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Balas
contra las protestas mineras
Brecha,
31/05/2012
También
los gobiernos progresistas reprimen a las comunidades
locales que se resisten a aceptar los proyectos de instalación
en sus tierras de compañías multinacionales mineras
especialmente depredadoras.
El gobierno
peruano de Ollanta Humala es reincidente en ese plano. En
esta ocasión se trata de la población campesina de una
zona elevada (más de cuatro mil metros de altura) de la
provincia de Espinar, en la región andina de Cusco, que
salió a manifestar contra la minera de origen suizo Xstrata
Copper, a la que responsabiliza de la contaminación de los
cursos de agua del área que alimentan sus magros cultivos
de subsistencia. La Vicaría Católica de Solidaridad de la
Prelatura de Sicuani recordó esta semana que un estudio
realizado en febrero por el estatal Centro de Salud
Ocupacional y Protección del Medio Ambiente había
encontrado muestras de contaminación por arsénico y
mercurio "por encima de los estándares de calidad
ambiental. Se encontraron 28 personas con valores superiores
al límite de referencia con mercurio, 24 con valores de arsénico
superiores al límite referencial y 10 personas con valores
de cadmio por encima del valor referencial".
Los pobladores
dicen también que la minera saca gigantescas utilidades de
la explotación de las minas, por las que paga un canon ínfimo
y reclaman que más dinero quede en la zona. Desde hace casi
dos semanas están paralizadas las actividades en Espinar
por un paro general. El lunes la policía mató a balazos a
dos pobladores, hirió a veinte y atacó a las ambulancias
que transportaban a los lesionados hacia centros de salud,
según testigos. En la noche de ese mismo día, el gobierno
decretó el estado de emergencia en toda la provincia,
suspendiendo las garantías individuales. El martes, el líder
de la protesta, Herbert Huamán, presidente del Frente de
Defensa de Espinar, fue detenido, mientras el alcalde de la
localidad, Óscar Mollohuanca, pasó literalmente a la
clandestinidad luego de declarar que sabía de la existencia
de una orden de arresto en su contra. Pese al estado de
emergencia, las movilizaciones se han mantenido.
El primer
ministro Óscar Valdés, un militar retirado considerado
cercano a los sectores empresariales, justificó la represión
policial y tildó de "extremistas" a los
pobladores de Espinar que resisten a la minera, imitando la
línea del propio presidente Humala, que dos días antes los
había llamado "violentistas". Cuando estaba en la
oposición, e incluso en campaña electoral, Humala defendía
el derecho de las poblaciones locales a decidir su propio
destino y a resistir la implantación de proyectos
industriales contaminantes, como está comprobado que es el
de Xstrata. Con los dos de esta semana ya son 12 los
campesinos muertos por la policía peruana en protestas
sociales luego que Humala asumiera el poder en julio pasado,
fundamentalmente desde diciembre, mes en que Valdés fue
nombrado primer ministro. La zona de Cusco fue una de las
que más apoyó al actual presidente en las últimas
elecciones: ocho de cada diez electores le dieron su voto.
La actitud del
gobierno en el caso de Espinar fue criticada (algo) en filas
del oficialismo, pero fue fuertemente apoyada por la oposición
parlamentaria de derecha. La represión policial de los
conflictos sociales ambientales le está dando por otra
parte nuevos dolores de cabeza familiares a Humala. Esta
misma semana venció el plazo dado al gobierno por la
población -y también por las autoridades locales- de
Cajamarca, al norte de Perú, para anular, como se había
comprometido a hacer, el proyecto de explotación de una
mina de oro a cielo abierto que ya había sido concesionada
a una empresa dominada por la trasnacional Newmont. Las
movilizaciones han sido respaldadas por el padre del
presidente, Isaac Humala. El veterano (tiene más de 80 años)
anunció que iba a viajar a Cajamarca para sumarse a las
manifestaciones de protesta.
Humala
ha decidido convencer al mundo de que no
solo es un militar sin palabra,
sino un político con ideología neoconservadora
Adiós
Humala
Por
Oscar Ugarteche (*)
Alai, 04/06/2012
Tras la
"masacre política" de diciembre del 2011, Ollanta
Humala ha decidido convencer al mundo de que no solo es un
militar sin palabra, sino un político con ideología
neoconservadora. Este convencimiento se lo hizo primero a
los venezolanos que lo apoyaron en la campaña del 2006 y
luego a los brasileños que lo apoyaron en el 2011, y ahora
lo viene llevando a la calle. No ha bastado
"limpiar" a su gobierno de funcionarios
progresistas, ahora es fundamental declarar la lucha de
clases a la antigua, a balazo limpio. En distintas partes
del Perú, y con el aplauso de la pintoresca y bravucona
derecha nacional, Ollanta Humala y su gobierno se enfrentan
y desafían al pueblo que ha votado por él. ¿Para qué?
Humala
pretendió ser el caudillo progresista esperado en dos décadas.
Participante del Foro de Sao Paulo, los partidos políticos
de la izquierda latinoamericana lo acogieron y apoyaron en
sus campañas diversas desde el 2005. La derecha lo acusó
por todo esto de ser primero el candidato de Chávez y la señora
Heredia fue perseguida por una parte de la prensa peruana a
partir de las elecciones del 2006 por sus vínculos con
Venezuela. Por esto tuvo de portavoces de campaña a Mocha
García Naranjo y a Nicolás Lynch que venían de las
izquierdas.
Luego de su
salto a la esfera de influencia de Brasil para la campaña
del 2011, creando una mejor imagen de amigo de Lula da Silva
y con posiciones más moderadas, la misma prensa lo persiguió
por tener un asesor que representaba los intereses
empresariales brasileños. El día del triunfo electoral, en
junio del 2011, los titulares limeños no lo dieron por
ganador sino por empate y anunciaron la necesidad de una
concertación política. La derecha decía que éste no podría
gobernar sin ella. De allí salió la baraja conservadora
dentro del gabinete nombrado el 28 de julio del 2011. Sin
embargo ni entonces ni después hubo concertación. La que
hizo la derecha fue un asalto al poder. Lo que hay es una
vuelta de la tortilla. Una revolución en su sentido cabal.
Ganaron los que perdieron y perdieron los que ganaron como
ya se dijo hasta la saciedad.
Una cosa es la
prensa limeña conservadora y otra la realidad política en
el campo. Cuando en Espinar el 76% de la población que ha
votado por el candidato ve como ya de presidente los agarra
a balazos, la cosa está complicada. Peor si encima mete a
la cárcel a la gente de la Vicaría de la Solidaridad de
Sicuani por terrorismo que fue a ver qué pasa. Y aún peor,
cuando además presiona al presidente de la Corte Suprema a
hacer cosas reñidas con la independencia de poderes y lo
consigue, permitiendo así el secuestro de autoridades
electas para su juicio en otras jurisdicciones. Lo que hay
en el Perú, a un año de electo el nuevo gobierno, es un régimen
mafioso y matonesco no muy distinto al de Fujimori.
Queda la
interrogante de si Ollanta Humala piensa algo. Cualquier
cosa. Y si tiene alguna línea. Cualquier línea. Reflejos
políticos claramente no tiene. Descartado el verbo
"pensar", ¿Creerá que va a terminar su gobierno?
¿Cómo lo va a hacer? Que Washington piense que esto se
arregla a balazos en el nombre del control del terrorismo es
un tema relacionado al negocio de la venta de armas. Lo que
a los peruanos nos concierne es nuestro país y adónde va.
Cada vez hay menos ciudadanos dispuestos a que los
atropellen en todo el país. Ese es el único complot. Hay más
ciudadanía. Y los jóvenes de ahora son más ciudadanos que
lo que han sido en mucho tiempo al margen de la geografía.
Medio Oriente nos muestra que la calle pesa en el mundo y el
Perú no es una excepción, aunque esa calle sea de tierra
en un pueblo con un río contaminado al lado.
Venimos de una
dinámica de desintegración nacional que comenzó en la década
del 80, cortesía de Sendero y García, a través de las
masacres, la hiperinflación y el colapso económico de los
años 80. Se intentó recuperar el sentido nacional mediante
la estabilización económica de los años 90, las
investigaciones sobre corrupción de Fujimori y sus
secuaces, y la formación de Comisión de la Verdad en la
primera parte del siglo XXI. Tras la elección de Humala en
simultáneo tenemos como siempre a la cruz y la espada
actuando juntas. El Primer Ministro nombrado en diciembre
resulta una expresión del fujimorismo castigado en junio
del 2011 por el voto presidencial. Este ha tomado partido en
un tema muerto y acabado, como es la sentencia de la Corte
Interamericana sobre la Embajada del Japón (1997). Al mismo
tiempo, el cardenal echó al padre Gastón Garatea S.S.C.C.,
ex Comisionado de la Verdad, de la práctica religiosa en
Lima. El tema de los militares en los años aciagos ha
revivido de la mano de cruz y la espada. Días más tarde se
violentaron las protestas sociales anti mineras mientras la
policía secuestraba a los alcaldes para enjuiciarlos fuera
de su jurisdicción legal. En el Perú, los derechos humanos
de los alcaldes son una cojudez total, parafraseando.
El tono de la
renuncia de la congresista Verónica Mendoza del Partido
Nacionalista la mañana del lunes 4 de junio debería de
alertar a Humala y todo su combo, civil, religioso y
militar, que pueda que no acabe su periodo. Dice: "La
represión como un resorte automático frente a las demandas
populares genera más resistencia de la gente, cayendo en un
círculo vicioso. No obstante, condenamos tajantemente todo
tipo de violencia venga de donde venga. Es necesario que las
organizaciones sociales, la sociedad civil y todos los
sectores que expresan su malestar por la imposición de las
industrias extractivas se manifiesten de forma democrática,
organizada y pacífica. Ni un muerto más, ni civiles ni
personal policial. ¡Ni un muerto más! Hago un llamado a
defender la vida con la vida, no con la muerte."
Y la
Coordinadora de Derechos Humanos el mismo lunes 4 de junio
ha pedido la renuncia del Premier Valdés. Si los jóvenes
tomaran conciencia de su poder, esto podría devenir en
marchas de renuncia del Presidente de parte de
organizaciones crecientes de la población afectada no solo
por la minería sino por el engaño electoral del 2011.
Mientras tanto faltan cuatro años de gobierno.
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Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Es
presidente de ALAI y coordinador del Observatorio Económico
de América Latina (OBELA).
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