|
Liberan
bajo fianza a dos indígenas; mantendrán la huelga de
hambre en solidaridad
Líderes
sociales se suman al ayuno de 34 mapuches
Por
Enrique Gutiérrez
Corresponsal en Chile
La Jornada, 15/09/10
Santiago,
14 de septiembre. Una decena de dirigentes de organizaciones
sociales, estudiantiles y artistas iniciaron hoy un “ayuno
solidario masivo” por tiempo indefinido en apoyo a la
huelga de hambre que 34 indígenas mapuches mantienen desde
hace 65 días en diversas cárceles del país.
La acción
anunciada por la Coordinación de Familiares de Presos Políticos
Mapuche en Huelga de Hambre coincidió con la petición
formal del gobierno del presidente Sebastián Piñera a la
Iglesia católica para que sirva como mediadora en el
conflicto, labor que estará a cargo del arzobispo de
Concepción, Ricardo Ezzati, quien hoy tuvo una reunión de
trabajo con el ministro secretario general de la
Presidencia, Cristián Larroulet, en el Palacio de la
Moneda.
La demanda
central de los mapuches presos es que sus casos dejen de ser
tratados bajo la justicia militar y la legislación
antiterrorista, lo que implica severas penas por
manifestaciones públicas en demanda del reconocimiento de
sus derechos de propiedad ancestral sobre unos tres millones
de hectáreas, principalmente ubicadas en la región
surcentral conocida como La Araucanía, actualmente en poder
de empresas privadas.
El Senado
comenzó este martes a examinar una iniciativa de reforma a
la Ley de Conductas Terroristas, propuesta por Piñera con
la aparente intención de atenuar los efectos sobre los
mapuches, que en sus protestas han ocupado y dañado
propiedades públicas y privadas, pero sin mayores
consecuencias humanas. El mandatario también anunció
cambios a la justicia militar, pero todavía no se inicia el
debate legislativo al respecto.
El
presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, convocó de
urgencia a los legisladores para analizar la legislación
que fue impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet,
entre 1973 y 1990, pero desde el lunes advirtió que los
proyectos de modificación legales serán insuficientes para
superar el problema, que –según el senador– sólo tendrá
solución con el establecimiento de una mesa de diálogo con
todas las partes involucradas, lo que se había convertido
en una demanda de los indígenas y de legisladores de
centroizquierda.
“Espero
que mi tarea, la de facilitar el diálogo, pueda tener el éxito
que todos esperamos”, dijo Ezzati al salir de la reunión
con el representante presidencial.
“Nosotros
confiamos plenamente en lo que va a hacer en los próximos días”,
dijo Larroulet respecto de la labor del arzobispo.
Aunque Piñera
activó el plan de reforma legal, varios funcionarios del
gobierno han señalado que la huelga de hambre no es
instrumento legítimo en un Estado de derecho y los han
conminado a cancelar la huelga.
Sobre esta
polémica, Rodigo Hinzpeter, ministro del Interior, ofreció
más detalles sobre la reacción del gobierno en una
comparecencia ante el Senado, en Valparaíso.
“Hay
quienes no han dicho que hemos cometido un error porque
estamos reaccionando a una huelga de hambre. Pues bien,
quiero reconocer ante el Senado que estamos reaccionando
ante una huelga de hambre”, manifestó.
“Un
gobierno siempre tiene que estar preparado para responder a
la coyuntura con flexibilidad, apurando los tiempos cuando
sea necesario, retrasándolos también cuando sea necesario,
por un bien superior. (Pero) en lo que estamos reaccionando
es en los tiempos, no en las convicciones”, agregó.
Varios de
los 34 huelguistas han experimentado deterioro físico
irreparable, descompensaciones cardiacas y renales, y pérdida
de hasta 25 kilos de peso, según fuentes médicas.
Las
autoridades judiciales autorizaron hoy la liberación de dos
de los huelguistas, Pablo Conio y Sergio Tralcal, luego que
pagaron una fianza equivalente a dos mil dólares.
Conio y
Tralcal informaron que a pesar de su liberación mantendrán
la huelga de hambre en apoyo al movimiento y señalaron que
la decisión de las autoridades es una prueba más de que la
ley antiterrorista y la justicia militar se aplican de
manera injusta contra su movimiento reivindicatorio.
Los
mapuches presos fueron detenidos, enjuiciados y encarcelados
durante la administración de la socialista Michelle
Bachelet, antecesora de Piñera, en el poder desde el 11 de
marzo. El sábado pasado, una funcionaria del anterior
gobierno, Carolina Tohá, admitió que “no fue buena”
idea aplicar las leyes vigentes desde la época de la
dictadura a los mapuches que participaron en actos de
protesta.
Gran
manifestación exige solución a
las demandas mapuche
Por
Felipe Ramírez Sánchez
elciudadano.cl, 15/09/10
Santiago.–
Más de tres mil personas marcharon en el centro de Santiago
en apoyo de los presos políticos mapuche que cumplieron 66
días en huelga de hambre. El vocero de las organizaciones
mapuche de Santiago realizó duras críticas a la Concertación
y al gobierno de Sebastián Piñera y llamó a continuar las
movilizaciones en apoyo a los huelguistas.
Alrededor
de las siete de la tarde se reunieron en las afueras de la
iglesia San Francisco un grupo de dirigentes universitarios,
mapuche y fieles católicos que se encuentran realizando un
ayuno solidario con los presos políticos mapuche junto a un
grupo de sacerdotes y fieles católicos. Luego de algunas
palabras de apoyo a las afueras de la iglesia, todos juntos
se dirigieron a la esquina de Ahumada con Alameda, en donde
una gran multitud esperaba para iniciar una marcha hacia la
Plaza de Armas.
La marcha
se dirigió hacia la plaza de Armas en completa calma
exigiendo la liberación de los presos políticos mapuche y
la generación de una mesa de diálogo sin condiciones, así
como el fin de la ley antiterrorista. Hubo también quienes
además plantearon la liberación de los detenidos en el
marco del llamado “caso bombas”. Entre los participantes
de la marcha se encontraban grupos de indígenas aymaras,
barristas de Universidad de Chile y Colo Colo, dirigentes de
los funcionarios públicos, grupos libertarios, estudiantes
universitarios, diferentes partidos políticos de izquierda,
grupos de fieles católicos y de minorías sexuales, entre
otros.
Juan Núñez,
de la “Juventud Vida Religiosa”, afirmó que ellos se
sumaron “a este ayuno solidario acompañando las gestiones
que hace la iglesia pero también acompañando las familias
que no han tenido voz y lo que proponemos es buscar el diálogo”.
Por su parte Julio Sarmiento, presidente de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile declaró que se
debe “resolver a largo plazo el reconocimiento a la nación
mapuche en la legislación y se dé un espacio institucional
reconociéndolos como un pueblo”.
Ya en la
plaza de Armas y luego de dos horas de caminata, el
sacerdote Francisco Belec de la Pastoral Mapuche de
Santiago, afirmó que como cristianos “sentimos que es
importante apoyar una lucha contra una justicia falsa como
la militar” y que tal como “Jesucristo arriesgó su vida
por la salvación de su pueblo, los huelguistas arriesgan la
suya por su pueblo”, por lo que se quisieron sumar a su
lucha.
Por su
parte Manuel Chocori, vocero de la Coordinadora de
Organizaciones Autónomas de Santiago (Cooams), instancia
convocante de las actividades, criticó que la Concertación
intentara “rasgar vestiduras” cuando los gobiernos de
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet habían sido responsables
de la muerte de Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza
Collío. Además, dijo que “la mancha negra de este
bicentenario la está escribiendo el señor Piñera cuando
muestra nula voluntad política para solucionar el
conflicto” con las comunidades mapuche.
En esa
misma línea, afirmó que “la historia de la nación
mapuche la escriben los weichafe que están en huelga de
hambre y la verdadera historia de la sociedad chilena la
escriben los trabajadores y los estudiantes que salen a las
calles”.
Finalmente
declaró que las movilizaciones continuarían junto a los
dirigentes de la Confederacion de Estudiantes de Chile (Confech)
que se encuentran en ayuno y junto a otros sectores que
“han entendido que la ley antiterrorista es una ley que
cruza a todos los movimientos sociales”.
Tres
comuneros inician huelga de hambre
en apoyo a presos mapuches
Prensa
Indigena RNV, 17/09/10
Se pretendía
que la huelga de hambre se realizara en la Catedral de
Valdivia, sin embargo, la Iglesia Católica se opuso a que
las instalaciones fueran utilizadas para esta causa debido a
que lo consideraron contradictorio, por la misión de
mediador que se le entregó al arzobispo de Concepción,
monseñor Ricardo Ezzati.
"Sería
contraproducente para nosotros mismos por un lado aceptar
una huelga dentro de un templo y por otro lado estar con
monseñor Ezzati haciendo este trabajo, yo creo que sería
estar jugando con un doble estándar", sostuvo a Radio
Bío Bío Ignacio Ducasse, obispo de la diócesis de
Valdivia.
El vocero
de los huelguistas, Jorge Weke aseguró a la radioemisora
que fueron recibidos por la Iglesia Católica, pero que ésta
dio sus razones para no aceptar la utilización del templo.
Finalmente la huelga de los tres comuneros se está
realizando en la Plaza de La República. El arzobispo de
Concepción, Ricardo Ezzati intervendrá como mediador entre
los mapuche en huelga de hambre contra la ley antiterrorista
y el gobierno, según anunció el ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter en el inicio de la semana clave de los
festejos del bicentenario. “Nada que celebrar”, advertían
desde hace un año los mapuche, pero la consigna se encarnó
en 34 comuneros mapuche –dos de ellos menores– en estado
crítico en cárceles y hospitales de Concepción, Temuco,
Lebu, Angol y Valdivia. El gobierno presentó a Ezzati a 64
días del inicio de la huelga de hambre y a horas del
ofrecimiento del argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel
de la Paz, de mediar, valorado positivamente por María
Tralcal, vocera de los presos políticos mapuche en huelga
de hambre.
Hace ya
semanas los huelguistas habían solicitado a Monseñor
Ezzati su intervención pero la vocera Natividad Llanquileo
mantiene la cautela. Están en marcha ayunos solidarios
masivos en la FECH y jornadas de movilización a nivel
nacional e internacional programadas para los días miércoles,
así como acciones de protesta en el país mapuche.
Desde
Argentina llegó una delegación de “Pueblos
Originarios” junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de
Mayo – Línea Fundadora, y Osvaldo Bayer, a apoyar las
demandas mapuche. Diputados del Parlamento europeo
demandaron al gobierno de Chile ”no aplicar el sistema de
los dobles juicios simultáneos ante tribunales civiles y
militares, y por lo tanto no aplicar la llamada Ley
Antiterrorista a los Mapuches detenidos en actos de protesta
social; y reformar a fondo el Código de Justicia
Militar”. Todo apunta a empujar al gobierno a la mesa de
diálogo ya concordada entre los presidentes del Senado y la
Cámara de Diputados– Jorge Pizarro y Alejandra Sepúlveda
– y los voceros. Dos de estos, el lonko de Temucuicui, Víctor
Queipul, y María Tralcal, se trasladaron a la capital como
invitados de piedra a los festejos, para intervenir en las
gestiones de diálogo.
Según las
voceras María Tralcal, y Natividad Llanquileo, los
comuneros mantienen firme su decisión de lucha en todos los
penales y se mantienen estables dentro de la debilidad
propia de más de 65 días en huelga de hambre. Pero en
Angol dos comuneros, Felipe Huenchullan y Fernando Millacheo,
permanecen en el Hospital de Victoria en delicado estado de
salud. En Valdivia el estudiante mapuche Andrés Coña ha
recibido visitas solidarias de los Lonko Francisco Huichaman
Tripayante, y Efrain Cheuquefilo Paillalef de esa zona. En
la cárcel de menores de Cholchol, los adolescentes Luis
Marileo Cariqueo y José Ñirripil Pérez reportan que a 12
días de huelga de hambre su peso ha disminuido entre 6 y 7
kilos, “y según informes médicos, pérdida de masa
muscular y principios de arritmia cardiaca, por lo mismo en
cualquier momento seremos trasladados a centros médicos”.
El
despertar de la solidaridad ciudadana, la resonancia de la
huelga a nivel internacional y en organismos de derechos
humanos, las manifestaciones en capitales de países de
Europa y América Latina en apoyo a las demandas de los
huelguistas finalmente rompieron el prolongado cerco
informativo sobre la huelga de hambre.
Una masiva
movilización llevaron a cabo los historiadores desde el
Archivo Nacional en Santiago, “para detener el accionar
represivo del Estado en el sur de Chile y reconocer el legítimo
derecho de los pueblos originarios a la restitución de sus
tierras usurpadas y a su autonomía social y política”.
Cientistas sociales y académicos de cuatro universidades
del sur de Chile plantearon que “una situación histórica
tan compleja… no puede intentar resolverse por medio del
uso de instrumentos jurídicos como la ley antiterrorista,
que no son adecuadas ni para la sociedad chilena ni para las
demandas de los pueblos indígenas”.
Asimismo se
constituyó en Santiago un Frente Amplio de Apoyo a la
huelga con intelectuales, estudiantes y artistas. Frente a
las distintas cárceles los familiares han levantado
campamentos o ramadas y realizan rogativas. Ello en vista de
que el Presidente se negaba al diálogo pese a la petición
formal de la Conferencia Episcopal de los obispos Católicos
y de la Iglesia Evangélica en el Tedeum del 11 en su cara,
y desechaba también el planteamiento del presidente del
Senado, hasta el inicio de la semana del 18.
Además,
once familiares de presos fueron detenidos por desórdenes
en incidentes que tuvieron lugar el once de septiembre en el
Hospital Regional de Concepción. La señora Emilia Pilquimán,
madre de los hermanos Llanquileo en huelga de hambre,
golpeada en la cabeza por carabineros, resultó con lesiones
de mediana gravedad. Los detenidos, entre ellos los voceros,
arrestados en la calle, fueron formalizados y liberados.
Natividad Llanquileo, vocera de los presos de Concepción
informó que dos de los huelguistas trasladados al hospital
para la realización de exámenes, retornarán a la cárcel
de El Manzano tras una evaluación positiva de su estado de
salud.
No
al agente encubierto
Desde la cárcel
de Temuco, los 13 huelguistas rechazaron en declaración pública
el proyecto que se votaría en el Congreso, en respuesta a
“la presión de la derecha económica para fortalecer al
estado policial en contra de los movimientos sociales, y en
especial del movimiento mapuche.” Consideran que las
propuestas de mantener a los testigos sin rostro e
incorporar la figura del “agente encubierto” legalizarán
la infiltración en las comunidades mapuche y sus
organizaciones. Resaltan que el concepto de incendio
terrorista se mantiene. Agregan que “cualquier acto que
hagamos dentro del marco de nuestra lucha es calificado de
terrorista, así, nuestra huelga también debería serlo,
pues según el artículo 1 de esta ley, sería ‘un delito
cometido para arrancar resoluciones a la autoridad, e
imponerle exigencias”.
Rodrigo
Curipan, vocero de los 10 huelguistas de la cárcel de Angol
señala: “Estamos disgustados porque nosotros pusimos el
tema de la ley antiterrorista y sin embargo el gobierno
pretende modificar la ley y una vez más, no podemos opinar
nada. A nosotros nadie nos ha comunicado formalmente cuáles
son los cambios que se harían.”
Los
familiares de los presos políticos de Concepción
declararon que “el gobierno ha desviado la atención de
las demandas centrales de la huelga de hambre: la no
aplicación de la ley antiterrorista y la justicia
militar” y repudiaron el fallo de la Corte de Apelaciones
de Concepción.
Corte
contra el debido proceso
Cumplidos
ya más de dos meses de huelga, los procesos judiciales se
encuentran postergados ya que en Temuco, el comunero Pedro
Cheuque se desmayó en plena audiencia y debió ser
hospitalizado. La Corte de Apelaciones de Concepción, por
otra parte, disipó el viernes 10 las esperanzas de una señal
positiva. En fallo unánime reinstaló a 36 testigos
protegidos sacados del juicio en Cañete, revocando el fallo
del juez John Landeros a favor del debido proceso. La decisión
adoptada por los ministros Eliseo Araya y Freddy Vásquez y
la abogada integrante Gabriela Lanata, sólo cautela la
seguridad de los testigos protegidos ignorando los derechos
de los acusados. La práctica del uso de la tortura para
reclutar testigos no conmovió a esta corte.
Testigo
made in puente Lanalhue
Los hechos
de tortura en que un menor fue colgado de un puente para
obligarlo a atestiguar, fueron denunciados ante la Corte de
Apelaciones de Concepción por los abogados de la defensa
mapuche en el alegato de apoyo a la exclusión de 36
testigos protegidos. Punto Final tuvo acceso a la declaración
jurada del testigo protegido, menor Rodrigo Viluñir Calbul,
realizada el 19 de febrero de 2010 ante Marcel Mathieu
Pommiez, notario conservador de Cañete. El relata que tras
haber sido colgando del puente Lanalhue y amenazado de
muerte, firmó sin leer una declaración redactada por la
policía. Rodrigo tenía 17 años a esa fecha, por lo que su
padre –que falleció posteriormente– lo acompañó
cuando fue detenido y llevado a firmar.
El y su
hermano José Viluñir Cabul figuran como testigos
protegidos en el proceso contra Eduardo César Painemil Peña
(27 años) del sector Huentelolén, Cañete. Painemil es uno
de los 3 mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Lebu,
acusado de 3 incendios “terroristas” y de asociación ilícita
“terrorista”. El fiscal pide para él más de 20 años
de prisión. Viluñir implicó también a los comuneros
Marco Millanao, en huelga de hambre en Temuco (70 años de
prisión); y a Juan Carlos Millanao y Simón Millas.
En la
declaración jurada, Rodrigo Viluñir señala que los hechos
ocurrieron el mediodía del corte de ruta del camino Cañete–Tirúa,
en mayo de 2009. Lo detuvieron y lo subieron en una
camioneta roja, y a su padre en una blanca. En el puente
Lanalhue, lo bajaron dos policías “y me colgaron de los
brazos desde el puente, me apuntaron con una escopeta y me
decían “dime la verdad o te vamos a matar conchetumadre.
Después de un rato que me tenían colgado desde el puente,
yo me puse a llorar y me subieron. De nuevo me apuntaron con
la escopeta y me dijeron que dijera la verdad de lo que yo
sabía y yo les dije que no sabía nada. ”
Fue llevado
posteriormente a la comisaría de Cañete donde dio su
nombre, y otra persona también lo amenazó. Agrega: “yo
les contesté que no sabía nada y me dijeron ‘invéntate
una huevá conchetumadre”. También le preguntaban si tenían
armas. Alrededor de las 9 de la noche le pusieron una hoja
que firmó sin leer. Luego se reunió con su padre y tomaron
el último micro a Tirúa. Declara que vio al fiscal (Andrés
Cruz) dos veces, la primera vez cuando “ratifiqué la
primera declaración sin leerla y la segunda, hace un mes
atrás en Talcahuano.” El fiscal le dijo que tenía que
firmar porque si no lo hacía, se iba a ir preso y otros
iban a salir libres.
La
declaración jurada concluye: “Cuento esto a la directiva
de mi comunidad Caupolicán porque quiero que se sepa la
verdad de lo que pasa y porque confío en ellos para hacer
las cosas bien. En esta ocasión mi papá don Jose Viluñir
Millapi no me acompaña debido a que se encuentra internado
en el hospital de Cañete en delicado estado de salud. Junto
con mi hermano José nos acercamos a la directiva de la
comunidad de manera voluntaria.” Firman la declaración
Patricio Cona Millanao presidente de la comunidad Caupolicán;
David Claudio Santi, secretario; José Sebastián Santi Cona,
Tesorero; y Agustin Santi Millapi, consejero.
La
directiva de la Comunidad Caupolicán, también avaló una
declaración similar de José Abraham Viluñir Calbul, run
18.671.469–5 en Cañete, en la misma notaría, el 19 de
febrero de 2010. Relata que dos camionetas llegaron a su
casa después de la detención de su hermano para que fuera
a declarar a Cañete. “Me decían que Rodrigo ya había
contado todo, estaba en la pieza de al lado y que tenía que
hablar o si no me iba veinte años presos y los cabros iban
a salir libres. Yo contesté que no tenía idea de nada.
Firme un papel, pedí leerlo y no me dejaron. Al fiscal lo
vi cuando viajamos a Talcahuano hace un mes aproximadamente,
con mi hermano y papá. En ese momento firme una ratificación
y tampoco leí lo que decía.”
Concluye la
declaración jurada afirmando “quiero que me ayuden a
salir de esto y que se sepa la verdad.”
Un
suicidio en Puerto Choque
Richard Ñegüey,
el más joven de los procesados en Cañete por ley
antiterrorista, de 19 años, se ahorcó el mes pasado, sólo
tres días después de la apertura del juicio oral en que
estaba imputado, al igual que su padre. Había permanecido
largos meses en la Cárcel de Lebu, en condiciones extremas
de encierro –sin patio ni luz– pero estaba libre, con
medidas cautelares, cuando se suicidó. Su caso es parte de
las dramáticas consecuencias de la ley antiterrorista en la
vida de las comunidades.
La ley
antiterrorista permite utilizar como prueba válida las
declaraciones de testigos protegidos, cuya identidad es
desconocida por la defensa junto a las declaraciones, sólo
reveladas al inicio del juicio, obstaculizando el debido
proceso. La huelga de hambre demanda la no aplicación de
esta ley antiterrorista por delitos contra la propiedad,
relacionados con la recuperación de tierras ancestrales.
|
