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Inambari,
una bomba de tiempo para Ollanta Humala
Por
Rafael Vereau Gutierrez
IPYS
- Infos, mayo 2011
El
candidato presidencial más votado en Puno es también el más
cercano a Brasil, como quedó demostrado en la primera
vuelta de la campaña electoral. ¿Cómo resolvería Ollanta
Humala el proyecto al que se niegan los puneños pero que
tiene comprometidos importantes capitales brasileros?
Ollanta
Humala es el candidato que logró mayor votación en Puno
gracias a su conocido discurso nacionalista y descentralista,
que logró calar en una región históricamente de
izquierda. Sin embargo el resultado no solo le significaría
alegrías a Gana Perú, el movimiento político de Humala,
sino también una preocupación de ganar las elecciones en
la segunda vuelta, en la que enfrentarán a Keiko Fujimori.
La
controversia se presenta en la siguiente pregunta: ¿Llevará
adelante Ollanta Humala el proyecto energético de Inambari,
respaldado por capitales brasileros, aún cuando la población
puneña se ha negado a él con marchas y protestas? ¿Para
qué lado de la balanza de inclinará Humala?
En
la primera parte de la campaña electoral de este año quedó
evidenciada la vinculación del líder nacionalista con
asesores del Partido de los Trabajadores (PT), el partido de
gobierno en Brasil. Tras perder las elecciones del 2006 con
un mensaje antisistema, Ollanta Humala fue consciente del
lastre que le significó su cercanía con Hugo Chávez, ante
lo cual, se decidió por un cambio de estilo dentro del
socialismo, diseñado por asesores del Partido de los
Trabajadores (PT).
La
activa participación de los "petistas" Luis Favre
y Valdemir Garreta en la campaña de Humala, además de la
estrategia diseñada por el experto en marketing político
Joao Santana, el mismo que ayudó a Lula a obtener la
Presidencia en 2002 tras varios intentos fallidos, es una
prueba de que los intereses brasileros siguen de cerca el
desarrollo de las elecciones peruanas, y los favorecería,
claro está, la victoria de Ollanta Humala.
El
grado de vinculación del candidato con los intereses
brasileros es aún un secreto, pero lo que es un hecho es la
política de inversiones "sí o sí" que llevó
adelante durante los últimos cinco años el gobierno de
Alan García. En este contexto, el de Inambari se ha
convertido en el caso paradigmático de una serie de
proyectos similares que obedecen a la lógica de conseguir
mayores rentas para el país, y la que Ollanta Humala (de
ser elegido) tendrá que responder frenándola o replanteándola
para prevenir una disparada de conflictos sociales
similares.
Política
energética ausente
Cabe
resaltar que el convenio energético firmado con Brasil no
ha sido sustentado dentro de una política energética
nacional que establezca lineamientos claros sobre la
cobertura de la demanda interna y la capacidad exportadora
que el Perú puede ofrecer. En otras palabras: la misma polémica
que hoy rodea al Gas de Camisea, pero trasladada a la
producción de electricidad.
Sobre
esto último, Javier Torres, Director del Programa
Descentralización y Gobernabilidad Democrática en SER,
opina que "en el caso de las hidroeléctricas, el
debate político no debe ser si construimos las hidroeléctricas
para vender energía a Brasil, si no ¿Con cuánta energía
cuenta el Perú? ¿Cuánta energía necesitamos? ¿Cuánta
energía podemos vender?
Lo
que desde el gobierno de García se promovió fue el camino
al revés: primero se firmó el Convenio Energético con
Brasil, para luego improvisar, como sacando por debajo de la
manga, un documento de política energética.
La
política energética de Humala
Más
allá del silencio de Ollanta Humala de cómo llevará
adelante el convenio, sobre este tema, el Plan de Gobierno
de Gana Perú menciona reformas en la matriz energética
(punto 4.1 "La nacionalización de las actividades
estratégicas", ubicado en la sección Acciones de Política)
que consisten en racionalizar, optimizar, asegurar el
suministro, garantizar a largo plazo una infraestructura
energética, entre otras acciones con verbos en infinitivo.
Si
bien sus planteamientos no mencionan cifras estimadas ni
estudios especializados ni presupuestos detallados, es claro
que un eventual gobierno nacionalista alejaría esta
industria del sector privado. La propuesta no permite ver
con claridad la manera en que se administrarán los recursos
energéticos, por lo que deja dudas sobre cómo resolverá
un posible conflicto con los capitales nacionales y
extranjeros invertidos en el sector.
Sin
embargo, su plan de gobierno parece dar luces sobre como
administraría este tipo de recursos, generados de manera
binacional. "En los acuerdos de inversión, como el
planteado por Brasil, será contraparte nacional la empresa
Electroperú, como lo es por Brasil la empresa Electrobras.
Se harán los estudios de impacto ambiental de la manera más
rigurosa, para no poner en peligro el capital natural de
biodiversidad ni de otros recursos estratégicos como el
agua y los bosques, así como los impactos negativos que
provienen de las grandes presas, para que la generación
hidroeléctrica se base en el desarrollo sostenible de los
recursos naturales y, en especial, en estrecha coordinación
y consulta con las poblaciones y autoridades locales y
regionales". Dejando en claro que el proyecto tiene
viabilidad dentro de unos márgenes, los cuales como hemos
venido viendo, aún no son aceptablemente negociables por la
población de la cuenca del río Inambari.
Expuesto
así, un eventual gobierno de Ollanta Humala llevaría
adelante los proyectos en compás de espera con Brasil, ¿conocían
los electores puneños que el candidato más votado de su
región podría llevar adelante el proyecto de inversión al
que tanto se oponen?
Pero,
¿qué es de Inambari hoy?
Luego
de la última acción pública de EGASUR (el taller
informativo en Puerto Manoas, el 27 de noviembre, que fue
suspendido), el proyecto Inambari ha seguido creando
contradicciones entre autoridades y población civil, como
es el caso del Acuerdo Regional Nº 15-2011-GRP-CRP, firmado
por el Consejo Regional de Puno, que rechaza la construcción
de la Central Hidroeléctrica Inambari pero que, finalmente,
el presidente regional Mauricio Rodríguez eliminó
retirando la ordenanza hasta de la página web del Gobierno
Regional.
Por
otro lado, posturas especializadas se han manifestado en pro
de informar a la población sobre la envergadura de este
proyecto de impacto nacional. Una de ellas en la de José
Serra Vega, a través de su libro Inambari: la urgencia de
una discusión seria y nacional, otra la de las
organizaciones Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR);
la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER); y la
de la Central Ashnaninka del Río Ene (CARE), a través del
Acuerdo energético entre Perú y Brasil.
Ambos
documentos exponen las principales preocupaciones nacionales
sobre esta decisión: poca transparencia; limitada información;
escaso sentido de previsión a largo plazo; poco cuidado
aparente por los intereses nacionales; ningún cálculo
costo-beneficio que integre los costos ambientales y una
total ausencia de planificación que integre estos proyectos
a una visión de desarrollo de la Amazonía.
Por
otra parte, nos encontramos ante la preocupante situación
de que durante, y luego, de la primera vuelta electoral
ninguno de los candidatos en carrera ha indicado cómo se
llevaría a cabo el Convenio Energético con Brasil en el
Perú. De esta manera, Inambari sigue siendo la primera de
una serie de bombas de tiempo que a la larga podrían
terminar destruyendo a la Amazonía.
El
proyecto en números
El
proyecto de Inambari está presupuestado en US$4,846.5
millones, distribuidos así: 84% para su construcción (US$4,089.8
millones); 2.3% para programas socio-ambientales (US$112.5
millones); 0.4% para el Estudio de Factibilidad (US$18.3
millones); 7.8% para la reubicación de carreteras y líneas
de transmisión (US$377.8 millones); 3.4% para gastos
administrativos (US$166,7 millones) y 1.7% (US$81.4
millones) para gastos de contingencia.
Cálculos
del estudioso José Serra Vega, autor del libro antes
mencionado, estiman que lo que debería invertirse en los
programas socio ambientales del proyecto debería ser no el
2.3% considerado en el presupuesto, sino entre el 8 y el 10%
del total, los que deberían destinarse a compensaciones a
los afectados, reubicación de la población desplazada,
manejo del Plan de Manejo Ambiental, entre otros conceptos.
Finalmente,
para la etapa del cierre de operaciones, es decir, el de la
limpieza del lugar al concluir la construcción de la
central, y que incluiría también el cierre de las
canteras, se estima que el proyecto actual solo cuenta con
un presupuesto total de $ 140 mil lo que es insuficiente.
Hasta
el 2010, el Banco Nacional de Desarrollo Social del Brasil (BNDES)
había financiado el Programa de Aceleración del
Crecimiento del gobierno de Ignacio Lula da Silva y es esta
misma entidad la que financiará las hidroeléctricas de la
Amazonía peruana y dará un crédito de $2.500 millones
para financiar la primera etapa de la central de Inambari.
El BNDES es una de los bancos mundiales más grandes que no
ha adoptado los Principios del Ecuador, para asegurar que
los proyectos que financian cumplan con altos estándares
sociales y medioambientales.
Abastecimiento
Actualmente
el gigante Brasil cuenta con una capacidad instalada de
generación de energía de 107 GW, con tendencia al
crecimiento de 5% anual, sin embargo tiene limitaciones para
desarrollar su gran potencial hidroeléctrico a causa de su
legislación ambiental, por ello busca nuevas cuencas de ríos.
Se estima que entre el 2009 y el 2017 su demanda debe
crecer, en promedio, en 5.9 GW anuales hasta los 155 GV,
para poder mantener su crecimiento económico. Se estima que
para el 2030 requerirá 224.9 GV.
En
el Perú, la capacidad instalada es de 7,158 MW (o 7.1 GW) y
la última demanda máxima registrada fue en diciembre del
2009 de 4,322 MW (4.3GW), y se espera que continúe a un
ritmo de crecimiento de 8.3% anual. La tendencia, bajo una
óptica optimista, es que esta demanda aumentará hasta 14
GW en el 2030.
¿Pero
cuánta energía se ha negociado con Brasil? Para ello es
necesario saber que el potencial técnico hidroenergético
nacional es de 58 GW, y 22.8 GW están en la Amazonía, un
39% del potencial hidroeléctrico nacional. De ellos, 19.2
GW –equivalentes a 86%– fueron inicialmente ofrecidos al
Brasil. En dicha evaluación, el proyecto Inambari
representaba 2.2 GW.
Por
otro lado, el ingeniero José Serra Vega ha asumido en su
libro, a manera de ejemplo con los datos existentes, que el
24% será para el Perú y 76% para el Brasil en un caso
pesimista y un 48% versus un 52% en un caso optimista,
respectivamente. Pero también indica que para saber qué
porcentaje de la energía de Inambari se exportará al
Brasil, es necesario saber si se va a construir las
centrales de Paquitzapango, Mainique, Tambo 40 y Tambo 60,
para así saber qué porcentaje de la energía de cada una
de las centrales irá al Brasil.
También
recomienda saber: ¿Cuánto va a crecer el mercado energético
del Perú entre el 2010 y el 2017?, periodo de tiempo en el
que EGASUR espera que la central comience a funcionar. Y a
su vez, ¿qué nuevas centrales hidroeléctricas van a
entrar en funcionamiento en ese período y cuáles se van a
retirar? ¿Cómo van a evolucionar los precios de la
electricidad? Debido a que estos varían en función a los
precios internacionales de los hidrocarburos y si habrá una
política del Gobierno de reservar el gas natural para su
ulterior transformación en energía.
Pero
el hecho es que según el convenio, la capacidad acumulada
de todas las Centrales de Generación que se puedan
comprometer para la exportación al Brasil será como máximo
6 GW más una tolerancia del 20%, un total de 7.2 GW. Un
poco más de la capacidad instalada hoy en día. Todo
vendido en un bloque de energía definido por 30 años para
garantizar su suministro.
Un
dato interesante que agregar es que el Perú, sin tocar a la
Amazonía, tiene un potencial hidroeléctrico y eólico que
podría satisfacer una demanda nacional, creciendo a 600 MW
anuales, durante 94 años. Lo que indica que para el Perú
no es prioridad energética, pero sí muy rentable,
desarrollar hidroenergía en la Amazonía
El
estado del proyecto
Desde
su puesta en marcha, la etapa de concesión temporal
otorgada a EGASUR, ha dado como resultado un Estudio de
Factibilidad Económico-Técnico que la empresa entregó el
7 de octubre de 2010 al Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Pero, de otro lado, a este estudio la empresa le ha anexado
parte del segundo estudio requerido, en lo referente a
impacto ambiental, aunque sin la debida retroalimentación
de datos generados del Proceso de Participación Ciudadana
lo que le daría la llamada "licencia social".
Recién con esto último, conseguirían su Estudio de
Impacto Ambiental y Social (EIAS) con lo que concluirían la
fase de estudios preliminares, para embarcarse en la
solicitud de la concesión definitiva del proyecto a un
eventual gobierno nacionalista o fujimorista.
Tengamos
en cuenta que el Proceso de Participación Ciudadana es un
trabajo que se hace antes y después de presentar el Estudio
de Impacto Ambiental y Social, sin embargo, la etapa social
de este diagnóstico se ha visto interrumpida por protestas
y un clima de desinformación en torno al proyecto,
principalmente en la provincia de Carabaya, en la región de
Puno. Aquí EGASUR no ha encontrado "la colaboración
necesaria", lo que le llevó a suspender por decisión
del MINEM el último taller informativo en Puerto Manoas, el
27 de noviembre de 2010. Taller que estaba realizándose
fuera del plazo permitido por los estudios preliminares para
obtener la muy nombrada 'licencia social'.
¿Licencia
social?
Legalmente,
esta figura no existe. Lo que se conoce en los medios como
"licencia social" para el caso de Inambari
corresponde al Proceso de Participación Ciudadana
mencionado y que desarrolla la empresa, por orden del MINEM,
por el cual debe dictar una serie de talleres para que la
población se informe, consulte y haga aportes en la
definición y adopción de políticas relacionadas con la
conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
Esto, con el objetivo de obtener mayores benéficos del
proyecto, pero no para que la población decida si el
proyecto se lleva adelante o no. Es decir, para este tipo de
inversiones la población "cuenta pero no cuenta".
El artículo 16, en el punto C) del Reglamento de
Participación Ciudadana, lo dice expresamente así,
"la consulta se realizará a través de reuniones
dirigidas a las personas y organizaciones sociales; ello no
implica un derecho a veto de los ciudadanos sobre el
proyecto". No hay referéndum, no hay votación, no hay
mano alzada y, finalmente, la decisión recae en manos del
Estado hasta que llegué a convencer a la población o
deseche el proyecto.
Al
final, la participación ciudadana, a nivel de toma de
decisión parece ser solo un requisito de cálculo
administrativo. Lo que nos lleva a preguntarnos, si en el
gobierno entrante ¿se revisará este estudio ya entregado
en octubre de 2010 o se pedirá que se realice otro a pedido
de los implicados?
Por
otra parte, existe la postura de activistas y algunos
congresistas en los medios que alegan el convenio 169 de la
OIT para poblaciones indígenas, a favor de las zonas
afectadas. Pero es importante saber que los pobladores de la
cuenca del Inambari son considerados hasta ahora
"colonos" por parte de EGASUR y el Estado, por
ende, no partícipes de los beneficios del convenio de
consulta a poblaciones nativas, a pesar de que hay centros
poblados con varias generaciones poblacionales nativas. Ante
esta situación, también surge la inquietud de si ¿serán
incluidos en el proceso consulta en caso que un eventual
gobierno nacionalista apruebe el Convenio 169?
Son
preguntas que surgen ante el nuevo panorama, pero lo cierto
es que la zona donde se piensa hacer la represa de Inambari
está habitada por migrantes desde hace décadas: madereros,
cocaleros, comerciantes, mineros artesanales y trasportistas
de paso. La excepción es la comunidad nativa Harakmbut de
San Lorenzo, en el distrito de Camanti, provincia de
Quispicanchis, en el área de influencia directa, que ya está
en conversaciones con la empresa y donde se realizo el
segundo taller informativo de Cusco.
Protección
natural y ordenamiento formal
La
empresa Apoyo-Comunicaciones Corporativas, que trabajó
durante el 2010 en el Proyecto Inambari de EGASUR y que
busca hacerlo también el presente año, explicó para INFOS
los beneficios y algunos de los impactos negativos del
proyecto:
Beneficios
*
La posibilidad de ganar un beneficio exportando energía al
Brasil (pero en realidad los beneficios serían para la
concesionaria brasileña pues lo que ganaría el Estado
peruano sería sólo los impuestos). Aunque ingresarían
1700 millones durante los 5 años de construcción entre
materiales y mano de obra.
*
El afianzamiento del sistema eléctrico peruano al unirse
con uno mucho más grande que puede servir de ayuda en caso
de problemas.
*
Reforestación, captura de carbono, investigación científica
permanente, inversión en el Parque Nacional Bahuaja Sonene
y el desvío de la Carretera Interoceánica de la zona serían
parte de los beneficios obtenidos del mega proyecto.
*
Por otra parte, está el hecho de considerar que la represa
de Inambari es una opción factible de desarrollo formal
frente a la minería informal (Lea "La Rinconada: la
ruleta del oro informal"), el narcotráfico en la zona,
la deforestación y la negligencia estatal con la que
convive la gente. Esto, porque su presencia alienta a
formalizar las actividades económicas en torno a la cuenca
del río Inambari, donde, al igual que en el resto de la
Amazonía peruana, la colonización desordenada ha tenido
severos impactos que escapan de cualquier control.
Impactos
ambientales directos
*
La inundación de 106 kilómetros lineales de la actual
Carretera Interoceánica Sur,
*
La inundación de 38.000 (ha) de bosques montanos y
destrucción de 1.500.000 ha de selva amazónica en buen
estado con impactos irreversibles en la biodiversidad y,
amenazando casi a la tercera parte de la biodiversidad
Parque Nacional Bahuaja Sonene.
*
El desplazamiento y reubicación de más de 3.000 personas
por la inundación de docenas de caseríos, sobre todo de
comunidades nativas, causando un gravísimo problema social
desplazando varios miles de personas que perderían su casa,
su trabajo y su entorno cultural.
*
La interrupción de las migraciones de peces para su
reproducción y la interferencia con áreas de desove, entre
otros, acusando la ausencia de planificación y un escaso
sentido de previsión a largo plazo.
*
La construcción de la central hidroeléctrica actuaría
como un magneto de atracción a la inmigración de colonos
al área. Dicha situación originaría a su vez una secuela
de quemas de bosques, apertura de precarios campos para
agricultura y ganadería, depredación de la fauna y erosión
de laderas.
Para terminar, es de considerar que más allá de
los millones que están en juego, el proyecto de Inambari
ofrece una vía de desarrollo formal a las regiones donde se
piensa operar, pero a la vez, viene demostrando la
vulnerabilidad y riqueza de los territorios involucrados, así
como la necesidad de decisiones vitales (dentro de lo legal
y lo práctico). Por eso queda la pregunta abierta ¿Estará
un eventual gobierno de Ollanta Humala en la facultad de
defender los intereses nacionales frente a los brasileros?
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