América Latina

Latinoamérica IV

Contraofensiva imperial

Por Claudio Katz[1]
Enviado por el autor, 10/01/10

Resumen: Estados Unidos reactiva la IV Flota y erige nuevas bases en Colombia para desactivar el ALBA y amenazar a las administraciones poco confiables. Es evidente que el golpe de Honduras hubiera abortado rápidamente sin el auspicio de la embajada norteamericana. Obama utiliza una diplomacia de buenos modales para enmascarar la continuidad de la política imperialista.

El pretexto del narcotráfico ha perdido credibilidad para justificar la militarización de la región. La complicidad de los bancos con este negocio es tan inocultable, cómo su utilización para financiar mercenarios. Pero el caso de México ilustra el poder logrado por una narcoburguesía local que debilita al estado y disgrega la vida social. También Uribe recurre al argumento de las drogas para promover una presencia de los marines, que ha sido avalada por muchos gobiernos de UNASUR.

La escuálida clase dominante hondureña no toleró un tenue ensayo de reformas y ahora busca imponer una situación de hecho. Su acción confirma que el golpismo no es una reliquia del pasado. Los derechistas se han envalentonado, especialmente en los países tradicionalmente manejados por dictaduras vandálicas. Este clima incentiva las tentaciones destituyentes en Paraguay y el recrudecimiento de la represión contra las comunidades indígenas de Perú y el sindicalismo independiente de México.

Los medios de comunicación se han convertido en el principal canal de las campañas reaccionarias. Exigen impunidad para manipular la información, perpetuar la difusión asimétrica de noticias e imponer la agenda política de los gobiernos. Aunque nadie los elige, fijan estas prioridades mientras despotrican contra las movilizaciones populares.

Los ideólogos conservadores nunca aplican sus criterios republicanos para juzgar a los presidentes afines. Resucitan el elitismo, desprecian a las masas y endiosan la inversión externa. Actualmente buscan azuzar los reflejos conservadores de las clases medias, para generar confrontaciones con otros sectores empobrecidos. Pero la derecha perdió la iniciativa que tenía en los años 90 y sus operativos enfrentan serios límites.

Latinoamérica IV: contraofensiva imperial

La derecha y el imperialismo han puesto en marcha varias acciones para recuperar preeminencia, con operaciones diseñadas en el cuartel general del norte. Estados Unidos encabeza esta reacción con intimidaciones militares hacia una región, que ha experimentado todo tipo de expediciones coloniales.

El puntapié de la nueva campaña es la reactivación de la IV Flota, que el Comando Sur estableció en Miami desde el abandono del canal de Panamá. Ese centro monitorea una vasta red de instalaciones, que aseguran cobertura aérea y marítima para cualquier incursión eventual de los marines.

El garrote con buenos modales

La estrategia en marcha se asienta en las nuevas bases militares de Colombia, que supervisan el rearme de los ejércitos títeres y la recreación de operaciones secretas inspiradas en las viejas técnicas de la guerra fría. Estas acciones forman parte de un diseño global, que ha reproducido en Afganistán las formas de intervención ensayadas con el Plan Colombia.

Algunos analistas relativizan el peligro de las bases montadas en ese país. Estiman que Estados Unidos jerarquiza la atención de otros frentes y que la burguesía colombiana está demasiado ocupada en manejar sus negocios o controlar la actividad del profesionalizado ejército local[2].

Esta tranquilizadora mirada combina ceguera e ingenuidad, en el desconocimiento de las prioridades bélicas del imperialismo norteamericano. Bastar recordar el prontuario de secuestros, torturas y salvajismos que acumulan sus discípulos de Colombia, para notar cuán absurdo es el retrato de esos gendarmes cómo pulcros servidores de la patria.

El cordón militar que está erigiendo el Pentágono apunta en lo inmediato a erosionar el ALBA y a hostigar a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. También pretende enviar mensajes de amenaza a las administraciones poco confiables de Guatemala o El Salvador y al presidente adverso de Nicaragua. Con la fortificación de todo el flanco sur se busca, además, completar un cerco de militarización en torno a México. Es obvio que la cobertura aérea de largo alcance está dirigida a ejercer un control de todo el Amazonas, sin consultas con Brasil.

El golpe de Honduras ha sido un episodio clave de esta arremetida, ya que sin el auspicio de la embajada norteamericana habría abortado antes de cobrar forma. La asonada contó con el evidente sostén de generales apadrinados por el Pentágono y empresas estadounidenses, que controlan la economía del pequeño país. Cortando significativamente las visas o bloqueando las remesas, el Departamento de Estado habría desecho el golpe en pocos minutos[3].

Obama desplegó un gran cinismo para justificar esa inacción (“nos critican cuándo intervenimos y cuándo no intervenimos”) e hizo la vista gorda durante todo el tiempo requerido, para asegurar la estabilización del golpe. Utilizó un doble discurso de rechazo formal y sostén práctico de los derechistas e hizo lo imposible para obligar a Zelaya a legitimar su propia destitución, mediante un plan de recuperación irrisorio (y de pocas horas) de su cargo.

Existe un intenso debate sobre cuál ha sido la responsabilidad directa de Obama en el operativo golpista. Algunos analistas subrayan su total connivencia (Golinger, Petras), otros destacan que fue prisionero de una acción manejada por los republicanos (Wallerstein). Ciertos enfoques remarcan que se ha buscado condicionar su gestión (Almeyra) o atarla a los grandes poderes que rodean la Casa Blanca (Borón)[4].

Con el tiempo se develará la trama secreta de la conjura y el papel jugado por Obama. Pero es evidente que el primer mandatario cubrió el manejo de la conspiración por parte de su embajada, mientras su principal funcionaria (Hillary Clinton) canalizaba todas las presiones planteadas por los republicanos para sostener el golpe.

Cualquiera haya sido su inclinación inicial y los determinantes de su conducta (especialmente el deterioro de situación en Afganistán e Irak), es indudable que Obama terminó convalidando una típica agresión colonial. Esta postura desmintió todas sus convocatorias a erigir una “nueva época” en las relaciones de Estados Unidos con la región.

Con lo ocurrido en Honduras concluyó el corto idilio de mensajes amistosos y resurgieron las presiones descaradas del Departamento de Estado. Este organismo ya exigió una contundente alineación de América Latina contra Irán y todos los demonizados gobiernos de mundo árabe.

En realidad, Obama retoma una diplomacia de buenos modales para implementar el uso del garrote, en un contexto muy distinto al imperante durante la era Bush. Debutó con una hipócrita postura de humildad y una retórica conciliatoria que eludía definiciones. Aceptó la decisión de la OEA de anular varias restricciones obsoletas contra Cuba, pero no levantó el embargo. Tampoco modificó la política de agresión contra Venezuela.

Pero el test de Honduras ha servido para ilustrar su rápido acomodamiento a los mandatos generales de la política exterior estadounidense. Este amoldamiento vuelve a confirmar que los republicanos y los demócratas representan dos versiones de una misma política imperial de la primera potencia.

Obama ha retomado el multilaterialismo liberal, que sus antecesores Roosevelt y Carter ya utilizaron para reorganizar la supremacía estadounidense sobre América Latina, en dos circunstancias críticas (la depresión del 30 y la derrota de Vietnam). Esta misma función pretende cumplir ahora el sucesor de Bush. Su acción está guiada por un intervencionismo solapado, destinado a recrear el liderazgo hegemónico[5].

Militarización y narcotráfico

Estados Unidos continúa justificando su militarización de la región con el pretexto del narcotráfico. Esta cobertura ya acumula varias décadas y ha perdido credibilidad. Comenzó con Reagan en 1986, fue redoblada con la invasión Panamá (1989) y finalmente consolidada con el Plan Colombia (2000). Pero ya resulta obvio, que la intervención de los gendarmes sólo conduce periódicas mudanzas de plantaciones y centros de distribución de un país a otro.

Este reciclado obedece a la persistente demanda de drogas por compradores del Norte, especialmente en las localidades que no despenalizan el consumo. Pero también opera la asociación directa que tienen distintos sectores del propio poder estadounidense, con un negocio excepcionalmente lucrativo. La complicidad de los grandes bancos con el lavado de dinero es ya un dato inocultable.

Los multimillonarios ingresos que genera el tráfico son, además, utilizados por el propio aparato militar norteamericano para financiar operaciones ocultas y mantener ejércitos de mercenarios. El cultivo de heroína ha resurgido, por ejemplo, durante la reciente invasión a Afganistán, con la misma intensidad que los estupefacientes florecen en todas las localidades militarizadas de México[6].

Pero las monumentales ganancias que genera el tráfico dieron también lugar a una enriquecida una narco–burguesía, que impone formas de administración territorial. Un sector de origen marginal, que adiestra su propio ejército de pandillas ha logrado comprometer a amplios segmentos de la burocracia y las fuerzas armadas.

En varios países las clases dominantes coexisten con esta lúmpen–burguesía, cuándo despliega el terror contra las protestas populares o cuándo desenvuelve funciones filantrópicas para blanquear el dinero sucio. Pero el crecimiento desmedido de este grupo rompe la cohesión del estado y provoca una disgregación permanente de la vida social. En estas circunstancias se multiplican las tensiones y se afianza la militarización[7].

La experiencia ha demostrado que la respuesta bélica sólo desparrama sangre, encendiendo una irrefrenable escalada de violencia. Mientras que el número de asesinatos alcanza cifras pavorosas en México, el Departamento de Estado tiende a oficializar este clima de guerra con propósitos intervencionistas. La medios de comunicación estadounidenses ya le colgaron a su vecino la carátula de “estado fallido” y auspician un despliegue de gendarmes no sólo en la frontera, sino también dentro del territorio azteca.

Pero el mayor epicentro de esta violencia continúa localizado en Colombia, donde existen tres millones de desplazados y permanentes descubrimientos de cuerpos descuartizadas en fosas comunes. Estas tragedias son utilizadas por Uribe para justificar la instalación de bases norteamericanas, olvidando que el arribo de estas tropas no ha modificado el clima de terror imperante en el país. El principal líder continental de la reacción desenvuelve un discurso esquizofrénico. Por un lado se declarara victorioso en la batalla contra las drogas y por otra parte convoca a los marines, para impedir el incontenible avance ese flagelo.

Es obvio que Uribe actúa bajo mandato directo del Pentágono. Ya permitió que los invasores tomen el control directo de los aeropuertos y del espacio radioeléctrico y les ha otorgado plena inmunidad, para encubrir las incursiones que realizan los paramiliares en las zonas fronterizas.

Las nuevas bases norteamericanas no han sido instaladas para contener el narcotráfico, sino para aumentar la presión agresiva sobre Venezuela y Ecuador. Reiteradamente Uribe ha intentado involucrar a ambos países en falsas denuncias de complicidad con las drogas. La tensión que ha creado no expresa “conflictos de seguridad” por “disputas de soberanía, poder local o legitimidad interior”[8].

Esta interpretación –asentada en un falso objetivismo neutralista– oculta que Colombia prepara agresiones, con propósitos reaccionarios y por mandato del imperialismo norteamericano. Toda la red de organismos de la CIA (como la Nacional Endowment for Democracy y el USAID) está operando a pleno, en la financiación de acciones contra gobiernos, movimientos o personalidades antiimperialistas.

Lo más preocupante de esta arremetida es la convalidación diplomática que ha logrado Uribe. Primero forjó un frente derechista con sus colegas de México y Perú y luego forzó la resignada aprobación de las bases de los gobiernos centroizquierdistas de Brasil y Argentina. Con el argumento de “salvar la continuidad” del nuevo organismo regional (UNASUR), estas administraciones neutralizaron las voces de repudio (Venezuela, Bolivia y Ecuador) y avalaron la presencia de los tropas del Pentágono.

Golpismo y desestabilización

El zarpazo de Honduras confirma la gravedad de la contraofensiva reaccionaria en todo el continente. Demuestra que el golpismo no es una reliquia del pasado, sino un recurso que preserva con formalismos institucionales las anacrónicas asonadas militares.

Las justificaciones expuestas para destituir a Zelaya fueron totalmente absurdas. La consulta impulsada por el presidente derrocado para un eventual cambio de la Constitución no violaba ninguna ley. Al contrario, abría un camino cierta democratización, para un país sometido al bipartidismo oligárquico. La escuálida clase dominante no le perdonó al mandatario desplazado su tenue ensayo reformista de aumentos salariales, control de las importaciones y rupturas del monopolio petrolero[9].

En Honduras se reeditó el mismo tipo de golpismo que fracasó en Venezuela (2002) y Bolivia (2007). Pero incluyó situaciones más grotescas, cómo secuestrar a un presidente en piyama y difundir un texto de renuncia inexistente. Se está tanteado la introducción de “dictaduras posbananeras”, que el imperialismo y la derecha ambicionan para varios países. El objetivo es imponer situaciones de hecho, una vez superada la adversa reacción diplomática internacional, sabiendo que la viabilidad de las nuevas tiranías depende de la resistencia interior[10].

Hasta ahora sólo lograron consumar este operativo en forma provisoria. Concretaron elecciones amañadas en un marco de elevada abstención, pero juegan al “aguante”. Si logran perdurar en el gobierno, inclinarán la balanza internacional a su favor, especialmente entre los numerosos presidentes latinoamericanos, que siempre navegan por dónde sopla el viento.

El golpe ha envalentonado a otros los derechistas, que tienen en la mira a los gobiernos de Guatemala, El Salvador o Nicaragua. Las elites dominantes no toleran cambios mínimos, en países históricamente manejados por dictaduras vandálicas. Están acostumbrados a reaccionar en forma brutal ante cualquier alteración del status quo.

Otro candidato a sufrir el mismo acoso es el presidente Lugo de Paraguay. Desde hace meses padece una sucesión de intimidaciones macartistas, que pueden desembocar en un juicio político. Aunque gobierna con un equipo neoliberal y mantiene ejercicios militares con el Pentágono, enfureció al establishment con tibias medidas de reforma (proyecto de impuesto a la renta personal, restitución de la gratuidad del hospital público, vacunación, catastro de propiedades agrícolas).

Lugo ha pospuesto la reforma agraria, en un país dónde el 85% de las tierras cultivables se encuentran en manos del 2,5% de población. Pero los conservadores no están dispuestos a tolerar ningún retoque de esa estructura oligárquica. Ya impusieron el retiro del vicepresidente del gobierno y propician un clima destituyente, mediante insistentes campañas en torno a la corrupción, la inseguridad y la inmoralidad publica[11].

La estrategia agresiva que ha puesto en marcha la derecha latinoamericana se apoya en dos gobiernos claves: Perú y México. En el primer país, Alan García otorgó cobertura las tropas norteamericanas para ejercicios en distintos puntos del territorio. Además, tuvo su bautismo de fuego en la batalla contra las comunidades indígenas del Amazonas, que resistieron el ingreso de las petroleras y la privatización de los bosques.

Esa expropiación de tierras es una exigencia del tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Pero la arremetida chocó con la combativa respuesta de pobladores, que frenaron el atropello con huelgas y movilizaciones a un costo de treinta muertos.

En México, Calderón despliega agresiones de todo tipo. Su última embestida incluyó la clausura de la compañía de Luz y Fuerza Central, con el fin de aniquilar un bastión de sindicalismo independiente. Recurrió a una ocupación de gendarmes, que emula las formas de presión inauguradas por Thatcher y Reagan.

Pero esta arremetida enfrenta la decidida resistencia de los trabajadores, en un marco de creciente desgaste del partido gobernante PAN. Esta vertiente asumió la administración del país, con la ambición de sustituir la prologada primacía que mantuvo el PRI durante varias décadas. Pero al cabo de nueve años de incontables fracasos y desprestigios, esa expectativa tiende a diluirse[12].

Instrumentos e ideología

Los medios de comunicación se han convertido en el principal canal de propagación de las campañas reaccionarias. Los neoliberales ya no esgrimen tanto las desprestigiadas banderas de la apertura comercial, la desregulación laboral o las privatizaciones. Su principal estandarte es la “libertad de prensa”, que identifican con la impunidad de los grandes diarios o las emisoras para manipular la información.

Este hábito presenta en la actualidad ribetes escandalosos. Mientras que en Honduras reina la censura, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de señales independientes, la prensa regional se dedica a demonizar cualquier incidente menor de Venezuela, Bolivia o Ecuador. Los magnates del periodismo le han puesto la cruz a todos los gobiernos que intentan democratizar la información, cancelando licencias irregulares o acotando el monopolio privado de los noticieros[13].

La asimetría en la difusión de las noticias adopta formas groseras. Las estrellas del periodismo convencional operan como un poder supremo, que define mediante el formato de la cobertura la agenda de cada día. Exigen la renuncia de funcionarios, despliegan lobbies a favor o en contra de individuos previamente seleccionados, actúan cómo inquisidores y adoptan la pose de los afamados.

Sus comentarios son repetidos por auditorios masivos y propagados con más intensidad que la opinión de cualquier político. Nadie elige a estos nuevos sacerdotes que no justifican sus puntos de vista, ni se someten al debate público de ideas. Sus atributos son inmensos. Fijan los temas del Parlamento, determinan las prioridades de la acción pública y hasta precipitan las decisiones cotidianas de muchos presidentes.

 Los medios de comunicación operan, en la actualidad, cómo el principal canal de transmisión de la ideología conservadora. Desde ese púlpito, la derecha despotrica contra los “excesos populistas”, que observan en las movilizaciones populares o en el ejercicio frecuente de los derechos electorales. Este tipo de participación eriza la piel de los intelectuales liberales, que sólo valoran la pasiva convalidación del orden vigente.

La hipocresía de los argumentos derechistas es particularmente visible en el despliegue de criterios republicanos para cuestionar la reelección de Chávez y justificar al mismo tiempo la perpetuación presidencial de Uribe. Cualquier teoría viene bien, si es funcional a una gestión reaccionaria.

Cuándo se agotan los razonamientos para aprobar las conveniencias del momento, los conservadores invocan otra justificación más elitista: la necesidad de superar las taras culturales de la población latinoamericana. Este retraso mental es principalmente situado en la escasa adaptación a las reglas competitivas del capitalismo[14].

Pero el debut de la crisis global también ha brindado a los derechistas la oportunidad para retomar su convocatoria a fuertes ajustes, que alentarían la llegada de los capitales externos. Las viejas tonterías de los años 90 han vuelto a circular, especialmente en los momentos de mayor pánico financiero. En esas circunstancias reaparecen los llamados a cumplir con todos los deberes requeridos “para ser elegidos por las corrientes mundiales de inversión”[15].

Pero este postulado tiene menor asidero empírico, que cualquier otra creencia neoliberal. Las inclinaciones de los inversores están orientadas por patrones de rentabilidad, que no guardan correspondencia directa con la fe conservadora de cada gobierno. No es la ideología de Lula o Calderón, lo que orienta actualmente el mayor flujo de fondos hacia Brasil, en comparación con México. Existen múltiples causas en la determinación del rédito que prometen los negocios en cada coyuntura y país.

Las campañas derechistas simplemente machacan una y otra vez sobre ciertos lugares comunes, para reactivar los proyectos de libre–comercio, privatización o flexibilización laboral. Con estas convocatorias intentan recrear los reflejos conservadores de grandes segmentos de las clases medias. Azuzar esta reacción para generar confrontaciones con sectores más empobrecidos es un objetivo central de la clase capitalista.

Pero esta polarización es un arma de doble filo, ya que también precipita desengaños y furias contra los manipuladores. El comportamiento cambiante de los sectores medios es una variable que frecuentemente escapa, a quiénes diseñan las políticas antipopulares.

Conviene no perder de vista que la derecha está embarcada en una contraofensiva, para doblegar las rebeliones y los movimientos sociales de la última década. No encabeza iniciativas frontales como en los años 90 y enfrenta límites mucho mayores que en ese período.

Los reaccionarios que avanzaron en Honduras durante el 2009 fracasaron en varios intentos de mayor envergadura en el hemisferio sur (Venezuela, Bolivia y Ecuador). Sus gobiernos más emblemáticos atraviesan por situaciones críticas (México, Perú) y en la región centroamericana persiste una situación contradictoria. La derecha obtuvo victorias electorales en ciertos países (Panamá), pero perdió la presidencia de dos países claves (El Salvador, Nicaragua). El resultado general de la arremetida reaccionaria es una incógnita aún irresuelta.

Latinoamérica V

El peculiar ascenso de Brasil

Por Claudio Katz
Enviado por el autor, 10/01/10

Resumen: La relevancia geopolítica de Brasil aumenta, pero su liderazgo tiene un costo que suscita tensiones en las clases dominantes. Esta primacía exige el rearme, operativos subimperiales en Haití y exhibiciones de fuerza para asegurar el usufructo local de las riquezas del Amazonas.

Las aspiraciones hegemónicas se asemejan a las ambiciones regionales de otras economías intermedias del planeta. Pero Brasil carece de arsenales atómicos y no tiene experiencia en funciones militares foráneas. Se encuentra, por ahora, al margen del selecto club de las potencias que definen rumbos a escala global. Igualmente, se ha despojado de cualquier resabio de su vieja condición semicolonial y negocia cuotas de poder con Estados Unidos, a partir de coincidencias económicas.

Las opciones en juego son capitalistas y no favorecen a las clases oprimidas. Lula consolidó una estabilización burguesa basada en la desmovilización y la despolitización. Desenvuelve un esquema socioliberal dentro del espectro de la centroizquierda. La atención puesta en los planes sociales distingue este curso de las orientaciones derechistas. Pero esas coberturas enfrentan límites de financiación y demandas populares de trabajo genuino.

 A diferencia de Brasil, los múltiples conflictos que sacuden a la Argentina no se han atenuado. El país arrastra un intenso legado de rebeliones populares, ante dominadores y funcionarios que no logran cohesionar su acción. En Uruguay prevalece la misma desmovilización que en Brasil, pero el temor a un retorno de la derecha condujo a renovar el mandato de la centroizquierda.

Es engañoso utilizar este calificativo para la concertación chilena, que se ha desgastado en la gestión de una herencia pinochetista de privatizaciones y librecomercio. De la decepción con el progresismo no emergen, en general, tendencias nítidas de sustitución.

Latinoamérica V: el peculiar ascenso de Brasil

Durante el último año quedó reafirmada la relevancia geopolítica de Brasil, que para muchos analistas ya constituye una potencia emergente. Esta influencia tiene incluso expresiones simbólicas, cómo la obtención de la sede para organizar el Mundial de Fútbol (2014) y los juegos olímpicos (2016).

Existe un abismo entre la incidencia de Itamaraty y cualquier otro país latinoamericano en los conflictos regionales. Esta supremacía es ampliamente reconocida por su rival tradicional de Argentina. Las elites de este país aceptan un acompañamiento subordinado a las decisiones estratégicas que adopta Brasil[16].

Pero ejercer ese liderazgo tiene un precio, que no están dispuestos a solventar todos los sectores de la clase dominante brasileña. Obliga a ciertas concesiones económicas en el corto plazo para asegurar la hegemonía posterior, que suscitan fuertes tensiones internas. Las controversias generadas por los precios de importación del gas boliviano y de la hidroelectricidad paraguaya son dos ejemplos recientes de esos conflictos.

Ventajas y límites

Las elites brasileñas saben que el poderío militar es un ingrediente indispensable, para reforzar el liderazgo sudamericano. Por eso Lula suscribió un acuerdo de aprovisionamiento bélico con Francia y aumentó un 50% el presupuesto militar desde el 2003. De paso, clausuró cualquier investigación de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, durante las últimas dictaduras. También ha concretado grandes compras aviones para vigilar la frontera.

Pero lo más conflicto sería una eventual revisión del tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, firmado en los años 80 bajo presión norteamericana. Esta carta se mantiene en reserva y existe poca disposición del establishment a revertir esa decisión. Pero la discusión del tema permite negociar el ambicionado asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, que las grandes potencias no le conceden a Brasil.

El país ya ha pasado su primera prueba de acción subimperial en Haití. Los militares brasileños comandan las fuerzas de ocupación (MINUSTAH), que mantienen el orden policial en la empobrecida isla. El costo de esta custodia supera toda la asistencia brindada y prometida a los haitianos, en infinitas conferencias internacionales.

En los últimos cinco años, las tropas han garantizado la continuidad de la opresión que sufren los habitantes de los barrios degradados, los obreros explotados de las maquiladoras y los campesinos que huyen hacia República Dominicana. En cambio, su labor no ha servido para evitar los centenares de muertos que dejaron los últimos huracanes. Los militares sólo cumplen funciones de intimidación de las protestas sociales, actuando como guardianes de un neoprotectorado.

Las clases dominantes del principal país sudamericano necesitan reforzar sus exhibiciones de fuerza, si quieren mantener bajo custodia las riquezas del Amazonas, en la mira de los marines afincados en Colombia. Las bases en ese país conspiran contra el proyecto brasileño de gestar un Consejo de Defensa bajo su mando, a través de UNASUR. Lula intentó recortar el alcance de las instalaciones norteamericanas, pero terminó aceptado el hecho consumado que impuso el Pentágono[17].

En esta partida se juega quién manejará los cuantiosos recursos naturales que rodean a la mayor selva del planeta. El presidente actual dejó claramente establecidas sus prioridades en estas disputas, al entregar 67,4 millones de hectáreas del Amazonas a las latifundistas, que ocuparon predios en forma ilegal. En la distribución de las tierras usurpadas, los dominadores brasileños no quieren ninguna competencia extranjera.

Brasil aspira a ejercer una hegemonía regional, siguiendo el mismo sendero que recorren otras economías intermedias en ascenso. Pero carece de arsenales atómicos y de experiencia en funciones militares foráneas de gran alcance. Por eso mantiene una posición relegada, en comparación al papel que juegan Rusia o China. Algunos autores estiman que comparte esta diferencia con India y otros subrayan la semejanza con Sudáfrica. Al igual que estos dos casos, la creciente gravitación económica e incidencia geopolítica de un país, no alcanza para situarlo en el selecto club de potencias que definen el orden global[18].

Es evidente que el perfil de Brasil dependerá de la relación que mantenga con Estados Unidos. La subordinación que predominó durante la mayor parte del siglo XX comenzó a modificarse con el desarrollo industrial de los años 60. Durante ese período se afianzó una diplomacia autónoma, más propia de país intermedio que de un socio auxiliar de la primera potencia. En los años 80 Brasil volvió a alinearse con Estados Unidos (y coqueteó con la aceptación del ALCA), pero desde el 2000 reafirmó su política de independencia desde la plataforma del MERCOSUR.

Este rumbo se consolidó en el último lustro, con la convalidación del desarrollo nuclear de Irán y la adopción de una actitud más equidistante frente a Israel. Brasil se ofrece como mediador en Medio Oriente y mantiene serias diferencias con las potencias centrales en la agenda ambiental. Pero sobre todo es evidente su intención de ocupar los espacios abiertos por la crisis de dominación estadounidense.

Este objetivo sólo conduce por el momento a una redistribución de roles, en la coordinación hegemónica con el poder norteamericano. Brasil mantiene un diálogo aparte con el gigante del norte e intenta realzar su papel de arbitro (y no de protagonista), en las zonas más calientes del planeta. No quiere remover los estrechos vínculos forjados con Estados Unidos durante la guerra fría.

Negociación del liderazo

A diferencia de otros BRICs, Brasil también ha compartido muchos cursos económicos globales con varios gobiernos norteamericanos. Como exportador de materias primas es un ferviente partidario del libre comercio y en las negociaciones de la OMC ha roto frecuentemente el bloque de los países emergentes, para buscar arreglos bilaterales con las economías avanzadas. Tiene una economía más transnacionalizada e integrada al circuito de las empresas globales que Rusia o la India. Además, desenvuelve los biocombustibles en la misma dirección que Estados Unidos y apuesta a compartir un liderazgo en esta área.

Algunos autores estiman que el país se encuentra ante la disyuntiva de profundizar su condición periférica (mediante la primarización exportadora y la subordinación a Estados Unidos), o transitar un camino de liderazgo regional propio (con políticas de prioridad industrial). Consideran que el primer camino transformará a Brasil en una periferia de lujo (cómo en otros tiempos fue Argentina), mientras que el segundo lo guiará hacia el sitial que logró Canadá[19].

Esta visión parte del cuestionable supuesto, que cada clase dominante elige su inserción predilecta en el mercado mundial. No aclara por qué razón la mayoría termina optando por el sendero de los perdedores. Además, en la trayectoria histórica reivindicada aparecen ciertas contradicciones, ya que Canadá terminó ubicado en el lugar elogiado cómo abastecedor de materias primas y socio político incondicional de Estados Unidos. No siguió el rumbo propuesto de industrialización autónoma e independencia diplomática.

En la actualidad Brasil está muy lejos del pelotón de lideres mundiales, pero ya no mantiene ningún rasgo de su vieja condición altamente dependiente. Para formular un diagnóstico más acertado del lugar que ocupa en el escenario internacional es necesario registrar este hecho. Las categorías contemporáneas de semiperiferia y subimperialismo son muy útiles para avanzar hacia una caracterización correcta.

La discusión en boga sobre el futuro de Brasil gira en torno a opciones capitalistas, que definirán ventajas y desventajas para distintos grupos dominantes. No se dirimen mejoras para al conjunto de la nación, ni menos aún para sus clases oprimidas. Es importante reconocer este dato, para situar cualquier análisis en sus justos términos.

El programa socioliberal de Lula canaliza el curso burgués que ha predominado. Por esta razón bloquea conquistas sociales en las ciudades y reformas agrarias en el campo. Ha provocado la reversión de un largo proceso de organización obrera en torno al PT, facilitando la desmovilización y la despolitización de los movimientos populares. El principal instrumento de esta acción ha sido una red de clientelismo, montada en torno a los planes asistenciales.

La estabilización capitalista de Brasil se explica en gran medida, por su escasa participación en el ciclo de rebeliones que conmovió al resto del continente. El sistema político elástico que tiene el país volvió a absorber varios tipos de crisis, sin grandes rupturas. También quedó nuevamente neutralizada la resistencia popular, como ya ocurrió en las dos conmociones anteriores de mayor alcance (1984 y 1992). En esta oportunidad ha cumplido un papel decisivo la cooptación de la burocracia obrera y la manipulación conservadora de los sentimientos populares[20].

Dos cursos de centroizquierda

El perfil socio–liberal de Lula forma parte del espectro general de los gobiernos de centroizquierda. Estas administraciones se diferencian de la derecha por mantener una relación ambigua con Estados Unidos, mientras toleran conquistas democráticas y bloquean las mejoras populares[21].

Los gobiernos de este tipo han sido favorecidos por el crecimiento económico del último quinquenio y pudieron absorber el cimbronazo de la crisis global. Atenuaron el impacto de esta eclosión con socorros a los empresarios y jerarquizaron el despliegue asistencial, para contrarrestar las resistencias populares.

La atención puesta en los planes sociales distingue a estas administraciones de sus pares derechistas y les ha permitido preservar cierta estabilidad política, sin modificar las desigualdades sociales. Si se reabre la crisis global será muy difícil continuar con esta política de contención. El asistencialismo se ha financiado con la tajada obtenida por los estados de la apreciación que tuvieron las materias primas.

La red de coberturas contribuyó a introducir un colchón en las tensiones sociales y facilitó la dominación de los acaudalados, sin recurrir al uso sistemático de la violencia que caracteriza a la derecha. Pero estos auxilios no sólo chocan con límites de financiamiento. También afrontan la insatisfacción de los sujetos sociales, que demandan trabajo bien remunerado y no dádivas del estado.

Por otra parte, los principales gobiernos de centroizquierda han cumplido una función clave en la contención política de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Muchos analistas omiten este papel, al evaluar positivamente la acción de esas administraciones frente a la contraofensiva imperial. En los hechos, la capacidad para detener esta embestida ha sido muy reducida. Colombia reafirmó la instalación de las bases norteamericanas y el golpismo se recicló en Honduras, sin prestar mucha atención al disgusto de los presidentes progresistas

Esta franja de mandatarios cumplió una función mediadora en Centroamérica para obstruir la resistencia popular. Ejercieron una influencia permanente sobre Zelaya, buscando moderar sus reacciones y lo indujeron a aceptar las negociaciones manejadas por Hillary Clinton, Arias y la OEA. Este camino disuadió la estrategia de confrontación que promovían los movimientos sociales hondureños.

Los gobiernos de centroizquierda comparten estrategias internas semejantes y una alineación diplomática convergente, pero enfrentan situaciones nacionales muy diferentes. Especialmente llamativo es el contraste de la experiencia brasileña y argentina. Mientras que Lula logró consolidar su orientación socioliberal, los Kirchner han enfrentado un sobresalto tras otro. Esta asimetría obedece a marcadas diferencias en el nivel de la acción popular.

El legado de la rebelión popular del 2001 ha obligado a gobernar en Argentina con un ojo siempre puesto en la reacción de los oprimidos. Esta tensión acentúa la falta de cohesión histórica de las clases dominantes y la escasa gravitación estabilizadora de los funcionarios públicos. A pesar de la reconstitución de la autoridad estatal y del sostenido crecimiento económico, los Kirchner no han podido mantener la aprobación que lograron en el período 2003–2007. Se desgastaron en una confrontación con la derecha, que capturó a la clase media y rechazaron toda aproximación con los movimientos sociales.

En un país dónde la vida política se dirime en las calles, no se vislumbra aún quién ha quedado mejor parado. Al concluir el 2009 la derecha perdió capacidad de convocatoria y el gobierno demostró que tiene reservas para recuperar la iniciativa y fijar la agenda política. Pero se apoya en las arcaicas estructuras del Justicialismo y la burocracia sindical y no restablece la sintonía inicial que tuvo con los principales grupos capitalistas. Tampoco resucita la simpatía popular, en un momento de fuerte reaparición de los sindicatos y los movimientos sociales independientes.

Los sinsabores del progresismo

El gobierno centroizquierdista de Uruguay ha exhibido más parecidos con su colega brasileño, que con sus vecinos del Río de la Plata. Indujo la misma desmovilización que propicio Lula, adelantando pagos al FMI, autorizando la depredación forestal, permitiendo la contaminación de empresas forestales y el avance foráneo en el monocultivo de la soja. También generó frustraciones en el plano democrático, mediante el veto a la despenalización del aborto y la falta de compromiso del Frente Amplio con la campaña para anular la ley amnistía a los represores de la dictadura.

Pero es cierto también que en los últimos años se obtuvieron algunos logros parciales en materia de empleo, recuperación salarial y atenuación de la pobreza. Estas mejoras fueron suficientes para resucitar una reacción popular, frente a la tenebrosa perspectiva de una victoria electoral derechista. En esta resistencia se ha sustentado la renovación del mandato centroizquierdista[22].

El nuevo presidente Mugica sustituye la vieja cultura institucionalista de la clase media por una retórica plebeya, que sintoniza con el empobrecimiento del país. Probablemente este cambio generó la identificación afectiva que facilitó la recuperación electoral del Frente Amplio. Lo que no ha cambiado es la emigración y el envejecimiento, que rodea a una sociedad estancada por la continuidad de un modelo que primariza y recicla la pobreza.

Esta regresión ha sido ignorada por todas las congratulaciones que expresó el establishment sudamericano con la “cultura cívica”, la “continuidad institucional” y la “opinión pública independiente” de Uruguay. Estos elogios sólo ilustran la sensación de satisfacción que exhiben los dominadores con la continuidad de un status quo, que perpetúa los privilegios de una minoría y los padecimientos de la mayoría[23].

Resulta finalmente engañoso utilizar el calificativo de centroizquierda, para el gobierno de la concertación chilena. El apelativo sólo distingue en este caso, a la administración de las últimas dos décadas de sus adversarios explícitamente alineados con el legado pinochetista. Sin embargo, en los hechos la política seguida por Bachelet tiene muchos puntos de contacto con el neoliberalismo conservador.

Administró una herencia de la dictadura, que incluye la preservación de la Constitución de 1980 y un sistema electoral binominal, destinado a bloquear la representación proporcional. También mantuvo el librecomercio, la mercantilización de la educación y la privatización de las jubilaciones. Esta política ha conducido a situar al país, en el podio de los 15 naciones con peor distribución del ingreso del planeta[24].

En la primera vuelta de las recientes elecciones se registró un importante avance de la derecha, que por primera vez en vez en 20 años ha quedado muy cerca de la presidencia. Su candidato es un empresario encumbrado por el marketing electoral. Este ascenso se apoya, a su vez, en una clase media conservadora forjada durante el pinochetismo, que le ha marcado el paso a todos los gobiernos de la concertación.

Esta coalición se ha desgastado y sufrió una implosión de varias fracciones, que intuyen la necesidad de renovar el libreto. Pero también crece la insatisfacción por abajo, la resistencia social de docentes, estudiantes secundarios, mineros y  mapuches, en un marco de cierta recomposición de la izquierda[25].

De conjunto las administraciones de centroizquierda han defraudado las expectativas que acompañaron su aparición. No concretaron las reformas sociales prometidas y actuaron al servicio de las clases dominantes. Pero esta frustración no se traduce en resultados uniformes de renacimiento de la derecha o consolidación de alternativas de izquierda. Hasta ahora predominan resultados muy variados, que no definen una tendencia general.

Latinoamérica VI

De la reforma a la revolución

Por Claudio Katz
Enviado por el autor, 10/01/10

Resumen: Los gobiernos reformistas de Sudamérica lograron contundentes victorias electorales, en conflicto con los poderosos y desmintiendo todos los pronósticos de desplome. Pueden avanzar hacia rupturas revolucionarias o consolidar el capitalismo de estado.

Estas dos perspectivas antagónicas implican, profundizar o bloquear el protagonismo popular en Venezuela. Suponen adoptar decisiones socialistas o erigir el “capitalismo andino–amazónico” en Bolivia y concretar las concesiones a las transnacionales o llevar a la práctica las conquistas de la nueva Constitución en Ecuador. Estas mismas ambivalencias se han verificado también en Honduras, en actitudes de conciliación o confrontación frente al golpismo.

Los desenlaces serán influidos por luchas sociales, que en la última década contribuyeron a contrapesar las derrotas en que se asienta el neoliberalismo. Durante el 2008–09 no se repitieron las revueltas generalizadas, pero hubo levantamientos contra el ajuste (Guadalupe y Martinica), resistencias contra la privatización (Perú), movilizaciones en defensa del salario y el empleo (México, Argentina). Lo más significativo fue la sorprendente resistencia casi insurreccional contra el golpe en Honduras.

Este contexto reanima las discusiones en la izquierda, en torno al modelo neodesarrollista. Su defensa no conduce a forjar una sociedad igualitaria, sino que desemboca en la estabilización conservadora y la pérdida de credibilidad popular. Pero no basta con la simple declamación de ideales. Se requiere una política de acumulación de fuerzas.

Es importante desenvolver una estrategia de radicalización para transformar la esperanza de cambios en una realidad de conquistas, que abra las compuertas para el socialismo del siglo XXI. Este proyecto involucra un novedoso alcance regional y exige combinar desarrollos productivos, protección ambiental y mejoras sustanciales del nivel de vida.

Latinoamérica VI: de la reforma a la revolución

Durante el 2009 los gobiernos reformistas de Sudamérica ganaron la partida. Se afianzaron en batallas contra la derecha, sostenidas en la movilización popular. Los intentos golpistas del Oriente boliviano fueron demolidos, la agresión ensayada por Colombia contra Ecuador fue neutralizada y las campañas destituyentes no prosperaron en Venezuela.

Logros y desafíos

A principio del año Chávez logró una nueva victoria electoral, que incluyó la recuperación de los votantes que se abstuvieron en el comicio anterior. Con este triunfo el oficialismo acumuló desde 1988 quince éxitos electorales y varios récords en la reducción de la abstención. También Correa consiguió aplastar a sus adversarios en las urnas. Obtuvo cinco victorias sucesivas desde el 2006 y conquistó plena mayoría en 20 de las 24 provincias.

Pero el dato más llamativo ha sido la victoria Evo. Derrotó primero en la calle la sublevación fascista de Pando, neutralizó luego las maniobras en el Parlamento para distorsionar las leyes electorales y finalmente arrasó en los comicios. Es el primer presidente del convulsionado Altiplano que logra triunfos sucesivos, mejorando su votación anterior e imponiendo una representación abrumadora en las dos cámaras. Le arrebató varios bastiones a la oposición en localidades que habían sostenido al golpismo y conquistó el apoyo de la clase media que rechazaba su figura[26].

Los resultados alcanzados por los tres gobiernos reformistas desmienten los pronósticos de desplome que difundió el establishment, confundiendo sus propios deseos con la realidad. La intervención activa de las masas permitió, hasta ahora, remontar las conspiraciones de la derecha.

Algunos cínicos afirman que este tipo de afianzamiento es compartido en la región por administraciones de todos los colores políticos. Señalan que el oficialismo de cualquier vertiente cuenta con mayores recursos que la oposición, para renovar su manejo del poder. Pero si esa capacidad para reciclarse desde arriba fuera tan imbatible, no habría lugar para la alternancia de los partidos.

Esa caracterización iguala, además, en forma errónea a todos los presidentes, cómo si fuera lo mismo actuar al servicio de los poderosos, que gobernar en conflicto con el verdadero poder. Mientras que todas las presidencias derechistas y centroizquierdistas sintonizan con los dueños de la economía, en Venezuela y Bolivia (y en menor medida en  Ecuador) predomina una tensión constante con la clase capitalista.

Esos tres gobiernos han desarrollado, además, una estrategia regional antiimperialista en torno al ALBA, que surgió como proyecto de intercambio comercial solidario opuesto al ALCA y diferenciado del MERCOSUR. Pero se ha consolidado como una referencia radical, alejada de la convergencia que ensaya la centroizquierda con el FMI y el G 20.

El nuevo eje geopolítico forjado junto a Cuba incluye, además, a ciertos gobiernos centroamericanos y es sostenido por numerosos movimientos sociales. Esta configuración potencia la autoridad del ALBA y su política de respuestas frontales a la contraofensiva derechista. Ante el golpe de Honduras y la militarización de Colombia, este alineamiento formuló una denuncia contundente de la complicidad estadounidense. Propuso también iniciativas de acción concretas (congelamiento de las relaciones con Colombia, denuncia de los pactos militares), que fueron bloqueadas por los restantes mandatarios de UNASUR.

El ALBA ha trabajado en varios proyectos para erigir una arquitectura financiera regional autónoma, con mecanismos de protección frente a la crisis. Promueve una moneda regional (Sucre) para comenzar a emancipar a la región de la dependencia del dólar. También propone la inmediata puesta en marcha del Banco del Sur, contra las dilaciones que impuso Brasil (para evitar la aparición de una entidad rival del BNDES). Aunque Lula aceptó ciertos criterios de funcionamiento igualitario para ese Banco ha limitado su financiación. También obstaculiza su desenvolvimiento para proyectos cooperativos, comunitarios y sociales o su acción como precedente de un fondo de estabilización monetaria de toda la zona.

El ALBA ha intentado sortear esta oposición creando su propio banco. En la última cumbre de este organismo (octubre pasado) se acordó, avanzar en un sistema monetario de intercambio y en nuevos tratados comerciales, asentados en una empresa común de exportación e importación[27].

Estas iniciativas confirman el perfil diferenciado de gobiernos reformistas, orientados a la asociación con Cuba. Durante el 2009 la isla fue duramente afectada por la crisis global (caída del turismo, reducción del precio del níquel, menor demanda de cigarros) y una fuerte secuencia de huracanes, que acentuó las dificultades de la producción alimenticia. La solidaridad de Venezuela en el suministro de petróleo ha contribuido decisivamente a situar estos impactos, muy lejos del dramatismo vivido en 1992–94.

Congelamiento o radicalización

El afianzamiento de un polo radical acentúa las disyuntivas que enfrentan esos procesos. Los gobiernos antiimperialistas pueden avanzar hacia rupturas revolucionarias o consolidar la estabilización del capitalismo de estado. Estas dos perspectivas antagónicas están simbolizados en la historia latinoamericana por el curso seguido por las revoluciones cubana y mexicana.

En el primer caso se consumó una acelerada evolución socialista, que permitió desenvolver profundas transformaciones y mejorar significativamente (durante un largo período inicial) el nivel de vida popular. En el segundo país prevaleció el congelamiento de las reformas y la creación de una nueva capa de opresores desde la cúspide del estado.

Los pasos necesarios para recrear el avance cubano y evitar la regresión mexicana no se están adoptando en ninguno de los tres países sudamericanos. En Venezuela, las confrontaciones recientes con la derecha (ley educativa, medios de comunicación, nacionalizaciones) se implementaron sin crear los mecanismos requeridos para profundizar el protagonismo popular y la democratización política. El control desde arriba del partido oficialista PSUV, la manipulación de dirigentes y los obstáculos al control obrero ilustran estas restricciones.

Estos problemas fueron abiertamente planteados a mitad de año, en un importante encuentro de las vertientes de izquierda del proceso bolivariano. En ese cónclave se cuestionó la falta de respuestas a las demandas de los movimientos sociales, los manejos verticales en el aparato estatal y el papel de los asesores ministeriales carentes de compromiso revolucionario. También se resaltó el fracaso de la audiencia de los medios de comunicación públicos, las indefiniciones del socialismo del siglo XXI y la continuada desigualdad social. La reducida tolerancia inicial a estas objeciones fue posteriormente reemplazada por un reconocimiento implícito de este llamado de atención[28].

En Bolivia se ha creado un contexto muy propicio para introducir el giro revolucionario. El aplastamiento de la escala putchista durante el 2008 y la espectacular victoria electoral del 2009 han abierto todos los espacios para gestar este avance. Impera una situación radicalmente inversa a la existente durante el último ensayo reformista de 1985, cuándo la vanguardia minera fue derrotada por la derecha. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de aprovechamiento de este repliegue de la reacción, para comenzar la remoción del capitalismo.

La primera condición para avanzar por este camino es profundizar las transformaciones sociales. Este rumbo es abiertamente rechazado por quienes atribuyen el afianzamiento de Evo a las concesiones otorgadas a la oposición en el Parlamento. No registran que la clave de los logros actuales fue la dinámica inversa de movilizaciones, que desgastaron a la derecha y forjaron una alianza de los oprimidos de la ciudad y el campo[29].

El gran problema actual son los instrumentos para continuar esta acción. El partido oficialista MAS permitió conquistar una nueva Constitución, que ahora debe reglamentarse. Pero cada vez existen más síntomas de mutación de esa organización, que surgió de los sindicatos en lucha y ahora aglutina a pequeños propietarios rurales y urbanos, articulados en torno a una capa de funcionarios.

Es evidente, además, que el gran obstáculo para comenzar una transición al socialismo es la convicción en este horizonte. Por un lado se multiplican los llamados oficiales a forjar esa sociedad, pero al mismo tiempo persiste la estrategia de erigir el “capitalismo andino–amazónico”.

Este proyecto es irrealizable en la forma en que fue concebido. Un proceso de acumulación local estrechamente conectado con el mercado mundial no es compatible con las modalidades de equidad de la estructura indígena. El desarrollo capitalista tiende a ensanchar las brechas sociales y a corroer esa vieja conformación. Sólo un proceso socialista podría asimilar ese legado, desenvolviendo un proceso de industrialización que reduzca en forma progresiva la desigualdad.

Los mismos dilemas se procesan en Ecuador, a la hora de evaluar los nuevos pasos de la “revolución ciudadana”. Los tres años de este cambio han permitido logros sustanciales, que se sintetizan en el texto de la nueva Constitución. Esta carta incluye el carácter plurinacional del estado, prohibe a los financistas el manejo de los medios de comunicación, introduce la revocatoria de los mandatos, limita la especulación con el endeudamiento público e impide la socialización estatal de las deudas privadas.

Pero en el ejercicio del gobierno se adoptan medidas que chocan con estas normas. El ejemplo más contundente de esta contradicción ha sido el aval oficial a inversiones transnacionales destinadas a explotar los recursos naturales. Esta decisión suscitó un violento choque con el movimiento indigenista. También el decreto presidencial que otorga a las misiones católicas atributos de evangelización, viola la separación de la iglesia y el estado que establece la Constitución. El trasfondo de estas tensiones es la composición de un gobierno que propone ideas radicales, pero opera con funcionarios comprometidos con los intereses del capital[30].

Estas ambivalencias del nacionalismo radical se han verificado también en Honduras. La inesperada transformación de un gobernante clásico como Zelaya en participe del eje latinoamericano antiimperialista fue un contundente ejemplo del enorme impacto continental, que ha generado la existencia del ALBA.

La aceptación de las ofertas petroleras venezolanas desencadenó conflictos con Shell y Texaco, que indujeron al golpe de estado. Pero el giro de Zelaya no respondió sólo a un estímulo exterior. Estuvo directamente influido por el fuerte predicamento que lograron los movimientos sociales, al cabo de una férrea lucha contra el TLC y la depredación que realizan las transnacionales.

No es la primera vez en la historia latinoamericana que un presidente o líder militar radicaliza su acción, en un choque con la oligarquía o el imperialismo. Ya ocurrió en Santo Domingo (Camaño), en Perú (Velazco Alvarado) o en Bolivia (Juan José Torres). Pero también existen mayores precedentes de vacilaciones, compromisos con las clases dominantes y frustraciones de la resistencia popular. Zelaya ha oscilado entre ambos antecedentes.

Por un lado se mantuvo firme en la denuncia de la dictadura, en medidas de acción (como el retorno al país) y en el llamado a la insurrección. Por otra parte, pospuso varias veces ese regreso y se sumó al juego de distracciones y maniobras dilatorias que manejó Hillary Clinton. En esta oscilación llegó a aceptar un acuerdo que avalaba el fraudulento proceso electoral, a cambio de retomar formalmente la presidencia por poco tiempo. Estas vacilaciones debilitaron la heroica resistencia popular contra el golpe y facilitaron las maniobras que realizó la dictadura para sortear el aislamiento diplomático internacional[31].

Resistencias y rebeliones

Los desenlaces políticos de América Latina dependen principalmente de los resultados que alcancen las luchas sociales. Estas acciones contribuyeron, especialmente en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina, a revertir la secuencia de derrotas populares en que se asienta el neoliberalismo.

En esos países se registraron levantamientos que enarbolaron reclamos coincidentes de anulación de las privatizaciones, nacionalización de los recursos naturales y democratización de la vida política. Esas demandas se mantienen como ejes centrales de la resistencia popular.  Esta lucha combina actualmente novedosas formas de protagonismo social (indígenas, jóvenes, mujeres) con una acumulación de las experiencias procesadas  durante todo el siglo XX[32].

En la coyuntura del 2008–09 no se han repetido las revueltas generalizadas de los años anteriores. Frente al shock creado por la crisis financiera global predominó una reacción acotada, afín al tipo de respuestas observadas en otros puntos del planeta. Además, los gobiernos latinoamericanos recurrieron con celeridad a fuertes gastos públicos, para evitar la reiteración de las sublevaciones que suscitaron los quebrantos bancarios y el caos inflacionario de 1999–2003.

Durante el año se registraron igualmente algunas acciones populares de envergadura frente al ajuste inicial que desató la crisis. Los levantamientos que conmovieron a dos islas  del Caribe (Guadalupe y Martinica) fueron muy representativos de esta reacción. Pero en general, la lucha social no tuvo un detonante único, ni respondió directamente a la eclosión global. Un cúmulo de motivaciones desencadenó estos movimientos.

En Perú, los indígenas doblegaron con una extraordinaria resistencia el intento gubernamental de confiscar tierras. En otros países resurgieron las movilizaciones sociales de los asalariados. Unas 200 marchas se concretaron en la ciudad de México y otras 440 conmovieron a Buenos Aires. La batalla de los electricistas en el primer caso y de los obreros de la alimentación o el subte en el segundo, sacudieron la vida social de estas capitales. La furibunda ira que transmiten las crónicas derechistas es un termómetro del impacto que han suscitado estas acciones entre los opresores[33].

Pero la mayor sorpresa del año ha sido la resistencia casi insurreccional que presentaron los oprimidos de Honduras al golpe derechista. Esta reacción no estaba en los cálculos de nadie, ni era esperada en un país que operó durante décadas como plataforma centroamericana del imperialismo. Basta observar el balance de la represión para notar cuán heroica ha sido esta lucha. Hasta ahora se computan 21 asesinatos, 4000 casos de violaciones de derechos humanos y 120 presos políticos, rigurosamente ocultados por todos los voceros de la “prensa libre”.

Durante 100 días de batalla contra el golpe, la respuesta popular alcanzó picos de polarización política y confrontación social que situaron esa rebelión en un plano próximo a los cuatro levantamientos sudamericanos de la última década. La Coordinadora Nacional de la Resistencia se convirtió en un centro organizador de esta acción, a partir del gran protagonismo que tuvieron los sectores sociales de vanguardia de la docencia, el campesinado y los sindicatos clasistas[34].

Planteos estratégicos

En este marco de reacciones populares muy variadas pero persistentes, las discusiones de proyectos políticos de la izquierda han recuperado interés. La batalla frontal contra las administraciones derechistas y pronorteamericanas de Uribe, Calderón o Alan García es una coincidente prioridad. Pero este acuerdo no se extiende a otros terrenos.

Muchos pensadores sostienen que existe una sola línea divisoria en la zona, que separa a la derecha de los restantes gobiernos. Colocan a Lula y a Chávez en un terreno común y distinguen únicamente a los defensores del libre comercio de los partidarios de la integración regional. Convocan a desenvolver políticas comunes de regulación del capital financiero y promoción del mercado interno. Este enfoque cuestiona las iniciativas autónomas de los movimientos sociales que afectan a los gobiernos de centroizquierda, estimando que favorecen a la derecha. Esta postura también considera inexorable apostar a algún sendero de capitalismo más benévolo.

Pero con esta actitud se termina justificando las medidas que relegan las demandas populares, a favor de beneficios que reciben los dominadores. Este curso prevalece actualmente en Brasil, Argentina o Uruguay y se basa en priorizar los subsidios a las empresas a cualquier mejora de los salarios.

Esta visión postula, además, una falsa disyuntiva entre el amoldamiento al status quo y la aceptación de restauraciones conservadoras más adversas. Olvida que la elección entre lo malo y lo peor sólo conduce al desencanto y a la pérdida de credibilidad popular. Cuándo los sectores más esperanzados observan esta ausencia de alternativas frente a la creciente desigualdad se desmoralizan y toman distancia de la acción política.

En muchas ocasiones este escepticismo es la principal causa del retorno electoral de la derecha. Frente a la primacía de distintas variantes de un mismo patrón dominante, no sorprende que los derechistas consecuentes atraigan más votantes, que sus imitadores social–liberales. Este sostén de los conservadores se ha convertido en una vía de sanción al incumplimiento de las promesas de cambios pausados. Una involución de este tipo se vislumbra actualmente en Chile.

La resignación ante el status quo también conduce a otro resultado: la estabilización conservadora de gobiernos centroizquerdistas, que se verifica en Brasil. Esta administración desenvuelve una política exterior más autónoma, pero es completamente ajena al nacionalismo popular, que históricamente combinó en América Latina acciones antiimperialistas, mejoras sociales y fuerte participación de las masas.

Ciertos autores no registran ningún inconveniente serio en la “buena administración del capitalismo” que desenvuelve Lula. Consideran que este manejo motiva el despechado resentimiento de la derecha, en un marco de bajo nivel de conciencia de los oprimidos[35].

Pero una acertada gestión del capitalismo solo es auspiciosa para los poderosos y genera invariables tormentos para los trabajadores. Los asalariados no generan los padecimientos que soportan, ni son culpables de sus elecciones políticas. Esta responsabilidad recae sobre los dirigentes, funcionarios e ideólogos, que justifican la perpetuación de la dominación burguesa, atraídos por las rencillas políticas del momento. Ciertamente Lula proviene del campo popular y sus adversarios actuales del riñón de la burguesía, pero también Obama se forjó en la adversidad racial y ahora sostiene sin ningún remordimiento al estado imperial.

Ciertos analistas suelen presentar el curso centroizquierdista sudamericano como un beneficio internacional para los gobiernos radicales de Venezuela, Bolivia o Ecuador. Pero olvidan que las alianzas diplomáticas establecidas por los presidentes “progresistas” con estas administraciones apuntan a reforzar negocios de distintos grupos dominantes y a bloquear la radicalización de los procesos más avanzados de la región. En lugar de favorecer rupturas anticapitalistas apuntalan a las “boliburguesías” de cada país.

En el pasado, esta estrategia era justificada como un desvío necesario para arribar al socialismo por un camino de etapas prolongadas. Pero en la actualidad este argumento sólo aparece en forma ocasional, ya que se ha tornado intuitivamente insostenible. Salta a la vista que la promoción neodesarrollista del capitalismo, no guarda ninguna relación con la construcción de una sociedad igualitaria.

La aprobación acrítica de los gobiernos de centroizquierda frecuentemente suscita en la región, reacciones simétricas de cuestionamiento ciego a todas las administraciones, cómo si fueran equivalentes. En estos casos se objeta la política de Lula o Kirchner, con el mismo parámetro que se enjuicia a Chávez, Evo o Correa. Todos los mandatarios quedan ubicados en un mismo campo burgués, al ser denunciados cómo variantes de este sistema de dominación.

Esta visión es claramente dogmática. Ignora las diferencias cualitativas que separan un ensayo reformista de la simple perpetuación del orden vigente. Tampoco registra la importancia de las confrontaciones que oponen a los gobiernos radicales con el imperialismo. Este tipo de choque ha sido históricamente el motor de los procesos revolucionarios en América Latina. Desconocer esta dinámica conduce al aislamiento, la impotencia y la incapacidad para fusionar la acción militante con la experiencia de las masas, para desenvolver la conciencia socialista.

Las posturas dogmáticas son estériles, ya que desvalorizan las mediaciones requeridas para lograr el objetivo socialista. En los casos más extremos se alinean con la derecha por simple repetición de los argumentos elitistas o por abstención ante las confrontaciones en juego. Un ejemplo de este neutralismo son las posturas de neutralidad en las batallas electorales contra la oligarquía de Venezuela, Ecuador o Bolivia.

Las reelecciones presidenciales –que han estado a veces en el centro de estas confrontaciones– han sido habitualmente cuestionadas con los mismos argumentos de derecha liberal. Se objeta la prorroga de los mandatos, cómo si fuera un principio constitucional intocable y de mayor gravitación que la participación popular en un choque con las fuerzas reaccionarias[36].

Una reformulación socialista

Es importante diferenciar a los gobiernos radicales y de centroizquierda para trazar estrategias de construcción de un proyecto socialista. La distinción permite motorizar políticas de radicalización, igualmente opuestas a la resignación y al sectarismo. Al reconocer los rasgos progresivos que singularizan a los gobiernos reformistas se puede batallar por un rumbo de ruptura con el capitalismo, a partir de la acción independiente de los movimientos sociales.

Esta estrategia implica alentar medidas de protección a los pueblos y sanción a los poderosos, para evitar que los desbarajustes provocados por el capitalismo sean solventados por las víctimas de este sistema. Estas acciones incluyen iniciativas que impidan los despidos, garanticen los ingresos mínimos y refuercen los gastos sociales. Son iniciativas que apuntan a la nacionalización efectiva de los sistemas financieros, la revisión del pago de las deudas públicas y la recuperación efectiva del control de los recursos naturales.

Lo importante es convertir las definiciones formales de las nuevas constituciones, en hechos palpables de la vida cotidiana. Un paso en esta dirección podría ser la proyección de esos logros a escala regional, mediante la conformación de un parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal y surgido de la acción popular.

La convergencia popular que debe construirse al servicio de las mayorías es muy distinta a los programas de integración financiera o comercial, que promueven las clases dominantes. El embrión actual de la primera meta es el ALBA, actuando en coordinación con distintos movimientos sociales. Esta entidad podría convertirse en la referencia zonal de una batalla antiimperialista, en contraposición al afianzamiento del status quo, que prevalece en los encuentros de UNASUR.

Algunos críticos cuestionan esta estrategia, considerando que es inviable cualquier acción que supere al neodesarrollismo propiciado por el MERCOSUR[37]. Pero la experiencia regional ha demostrado una y otra vez, cuán paralizante es ese conformismo para el logro de los anhelos populares. Incluso para alcanzar reformas sociales básicas hay que bregar por una sociedad igualitaria. Sólo una perspectiva de transformaciones radicales genera temor entre los poderosos y consiguientes logros sociales.

La política de radicalización es a veces descalificada por los críticos de la “mitología militante” y de las “utopías sentimentales”[38]. Estas objeciones reproducen el escepticismo estéril que ganó terreno durante el auge del neoliberalismo. Es una postura que actualmente choca con los ideales de lucha social recuperados por la juventud. En general, el espíritu descreído pierde encanto cuándo reaparece la resistencia popular. En esas circunstancias se verifica que la burla y cinismo sólo encubre resignación frente a la opresión.

El resurgimiento de la esperanza transformadora es el dato clave de la realidad latinoamericana. Esa expectativa explica el lugar central que ocupó la región en la batalla contra el neoliberalismo durante la última década. Es un estado de ánimo colectivo, que podría evolucionar hacia un liderazgo de proyectos anticapitalistas. El pilar subyacente de este impulso es la tradición de convergencia del nacionalismo revolucionario con el socialismo, que se forjó a partir de la revolución cubana

Este acervo determina, también, una incidencia directa de los desenlaces actuales sobre el futuro de Cuba. El giro político de la región puso fin al duro aislamiento que sufrió la isla durante los años 90, pero ha puesto en discusión dos alternativas totalmente opuestas para los próximos años.

Los defensores del regionalismo capitalista proclaman abiertamente que Cuba debe sumarse a este eje, renunciado al anhelo de gestar una sociedad comunista. En el polo opuesto se ubica el variado espectro de partidarios de la revolución, que reivindican su vigencia y promueven caminos de profundización, democratización y renovación socialista[39].

La batalla entre estos dos cursos antagónicos es una problemática latinoamericana y no sólo cubana. Es evidente que el avance o fracaso de los proyectos radicales en el conjunto del continente contribuirá a inclinar la balanza, a favor de uno u otro bando dentro de la isla.

La respuesta positiva a este conflicto es la recreación de un proyecto socialista a escala regional, que se adapte a los cambios del siglo XXI. La crisis global ha erosionado muchas fantasías sobre las virtudes del capitalismo, pero todavía no se vislumbran los contornos del proyecto alternativo. Hay muchas ideas, pero pocas definiciones sobre los senderos de una transición socialista, que presenta en la actualidad una inédita dimensión ambiental. La necesidad de proteger el planeta de la destructiva corrosión que impone la competencia por el beneficio se ha tornado prioritaria.

Desde el eje del ALBA puede cobrar forma un planteo eco–socialista de alcance global asentado en dos pilares: la denuncia frontal de las raíces capitalistas que presenta la crisis climática actual y las tradiciones regionales de protección de la “madre tierra”. Es un buen momento para encarar este nuevo desafío.