Uruguay

Paro general

Un manoseo burocrático de los aparatos sindicales

Colectivo Militante, 23/09/10

Recién el martes 28 sabremos cómo se hace. Y si se hace. La resolución de la Mesa Representativa del PIT–CNT (8–9–2010) de realizar un Paro General de 24 horas el 6/7 de octubre entró, por decir lo menos, en un “impasse”. Solamente alguien muy distraído – o ignorante del funcionamiento cupular y antidemocrático de la central sindical –, podría sorprenderse por esta vuelta de tuerca.

El bloque mayoritario del PIT–CNT, esto es, el brazo sindical del partido de gobierno, decidió barajar y dar de nuevo. Las afinidades políticas, programáticas y estratégicas – en torno del “proyecto progresista” presidido por “el compañero Mujica” –, inclinaron la balanza por encima de las diferencias “metodológicas”. Porque en lo esencial coinciden. De allí que las corrientes que hegemonizan la dirección de la central sindical (Articulación, Partido Comunista, Partido Socialista, Movimiento de Participación Popular) hayan decidido volver a las componendas. Poniendo fin al simulacro.

Atenuada la “crisis por crecimiento” en aras de la “unidad” (frenteamplista), este bloque afina la puntería. Centra la discusión en dos opciones: mantener el paro de 24 horas o cambiarlo por uno de 12 horas. Para ambos casos esgrimen el mismo argumento: “garantizar la más amplia movilización”, porque – según la mayoría de Secretariado del PIT–CNT – esto no se logra “con un feriado a secas”. Por una vez dicen la verdad, porque siempre concibieron la medida de Paro General como un “feriado” y no como una jornada de lucha activa. Hasta el “combativo” Marcelo Abdala – referente del Partido Comunista y votante del Paro General en la Mesa Representativa del 8 de setiembre – se ha manifestado a favor de la segunda opción “si la idea es priorizar la movilización”. (Últimas Noticias, 22–9–10) La coartada, para justificar la voltereta, provino de las críticas de varios sindicatos respecto al horario del paro y a las “dificultades para instrumentarlo”. El asunto le calzó justo al bloque mayoritario para “reabrir la discusión” sobre la “efectividad” de los paros generales.

Lo cierto, en todo caso, es que en esta puja burocrática, la medida del Paro General como instrumento de lucha de los trabajadores, ha sido manoseada (y desacreditada) por los aparatos sindicales que responden al gobierno. Con ello, se busca desactivar la incipiente reacción – defensiva y fragmentada – de los trabajadores sindicalizados, expresada en innumerables conflictos, huelgas, ocupaciones, marchas, etc.

Una vez más, queda en evidencia el verdadero rol de estas estructuras sindicales burocráticas. Su asociación al “proyecto progresista” – que asegura la reproducción del orden capitalista –, le impone como moneda de cambio, una estrategia desorganizadora de las movilizaciones y de las luchas. El objetivo de este bloque mayoritario está muy claro: impedir la extensión y, eventualmente, la radicalización de la protesta y la resistencia social. Y, sobre todo, desestimular cualquier movimiento “en contra del gobierno”. Para ello, no descartará ningún medio, ni siquiera los directamente gansteriles. Alcanzaría con preguntarles a las compañeras de Rilloman en Salto.

Esto nos conduce a una cuestión que, de tanto en tanto, se cruza bajo la forma discusión “táctica”. Los matices y hasta las zancadillas que se dan en el bloque mayoritario no deben confundirse con divergencias estratégicas. Los contrastes de color nunca ponen en tela de juicio los acuerdos políticos de fondo. Es en este marco, que los falaces “giros a la izquierda”, del Partido Comunista algunas veces, del MPP otras veces, nada tiene que ver con una hipotética ruptura de los compromisos programáticos e institucionales asumidos. Porque este bloque mayoritario es parte integral del “proyecto progresista”.

Para Richard Reed, sindicalista–empresario de la Articulación, “en el PIT–CNT es el único donde se discute en profundidad”. (El País, 19–910). Una payasada. Porque en toda esta discusión, las bases no han tenido ninguna participación activa. Como mucho, los casi 300.000 afiliados al PIT–CNT, deben conformarse con sentirse “representados” por sus delegados. O enterarse a través de la prensa sobre dichos y polémicas de sus dirigentes. Salvo contadísimas excepciones, no hay asambleas por centros de trabajo, ni discusión política, ni propuestas de vincular la lucha del “movimiento obrero organizado” con las necesidades del conjunto de los asalariados, de los desempleados, de los precarizados.

Apenas el esfuerzo de la “Carpa de la Dignidad” – que apoyan algunos sindicatos y centros estudiantiles – intenta romper con esta fragmentación. Socializando la información, promoviendo el debate militante y generando una discusión política sobre los principales problemas que afectan a la clase trabajadora. Por ejemplo: explicando la “austeridad presupuestaria” y su relación con el pago de la fraudulenta deuda externa pública; analizando la tramposa “reforma del Estado” que el gobierno empieza a aplicar; denunciando la impunidad del terrorismo de Estado.

¿Cuál “redistribución de la riqueza”?

En medio de las idas y venidas, el encargado de prensa del PIT–CNT, Gustavo Signorele, anunció que el paro parcial del 30 de setiembre se mantiene tal cual estaba previsto. Que será una instancia “preparatoria” del Paro General, acompañada de 20 o 30 concentraciones en todo Montevideo. El anuncio podría entusiasmar. Si no proviniera de un burócrata. Y si omitiéramos que, a continuación, adelanta la consigna del Paro General: “la redistribución de la riqueza”, relacionada a “la instalación de los consejos de salarios y con el presupuesto para los trabajadores públicos”. (Montevideo Portal, 22–9–10)

Casi seis años después de la llegada del Frente Amplio al gobierno, su brazo sindical reclama “la redistribución de la riqueza”. Una vergüenza. Mucho peor, si consideramos que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), entre 2005–2009 (55% acumulado) permitía por lo menos comenzar a “redistribuir la riqueza”, vale decir, repartir en dirección de los asalariados y asalariadas. No obstante, casi el 50% de ese PBI acumulado fue a parar a los bolsillos de las “rentas de capital”. O sea: hacer más ricos a los ricos. Ensanchando la brecha de la desigualdad social. Al punto que la participación de la masa salarial en el conjunto del PBI sigue en caída libre y se ubica hoy en apenas un 24%.

El propio Instituto Cuesta–Duarte del PIT–CNT da cuenta que más de 620.000 trabajadores (de un total de 1.557.200 ocupados), “perciben remuneraciones mensuales por debajo de los 9.600 pesos nominales”, y que “más de 485.000 no aportan ni tienen derecho a la seguridad social, lo que implica que carecerán de derecho a una jubilación al momento de su retiro, no poseen cobertura integral de salud para ellos y su núcleo familiar, y en su mayoría no tienen protección ante la posibilidad de enfermarse o padecer un accidente”. (Informe de Coyuntura, segundo semestre de 2010).

Mientras el gobierno y las empresas “consultoras” de los patrones, se ufanan de un “mercado laboral creciente” que explicaría la caída del desempleo a “cifras históricas” (8%), y resaltan las virtudes de la inversión privada, otros indicadores desentrañan la cruda realidad. El salario mensual de más de la mitad de los 250.000 nuevos puestos de trabajo creados en los últimos cinco años y medio, no supera los ¡6.600 pesos! El desempleo juvenil (personas menores de 25 años) alcanza el 25%; y entre las mujeres supera el 11%.

Ni siquiera la tan publicitada “disminución de la pobreza y la indigencia”, puede cubrir el manto de una crisis socio–económica aplastante. Lo describe la propia CEPAL, cuando informa que “por cada adulto hay tres niños en la pobreza”. Presentando a Uruguay como “uno de los países donde el fenómeno de la pobreza entre los menores de 15 años está más arraigado con mayor gravedad”. (CEPAL, Panorama Social de América Latina 2009). ¿Alguien puede pensar que con estas cifras no se siga reproduciendo el “flagelo” de los “jóvenes infractores”?

Se podría seguir dando números. Hasta completar una completa tomografía de cómo la crisis socio–económica golpea sobre las condiciones de vida de cientos de miles de personas. Empujándolas hacia los barrios de “contexto crítico”, recluyéndolas en las periferias de la marginación. Bastaría con mencionar el último relevamiento sobre “asentamientos irregulares”: el número de personas que viven en esta situación llegó a 255.958, “lo que es una señal de la consolidación de la pobreza”. (Ong “Un Techo para mi país”, julio 2010).

¡Seis años después! Todo un balance de gestión. Tanto del gobierno, como de aquellos que se dicen “representantes” de los intereses y las necesidades de la clase trabajadora. Las condiciones de vida de la mayoría de esa clase trabajadora prueban – más allá de las piruetas estadísticas – que la gestión gubernamental de neo–estalinistas, socialdemócratas, y ex guerrilleros (hoy reciclados como funcionarios de Estado), no ha hecho otra cosa que garantizar la acumulación de capital en detrimento del ingreso de los asalariados y asalariadas. Dicho de otra manera: que el “modelo progresista” nada tiene de distributivo.

Plataforma de lucha

El bloque mayoritario del Secretariado del PIT–CNT no ha descartado la realización del Paro General de 24 horas. Medirá costos y ganancias. La presión de una parte de su base social, será puesta en uno de los platillos de la balanza. Sus intereses específicos (políticos y materiales) como capa social, en el otro platillo. En última instancia, el cómo se hace el Paro General, que se proclama y que se demanda, es parte de la negociación. Por lo pronto, las “discretas presiones” de los operadores de Mujica surtieron efecto, igual que las promesas por debajo de la mesa. La mayoría del Secretariado del PIT–CNT asegura una cuestión clave: que los paros y movilizaciones, sea cual fuere la modalidad con que realicen, no serán “contra el gobierno”.

Algunos dirigentes de COFE y ADEOM, impulsores entre otros sindicatos de la resolución del Paro General de 24 horas, parecen adaptarse a esta lógica: “no es contra el gobierno sino por la plataforma”, han dicho. Una plataforma que, hasta el momento, no está definida, fuera de las demandas sectoriales, especialmente de los públicos. Si finalmente, la consigna del Paro General se reduce a la inocua “redistribución de la riqueza”, el brazo sindical del gobierno se habrá anotado un punto a favor. Además de pasar a controlar la realización de la medida y de garantizar con sus “métodos”, las movilizaciones programadas.

El desafío para el sindicalismo de clase, combativo, va mucho más que un discurso “radical” o una diferenciación “metodológica. Es necesaria una delimitación estratégica y, por consiguiente, programática. Lo que quiere decir construir una verdadera alternativa de dirección clasista en el triple sentido del término: antiburocrática, antigubernamental y anticapitalista. En eso consiste, finalmente, la independencia política y de clase.

Para ello, dos cuestiones deberían estar claras. 1) Ninguna ilusión en el “frente único” con fuerzas que se colocan, como el Partido Comunista, en el campo del “gobierno en disputa” (algo así como que existiría una “contradicción” entre las políticas sociales “protectoras” y las políticas macro–económicas “conservadoras”). Estas fuerzas “criticas”, defienden, al igual que la “derecha” del Frente Amplio, el programa y la estrategia de “gobernabilidad” del orden capitalista; 2) Que no se trata de “democratizar” una estructura burocratizada, como la del PIT–CNT, “ganando espacios” en el marco de la “unidad” de una central que, en los hechos, actúa como una corporación más de las relaciones institucionales del Estado.

En tal sentido, coincidimos con el compañero Fernando Charamello de la Tendencia Clasista y Combativa y militante de la lista 3 del Sindicato de Artes Gráficas cuando afirma que la “unidad” que existe en el movimiento sindical uruguayo es una “ficción”; que “hay un ruptura política entre las corrientes clasistas y la mayoría del PIT–CNT, por el abandono de estos, de la lucha por una sociedad sin explotación”. En este cuadro, “esta ruptura en lo político pone objetivamente en tela de juicio la actual ‘unidad’ orgánica ya que con tales diferencias no hay estructura que aguante y eso trasciende cualquier intención ‘rupturista’ o ‘unitaria`”. (Documento “La unidad. Una herramienta para potenciar la lucha, o un fetiche para aplastarla”).

Las conclusiones parecen desprenderse “lógicamente”. Levantar agrupaciones clasistas, construir coordinaciones permanentes, tomar iniciativas comunes y organizar campañas comunes. Avanzar, en definitiva, en un proceso de disputa de las relaciones de fuerzas en el movimiento sindical, para trascender el eterno (y paralizante) dilema de estar “afuera” o “adentro” de las estructuras actuales.

Estas “tareas”, obligan a desarrollar una práctica de absoluta autonomía respecto a la agenda y a las decisiones que emanan del bloque mayoritario del PIT–CNT.

Un primer paso, sería acordar una plataforma de lucha común para intervenir en este Paro General que se programa, cualquiera sea su modalidad. Discutirla y hacerla visible en los centros de trabajo. Proponiendo una plataforma de demandas en relación a las necesidades sociales básicas y que, realmente, apunten a la “redistribución de la riqueza”. Obviamente, se trata de una plataforma “contra el gobierno” y su programa económico certificado por el FMI y el Banco Mundial. Una plataforma, en fin, que vaya esbozando un Plan de Lucha de mayor alcance.

Por ejemplo: Aumentos de salarios superiores al alza del costo de vida; Congelamiento de precios, alquileres y tarifas públicas; Salario mínimo nacional de 18.000 pesos (equivalente a media canasta familiar); Prohibición de despidos y envíos al seguro de paro; Eliminación del IVA para los productos de la canasta familiar, alquileres y tarifas públicas; Eliminación del IRPF, en contra del impuesto a los salarios y jubilaciones; Aumento del presupuesto de la enseñanza al 6% del PBI; Un impuesto a las ganancias empresariales y las transferencias financieras para destinarlo a la salud pública y a la construcción de viviendas populares; Exigir la Anulación de la Deuda Externa Pública y, mientras tanto, suspender el pago de los intereses y amortizaciones a los “acreedores”, utilizando ese monto colosal de dinero para subvencionar obras de infraestructura y proyectos sociales y culturales.