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A un año de su victoria electoral,
rebelión popular en Punta Arenas,
caída en
la opinión pública
y crisis de gabinete
Piñera en su laberinto
Por Manuel Cabieses
Clarín de Chile, 21/01/11
El 17 de enero se cumplió un año de
la victoria electoral –en segunda vuelta– del presidente
Sebastián Piñera Echenique. El 51,6% que lo apoyó
entonces ha descendido al 45% promedio, según revelan las
últimas encuestas. Nubarrones imprevistos le aguaron la
fiesta. La noche del primer aniversario de su triunfo –que
celebró en el Círculo Español con funcionarios de su
gobierno y dirigentes y parlamentarios de los dos partidos
oficialistas–, el impresionante paro regional de
Magallanes cumplía ya seis días.
A esa misma hora el “rostro” de su
gabinete, Laurence Golborne, prematuro candidato
presidencial de la derecha –se sospecha que el juego
palaciego lo ha metido en una máquina trituradora para
despejar el terreno al verdadero delfín in pectore de Piñera,
Andrés Allamand–, tuvo que ser rescatado por fuerzas
especiales de Carabineros desde los estudios de una emisora,
en Punta Arenas. El atribulado Golborne, ex gerente general
de la cadena de supermercados Jumbo y hoy biministro de
Minería y Energía, tuvo que tragar bilis y aguantar los
insultos y objetos que le arrojaba la multitud indignada por
el alza del precio del gas en Magallanes que el propio
Golborne autorizó, como presidente del directorio de la
Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
El paro en la región de Magallanes,
que afectó a las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y
Porvenir, obligó al gobierno a dialogar con la Asamblea
Ciudadana Magallánica con el dedo en el gatillo de la Ley
de Seguridad del Estado. La protesta en la zona austral
demostró la rebeldía latente en vastos sectores ciudadanos
contra las inhumanas políticas neoliberales que se vienen
aplicando sin misericordia desde la dictadura militar. Este
fue el factor de fondo que obligó al presidente a reajustar
su gabinete.
El mandatario dobló la página de la
cacareada “nueva forma de gobernar” y echó mano a los
procedimientos tradicionales y probados que ofrecen zorros
de la política como los ex senadores Allamand y Evelyn
Matthei, o los frutos artificiales de la publicidad, como
Golborne. El reajuste ministerial –es de presumir que
pronto habrá otros– lo desencadenó el ex
democratacristiano Jaime Ravinet, que desde la cartera de
Defensa hizo enrojecer de vergüenza al gobierno. Lo suyo
partió con una pachotada sobre el costo de un puente
mecano, que en realidad ocultaba un oscuro asunto de
licitaciones y compras del ejército en que se adivina el
perfil de las tradicionales comisiones que acompañan las
adquisiciones castrenses. Ravinet extremó la maniobra
distractiva sugiriendo que revelar el costo del puente
–con un sobreprecio de dos millones de dólares– afectaría
la seguridad nacional y provocaría tal disgusto al ejército,
que éste se restaría de cooperar en catástrofes como el
terremoto–maremoto del 27 de febrero de 2010.
Pero no sólo fueron las estúpidas
declaraciones de Ravinet las que desataron la tormenta que
terminó con su salida del gabinete. Lo peor aún no asomaba
en la fortaleza de la Contraloría General de la República.
Y cuando lo hizo, sonó como un cañonazo. Se reveló que el
general Cristián Le Dantec, jefe del estado mayor conjunto
de las FF. AA. (designado en ese cargo por la presidenta
Bachelet), andaba en trámites para que el Estado le
comprara una residencia por valor de un millón de dólares.
En un país donde miles de familias viven en mediaguas que
cuestan 250 mil pesos, las aspiraciones de Le Dantec
superaban a las de un príncipe saudita. La compra del
palacete fue aprobada –según Le Dantec– por el ex
ministro Ravinet y por el comandante en jefe del ejército,
general Juan Miguel Fuente–Alba. Después de las renuncias
de Ravinet y Le Dantec, la situación de Fuente–Alba no
puede ser más incómoda y comprometida, esperándose que
siga el camino de los anteriores.
Pero allí no terminaron los morterazos
de la Contraloría. Otra investigación puso al descubierto
un negocio de 9,5 millones de dólares con containers
destinados a viviendas de fuerzas militares de un
contingente chileno–argentino. En resumen, el affaire
Ravinet–Le Dantec puso otra vez al ejército en el
vergonzoso lugar al que lo llevó la desenfrenada codicia de
Pinochet y sus generales. Y todo esto sucede bajo un
gobierno de las mismas fuerzas políticas que apoyaron al
dictador y ocultaron sus crímenes y latrocinios. De paso se
dio a conocer que ex agentes de la CNI fueron contratados
por el subsecretario de Defensa, general (r) Oscar Izurieta,
ex comandante en jefe del ejército. Aunque éste recibió
una crítica muy clara desde La Moneda, todavía se aferra
con dientes y muelas a su cargo.
El presidente Piñera, que insiste en
marcar diferencia con el pasado golpista de los pilares
institucionales y políticos de su gobierno, reaccionó con
rapidez ante estas situaciones y tomó las medidas a que
obligaban los hechos, faltando sólo la renuncia del general
Juan Miguel Fuente–Alba porque todo lo descubierto por la
Contraloría no ocurre en el ejército sin que lo sepa su
comandante en jefe.
Pero el panorama es todavía más
complejo para La Moneda.
En estos meses ha habido un notorio
aumento de las movilizaciones sociales y un deterioro
constante de la confianza ciudadana en el presidente de la
República, a quien se acusa de no cumplir sus promesas de
campaña. La expresión del reciente conflicto con los
funcionarios públicos fue insólita en cuanto a su
masividad, alcance, organización y voluntad de protesta.
Pero la solución del conflicto fue literalmente
“entregada” por la CUT con el aval del presidente del
Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, generando un
clima de frustración y cólera. Entretanto, la huelga de
los mineros de Collahuasi fue un éxito, a pesar de las
amenazas represivas.
Hubo además otras movilizaciones
importantes, como la de los trabajadores de la cadena de
Farmacias Ahumada y de los maquinistas del Metro. Se
mantienen las protestas en la zona de Caimanes, por la
construcción de un tranque de relaves para la mina
Pelambres del consorcio Luksic, y son habituales las
protestas de vecinos, profesores y estudiantes y de los
damnificados en la zona del terremoto. Las huelgas legales
han aumentado, como asimismo el número de trabajadores
involucrados. El incendio de la cárcel de San Miguel, con
ochenta y un reclusos muertos, desnudó un drama pavoroso
que afectó al gobierno aunque el hacinamiento carcelario
sea de larga data.
Si bien la reorganización del gabinete
no es un hecho fundamental, sí lo fueron las razones que la
motivaron, en especial la protesta antineoliberal de
Magallanes. Queda por ver si los nuevos ministros se ajustarán
a las orientaciones de un presidente formado en la
especulación financiera y refractario al trabajo en equipo.
Pero lo gravitante es otra cosa. El
gobierno quiere avanzar con rapidez en la profundización
del modelo y completar la tarea que dejó inconclusa la
Concertación. Hay en marcha diversas privatizaciones.
Codelco venderá Edelnor, principal productora de
electricidad del Sistema Interconectado del Norte Grande, a
menos que triunfe la resistencia de los trabajadores. Tanto
la privatización de las sanitarias, ya vendidas en proporción
mayoritaria por la Concertación, como la privatización de
Enap, que se está estudiando, se podrían materializar sin
pasar por el Congreso. Se ha anunciado por otra parte el
posible traspaso de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar)
a inversionistas privados.
Entretanto, la reforma educacional en
marcha, con apoyo de la oposición, reforzará el predominio
de la educación privada en desmedro de la municipal, laica,
igualitaria y gratuita. Y la utilización del bono Auge en
las clínicas privadas por los usuarios de la salud pública
que no puedan ser atendidos por ésta, significa el traspaso
de una enorme masa de recursos fiscales al sector privado,
en vez de ocuparlos en solucionar las carencias de los
hospitales públicos.
El paro y movilizaciones de los
habitantes de Magallanes se constituyen, entonces, en un
hecho de primera importancia social y política. A pesar de
las amenazas de represión mediante la Ley de Seguridad
Interior del Estado, decenas de miles de personas de todos
los sectores políticos y sociales, jóvenes y viejos,
hombres y mujeres, protestaron durante siete días en
defensa de sus derechos. La protesta magallánica es
producto de la cohesión de variados actores y movimientos
sociales, agrupados en torno a reivindicaciones justas. Se
ha luchado contra el alza del gas y contra el centralismo,
por la defensa de Magallanes y de Enap, por el respeto a la
opinión ciudadana y contra la politiquería. Regionalismo y
transversalidad aparecen como características novedosas de
este movimiento que merecen ser consideradas con atención.
Sobre todo por quienes aspiran a construir una auténtica
alternativa de Izquierda, independiente de la Concertación
y de cualquier otro sector que sirva de comparsa al
neoliberalismo.
Piñera anulo el aumento
del gas y echó
al ministro de Energía
Marcha atrás y sacudón de gabinete
Por Christian Palma
Desde Santiago
Página 12, 15/01/11
En una jornada intensa y
emotiva, marcada por el funeral de las jóvenes que murieron
en la protesta, el gobierno chileno anunció que anulaba los
aumentos del gas fueguino y el presidente cambió a sus
cuatro ministros más débiles.
La tenue lluvia que se dejó sentir
ayer en Punta Arenas se confundía con las lágrimas de las
miles de personas que por la tarde acompañaron a Melisa
Silva y Claudia Castillo desde la Iglesia Don Bosco a su última
morada, en el Cementerio General de la ciudad. Horas más
tarde el llanto de los fueguinos se convirtió en festejo
cuando el presidente Sebastián Piñera anunció que
aceptaba la renuncia de los ministros golpeados por la
crisis. Las jóvenes murieron atropelladas la noche del
martes mientras protestaban en una barricada contra el alza
del gas decretada por el gobierno de Piñera, decisión que
tiene a las principales localidades de la región en pie de
guerra con La Moneda, pues el hidrocarburo es clave para el
desarrollo de la zona.
Cuando el reloj marcaba las tres, Punta
Arenas se paralizó por completo. Es que Melisa y Claudia se
convirtieron en el símbolo de esta verdadera cruzada que no
ha reparado en colores políticos y que sólo apunta a
frenar el aumento de 16,8 por ciento anunciado para el gas.
Por ello, la gente acudió en masa a los funerales de las
malogradas mujeres. Familiares, amigos y cercanos se confundían
con los rostros anónimos que portaban banderas negras y pañuelos
blancos en señal de duelo.
“Son mártires. Ambas serán
recordadas por generaciones y generaciones”, discurseaba
el presidente de la junta de vecinos de la población
Claudio Bustos, lugar donde fallecieron las mujeres.
La comunidad entendió el mensaje.
Guardó silencio hasta el momento en que ingresaron las
carrozas fúnebres. Ahí aplaudieron y lanzaron pétalos de
rosa. Una caravana de motoqueros que apoyan las protestas
escoltó la fila hacia el camposanto.
Tanto impacto causó la muerte de las
mujeres, en una comunidad más bien pacífica, que la Mesa
de Diálogo conformada por la Iglesia, el gobierno, la
comunidad, algunos parlamentarios y los alcaldes, que
intentan consensuar algún acuerdo para evitar las alzas y
deponer el paro, se suspendió para que los participantes
pudieran asistir al funeral.
A las 5.30 esta instancia retomó el diálogo.
El diputado independiente Miodrag Marinovic adelantó que el
gobierno se habría allanado a aumentar las cuentas sólo en
torno del IPC y dejaría sin efecto el aumento que gatilló
la revuelta regional.
“El alza va a quedar en 3 o 4 por
ciento. En las horas próximas vamos a llegar a un acuerdo
en la mesa negociadora, lo que permite ayudar a panaderías,
pequeños comercios y pymes”, señalaba el parlamentario.
Sin embargo, al cierre de esta edición, trascendió que la
mesa no llegó a ningún acuerdo, por lo que las
movilizaciones continuaron mezcladas con el miedo al de–sabastecimiento
de frutas, verduras, pan y gasolina. Al comercio minorista,
ya en paro, se sumaron anoche los supermercados.
Al final del día, una relativa buena
noticia llegó desde Santiago. El ministro de Energía,
Ricardo Raineri, arrinconado por sus palabras previas,
renunciaba a su cargo. Raineri es acusado de calentar los ánimos
en Tierra del Fuego, al declarar “que se acabó la fiesta
en Punta Arenas” el día que se oficializó el alza del
gas.
Su renuncia se sumó a la presentada el
jueves por el titular de Defensa, Jaime Ravinet, y a las
también de ayer en Trabajo (Camila Merino) y Transportes
(Felipe Morandé). Ravinet estaba en la mira desde que una
publicación reveló que el ministro había recomendado no
investigar un caso de presunta corrupción en las Fuerzas
Armadas, por un sobreprecio pagado para la construcción de
un puente. Merino y Morandé se habían debilitado por
diversos problemas en sus áreas de competencia.
Apenas se supo de la noticia, los
magallánicos celebraron y atribuyeron la dimisión de
Raineri a la movilización que llevan adelante contra la
decisión del gobierno de aumentar el precio del gas. Y
razones tienen.
No sólo la crisis en la zona austral
motivó el cambio profundo en el gabinete. La baja en las
encuestas en cuanto a la adhesión a Piñera y sus ministros
y las quejas por mala gestión en otras áreas llevaron a La
Moneda a realizar una cirugía mayor. De hecho, Laurence
Golborne, el ministro de Minería y principal carta
presidencial de la derecha, asumió la cartera de Energía
para tomar el control del asunto.
No obstante, la rabia y el sentir que
se los ha engañado no será olvidado fácilmente en la
zona, toda vez que el propio Piñera, cuando era candidato a
la presidencia, aseguró que el precio del gas no se movería.
La mala semana para el gobierno fue
aprovechada por la oposición. El presidente del Partido
Socialista (uno de los voceros de la Concertación), Osvaldo
Andrade, aseguró que es el presidente de la República,
Sebastián Piñera, quien debe resolver personalmente el
conflicto en la región de Magallanes.
“Es el presidente Piñera
personalmente quien tiene que resolver el problema. Esto no
se resuelve en Santiago, ni con que la oposición vaya ni
hable con el gobierno... esto se resuelve en Magallanes. Ni
siquiera lo van a resolver los parlamentarios de la zona. La
forma de enfrentar un problema es hacerse cargo del problema
y este gobierno no se está haciendo cargo... La única
autoridad que ha ido a la zona es un subsecretario y con el
respeto que me merece el subsecretario, no es un tema
personal, pero en una crisis deben estar involucradas las más
altas autoridades”, agregó.
Respecto de Golborne, dijo que “cómo
es posible que el ministro más reputado, que está en el
primer lugar de las encuestas y que tiene un capital político,
según se ha dicho, no juegue un rol en una crisis de
gobierno que además lo involucra, si además es el ministro
de Minería”.
Habrá que ver ahora si la cirugía
mayor aplicada por el gobierno, la flexibilización en
cuanto al alza del precio del hidrocarburo y la llegada de
políticos de mayor calado a las carteras de Defensa y
Trabajo, mejoran y componen una semana negra para Piñera.
Laurence Golborne, la carta de la derecha, tomó un fierro
caliente. Si logra sortear esta crisis con éxito, lo más
probable es que lo veamos en La Moneda en 2014. De lo
contrario, su gran capital político se esfumará como el
gas.
Crisis en Chile: el conflicto
por el
gas y la caída de su popularidad
Presionado, Piñera renovó su gabinete
Por Carlos Vergara
Corresponsal en Chile
La Nación, 15/01/11
En respuesta a una demanda
oficialista, el mandatario sacó a los técnicos y convocó
a nuevas figuras políticas para reforzar su gobierno
Santiago, Chile.– La fuerte presión
oficialista que se dejó caer sobre el presidente Sebastián
Piñera para renovar su gabinete gatilló ayer una remoción
de tres nuevos ministros, en lo que se considera la primera
crisis política seria de la administración de
centroderecha tras diez meses de ejercicio.
La decisión se produjo menos de 24
horas después de la renuncia del ministro de Defensa, Jaime
Ravinet, y estuvo alimentada por una fuerte caída de la
popularidad presidencial y la compleja situación que se
vive en el sur de Chile, con una paralización masiva en la
región de Magallanes, producto de una suba de gas decretada
por el gobierno y que, hasta ayer, aún no tenía visos de
solución.
Tras sucesivas reuniones con el
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en el palacio
presidencial de La Moneda (Piñera se encuentra en la sureña
ciudad de Valdivia), fueron removidos de sus cargos los
ministros de Energía, Ricardo Raineri; de Trabajo, Camila
Merino; y de Transportes y Telecomunicaciones, Felipe Morandé.
De acuerdo con la vocera de gobierno,
Ena von Baer, los ministros renunciaron voluntariamente a
sus puestos. La medida fue interpretada como un fuerte gesto
a la clase política, en desmedro del grupo de técnicos y
académicos de excelencia reclutado por Piñera a inicios de
su gobierno. Tanto Raineri como Morandé venían del mundo
universitario, mientras que Merino era una reputada
ejecutiva del sector privado.
Raineri, uno de los responsables del
conflicto del gas que estalló el martes en Magallanes y que
paralizó la sureña región y el cruce a la Argentina (ver
aparte), será reemplazado por el popular ministro de Minería,
Laurence Golborne. El ultrapopular funcionario, que encabezó
el rescate de los mineros de Copiapó, asumirá será, desde
ahora, ministro de ambas áreas.
Merino, quien nunca consiguió llegada
en el complejo mundo sindical, será relevada por la
senadora de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI),
Evelyn Matthei, hija de un ex miembro de la junta militar
del general Augusto Pinochet, el general de la fuerza aérea
Fernando Matthei.
Morandé, quien nunca pudo estabilizar
la crítica situación del sistema de transporte capitalino,
Transantiago, aún no tendrá reemplazante y su cargo será
asumido interinamente por la subsecretaria, Gloria Hutt.
Para Defensa, en el cargo dejado por
Ravinet, Piñera se decidió por un viejo aliado político,
el senador oficialista de Renovación Nacional (RN) Andrés
Allamand, uno de sus más firmes detractores dentro del
oficialismo en el Congreso.
Piñera rompió también con su promesa
de inicios de gobierno, cuando anunció que no nominaría a
parlamentarios en ejercicio para no debilitar al oficialismo
en el Congreso. Allamand y Matthei, los nuevos ministros de
Defensa y Trabajo, son considerados como dos de los más
avezados políticos de la derecha.
Ambos han acompañado a Piñera, con
varios altibajos y querellas en la relación, a lo largo de
toda su carrera política y nunca han escondido sus
aspiraciones presidenciales. El tercero, Golborne, es el
ministro mejor encumbrado en las encuestas e incluso ya se
perfila como posible candidato del oficialismo para 2014.
El cambio de gabinete fue recibido con
complacencia en el oficialismo. "(Piñera) me llamó
por teléfono esta tarde y me dijo que esperaba que esto
reforzara al gobierno y que era en parte consecuencia de
cosas que veníamos hablando hace ya varios días",
dijo el presidente de RN, Carlos Larraín. La oposición, en
tanto, opinó que el hecho de acudir a parlamentarios en
ejercicio para reforzar el gabinete era una "señal
compleja". Los nuevos ministros jurarán mañana en el
palacio de La Moneda.
Deslealtad
Uno de los ministros salientes, Jaime
Ravinet, un ex democristiano convocado por Piñera a su
gobierno como señal de transversalidad, criticó ayer
duramente al grupo de asesores de Piñera.
Ravinet fue duramente cuestionado por
informes de la Contraloría General de la República, que le
imputarían, entre otras cosas, desórdenes administrativos
y gastos excesivos, tales como la licitación para la
adquisición de una casa para el jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Cristián Le
Dantec, por valor de un millón de dólares.
"Una de las cosas que han sido una
mala experiencia en este período es la falta de lealtad de
mucha gente del segundo piso de La Moneda, que se dedica a
esparcir estos rumores. Gran parte de las investigaciones
que hay de la Contraloría en nuestro ministerio las he
pedido yo mismo, así es que realmente estoy muy tranquilo
en esa materia", agregó.
Las quejas de Ravinet recibieron una
inmediata respuesta del jefe de gabinete de Piñera, el
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. "Cuando uno
ha sido parte de un equipo, lo que corresponde es acatar las
instrucciones de quien lo dirige, en este caso, el
presidente de la República, y seguir trabajando por el bien
de Chile. Eso es lo único importante cuando uno es
ministro, y lo único que me preocupa", aseveró.
Preguntas y respuestas
• ¿Por qué surge el conflicto en
Magallanes? Porque el gobierno anunció un alza del
16,8% en las tarifas del gas que se pagan en esa zona, con
el propósito de hacer más atractiva la exploración de
yacimientos y ampliar las reservas del fluido. Pero los
pobladores argumentan que la suba les provocará un aumento
general del costo de vida, porque el incremento impactará
directamente en el costo de transporte, lo que a su vez
repercutirá en el costo de los bienes e insumos
transportados a la región.
• ¿Por qué las críticas se
centraron en Piñera? Porque la Empresa Nacional del
Petróleo (ENAP), que tomó la decisión del aumento,
depende del gobierno chileno. Pero además, porque los
habitantes de Magallanes cuestionan que, durante la campaña
electoral que lo llevó a la presidencia hace 10 meses, Piñera
haya prometido que los subsidios para el gas se mantendrían
dadas las temperaturas extremadamente bajas que existen en
Magallanes.
• ¿Qué dice el gobierno? Que
en realidad se preservará "el tratamiento
especial" del precio del gas para los hogares magallánicos,
dado que igualmente será más barato tras el aumento que lo
que se paga en otros lugares del país. El propio Piñera
dijo que mantener el subsidio determinaría que "el gas
y el petróleo se acaben", lo que sería "un
megadesastre para Magallanes".
• ¿Qué perspectivas hay de un
acuerdo? El obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres,
mediador entre los negociadores del gobierno y la Asamblea
Ciudadana, destacó que se verifican lentos avances en las
negociaciones. De todos modos, recalcó que los
cuestionamientos no se agotan en la suba del gas sino que se
reclama una política de Estado para la región
• ¿Cómo impacta el conflicto en
la imagen del presidente? Tras el impulso que supuso el
rescate de los 33 mineros, la popularidad de Piñera bajó
abruptamente: sólo lo respalda el 47% de la población, el
nivel más bajo desde la vuelta a la democracia en Chile. Si
la protesta se extiende, el nivel podría caer aún más
justo cuando intenta recuperar la iniciativa política con
el anuncio de una profunda reestructuración de su gabinete
a sólo 10 meses de asumir.
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