo y bienestar han aumentado en la selva", dijo el gobernante peruano.

En La Paz, el vicepresidente de Bolivia y reconocido defensor de la causa indígena, Álvaro García Linera, dijo en tono de réplica que "las cartas no matan", haciendo alusión así a la violencia desatada en la amazonía peruana.

"Nos ratificamos con el contenido y nos sentimos orgullosos con cada palabra, con cada letra", expresó a su vez el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenty, un estrecho colaborador del presidente Morales.

"De la resistencia pasamos a la rebelión y de allí a la revolución. Esa es la segunda independencia", dijo Llorenty para respaldar la tesis de Morales consistente en recuperar el petróleo y riquezas naturales cedidas por anteriores gobiernos a empresas transnacionales.

"Es difícil rearmar lo que se ha destruido en 25 años de neoliberalismo", afirmó Llorenty.

En la misiva que Morales envió al encuentro de líderes indígenas se cuestiona, además, que "los tratados de libre comercio intentan resquebrajar las relaciones humanas y armónicas con la naturaleza; mercantilizan los recursos naturales y la cultura de los pueblos; privatizan los servicios básicos; pretenden patentar la vida".

"Algunos entienden la globalización como el derecho a meterse en la política de países vecinos. Eso es lamentable. Si quieren, yo me meto también (en asuntos de Bolivia) y sé cómo hacerlo. No me parece democrático ni legal ni positivo para las relaciones entre países ", expresó el presidente García.

En opinión del sociólogo y director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de la ciudad de El Alto, en Bolivia, (CIPCA), Carlos Laruta, corresponde al presidente Morales explicar la intencionalidad de su carta porque ejerce la representación de un Estado y por tanto se halla sujeto a normas de derecho internacional.

"No es posible que un presidente haga cosas reñidas con el derecho internacional", declaró Laruta.

Para el antropólogo Martín von Hildebrand, premio Nobel Alternativo 1999, el problema reside en que Perú, en la práctica, no les ha reconocido a los indígenas sus territorios ancestrales, como sí lo han hecho los otros países amazónicos: Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador, con la excepción de Venezuela.

"Cuando usted mira un gran mapa de la cuenca amazónica, ve que Brasil les ha entregado a los indígenas un territorio tan grande como la propia Colombia (de 1,1 millones de kilómetros cuadrados)", anotó, mientras que ese último país les ha entregado unos 27 millones de hectáreas y Bolivia y Ecuador han hecho avances.

"Si se mira un mapa gubernamental sobre la potencialidad de la explotación maderera, petrolera, gasífera y minera, el Amazonas peruano está totalmente cubierto", agregó el también director de la Fundación Gaia–Amazonas, que trabaja por el fortalecimiento de las culturas y la autonomía indígenas como estrategia para preservar la selva.

(*) Con aportes de Constanza Vieira (Bogotá) y Ángel Páez (Lima).