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Las últimas encuestas: Humala y Keiko,
en virtual empate
Agence France–Press, 30/05/11
Lima.– Cuando falta una semana para
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú,
la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Ollanta
Humala mantienen un empate técnico en las preferencias de
los votantes, según los últimos sondeos divulgados ayer.
De acuerdo con la encuesta de Ipsos
Apoyo, publicada por el diario El Comercio, la hija del ex
presidente Alberto Fujimori obtendría el 50,5% de los votos
válidos, mientras que Humala alcanzaría el 49,5%. En el
sondeo previo de esta encuestadora, realizado hace diez días,
Keiko aventajaba a Humala por casi tres puntos.
El director de Ipsos Apoyo, Alfredo
Torres, explicó que el respaldo que ha perdido Fujimori se
desplazó hacia el voto nulo, mientras que el candidato
nacionalista conserva su intención de voto sin variación.
"La dificultad para romper el empate aparentemente
estriba en que la mayor parte de los electores no confía en
la sinceridad de ninguno de los postulantes", afirmó
Torres.
Fujimori y Humala fueron los dos
candidatos más votados en la primera vuelta de las
elecciones presidenciales, celebradas el pasado 10 de abril.
Entonces, el candidato izquierdista aventajó por casi ocho
puntos a Fujimori.
Por otro lado, en un simulacro de
votación de la encuestadora CPI difundido ayer, Fujimori
alcanzó el 51,8% de respaldo popular frente al 48,2%
obtenido por Humala. Según el director de CPI, Manuel
Saavedra, este resultado muestra un avance del candidato
izquierdista y un leve retroceso de Fujimori. "El lunes
pasado comenzó una estrategia muy fuerte, con acusaciones
que golpearon mucho más fuerte a Keiko", dijo
Saavedra.
Los críticos de Keiko Fujimori temen
que si llega a la presidencia libere a su padre, que cumple
una condena de 25 años de prisión por violaciones de los
derechos humanos cometidas durante su década en el poder
(1990–2000). "Las dudas políticas que tengan sobre
Alberto Fujimori son de él, no mías", señaló la
candidata de Fuerza 2011 en una entrevista publicada por el
diario Perú.21. Sin embargo, los lazos entre padre e hija
han quedado patentes en la elección de asesores políticos
del ex presidente para el equipo de campaña de Keiko y en
el hecho de que en algunas zonas del interior del país se
haya reivindicado durante la campaña el gobierno del ex
mandatario.
A Humala, en tanto, se lo ha vinculado
en el pasado con el presidente venezolano Hugo Chávez, y
enfrenta denuncias sobre un viejo caso de violación de los
derechos humanos cuando fue oficial del ejército hace dos décadas,
acusaciones que el candidato de Gana Perú negó en varias
ocasiones. Precisamente, ese pasado militar de Humala es el
que genera más rechazo en la población, según los
sondeos. Otro de los asuntos que generan desconfianza en el
discurso de Humala es, según los expertos, su intención de
reformar la Constitución. Para ampliar su electorado, la
estrategia de su equipo de campaña ha sido mostrar un
viraje hacia el centro de Humala, para lo que se contó con
la adhesión de intelectuales y políticos liberales, como
Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo.
Tanto Humala como Fujimori buscarán
captar el voto de los indecisos en estos últimos días
hasta el ballottage del domingo, algo que ya trataron de
hacer en el crucial debate televisivo que mantuvieron anoche
y que fue emitido en cadena nacional.
Según los analistas, todavía hay un
20% de indecisos que podría definir la elección. Algunos
expertos creen que los sondeos están sobrevalorando las
opciones de Fujimori. Para Luis Bevanente, de la Universidad
de Lima, existe hay un "voto oculto" que favorecería
a Humala.
Los últimos sondeos muestran que no
hay un candidato favorito de cara
al ballottage
Final incierto entre Humala y Fujimori
Por Carlos Noriega
Desde Lima
Página 12, 30/05/11
Tres encuestadoras coinciden en
señalar que hay un empate técnico entre el candidato
progresista y su rival de derecha. Los más ricos y los limeños
apoyan a la hija del dictador; el interior y la clase baja
se inclinan por Ollanta.
El progresista Ollanta Humala y la
derechista Keiko Fujimori mantienen una cerrada disputa en
la carrera por la presidencia. A una semana de la elección
del 5 de junio no hay un favorito. Dos sondeos le dan una
ventaja de menos de un punto a la hija del ex dictador
Fujimori, mientras una tercera encuestadora pone adelante a
Humala con una ligera diferencia de 1,3 sobre su rival.
En los tres casos, la distancia entre
uno y otro está dentro del margen de error de los sondeos,
por lo que las tres encuestadoras coinciden en señalar que
hay un empate técnico entre los dos aspirantes a la
presidencia. Entre un 12 y 14 por ciento no ha definido su
voto; de ese grupo se estima que cerca de un 10 por ciento
votaría en blanco o nulo. Al momento del envío de esta
nota, Ollanta Humala y Keiko Fujimori iniciaban un debate,
el único de esta segunda vuelta, que puede ser decisivo
para romper el empate y definir al ganador.
De acuerdo con una encuesta del
Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica,
Keiko Fujimori tiene un 44,2 por ciento y Ollanta Humala un
43,7 por ciento. Ipsos Apoyo le da a Fujimori 43,5 por
ciento y a Humala 42,6 por ciento. Por su parte, la
encuestadora Imasen pone en primer lugar a Humala con 43,8
por ciento, mientras Keiko tiene 42,5 por ciento.
Las tres encuestadoras coinciden en que
el país se ha dividido entre la capital, que apoya
mayoritariamente a la representante de la derecha, y el
interior, donde gana el candidato progresista, que se hace
fuerte en el empobrecido sur andino y en las zonas rurales.
La amplia ventaja de Keiko Fujimori en Lima, donde alcanza
entre 46 y 53 por ciento, dependiendo de la encuesta,
mientras Humala obtiene entre 33 y 35 por ciento, puede ser
decisiva en el resultado final. Lima concentra al 35 por
ciento de los electores.
Según la encuesta de la Universidad
Católica, la candidata del fujimorismo saca una cómoda
ventaja en las clases media alta y alta, con un 54 por
ciento contra 32 por ciento de su rival. Las cosas se
igualan en la clase media, donde Keiko Fujimori tiene 43 por
ciento y Humala 42 por ciento. En las clases media baja y
baja es el candidato progresista el que toma la delantera
con 45 por ciento, mientras su rival de la derecha obtiene
40 por ciento.
Como no ha ocurrido en otras
elecciones, en esta ocasión hay una clara división del
voto por género. Keiko, que de ganar sería la primera
mujer en llegar a la presidencia del Perú, ha sacado
provecho de su condición de mujer para captar el
mayoritario voto femenino. Entre 48 y 52 por ciento de las
mujeres votan por ella y solamente entre 34 y 35 por ciento
lo hacen por Humala. Entre los hombres la situación se
invierte: Humala tiene un apoyo que oscila entre 49 y 52 por
ciento, mientras Keiko tiene entre 34 y 38 por ciento.
“Keiko se mantiene ligeramente
arriba, pero ha perdido algo de respaldo, el cual se ha
desplazado hacia el voto nulo. La conexión emocional que
logren desarrollar los candidatos en el crucial debate y en
los próximos días puede ser decisiva para definir la
elección”, dice Alfredo Torres, director de Ipsos Apoyo.
En la última semana, Humala recibió
el respaldo de importantes intelectuales. Más de cien
escritores, encabezados por el Premio Nobel Mario Vargas
Llosa, firmaron una carta pública apoyando su candidatura
para defender la democracia ante el posible retorno al poder
del fujimorismo. El ex presidente Alejandro Toledo
(2001–2006), que quedó en cuarto lugar en la primera
vuelta con 15 por ciento, también le dio su respaldo público.
Keiko Fujimori, por su parte, ha recibido el apoyo del
derechista Pedro Pablo Kuczynski, tercero en las elecciones
con 18 por ciento. Pero en el Perú ha quedado demostrado en
más de una ocasión que los dirigentes políticos no tienen
capacidad de endosar sus votos.
“Las encuestas muestran un empate,
pero tengo la impresión de que hay un clima que está
siendo más favorable a Humala, que en los últimos quince días
ha recuperado aire. Las adhesiones que ha recibido han sido
importantes. Keiko no ha podido mostrar el respaldo de
ninguna personalidad de la cultura. El apoyo de una figura
chola, de rasgos indígenas, como Toledo, refuerza la imagen
de Humala como el candidato de los sectores populares,
mientras el respaldo a Keiko de alguien como Kuczynski, que
tuvo una buena votación sólo en Lima y es percibido como
representante de la élite, refuerza la imagen de ella como
candidata de los ricos. En ese sentido, Humala gana más.
Las movilizaciones contra el
fujimorismo de estos días demuestran que el rechazo que
genera Keiko es más intenso que el que puede despertar
Humala. El reto de cada candidato en esta última semana es
generar una imagen de ganador. Yo me arriesgaría a decir
que Humala tiene mayores posibilidades de ganar, aunque por
un margen estrecho”, señaló a Página/12 Carlos Reyna,
politólogo y catedrático de la Universidad Católica.
Quince
mil personas marcharon en Lima
con los organismos de derechos humanos
Nunca Más para los crímenes de
Fujimori
Por Carlos Noriega
Desde Lima
Página 12, 29/05/11
La manifestación en contra del
fujimorismo y su práctica de violaciones a los derechos
humanos y corrupción, organizada por la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, calentó la campaña
presidencial.
“Fujimori nunca más” fue la
consigna que movilizó a decenas de miles en diez ciudades
del país. En Lima, más de 15 mil personas marcharon por el
centro de la ciudad en rechazo al posible retorno al poder
del fujimorismo, encarnado esta vez en Keiko Fujimori, la
hija del encarcelado ex dictador Alberto Fujimori, condenado
a 25 años por crímenes de lesa humanidad. La
multitudinaria manifestación en contra del fujimorismo y su
práctica de violaciones a los derechos humanos y corrupción,
organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
se dio a pocos días de la elección presidencial del 5 de
junio entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, que van
igualados en las encuestas.
Los cánticos contra Fujimori, los
lemas en defensa de la democracia, el recuerdo de los
desaparecidos y los muertos, los gritos exigiendo justicia,
las consignas contra la corrupción, la presencia de la
juventud y la indignación ciudadana hicieron recordar las
movilizaciones de fines de los años ’90, cuando la
población salió a las calles para protestar contra la
dictadura fujimorista, que finalmente cayó en noviembre del
año 2000. Una gran banderola con el lema “Con esperanza y
dignidad, Fujimori nunca más” abría la marcha. Detrás,
los familiares de los desaparecidos, de los asesinados,
mujeres pobres esterilizadas contra su voluntad en el régimen
fujimorista, activistas de derechos humanos, sindicalistas,
estudiantes universitarios, artistas e intelectuales
coreaban “chino, chino, chino, ladrón y asesino” y
cantaban “no a Keiko, carajo, el pueblo no olvida,
carajo”. Ataúdes negros con las fotos de las víctimas
del régimen fujimorista avanzaban entre carteles en los que
se leía “No a Keiko, sí a la vida” o “No a la
impunidad”, mientras la multitud coreaba “Keiko escucha,
Cantuta no se olvida”, recordando a los nueve estudiantes
de la Universidad La Cantuta secuestrados y asesinados por
el gobierno de Alberto Fujimori.
En primera fila marchaba Raída Cóndor,
madre de uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados.
“Si Keiko llega a ser presidenta, los asesinos que mataron
a mi hijo y a tantos otros saldrían libres. Si eso pasa,
nosotros, que los hemos seguido hasta meterlos presos, estaríamos
amenazados de muerte. Pero no les tengo miedo”, nos dice
Raída Cóndor. La marcha terminó con la lectura de un
comunicado, en el que se califica al régimen fujimorista
como “una dictadura nefasta” y se señala que la
candidatura de Keiko Fujimori representa una amenaza a la
democracia.
En diálogo con Página/12, Rocío
Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos (Cndd.hh.), señaló que el
triunfo electoral de Keiko Fujimori significaría “un
suicidio moral para el Perú”. “Sería la confirmación
de que no importan los derechos humanos, los muertos, la
corrupción, la memoria histórica, sino que lo único que
importa es la estabilidad del modelo económico. Eso es gravísimo”.
El ex dictador Alberto Fujimori espera
el triunfo electoral de su hija para salir en libertad.
“La liberación de Fujimori implicaría un retroceso para
la Justicia transicional en toda América latina”,
advierte la secretaria ejecutiva de la Cndd.hh. Pero no sólo
Fujimori espera la victoria electoral de Keiko para dejar la
prisión. Hay 58 sentenciados como responsables de
desapariciones y asesinatos, y 400 militares y policías
tienen procesos abiertos por violaciones a los derechos
humanos. Rafael Rey, candidato a vicepresidente con Keiko
Fujimori y miembro del Opus Dei, impulsa una ley de amnistía
para ellos. Como ministro de Defensa de Alan García ya
intentó hacer aprobar una ley de amnistía encubierta, pero
el escándalo hizo retroceder al gobierno y Rey debió
renunciar. Ha dicho que como vicepresidente insistirá con
su propuesta de amnistía. Rey está vinculado con la
ultraderechista UnoAmérica, que defiende la dictadura
militar argentina y promueve la liberación de los
sentenciados por violaciones a los derechos humanos.
–¿Un gobierno de Keiko Fujimori
tendría la misma práctica de violaciones a los derechos
humanos que caracterizó a su padre? –se le pregunta a Rocío
Silva Santisteban.
–La maquinaria autoritaria y
represiva que funcionó con Alberto Fujimori se reactivaría
si Keiko llega a la presidencia. Tienen el soporte legal
para ser sumamente autoritarios, porque el gobierno de Alan
García ha dado normas legales para permitir que las fuerzas
armadas repriman las protestas sociales. Quizá al principio
se conservarían las formas, pero un gobierno de Keiko
Fujimori sería una repetición de lo que fue el gobierno de
su padre en materia de derechos humanos. Los represores del
fujimorismo, que están presos y no tienen escrúpulos,
regresarían a la calle. Y no creo que se pongan a hacer
taxi. Santisteban lanza una advertencia: “Los fujimoristas
van a regresar a vengarse”.
Entrevista a Carlos Rivera, abogado del
Instituto de Defensa Legal
“Una victoria de Keiko sería un
desastre para
los derechos humanos"
Por Emma Gascó y Martín Cúneo
Desde Lima
Diagonal/Web, Nº 151, 30/05/11
Carlos Rivera fue uno de los
seis abogados que el 7 de abril de 2009 consiguieron que el
presidente Alberto Fujimori fuera condenado a 25 años de cárcel
por violaciones de los derechos humanos.
DIAGONAL: ¿Por qué se suele hablar
de la “dictadura” de Fujimori?
CARLOS RIVERA: En primer lugar, por el
autogolpe de Estado. Fujimori, con su famosa frase
“disolver, disolver el Congreso de la República” cerró
el orden constitucional. Esa misma noche expulsó a los
miembros de la Corte Suprema, destituyó al fiscal de la
Nación, expulsó a los miembros del Tribunal de Garantías
Constitucionales y expulsó a cerca de un 20% de jueces de
todo el país, principalmente de Lima. Y a la semana, además
de intervenir los medios de comunicación, ya había
sustituido a todos los jueces por gente que ya sabía que
iba a jugar un papel en favor del régimen. Ya en el año
‘92 estaba en marcha un plan de corrupción sistemática,
de apropiación de fondos públicos para comprar medios de
comunicación, jueces, fiscales y para ocultar no sólo el
hecho de haber roto el orden constitucional sino los crímenes
que se habían estado cometiendo desde antes del golpe de
Estado.
La semana pasada el periodista Gustavo
Gorriti reveló un hecho fundamental: cómo Fujimori hace su
primer millón. Alberto Fujimori, recién electo, viaja a
Japón para pedir donaciones para hacer colegios en Perú y
todo eso fue a sus cuentas personales. No es que la corrupción
empiece en el año ‘92, como se ha sostenido, Fujimori
llega con un plan criminal en el ‘90. En el juicio se vio
muy claramente cómo Fujimori fue repartiendo cargos
pensando en cómo iba a organizar una suerte de organización
ilícita en el interior del Estado.
D.: ¿Se puede decir que la corrupción
era la finalidad y no el efecto secundario?
C.R.: Sí, yo creo que sí. La corrupción
comienza en el momento en que Fujimori gana esa segunda
vuelta y traza un plan criminal con Vladimiro Montesinos y
lo va ejecutando. Este plan criminal se ejecuta con dos
bases: una es la promoción de Montesinos, que con el paso
del tiempo se vuelve decisiva en la conducción del Estado,
no solamente en las Fuerzas Armadas. La segunda base es la
familia de Fujimori, desde los hermanos, las hermanas a los
cuñados, todos son parte de una suerte de red bastante bien
organizada destinada a sustraer de manera sistemática los
recursos del Estado.
D.: ¿Hay alguna estimación de cuánto
fue robado?
C.R.: La procuraduría hace año y
medio hizo un esfuerzo de estimar cuánto se había sustraído
al Estado y habla de unos seis mil millones de dólares. Acá
el sueldo mínimo es 550 soles, es decir, unos 200 dólares.
Ésa es la investigación que hace la procuraduría, pero
hay otra investigación que hace Alfonso Quiroz que acaba de
publicar un libro en Nueva York que se llama Círculos
Corruptos. Él estima que puede ser el doble. Según
Fujimori, una pieza fundamental de su Gobierno era la
modernización del Estado, que en buena cuenta significó la
reducción del Estado por la privatización de empresas públicas.
Veníamos de una desastrosa gestión
del Gobierno de García en la administración del Estado y
supuestamente todas las empresas tenían cifras en rojo y
había que venderlas porque el Estado era un armatoste que
no servía para nada. Eso en parte era cierto, pero también
es cierto que había algunas empresas públicas que no tenían
cifras en rojo y que igual se vendieron. Un ejemplo de eso
fue el proceso de venta de AeroPerú, la línea de bandera
peruana. Hasta ahora se sigue investigando si se vendió al
precio que correspondía. ¿Cuánto dinero dio ese proceso
de venta de empresas públicas? Entre 12 y 15 mil millones
de dólares. Ese dinero fresco que entró al Estado peruano
permitió esa política asistencialista que hoy es el origen
de ese 20% de apoyo incondicional de Keiko Fujimori.
“El regreso de los muertos vivientes”
D.: Keiko se presenta con un
equipo de Gobierno similar al de su padre.
C.R.: Más que similar, yo diría que
es el mismo equipo de Gobierno que el de su padre. Ellos
dicen que es un nuevo fujimorismo, pero en realidad es una
suerte de regreso de los muertos vivientes. Toda la plana
mayor del fujimorismo, los golpistas del ‘92, son los que
han vuelto. Uno de los más importantes es Jaime Yoshiyama.
Es cierto que tuvo problemas con Montesinos, pero él fue
pieza clave en el golpe de Estado y en la consolidación del
golpe en los años siguientes. Las principales defensoras de
Fujimori en materia de crímenes contra los derechos
humanos, que eran Martha Chávez, Luz Salgado y Carmen
Lozada, han vuelto y dos de ellas ya son nuevamente
congresistas. Incluso el publicista principal de Fujimori,
Edgardo Daniel Borobio, es el que de alguna manera le hace
la campaña a Keiko. La hija de Fujimori empezó la campaña
diciendo que ella se distanciaba de su padre, que ella es
diferente, que no obstaculizará a la justicia... Pero en la
última semana hay por lo menos tres hechos públicos en los
que ella aplaude a su papá y dice que ha sido el mejor
Gobierno de la historia. Hay un retorno, con mucha fuerza, a
los ‘90. Y hay una asunción de que todo lo que se hizo
fue bueno y no hay ninguna autocrítica. Es la mejor
evidencia de que quien conduce todo esto es nuevamente
Alberto Fujimori.
D.: ¿Qué consecuencias tendría
la elección de Keiko para los juicios de derechos humanos?
C.R.: Sería un desastre. Lo que no nos
deja de extrañar es que esto ocurra no después de 50 años,
sino de diez... Todo está muy fresco. Tan fresco que el 15
de abril pasado se entregó a la justicia Juan Carlos
Hurtado Miller, el ex primer ministro de Fujimori, tras
haber pasado diez años prófugo. Y hay muchos juicios que
todavía no han culminado. Fujimori acaba de cumplir dos años
de la sentencia principal que se le aplicó. Todo está
bastante fresco en la memoria, pero creo que,
desgraciadamente, no de todos los peruanos. Creo que el
fujimorismo llega con una agenda contra los derechos
humanos. No hay una autocrítica en el fujimorismo ni en
Keiko, que sigue defendiendo que su papá es inocente.
Rafael Rey, la persona que intentó desde el Gobierno
aprista liquidar todos los casos de violaciones de derechos
humanos, se presenta de vicepresidente. Si alguien quiere
saber cuál va a ser la política de derechos humanos de
Keiko simplemente tiene que revisar el curriculum de los
miembros de la plancha presidencial o de los principales
voceros del fujimorismo.
La histórica lucha por los derechos humanos
D.: ¿Cómo surge la lucha por los
derechos humanos en el Perú?
C.R.: La historia del Instituto de
Defensa Legal ha estado vinculada desde sus inicios al
proceso de violación de los derechos humanos en el Perú y
el propio conflicto armado de las década de los ‘80 y los
‘90. El conflicto interno ha atravesado varios momentos.
Una primera etapa es el inicio del proceso de violencia,
entre 1982 y 1983, en la que muy pocos entendían a qué fenómeno
se estaba enfrentando el Perú. Este discurso, un tanto mesiánico,
de Sendero Luminoso; la reacción igual de violenta e igual
de desinformada por parte de las Fuerzas Armadas...
En esos años se inicia el proceso de
militarización de la zona central y sur, de Ayacucho,
Huancavelica, Junín, que abre un proceso desbocado de
violaciones masivas a los derechos humanos. En los años
1984 1985, aparecen los primeros casos de desaparición
forzada, primero contados, luego de manera masiva. Y de ahí
un salto cualitativo y cuantitativo hacia una masificación
de la violencia con el primer Gobierno de Alan García
[1985–1990].
Ese momento coincide con la consolidación
de las organizaciones de derechos humanos como grupos básicamente
de denuncia. Aparece el IDL, la Asociación Pro Derechos
Humanos (Aprodeh) y comienza a formarse lo que hoy es la
Coordinadora de Derechos Humanos. A pesar de que ya en ese
momento hay una acusación de que las ONG son una fachada de
la subversión, hay un deslinde radical sobre eso, con una
condena firme frente a Sendero Luminoso y frente al MRTA. Y
eso es lo que marca la actuación de las organizaciones de
derechos humanos desde ese momento. De todas formas hubo
persecución. En ese momento se definía a las
organizaciones de derechos humanos como el brazo legal de la
subversión y todo lo que sonara a crítica, a denuncia o a
exigencia de cambio en la estrategia contrasubversiva de
tierra arrasada era asumido como parte del discurso de la
subversión.
D.: ¿Qué sucede con el primer
Gobierno de Alan García?
C.R.: Con Alan García hay una
consolidación del fenómeno subversivo, ya no como un fenómeno
de “abigeos” [cuatreros, ladrones], tal como los definió
Fernando Belaúnde al inicio de su segundo Gobierno, sino
como un fenómeno de carácter nacional. Sendero obtiene sus
principales logros políticos y militares al final del
Gobierno de Belaúnde y fundamentalmente con el Gobierno de
Alan García. Por un lado, consolida su presencia en otras
zonas del país, en el centro y el oriente del país. Hacia
finales del Gobierno de Alan García, Sendero llega a Lima,
convertida en el eje de la guerra. En los años ’88, ’89
y ’90 el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán,
empieza a hablar de que estábamos a punto de llegar al
equilibrio estratégico, una cosa que asustó mucho. Guzmán
lo presentó como un logro, una victoria política de
Sendero el hecho de haber salido de la selva para abarcar
otros territorios, pero en realidad con el paso de los años,
uno se da cuenta, como señala la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, que en realidad era producto de la derrota
política de Sendero ante las rondas campesinas.
D.: ¿Cómo cambia esta estructura
represiva con el Gobierno de Alberto Fujimori?
C.R.: Fujimori es otra etapa, desde el
punto de vista militar, político y de la inteligencia. A
las Fuerzas Armadas les cuesta diez años entender el fenómenos
subversivo y por tanto crear su estrategia. Hay un famoso
manual contrasubversivo del año ‘89, que es en realidad
la definición del pensamiento, la doctrina y la propuesta
del Ejército frente a la subversión. Fujimori asume esa
estrategia, la lidera y le incorpora elementos de política.
Y le incorpora el aparato de inteligencia como el núcleo
central de toda esa estrategia. Fujimori abre una etapa
totalmente diferente. Si bien es cierto que en términos
estadísticos hay un decrecimiento de las violaciones de
derechos humanos, no es por que haya una negación de la
estrategia anterior, sino porque se produce una suerte de
perfeccionamiento en la identificación del enemigo, que es
el eje central de la estrategia en ese momento. No es una
estrategia para derrotarlo moralmente, como decían algunos,
sino que quiere identificar los canales de información, los
cuadros orgánicos y quiénes son los dirigentes para
eliminarlos. Y cuando hablo de eliminación hablo de
eliminación sumaria, de la utilización del método de la
desaparición forzada, de la ejecución extrajudicial, ésos
son los métodos. Aquí no hay eufemismo que quepa. Eliminar
es eliminar a una persona físicamente, sacarla de la faz de
la tierra. Ésa es la estrategia de Fujimori.
D.: ¿Los grupos paramilitares ya
habían existido con Alan García?
C.R.: No al nivel del grupo Colina. Con
Alan García nace un grupo paramilitar, que es el Rodrigo
Franco. Pero el grupo Colina en la etapa de Fujimori no es
un grupo paramilitar, sino un destacamento del Ejército,
que responde de manera orgánica a las decisiones políticas
y militares de la nueva estrategia contrasubversiva. Ahí
hay un cambio sustancial. La nueva estrategia se diferencia
claramente de la anterior en varios elementos. Uno es el rol
que el propio Fujimori cumple, la famosa frase –“Yo soy
un comandante de verdad”– que se escuchó en un juicio
es un dato revelador de cuál era la posición que Fujimori
quería ocupar en relación a Belaúnde.
Matar no es gratis
D.: ¿Cómo se empieza a
desmontar el aparato de impunidad que impedía juzgar los crímenes?
C.R.: En el año 2000 la Corte
Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia en el
caso de la matanza de Barrios Altos [en 1991 el grupo Colina
entra en una fiesta y asesina a 15 civiles], que determina
el reinicio de las investigaciones. El caso estaba no
solamente cerrado por la justicia militar sino que también
tenía en sus manos la famosa ley de amnistía. Tenía todos
los candados habidos y por haber. Fue un logro muy
importante. Es la sentencia de la Corte la que ordena al
Estado peruano que se abra una investigación por el caso [y
declara que la ley de amnistía “carecía de efectos jurídicos”].
El Estado peruano no tuvo otra opción que abrir una
investigación como consecuencia del mandato interamericano.
Aparecía como el primer caso que se abría por mandato de
una instancia supranacional.
Entre 2001 y 2003, la Comisión de la
Verdad y Reparación cumplió un papel sumamente importante
y transcendental, un antes y un después en el tema de los
derechos humanos en el Perú. La Comisión se convirtió en
el principal impulsor de la búsqueda de verdad y justicia
en el país. Nosotros en esa época pensábamos que en un país
con las complejidades que tiene Perú iba a ser difícil que
la justicia avance. Pero ahora que es posible hacer un
balance, en ese tema, el más difícil, más conflictivo y más
crítico, es en el que más se ha avanzado. En los tres o
cuatro años siguientes se produce un fuerte impulso al
proceso de judicialización, en 2004 se crea el subsistema
penal de derechos humanos –recomendado por la Comisión de
la Verdad– y se inician muchas causas teniendo como
evidencia los informes de la Comisión. Entre 2005 y 2007 se
logra consolidar una suerte de jurisprudencia pro derechos
humanos. Se emiten múltiples resoluciones sobre el tema de
la prohibición de las amnistías. Más allá de la
sentencia de la Corte Penal Interamericana, se habla de la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, se
habla de inexistencia de cosa juzgada en aquellos casos que
habían sido tramitados por la justicia militar, se niega la
competencia de la justicia militar en esos temas y se
produce una incorporación masiva del derecho internacional
a la jurisprudencia peruana... Hacia el año 2006 y 2007
podríamos hablar de consolidación del proceso de
judicialización.
D.: ¿Qué sentencias fueron las más
importantes?
C.R.: Existen dos sentencias que marcan
un precedente y que van a servir para más adelante:
Castillo Paez, que es un caso de un estudiante desaparecido
en octubre de 1990 y el caso Chuschi, con la desaparición
de autoridades civiles y comunales en esa localidad de
Ayacucho [ambas por parte del Ejército]. En la sentencia de
Castillo Paez, de marzo de 2006, hay una declaración sobre
la naturaleza jurídica del crimen de desaparición forzada,
cosa que nunca había ocurrido en el Perú, por un cuestión
muy concreta, nunca antes se había juzgado un caso de
desaparición forzada. La sentencia sentaba un precedente:
se afirma que la desaparición forzada es un crimen de carácter
permanente a la vez que la culpabilidad es demostrada a través
de un prueba indiciaria, cosa que jamás se había hecho en
el Perú en materia de derechos humanos. En lo que respecta
al caso Chuschi, es la sentencia que de manera más clara
habla de que en el Perú hubo una violación sistemática de
los derechos humanos y que crímenes como el de Chuschi son
crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, por esos tiempos hay un
elemento que empieza a jugar un papel fundamental, el de la
política. Alejandro Toledo termina su Gobierno en 2006 con
una crítica nada sutil a la judicialización de los crímenes
contra los derechos humanos. Llega Alan García y ese
discurso poco sutil gira y se vuelve una política de
Estado. Es innegable que Alan García llega al Gobierno con
una agenda política que tenía como uno de sus principales
aspectos combatir el proceso de judicialización. A él lo
afectaba directamente y afectaba a su vicepresidente, Luis
Giampetri. En su momento se le llamó “la plancha del
Frontón” porque ambos estaban implicados [en la matanza
de los penales de 1986]. García asume el 28 de julio de
2006 y la primera semana de septiembre dicta un decreto
otorgando defensa legal a los perpetradores de violaciones
de los derechos humanos, una cosa un poco extraña y pagada
por el Ministerio de Defensa. Y a partir de ese momento se
arma una confrontación que tiene como objetivo ablandar a
los jueces y fiscales. Y lo logran. Hay un cambio, en la
cantidad de gente procesada y la cantidad de gente condenada
o absuelta. El año pasado hicimos una estadística sobre
gente procesada y luego sentenciada y sacamos una conclusión
que nos asustó: a finales del año pasado había un 85% de
absoluciones. Pero lo que más nos asustó es que ha habido
un cambio en la jurisprudencia y que ese cambio es debido al
discurso político. Tú puedes decir que hemos perdido los
juicios porque la defensa fue sustancialmente mejor, pero
eso no ha sido así, porque hemos participado en muchos
juicios y porque ya el contenido de las resoluciones dan
cuenta de que hay un juego de arbitrariedades y hemos hecho
un listado, como de veinte razones, por las que un juzgado
de derechos humanos no puede firmar una sentencia así.
Un ejemplo de esto es el caso Parcco y
Pomatambo en el que la fiscalía o la parte civil tienen que
demostrar el crimen con un documento, cosa que en ningún
lugar del mundo vas a lograr, sino que llegan en algún
momento a asumir el discurso político de los militares. En
la sentencia de noviembre del año pasado de de este caso la
sentencia de la sala de lo penal nacional dice que el crimen
de 12 personas que fueron detenidas, conducidas a un lugar
determinado, torturadas, asesinadas y descuartizadas es
simplemente un exceso del jefe de la patrulla. Eso es asumir
el discurso más político de los militares. Ellos primero
lo niegan, pero cuando hay una evidencia de los crímenes,
dicen que es un exceso del militar que participó.
Alberto Fujimori a la cárcel
D.: ¿Qué repercusiones ha tenido
la sentencia a Fujimori en 2009?
C.R.: La mayor repercusión se ha
producido fuera de Perú. Hemos tenido noticias de que hay
muchos tribunales, sobre todo en Colombia y otros países de
América, que están comenzando a utilizar la sentencia.
Pero en el caso peruano, el Tribunal de Derechos Humanos no
ha mencionado jamás la sentencia, y eso que desde que se
condenó a Fujimori se han emitido media docena de
resoluciones, en diferentes casos. Y no solamente no se
menciona sino que se comienza a argumentar contra la
sentencia. Hay un proceso muy peligroso entre los jueces del
sistema penal de derechos humanos al que yo no encuentro
otra explicación que no sea la política. Entre las
primeras sentencias y las actuales siguen siendo más o
menos los mismos jueces y ahora comienzas a tener sentencias
en las que un juez, que años atrás emitió una determinada
sentencia, últimamente emite dictámenes en contra de lo
que él mismo escribió.
La sentencia del caso a Fujimori dijo
que en este tipo de crímenes no era probable pedir prueba
escrita o documentos que den cuenta de las órdenes
criminales. En la sentencia se dice que normalmente en estos
planes las órdenes son verbales y clandestinas. Hay tres
sentencias recientes en las que se les pide a la fiscalía y
a la parte civil que no han demostrado porque no hay parte
documental. Te dice que el testimonio del familiar de la víctima
no es confiable porque tiene un interés en el resultado del
proceso. Oye, ¿pero no es así en Bosnia, en Ruanda o en
cualquier otra parte del mundo? El familiar es el que tiene
interés. ¿Cómo no lo pueden tomar en cuenta como
testimonio válido? El tercer elemento dice que un general
del Ejército no puede ser sentenciado de manera
condenatoria porque dice que no se ha demostrado que
emitiera una orden escrita y porque no estaba en el lugar de
los hechos. ¿Y desde cuándo el mando militar tiene que
estar con el soldado ejecutando su orden? En realidad hay
una jurisprudencia que ha ido con el ánimo de desmontar la
doctrina que estableció el caso Fujimori y que nos preocupa
porque ya lindan con la falta de pasividad o de
imparcialidad.
D.: Aun así, es un hecho histórico
para los organismos de derechos humanos...
C.R.: Es un hito histórico de la
justicia peruana. Nos hubiese gustado que la sentencia a
Fujimori hubiera marcado un antes y un después en lo
judicial y en lo político. La conclusión que se puede
sacar es que en lo judicial no ha marcado ese hito. En la única
sentencia en la que se menciona es en la sentencia que se
emitió el año pasado en el caso de La Cantuta. En el lado
de la política, su hija está pasando la segunda vuelta y
podría ser la próxima presidenta de la República.
D.: En Perú, ¿crees que los
juicios han ayudado a un cambio de conciencia entre los
peruanos?
C.R.: Yo estoy seguro de que sí ha
ayudado a muchísima gente, no sólo el dato de que Fujimori
fue condenado, sino que hay un elemento con el que Fujimori
no contaba que era que el juicio iba a ser televisado, que
fue un elemento decisivo para el cambio de la opinión pública.
Y te encuentras hasta ahora con taxistas que te reconocen y
te felicitan. Hay muchos que me han dicho que no se perdían
ninguna audiencia del juicio, que se regresaban a sus casas
para verlo. Eso te da una satisfacción inmensa porque
hicimos pedagogía sin que nadie se lo hubiera propuesto.
D.: ¿Qué anécdotas recuerdas del
juicio?
C.R.: La primera sería que decidimos
entre los abogados no saludar a Fujimori. Cuando supimos que
iba a ser un juicio televisado, nos dimos cuenta de la
envergadura del caso. Primero que tienes que prepararte como
nunca te has preparado en tu vida y además es un juicio en
el que no solamente lo que dices es importante sino también
los gestos. El hecho de no saludarlo en ninguna de las 161
oportunidades fue importante. Él insistió hasta la tercera
o cuarta ocasión y de ahí ya entendió que había una
distancia que su saludo no iba a romper. El hecho simbólico
de que la sala principal de audiencias tuviera dos columnas:
los familiares y las ONG por un lado y por otro lado,
separados, los congresistas de Fujimori, su familia, los políticos
cercanos... Eso fue algo difícil de llevar porque
evidentemente en ese tema no había posibilidad de
reconciliación.
Otra cosa que marcó el juicio fue el
arribo del fiscal Avelino Guillén, que no estaba previsto.
Al inicio el fiscal iba a ser José Antonio Pelaez. Pero ahí
hay un cambio, que obedece a una decisión política del
Ministerio Público, de que sea el fiscal Guillén. Ése fue
un cambio sustancial: al comenzar a interrogarlo, Pelaez lo
llamó “presidente Fujimori”. Lo primero que le dice el
fiscal Guillén es “acusado, siéntese bien, usted está
en una sala de audiencias”. Él estaba sentado normal,
sentía que el grito de “¡Yo soy inocente!” que había
pegado en la primer audiencia había atarantado a los
jueces. Y el fiscal recompone las piezas en el interior del
juicio. Por la cara que pone Fujimori cuando le dicen se ve
que se da cuenta por primera vez de que está en un juicio.
D.: ¿Sabías que la resolución iba
a ser condenatoria?
C.R.: Cientos de periodistas nos
preguntaban y decíamos que sí, porque las evidencias que
se teníamos decían que él era responsable. Pero, como en
todos los juicios, la sentencia se va viendo al final. Al
final estábamos mucho más convencidos de que iba a ser
condenatoria, porque habíamos visto un juicio en el que era
evidente que habíamos derrotado a la defensa. El propio
abogao de Fujimori, César Nakasaki, decía: “Ustedes
considerarán que me están goleando, pero yo creo que aquí
están ustedes ganando como un 3–2”. Yo creo que la
defensa fue aplastada en el término más jurídico. Ninguno
de los argumentos de Nakasaki fue recogido, a pesar de que
es un tipo hábil.
D.: Además del caso Fujimori,
también llevasteis el caso de la matanza en la cárcel del
Frontón [donde más cien senderistas fueron fusilados tras
un motín en 1986].
C.R.: En el tema del Frontón se
produjo un logro muy importante. Nosotros llevamos el caso
desde el año ‘87. Hemos transitado todo lo que se puede
transitar en términos de mecanismos de impunidad: juicios
militares, juicios secretos, falta de información, leyes de
amnistía, injerencia política, resoluciones irregulares...
todo lo que uno se pueda imaginar ocurrió en el caso del
Frontón. A pesar de todo eso, en 2005 se logra abrir el
proceso judicial. Es cierto que sólo contra los
perpetradores materiales, no contra los que dieron las órdenes.
Finalmente Alan García, Luis Giampietri y Agustín
Mantilla, que son los principales responsables, y los mandos
militares están simplemente como testigos. El juicio sigue
abierto, en etapa de instrucción, la primera etapa en el
proceso penal peruano. La estrategia del abogado Carlos
Tapia, candidato este año al Congreso por el fujimorismo y
expulsado de la lista porque tenía un pasado medio
fascistoide, fue obstruir y obstaculizar el proceso. Desde
mi punto de vista fue un error, porque si el juicio del
Frontón se hubiese sentenciado en el Gobierno del
presidente García, que está ahora terminando, es probable
que una sentencia absolutoria no hubiera desentonado con las
sentencias que en general están saliendo, es decir,
absoluciones. Creo que ahí a la defensa le ha salido el
tiro por la culata, porque ahora el juicio se hará con el
nuevo Gobierno, sea el de Fujimori o el de Humala, pero en
todo caso no será con el de García. En este caso, después
del de Fujimori, es donde más ha intervenido la política.
D.: ¿Qué otros éxitos crees
que ha habido en la lucha contra la impunidad en estos últimos
años?
C.R.: Yo creo que a estas alturas, el
hecho de que haya 70 casos abiertos por violación a los
derechos humanos es muy notable, sobre todo porque varios de
ellos indican la forma sistemática en la que se cometían
estos crímenes. El caso de los desaparecidos de la
Universidad del Centro, un caso muy importante que da cuenta
de crímenes cometidos entre 1990 y 1993, demuestra que a
pesar de que había cuatro jefes militares, los cuatro
desarrollaban la misma política, algo que confirma que hubo
una decisión superior y del Estado para que eso se ejecute.
Y ya ni se diga de los crímenes del destacamento Colina. En
los casos de Barrios Altos y de la Cantuta, dirigidos por
este grupo, hubo condenas el año pasado y en 2008. Es
cierto que se demoraron demasiado en juzgarse, pero son
hechos notables.
Otro caso sumamente importante son los
crímenes sexuales en las bases de Malta y Vilca en
Huancavelica y el caso de una joven universitaria de
apellido Montesa. Los dos casos los estamos manejando
nosotros y han tenido sus complejidades. ¿Cómo se
demuestra un crimen de violación sexual cometido hace 20 o
25 años? Ahí hay mucha doctrina sobre el hecho de que es
un crimen contra la humanidad, pero el tema probatorio es el
tema más importante. Nos ha costado entre seis y siete años
lograr la judicialización. En el caso de Malta y Vilca,
donde unas 30 mujeres fueron violadas en el lapso de diez años,
la Comisión de la Verdad dice que es posible identificar
que hay un patrón generalizado de la violación sexual como
método de tortura. En 2009 se abre el caso Malta y Vilca y
hace un mes se ha logrado la judicialización del caso de la
universitaria Montesa.
En ambos casos se ha conseguido que se
calificaran los delitos como crímenes contra la humanidad.
Más allá de ese éxito en lo jurídico, en realidad no sabíamos
que el caso de Malta y Vilca es el primer caso en la región
en el que un sistema de justicia nacional somete a la
justicia un crimen de violación sexual y lo identifica como
crimen de lesa humanidad. Suponíamos que en Guatemala y
Colombia, donde también se utilizó como método, existirían
casos semejante. Fue ingrata la sorpresa cuando nos
dispusimos a buscar jurisprudencia y no había ningún caso.
Por lo tanto Malta y Vilca se convierte en el primer caso en
la región. Eso es un éxito notable, porque no solamente es
un forma de reparar a las víctimas sino que se convierto en
un aporte en el Perú y en América.
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